El anteproyecto de real decreto que regulará el sector de la eólica marina en España cumple una semana en exposición pública. Canarias, el Sureste de Gran Canaria en concreto, será punta de lanza en la implantación de esta tecnología. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene uno el foco sobre este proceso. A pesar de ello, pasarán aún más de cinco años antes de ver aerogeneradores en el océano.
El apetito del sector privado queda demostrado con la presentación de una veintena de proyectos aun antes de conocerse las condiciones en que se desarrollará esta nueva línea de negocio dentro del segmento de las energías renovables. La llegada de fondos europeos tras la pandemia obliga a pisar el acelerador.
El pasado mes de octubre, el ministerio concedió 146,9 millones de euros procedentes del Next Generation a 21 iniciativas de I+D en el ámbito de las renovables marinas. No solo eólica, pero promover la movilización de, según cálculos del propio departamento que dirige la ministra Teresa Ribera, una inversión cercana a los 384 millones de euros –sumado el capital privado a las ayudas–, da idea de la relevancia que tiene la implantación de los parques de aerogeneradores off shore.
El Consejo de Estado también elaborará un informe sobre el marco normativo
Sin embargo, ni se puede ni se quiere caminar deprisa. Se busca una senda que reduzca al mínimo la resistencia social y la posibilidad de judicialización de las futuras subastas de potencia. Pescadores y ecologistas ya pusieron la proa al desarrollo de una tecnología probada con éxito en el mar del Norte; Reino Unido es la avanzadilla en el continente europeo, acompañado de los nórdicos.
Cuando se concluya el proceso de análisis y, en su caso, incorporación de las aportaciones que ciudadanos y colectivos puedan hacer al anteproyecto de real decreto, Transición Ecológica habrá de esperar por los preceptivos informes del Consejo de Estado y, más importante aún, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Al Consejo de Ministros
La independencia es uno de los rasgos principales de ambas instituciones, por lo que no es posible determinar un plazo exacto para contar con sus respuestas. También lo es su vocación de servicio público, por lo que se espera que el expediente no se eternice en ninguno de ambos ante el protagonismo social que han adquirido los procesos de descarbonización. El escenario más optimista es que este proceso sea rápido y ninguno de dichos organismos inste cambios. Sobre todo que estos últimos no supongan la apertura de una senda paralela de recorrido obligado que alargue aún más la tramitación de la norma.
Superado ese trámite, el Consejo de Ministros podrá dar luz verde al despegue de la eólica marina en España. Llegará entonces la convocatoria de la primera subasta para la asignación de potencia. En el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) trabajan en él para que llegado el momento solo sean necesarios retoques derivados de los cambios que puedan surgir en el texto final de la norma.
La tramitación administrativa del proyecto consumirá entre dos años y dos años y medio
Resuelta la subasta -la ministra pretende que antes de acabar este año-, será el momento de la tramitación administrativa que permita la implantación del proyecto o proyectos que hayan obtenido potencia. Solo eso consumirá, según cálculos del propio ministerio, entre dos y dos años y medio. Dentro de este mismo plazo, se realizarán labores que terminen de definir la iniciativa para despejar el horizonte de sorpresas cuando los permisos estén rubricados.
Entre las incógnitas a resolver las hay de tanta importancia como la del régimen retributivo, es decir, de qué manera y en qué cantidad se pagará al inversor o inversores que pongan en marcha el proyecto. También el modo de acceso a la red. Si como anunció el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, los parques se situarán a un mínimo de seis kilómetros mar adentro, es fácil imaginar que tampoco será sencillo salvar esta cuestión de índole técnica.
La intención de Ribera es tener este mismo año resuelta la primera subasta de esta tecnología
Cubiertos todos esos procesos, aún restarían otros dos o tres años, siempre según el ministerio, para que la empresa contrate el personal y compre el material necesarios. Tras ello abordaría el montaje de los aerogeneradores y aún restaría un tiempo para comprobar que todo funciona según lo planeado. En total, cinco años de tiempo sin ser optimistas.
- Exposición pública
Desde hace una semana el texto está en exposición pública para que colectivos y ciudadanos realicen las aportaciones que estimen.
- Informes
- Subasta
- Tramitación administrativa
- Puesta en marcha
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