La licencia de la ex fiscal federal superior de Massachusetts ha sido suspendida para ejercer la abogacía en el estado.
Rachael Rollins, quien renunció el año pasado como fiscal federal de Massachusetts después de una investigación sobre violaciones de ética, fue suspendida por falta de pago de las tarifas de registro, según muestran documentos judiciales.
Como informó por primera vez el Boston Herald el martes, Rollins fue nombrada junto con otros abogados en una moción presentada en enero ante la Corte Judicial Suprema de Massachusetts por la Junta de Supervisores de Abogados del estado, que buscaba suspender a cientos.
Las suspensiones fueron concedidas el 20 de febrero.
En enero de 2022, Rollins prestó juramento como fiscal federal de Massachusetts, convirtiéndose en la primera mujer negra en ocupar ese cargo.
Sólo 16 meses después, anunció su renuncia después de una investigación de un mes por parte del inspector general del Departamento de Justicia. En un informe al presidente Joe Biden, la Oficina del Consejo Especial de Estados Unidos alegó que Rollins "violó intencionalmente la Ley Hatch en múltiples ocasiones, exhibiendo así un extraordinario abuso de poder".
El informe detalla que Rollins, quien terminó su mandato como fiscal de distrito del condado de Suffolk para convertirse en la principal fiscal federal del estado, filtró información a los medios en un esfuerzo por sabotear la campaña de su sucesor, Kevin Hayden, en apoyo del retador Ricardo Arroyo.
De acuerdo con State House News Service, Rollins aceptó un trabajo a tiempo parcial como administradora de proyectos especiales en Roxbury Community College, donde fue contratada para trabajar en el nuevo Proyecto de la escuela para apoyar a los ciudadanos que regresan.
Joyce Taylor Gibson, vicepresidenta ejecutiva de asuntos académicos y estudiantiles de la escuela, dijo que con el proyecto, la escuela planea "desarrollar un plan de estudios y servicios para personas anteriormente encarceladas, particularmente mujeres de color", para ayudar a las personas que salen de prisión a "adquirir conocimientos críticos" conocimientos y desarrollar relaciones, habilidades y herramientas valiosas necesarias para reingresar exitosamente a los vecindarios y comunidades más grandes donde viven".
Gibson dijo que Rollins "aporta más de 25 años de experiencia legal y de liderazgo a este puesto financiado por subvenciones".
Los datos de nómina estatal puestos a disposición por la oficina del contralor estatal muestran que la tasa de pago anual de Rollins es de $96,000 para el rol de RCC y que le han pagado $7,339 este año hasta el 24 de febrero.