El decreto que aprobará la primera Oferta Pública de Empleo (OPE) del Consell de PP y Vox no llegará solo. La OPE que creará, tal y como adelantó Levante-EMV, 1.179 plazas en la Administración autonómica vendrá acompañada de una reforma de la ley de Función Pública de la Generalitat, un cambio normativo casi obligatorio y que llevará por la vía de urgencia para poder sacar adelante una de las grandes novedades que el Ejecutivo autonómico plantea en esta convocatoria: que un millar de estos puestos serán adjudicadas por oposición pura.
La Conselleria de Hacienda plantea aprobar un decreto ley en el que se elimine el porcentaje mínimo destinado para promoción interna dentro de la oferta pública de empleo.
Según ha podido saber este periódico, que ha accedido al borrador del decreto-ley que prepara Hacienda, el plan del Consell es «suspender la aplicación del artículo 135.2 de la ley 4/2021», el que regula el porcentaje mínimo destinado para carrera profesional en los concurso-oposición, en aquellos puestos que van más allá de la tasa de reposición ordinaria y que permiten a la Generalitat lanzar una OPE de hasta 1.179 puestos.
Ley de 2016
En concreto, la ley de 2016 que aprobó el Botànic, señala este mínimo para promoción interna, esto es, para ascensos dentro de los empleados que ya están en la Administración en un 40 % de las plazas convocadas.
Este porcentaje suponía una amenaza jurídica para la primera OPE del Gobierno de Carlos Mazón. En esta, las 1.179 plazas se dividen en dos partes: la tasa de reposición ordinaria (para cubrir vacantes por jubilaciones, etc), marcada por el Estado, con 435 plazas, y una vía adicional que permite al Gobierno valenciano convocar más plazas para reducir la temporalidad por debajo del 8 %; concretamente, otras 744 plazas.
Así, en toda la OPE de 2024, solo se prevén 174 plazas para que trabajadores en activo mejoren sus condiciones, un 14,75 % de toda la OPE. El problema jurídico radicaría no solo en que no se llega al número global (sobre la que consideran los sindicatos que se ha de cumplir), sino que además, todas estas plazas reservadas están dentro de la parte de la tasa de reposición ordinaria, que sí llegan el 40 % legal.
No ocurre lo mismo en la parte extraordinaria, la más numerosa, donde no se ha reservado ni una, y es ahí donde se prevé aplicar el decreto-ley para salvar ese obstáculo ante los avisos de los sindicatos.
«Vía extraordinaria»
La solución por lo tanto que manejaría el Consell es un cambio en la ley de Función Pública por la vía exprés. De ahí la fórmula del decreto-ley, que acorta los plazos, una medida que, señala el texto, «afectará al decreto de oferta de empleo público de 2024». «En consecuencia, no será de aplicación el porcentaje de reserva del 40 por ciento para el turno de promoción interna a las plazas incluidas en la citada tasa específica (la adicional para frenar la temporalidad), que se convocarán íntegramente por turno libre y mediante el sistema de oposición», indica el documento.
De hecho, esta es la solución por la que apostaba el director general de Función Pública, Javier Lorente, en una entrevista con Levante-EMV la semana pasada: «La tasa extraordinaria por su propia finalidad tiene que ser de oposición libre porque lo que necesitamos es personal de nuevo ingreso que reduzca la temporalidad, no hacer carrera profesional, que es otro ámbito que llevamos en paralelo».
A ello, añadió: «Necesitamos acudir a una vía excepcional que es la de oposición libre». Esta vía excepcional necesitará apoyarse en el decreto-ley que podría ponerse hoy encima de la Mesa General de Negociación con los sindicatos.
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