Causa efluentes cloacales al río: Di Lello pidió nombres de responsables de Obras y Servicios Públicos
El fiscal federal le requirió la información al Concejo Deliberante, que hizo lo propio con el intendente. Es en el marco de la causa penal iniciada por una ONG ambiental que investiga la disposición final de residuos cloacales en el río Paraná.
La causa penal que investiga la disposición final de residuos peligrosos en el río Paraná tiene a San Pedro entre los municipios que arrojan desechos cloacales sin tratamiento, por falta de planta depuradora.
El expediente judicial tramita en la Fiscalía Federal de Matías Di Lello y tuvo varias diligencias procesales, entre ellas una orden de presentación —una especie de "allanamiento"— en la Municipalidad en busca de información sobre la planta depuradora.
Además, el año pasado la entonces presidenta del Concejo, Mónica Otero, tuvo que ir al Juzgado Federal a llevar una gran cantidad de documentación en papel que había solicitado el fiscal, que ahora pidió los nombres de los responsabes de Obras y Servicios Públicos.
El requerimiento fue hecho al Concejo Deliberante, que ahora preside Pablo Vlaeminck, quien tuvo que hacer lo propio al Ejecutivo para responderle a Di Lello.
La directora de Asesoría Letrada remitió lo solicitado, con los decretos de designación y cese correspondientes, puesto que los funcionarios a cargo cambiaron respecto del año pasado.
En 2023, San Pedro tenía a Javier Silva como secretario de Obras Públicas y a Ariel Álvarez como secretario de Servicios Públicos, mientras que en Obras Sanitarias, como "director de Redes" estaba Jorge Ponzio.
Para el nuevo mandato, Cecilio Salazar hizo diversos cambios y enroques en el gabinete. Silva dejó de ser secretario y volvieron a unificar las áreas de Obras y Servicios Públicos, bajo la conducción de Mariano Brañas. Ariel Álvarez, por su parte, pasó a Desarrollo Económico.
Respecto de Obras Sanitarias, la Dirección que tuvo a su cargo Jorge Ponzio hasta diciembre permanece vacante y ahora hay una Subsecretaría de Servicios Públicos que conduce el expresidente del Consorcio de Gestión del Puerto, Eliseo Almada.
La causa penal tramita en el fuero federal porque es en el marco de la ley 24051, que regula el tratamiento y disposición final de residuos considerados "peligrosos", es decir todo aquel que "pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".