Que el PP no está a gusto con el proyecto de ley de impulso demográfico ya había quedado claro. Que propone hacerle una cirugía profunda, también. Ahora, toda esa desafección tiene una unidad de medida, porque los populares han presentado contra el texto del Gobierno más enmiendas (117) que artículos tiene la norma (81). El principal grupo de la oposición sale al paso con esas armas de un documento que el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, califica de "inocuo, vacuo, volátil y de poco impacto" y para el que sugiere una extensa batería de correcciones que añade a lo ya anunciado respecto a la inclusión de la fiscalidad diferenciada o la deflactación del IRPF la obligación de ejecutar "una revisión anual del impacto de las medidas fiscales" o la garantía, dentro de la norma, de "un porcentaje mínimo anual de financiación para su desarrollo". Para emplazar al Gobierno a cumplir las buenas intenciones de su texto, el PP pretende que la ley le dé un plazo máximo de seis meses para tener elaborado el reglamento que ha de aterrizar en la realidad las medidas contenidas en la norma y otro horizonte análogo para la redacción "de todos los planes estratégicos que recoge la ley", y para los que además se exige "una concreción cuantitativa" y que tengan "rango de norma para que sean de obligado cumplimiento". Eso supondría que si todo va según lo programado, tanto los planes como el reglamento habrían de estar listos aproximadamente a finales de este año.
Los ajustes del grupo popular son su último intento por subirse a un proyecto del que se han ido separando, según su versión por falta de adhesión a sus propuestas, y que avanza por las veredas de la tramitación parlamentaria en principio con los apoyos mínimos garantizados gracias a los votos de PSOE, IU, Foro y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé. De camino hacia el texto final, que será votado tras el presumible rechazo de la enmienda que ya ha anunciado Vox, el líder del PP llama a "construir consensos" y a no hacer de esta ley campo de "batalla partidista" o "bronca". Queipo y la diputada Cristina Vega anunciaron que sus propuestas de mejora también persiguen, además de "asegurar la inversión para los municipios en riesgo de despoblación" y ampliar el Fondo de Compensación Interterritorial para hacer frente a las iniciativas de la ley, incluir el "concepto novedoso" de "concejos de baja conectividad", entendidos como aquellos que tienen "un déficit de inversión en infraestructuras" y que merecen "un esfuerzo concreto y específico en ellos".
Otro de sus caballos de batalla, el "plan Retorna", sigue pidiendo presencia específica en esta ley –una demanda ante la que el PSOE opone que su regulación ha de ser independiente–, ahora con "un sistema de gestión integral del retorno para jóvenes y profesionales", "una oficina de asesoramiento y apoyo" a la que proponen llamar "casa del emigrante" o el proyecto "embajadores de Asturias" , para que los expatriados "ayuden en la promoción y comercialización de los productos asturianos". A la pretensión, que sí recoge la norma, de exigir "informes de impacto demográfico" para toda la nueva legislación asturiana añade ahora el PP la necesidad de que también se revise con esa perspectiva, y "con las gafas de lo rural", "toda la normativa anterior, la que ha llevado a la gente a abandonar los pueblos", precisa Cristina Vega. Su centenar largo de enmiendas incluye también la garantía de que no se cierre ni una sola línea de transporte escolar "mientras haya estudiantes que las utilicen", una disposición adicional para aliviar los trámites y desengrasar de burocracia los contratos menores para los pequeños ayuntamientos, así como "una oficina de fondos europeos" para asesorarles, la contratación centralizada en cuantías superiores a 15.000 euros o la obligación de priorizar la adquisición de productos locales en los pliegos de condiciones de las compras públicas.
También se reclaman ciclos de Formación Profesional ligados a la producción de las zonas rurales, con ayudas a los alumnos de la Asturias urbana que quieran cursar un ciclo formativo en la zona rural, y se abraza la propuesta de algunas asociaciones de campesinos sobre el blindaje legislativo del "respeto a las labores tradicionales" del campo para evitar los conflictos con los visitantes o los nuevos pobladores.
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