Paros, piquetes constantes en 200 enclaves de las rutas de la Argentina, movilizaciones multitudinarias y misas en las concentraciones de productores jalonaron la lucha por la reivindicación agropecuaria y pusieron al borde desabastecimiento a las ciudades. Ese era el escenario hace 16 años, tras el anuncio el 11 de marzo de 2008 de la histórica Resolución 125. La medida, lanzada en el primer mandato de Cristina Kirchner, establecía un esquema de retenciones móviles, lo que provocó la inmediata reacción de los productores agropecuarios y un quiebre con el Gobierno de turno.
La iniciativa fue impulsada por el actual senador Martín Lousteau, quien en ese entonces era ministro de Economía de la expresidenta. La medida establecía un esquema de retenciones móviles: los productores que exportaran más de 750 toneladas de soja mensuales debían pagarle al Estado una tasa ampliada del 44% al 48,7%, de acuerdo con la cantidad exportada.
La resolución 125/2008, firmada por la entonces presidenta y Alberto Fernández, quien era jefe de Gabinete de ministros, fue en un contexto de apogeo de los precios altos de los commodities (soja, girasol, maíz y trigo), cuando la crisis de las hipotecas ya se había desatado en Estados Unidos, pero todavía no se había convertido en la recesión global que llegaría a fin de año.
Un rasgo característico de esta nueva modalidad impositiva era su movilidad, mientras que el porcentaje de los tributos quedaba circunscripto en forma proporcional a la evolución de los precios internacionales, entonces en fuerte alza. Con los recursos obtenidos por ese gravamen, se pensaba crear un Fondo de Redistribución Social Solidario.
"Nadie dice que la soja es mala. Pero sí tiene profundos efectos en el resto de las actividades productivas: encarece el precio de la tierra y tiene un impacto laboral muy bajo", sostuvo Lousteau al momento de defender las retenciones móviles.
La norma, publicada el 10 de marzo en el Boletín Oficial, y explicada un día después por el ministro de Economía, establecía un incremento de las retenciones a la exportación de soja del 35% al 44%, de girasol del 32,1% al 39,1%, mientras que se reducían las alícuotas para el maíz y el trigo en 1%.
El objetivo de la 125 en ese momento era establecer una fórmula que transforme el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos. Si el precio en Chicago caía por debajo de los 200 dólares la tonelada, la soja tendría retenciones cero. Pero con el valor en 400, ese porcentaje de impuestos pasaría al 35,75%. Y con un precio de 600, que parecía inevitable en esos meses, la tasa de retención llegaba a 49,33%. Es decir, el Gobierno se quedaría con la mitad del valor de lo producido, algo que los productores agropecuarios no estaban dispuestos a aceptar.
Por aquellos años, los precios internacionales de las commodities eran altos y el Gobierno decidió captar parte de esa renta. Las entidades del agro, enroladas en la Mesa de Enlace, hicieron rápido los números y se dieron cuenta de que en pocos meses miles de millones de dólares pasarían de mano si los pronósticos se cumplían, lo cual puso al campo en estado de ebullición.
Cacerolazos, desabastecimiento y detenciones: cronología de los cuatro meses de conflicto
Aplicada apenas cuatro meses después de que Cristina Kirchner asumiera su primer mandato, la medida se convirtió en motivo de choques de alto calibre que incluyeron gigantescas movilizaciones en rutas de todo el país, algunas con represión incluida. El conflicto, que para los ruralistas estuvo signado "por el autoritarismo más fuerte de toda la historia argentina hacia el agro", se extendería durante 129 días, cambiando para siempre el destino del kirchnerismo y de la política argentina.
Enseguida se organizaron asambleas en distintos puntos del país, y comenzaron los cortes de ruta, actos de reclamos en las principales ciudades y hasta una multitudinaria marcha a la Plaza de Mayo. Los paros, cacerolazos, movilizaciones y cortes de ruta pusieron al borde del desabastecimiento al país.
La Resolución 125 impulsó la Mesa de Enlace, ya que las entidades agropecuarias que hasta ese momento se ignoraban decidieron unirse para enfrentar lo que consideraban un nuevo "arrebato estatal". Referentes clave de aquellas protestas fueron los presidentes de Federación Agraria, Eduardo Buzzi; Sociedad Rural, Luciano Miguens; Coninagro, Carlos Garetto; y Confederaciones Rurales, Mario Llambías.
Poco más de una semana después de iniciados los paros, la presidenta Cristina Kirchner se refirió a los "piquetes de la abundancia" y dijo que no se iba a dejar "extorsionar". En distintas ciudades surgieron los cacerolazos como reacción al discurso; mientras que en Plaza de Mayo se produjeron incidentes con la presencia de manifestantes afines al kirchnerismo.
Las movilizaciones y los cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba derivaron en un fuerte desabastecimiento en las grandes ciudades. Ante ese escenario, la mandataria convocó al diálogo el 27 de marzo y pidió el cese de los bloqueos. Si bien en un inicio la Mesa de Enlace reaccionó positivamente, al día siguiente la negociación fracasó por falta de acuerdos: el Gobierno se negaba a modificar la medida y el sector agropecuario a abandonar los piquetes y bloqueos.
El 2 de abril levantaron los cortes para negociar por 30 días, pero no se llegaba a acordar sobre la cuestión de fondo. A eso, se sumó que el conflicto aumentó hasta llegar a la Justicia. En ese sentido, el Gobierno denunció a las entidades del campo por "violar las leyes de abastecimiento y seguridad" e "impedir el normal funcionamiento del transporte". Incluso el fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a Alfredo De Angeli (titular de la Federación Agraria de Entre Ríos) por "intimidación pública, incitación a la violencia y portación de armas sin autorización".
La escalada del problema derivó en la renuncia del ministro de Economía Martín Lousteau, quien dejó su cargo el 25 de abril y en su lugar asumió Carlos Fernández, un dirigente de bajo perfil. Con más de 60 días de conflicto, recién el 19 de mayo volvieron a encauzarse las negociaciones, aunque no se llegó a ningún acuerdo luego de que el Gobierno las rompiera a raíz del "tono opositor" de un acto en Rosario convocado por el campo y que reunió a 300 mil personas.
Con el correr de los días, la pelea fue el único tema a discutir en la Argentina y el Partido Justicialista acusó al campo de "golpista". La dirigencia agropecuaria reaccionó ratificando el paro de granos y sumó la interrupción en el envío de ganado a Liniers.
Al judicializarse el conflicto, comenzaron las detenciones. El 30 de mayo arrestaron a ocho ruralistas por los cortes en las rutas y el sábado 14 de junio la Gendarmería hizo lo mismo con De Angeli en Gualeguaychú, aunque solo duró unas horas preso. El dirigente rural era uno de los hombres más importantes del conflicto. Ese fin de semana los cacerolazos llegaron a la Quinta de Olivos y el expresidente Néstor Kirchner participó de una manifestación oficialista en Plaza de Mayo.
El tratamiento en el Congreso y el histórico "voto no positivo" de Julio Cobos
Julio Cobos, vicepresidente de la Nación, exhortó al Gobierno y a las entidades agrarias a "recuperar el diálogo", a la par que recomendó al Ejecutivo que el tema se llevara al Congreso para buscar una solución. La idea fue aceptada por Cristina Kirchner, quien lo anunció por cadena nacional el 17 de junio.
En la Cámara de Diputados, el oficialismo aprobó el proyecto de ley de retenciones con 129 votos a favor y 122 en contra. Pero el verdadero punto de inflexión estaría en la Cámara Alta.
Así, el proyecto llegó al Senado. Tras una sesión maratónica de 18 horas, la votación quedó igualada, por lo que el entonces vicepresidente Julio Cobos tuvo que desempatar. "Mi voto es no positivo", indicó el exfuncionario. "Quiero seguir siendo el vicepresidente hasta el 2011, pero el corazón me indica que debo votar en contra", explicó para justificar su rechazo a la "125".
"Sé que la Presidenta de los argentinos me va a entender porque no creo que sirva una ley que no es la solución a este conflicto. La historia me juzgará, no sé cómo, pero espero que esto no se entienda como una traición, no traiciono a nadie, estoy actuando de acuerdo a mis convicciones", argumentaba Cobos para fundamentar su voto. De esa manera, el 18 de julio de aquel año, la polémica Resolución fue derogada, pero aquellos meses marcaron el quiebre del kirchnerismo con la dirigencia agropecuaria.
Algunos analistas sostienen que la Resolución 125 profundizó la denominada "grieta" social y política que fue una de las características predominantes durante los gobiernos kirchneristas y persiste hasta la actualidad. La sociedad se dividió entre aquellos que apoyaban el modelo kirchnerista de los que defendían el sistema agroexportador.
Sumado a esto, el tratamiento mediático del conflicto -con amplias coberturas de canales de gran audiencia- repercutió en las grandes ciudades y transformó un conflicto sectorial en un tópico de alcance nacional.