El 11 de marzo de 2004, diez bombas explotaron en cuatro trenes suburbanos en Madrid, dejando 192 muertos y casi 2.000 heridos. Los atentados generaron una gran conmoción en una España más acostumbrada a las explosiones de ETA que a las del yihadismo.
Bombas y caos
Aquel jueves 11 de marzo de 2004 por la mañana, miles de pasajeros transitan como cada día por la estación de Atocha, en el corazón de Madrid. De repente, una triple deflagración sacude el edificio. Son las 07H37: un tren que entraba en la estación procedente de Alcalá de Henares, una poblada localidad al este de la capital, acaba de estallar.
El impacto de las violentas explosiones proyecta a cientos pasajeros contra el suelo o las paredes de los vagones. Envueltos en una nube de humo, los supervivientes tratan de salir y alcanzar las escaleras mecánicas, algunos tropiezan en el andén mientras intentar orientarse, aturdidos, entre los gritos de los heridos.
En los cuatro minutos que siguen, otras siete bombas explotan no muy lejos de allí, dentro de tres trenes que también salieron de Alcalá. En la capital, el caos se mezcla con el miedo: las televisiones emiten en bucle testimonios de pasajeros en pánico, los padres, asustados, van a buscar a sus hijos a los colegios.
En los bolsillos de los fallecidos, no dejan de sonar los teléfonos móviles. Algunas víctimas, que llegaron a salir de la estación en estado de shock, deambularán durante varias horas por las calles de la ciudad antes de ser atendidas.
ETA, señalada erróneamente
Horas después de los ataques, el gobierno del presidente conservador José María Aznar acusa al grupo separatista vasco ETA, autor de numerosos atentados mortales desde hace tres décadas, de ser el responsable. El ministro del Interior califica de "intoxicación" la pista islamista que avanzaban algunos especialistas.
A tres días de las elecciones legislativas del domingo 14 de marzo, España está en plena campaña electoral. El país se encontraba dividido por la decisión que había tomado un año antes el gobierno de Aznar de participar en la invasión de Irak junto a las tropas estadounidenses, pese a la oposición de la mayoría de españoles.
La hipótesis de ETA se ve, sin embargo, rápidamente debilitada. Los investigadores localizan tres bombas en mochilas que no explotaron que les pondrán sobre la pista de los autores, y la misma noche del drama descubrirán siete detonadores y una grabación de versículos del Corán en una furgoneta robada en Alcalá.
Dos días más tarde, una cinta de video encontrada cerca de la mezquita de Madrid confirma la pista islamista. Los atentados, en los que fallecieron 192 personas de 17 nacionalidades, son reivindicados en nombre de Al Qaida en Europa en "respuesta" a la participación de España en la guerra de Irak.
La derecha pierde las elecciones
La onda expansiva del 11-M, nombre dado a los atentados más mortíferos cometidos en suelo español, debilita al Partido Popular (PP) de Aznar. El viernes 12, se producen masivas manifestaciones que reúnen a 11,6 millones de personas en todo país.
El domingo 14 de marzo, el PP y su nuevo líder Mariano Rajoy –elegido por Aznar como sucesor– son derrotados por el Partido Socialista (PSOE) de José Luis Rodríguez Zapatero. El nuevo presidente, Zapatero, ordenará rápidamente la retirada de las tropas españolas de Irak.
Según numerosos observadores, los electores penalizaron a la derecha por su obstinación de señalar a ETA pese a los indicios, pero también por la intervención en Irak junto a Estados Unidos y Reino Unido, que la opinión pública nunca aceptó.
Durante años, los responsables de la derecha continuarán cuestionando el origen islamista de los atentados, alimentando teorías conspirativas.
Largo proceso
Tres semanas después de los atentados, siete miembros del comando que puso las bombas deciden inmolarse con explosivos, cuando estaban cercados por la policía en su apartamento de Leganés, en las afueras de Madrid.
Después de tres años de instrucción, otros 29 acusados fueron juzgados en un largo proceso de seis meses, a comienzos de 2007. Entre ellos, varios ciudadanos marroquíes afincados en un barrio popular de Madrid, pero también españoles y un egipcio.
Tras el proceso y las posteriores apelaciones, la justicia española condenó a 18 personas, tres de ellos a penas muy elevadas de entre 34.715 y 42.924 años de prisión: Jamal Zougan, Othman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Solo ellos continúan en prisión, donde normalmente estarán hasta 2044. AFP