La propuesta que lanzó el presidente Gustavo Petro el viernes pasado, de iniciar los debates de una Asamblea Nacional Constituyente que permita cambiar las instituciones del país, sigue generando reacciones contrarias de diferentes sectores políticos y de la opinión pública. Muchos incluso han recordado episodios en los que el mismo mandatario, años atrás, descartaba recurrir a esa figura.
Varios revivieron la imagen de las 12 promesas que hizo cuando era candidato en las elecciones de 2018, entre las que se encontraba no expropiar, respetar el Acuerdo de Paz y no convocar a una Asamblea Constituyente. Ante las críticas, el mandatario respondió que ese año perdieron las elecciones y luego asumió Iván Duque. "Su gobierno representó la entrega del poder ejecutivo a las mafias. Ante tal situación, es imperativo tomar medidas", le dijo a El Tiempo.
Esa no ha sido la única oportunidad en la que el Gobierno, antes del viernes, se ha desmarcado de la propuesta. En julio del año pasado, en una entrevista con este diario, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, descartó la opción, incluso asegurando que sería un proceso que tomaría más de cuatro años en llevarse a cabo.
"Este Gobierno nunca ha pensado en una salida que esté por fuera de la Constitución. Y la constituyente se descarta. Es que la constituyente, si la arrancáramos el 20 de julio, estaría lista en el 2026 cuando estamos de salida. Esto que le digo es una vaina práctica, pragmática. Es una bobada ponerse a hablar de una constituyente", dijo Velasco en su momento.
El ministro también dijo en esa oportunidad que la Constituyente no era un camino práctico, por lo que la mejor opción era pelear por las reformas en el Legislativo. "Nosotros necesitamos, y vamos a jugárnosla a fondo, que el Congreso nos entregue las herramientas para hacer las transformaciones que esta sociedad viene reclamando hace muchísimos años y están represadas".
Este lunes, Petro entregó más detalles de su apuesta y aseguró que su apuesta no es buscar la reelección en 2026, sino agregar aspectos a la Constitución que pudieron haberse pasado por alto en 1991. Según explicó, entre los puntos claves de la propuesta está cumplir el Acuerdo de Paz, garantizar condiciones de vida, consolidar la lucha contra el cambio climático y separar la política de la financiación privada.
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