La Asociación J2 que aglutina a miles de procuradores de toda España consiguió el pasado mes de noviembre firmar una fotografía imposible: reunió a Compromìs, PP, PSOE y Vox en un Pleno de las Cortes Valencianas para recibir, pancarta en mano, todo el apoyo político. La asociación lleva años reclamando al Estado una mejora de las lamentables condiciones de las pensiones del gremio de procura. Muchos de ellos, a pesar de llevar 40 o 50 años cotizados, apenas suman 400 € mensuales en sus planes de jubilación.
El problema se encuentra en la Mutualidad de Procuradores y en la Mutualidad de Abogados a las que los trabajadores de ambos gremios están adscritas. Históricamente, cada experto que se colegiaba en este área estaba obligado a sumarse a su correspondiente mutua, una entidad de previsión social que cubría las coberturas de los colegiados de forma privada, incluida su jubilación. Antes del año 2000, para ser procurador era condición indispensable formar parte de la Mutualidad de Procura.
Sin embargo, a partir de entonces se permitió a los profesionales del gremio pertenecer al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) si así lo deseaban. Pocos lo hicieron, ya que la mutualidad de los procuradores decía ofertar unas condiciones "alternativas" mucho más competitivas que las jubilaciones públicas de la Seguridad Social. "Nos dijeron que eran capaces de cumplir con los requisitos que exigían desde el Estado para ser un sistema alternativo al público", apunta Ana Pons, una de las portavoces nacionales de la plataforma y afectada por lo que muchos ya se han empeñado en denominar "la estafa piramidal" de la Mutualidad de Procuradores.
A partir del cambio del año 2000, a muchos de los mutualistas que llevaban años trabajando se les ofreció pasarse al sistema público. "Nos podíamos ir, sí, pero todo el capital que habíamos aportado a la mutualidad para nuestras pensiones se quedaba allí hasta que nos jubiláramos. Un mutualista que se haya acogido a la opción de cotizar en el RETA desde cero, cuando se jubile, si quisiera rescatar su capital de golpe, tributaría al 40%". Es decir, alguien que hubiese aportado 50.000 € a lo largo de los años para su jubilación a la mutualidad, pasaría a percibir sólo 30.000 € tras reducirse 20.000 € de impuestos correspondientes.
No es el único problema, ni el más grave. El sistema de mutualidad que, al principio, tenían los procuradores se denominaba 'de capitalización colectiva'. "Todos teníamos una hucha común y todos aportábamos el importe mensual de la mutualidad. Se formaba una bolsa, y con eso se pagaba a los que se jubilaban. Los activos pagaban lo de los pasivos. Pero entonces, en 2012, se produce un cambio legislativo y el sistema colectivo pasa a ser individual, como un plan de pensiones. Lo que aportas va a tu hucha. ¿Qué pasa con los que ya estaban jubilados? Que empiezan a cobrar lo mínimo. Se hace tabula rasa, se divide lo que hay y pierden mucho del capital que habían aportado cuando estaban en ejercicio".
Los simuladores de la mutua aseguraban a sus clientes que tendrían pensiones de más 1.000 euros mensuales, pero hoy algunos de los trabajadores que llevan toda su vida ejerciendo el oficio están en poco más de 300 euros. "Pasamos de tener unas jubilaciones dignas, que es lo que nos vendieron, a mantener un plan de pensiones muy pobre. Quienes se han jubilado hoy no cobran 14 pagas, sino 12. Los ingresos no se revalorizan con el IPC. Es un desastre. Hay gente con 80 años y 40 cotizados cobrando 400 euros. Así, muchos nos vamos a morir con la toga puesta".
Ana Pons explica que mañana cualquier procurador podría pasarse al RETA si así lo deseara para gozar de unas condiciones de jubilación mucho mejores. Sin embargo, no se pueden llevar el capital aportado en su respectiva mutualidad, lo que implica que tienen que empezar a cotizar de cero. "Imagínate empezar a cotizar con 60 o 70 años cuando necesitas 15 para poder cobrar el mínimo de pensión".
"En estos últimos tiempos muchos trabajadores se han pasado al RETA a la desesperada", continúa Pons. "Para llegar a la mitad de una base de cotización son 15 años. 30 para la entrera". La procuradora, explica, tiene 55 años y lleva 30 en el oficio. "Me di de alta en 1994 y llevo 30 años cotizados. Yo habré metido ya unos 30.000 euros en mi mutualidad. Pero cuando cumpla 67 años, de no haber cambios, tendré unos 480 € de pensión".
Octogenarios y trabajadores
Las pésimas condiciones de pensión que ofrece el sistema de mutualidad a los procuradores han obligado a muchos de ellos a seguir trabajando a pesar de que exceden, con creces, la edad media de jubilación. Es el caso de Alicia Ramírez, de 81 años, quien además de su elevada edad tiene un hijo de 41 con síndrome de Down. "A mi edad sigo trabajando. Desde luego, con lo que me paga la mutualidad no podría vivir ni una semana", explica.
Ella se jubiló con 77 años, pero forma parte de una categoría denominada jubilada activa, una modalidad que permite compatibilizar el cobro de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral. En su caso, la de la procuradoría. Si no lo hiciese, percibiría los poco más de 400 euros que le dan sus más de cuatro décadas de cotización. A pesar de su avanzada edad, ha debido adaptarse a las nuevas tecnologías, al sistema Xnet y a los programas de gestión telemática.
Otro caso sangrante es el de José Luis Fernández, quien fuera vicedecano del Colegio de Procuradores de Toledo. "He sido procurador de los tribunales, habiéndome dado de alta en 1972. Me jubilé en el año 2014. Es decir, 42 años de ejercicio. Desde el primer momento estoy dado de alta en la Mutualidad de Procuradores porque era obligatorio. Hoy la pensión que percibo, en 12 mensualidades, es de 434,02 € al mes".
Además de la exigua cantidad de dinero que recibe por sus años de servicio, tiene un complemento salarial de una fundación que, ante las quejas, creó la propia mutualidad, previo pago de 10 € mensuales por cada mutualista en activo. De esa fundación José Luis Fernández percibe 42,96 € mensuales extra. Es decir, recibe 476,98 € por casi medio siglo de cotización. "Cobro una pensión mínima y en estos diez años no ha aumentado ni un sólo porcentaje. Son unas condiciones pírricas, vergonzosas", critica.
"Mi pensión vitalicia es de 205 € y a 10 años de 389 €, sin 14 pagas ni subida del IPC", añade Rosa, otra procuradora jubilada. "Con 36 años de cotización a la mutualidad obligatoria tengo una pensión de 477 € entre la mutualidad y Fundación, que es una 'gracia' que te dan", suma Encarna, en situación parecida.
"Es mucho menor que una pensión no contributiva", continúa Encarna. "El Estado tiene una gran deuda con el colectivo de procuradores, porque hemos pagado durante 30 años seguros privados, pero hasta 2012 no formábamos parte de la Seguridad Social. No podíamos ir a hospitales públicos ni tener sanidad gratuita. Eso nos lo tienen que compensar, porque hemos pagado cuando todo podría habernos salido gratis. Y luego, los turnos de oficio, obligatorios durante años, fueron pagados con aranceles ínfimos. Pero lo más importante es la pensión, sin la cual la mayoría no podríamos vivir. Deben recoger el dinero 'custodiado' en la actualidad, pasarlo a la Seguridad Social y que nos den un tratamiento de autónomos con todos los derechos que eso conlleva".
Ellos, asegura Ana Pons, su portavoz, sólo quieren una solución a su situación. "Hemos empezado a reunirnos en las Comunidades Autónomas con todos los partidos políticos. Sin distinciones ni ideologías. Hemos estado sentados con Compromís, Vox, PP, PSOE, BNG, Junts. Todos entienden que es un problema de justicia social. En numerosas CCAA han presentados Proposiciones no de Ley (PNL) y el PP y Sumar ya las han llevado al Congreso de los Diputados a nivel nacional".
Efectivamente, la Seguridad Social se ha planteado la posibilidad de establecer nuevos cambios legislativos para que los profesionales de la abogacía y la procuradoría –los dos padecen el mismo problema– puedan tener una suerte de "pasarela" que les permita trasladar los años de cotización en sus respectivas mutualidades al régimen RETA de la Seguridad Social. Así, al menos, lo anunció el jueves en el Senado Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Sin embargo, aún no hay un calendario delimitado y las condiciones no son las que la Asociación J2 esperaba. "No estamos conformes. Han solicitado la pasarela para los anteriores a 1996 en actual situación de vulnerabilidad, y que a partir de 2027 sea obligatoria la adscripción al RETA. Ha dejado a los que van desde el 1996 hasta el 2027 en el limbo".