Bruno Nicolás Bussanich tenía 25 años y era empleado en una gasolinera en Rosario, la tercera ciudad más poblada de Argentina ubicada en la provincia de Santa Fe. En la madrugada del sábado 9 de marzo, fue asesinado a tiros en su lugar de labores por un criminal que dejó una nota amenazante. No le robó nada. Este crimen, que quedó grabado en video, y otros similares han conmocionado al país y han obligado al gobierno del presidente Javier Milei a enviar fuerzas federales a Rosario, entre otras medidas de seguridad.
En la nota que dejó el asesino de Bruno Bussanich había una advertencia dirigida al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; y al ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni. ¿El motivo? El endurecimiento del régimen penitenciario en la provincia.
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"Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos, ver a nuestros hijos y familia. No queremos negociar nada, queremos nuestros derechos. Esto para todos los presos... Estando unidos vamos a matar más inocentes", decía el mensaje mafioso firmado por Zona Norte, Zona Sur y Zona Oeste, Unidos, en alusión a los barrios de la periferia de Rosario, donde operan bandas criminales relacionadas con el narcotráfico y donde un peruano es cabecilla de una de las más fuertes.
La nota apuntala la hipótesis de que varias bandas criminales de Rosario se han unido para enfrentar las políticas de mayor rigor y restricciones en las cárceles implementadas por el gobernador.
Los investigadores sospechan que el crimen de Bruno Bussanich podría estar vinculado a los asesinatos de los taxistas Diego Alejandro Celentano y Héctor Raúl Figueroa, quienes murieron a balazos el martes y el miércoles de la semana pasada; y al ataque a balazos contra el chofer de trolebús Marcos Iván Daloia, quien falleció el domingo después de haber agonizado tres días. También se incendió un vehículo y hubo varios disparos contra el frente de la 15 comisaría, informó el portal argentino Infobae.
Tras estos hechos, taxistas y colectivos dejaron de trabajar el lunes, por lo que Rosario quedó prácticamente paralizada.
El Gobierno de Javier Milei adjudica esta ola de violencia a las bandas de narcotraficantes que operan en Rosario.
Requisas carcelarias al "estilo Bukele"
¿Específicamente, qué ha molestado a los criminales? La semana pasada, el Gobierno de Santa Fe implementó un Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo, que imita las medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en la unidad penitenciaria N.º 11 Piñero, donde se encuentran sicarios y lugartenientes de los cabecillas de las bandas del narcotráfico, reportó la agencia EFE.
Durante una requisa sorpresa, en la que los presos fueron mostrados semidesnudos, en cuclillas, ordenados en filas y rodeados por fuerzas de seguridad fuertemente armadas, se hallaron y confiscaron teléfonos móviles, cuchillos y tarjetas SIM.
"Cada vez la van a pasar peor", escribió en sus redes sociales el ministro Cococcioni, quien acompañó su mensaje con imágenes de la última requisa en el penal de Piñero, donde están recluidos varios de los presos de "alto perfil" vinculados a las principales bandas narcos de Rosario.
"Tenemos un plan de Seguridad, sabemos cómo llevarlo adelante y estamos trabajando para eso. Desde las cárceles salen las órdenes para hacerle la vida imposible a los santafesinos. Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos. No vamos a retroceder ante las amenazas. Tenemos el mandato del pueblo santafesino para restaurar la tranquilidad de los vecinos. Los presos están presos, no vamos a aceptar ninguna extorsión y si no lo entienden, cada vez la van a pasar peor", escribió Cococcioni.
De acuerdo con La Nación, el Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP) de la Policía de Santa Fe es el encargado de realizar las operación en los penales con nuevos estándares. "Ni quien va a hacer la requisa ni quien será requisado saben dónde y cuánto va a ocurrir la requisa, para evitar que se filtren los procedimientos. Tampoco se puede identificar a los efectivos del GOEP que van a hacer los procedimientos, ya que están todos los rostros completamente tapados y en los uniformes solo tienen colocado un número distintivo y no el nombre y apellido", dijo una fuente a La Nación.
El lunes, tras la ola de ataques a civiles, el Gobierno de Santa Fe justificó el 'estilo Bukele' en las cárceles de Rosario y dijo que era parte de la estrategia para recuperar la "paz social" en las calles y en las prisiones.
"La provincia va a poner todo para recuperar la paz social y llevar a los culpables ante la justicia. El régimen penitenciario tiene que ser muy estricto, veníamos de un período de varios años en los cuales se permitió que los presos hicieran lo que quisieran y organizaran los delitos impunemente. Eso se terminó", afirmó el ministro Cococcioni en rueda de prensa.
"Todos los actores institucionales han dado muestras públicas de apoyo al cambio en la política penitenciaria para impedir que los delincuentes vuelvan a dominar la cárcel, como estaban acostumbrados a hacer", remarcó Cococcioni.
La reacción del Gobierno de Milei
El lunes, dos días después de que el Gobierno de Milei convocara a un comité de crisis a pedido del gobernador Pullaro, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular de Defensa, Luis Petri, anunciaron en conferencia de prensa un plan de "saturación policial" y el envío de 450 elementos de la fuerzas de seguridad federales a Rosario para evitar que la ciudad se convierta en "tierra de narcoterroristas".
También llegarán a Rosario miembros de las Fuerzas Armadas para colaborar con la logística de los operativos que se realizarán en la ciudad.
La agencia EFE precisó que los militares no pueden traspasar el límite establecido por la ley de seguridad interior: están prohibidos de patrullar, portar armas o efectuar detenciones.
La ministra aseguró que los efectivos permanecerán en Rosario "hasta que no haya ciudadanos que sean asesinados a mansalva, como ha sucedido en estos días".
Bullrich anunció que además del envío de fuerzas federales, se aplicará la ley antiterrorista para buscar duplicar las penas a los criminales.
Cabe precisar que la ley antiterrorista, modificada en el 2011, fue aprobada para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y permite el endurecimiento de las penas.
La ministra informó también que remitirá al Congreso un proyecto de ley antimafia para luchar contra la delincuencia organizada, una norma al estilo de la que se creó en Italia y que "tipifica una nueva modalidad de persecución penal, tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselo a todos sus integrantes".
Bullrich afirmó que en enero y febrero "se hicieron operativos especiales en las cárceles para separar a los narcocriminales y no permitirles que sigan delinquiendo desde adentro. Y han respondido de una manera brutal, asesinando a cuatro ciudadanos a mansalva".
Por su parte, el ministro de Defensa confirmó que a Rosario también llegarán vehículos militares, ingenieros y logística de comunicación para cooperar con las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
"Estamos absolutamente convencidos de que le vamos a ganar al narcotráfico, pero para ello es absolutamente imprescindible que trabajemos mancomunadamente y con toda la potencia del Estado. Hay que hacerles la vida imposible a los que deciden cometer delitos para devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de bien", indicó el ministro Luis Petri.
La violencia en Rosario y la banda de un peruano
Rosario tiene 1,3 millones de habitantes y es el principal puerto de Argentina. Según los expertos, se ha convertido, a través de la hidrovía sobre el río Paraná, en punto privilegiado para salida de droga que llega desde Bolivia, Brasil y Paraguay con destino final hacia Europa y Asia.
La ciudad tiene la peor tasa de homicidios de Argentina: 22 por cada 100.000 habitantes, esto es cinco veces mayor al promedio nacional, indicó la agencia AFP. En el global, el índice de homicidios en Argentina, 4,2 por cada 100.000 habitantes, es uno de los más bajos de América Latina.
De acuerdo con un informe del diario argentino La Nación, las mayores bandas criminales de Rosario son Los Monos, la de Esteban Lindor Alvarado y la del narco piloto peruano Julio Rodríguez Granthon.
La banda Los Monos es un clan familiar que nació en 1998 en la villa La Granada, indica La Nación. Es la más grande de las que opera en Rosario y tiene tres vertientes. La facción principal es la que lidera desde la cárcel Ariel 'Guille' Cantero, quien acumula condenas por más de 100 años de prisión, pero sigue siendo quien dirige las operaciones de la organización criminal en las calles.
La Nación refiere que 'Guille' está preso en el penal federal de Ezeiza. En los últimos meses, el aumento de los controles en esa cárcel lo ha obligado a tejer alianzas con otros grupos menores.
Los Monos no solo se dedican a la venta de drogas, sino también a las extorsiones y al sicariato.
Otra banda fuerte en Rosario es la de Esteban Lindor Alvarado (44 años), de quien se conocen actividades criminales desde que era adolescente, precisa La Nación.
Alvarado es el archienemigo de Los Monos. Rivaliza con ellos en el barrio Godoy, en las localidades del norte de Rosario y en La Tablada, en el sur.
Está en prisión tras ser condenado a cadena perpetua, pero mantiene el liderazgo de su banda, junto a su jefe de sicarios Mauricio Laferrara.
La Nación indica que quienes lo han investigado sostienen que "muestra un poder estratégico más sofisticado que sus rivales, a través de una red de contactos y vínculos directos con funcionarios de la justicia y de la política, relaciones que entabló a través de terceros, como su abogado Claudio Tavella, condenado a tres años de prisión como integrante de la asociación ilícita que conduce Alvarado".
La tercera organización criminal principal de Rosario la dirige el peruano piloto de avión Julio Rodríguez Granthon. Nacido hace 30 años en el Callao, La Nación informa que se ha dedicado al tráfico aéreo de cocaína, lo que lo situó como un importante proveedor.
Sin embargo, en los últimos cinco años el peruano amplió su rango de acción y tomó porciones de territorio en Rosario para la venta de drogas, especialmente en el centro y norte de la ciudad (Ludueña, Empalme Granero, Nuevo Alberdi y Zona Cero). Para ello, ha recurrido a una importante red de sicarios que responden a él.
Ha estado preso en las cárceles de Piñero (Santa Fe), Ezeiza y actualmente Marcos Paz, desde sigue dirigiendo las actividades criminales de su organización.
En diciembre del año pasado, fue condenado a 21 años de prisión luego de ser juzgado tras el operativo "Cuevas blancas" del 2021, que develó el funcionamiento de la organización que lidera en Rosario, indicó Infobae.
Según el diario argentino Clarín, Rodríguez Granthon llegó a Rosario hace unos 10 años, luego de hacer escala en la Patagonia. En el 2017 tuvo su primera condena en Argentina por narcotráfico.
Clarín indica que en sus inicios vendió cocaína para Los Monos e hizo de intermediario de la marihuana contrabandeada desde Itatí.
El diario argentino informa que desde la cárcel se ocupa personalmente de sus inversiones: compra de camiones, al menos tres ferreterías, departamentos y hasta un lote en un barrio privado de Rosario, donde en el 2023 estaba construyéndose una casa.
Para hacer negocios inmobiliarios, Rodríguez Granthon usa el nombre falso de Matías Cabaña. En la red social Facebook también aparece con ese nombre.
De acuerdo con La Nación, en Rosario hay al menos otras cinco organizaciones ubicadas en un segundo escalafón de peligrosidad, por debajo de las tres antes mencionadas.