El Gobierno busca sumar al proyecto de ley ómnibus "bis" un artículo para introducir un "filtro" para impedir la creación de nuevas universidades públicas.
La ley de educación superior vigente plantea que las universidades solo pueden crearse a través de una ley, con previsión del crédito presupuestario correspondiente y en base a un estudio de factibilidad que avale la iniciativa. La disolución de las mismas también tiene que pasar por el Congreso y ambas decisiones requieren un informe previo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), un órgano que reúne a todas las casas de estudio y sus rectores. Este es el punto que el Gobierno quiere retocar.
La propuesta, que cuenta con la aprobación del presidente
Javier Milei, que fue elevada a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello,
busca que el informe del CIN sea un dictamen vinculante y no un informe técnico, como ocurre ahora.
Como consignó La Nación, la intención es hacer al Consejo responsable en caso de que se detecten malversaciones, mal uso del presupuesto o falsedades en la cantidad de estudiantes matriculados. Así,
si el Poder Ejecutivo o la Justicia, detectaran irregularidades, el CIN sería responsable.
La iniciativa cobró fuerza la semana pasada, cuando el DNU fue rechazado en el Senado y el principal apuntado fue el legislador, presidente de la UCR, Martín Lousteau. Y es que gran parte del radicalismo esta vinculada a las universidades, en donde el reformismo controla múltiples facultades de la UBA, como la de Ciencias Económicas o Medicina, a través de aliados, y universidades como la de Almirante Brown, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y la de San Antonio de Areco.
Tras la caída del DNU en la Cámara alta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
apuntó directamente contra Lousteau y lo acusó de haber votado en contra porque le "sacaron las cajas" de esas casas de estudio. La distribución de los fondos discrecionales que iban a las universidades, prácticamente equivalentes a la suma de los presupuestos de cada una individualmente, tiene 0% de ejecución este año.
Durante la gestión anterior el Congreso aprobó la creación de cinco universidades: las del Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y la de las Madres de Plaza de Mayo. Las primeras tres fueron proyectos de autoría de oficialistas, con especial impulso de Sergio Massa (Tigre) y los intendentes Juan Andreotti (San Fernando) y Ariel Sujarchuk (Escobar) en el primer caso.
Mientras que la de Río Tercero fue impulsada por el radicalismo, cuyos legisladores, con Emiliano Yacobitti a la cabeza,
fueron autores de otra ley para la creación de la Universidad Nacional de Saladillo.
Los dictámenes de minoría durante el proceso de debate previo al recinto objetaron el incumplimiento de ciertos requisitos en los proyectos, como un informe de factibilidad, que no fue presentado o la planificación del dictado de carreras. Estos reclamos se repitieron en todas las discusiones en Diputados. "Para poder dar cumplimiento a la manda constitucional, los legisladores deben contar con todos los elementos que corresponden y que por ley se establecen para tener información precisa, actualizada y concluyente que nos permita tomar la decisión acertada", mencionó el dictamen de minoría del proyecto de creación de la Universidad del Delta, con la firma de diputados de la Coalición Cívica.
Desde el Ministerio de Capital Humano se intentó frenar con una resolución la creación por ley de las cinco universidades. Se suspendieron los nombramientos de cinco rectores normalizadores designados con anterioridad y se intentaron recuperar las transferencias por $500 millones que se habían hecho justo antes de que termine la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, esos presupuestos se están ejecutando.