Lo que Luis Planas decía hace tres meses que no se podía hacer, ahora se ha podido modificar; mientras tanto, los agricultores y ganaderos padecen, una vez más, una situación de gran inseguridad jurídica, porque no saben a ciencia cierta las reglas del juego que deben respetar en relación con la actual Política Agraria Común, la famosa PAC, que tantos quebraderos de cabeza está dando. Estas son las dos conclusiones más importantes que se pueden extraer tras la presentación, el viernes por la tarde, por parte de la Comisión Europea de sus propuestas para flexibilizar la PAC actual, que lleva aplicándose tan solo un año y dos meses y medio. Acto y seguido, y minutos después de conocerse ese papel, los responsables del Ministerio de Agricultura remitían a las comunidades autónomas un documento denominado «Propuestas de Modificación del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-27», que comenzó a regir en España el 1 de enero de 2023 y que fue impuesto por Luis Planas tras no conseguir el consenso de los consejeros de Agricultura y sin haberse negociado con las organizaciones agrarias. Estas son las dos respuestas de Bruselas y del Ejecutivo de Pedro Sánchez a las protestas y movilizaciones de los agricultores y ganaderos comunitarios y españoles de los dos últimos meses.
Al igual que la PAC original, las modificaciones que se plantean ahora por la Comisión Europea son muy técnicas y de gran complejidad, aunque supongan un cierta simplificación y flexibilización de los requisitos originales. Entre las novedades más significativas figuran las siguientes: eliminar la obligación de dejar tierras en barbecho, suavizar las exigencias en materia de rotación de cultivos y sobre cobertura de los suelos en invierno, la supresión de la vinculación entre la PAC, la estrategia de «la granja a la mesa» y la eliminación de los controles y sanciones relacionadas con la condicionalidad en el caso de las pequeñas explotaciones.
En paralelo, los servicios de Bruselas han elaborado un documento con una hoja de ruta en relación con las prácticas comerciales, que contempla la revisión de la Organización Común de Mercados (OCM) para reforzar a las organizaciones de productores, la creación de un observatorio de costes y márgenes y la revisión –a finales de 2024 o principios de 2025– de la directiva sobre prácticas comerciales desleales para integrar en ella esas medidas transfronterizas. La aprobación definitiva de estas propuestas y su aplicación, cuando llegue el momento, supondrían que se desmontaría una parte importante de la llamada arquitectura verde de la PAC. La gran incógnita ahora es saber cuándo se pondrán en marcha esas normas, a la vista de que el Parlamento Europeo celebrará su última sesión plenaria dentro de un mes.
Mientras tanto, en España, pocos minutos después de que se publicasen las propuestas de Bruselas, el equipo de Luis Planas remitía a las comunidades autónomas su documento con las modificaciones que quiere introducir en el PEPAC sobre los requisitos a cumplir por los potenciales beneficiarios de las ayudas y los ecorregímenes. En el texto firmado por Fernando Miranda, secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, se recogen las siguientes: «En la práctica de pastoreo extensivo, reducción de la carga ganadera mínima en pastos húmedos a 0,2 Unidades de Ganado Mayor (UGM) y en pastos mediterráneos a 0,1 UGM/hectárea; en la práctica de rotación de cultivos con especies mejorantes, incremento del porcentaje de barbecho hasta un máximo del 40 por ciento; en las prácticas de cubiertas vegetales espontáneas o sembradas y de cubiertas inertes en cultivos leñosos, se permitirán de forma excepcional aquellas labores superficiales poco profundas, que no supongan en ningún caso, la modificación de la estructura del suelo».
Mientras la Comisión Europea y Luis Planas han planteado estas modificaciones de la PAC, en España y en otros Estados miembros de la UE han continuado las movilizaciones, aunque estas hayan bajado de intensidad. En Madrid tuvo lugar ayer una tractorada reivindicativa y festiva organizada por Unión de Uniones, que transcurrió entre las sedes del Ministerio para la Transición Ecológica y el de Agricultura, donde se registraron fuertes críticas a la gestión de Luis Planas. Para las próximas semanas hay convocadas nuevas protestas. A pesar de estos movimientos de las Administraciones de la UE y de la española, en el sector agrario se viven momentos de zozobra e inquietud debido a la inseguridad jurídica en la que se encuentra.
Ahí van algunas preguntas: ¿qué normas se aplican en este momentos?; ¿cuándo se aprobarán las nuevas reglas del juego y cuando podrán entrar en vigor?; ¿qué parte de las nuevas propuestas podrá aplicarse en 2024 y lo que quedará para 2025 y los siguientes? Y así se podría continuar con las dudas.
En cualquier caso, de lo que no cabe ya ninguna duda es de la gran «chapuza» que fue la nueva PAC y también el Plan Estratégico impuesto por Planas en España: un año y dos meses y medio después de la entrada en vigor de ambas normas ha sido necesario modificarlas; en 2023 Planas dijo que eran intocables, y ahora si se han podido tocar. Es lo que tienen «las chapuzas».
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