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Los "empresarios" del transporte de pasajeros del área metropolitana de Asunción volvieron a las andadas, con la expectativa de que el Viceministerio de Transporte no les cancele las licencias ni el Ministerio Público les impute. Ocurre que una larga experiencia les dice que el chantaje que supone someter a los usuarios a largas esperas para arrancar concesiones al Estado habrá de quedar impune mientras cuenten con la complicidad de la "clase política", que se valen de sus buses durante las campañas electorales y en el día de los comicios. Saben que seguirá siendo letra muerta la Ley N° 6789/21, que cancela la licencia, el itinerario y el subsidio de la empresa que no opere regularmente a las 24 horas de haber sido intimada, y considera un delito, denunciable penalmente por todo ciudadano, que sus directivos, accionistas o representantes amenacen o extorsionen por cualquier medio a órganos estatales relacionados con sus pésimos servicios.
La impunidad con la que los "empresarios" actúan les induce a la canallada de convertir a los indefensos usuarios –una y otra vez– en una suerte de rehenes para imponer sus pretensiones: las víctimas deben aguardar un vehículo durante prolongados minutos, para luego viajar apiñadas y hasta en las estriberas, con el riesgo de perder la vida o de llegar tarde a sus lugares de trabajo o de estudios, sin que los miserables victimarios sean punidos de acuerdo a la ley. Estos desalmados, que en 2023 recibieron 332.550 millones de guaraníes (46 millones de dólares) de los contribuyentes de todo el país, continuarán abusando de la paciencia colectiva mientras los organismos idóneos lo permitan, pese a que deben actuar de inmediato para poner fin a las indignantes "reguladas".
Ya han pasado trece años y cinco Gobiernos desde la implementación del subsidio, pero la burla cruel se repite hasta el punto de que cabe concluir que no responde solo a la negligencia del aparato estatal, sino también –y sobre todo– al contubernio entre las autoridades de turno y quienes delinquen robando al erario con el cobro de subsidios fraudulentos y maltratando a los usuarios, aglomerados en las paradas bajo el sol o la lluvia. En 2021, excepcionalmente, la Secretaría de Defensa del Consumidor aplicó una multa de 44 millones de guaraníes a cada una de las 17 líneas que habían disminuido la frecuencia de sus lamentables servicios, sin que la medida haya tenido un efecto disuasivo: los "empresarios" siguen en las mismas porque ni el Viceministerio de Transporte ni el Ministerio Público cumplen con sus respectivas obligaciones; hasta hoy, ninguno de ellos ha sido tan siquiera procesado conforme a la Ley N° 6789/21, lo que plantea la pregunta de si el fiscal general del Estado tiene algo que decir al respecto.
Como de la reiterada infamia tampoco se ocupan la Defensoría del Pueblo, los diputados por Asunción y el Departamento Central y la municipalidad capitalina, a la que debería interesar la suerte de los vecinos, hubo que crear una Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (OPAMA) para que los agraviados se defiendan por sí mismos: en la medida de sus posibilidades, lo está haciendo muy bien, pero parece que sus reclamos deben ser aún más enérgicos, en el marco de la ley, para quebrar la nefasta alianza entre las autoridades competentes y quienes someten a los usuarios a un calvario interminable. Le alentamos en tal sentido, al igual que a las organizaciones de trabajadores y empleadores, hasta hoy bastante silenciosas con respecto a esta deplorable cuestión: el año pasado, la Federación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas criticó la falta de transparencia en cuanto a los costos del servicio y reclamó su mejora, así como la revisión del subsidio al "cártel del transporte público". Convendría que los gremios empresariales también se pronuncien sobre las cínicas "reguladas", que atentan contra el buen cumplimiento de la jornada laboral, salvo que crean necesario solidarizarse con los "empresarios" de marras por el solo hecho de autodenominarse así e integrar sus organizaciones, sin compadecerse de sus empleados ofendidos.
El hecho de que esta repugnante historia se repita una y otra vez revela un deplorable desinterés hacia quienes se ven forzados a recurrir al transporte público, para ser vejados regularmente con todo desparpajo. Aunque los responsables de los sectores público y privado se desplacen en sus propios vehículos, no debería costarles mucho imaginarse las penurias de quienes deben abordar viejos buses abarrotados, tras una penosa espera provocada con toda malicia. Es preciso poner fin a este continuo atropello a la ley y a los términos de la concesión del servicio, es decir, a la dignidad de los usuarios, que carecen de alternativas para escapar al agravio padecido ante la indiferencia gubernativa: hay que liberarlos de su condición de rehenes.