"Para la mejora de su autocuidado profesional". Con este eufemismo, el Ayuntamiento de Madrid que dirige José Luis Martínez-Almeida define el objetivo del contrato que acaba de licitar para renovar un servicio de "supervisión" que reciben los trabajadores del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento, aquellos que gestionan, por ejemplo, una beca comedor, una ayuda a domicilio o la teleasistencia. La licitación, valorada en 425.000 euros, persigue "proporcionar la prestación de apoyo técnico a los profesionales de los Servicios Sociales Municipales, para la mejora de sus competencias y habilidades, con el fin de mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía", reza la memoria justificativa.
Carmen Lara, delegada sindical de CCOO en el Área de Servicios Sociales, lamenta que una empresa privada vaya a supervisar a funcionarios públicos, "una idea que ya surgió a finales del mandato de Manuela Carmena", que gobernó la capital entre 2015 y 2019. "Esta supervisión se materializa en que, una vez al mes, un grupo de psicólogos organizan terapias para ayudar a aliviar el estrés, la ansiedad y la preocupación que genera este trabajo", señala. Obviamente, es de carácter voluntario. Solo se apunta aquel que quiera.
En Madrid capital hay 40 centros de Servicios Sociales repartidos en los 21 distritos, que "constituyen la unidad donde se prestan los servicios de Atención Social Primaria. Estos centros son la puerta de entrada de la ciudadanía al sistema público de Servicios Sociales y a sus prestaciones, ya sean estas del Ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid o de otras Administraciones", destacan desde el Consistorio. Unos servicios que en 2023, por ejemplo, demandaron 451.800 personas.
Según los datos del catálogo de puestos del Ayuntamiento de Madrid, hay 542 plazas de trabajadores sociales, de las que 99 están vacantes. También hay 190 administrativos (57 vacantes), 11 técnicos de gestión y 56 con la categoría de otros (con 9 puestos sin cubrir). "Hay una sobrecarga de trabajo porque falta plantilla. Es la misma que había en 2014. Y esto provoca situaciones de estrés", señala Lara. Un reciente informe elaborado por CCOO y el Consejo General de Psicología de España, que analizó la salud psicosocial de estos trabajadores, revela que el 95% de los entrevistados consideran "que la falta de personal repercute de alguna manera en su salud física y emocional". Y más del 50% presentan síntomas para poder tener una baja laboral por ansiedad.
El contrato que ahora se licita, y que renueva uno anterior, incluye actuaciones que "no tienen cabida dentro del Plan de Formación Municipal, dado que las actuaciones van más allá de la trasmisión de contenidos teóricos. Las actividades que contempla están enfocadas al análisis de la intervención social de casos y se trabajará sobre el abordaje de las actuaciones relacionadas con la atención social que a los profesionales les resulten más complejos. Para ello, se analizarán por parte de cada equipo casos concretos que se encuentren en intervención en el respectivo centro. Por otro lado, las actuaciones también están orientadas a identificar, analizar y comprender las dinámicas que se generan en la organización y en el propio equipo de trabajo, y como resultado crear un espacio colectivo de apoyo para superar situaciones de presión y dificultad que se viven a diario".
Para CCOO este contrato es clasista, ya que a las sesiones de terapia solo pueden asistir los trabajadores sociales, no el resto de personal como administrativos y técnicos de gestión. "Y debería ser un contrato innecesario, ya que lo que hay que hacer para paliar situaciones de estrés es aumentar la plantilla y no sobrecargar de trabajo a la que hay. Y si hay que hacer este tipo de terapia, que la hagan nuestros compañeros de Madrid Salud, no una empresa privada". El contrato especifica que a las sesiones grupales podrán asistir los siguientes profesionales: "Jefes/as de Departamento, Jefes/as de Sección, Directores/as de Centros de Servicios Sociales, Coordinadores/as de Centros de Mayores y Trabajadores/as Sociales. Podrán incorporarse otras categorías a propuesta de los responsables del distrito".
Lo estipulado es que se realicen ocho sesiones al año por cada Centro de Servicios Sociales, con una duración de 2 horas por sesión. Cada sesión será dirigida por dos profesionales externos. El número de horas de actividad de supervisión grupal a prestar en un año será de 1.280. También habrá sesiones individuales, aunque estas no podrán superar las 20 horas por centro. El coste de cada sesión, ya sea individual o grupal, será de 121 euros (con IVA). El contrato durará dos años.