Sistema de Salud, a punto del colapso
El premier haitiano sigue sin entrar al país // Blinken le exige acelerar la transición a un nuevo gobierno
Viernes 8 de marzo de 2024, p. 23
Puerto Príncipe. El gobierno haitiano prolongó ayer por un mes el estado de emergencia en la capital, Puerto Príncipe, horas antes de que Estados Unidos pidiera una respuesta global
a la violencia pandillera que azota al país caribeño e instara al primer ministro, Ariel Henry, a una transición urgente
.
La crisis en Haití tiene proporciones humanitarias que requieren una respuesta global
como la que la comunidad internacional aplica en Ucrania o Gaza, afirmó el jefe de la diplomacia estadunidense para América Latina, Brian Nichols.
Acelerar el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad es crucial
para ayudar al país, añadió.
Desbordadas por los disturbios, las autoridades extendieron el estado de emergencia en todo el departamento del Oeste, que incluye Puerto Príncipe, y prolongaron hasta el lunes un toque de queda nocturno. Ambas medidas habían vencido ayer.
Varias pandillas controlan la mayor parte de la capital y las carreteras hacia el resto del país, donde mantienen un pulso violento contra el gobierno de Henry, cuya dimisión exigen. El gobernante, en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, debía dimitir en febrero, pero selló un acuerdo con la oposición hasta que hubiera nuevas elecciones.
Su futuro parece ahora en el aire, en un país donde no se han celebrado elecciones desde 2016, y con las poderosas pandillas en contra.
El secretario de Estado estadunidense, Antony Blinken, habló con Henry para pedirle una transición política urgente
hacia un gobierno más amplio e inclusivo
, según Nichols.
El primer ministro no ha logrado regresar a Haití desde su viaje a Kenia, la semana pasada, para acordar el despliegue de una misión policial internacional respaldada por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Está en Puerto Rico desde el martes; ese día no pudo aterrizar en el aeropuerto de la capital haitiana por motivos de seguridad y la vecina República Dominicana le negó la entrada a su avión.
Las pandillas presionan a su manera, lideradas por el ex policía Jimmy Barbecue Chérizier, quien amenazó con una guerra civil
si el primer ministro no renuncia.
Desde la semana pasada esos grupos armados han atacado numerosos lugares estratégicos como las comisarías, el aeropuerto internacional o varias cárceles, de las que se fugaron miles de presos.
Aeropuerto deja de operar
El operador privado del puerto de la capital, el mayor del país, anunció antier la suspensión de sus actividades por los recientes disturbios
. La Caribbean Port Services se vio obligada a tomar esa decisión, a raíz de los actos malintencionados de sabotaje y vandalismo sufridos
, indicó en un comunicado.
Antier por la noche, las pandillas incendiaron otro cuartel de policía en la capital, esta vez en Bas-Peu-de-Chose, barrio sometido con frecuencia a los grupos armados, indicó a la Afp Lionel Lazarre, coordinador general del sindicato de policías haitianos Synapoha. Los agentes abandonaron el edificio antes del ataque, precisó el oficial.
Con la inseguridad permanente, el sistema de salud haitiano está cerca de colapsar
, alertó ayer la ONU en un comunicado. Muchas instalaciones sanitarias están cerradas o han tenido que reducir drásticamente sus operaciones debido a una preocupante escasez de medicamentos y a la ausencia de personal médico
, indicó la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Además de medicamentos, faltan equipos médicos, sangre y camas para tratar a los pacientes con heridas de bala, añadió el organismo.
Con las oficinas de la administración pública y las escuelas cerradas, muchos residentes intentan huir de la violencia con sus pocas pertenencias bajo el brazo, mientras otros se aventuran a salir sólo para comprar lo esencial.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó en octubre el envío de una misión internacional de seguridad dirigida por Kenia, que prometió contribuir con mil agentes. Pero su despliegue se ha visto retrasado por el sistema judicial keniano y por una flagrante falta de financiamiento.