84 viviendas: el Municipio busca modificar la cautelar que anuló el sorteo
Lo confirmó en Sin Galera el abogado Daniel Spirópulos, apoderado del Municipio en el litigio con Arcor. Explicó que tras la toma de posesión, es necesario garantizarle a los preadjudicatarios su derecho adquirido, por lo que solicitan al fuero Contencioso que tenga en cuenta las nuevas circunstancias del caso.
El Gobierno municipal contrató al abogado Daniel Spirópulos como apoderado para intervenir en el litigio con la empresa Arcor por los terrenos donde se construyen las 84 viviendas del barrio Villa Depietri.
El abogado anunció en Sin Galera que solicitó a la jueza en lo Contencioso Administrativo, María Isabel Fulghieri, que revea la medida cautelar que anuló el sorteo y obligó al Gobierno a no dar ningún paso administrativo respecto de los preadjudicatarios.
Spiópulos señaló que lo ocurrido desde el 13 de febrero pasado, cuando las familias tomaron posesión de las viviendas para evitar robos y ante riesgos de usurpación, debería ser tenido en cuenta por la Justicia, al menos en el marco de la medida cautelar vigente y confirmada por la Cámara de Apelaciones.
"Hay que destrabar esa medida cautelar. A mi criterio es muy gravosa", dijo el abogado y consideró "abusiva e injusta" la decisión judicial de no innovar, porque puso en suspenso lo que desde el Gobierno defienden como "un derecho adquirido" de los preadjudicatarios.
"La gente tiene derecho a quedarse", dijo Spirópulos.
"Es un derecho adquirido que lo tenemos que defender. ¿Cómo lo defiendo?: ocupando la vivienda aunque no esté terminada", dijo el abogado en dialógo con Lilí Berardi este sábado en Sin Galera.
Consideró pertinente que los preadjudicatarios presenten un amparo colectivo en ese sentido, para pedir "que la Justicia interceda y obligue tnato a la empresa como a la Municipalidad, a la Provincia (en realidad a Nación, de quien depende la obra) a que se les terminen las viviendas. Tienen derecho a hacerlo".
El abogado pidió "usar el sentido común" y consideró que los funcionarios del Gobierno municipal no tienen responsabilidad penal respecto de la entrega anticipada de las viviendas. "Al contrario, la habrían tenido si no actuaban en consecuencia" ante el riesgo de usurpación, sostuvo.