Quito, 8 mar (EFE).- La aprobación de una ley que acelere la incautación de bienes a las economías criminales y la creación de un cuerpo de policía penitenciaria están entre las principales conclusiones de este viernes en el cierre de la segunda Conferencia Internacional de Consenso para la Seguridad Penitenciaria y Ciudadana de Ecuador.
En el encuentro, organizado por el Gobierno de Ecuador y la Unión Europea (UE), las autoridades nacionales y expertos internacionales debatieron soluciones para la crisis que afronta el país andino.
Se evaluaron los avances de la cooperación europea contra la situación de inseguridad de Ecuador, que hasta ahora han estado enfocados en mejorar la gestión de las cárceles y concretar las líneas de acción para los siguientes años.
Durante la clausura de la conferencia, con la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el director adjunto del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado entre Europa y Latinoamérica (EL PAcCTO), Giovanni Tartaglia, remarcó que las propuestas surgidas de las distintas mesas de debate aportaron estrategias tanto de emergencia como sistemáticas.
"Estos grupos criminales no son sólo violentos, sino que utilizan la corrupción y el blanqueo de capitales como herramientas de infiltración en la sociedad. Lo más preocupante es que tienden a establecer una cultura de aceptación de la ilegalidad e implican cada vez más a las generaciones más jóvenes", advirtió Tartaglia.
Entre las propuestas recogidas en las mesas de debate está el fortalecimiento en la ejecución de extinción de dominio y la creación y promulgación de una disciplina que regule la técnica especial de investigación financiera.
También se sugirió actualizar el poder judicial mediante reformas legales que incluyan la selección, evaluación y control disciplinario de los jueces y garantizar la seguridad de funcionarios como jueces, fiscales y guardias carcelarios, víctimas recurrentes de atentados mortales por parte del crimen organizado.
Asimismo, la conferencia apuntó a tomar medidas para garantizar una mayor coordinación entre todas las entidades relacionadas en el control de las cárceles y a la vez construir modelo gestión penitenciaria que parta de una separación y clasificación técnica de los presos.
En materia de seguridad penitenciaria también hubo consenso en crear un cuerpo de Policía penitenciaria, con una formación y base conceptual adecuada para controlar y prevenir hechos violentos dentro y fuera de las cárceles, así como una estructura de mando y fortalecimiento de capacidad permanente para controlar y prevenir estos hechos violentos.
Actualmente las cárceles de Ecuador están custodiadas por el cuerpo de vigilantes del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, quienes no portan armamento letal.
Por su parte, el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Giorgio Silli, indicó que los debates y temas planteados durante estos días permitieron identificar sinergias en la lucha contra la delincuencia, en presencia de representantes del Gobierno, el Parlamento y el Poder Judicial, junto a la sociedad civil de Ecuador.
"Somos conscientes de la dificultad de la lucha contra las bandas criminales que Ecuador está abordando con decisión. Es innegable que el esfuerzo realizado en los dos últimos años ha permitido reducir significativamente el número de muertes violentas en las cárceles, y el número de trabajadores de seguridad penitenciaria casi se ha duplicado desde el inicio de nuestra colaboración institucional", destacó Silli.
El secretario de Estado italiano abogó por la política de aislar a los líderes criminales conforme al modelo italiano, que "ha superado el escrutinio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
De su lado, la fiscal general ecuatoriana, Diana Salazar, recordó que "el crimen organizado no tiene fronteras y combatirlo sobre decisiones de carácter exclusivamente nacional ha quedado realmente insuficiente" y destacó la colaboración forjada con Italia y España para investigar y desarticular redes criminales de narcotráfico y detener a sus líderes.
El Gobierno de Noboa decidió elevar la lucha contra el crimen organizado a la categoría de "conflicto armado interno", con un estado de excepción donde pasó a considerar a las bandas criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico, como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.
Con esa declaratoria pasó a militarizar las cárceles, hasta ese momento controladas por las bandas criminales, cuyas rivalidades causaron una serie de masacres carcelarias en las que más de 450 presos fueron asesinados entre 2020 y 2022.
Esa violencia también saltó a las calles hasta hacer de Ecuador uno de los países con más homicidios de Latinoamérica, al registrar 45 por cada 100.000 habitantes en 2023, momento en el que Noboa asumió como presidente para un corto mandato de año y medio. EFE
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