El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha anulado los pliegos del nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza viaria de Benidorm. Una decisión que nace tras un recurso del PSOE a esos pliegos. Tras conocerse la resolución, los socialistas han pedido al alcalde Toni Pérez que dé explicaciones sobre todo lo relacionado con la tramitación de la nueva macrocontrata. Todo mientras el gobierno local, por medio del primer edil, ha solicitado a los departamentos de Contratación, Intervención, Ingeniería y Secretaría la elaboración de informes al respecto para poder tomar una decisión sobre el siguiente paso a dar.
Como ya ha publicado INFORMACIÓN, el TACRC ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por el PSOE de Benidorm y ha anulado el pliego de condiciones del proceso de licitación. Así, la resolución de este organismo, a la que ha tenido acceso este diario, acepta los cinco puntos que alegaron los socialistas para impugnar el proceso lo que deja invalidado el acuerdo plenario del 18 de diciembre donde se dio luz verde a las prescripciones técnicas de la nueva macrocontrata. Mientras el Tribunal dependiente del Ministerio de Hacienda se pronunciaba, el gobierno local dejó en suspenso el concurso, al que se presentaron tres empresas, a la espera de cuál era la resolución.
La portavoz socialista, Cristina Escoda, apunta a que "el alcalde ha mostrado ocultos intereses en todo lo relacionado con la tramitación del nuevo contrato de basura y limpieza, y debe dar explicaciones". Los puntos sobre los que se fundamenta la anulación de los pliegos afectan a la duración del contrato fijado en 15 años más uno de transición, la construcción de una base logística, los criterios evaluables mediante fórmulas, la valoración de inversiones y costes mediante juicios de valor y la omisión de los parámetros para la determinación de las ofertas formuladas con valores que las hacen anormalmente bajas, como ya publicó este diario,
Para la edil del PSOE, esta resolución confirma el "cero" a la gestión llevada a cabo por el alcalde en este asunto y, a su vez, "deja muchas preguntas en el aire que necesitan una respuesta". Entre ellas, "¿por qué tanta insistencia en que la duración del contrato fuera 15 años?, ¿por qué una valoración tan subjetiva de las ofertas?, ¿a quién pretendían supuestamente beneficiar y a cambio de qué?", afirma Escoda.
Como ya avanzó este diario el martes, el gobierno local ha encargado informes técnicos para saber qué pasos dar en este asunto. Así lo ha confirmado además el alcalde este miércoles quien indicó que serán los departamentos de Contratación, Intervención, Ingeniería y Secretaría los que se pronuncien al respecto tras la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC).
El Ayuntamiento "no tomará ninguna decisión al respecto hasta tener los informes redactados y los pasos a seguir en este asunto vendrán determinados por lo que se aconseje en dichos informes". Así, una de las opciones es presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en el plazo de dos meses. La resolución del TACRC ha sido trasladada a toda la corporación al incorporarse este miércoles mismo al orden del día de la próxima comisión informativa de Régimen Interior.
Unos pliegos aprobados en diciembre
Los pliegos de condiciones se aprobaron el 18 de diciembre solo con los votos a favor del PP y en contra del PSOE y Vox. Así, los populares "levantaron" en la misma sesión seis reparos "no suspensivos" del proceso que había puesto Intervención al contar con un informe favorable de la Intervención General de la Generalitat Valenciana y de la Junta Consultiva Superior de Contratación Administrativa de la Generalitat. Esos reparos son en los que se ha basado el partido de la oposición para presentar su recurso que ha sido aceptado y ha anulado el acuerdo plenario y los pliegos.
"El alcalde buscó una coartada en otros organismos para llevar a cabo su objetivo de licitar un contrato que podría haber llegado a costar 500 millones de euros a las arcas municipales. Una coartada que acaban de desmontar los técnicos del Ministerio de Hacienda", explica Escoda. El nuevo contrato de limpieza y basura "va de mal en peor" desde que caducó a finales de 2018, apuntan los socialistas.
"Ahora con la resolución de TACRC todo vuelve a la casilla de salida porque han hecho las cosas deficientemente", apunta y señala que el nuevo contrato "es el más caro de la historia de Benidorm" que "llevaba aparejado una brutal subida de tasas e impuestos para poder costear el servicio" y que, tras su anulación, "el Ayuntamiento debería buscar una fórmula para compensar a la ciudadanía por su irresponsabilidad".
Por último, Escoda ha señalado que el alcalde debería de pedir disculpas a este grupo municipal y ha recalcado que "el PSOE siempre ha trabajado y trabajará para defender el interés general por encima de las decisiones de un alcalde que no gestiona y que está más preocupado de hacerse fotos recorriendo la provincia que de su propio municipio". La edil añade que "cuando se le dicen las verdades a la cara nos acusa de embarrar, y ahora ha quedado patente que estamos para defender a nuestros vecinos y a la ciudad. Ya advertimos que íbamos a poner en marcha una ofensiva judicial para frenar unos pliegos y unas medidas fiscales que considerábamos abusivas, y nuestra iniciativa ya está dando sus primeros frutos".
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