«El aumento de la presencia de las mafias internacionales que usan como medio las narcolanchas en nuestra provincia es un dato objetivo», informó el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Almería, Víctor Vega, a tenor de datos como que «este 2024, teniendo en cuenta que es época invernal, con varios temporales de fuertes vientos en el mar de Alborán, llevamos localizada una media de casi una patera al día». La AUGC se está reuniendo con diputados, senadores, alcaldes y otros representantes políticos almerienses, sobre todo en el litoral provincial, para «tratar el lamentable estado de la lucha contra las narcolanchas en materia de inmigración y narcotráfico, así como el lamentable estado de las instalaciones y medios de la Guardia Civil y Policía Nacional para operar».
Según Vega, el Gobierno «no solo no convoca a las asociaciones y sindicatos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que además se niega en repetidas ocasiones a reunirse con ellas», a pesar de que «en 2022 y 2023 fueron interceptadas 418 y 482 pateras respectivamente», con «especial referencia a la ruta Marruecos-España por la zona del Alborán, donde las organizaciones utilizan las denominadas narcolanchas, las cuales son usualmente utilizadas para el tráfico de drogas, pero esta vez para el traslado de migrantes». Los agentes denuncian que «el trabajo que se presenta en Almería es desbordante y cada año empeora la situación». «Las carencias que nos afectan a policías y guardia civiles son cuantiosas, destacando la necesidad de una ampliación de personal de Servicio Marítimo, embarcaciones adecuadas, personal de recepción y custodia en CATE y de todo tipo de unidades territoriales y medios». «Medidas permanentes como un OCON-SUR y unas leyes que castiguen con mayor severidad e incluyan el petaqueo como delito». El portavoz de la asociación de agentes de la benemérita lamentó que «no podemos abordar una narcolancha a más de 60 nudos». «Somos guardias civiles, no suicidas».
El PP ha alcanzado un consenso con la Asociación Unificada para presentar mociones en todos los ayuntamientos de Almería que insten «al Gobierno de España a dotar de los medios materiales y técnicos necesarios a las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional para poder luchar contra la delincuencia en condiciones de máxima seguridad y eficacia». También para «cubrir todas las plazas vacantes» que «existan en la provincia» y «promover destinos para la segunda actividad y reserva». El texto de los acuerdos también exigen que el Ejecutivo Central «acometa las actuaciones necesarias para la recuperación, mantenimiento, puesta a punto y funcionamiento de los acuartelamientos, infraestructuras, vehículos terrestres y marítimos de la Guardia Civil que se encuentran en mal estado».
Pero mientras las narcolanchas campan a sus anchas por Almería, refugiándose impunemente en playas paradisíacas. Hasta siete de estas embarcaciones fueron divisadas en calas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar hace unos días, mientras una docena de personas permanecían embarcadas bajo pequeñas tiendas impermeables instaladas en la parte delantera de sus planeadoras. Allí esperaron sin incidencias que acabara el temporal y las condiciones meteorológicas adversas en mar abierto. Y es que en este caso no se produjo actuación policial, ya que las embarcaciones portaban petacas de combustible y se considera un «riesgo innecesario» para combatir lo que supone «solo una infracción administrativa», precisan fuentes policiales.
Sin embargo, el delegado de Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, aseguró que «la decisión de no intervenir se basó en que las condiciones adversas podrían poner en peligro la vida de los agentes». Asimismo, aseveró que «la presión policial ha llevado a las narcolanchas a buscar refugio en el litoral almeriense, algo inusual hasta el momento», algo sorprendente, ya que el fenómeno está siendo denunciado y registrado desde hace años. «Ha faltado el respeto a los almerienses y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», consideró al respecto la diputada nacional del PP, Maribel Sánchez, aludiendo a que «en la Memoria de la Fiscalía de Andalucía de 2019 ya se alertaba de que la presión policial llevada a cabo en el Campo de Gibraltar ya tuvo como consecuencia el desplazamiento de las mafias a otras zonas con menor presión policial como Almería y Huelva».
«Hay que pasar de las buenas intenciones a las acciones», reclamó el alcalde de Níjar, Francisco Garrido, a la espera de «una Junta Local de Seguridad», en la que «traslademos a Subdelegación de Gobierno que la Guardia Civil necesita la reposición de efectivos y la dotación de mejores medios que les permitan hacer frente a las mafias» que operan en el litoral. «Así se lo reclamamos los alcaldes en el Levante, pero también en el Poniente; en El Ejido y en Adra». «Por otro lado, no es una cuestión de ahora», puntualizó el regidor, «aunque ha cogido vuelo mediático a raíz de los sucesos de Barbate, en Cádiz».
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