Aunque la legislatura se inició formalmente el 24 de julio y la investidura de Pedro Sánchez tuvo lugar el pasado mes de noviembre, será ahora cuando se inicie formalmente, cuando se cumpla la condición establecida por Junts para garantizar la estabilidad del Gobierno: la aprobación de la ley de amnistía.
Tras cinco meses de negociación, ya hay un texto definitivo al que le falta aún la aprobación en el Pleno del Congreso; dos meses de tramitación en el Senado, donde será rechazado por la mayoría del PP y, de nuevo, la aprobación en el Pleno del Congreso. Podría estar en vigor en junio y luego la propia norma da dos meses a los tribunales para que la apliquen.
Fuentes de la Moncloa muestran su satisfacción por haber conseguido cerrar un texto definitivo y porque ahora se abre la puerta para que puedan ser aprobados los Presupuestos para 2024, lo que que garantiza estabilidad al Gobierno hasta mediados de la legislatura, como mínimo. Y se preparan para la siguiente etapa: la de la consulta o referéndum de autodeterminación y la reivindicación de un nuevo sistema de financiación similar al del concierto vasco.
"La estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo", decía el acuerdo firmado por PSOE y Junts en octubre, con referencia a la autodeterminación y "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña".
También será necesario negociar la recuperación con leyes orgánicas de los puntos anulados en su momento por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre el Estatut.
Explican que la aprobación de la ley de amnistía no garantiza, no obstante, que el asunto sea pacífico. Primero porque la entrada en vigor de la norma puede coincidir con la campaña electoral de las elecciones europeas del 9 de junio, lo que podría ser perjudicial para el PSOE. Además, Carles Puigdemont hará campaña como cabeza de lista y, previsiblemente, exhibirá un programa de máximos, sin renunciar a la unilateralidad y con programa de máximos que incluya la exigencia de referéndum de autodeterminación. Eso podría desgastar más a los socialistas.
Pulso con la Justicia
Y en segundo lugar, porque a partir de la publicación en el BOE empezará previsiblemente un nuevo pulso con la Justicia para su aplicación. Es posible que el Tribunal Supremo plantee cuestión de prejudicialidad ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que suspenderá la aplicación en esos casos y no tendrá resolución hasta bien entrado 2025.
Posteriormente, es posible aún que se plantee cuestión de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, lo que llevaría el proceso mucho más allá, casi al final de la legislatura, aunque los afectados puedan estar ya en libertad, pero pendientes de lo que ocurra con el trayecto de la ley.
En ese tiempo seguirán desarrollándose los acuerdos de investidura. Moncloa se prepara, por tanto, para un largo camino que permita materializar la amnistía.
Todo ese proceso estará condicionado totalmente por el resultado de las elecciones catalanas de febrero de 2025. La apuesta de Sanchez es lograr que el socialista Salvador Illa presida la Generalitat y a ese empeño ha puesto gran parte de sus esfuerzos.