La ley que restringiría el uso de las redes sociales en menores, no solo impediría que los niños y adolescentes tuvieran acceso a esas plataformas digitales, sino que también brindaría opciones para cancelar sus cuentas existentes.
El proyecto de ley se promovió como una "capa adicional de protección contra los efectos negativos asociados con el uso de las redes sociales", tales como el acoso cibernético y la exposición a contenidos inapropiados. La iniciativa, después de ser debatida y aprobada, solo aguardaba por la firma del gobernador DeSantis, para su implementación.
Si bien la propuesta contó con un amplio respaldo legislativo, también generó un encendido debate sobre el equilibrio necesario entre la protección de los menores y las libertades individuales.
Algunos legisladores y sectores de la sociedad mostraron su apoyo a la medida, describiéndola como relevante para salvaguardar la salud mental y física de los menores.
Otras personas la criticaron como una posible "extralimitación del gobierno", bajo el argumento de que las decisiones sobre el uso de redes sociales deben ser prerrogativa de los padres y no del Estado.
"Efecto negativo de las redes"
La legislación requeriría que las redes sociales prohíban a cualquier menor de 16 años crear una cuenta en esas plataformas y pretendía exigir que se utilizara a un tercero para los servicios de verificación de edad.
En opinión de Rod Soto, especialista en tecnología y ciberseguridad, quien se declaró partidario de la normativa, "hay un efecto negativo palpable en las redes sociales", tras lo que citó "estudios certificados que así lo demuestran".
"Vemos jovencitos con baja autoestima, pensamientos suicidas, acoso, entonces ese tipo de factores son amplificados en las redes sociales por muchachos que no tienen la madurez suficiente para saber las consecuencias de lo que publican en la internet", afirmó.
Dijo que, aunque la puesta en marcha de la nueva ley crearía "un marco que le hace tener poder al Estado", es "necesario decirle a Instagram, a Facebook, inclusive a Tiktok que pueden ser sancionados con multas si no protegen a los menores".
La iniciativa conlleva una exhortación a las compañías que operan esas comunidades virtuales a que cancelen las cuentas de los usuarios menores de 16 años en el estado y, además, estipulaba sanciones financieras para aquellas empresas que no la cumplieran.
Conforme a lo explicado por el experto, "las redes sociales no ayudan a muchos de estos muchachos, por el contrario, lo que hacen es empeorar cualquier tipo de síntoma de depresión o de comportamiento agresivo".
Soto mencionó el ejemplo de un muchacho cuya fotografía fue publicada en las redes sociales, sin su consentimiento y el de sus padres, "y ahora esta persona ha sufrido las consecuencias del uso irresponsable de la tecnología".
"Siempre supervisarlos"
La ciencia, a través de la rama de la psicología, puede aportar sugerencias importantes sobre el uso de las redes sociales. Por esto, DIARIO LAS AMÉRICAS también consultó a la psicóloga infantil Mónica Gilbert, quien se inclina por la utilización de esas plataformas bajo la supervisión de los padres.
"Las redes sociales tienen un impacto en los niños, y también en los adultos, en la parte cognitiva, emocional y social. Creo que es importante que los padres siempre estén hablando con sus hijos, siempre supervisarlos", comentó.
Aun así, Gilbert sostiene la tesis de que "es un poquito imposible negarle a un niño que entre a las redes sociales", por cuanto "casi siempre va a encontrar una forma de incorporarse" a esas comunidades virtuales.
Dilucidó que las redes sociales generan "mucha dopamina", lo que puede conducir a una "adicción". Desde su punto de vista, "no podemos dejar que se vuelva un uso excesivo" y reiteró como necesario "la vigilancia y no dejar que [los niños] pasen la mayoría del tiempo en las redes".
Puso en contexto estudios psicológicos que demuestran que cuando las personas de corta edad están mucho tiempo en las redes digitales, "pueden tener un deterioro emocional y social, aunque no es que esto les pase a todos los niños". Recomendó a los padres que incluyan a sus hijos "en otras actividades para ayudarlos a tener una socialización más sana y mejor".
"Intromisión del Gobierno"
Por su parte, el analista político demócrata Tomás Kennedy cuestionó a los promotores de la medida, tras sopesar que "este es un estado que profesa defender los derechos de los padres, en cómo quieren lidiar con sus niños".
"Si quieren acceder a ciertas redes sociales o no [los menores], no sé por qué el gobierno se tiene que estar metiendo en eso y creando estas reglas que tienen que ser establecidas por los padres", consideró.
Argumentó que "hay muchos niños que dependen de las redes sociales para crear relaciones amistosas, conseguir oportunidades financieras, y el gobierno no tiene que meterse".
Entretanto, Kennedy criticó a los congresistas demócratas que apoyaron la iniciativa. "Esto para mí es decepcionante", recalcó, al tiempo que expresó dudas sobre la forma en que podría obligarse a las compañías que operan las redes sociales para que acataran la disposición legislativa.
Anticipó que podrían generarse "demandas muy costosas", que "tendremos que pagar de nuestro bolsillo los contribuyentes para "defender este tipo de leyes que son una distracción". Mientras tanto, los legisladores "no se enfocan sobre el costo de vida que estamos lidiando los floridanos", dijo.
Posición de DeSantis
A pesar de que los legisladores durante los debates correspondientes realizaron diversos ajustes a la propuesta, el gobernador DeSantis no aceptaba la idea y de manera reiterativa se había negado a respaldarla.
"No creo que esté bien todavía [el proyecto de ley]", dijo DeSantis, quien pese a creer que "es perjudicial para ellos (los niños) estar en algunas de esas plataformas que tienen cierta funcionalidad que es adictiva", también estima que "los padres deben desempeñar un papel en esto".
La iniciativa contó con el apoyo de la mayoría de los republicanos tanto en el Senado como en la Cámara. Para algunos analistas políticos, la normativa se convirtió en una especie de 'herramienta de medición de fuerzas' entre los poderes ejecutivo y legislativo estatal.
De hecho, algunos se preguntan si hoy DeSantis tendría la misma influencia en el Congreso de Florida y su bancada republicana, después de que retornó a Tallahassee con una gran derrota a cuestas en las primarias presidenciales al enfrentarse al expresidente Donald Trump.
La Cámara había aprobado el proyecto de ley con una votación de 108 a 7, pocas horas después de que el Senado lo adoptara por 23 a 14. Ambos cuerpos legislativos cuentan con mayoría republicana.
Argumentos de DeSantis
El gobernador dijo que los parlamentarios ya están trabajando en una nueva versión que dé más poder de decisión a los padres, su mayor petición respecto al proyecto anterior.
"Proteger a los niños de los daños asociados con las redes sociales es importante, como también lo es apoyar los derechos de los padres y mantener la capacidad de los adultos para expresarse de forma anónima", escribió DeSantis en la red social X. "Espero que el nuevo proyecto de ley reconozca estas prioridades y se convierta pronto en ley", añadió.
El proyecto aprobado por los legisladores iba dirigido a aquellas plataformas que rastrean la actividad de sus usuarios, permiten subir contenidos y tienen un diseño con características adictivas.
Sus promotores denunciaban los peligros de las redes para la salud mental de los jóvenes, así como su uso para actividades dañinas como el ciberacoso.
Legisladores opuestos a esta iniciativa alegaban que, aunque las redes sociales pueden ser peligrosas, son los padres y no las autoridades quienes deben supervisar el uso que hacen los menores.
DeSantis ha defendido en numerosas ocasiones que los padres debían tener un mayor control sobre las decisiones que afectan a sus hijos, por ejemplo, en la enseñanza.
Durante su mandato, Florida ha aprobado leyes para restringir la enseñanza de asuntos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.
Algunos críticos aseguraban que el proyecto de ley vetado por DeSantis iba a vulnerar la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.
El propio DeSantis alertó en enero que textos similares en otros estados habían quedado bloqueados en los tribunales.
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