La ofensiva parlamentaria por la supuesta trama de corrupción conocida como 'caso Koldo' lleva anunciada días y la presión no ha dejado de crecer. Pero el Grupo Popular en el Congreso ha terminado de rematarla con un arreón de iniciativas este jueves, poco antes de que la comisión de justicia dé luz verde a la ley de amnistía pactada entre el PSOE y los independentistas. Y ya la bautiza por escrito en la Cámara Baja como "caso Sánchez".
Los populares han solicitado la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el director general de la Guardia Civil y el secretario de Estado de Seguridad. Al primero le exige conocer de urgencia en el Pleno "las averiguaciones en las últimas 72 horas" que le han llevado a destituir al secretario general de Puertos del Estado. Este periódico informó de que ese organismo dependiente de Transportes ocultó a Hacienda su relación con el comisionista Víctor de Aldama, y también que justificó el contrato con la trama para "dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por el ministro", en referencia a José Luis Ábalos. Además, exige su comparecencia en comisión para que dé cuenta de las responsabilidades de su departamento en todo el caso.
A Marlaska el PP le pide que explique los motivos por los que el Ministerio que dirige "está siendo investigado" en la trama de compra de mascarillas con comisiones en la que ya se detuvieron a 20 personas. En cuanto a los altos cargos, al director de la Guardia Civil le exigen explicar las "posibles filtraciones" de la investigación, ya que según el auto del juez hubo implicados "que fueron alertados"; mientras que al secretario de Estado le llaman después de haber ido a declarar ya en calidad de testigo.
Además, el grupo parlamentario que dirige Miguel Tellado ha hecho ocho reclamaciones de contratos y documentos relacionados con el caso, los mismos que dicen que algunas administraciones socialistas se niegan a enseñar, y registra un total de 62 preguntas al Gobierno para tener respuestas por escrito sobre todas las ramificaciones.
El PP ya exigió durante días que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareciera para explicar toda la relación de su administración -el Govern balear- con la trama, ya que fue uno de los ejecutivos socialistas que contrató con la empresa de las supuestas mordidas. Además, llevan días exigiendo su dimisión.
La comparecencia de Armengol fue para el PP "una forma de ganar tiempo", aunque consideran "que quedó todavía peor" porque "no solo no respondió a los asuntos clave" (la persona del Ministerio de Transportes que contactó con su Govern, el motivo por el que tardó más de tres años en reclamar por unas mascarillas que no eran las encargadas o por qué cargó a los fondos europeos un material que no era el deseado y que no servía, ya que lo almacenó y dejó caducar), sino que "abrió nuevos interrogantes".
La nueva batería de iniciativas parlamentarias se suma a la presentada el pasado 28 de febrero, cuando registraron otras 33: dos peticiones urgentes de comparecencia en Pleno, seis solicitudes de comparecencia en la Comisión de Transportes y en la de Hacienda y 25 preguntas dirigidas al Ejecutivo para su respuesta por escrito.
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