Zoon Politikón
En el Congreso de la República se está debatiendo la iniciativa 5254 «El desarrollo económico de la mujer», presentada por el congresista Manuel de Jesús Rivera, presidente de la Comisión de la Mujer. Esta propuesta se presentó en mayo de 2018 y recibió un dictamen favorable en noviembre de 2019. Sin embargo, la primera lectura en el pleno del Congreso, que originalmente estaba programada para abril de 2020, ha sido pospuesta hasta la fecha actual.
La propuesta persigue implementar iniciativas económicas, proyectos productivos y de empoderamiento económico para las mujeres. También busca crear el Fondo para el Desarrollo Económico de las Mujeres (Fodem), que consiste en Q 75 millones destinados a apoyar y dotar de recursos financieros y técnicos a un sector de mujeres.
Esta iniciativa no debe ser aprobada debido a varias razones respaldadas por diez premisas fundamentadas en la Constitución Política de la República y otras leyes de Guatemala.
La primera premisa se basa en el hecho de que no tiene como objetivo eliminar barreras, sino generar privilegios y derechos exclusivos para un grupo específico de mujeres, lo cual plantea preocupaciones en términos de su constitucionalidad y legalidad. El espíritu de la constitución y otras leyes relacionadas que supuestamente respaldan esta iniciativa se plantean de manera maliciosa, ya que, al estudiarlas en su contexto completo, expresan que, para lograr la igualdad de derechos y responsabilidades, se deben eliminar "… todas las barreras existentes que lo impidan, en un ambiente fraterno donde el bien común es más importante que el individual".
La iniciativa no busca eliminar las barreras existentes para lograr la igualdad de derechos y responsabilidades, sino que propone la creación de instituciones específicas para otorgar privilegios y ventajas económicas a un grupo determinado. Estos privilegios podrían considerarse egoístas y podrían desvalorizar tanto a los hombres como a la propia institución familiar. Además, se fundamentan exclusivamente en la ideología de género, promoviendo un enfoque de emancipación gradual con un énfasis en el matriarcado e ignorando deliberadamente a la institución de la familia.
La Constitución indica que el Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia, y que en Guatemala «todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades».
La segunda premisa plantea que esta iniciativa no tiene como objetivo promover el bien común ni la integración e igualdad de derechos en el hogar, sino que, por el contrario, podría tener un efecto perjudicial en ellos, vulnerando las garantías constitucionales de protección a la integración familiar y de igualdad de los hijos. La ideología de género, como parte radical de la Agenda 2030, tiene como objetivo destruir el matrimonio y la familia. Esto queda claramente reflejado en la iniciativa, ya que se centra en generar oportunidades y beneficios exclusivamente para un sector de mujeres, sin la participación de los miembros de la unidad familiar al fomentar desigualdades entre todos sus miembros por razones de sexo. Sin embargo, el objetivo final debería ser lograr un crecimiento integral para todos.
Esta premisa se fundamenta en el hecho de que, si bien la familia se menciona en algunos estudios, no se toma en cuenta en ninguna parte de la iniciativa, dejándola como un ente independiente de la realidad de la mujer. Al no buscar el crecimiento integral de la familia, se propone únicamente el crecimiento de uno de sus miembros y no se plantea ningún punto de conciliación con el hombre ni entre hijos e hijas. Esto en lugar de corregir, fomenta la cultura de la discriminación y los privilegios, que tarde o temprano, de forma sutil y a veces grotesca, destruirá la fraternidad en el hogar y, en última instancia, contribuirá a la destrucción de la sociedad guatemalteca.
La tercera premisa señala que la iniciativa es un medio para introducir conceptos de la ideología de género, fomentando la polarización social y la destrucción de la familia. Esta estrategia ha sido implementada en países como Chile, Colombia, México, Venezuela y Nicaragua, con el propósito de socavar la vida, la familia y las libertades. Se sigue una estrategia que consiste en inundar el Congreso con iniciativas de corte socialista progresista, que son aprobadas sutilmente una a una durante un período y, en caso de no ser posible, son aprobadas en un segundo período progresista para destruir las instituciones que les interesan y, con ello, a la sociedad.
Se inicia con la introducción de proyectos que parecen ser beneficiosos para la sociedad, pero que en realidad tienen objetivos maliciosos que se manifiestan con el tiempo. Al mismo tiempo, se añaden artículos que a menudo pasan desapercibidos, pero que forman parte de las tácticas destructivas de estas ideologías, cuyo propósito es fomentar la polarización y el conflicto, como la lucha entre cónyuges y los propios hijos, provocando la desintegración familiar, violando así las garantías constitucionales que protegen a la familiaridad.
El proyecto incorpora el concepto de 'interseccionalidad', el cual se considera controvertido, ya que ha sido desarrollado por corrientes socialistas con el fin de requerir que las instituciones estatales destinen una gran cantidad de recursos y privilegios de trato, para cubrir supuestos derechos necesarios para alcanzar una presunta igualdad social. Esto se basa en la premisa de que una persona, al no haber tenido las mismas oportunidades que las clases más favorecidas, puede exigir al Estado dichas oportunidades, lo cual contrariamente, pretenden alcanzarlo generando desigualdades ante la ley y otorgando privilegios a algunas personas.
Continuará…
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