Coincidiendo con el XX aniversario del 11-M, el director de EL ESPAÑOL reconstruye sus vivencias al frente de 'El Mundo'. En esta tercera entrega, reconstruye cómo la tenacidad periodística puso en evidencia antes del juicio la falta de una prueba pericial del explosivo -digna de tal nombre- que estalló en los trenes. Eso impulsó al Tribunal a tomar la decisión sin precedentes de ordenar un análisis pericial, tres años después de la masacre.
Este y los siguientes capítulos son fragmentos inéditos del borrador del segundo tomo que Planeta tiene previsto publicar en 2025. Las dos primeras entregas están basadas en 'Palabra de Director', primer tomo de las Memorias de Pedro J. Ramírez publicadas en 2021 por Planeta.
Nuestra investigación periodística consiguió provocar un gran avance en la búsqueda de la verdad del 11-M en un momento crítico. La masacre de Madrid había dejado casi 200 cadáveres y dos mil heridos y había cambiado el curso de la historia de España. Tres años después iba a celebrarse el juicio contra los 29 acusados por el juez Del Olmo, tras una instrucción calamitosa llena de errores y omisiones.
La versión oficial, reflejada tanto en su escrito de acusación como en el de la fiscalía, señalaba a tres ideólogos islamistas -El Egipcio, Belhadj y Haski- como "autores intelectuales" o cerebros; a los muertos en la explosión del piso de Leganés -con El Chino, El Tunecino y Allekema Lamari a la cabeza- como responsables de los atentados; a Jamal Zougam, detenido la víspera de las elecciones, como autor material y a los integrantes de la trama asturiana como suministradores de la dinamita Goma 2 ECO, procedente de Mina Conchita, que según ese relato habría estallado en los trenes.
Esa versión oficial estaba sin embargo plagada de inconsistencias y enigmas. Destacaba en primer lugar la ausencia de pruebas contra los ideólogos.
En segundo lugar, la falta de detalle alguno sobre qué hizo cada uno de los suicidas de Leganés.
En tercer lugar, las contradicciones de los testigos que habían identificado a Zougam.
En cuarto lugar, las dudas sobre las principales pruebas aportadas por la Policía como la furgoneta Kangoo con restos de explosivo y versos coránicos, la mochila de Vallecas con una bomba en su interior y el Skoda Fabia con ADN de Lamari.
En quinto lugar, la condición de confidentes policiales o los lazos con el CNI de gran parte de los imputados.
Y, en sexto lugar, por encima de todo, el misterio sobre el tipo de explosivo que realmente estalló en los trenes.
Durante los tres años transcurridos esos enigmas o "agujeros negros" como los llamaba uno de nuestros mejores periodistas, Fernando Múgica, habían sido materia recurrente en mis conversaciones con el presidente del Gobierno. Bien porque sinceramente creía que lo sustancial era que se había tratado de un atentado islamista en venganza de la implicación de Aznar en la invasión de Irak, bien porque sus prioridades fueran otras, Zapatero siempre trataba con una mezcla de desdén y condescendencia las dudas que yo le planteaba.
Sobre todo, a partir del momento en que exhibió ante la comisión parlamentaria un informe policial que atribuía al "azar" los vínculos que miembros de ETA habían mantenido tanto con los traficantes de explosivos asturianos como con algunos de los islamistas. Para él esa era la cuestión definitiva: no había sido ETA y puesto que no había sido ETA, todo lo demás era secundario. Incluido el que las relaciones de gran parte de los imputados con los servicios españoles y marroquíes parecieran cada vez más sospechosas o que los episodios de negligencia policial y manipulación de pruebas resultaran cada vez más inquietantes.
Yo tenía muy presente que nuestra obligación consistía en hacer lo humanamente posible para contribuir al esclarecimiento de los hechos. No en defensa de ninguna tesis concreta, sino del derecho de los españoles a conocer la verdad de lo ocurrido, a través de una investigación rigurosa e imparcial.
Era innegable que el pecado original de Aznar y su gobierno al atribuir erróneamente a ETA la autoría de la masacre planeaba sobre cualquier revelación que se apartara del relato oficial. Pero el burdo juicio de intenciones que afloraba inmediatamente en la prensa gubernamental, acusándonos falazmente de resucitar esa tesis, no iba a arredrarnos en nuestro empeño. Máxime cuando topábamos con una investigación unidireccional en la que todo lo que se apartara de la ortodoxia era literalmente extirpado de los documentos.
Así ocurrió en concreto en el caso del informe de los peritos de la Policía Científica, alterado y manipulado por sus superiores para eliminar el hecho de que a uno de los islamistas se le había incautado una sustancia -el ácido bórico que también había utilizado algún comando de ETA.
Podía tratarse de una mera coincidencia, de "un dato irrelevante" como editorializó El Mundo, pero lo relevante era la actitud del jefe de la Policía Científica Miguel Ángel Santano y sus directos colaboradores impidiendo que ese elemento fáctico llegara al juez Del Olmo.
Tras varios vaivenes judiciales, entre los que destacó el intento del juez Garzón de incriminar a los peritos, Santano y otros tres mandos fueron juzgados y absueltos por falsedad documental. Según la sentencia, su conducta no había alcanzado la condición de delictiva, pero había estado plagada de "inveracidades", "irregularidades administrativas" y prácticas "inadecuadas e incorrectas".
En el caso de Santano su conducta fue "incompatible con la responsabilidad derivada de su cargo" porque "semejante frivolidad no podía permitírsela el titular de la Comisaría General de la Policía Científica".
En lugar de destituirlos o sancionarlos, como habría sido pertinente, Rubalcaba, ministro del Interior, ensalzó su conducta. En lo pequeño como en lo grande, el fin justificaba los medios.
Hacía tiempo que yo le había dicho a Zapatero que El Mundo abandonaría la investigación el día que alguien aportara una sola prueba de que el Skoda Fabia, hallado "casualmente" en las inmediaciones de la estación de Alcalá, tres meses después del atentado, con ADN del argelino Lamari, estaba allí en el momento de la masacre.
Era un reto teóricamente fácil de cumplimentar, pues tanto los cuerpos de seguridad como las cadenas de televisión habían peinado con sus cámaras la zona el 11-M y los días sucesivos. Lo que, sin embargo ocurrió, es que a la hora de las conclusiones ni el fiscal ni el juez tuvieron en cuenta su contenido ni su hallazgo. Todo apuntaba a que había sido colocada a posteriori por el CNI para sustentar la implicación de Lamari a quien había venido siguiendo estrechamente los pasos durante años.
Eliminada esa pieza del tablero, mi obsesión recurrente era la determinación del tipo de explosivo. Esa obsesión llegó a convertirse en un vehemente estribillo en mis conversaciones con el presidente.
- ¿Tú sabes lo que estalló en los trenes? Porque yo no. El juez y la fiscalía sostienen que fue Goma 2 ECO procedente de Mina Conchita porque eso es lo que había en la mochila de Vallecas, en la Kangoo y en el piso de Leganés. Pero el único informe que conocemos sobre el análisis de los restos de los focos es el de los Tedax y sólo habla de "componentes de las dinamitas". Eso no es decir nada. Es como decir que en un registro se encontró ropa. ¿Qué ropa? ¿Había camisas, qué tipo de camisas? ¿Qué dicen los análisis de la Policía Científica?
La controversia había sido alentada por el propio jefe de los Tedax, comisario Sánchez Manzano, quien en su comparecencia ante la comisión parlamentaria sobre el 11-M había asegurado que "en los restos que ha dejado la explosión, lo único que se puede averiguar es que es dinamita porque lo único que se puede encontrar es nitroglicerina que es componente común de todas las dinamitas".
El detalle habría quedado enterrado en las actas de la comisión si mi vicedirector Casimiro García-Abadillo, alertado por un especialista, no hubiera desvelado que la nitroglicerina no forma parte de la Goma 2 ECO pero sí del Titadyn.
No era un asunto anecdótico porque nos retrotraía a la primera versión policial -"Titadyn con cordón detonante"- sobre la que el Gobierno de Aznar construyó la atribución a ETA por tratarse del explosivo habitual de la banda. El propio Zapatero le pidió a Rubalcaba que me llamara para aclarar lo sucedido.
- Fue una confusión ... Mira, yo que soy químico, te puedo decir que es fácil confundirse sobre todo con un compuesto que forma parte de las dinamitas. No le deis más vueltas. Sánchez Manzano se equivocó, eso es todo.
El juez Del Olmo no tuvo sin embargo más remedio que citar a declarar a Sánchez Manzano. Practicó la diligencia ante la fiscal, sin informar a la mayoría de las partes, abriendo una pieza separada que declaró secreta.
Lo único que trascendió de esa comparecencia fue la misma explicación inverosímil que el jefe de los Tedax incluyó en una carta remitida al diario El País: se estaba refiriendo "en general a los focos de las explosiones de cualquier atentado, no en concreto a las del 11-M".
Nadie se tragó esa ocurrencia. En medio del clamor de los sindicatos policiales, Sánchez Manzano fue relevado en el mando de los Tedax y trasladado a la comisaría de Móstoles. Tuvieron que transcurrir siete meses para que nuestro redactor de tribunales Manuel Marraco lograra hacerse con el texto de su declaración en pieza separada.
- ¡Esto es una bomba! -exclamó alguien en la redacción sin darse cuenta de la macabra ironía que adquiría la expresión.
- En este caso, tendrás que añadir "con perdón"... pero es verdad: informativamente es una bomba, maticé yo.
***
"Manzano admite que no se hizo ningún análisis 'científico' del explosivo del 11-M", titulamos el domingo 21 de enero de 2007 a cinco columnas.
Resultaba que el aún jefe de los Tedax había declarado al juez que las pruebas realizadas en su unidad, a las pocas horas de la masacre sólo tuvieron un "carácter investigativo" y que si no aportó la composición "ni cuantitativa ni cualitativa" del explosivo fue por los "medios elementales" de los que disponía.
No explicó, sin embargo, por qué no remitió las muestras recogidas en los diez focos de las explosiones a la Policía Científica y -lo más sorprendente- el juez Del Olmo tampoco se lo preguntó.
Aquello era un doble escándalo y así lo explicó nuestro editorial: "Resulta totalmente inaudito que a punto de cumplirse el tercer aniversario de la masacre del 11-M nos enteremos hoy de que no existe -porque no se hizo- ningún informe con valor científico de los restos de los explosivos que estallaron en los trenes... Ello constituye, sin duda, un gran escándalo pero hay otro escándalo dentro del escándalo: que sea una vez más este periódico quien haya tenido que descubrir este secreto inconfesable, tan extraordinariamente relevante para la investigación policial... La principal prueba incriminatoria contra el comando de Leganés reside en que las Fuerzas de Seguridad hallaron en el piso restos de Goma 2 ECO, el explosivo que, según consta en el sumario, se utilizó para volar los trenes. Pero ahora resulta que no hay análisis científico ni documento alguno que pruebe que el explosivo de los trenes era Goma 2 ECO".
De hecho, de esa declaración ante el juez se desprendía que el único informe sobre los restos de explosivos encontrados en los focos era el firmado el 26 de marzo de 2004 por una funcionaria de los Tedax y por el propio Manzano en el que sólo se hablaba de "componentes de las dinamitas".
Había sido remitido a Del Olmo un mes más tarde, el 26 de abril. Para más inri el informe carecía de validez procesal, pues la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere la firma de dos "técnicos" y Manzano, licenciado en Derecho, carecía de esa condición. Preguntado por Del Olmo por qué tardó mes y medio en entregar algo tan somero, contestó que antes tuvo que atender "otras diligencias urgentes".
Tal fue el impacto de lo publicado que, cuarenta y ocho horas después, el tribunal que iba a juzgar los hechos -integrado por los magistrados Javier Gómez Bermúdez, Alfonso Guevara y Fernando García Nicolás- aprovechó el auto de apertura del juicio oral para tomar una decisión sin precedentes en la Audiencia Nacional: ordenó repetir los análisis de los restos de explosivo hallados tres años antes en los focos de los trenes.
Para ello dio a la Guardia Civil y a la Policía un perentorio plazo de veinticuatro horas para que entregaran todas las muestras recogidas en los vagones y estaciones, y acordó formar un grupo de ocho peritos, constituido por cuatro técnicos de los cuerpos de seguridad y cuatro profesionales designados por las partes.
Debían entregar sus conclusiones en el plazo de quince días, a tiempo para incorporarlas al sumario antes de que el 15 de febrero comenzara la vista oral. Para mayor garantía de transparencia, la pericia se realizaría en el laboratorio de la Policía Científica y sería grabada en audio y video por cámaras expresamente colocadas para ello.
Esta iniciativa no sólo ponía en evidencia al ya exjefe de los Tedax, sino que suponía un varapalo para el juez instructor y la fiscalía. Del Olmo se había negado sistemáticamente a encargar nuevos análisis y la fiscal encargada del caso, Olga Sánchez, había llegado a perder los nervios en una reunión con varios abogados defensores:
- El explosivo es Goma 2 ECO; es lo que estalló en los trenes y en Leganés. Es un tipo de explosivo que no tiene nada que ver con el Titadyn. ¡Y ya vale!
Esta salida de tono, en presencia del instructor, le había merecido el apodo de "Olga vale ya", utilizado por varios de nuestros columnistas.
El Mundo celebró la decisión del tribunal -era un hito que compensaba la vileza de los ataques que sufríamos- con un editorial titulado "Primer paso firme del Estado en pos de la verdad del 11-M".
Además de elogiar la resolución de los tres jueces y exponer la dificultad técnica que iba a entrañar una pericia al cabo de tanto tiempo, aprovechamos para dejar clara una vez más nuestra motivación y actitud: "Nuestra intención desde el primer momento no ha sido corroborar ninguna hipótesis previa, sino aportar informaciones relevantes que contribuyeran a aclarar el atentado... Nuestra opinión sigue y seguirá siendo la misma: la versión oficial plasmada en las conclusiones apresuradas y tramposas de la comisión del Congreso y en los escritos del juez y la fiscal, está plagada de errores, contradicciones e incógnitas que nadie hasta ahora ha podido despejar. El Mundo no tiene una teoría alternativa. Sólo quiere que se agoten todas las posibilidades para aclarar la masacre".
Casimiro García-Abadillo publicó al día siguiente una columna titulada "Pero ¿no estaba todo tan claro?", en la que presentaba el auto de apertura del juicio oral como "una enmienda a la totalidad a la instrucción" y subrayaba que "pone de relieve una de las fallas más profundas del sumario: casi tres años después del atentado aún no se sabe con exactitud qué explotó en los trenes".
Mi vicedirector añadía: "Hace tan sólo 24 horas hacer esa afirmación era motivo de escándalo. La versión oficial de los hechos no admitía fisuras. Cuestionar esa verdad acarreaba graves acusaciones".
Casimiro elogiaba también que el tribunal admitiera citar como testigos a los etarras Henri Parot -cuyo teléfono había aparecido en la celda del número dos de Lamari-, Gorka Vidal e Izkur Badillo. Los dos últimos conducían la llamada "caravana de la muerte" interceptada con 500 kilos de explosivo el mismo día en que, según el sumario, El Chino y sus secuaces trasladaban 200 kilos de Goma 2 ECO desde Asturias.
El ex minero Suárez Trashonas que suministró esos explosivos había declarado ante Del Olmo que El Chino le había dicho que los conocía. Podría ser verdad o mentira, relevante, irrelevante o fruto del "azar", como decía la Policía, pero era incomprensible que ni el instructor ni la fiscal hubieran hecho nada por aclarar esas circunstancias.
En el equipo directivo del periódico, aquel auto produjo satisfacción, pero no sorpresa. Hacía semanas que el presidente del tribunal Javier Gómez Bermúdez, un magistrado brillante y enérgico cuyo cráneo a lo Yul Brynner y dotes escénicas le catapultarían pronto a la condición de celebridad televisiva, venía mandándonos mensajes de apoyo a nuestra investigación.
Uno de los más concretos llegó a través de su ex compañero de la Audiencia, Javier Gómez de Liaño, a quien propuso que organizara un encuentro conmigo. A mí me pareció que, por muy discreta que fuera la cita, siempre habría riesgo de que trascendiera y el antecedente de la "teoría de la conspiración", construida por el felipismo a partir de mi relación con el juez Garzón durante la investigación sobre los GAL, me aconsejaba una especial cautela.
- Dale las gracias de mi parte, Javier. Dile que yo también tengo muchas ganas de conocerle y que me encantará charlar un día con él, pero que lo más prudente es hacerlo después de que haya dictado la sentencia.
Como alternativa, me pareció bien que la adjunta al director Victoria Prego, conectada familiarmente con el mundo judicial, montara una comida en su casa con Gómez Bermúdez y Casimiro. Por lo que me contaron ambos, el encuentro fue como la seda: el presidente del tribunal valoraba muy positivamente las aportaciones del periódico y compartía muchas de nuestras apreciaciones.
Según publicaría Casimiro en el prólogo de un libro varios años después, Gómez Bermúdez consideraba a su colega Del Olmo "un juez muy limitadito", y aseguraba que los mandos policiales que habían manipulado la investigación terminarían yendo "caminito de Jerez", es decir, a la cárcel. Esa misma expresión la oyeron de sus labios otros colegas con los que también se reunió durante esa etapa.
Todo aquello parecía muy alentador y reforzaba nuestras expectativas ante el inicio del que iba a ser el juicio del siglo, pero yo no dejaba de considerar las circunstancias políticas en las que iba a celebrarse.
Desde el 14-M había una mayoría de izquierdas que daba estabilidad al gobierno y, aunque el talante de Zapatero marcara un tono muy diferente al de los tiempos de González en las relaciones con la oposición y la prensa, la explicación de que el 11-M había sido la respuesta de Al Qaeda al apoyo de Aznar a Bush era la piedra angular de su relato. También el convencimiento de que la atribución de la masacre a ETA por parte del Gobierno del PP no había sido un error sino una mentira deliberada.
En ese contexto, la batalla por la renovación de la presidencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había estado condicionada por la habitual politización del Poder Judicial. Los vocales del CGPJ elegidos por el PP habían respaldado la reelección de Bermúdez, mientras los del sector autodenominado "progresista" se habían dividido entre Baltasar Garzón y José Ricardo de Prada. Este último tenía recurrida la decisión, alegando primero problemas de forma y luego el mayor peso de sus propios méritos. Bermúdez era un hombre ambicioso y sabía que la próxima renovación del CGPJ implicaría un cambio en la correlación de fuerzas.
Tampoco me tranquilizaba nada la presencia en el tribunal del mismo Alfonso Guevara que veintidós años antes me había recluido durante unas horas en un calabozo "por un capricho". Era sintomático que alguien capaz de comportarse así hubiera podido seguir progresando en la carrera judicial.
Se trataba en todo caso de aspectos secundarios. Lo esencial era que la tenacidad de nuestro periódico había reabierto la indagación sobre qué explosivo estalló en los trenes. Y nuestra actitud era lo suficientemente honesta como para dar por bueno el resultado de esa prueba pericial que iba a realizarse con luz y taquígrafos, tanto si rebatía la versión oficial como si la corroboraba.
* Mañana, cuarta entrega: ''Pufff... Dinitrotolueno".