La noticia de que la Unicameral cordobesa se apresta a discutir dos proyectos vinculados con la seguridad en los espejos y cursos de agua locales debe ser entendida como la necesaria reacción ante la penosa certeza de que las 18 muertes por ahogamiento producidas este verano (cifra no definitiva) hablan de algo que no se está haciendo bien. Y las consecuencias están a la vista, dado el período estival más luctuoso en décadas.
Los instrumentos legales para considerar tratarían dos aspectos, como son la seguridad náutica y la prevención, temas que denotan el atraso que se padece en la materia: la Ley de Seguridad Náutica vigente, de escasas precisiones, data de 1969; y la que legisla el trabajo de los guardavidas, de 2001, jamás se reglamentó, por lo que es sólo letra muerta. Sobre esto último, cabe reflexionar acerca de lo poco que ha importado el tema a los poderes ejecutivos de las últimas dos décadas.
El crecimiento exponencial de la demanda turística provincial en pocos años ha cambiado de tal manera el panorama que se impone un urgente tratamiento de la cuestión, en la que asoman a priori aspectos ríspidos; por ejemplo, el de las autonomías municipales. En este punto, vale apreciar que no pocas comunas de áreas turísticas han incorporado a su oferta –y su recaudación– diversas propuestas que no fueron acompañadas por un marco de seguridad apreciable, tal como lo demuestran episodios trágicos zanjados con distribución de culpas y eximición de responsabilidades. Y muertes evitables.
El panorama, con todo, no estaría completo si no se reparara en que de nada vale legislar para que otra vez un ejecutivo olvide convenientemente la reglamentación respectiva o la posterior implementación de lo dispuesto por ley. Voluntad política implica, en este caso, recursos presupuestarios, lo que se traduce en personal capacitado y dotado de los medios adecuados, amén de la autoridad respectiva.
Lo anterior se entiende mejor si se piensa en la magnitud de los espejos de agua provinciales, amplios y numerosos, y hoy saturados de surfistas, embarcaciones de todo tipo, motos de agua y demás, que requieren de habilitaciones tanto para las personas como para los medios utilizados. Controlar todo ello ante la mirada no siempre complaciente de autoridades municipales que privilegian incentivar el turismo es todo un desafío.
Último, aunque no menos importante, es el rol de los guardavidas, que deberían ser de presencia obligatoria y no siempre están porque alguien olvidó destinar los recursos necesarios para abonar sus salarios, una mezquindad que no debería repetirse, a la luz de los resultados.
En suma, bienvenido sea el tratamiento de la cuestión en el ámbito legislativo, con la expectativa de que esta vez se pasará de las palabras a los hechos y de que todos y cada uno estarán a la altura de sus obligaciones. La provincia no puede permitirse otro verano trágico.