La Fiscalía y la Policía de Perú registran la casa de la presidenta Dina Boluarte por un presunto delito de enriquecimiento ilícito
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La casa de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue allanada cerca de la medianoche de este viernes por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional. El registro forma parte de una investigación preliminar abierta contra la gobernante por un presunto delito de enriquecimiento ilícito.
Las autoridades peruanas tratan de determinar la procedencia de una serie de relojes de la marca Rolex que la presidenta no ha declarado como parte de su patrimonio al tomar posesión de su cargo. Boluarte llegó a la presidencia de Perú en 2022 tras el autogolpe fallido de Pedro Castillo que acabó con su destitución y detención.
En imágenes mostradas por medios locales se observa cómo un grupo de agentes rompe la cerradura de la puerta principal de la vivienda de Boluarte en el distrito de Surquillo, en Lima, tras no ser atendidos al llamar repetidas veces a la puerta de la casa.
En el momento de llegar los agentes, según informan medios locales, la gobernante no se encuentra en su domicilio y que en el lugar solo estaba uno de sus hijos. Poco después llegó uno de sus abogados. El Ministerio Público aún no ofreció ninguna información formal sobre la intervención.
El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, se ha declarado este sábado "indignado" por el allanamiento que hizo la Fiscalía a la casa de la presidenta y considera que se ha producido "un intolerable atropello a la dignidad" de la jefatura de Estado.
"Estoy indignado con lo ocurrido, lo que ha sucedido esta medianoche constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que ella representa", ha declarado Adrianzén a la emisora RPP.
El primer ministro ha agregado que "no es posible" que tengan "que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no inconstitucionales", ya que la gobernante está protegida por la inmunidad que otorga su cargo.
Según la emisora peruana RPP, el allanamiento con fines de registro de incautación fue aprobado por el juez supremo Juan Carlos Checkley tras un requerimiento presentado por el fiscal general, Juan Carlos Villena, como parte de la investigación del presunto delito de enriquecimiento ilícito, en la modalidad de omisión de consignar declaraciones en documentos.
La Presidencia de Perú y el Ministerio Público han mantenido durante los últimos días una controversia respecto a las diligencias iniciadas como parte de la investigación abierta por la supuesta falta de declaración de la gobernante de sus relojes de lujo.
El pasado miércoles, la Fiscalía denunció que se frustraron las visitas a la gobernante tanto en su domicilio, como en el Palacio de gobierno, mientras que la Presidencia aseguró que representantes del Ministerio Público fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.
El fiscal supremo Hernán Mendoza declaró ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que la mandataria "había frustrado" las investigaciones al no acudir a las citaciones hechas para el martes y el miércoles de esta semana.
En respuesta a este pedido, el fiscal general comentó que la actitud de la mandataria era un "claro indicador de rebeldía" que no hace más que "retardar el resultado de la investigación".
Tras esa situación, la defensa legal de Boluarte pidió reprogramar las diligencias en la investigación del caso de los relojes de lujo. La Presidencia de la República informó el miércoles que representantes de la Fiscalía fueron atendidos por personal del despacho de Boluarte, quienes recibieron una notificación para la mandataria.
El pasado 18 de marzo, el Ministerio Público inició diligencias preliminares a Boluarte por este caso, ya que la mandataria debería haber declarado dichos bienes en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Fiscalía apuntó que no lo hizo.
Sin embargo, Boluarte declaró la semana pasada que estaba comprometida a acudir a la Fiscalía para responder sobre esta investigación y afirmó que no tiene ningún desbalance patrimonial.
El Canal N de televisión mostró imágenes en las que se ve que un numeroso contingente policial se mantiene durante la madrugada de este sábado vigilando los alrededores de la casa de la mandataria, mientras que en el interior permanecían agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional junto con un equipo de fiscales.