C. villar
Cada hectárea calcinada cuenta, pero el pasado año fue relativamente benevolente con los incendios. Según el balance del ahora conselleiro do Medio Rural en funciones, José González, a principios de diciembre en el Parlamento, el fuego afectó a menos de 6.800 hectáreas, en torno a un tercio del promedio de los últimos diez años. También las infracciones que cometieron los dueños de terrenos calcinados relativas a cambios de uso y de suelo registraron un mínimo en ocho años —si se exceptúa el caso de 2020 en un contexto de pandemia— de acuerdo con los datos de denuncias que maneja la Policía Autonómica, que tiene entre sus cometidos investigar incendios para esclarecer su origen y la realización de labores preventivas.
La Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia (UPA) advierte en sus memorias que, detrás de los incendios intencionados, pueden estar cambios de uso de suelo o de cultivo, de ahí que una de sus tareas sea la de supervisar las zonas donde ha ardido para impedir que sus propietarios, sin los preceptivos permisos, puedan, por ejemplo, modificar el uso de una finca de agrícola a forestal o sustituir una robleda por un eucaliptal. Cada mes, la UPA le recuerda a una decena de propietarios que rompen las reglas: en Galicia la tierra calcinada mantiene su calificación tres décadas, salvo permiso excepcional de la Administración gallega.
La mayor parte de las infracciones detectadas por los agentes el año pasado en este ámbito, en casi seis de cada diez casos, tienen que ver con que dueños de fincas cambiaron el cultivo al que estaban destinadas. En concreto, la Policía Autonómica eleva ese tipo de denuncias a 75, mientras las relativas a modificaciones de uso ascenderían a 55. La presión administrativa surte efecto: en total, suman 130 denuncias, la cifra más reducida en ocho años exceptuando 2020. En los dos últimos ejercicios, además, la cifra de infracciones se redujo en un 71 por ciento, al pasar de las 464 de 2021 a las 248 de 2022 y a las 130 del último ejercicio.
No obstante, si se computan todas las actuaciones de los agentes que desembocaron en expedientes al detectar irregularidades durante los últimos ocho años, son dos mil las infracciones detectadas y en tres de cada cuatro casos tienen que ver con el cambio de uso del suelo calcinado. Durante ese período, las fuerzas de seguridad realizaron más de diez mil inspecciones y ocho de cada diez pretendían comprobar precisamente si se habían producido cambios de uso del suelo.
Pero estas no son los únicos comportamientos bajo la lupa de la Policía Autonómica, que también tiene en el punto de mira a quienes realizan pastoreo en zonas ardidas, una práctica, cuestionan, "muy corriente", en zonas de montaña, y a quienes incumplen las franjas de seguridad o realizan talas no permitidas.
Los aprovechamientos forestales no son para jóvenes
Galicia perdió siete mil solicitantes de aprovechamientos forestales en relación a antes de la pandemia. Según el Instituto Galego de Estatística (IGE), en 2022 un total de 32.930 personas físicas residentes en Galicia solicitaron aprovechamientos forestales, un 17% menos que los más de 40.000 registrados en 2019. Además, y a pesar de que el 51,3 por ciento de esos ciudadanos tienen al menos 65 años, en la franja de edad de los pensionistas es donde se constata una mayor caída con respecto a la prepandemia. Así, entre los menores de 50 años, la disminución de solicitantes es de un 4,7 por ciento, casi cinco veces inferior a la registrada entre los más mayores. El perfil que refleja el IGE del solicitante residente en Galicia es el de un varón (los hombres representan el 57%) con una edad comprendidas entre los 60 y los 74 años y una edad media de 64,2 años. Casi la mitad perciben una pensión contributiva de la Seguridad Social. El grueso de los solicitantes vive en las proximidades del recurso forestal, un 80% en la misma comarca y dos de cada tres, en el mismo concello. No todos los propietarios de montes que quieren vender la madera son vecinos de Galicia: otros 2.300 residen fuera de la comunidad y en casi 850 casos se trata de personas jurídicas. En total se elevarían a 36.062 las personas que solicitaron aprovechamientos. La estadística, realizada en colaboración con la Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, revela que el grueso de la explotación la realizan residentes en la comunidad: cortaron el 78,4% del volumen total, con una media de 250,5 m3 por persona. En global, se realizaron 114.000 cortas para un total de 10,5 millones de metros cúbicos, un 10 por ciento más que el registrado un año antes, en 2021. El IGE señala que cuando se analiza el número de solicitantes que son persona jurídica en el año 2022, predominan los montes vecinales, tanto en porcentaje de cortas como en lo relativo al volumen. En concreto, este tipo de entidades realizan el 44,4% de las cortas, que suponen un 70,5% del volumen.
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