F. M.
Tres comités en la sombra para la emergencia sanitaria establecían la política que debía regir Canarias durante la pandemia. Tres comités «políticos», creados por el anterior Gobierno dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres, para el asesoramiento sanitario, económico y social, de los que no se levantó acta de sus reuniones, deliberaciones, recomendaciones y asistentes durante los meses que duró el covid.
La gestación de estos comités fue anunciada por Ángel Víctor Torres en marzo de 2020, y aunque su constitución se iba a producir formalmente en el Consejo de Gobierno del 2 de abril, la propuesta se frenó porque, si se creaban, las competencias que asumirían llevaba a «una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del Gobierno».
Para aprobar la conformación de estos comités, como instrumentos de asesoramiento y coordinación de las medidas a adoptar por las respectivas consejerías y órganos competentes durante el covid, no era necesario un decreto o un acuerdo administrativo expreso del Consejo de Gobierno, según explicó el anterior viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera -que fue encargado del SCS durante la pandemia- en un informe remitido en 2022 al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas, que investigaba el conocido caso mascarillas.
Hacienda y el anterior Ejecutivo dan versiones contradictorias sobre la adjudicación
En el sumario del caso Koldo, que investiga la Audiencia Nacional por el presunto pago de comisiones en los contratos de compraventa de material sanitario, sobre todo de mascarillas, a las administraciones públicas consta un informe de la Agencia Tributaria, en la que según el Gobierno de Canarias, uno de los comités propuso la adjudicación de un contrato de cuatro millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades de la trama.
Torres lo niega
Un portavoz del Gobierno de Ángel Víctor Torres lo niega. Rechaza que fuera el comité el que planteara la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. «La propuesta llegó a través de un correo electrónico al Servicio Canario de Salud y tras un análisis técnico de la propuesta se aprobó por el propio Servicio Canario de Salud», mantiene.
La versión de la Agencia Tributaria es bien distinta: «En el Gobierno de Canarias se creó un comité de gestión de emergencia sanitaria ante la crisis generada por el coronavirus, que entre otras funciones, se le asignó la búsqueda de proveedores que pudieran suministrar de forma urgente material sanitario. El proveedor Soluciones de Gestión fue una propuesta de ese comité».
Las versiones de la Agencia Tributaria y del Gobierno de Canarias no solo difieren sino que se contradicen.
En cualquier caso, se sigue sin aclarar con precisión todo el proceso en detalle: quienes participaron en la toma de decisiones y qué criterios fueron los que se impusieron para que la oferta de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la sociedad de la trama de Koldo, primara sobre las de otras empresas que habían contactado con el Servicio Canario de la Salud para ofrecer material sanitario contra el covid.
El proceso para precisar quien dio la orden de contratar con la red corrupta sigue sin aclararse
La presunta trama de mordidas y comisiones que salpica al exministro José Luis Ábalos, a quien Pedro Sánchez dio también la secretaría de organización del PSOE, y a su exasesor Koldo García, cifra en 12,3 millones de euros el material adquirido a Canarias.
Tres comités
La existencia de tres comités, sin cobertura legal, pero de gran influencia en la gestión de la pandemia durante el Gobierno de Torres, aparecía ya en un informe de la Audiencia de Cuentas, aunque de manera más velada.
Un borrador del máximo órgano de fiscalización de la comunidad autónoma, que no se llegó a aprobar por los votos en contra del PSOE y NC, que sustentaban en la pasada legislatura el pacto de las flores, recoge también el vacío legal con el que operaban los comités, sin un acuerdo del Consejo de Gobierno que regularizara su funcionamiento. A esta conclusión se llegó porque uno de los miembros de ese comité en el ámbito sanitario, «vía móvil», había recomendado la compra de mascarillas -cuatro millones se pagaron por un material que no se recepcionó- a la empresa RR7 a la dirección general de Recursos Económicos.
El origen de estos comités en la sombra se remonta a cuando se decretó el estado alarma, el 14 de marzo de 2020. En la sesión del Consejo de Gobierno del 19 de marzo de 2020 se estimó la conveniencia de crear un conjunto de tres órganos que permitieran coordinar o gestionar la crisis por el covid. La creación de los tres comités de gestión fue anunciada por el presidente del Gobierno en rueda de prensa.
No tenían capacidad ejecutiva, sino que marcaban directrices de tal modo que cuando se alcanzaba un consenso las medidas se encauzaban a través de las distintas consejerías. Es decir, operaban con un gran poder e influencia, pero sin que sus decisiones tuvieran un respaldo legal.
Después de que estos comités entraran en funcionamiento se planteó regularizarlos. Una propuesta que se incluyó en el orden del día del Consejo de Gobierno del 2 de abril de 2020, pero no llegó a aprobarse. La explicación: «otorgar poderes y competencias a los comités supondría una alteración absoluta de toda la estructura competencial y estatutaria del gobierno».
Se decidió entonces dejar el proyecto de decreto sobre la mesa. «Nunca más se trató en las sesiones de gobierno celebradas desde entonces», sostiene Olivera, si bien «los comités siguieron funcionando en sesiones de trabajo en las que se identificaban directrices y se compartían criterios que eran transmitidos a los órganos competentes para que adoptaran las decisiones oportunas hasta que concluyó la pandemia».
El problema está en el secretismo con el que funcionaban estos comités, ajenos a cualquier fiscalización o auditoria. Sus deliberaciones y decisiones no se recogieran en ningún acta. No se sabe quiénes acudían a cada cita, ni los debates que surgieron entre sus miembros, y si en algún caso se recomendaron no solo directrices sino también empresas para adjudicaciones.
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