Como una vía para la protección de los derechos humanos en general debe ser el correcto desenvolvimiento del proceso electoral en Venezuela previsto para el 28 de julio del presente año, suscribe un comunicado del Foro Cívico.
La organización de la sociedad civil, destacó que deben darse las garantías electorales que permitan a todos los venezolanos ejercer sus derechos políticos en un clima de paz, sin violencia y en respeto de nuestra soberanía e integridad territorial.
"El proceso electoral en puertas es una estación en un largo proceso de recuperación de la normalidad democrática y una oportunidad para ejercer el derecho a la libre autodeterminación, como condición esencial para dotar a la ciudadanía de una legítima representación en los procesos de negociación políticos en marcha. Las garantías para el ejercicio de este derecho no están dadas a plenitud en Venezuela, pero el país espera que las decisiones del liderazgo político, teniendo como norte el interés superior de la nación, apunten en la dirección de proteger y promover el ejercicio de la soberanía, a través del voto".
Asimismo, subrayó que es prioridad mantener y preservar el proceso de negociación, mediante la revitalización del Acuerdo de Barbados así como el respeto absoluto a la Constitución nacional.
De igual manera ratifican su compromiso indeclinable con la defensa del derecho a elegir y ser elegido y a la vez rechaza las inhabilitaciones y la persecución política, el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias, que entre otras acciones constituyen claros ejemplos de socavamiento de los derechos civiles y políticos de los venezolanos.
Foro Cívico hace un llamado a todos los actores nacionales a concitar todos los esfuerzos para brindar a los venezolanos dentro y fuera del país la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, lo cual pasa por presentar, a contracorriente de las restricciones impuestas desde el poder, opciones políticas al pueblo de Venezuela.
También convocó a los actores internacionales a acompañar al pueblo de Venezuela en la lucha por la recuperación de sus derechos y la democratización del país dotando al proceso de una observación electoral objetiva, imparcial, neutral e independiente, con el debido respeto a la soberanía, acción que se vincula con el mandato de proteger y promover la vigencia de los derechos políticos.