"Hay que unir esfuerzos para prevenir y atender violencias de género"
La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, sostuvo que la lucha por los derechos humanos es una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad civil.
Barranquilla fue el epicentro del Congreso Internacional de Derechos Humanos, Género y Enfoque Diferencial liderado por la Procuraduría General de la Nación para abordar las diferentes violencias que viven los grupos poblacionales minoritarios en Colombia, las barreras que hay dentro del sistema y el papel desde la institucionalidad para cerrar esas brechas y dar mayor garantía de igualdad y equidad.
Dentro del discurso de apertura de la procuradora Margarita Cabello se dieron a conocer cifras alarmantes sobre el flagelo por trata de personas en el país. La alta funcionaria precisó que estos números registrados de casos denunciados son los más altos en los últimos 15 años.
"Hoy observamos con preocupación alarmante las grandes cifras de afectación por la trata de personas. En el año 2023, en casos denunciados –que no es lo mismo que la realidad– se presentaron 264 por trata, las más alta de los últimos 15 años según el Observatorio del Delito de Trata del Ministerio del Interior", dijo Cabello Blanco.
En dichos casos –por primera vez – figuraron dos víctimas menores de 11 años. Los principales destinos a dónde son llevadas las víctimas, según el estudio, son México y Europa.
"Hay una violencia de carácter institucional generada por el propio Estado, sus servidores y servidoras, por no adoptar medidas de protección frente a las agresiones basadas en género y ese no actuar no va a servir más que para perpetrar la indiferencia e impunidad", manifestó.
Precisó que es imperativo hacer un nuevo requerimiento a la institucionalidad y al mismo tiempo a la sociedad civil, empresa privada, la academia y a la cooperación internacional.
"Es necesario unir esfuerzos como actores claves en el fortalecimiento de capacidades en la prevención, atención y coordinación de la respuesta multidimensional de este flagelo", argumentó.
Sostuvo que esta acción conjunta debe llevar a desincentivar la demanda de explotación sexual y laboral, la mendicidad, entre otras, para lograr que las víctimas de trata de personas se auto reconozcan como víctimas, puedan denunciar y además confiar en la institucionalidad.
Por otra parte, señaló que no se puede tampoco dejar de lado otros tipos de violencias que deben ser abordadas de manera articulada e integral como el acoso laboral y sexual, la violencia política y la violencia digital.
Indicó que la implementación del enfoque diferencial y de perspectiva de género presenta numerosos retos que incluyen la resistencia cultural e institucional; la falta de datos desagregados que están dificultando realizar diagnósticos precisos de la problemática; la necesidad de formación y sensibilización en el sector público y la sociedad civil.
Además, destacó un reto grande en la brecha digital de género que –según dijo– está perpetrando las desigualdades debido al diseño de los algoritmos de inteligencia artificial que "sigue dominada por hombres".
La procuradora reiteró que todos deben ser parte de la solución y no del problema. Por ello, resaltó el papel de la Procuraduría en hacer cumplir las leyes y las garantías de los derechos constitucionales.
Entretanto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, alertó sobre las dificultades y barreras existentes en el acceso a la justicia y la atención de los casos por situaciones asociadas a las violencias de género por parte de las instituciones del Estado.
Indicó que los casos van en ascenso, por lo que hizo un llamado a las instituciones brindar garantías reales a las víctimas. Señaló que para 2022 se atendieron más de 4.500 casos, 8.730 durante 2023 y en los dos primeros meses de 2024 van 1.210 casos de violencia basada en género.
Tiene que haber mayor presencia y participación de mujeres en altos cargos y de decisión en la Rama Judicial en Colombia. Bajo esta premisa la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Marjorie Zúñiga Romero, condujo su intervención durante el Congreso promovido por la Procuraduría en Barranquilla.
La togada precisó que si bien en la rama judicial, en efecto, hay más mujeres que hombres, entre más arriba se sube en la jerarquía hay menos presencia femenina.
"En el año 1998 la presencia de mujeres magistradas en los tribunales era de aproximadamente el 31 % y hoy, a la fecha actual, esa cifra está sobre el 36 %. Eso nos debe llevar a reflexionar sobre ¿por qué después de 22 años no vemos un avance en cifras de presencia femenina en la rama judicial en altos cargos (magistradas del tribunal o altas cortes)?", cuestionó.
Señaló también que es fundamental que no se normalice el hecho de que no haya en este momento mujeres en las altas cortes.
"Eso demuestra que antes que nosotras, muchas mujeres han tenido que hacer un largo recorrido para abrirnos espacios para que, hoy por hoy, algunas podamos tener esta situación de privilegio", dijo.
Indicó que para garantizar la igualdad en la Rama Judicial tiene que haber presencia de mujeres en las altas cortes y tribunales.
"Este argumento no necesita mayor explicación y que es la posibilidad de garantizar finalmente una igualdad y equidad a nivel de participación de mujeres en la Rama Judicial como un sinónimo de alcanzar una sociedad más justa", finalizó Zúñiga.