Considero que los siguientes hechos, que paso a enumerar, referidos a: la renuncia de Manzur como candidato a vicegobernador, presionado por la oposición, con el guiño de un sector del oficialismo, pone al PJ local a las puertas de una disputa interna, que lo debilitaría política e ideológicamente, arriesgando la continuidad al frente del gobierno local (LA GACETA, 11/05); el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo, al proyecto de la Ley Ómnibus, social e ideológicamente inexplicable; el acuerdo político entre el hoy Gobernador y quienes fueron acérrimos adversarios de su candidatura el 11/06/23, y el mensaje de la intendenta Rossana Chahla (LA GACETA, 02/03), enfocado en la herencia recibida de la gestión anterior, son acontecimientos que el Consejo Provincial del PJ no debe perder de vista. La contundencia de la exposición de la alcaldesa sobre la corrupción en la administración del Consorcio Metropolitano para la Gestión de Residuos Sólidos, activó la necesidad de deslindar responsabilidades y complicidades con personajes encumbrados del Gobierno provincial, que desde su posición dominante intentaron compensar el apoyo financiero recibido desde el Consorcio en la elección del 11/06. Para lograr el objetivo designaron por decreto Nº 610/10(MI), del 06/12/23, en el seno del Gobierno de la Provincia, al número uno del organismo, insólitamente cesanteado por quien horas antes lo designara (LA GACETA, 20/12/23). El resultado de las auditorías respalda la postura de la doctora Chahla, al calificar a la gestión de los residuos, como "… un monumento a la corrupción…", que desnaturalizó el propósito de su creación, mediante una gestión de vergüenza y oscurantismo, que ameritan una investigación judicial. La decisión de la señora Intendenta se fundamenta en los números auditados, que giran alrededor del manejo y el destino de $ 4.160.974.074,89, que representan el 79% de los pagos por $ 5.267.055.791, realizados por el Consorcio entre los meses de enero y octubre de 2023. Cabe recordar que los medios periodísticos, en su momento, aludieron a funcionarios que utilizaron un documento público para disimular las embarazosas relaciones políticas, financieras e inmobiliarias, entre los responsables directos y sus cómplices.
José Emilio Gómez