Lo que está saliendo sobre las irregularidades de los contratos Covid es apenas la punta del iceberg, como ha escrito en estas páginas Sergio Alonso, que ha venido publicando en La Razón decenas de artículos sobre presuntas irregularidades en las compras de respiradores, mascarillas, guantes y epis en general durante los meses pandémicos por parte del Ministerio de Sanidad. Aun hoy está sin justificar el paradero de 748 millones para adquirir material sanitario con destino de las autonomías, cuando el poder centralizado lo ejercía el citado Departamento. De los 80 contratos de emergencia adjudicados en 2020, el 35% presentan irregularidades. Cuatro contratos se prescribieron a dedo por un valor acumulado de 668 millones de euros para mascarillas, guantes y gafas protectoras, a empresas que nada tenían que ver con el ámbito sanitario, según el Tribunal de Cuentas. Illa dejó fuera de su megacontrato de 2.500 millones a sociedades que ofertaron tapabocas diez veces más baratos. La declaración del Estado de Alarma, considerada ilegal por el Tribunal Constitucional, permitió eludir los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación. En diferentes irregularidades incurrió, a este respecto, el Departamento de Seguridad Social, dirigido en aquella época por José Luis Escrivá. Y ya hemos visto como Interior y Transporte, amén de las autonomías de Baleares y Canarias, están implicados directamente en el caso Koldo, por adjudicación expresa a una empresa sin experiencia alguna, que pasó de facturar cero a 53 millones de euros en tiempo récord. Amén de ser adquiridas a precio inflado, se trataba de muchos casos de mascarillas inservibles, pese a lo cual no se denunció la estafa.
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