En pleno siglo XXI, instituciones públicas siguen reproduciendo tratos discriminatorios contra personas por su color de piel, vestimenta y lengua indígena
Oaxaca, Oax. (sucedióenoaxaca.com).- Hace algunos años, en el aula de un plantel del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), en la comunidad de Santa María Yucunicoco, se encontraba un listado de diez reglas para poder entrar a clases, una de éstas era que el estudiantado no hablara mixteco, su lengua originaria.
Irónicamente, fue en esa aula donde Cepiadet había convocado a diversas autoridades municipales de la región para impartirles un taller sobre derechos indígenas.
Historias como ésta, son las que han conducido al Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A. C. (Cepiadet) a emprender iniciativas para revertir tales escenarios de racismo y discriminación, latentes en pleno siglo XXI.
Así lo relató Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo de Cepiadet, durante la presentación oficial de los materiales impresos y audiovisuales sobre racismo y prácticas antirracistas, dirigidos a instituciones del sistema de justicia estatal.
Fue en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo, que dichos materiales fueron dados a conocer, de manera conjunta con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
A esta actividad acudieron personal de la DDHPO, defensoras y defensores públicos, y servidores públicos del Poder Judicial, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil.
La titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, recordó el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, cuando en 1960 la policía abrió fuego y asesinó a más de sesenta personas durante una manifestación pacífica contra las leyes racistas del Apartheid en Sudáfrica.
A su vez, Maribel González Guerrero, coordinadora de la iniciativa "Hacia una agenda antirracista para el acceso a la justiciade las personas, pueblos y comunidades indígenas de Campeche, Oaxaca y Yucatán", expuso que fue a raíz de este proyecto que empezaron a surgir las propuestas de los materiales presentados, a fin de concientizar a las y los operadores de justicia del Estado respecto a los derechos lingüísticos y la urgencia de abonar a la construcción de un Estado pluricultural.
Explicó que los carteles y mensajes en español y lenguas indígenas se están distribuyendo en espacios públicos gubernamentales, en estaciones de radio comunitarias y en las redes sociales.
En tanto, Sara Méndez Morales, integrante del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos, Gobixha A. C. precisó que el racismo y la discriminación no son iguales pues, mientras el racismo atribuye características esenciales a las personas entre las cuales considera aspectos físicos, como el color de la piel, y culturales como la lengua o vestimenta, que lo determinan para darles un trato excluyente, la discriminación excluye derechos de grupos históricamente en desventaja a quienes niega derechos, servicios o recursos.
De igual forma, Sara Méndez recalcó que el racismo carece de un fundamento biológico por lo que, aseguró tajante, no existen "razas" humanas superiores ni inferiores, lo único que pasa es que las personas poseen diferentes fenotipos.
En su turno, Larisa Ortiz Quintero, magistrada del Tribunal Superior Agrario, hizo un exhorto a combatir el racismo que se sigue reproduciendo en diversos ámbitos públicos y privados, y puso como ejemplo su propio caso al ser destituida de la presidencia del Tribunal Superior Agrario y haber sido cesados todos sus colaboradores con argumentos como carecer de conocimiento y experiencia para ostentar tal cargo.
Además, Ortiz Quintero enfatizó cobre la importancia de abonar a las prácticas antirracistas y exhortó a todas las personas a expresarse en su lengua sin tener vergüenza, a usar con orgullo la ropa que heredaron de sus ancestros, y "a exigir nuestros derechos con todas nuestras características".
Solo de esta forma, concluyeron las y los participantes, podrán combatirse escenarios como el planteado en una reciente nota informativa que señalaba a un servidor público de alto rango que prohibió a sus colaboradores hablar su lengua originaria porque podría prestarse a que hablaran mal de él.
A la presentación de los materiales impresos y audiovisuales sobre racismo y prácticas antirracistas, dirigidos a instituciones del sistema de justicia estatal asistieron la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Bertha Ruth Arreola Ruiz, el Magistrado Luis Enrique Cordero, integrante de la Sala de Justicia Indígena del Poder Judicial, y del director de la defensoría Pública, Marcelo Merino.