La entrada en servicio de la nueva contrata para la recogida de residuos, limpieza viaria, playas y mantenimiento de jardines de Formentera, adjudicada a la empresa PreZero el pasado año y prevista para el 26 de este mes de marzo, no está asegurada. La vicepresidenta y consellera de Gestión Ambiental, Verónica Castelló, afirmó ayer que en esa fecha «no lo vamos a tener». La empresa «está enrocada y no cambia de argumentos porque no puede asumir el coste de ese convenio y los trabajadores están reclamando lo suyo, que es lo normal».
Se ciernen sobre este servicio esencial dos conflictos que se solapan. Uno tiene que ver con la denuncia de UGT sobre el incumplimiento del convenio laboral para este año, que recoge una subida salarial del 4,5% y que llevan sin percibir desde el mes de enero. En cambio, en 2023 sí se cumplió con la subida del 5,5% pactada entre empresa y trabajadores. En total, PreZero tiene 35 trabajadores en plantilla, sin contar el personal de refuerzo de los meses de verano.
Tras intentar este miércoles un acuerdo en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (Tamib), el sindicato UGT confirmó su decisión de mantener la huelga, convocada entre el 26 de marzo y el 1 de abril, en plena Semana Santa.
El segundo factor que pone en riesgo el servicio es que la empresa está pidiendo una actualización de los precios con el que ganó el concurso, al que se presentaron tres empresas más, y que se cubriría aportando el Consell cinco millones de euros más, algo a lo que la institución no está dispuesta.
La contrata, adjudicada en 2023, tiene un periodo de duración de ocho años más dos de prórroga con un precio total de alrededor de 35 millones de euros, que es el contrato de mayor cuantía que maneja la institución insular.
La guerra en Ucrania
En este caso, la consellera admite que debido a la demora en la adjudicación y a la variación de precios de combustibles y precios de materiales derivados de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, «se puede compensar ese desajuste con dos millones de euros más, pero no con cinco millones».
La vicepresidenta primera reconoció que «la situación es muy preocupante porque parece que la empresa se ha enrocado y todo indica que no tendremos el servicio», por lo menos el próximo 26 de marzo.
Ese día los nuevos camiones, los nuevos contenedores, papeleras y demás maquinaria que deben ser renovados tendrían que entrar en funcionamiento y ser visibles, pero la consellera del área admite que no será así ya que la empresa «aún no ha hecho los pedidos del material».
La empresa
Con esto se complica la crisis en el Consell de Formentera, ya que este tema también afectaba al área económica, que ahora está en manos del presidente del Consell, Llorenç Córdoba, después de que este destituyera a José Manuel Alcaraz como conseller de este departamento.
La consellera no esconde que «la empresa ha dejado de cumplir con el convenio laboral de los trabajadores, como medida de presión hacia el Consell, cuando dicen que no pueden [PreZero] asumir el convenio con sus trabajadores». Verónica Castelló destaca que lo que la empresa está reclamando «es una actualización de precios y eso no lo podemos hacer porque cambiaríamos las reglas del juego; si aceptamos esa actualización del precio de una contrata pública en la que se han presentado diferentes empresas y cada una ha hecho su oferta a partir de un precio de salida y ha ganado la mejor por 35 millones de euros...». A su juicio, si el Consell hace ahora una actualización de precios, «el resto de empresas pueden reclamar».
Dentro de esa negociación, Castelló explica que el Consell «ha asumido su parte de responsabilidad porque nos hemos retrasado». «Sufrimos la guerra de Ucrania con la subida del combustible y de la maquinaria y ahora [Prezero] nos reclama». El Consell asume por lo tanto su demora y «esa parte, que es de unos dos millones de euros».
En cuanto al convenio laboral, apunta que «solo podemos aceptar la misma subida que aplicamos a los funcionarios del Consell, del 2%, que es lo que podemos hacer por Ley». No obstante, detalló que «la empresa dice que no es suficiente y que no pueden asumir la diferencia».
Castelló admitió que ahora «nadie da su brazo a torcer y la huelga sigue convocada si, antes del 26 de marzo, no llegamos a un acuerdo». Por este motivo, el Consell ya se está preparando para exigir los servicios mínimos.
El presidente del Consell
Verónica Castelló añadió que durante todo este tiempo, y junto al ex conseller de Promoción Económica, José Manuel Alcaraz, han estado trabajando en alcanzar una solución al conflicto: «Ahora nos toca trasladar toda esta situación al presidente del Consell [Llorenç Córdoba] porque no la conoce, no se ha preocupado en estos meses por saber cómo está ese conflicto».
La vicepresidenta primera se teme ahora «una batalla legal porque la empresa no está conforme y nos pondrán un recurso, seguro».
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