El 9 de mayo de 2002, el entonces vicegobernador Jorge Sapag y el secretario de la Legislatura, Omar Gutiérrez, presidieron la sesión de la Cámara en la que se aprobó la ley 2388. Estableció nada más y nada menos que la municipalización del centro de deportes invernales Cerro Chapelco.
Estableció que el Poder Ejecutivo provincial y el municipio de San Martín de los Andes dispondrán, en un plazo no superior al 30 de noviembre de 2003, la ejecución de la mensura ordenada, garantizando el uso y goce del área delimitada en la concesión original de 1.600 hectáreas y una ampliación. Dentro del mismo plazo deberá procederse a la cesión de la titularidad de la concesión de la Provincia al municipio.
Ese día hubo festejos en la localidad lacustre y los diputados se sintieron satisfechos porque hubo público que los aplaudió. Sapag ya estaba distanciado del entonces gobernador Jorge Sobisch quien fue reelecto en septiembre del año 2003 y nunca cumplió el artículo que dispuso la ley.
En 2007, el firmante de la ley inició una gobernación de ocho años y renegoció el contrato de la concesión con nuevas normas. En 2015 asumió el segundo firmante de la ley por otros ocho años y tampoco cumplió con la ley que él firmó.
La concesión en manos de Juan Cruz Adrogué vence en un año y dos meses. La renegociación es un pantano por incumplimientos de Provincia, conflictos con los dueños de la base del cerro, una comunidad mapuche, un acceso que no está pavimentado por falta de acuerdo con otra comunidad, y la necesidad de ampliar el área esquiable. A eso se sumó en los últimos días la contaminación de los arroyos que reciben las descargas del complejo, cuya planta de tratamiento funciona bien en invierno.
La última renegociación estableció la construcción de una villa turística para que sea rentable el negocio de explotación del cerro, que tiene una capacidad de hasta 7.000 esquiadores. Pero la zona o es de la comunidad mapuche o es intangible de acuerdo a la ley de bosques. La empresa invirtió en un nuevo medio de elevación y aseguró que sobrecumplió las condiciones de la concesión.
Sólo para comparar, el cerro Caviahue fue adjudicado hasta el 2031 y la renovación se hizo 11 años de que venciera. Está en manos de Compañía de los Andes, el andorrano Jaume Ros Puig.
Por ahora, silencio del ministerio
El concejal Santiago Fernández (Unión por la Patria) fue el impulsor de una comunicación del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes en la que se pide al gobierno que se cumpla aquella ley. En un esquema acuerdista, el edil admite que existe un cambio en la gestión provincial porque del Instituto de Juegos de Azar las concesiones vinculadas al turismo pasaron, lógicamente, al ministerio de Turismo cuyo titular es el empresario sanmartinense Gustavo Fernández Capiet.
«Así como el municipio de San Martín logró realizar obras en acuerdo con desarrolladores urbanísticos, queremos potenciar el desarrollo turístico en el cerro porque es el principal motor de la economía en invierno, así como el Parque Lanín lo es en verano», dijo el edil.
Mencionó que se requieren obras para mejorar las instalaciones y que se pueden hacer mediante ese mecanismo, a la vez que desconocía si el canon que paga Adrogué lo cobraba el IJAN o las comunidades mapuche.
«Hacemos una lectura razonable de la realidad, y San Martín no tiene un saber hacer que dé una respuesta rápida a la concesión, pero tenemos confianza en que se llegue a un acuerdo y la municipalidad pueda opinar sobre la nueva concesión», dijo.
Fernández Capiet dijo a este diario que no iba a hablar del tema hasta que se tome una decisión en concreto.
El ahora funcionario abrió una línea de comunicación con los representantes políticos y empresariales de San Martín para tratar el tema.
Hay expectativa que se termine con una solución que satisfaga pulsiones económicas sin afectar el ambiente.
Idas y vueltas de un contrato
Nieves del Chapelco tiene la concesión de Cerro Chapelco desde 2007 cuando compró una concesión que se venía pasando de manos y que estuvo administrada por la Cooperativa Telefónica de San Martín de los Andes, Cotesma y Enrique Capozzolo.
En ese entonces adquirió el derecho para desarrollar una aldea de montaña más o menos similar a Las Pendientes que está fuera de la concesión y que tiene casas y departamentos.
Además de esa situación, tiene en el debe los meses que la Provincia demoró los trámites para que la aseguradora pague, en dólares, el costo de instalaciones que se quemaron.
El contrato original de Capozzollo preveía la entrega de 50 hectáreas para hacer una aldea integrada turística de montaña.
Como eran en la base que es reclamada por la comunidad, nunca fueron entregadas y se le dijo que le iban a entregar más tierras, pero más arriba.
En 2010 se le hizo la escritura y en forma paralela en la Ley de Bosques se pintó esa zona de amarillo porque era bosque nativo, entonces no se podía realizar una urbanización.
El gobierno de Omar Gutiérrez pretendió en 2019 que se cambie la ley de bosques con el objetivo de permitir una urbanización más espaciada en la zona nueva que le habían dado al concesionario del cerro y se aprovechaba también para cambiar las zonas en Villa La Angostura, pero no consiguió aval legislativo.
Son 90 las hectáreas que recibió el concesionario en una zona en la que, en teoría, no se puede urbanizar.