Es inaceptable que, a pesar de contar con más de mil 300 empleados, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) decida despilfarrar $3.7 millones en un contrato de cinco años para gestionar la recaudación y la cartera morosa. Este derroche se agrava con una morosidad de $20 millones. Resulta indignante que, en lugar de optimizar la eficiencia interna y aprovechar el personal existente, la ATTT externalice funciones críticas, argumentando falta de especialización y despreciando la meritocracia en la administración pública. Es inconcebible que, en la era digital, la ATTT justifique la transformación mediante contrataciones externas en vez de invertir en la capacitación interna. Este desorden administrativo y las contrataciones politizadas generan costos injustificables. Gestiones como esta, o aquella que otorga a otra empresa el recaudo y la administración financiera del Metro Bus y del Metro de Panamá por más de $200 millones durante 10 años, perjudican gravemente la cosa pública, especialmente a escasos meses de que termine este periodo presidencial. Urgimos una revisión profunda para evitar el despilfarro de recursos públicos. La sociedad merece una gestión responsable y enfocada en el beneficio colectivo.