En toda la provincia del Neuquén hay 16.734 profesionales de la salud, de los cuales el 63,5% trabaja en el sistema privado y 36,5% en el público. Cuando se cruzan estos datos por región, las diferencias son notables. En la Confluencia se amplía la distancia: el 71,21% pertenece al privado. En el sur, en la comarca petrolera y en Vaca Muerta se empardan -ronda el 50%- y en el norte directamente se invierte: el 65,5% corresponde al público.
El ministro de Salud, Martín Regueiro, presentó los datos ayer en la comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura. La Cámara aprobó la emergencia sanitaria -que entre otras cosas agiliza todo el sistema de compras y contrataciones- y por eso el funcionario concurrió para explicar cuál era la situación actual.
En toda su exposición hizo hincapié en que Neuquén era una «provincia asimétrica» en cuanto a la distribución no sólo del personal, sino también de los vehículos y el equipamiento.
Planteó que de los 413 vehículos que tiene Salud, 101 son ambulancias (esto no contempla los móviles del SIEN ni del nivel central) y que únicamente 54 están en condiciones. Afirmó que esto no se resuelve adquiriendo unidades (cuyo valor hoy va desde los 100 hasta los 200 millones de pesos), porque no se trata de un simple furgón. Necesita de personal preparado.
Mencionó además que los recortes dispuestos por el gobierno nacional habían afectado partidas. Dijo, por ejemplo, que el programa Sumar (destinado a personas sin cobertura de obra social ni prepaga), que aportaba 80 millones de pesos mensuales a la provincia (ese fue el último monto recibido en noviembre de 2023), se había cortado.
Aseguró que la cantidad de ingresantes a las residencias disminuyó en los últimos años. «La residencia histórica que genera mayor preocupación para el sistema de salud de Neuquén es la de medicina general que pasó de una cobertura de cargos de 63,7% en 2021 a 37,5% en 2023″, señala en el documento que entró a la Legislatura.
Indicó que en la primera etapa de la emergencia (cuatro semanas) se generaron órdenes de compra por 8.700 millones de pesos, de los cuales 1.030 fueron autorizados por la ley de emergencia sanitaria. De ese monto 728 fueron para reactivos de laboratorio, 292 para compra de medicamentos y 44 para la reparación del tomógrafo del hospital Heller.