Es un hecho que tanto unidades del Cuerpo Nacional de Policía como, si bien en menor medida, de la Guardia Civil conocían de antemano a un buen número de los individuos que integraron la red terrorista del 11-M.
A algunos de ellos los seguían a lo largo de 2002 y 2003 por su pasada relación con la célula de Abu Dahdah desmantelada en noviembre de 2001, y a otros por su repentina aparición en círculos yihadistas de Madrid o de Valencia.
Pero eso no significa, claro está, que en esas unidades policiales supieran lo que esos individuos estaban de verdad preparando. En buena medida porque los terroristas fueron en general notablemente hábiles a la hora de ocultar los auténticos propósitos de sus movimientos. Pero también porque los expertos policiales nunca llegaron a imaginar lo que estaban tramando.
En el curso de las operaciones contra el terrorismo yihadista llevadas a cabo por la UCIE del CNP con anterioridad al 11-M hubo numerosas detenciones, incluyendo las de algunos yihadistas llegados del exterior de quienes se temía que "iban a llevar a cabo acciones terroristas en España".
Pero los funcionarios de la Sección de Asuntos Árabes e Islámicos de la UCIE no previeron que quienes en realidad se estaban movilizando para llevar a cabo actos de terrorismo en España fuesen los otrora integrantes de la célula de Al Qaeda que ellos mismos habían desmantelado en noviembre de 2001, después de una investigación que duró siete años.
No imaginaron que fueran aquellos allegados de Abu Dahdah que no pudieron ser aprehendidos en 2001, a los cuales continuaron siguiendo durante 2002 y 2003, mediante confidentes e intervenciones telefónicas. Ni consta un análisis de tal escenario realizado, en la CGI, por una unidad más apropiada para una tarea así, como la Unidad Central de Inteligencia (UCI), creada en 1994.
El empeño de los funcionarios de la UCIE consistía básicamente en recabar más pruebas sobre los allegados radicalizados de Abu Dahdah que seguían en libertad, a fin de presentarlas ante la Audiencia Nacional para así proceder a su detención y encarcelamiento. Mientras perseveraban en ello no llegaron a imaginar que esos individuos estaban inmersos en un plan para perpetrar atentados en España.
En suma, se ignoró el "efecto bumerán".
En el campo de la lucha contra el terrorismo hablar de efecto bumerán es hacerlo del probable impacto que una actuación contra el terrorismo de especial significación o de gran envergadura puede tener sobre otros terroristas relacionados con el grupo o la organización a la cual se ha asestado un serio golpe, motivándolos a llevar a cabo algún plan terrorista como venganza, siempre que dispongan o puedan disponer de las capacidades operativas necesarias para ello.
"La posibilidad de que exmiembros de la célula de Abu Dahdah se hubieran movilizado para atentar en España no se contemplaba"
En este marco adquieren especial sentido las palabras con que un confidente de la UCIE se refería a lo tratado en las reuniones que a partir de marzo de 2002 se celebraban por lo común en una vivienda del distrito de Villaverde, en el sur de la ciudad de Madrid.
Ese informante, que pudo asistir a varias de las citas, observó que "nunca en las reuniones se hablaba de los pilares del islam, sino de venganza" y apuntó además que el grupo formado por los asistentes a esas reuniones "no era como los otros" que había conocido hasta entonces, puesto que "este era peligroso".
Sin embargo, la posibilidad de que exmiembros de la célula de Abu Dahdah se hubieran movilizado para atentar en España no figuraba entre los hechos relevantes en función de los cuales la CGI del CNP elaboró en noviembre de 2003 su Informe sobre el aumento del grado de amenaza que suponía el "terrorismo islámico" para España.
Aun a pesar de que la conclusión de dicho documento respecto a esta amenaza era esta: "España podría ser objetivo, bien en nuestro territorio, bien contra intereses españoles en otro país, en fechas próximas".
El aumento de la amenaza se atribuía en ese informe de la CGI a una serie de acciones y sucesos registrados durante ese mismo año, como pronunciamientos de dirigentes de Al Qaeda, comunicados del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC), atentados en Irak y Turquía, o informaciones que otros cuerpos policiales occidentales habían transmitido acerca del reclutamiento por parte de Ansar al Islam (AI, Partidarios del Islam) –filial de Al Qaeda que tenía su base en el Kurdistán iraquí– de terroristas dispuestos a actuar en España.
Pero ese informe de noviembre de 2003 incluía, como hecho relevante, las numerosas investigaciones sobre Al Qaeda, el Grupo Islámico Combatiente Marroquí (GICM) y el GSPC que la UCIE tenía por entonces abiertas.
"La UCIE había investigado o estaba investigando a buena parte de quienes iban a materializar la masacre de Madrid"
Entre esas investigaciones se encontraba la correspondiente al Sumario 35/2001, en el marco del cual se continuaba indagando a individuos que habían estado relacionados con la célula de Abu Dahdah pero que no habían podido ser detenidos ni en la primera ni en sucesivas fases de la Operación Dátil. Individuos entre los cuales se encontraban, cuando las investigaciones concluyeron en septiembre de 2003, El Tunecino, Said Berraj o Jamal Zougam, tres de los terroristas del 11-M.
Para cuando se elaboró el aludido informe de la CGI –en noviembre de 2003–, estos individuos, junto con otros de sus mismas actitudes y creencias que asimismo eran objeto de investigación en más procedimientos de los que también se ocupaban los funcionarios de la UCIE, caso de Mohamed El Egipcio, habían articulado la red del 11-M y estaban preparando la matanza en los trenes de Cercanías.
Sin que esos especialistas en terrorismo yihadistas lo vislumbraran. En suma, se ignoró el "efecto bumerán".
Así pues, la valoración de la amenaza yihadista que hicieron los servicios antiterroristas del CNP apenas cuatro meses antes del 11-M fue desacertada, al no apreciar dónde radicaba su verdadera y más inmediata fuente, pese a que los funcionarios de la UCIE habían investigado o estaban investigando a buena parte de cuantos iban a materializarla tan cruentamente en Madrid.
Se subestimaron las capacidades de estos individuos y no se discernieron sus motivaciones de venganza después de la Operación Dátil. Quien era comisario general de Información cuando tuvieron lugar los atentados de Madrid, al considerar "muy alto" el grado de la amenaza yihadista para España después el 11-M, apostilló: "No quiere decirse que antes del 11-M no lo fuese, pero no lo sabíamos".
Lo que el comisario general de información adujo es que se apreció una elevación de la amenaza "desde el punto de vista estratégico" en 2003, "entre la guerra de Irak y el atentado de Casablanca".
El jefe de la Sección de Asuntos Árabes e Islámicos en esos momentos señaló en el mismo sentido que, antes del 11-M, existía "una amenaza genérica", para luego admitir esto: "A pesar de mi experiencia, nunca creí que pudiera pasar algo semejante en España".
El comisario jefe de la UCIE, en los momentos que siguieron a los atentados del 11-M, admitió que en su unidad "pensamos que era ETA".
*** Fernando Reinares es catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y autor de 11-M. Pudo evitarse (Galaxia Gutenberg).