El proceso de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias de la ocupación israelí en territorio palestino que se llevó cabo durante febrero pasado y en el que intervino Chile, es uno de los dos casos sobre el tema que está viendo dicha instancia internacional. Responde a una solicitud expresa de la Asamblea General de Naciones Unidas hace más de un año para que se pronuncie sobre las acciones israelíes en los territorios ocupados desde la Guerra de los Seis días de 1967 y no tiene relación directa con los actuales acontecimientos en Gaza. Distinto es el caso del otro procedimiento impulsado por Sudáfrica, que acusa a Israel de llevar a cabo un genocidio en Gaza por sus operaciones tras los atentados de Hamas del 7 de octubre pasado.
Si bien la resolución que tome la Corte en el primer proceso no es vinculante e incluso Israel decidió abstenerse de intervenir en las audiencias, limitándose a enviar un escrito en que asegura que la acción responde a una actitud "prejuiciosa" y "tendenciosa", la opinión de los jueces tendrá un fuerte peso simbólico y en caso de ser contraria a Israel redoblará la presión contra el gobierno de Benjamin Netanyahu sobre sus operaciones militares en Gaza. Por eso, detrás de la decisión de los 14 países que intervinieron en las audiencias hay una clara intención política de fijar posición no sólo frente a los hechos históricos sino también a lo que está sucediendo hoy en esa región.
En ese sentido la participación de Chile en las audiencias y la intervención de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Ximena Fuentes debe ser analizada en dos planos. Hasta ahora el país se había abstenido de intervenir en procedimientos de ese tipo -de hecho, el proceso actual está lejos de ser el único que ha revisado la Corte Internacional de Justicia- bajo la premisa de no importar el conflicto a la realidad local. Además, en la eventualidad que se decidiera intervenir, ello respondía a una política de Estado. Sin embargo, en este caso ni el Consejo de Política Exterior ni la Comisión de RR.EE. del Senado tuvieron conocimiento previo sobre los términos de la intervención.
No obstante lo anterior, la participación de Ximena Fuentes ante la Corte cumplió con presentar de manera clara y consistente los ejes que marcan la Política Exterior de Chile frente al tema. No sólo se recordó el apoyo de nuestro país a la solución de dos Estados, garantizando la convivencia de palestinos e israelíes dentro de fronteras seguras y se reiteró la defensa a la autodeterminación de los pueblos, sino que también se relevó que desde 2011, en el primer gobierno de Sebastián Piñera, Chile reconoce al Estado Palestino. Además, fue el único de los intervinientes que expresó una abierta condena al ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado.
Por ello, y considerando que la exsubsecretaria relevó los ejes históricos de la posición de Chile, habría sido valioso que la intervención en un espacio tan relevante como la CIJ hubiera sido debatida previamente en las instancias intervinientes en política exterior y contara con un mayor consenso, para no aparecer como una acción motivada sólo por el interés personal del Presidente de la República -más allá de que éste sea el responsable de conducir la política exterior-, porque ello puede terminar debilitando a largo plazo la consistencia de la posición internacional de Chile.