Este lunes, Salvatore Mancuso, el antiguo señor de la guerra que en los 90 y al menos la primera mitad de la primera década del siglo comandó las fuerzas paramilitares que cometieron muchos de los peores crímenes del conflicto armado en el país, dio un paso clave en su objetivo de quedar en libertad.
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Una jueza de ejecución de penas de Bogotá le dio libertad condicionada por cuatro años, en el entendido de que ha venido cumpliendo con sus compromisos ante Justicia y Paz --la jurisdicción alternativa que investigó y juzgó los crímenes cometidos por los grupos paramilitares que firmaron la paz en el gobierno de Álvaro Uribe--, pero advirtió que hay otras órdenes de captura pendientes sobre Mancuso que deben ser resueltas antes de que pueda salir de la cárcel de la Picota en Bogotá. Allí está desde su polémico regreso al país, deportado de Estados Unidos, la semana pasada.
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Mancuso fue el segundo en las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), la confederación paramilitar que a mediados de los 90 cometió al menos 200 masacres en Antioquia, la Costa Atlántica, el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, la zona pacífica y los antiguos santuarios de las Farc (como Mapiripán, en el Meta, en julio de 1997) en el suroriente del país.
Proveniente de una acomodada familia ganadera de Córdoba, se convirtió en la sombra de Carlos Castaño, quien lo puso al frente del plan para expandir el poder 'para': fue jefe directo de los Bloques Norte, Catatumbo y de los Montes de María, contra los que Justicia y Paz documentó al menos 75 mil crímenes por los que Mancuso responde por cadena de mando. En muchos de ellos, como la masacres de El Aro e Ituango (1997), que dejaron casi un centenar de asesinados, intervino directamente.
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La jurisdicción alternativa ya lo condenó por al menos 5 mil de esos delitos. Pero en su contra siguen avanzando decenas de procesos por delitos como asesinatos selectivos, desaparición forzada, violencia sexual, despojo de tierras y el desplazamiento de miles de personas en una década larga de vida criminal. Fue también Mancuso uno de los cerebros de la cooptación del poder político y el consiguiente saqueo de los recursos públicos a través de la elección de candidatos apoyados e incluso impuestos a sangre y fuego por su ejército criminal: un fenómeno que el país conoció como la 'parapolítica', que llevó a la cárcel a más de 70 congresistas y excongresistas y a decenas más de mandatarios locales y regionales. Y fue también uno de los grandes capos del narcotráfico en el país: fue por eso que terminó pagando una condena de 14 años largos en cárceles de Estados Unidos.
La pregunta que se hacen los colombianos es: ¿con tan abrumador prontuario, debería la justicia dejar que Salvatore Mancuso salga a la calle? La primera reacción de cualquier persona, mucho más de las víctimas que siguen esperando justicia, es que no debería ser así. Los argumentos -los muertos de las hordas 'paras'- saltan a la vista.
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Pero una lectura más reposada y en contexto con los esfuerzos que se han hecho por la paz del país arroja una conclusión en contrario. En el 2003, en el momento más alto de su poder militar y político, los jefes paramilitares negociaron su desmovilización y desarme.
Inicialmente -y así estaba contemplado en la primera ley de Justicia y Paz propuesta por el Gobierno de la época-- conservarían sus derechos políticos y no habría cárcel. La presión internacional y decisiones de las cortes Suprema y Constitucional derivaron en la versión final de esa norma: los principales jefes 'paras' y miles de sus hombres terminaron pagando entre 4 y 8 años de prisión y no tuvieron la posibilidad de hacerse elegir por voto popular, lo que cortó de tajo sus aspiraciones políticas. Y una docena de esos jefes terminaron extraditados y pagando cárcel de más del doble de la máxima pena que habrían recibido en Colombia a cambio de verdad, justicia y reparación.
Mancuso estuvo en este último paquete. Preso desde agosto del 2006 en Colombia, él y sus principales pares en las Auc fueron extraditados en mayo del 2008. Para ese momento el jefe 'para' ya había prendido el ventilador de la parapolítica y había hablado de sus nexos y arreglos con autoridades civiles y militares y con amplios sectores del establecimiento. En esencia, las mismas versiones que dio recientemente en la JEP, que lo aceptó en su condición de "bisagra" entre los grupos 'paras' y sectores del poder.
A diferencia de otros capos de las Auc como Hernán Giraldo, 'Macaco' y 'Jorge 40', Mancuso nunca dejó de asistir a las audiencias virtuales realizadas en Colombia. Y por eso sigue en Justicia y Paz, jurisdicción que expulsó a esos jefes paramilitares.
Como fallos de la Corte Constitucional avalaron la posibilidad de que parte de la pena pagada en Estados Unidos fuera tomada en cuenta por la justicia transicional en Colombia, las cuentas dan que Mancuso ya pagó, y más, el máximo de la condena que podrían imponerles a los ex Auc que cumplieron con Justicia y Paz. Esa es la cuenta que hizo la jueza de ejecución de penas este lunes.
De hecho, no será el primer gran jefe paramilitar que quede en libertad, si eso se decide después de cotejar su situación judicial: otros señores máximos responsables de miles de crímenes de lesa humanidad de las Auc que no fueron extraditados quedaron libres ya hace años. Eso pasó con Freddy Rendón Herrera, el 'Alemán' (julio del 2015), 'Julián Bolívar' (mayo del 2015) y 'Ramón Isaza' (enero del 2016). En cada uno de esos casos, los aportes a la verdad y a la reparación fueron pocos.
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Y algo similar ha pasado con los máximos jefes de las Farc, que a diferencia de sus émulos paramilitares sí tuvieron la posibilidad de hacer política y llegar al Congreso.
Con las Farc no hubo cárcel y apenas están en proceso las investigaciones de la JEP. Mientras tanto sus máximos jefes -Timochenko, Pastor Alape e incluso, en su momento, los que traicionaron después el Acuerdo de Paz, como 'Iván Márquez', 'Romaña' (responsable de centenares de secuestros y pescas milagrosas) y 'el Paisa' (jefe de la Teófilo Forero, la columna guerrillera que dinamitó el club El Nogal y masacró a los concejales de Rivera (Huila) y Puerto Rico (Caquetá)- no han pagado un solo día de prisión.
Los señores de la guerra de esa guerrilla no han revelado un solo nombre de sus contactos en el mundo de la política y en el régimen de Chávez y de Maduro en Venezuela, y siguen pendientes de aportar mayor verdad sobre la ubicación de centenares de secuestrados que murieron en cautiverio. Y, en cumplimiento de lo pactado en 2016, están en libertad y algunos de ellos, como 'Carlos Antonio Lozada' y 'Pablo Catatumbo' disfrutan de sus curules en el Congreso.
Por crímenes similares y como productos de negociaciones de paz, tanto los 'paras' como los jefes guerrilleros que le han cumplido a Justicia y Paz y a la JEP tienen derecho al cumplimiento de lo que en su momento negociaron los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Son los 'sapos' que las sociedades aceptar tragarse en aras de desarmar las grandes máquinas de guerra que causaron decenas de miles de muertes en el país.
Ahora, eso no significa que Mancuso tenga la puerta abierta por derecha. En su contra hay un proceso ordinario, por supuestos delitos ocurridos después de la desmovilización -caso en el cual debería perder todos los beneficios de pena alternativa- por enriquecimiento ilícito. Ese caso aún está vivo en la Fiscalía y podría enredar su salida de prisión. También se expone a volver a la cárcel en caso de que se demuestre que miente en algunas de las declaraciones que ha anunciado ante la JEP.
Si esto llegase a darse, sería el polémico nombramiento como gestor de paz del gobierno Petro el que le serviría para dejar la cárcel. Pero si esa medida de aseguramiento de la justicia ordinaria pierde fuerza, ser o no gestor de paz no debería influir en nada en la libertad de Mancuso.
REDACCIÓN JUSTICIA