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El drama humano que representa la migración en la frontera entre México y Estados Unidos ha alcanzado cuotas sin precedentes. Se calcula que existen entre 9,000 y 10,000 migrantes varados en ciudades como Tijuana, Juárez, Piedras Negras o Matamoros, ello sin contar a los miles de personas que se encuentran en territorio estadounidense, esperando que sea procesada su solicitud de asilo.
A medida que crecen los flujos migratorios en los diferentes puestos fronterizos de ambos países de Norteamérica, las condiciones de alojamiento, cuidado de las mujeres, los niños y los ancianos empeoran, y las muertes tanto en el cruce del Río Bravo como en el desierto aumentan sin parar.
Para los gobiernos, el tema migratorio –que proviene, principalmente, de Venezuela, Cuba, Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador, Colombia y países África y Medio Oriente—se ha convertido en una cuestión político-electoral frente a las elecciones presidenciales de junio (en México) y de noviembre (en Estados Unidos).
No así para la Iglesia católica que se ha convertido en una ardiente defensora de los derechos humanos de los migrantes, conformando una red de asilos y albergues que tanto en territorio mexicanos como en regiones del sur de los Estados Unidos son un faro de esperanza para los migrantes, quienes -a menudo- han pasado situaciones extremas en sus países y en el tránsito hacia «la tierra de la Gran Promesa».
Migración en México y USA:
La Casa Anunciación: un oasis acusado de tráfico ilegal
La Casa Anunciación de la ciudad de El Paso (Texas) fue fundada en 1976 por un pequeño grupo de jóvenes adultos que se reunieron con un deseo común: «experimentar el Evangelio más profundamente. Un principio rector fue la determinación de que cualquier cosa que se hiciera, tendría que ser en solidaridad con los pobres», según dice su misión.
Tras 45 años de trabajo y su expansión a diferentes casas de acogida en el sur de la Unión Americana, la Casa Anunciación de El Paso fue acusada por el Procurador General del Estado de Texas, el republicano Ken Paxton, de «facilitar la inmigración ilegal» por lo que ha emprendido una acción legal para poner fin a sus operaciones.
«El caos en la frontera sur ha creado un entorno en el que (las organizaciones no gubernamentales), financiadas con dinero de los contribuyentes de la administración Biden, facilitan horrores asombrosos, incluido el tráfico de personas», dijo Paxton en un comunicado el martes 27 de febrero.
Y agregó: «Mientras el gobierno federal perpetúa la anarquía que destruye este país, mi oficina trabaja día tras día para responsabilizar a estas organizaciones por empeorar la inmigración ilegal».
Ante la amenaza de cierre, tanto el presidente del Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, el obispo de Fort Wayne-South Bend, Kevin C. Rhoades, como los 13 obispos del Estado de Texas y de los estados mexicanos fronterizos; la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (CLAMOR), expresaron su rechazo ante la pretensión de criminalizar el trabajo solidario de la Casa Anunciación de El Paso.
Ni un paso atrás
En su reacción ante las acusaciones del Fiscal de Texas, el obispo de El Paso, Mark Seitz, aseguró que la labor de la Casa Anunciación «es un ejemplo de nuestro compromiso católico con los pobres, de la llamada cristiana a amar al prójimo y de nuestra voluntad de actuar donde muchos no lo hacen».
Haciéndose eco de lo que expresaron los obispos de Estados Unidos, de México y la Red CLAMOR (que es parte del Consejo Episcopal Latinoamericano), el obispo Seitz dejó en claro que la comunidad católica no renunciará «a la identidad de nuestras tierras fronterizas, un lugar que elige la compasión sobre la indiferencia, la fraternidad humana sobre la división, y la esperanza radical y el amor evangélico sobre el odio y la exclusión».
Finalmente, la CEM expresó su preocupación de que «criminalizar a instituciones como la Casa Anunciación acusándola de tráfico de personas sienta precedentes lamentablemente peligrosos, para condenar las obras de caridad realizadas por cualquier persona u organización, impidiendo mediante argumentos judiciales a las personas poder obrar el bien».