En un intento por modernizar y eficientizar la gestión estatal, el Gobierno elimina 300 unidades de gestión de planes sociales y cierra 59 centros de referencia, generando ahorros significativos y cambios en la atención a beneficiarios.
El ejecutivo tomó la decisión de desmantelar las 300 Unidades de Gestión que supervisaban los planes sociales, buscando reducir la intermediación y los costos asociados.
Estas unidades, criticadas por su papel como "gerentes de la pobreza", se consideraban un obstáculo para la autonomía y el desarrollo personal de los beneficiarios.
El cierre de 59 Centros de Referencia, con un ahorro proyectado de 5.000 millones de pesos anuales, se justifica por su baja eficacia y su papel como foco de burocracia estatal.
En lugar de estos centros, se promoverán trámites digitales y se establecerá una línea telefónica de atención al público, en un esfuerzo por modernizar y hacer más eficiente la administración de la asistencia social.
Estas medidas representan un cambio significativo en la forma en que se gestionan los planes sociales en el país.