La discusión sobre las vías jurídicas de la paz, incluidos los estándares mínimos y los límites a la luz del derecho internacional, que tanta vigencia tuvo en el país hace una década, cuando se llevaba a cabo el proceso de paz con la entonces guerrilla de las Farc, revivió de repente esta semana.
Dos fueron los motivos. Por un lado, las declaraciones de integrantes de las antiguas Farc cuestionando a la JEP y sugiriendo la creación de un "tribunal de cierre". Esta controversial postura se ha sumado a la discusión que ha generado el proyecto de ley 209 de 2023, del senador del partido de 'la U' Antonio Correa y que cuenta con el respaldo de colegas suyos de diversos partidos. Dicha iniciativa, llamada de "segundas oportunidades", pretende, entre otros fines, ampliar el mandato de la jurisdicción de Justicia y Paz. El propósito, según su autor, es que la propuesta facilite el sometimiento de estructuras de crimen de alto impacto, hoy asociadas al narcotráfico y otras rentas ilegales. Si bien el Ejecutivo ha marcado distancia de la iniciativa, es verdad que en el pasado el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ya había señalado este mismo camino como opción para darles una salida jurídica a las negociaciones que se desarrollan en el marco de la política de paz del actual gobierno.
Frente a estas posturas que buscan cuestionarla, corresponde una defensa de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Es verdad que desde estos mismos renglones se han expresado críticas a su desempeño. Se ha insistido, entre otros puntos, en la necesidad de mayor celeridad en materia de castigos a los responsables de crímenes de lesa humanidad –así no impliquen reclusión intramural– y de que la verdad aportada por los victimarios –sobre todo los antiguos guerrilleros– permita conocer mucho más sobre sus fortunas, con el fin de reparar a las víctimas.
Reparos que, en todo caso, pretenden aportar para consolidar un modelo de justicia transicional que, por sí mismo, fue uno de los logros del proceso de paz. Se demostró que era posible firmar acuerdos de paz sin cruzar líneas rojas que el Estado está obligado a respetar. De ninguna manera el camino puede ser prescindir de la JEP.
Esta jurisdicción bien puede coexistir con las instancias que eventualmente surjan de la 'paz total' y que, como veremos, deben ajustarse a unos parámetros. Incluso, no se puede cerrar del todo la posibilidad de que alguno de estos procesos, dicho coloquialmente, 'aterrice' allí. Escenario que, en todo caso, deberá examinarse con lupa. Lo que es muy peligroso es que en medio de los debates, en el Congreso y en otros foros, sobre la actual política de paz termine abriéndose camino alguna propuesta que incluya prescindir de ella.
Por eso se equivocan los antiguos comandantes de las Farc con su actual postura. Tras un arduo proceso, se les abrieron las puertas, con la condición de que aportaran verdad y reparación a las víctimas a través de un modelo de justicia restaurativa al que aceptaron someterse. Aquí no puede haber marcha atrás. Mucho menos considerar siquiera la posibilidad de que estas personas terminen bajo una instancia jurídica con estándares más bajos en materia de verdad y reparación. Sería una clara ofensa a las víctimas.
Ante lo que plantean los exjefes de las Farc, es momento para recordar las líneas rojas del Estado ante cualquier acuerdo de paz
Una ley de punto final o un tribunal de cierre sin duda atraen a muchos y muy diversos sectores. De ahí que iniciativas con este cariz, como la mencionada, cosechen apoyos en orillas bastante diversas. Pero se ignoran, y he aquí el principal riesgo, los peligros de avanzar por esta senda, sobre todo a la luz del derecho internacional. Son muchos los riesgos en relación con las ya mencionadas líneas rojas que limitan lo que puede hacer el Estado frente a delitos de lesa humanidad. Tanto el Sistema Interamericano como la Corte Penal Internacional (CPI) señalan parámetros claros –resultado de tratados suscritos– que limitan en buena hora el campo de acción ante las amnistías generales, por ejemplo. Si algo lograron los negociadores del acuerdo con las Farc al diseñar esta jurisdicción fue el ajustarse a estas exigencias para garantizarle al mundo que aquí no iba a haber impunidad. Así esto haya implicado, a juicio de conocedores, y dicho coloquialmente, haber movido "un poco la cerca" en cuanto a estándares de juzgamiento y sanción.
Ningún paso que se dé, bien sea a través de acuerdos o de leyes, puede pasar por alto la obligación de respetar los derechos de las víctimas. Hay que evitar el camino de las amnistías generales, lo que corresponde es investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves. De lo contrario, será real el riesgo de que la CPI vuelva a poner sus reflectores sobre Colombia. Conviene recordar que la principal razón por la que esta cerró el examen preliminar fue la existencia de la JEP. Las antiguas Farc se equivocan al sugerir siquiera la posibilidad de un atajo, mientras que conviene poner sobre la mesa los peligros de caminos legales para la 'paz total' que no pasen por un marco mínimo.
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