La erosión política causada por el "olvido penal", es incomparablemente mayor que el "descorche" de la corrupción económica que intima el negocio de la mascarilla, pero el júbilo "la amnistía será un referente mundial", del negociador de la ley integral, que afecta a todo el mundo y es de aplicación inmediata, silenciaba que la sumisión no frena las exigencias del independentismo.
Con sinceridad indiscutible, la portavoz del primer beneficiario de la indulgencia echó agua al vino de la euforia momentánea, "esto sólo es el principio, ahora vamos a por la autodeterminación". Tras la soñada capitulación, estampaba el tránsito de la autonomía hacia una total soberanía.
El acuerdo finalmente alcanzado, dejando al margen a la mitad de la población española, coincide con un festín de comisionistas, el eterno retorno de lo mismo" que decía Nietzsche. En nuestro caso, la corrupción como tradición consuetudinaria.
Resulta sorprendente el momento en que han coincidido la voracidad y el estado de necesidad de sus protagonistas, así como el silencio cómplice de quienes lo sabían y callaron. A esta cota de iniquidad, política y social, hemos llegado.
Al barquinazo gallego, la debilidad parlamentaria de los partidos dinásticos, el engrose del camarote mixto y la impaciencia de los que reclaman el 'todo ahora', se suma un incierto y espinoso camino, plagado de fracturas, delaciones, trampas y secretos inconfesables. El comienzo del viacrucis para todos.
Los tiempos son largos, hasta que las evidencias judiciales demuestran la solidez de los indicios. De modo que la desaparición jurídica del delito cometido, con el borrado de las huellas, está en manos de quienes deberán aplicar las medidas de gracia.
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La amnistía supone desquiciar, de forma arbitraria, la igualdad de ciudadanos y territorios; chalanear siete escaños a cambio de impunidad, rebajar los delitos de malversación y prevaricación y acomodar los de terrorismo y alta traición.
Sin desentenderse del objetivo final,"la independencia", se trata de infligir daños nucleares, con grave quebrantamiento de la justicia y salvoconducto incluido: presupuestos y legislatura.
Quien, con idéntico énfasis, primero negó y después abanderó el 'olvido penal', no titubeó al entonar una letanía inusitada: "En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña".
Si con la amnistía se pretende desbloquear la cuestión catalana, merece intentarse como punto de encuentro, atendiendo a un principio liberal: a la otra parte le asiste, indefectiblemente, algo de razón.
Atizado el lawfare por el lobby indepe y consentido el descrédito a jueces y fiscales, tras admitir la exposición razonada del juez instructor, la decisión unánime de la Sala Segunda del TS, de abrir causa penal por delito de terrorismo a un fugitivo irredento, se convertía en incendio de 'sexta generación' y acelerador de un acuerdo que estaba empantanado.
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La pandemia arroja un balance que lo convierte en el suceso más infausto que ha sufrido España desde la Guerra Civil. Con el desfile de granujas, el destape del escándalo de las mascarillas —negocio suculento, tragedia social y aflicción cívica— revive lo que para muchos fue el tiempo más amargo y traumático de su existencia.
Con 14 millones de casos diagnosticados y 145.000 fallecidos, de los cuales 35.000 en residencias de ancianos; el inmenso sacrificio del personal sanitario (bolsas de basura, gafas de buceo, guantes de fregar) evitó muertes y una logística eficaz que permitió administrar 105 millones de dosis a, no menos de, 41 millones de españoles receptores de la pauta completa de vacunación.
Una covid persistente que afecta a cerca del 13% de los infectados y 517 investigaciones penales abiertas por diversas irregularidades, de las cuales 411 han sido archivadas.
A falta de la transparencia obligada, tome estas cifras, dilecto lector, con la misma cautela con la que, a falta de datos fiables, uno se sirve de ellas.
Lo grave es que, en esta ocasión, la corrupción de mascarillas inservibles y de alto precio, se ha gestado sobre los muertos de una pandemia. De ahí que asombre el silencio con que, por ahora, partidos que apoyan al Gobierno se muestren condescendientes con un tinglado que va destapándose. Y resulte curiosa la extrañeza por la reacción de los señalados, no por el escándalo.
Los indicios que van sedimentando apuntan a prácticas indebidas, con protagonismos varios, pero no dejan de ser astucias consentidas, con escarmientos de menor cuantía. El tiempo se encargará de ajustar cuentas.
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Mediada la epidemia, llegaron al palacio de la Cuesta de las Perdices soplos delatores que comprometían a avispados meritorios, agraciados con suculentas comisiones. En el verano de 2021, el receptor del queo respondió de forma sorpresiva, con una decisión inesperada: la fulminante destitución de su lugarteniente, exponente del núcleo duro gubernativo y su adyacencia partidaria.
Esfumada la confianza mutua, la purga sin explicar del atañido se vio escoltada del silencio espeso que acompaña la intimidación. Si se tuvo constancia del fraude ¿por qué no se denunció ante los tribunales? ¿es que no hacía falta aclarar los motivos de semejante convulsión?
Dos años más tarde, el cancelado por partida doble, recibió un compasivo aliento existencial —repesca, con dote y aforamiento—amparo a quien había quedado desvalido, como diputado raso ¿acaso las avenencias tenían que ver con maletas y teléfonos o estas eran vulgares habladurías?
De la mano de una minuciosa investigación de la Guardia Civil, que ya apuntaba a quien se sentía mal tratado"no puedo acabar mi carrera política como un corrupto cuando soy inocente", el sumario de la Audiencia Nacional (AN) se expandió como una bomba de racimo.
El "populismo justiciero" —inmolación en nombre de la ejemplaridad— se impuso como remedio antiinflamatorio, lo que desembocó en la "negativa al acatamiento" del tenedor de un arsenal nuclear de secretos inconfesables, que empezó desafiante y terminó dando con sus huesos en el grupo mixto.
Tras recibir la denuncia de un particular, la Fiscalía Europea (FE), recién creada, ha abierto una investigación sobre los contratos firmados por los Ejecutivos insulares con la trama de las mascarillas.
La pesquisa se adentra en presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias, conforme a la legislación nacional y el Reglamento de la FE. Los intereses financieros de la UE, palabras mayores.
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Cuando los beneficiarios no han expresado el más mínimo propósito de la enmienda, la aprobación de la amnistía —la peor de las corrupciones posibles— y la venalidad del mercado persa en el 'caso mascarillas', comparten el mismo objetivo: la supervivencia.
Mientras unos se embolsan los dineros destinados a proteger de una muerte más que probable, otros recitan desde ambones impostados encomios a un "alivio penal" que hace añicos las bases del Estado de Derecho.
Sin ánimo de consuelo, las corrupciones no son perdonables y permanecen las certezas: cuestiones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, exposiciones razonadas y cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia europeo.
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