De los 19 hospitales que en febrero estaban en situación crítica por desabastecimiento de insumos, solo cuatro siguen con números bajos y el resto está por encima del 50 por ciento de existencia, lo que ha permitido superar la crisis, informó el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
De acuerdo con las autoridades, había nosocomios con menos del 30 por ciento, pero "ahora no hay ninguno en esta situación".
El General San Juan de Dios (Hospigen), que era el caso más relevante, ya superó el 60 por ciento de capacidad de fármacos en inventario.
La razón del desabastecimiento era una deuda con proveedores, mala gestión y problemas en logística para registrar las compras; sin embargo, se indicó que ya se efectuaron las auditorías correspondientes en los centros médicos de Amatitlán, Ortopedia, Infantil de Infectología, Enfermedades Respiratorias y hay siete más que están en proceso de revisión.
Acuerdos
En relación con el Hospigen, Linda Valencia, viceministra de Hospitales, explicó que se hicieron acuerdos con más de 100 proveedores para agilizar los procesos de despacho y el compromiso de pago.
"Del adeudo de inicio, siete nosocomios tenían el monto más elevado. El San Juan de Dios debía 256 millones de quetzales, de los cuales ya se pagaron 132 millones", aseguró.
Por aparte, el MSPAS señaló que los centros asistenciales están en alerta roja para brindar atención especial en ocasión de las actividades de Semana Santa.
Los salubristas identifican las amenazas y determinan áreas de riesgo, prevención y control de enfermedades transmitidas por el consumo de alimentos, e instan a los conductores a tomar las medidas adecuadas para evitar accidentes de tránsito.
Empiezan operativos para garantizar buen viaje a veraneantes
Debido a la movilización de miles de guatemaltecos que utilizan buses extraurbanos hacia los destinos turísticos, serán implementados 82 operativos en las principales carreteras del país.
Llega sin riesgo a tu destino se llama el plan de Semana Santa dirigido para citado medio de locomoción. El objetivo es proteger la vida de los veraneantes y los pilotos de las camionetas, a fin de que el descanso transcurra con tranquilidad.
Los conductores de buses que incumplan con los requisitos legales tendrán multas de 3 mil a 25 mil quetzales, indicó Jorge Luis Contreras, viceministro de Transporte de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi).
El lanzamiento del plan de protección se realizó ayer en el kilómetro 39, ruta al Pacifico.
El funcionario reveló que a los viajeros se les proporcionará información para utilizar la aplicación digital Sin Riesgos DGT, en la que encontrarán datos del estado de carreteras, horario de salida de camionetas extraurbanas, información sobre vuelos, cruceros de turismo y los números de emergencia de cuerpos de socorro.
La tarea contará con el apoyo de la Policía Nacional Civil y las direcciones generales de Transporte (DGT) y de Protección Vial (Provial).
Los monitoreos incluyen a camiones y tráileres, con el objetivo de que solo circulen las unidades que llevan mercadería perecedera o de servicios, cuando la restricción a este grupo entre en vigencia.
Los inspectores aplicarán multas a los infractores de la manera siguiente: transporte ilegal, 25 mil quetzales; por no contar con seguro vigente, 10 mil quetzales; no llevar el registro de pilotos, 5 mil quetzales; aumento al precio del pasaje, 10 mil quetzales, y sobrecarga de pasajeros, 3 mil quetzales.
Si hay incumplimiento en la norma, el bus no circulará; se llamará otro que esté en orden para que los viajeros continúen su gira.
EE. UU. dará apoyo parael desarrollo de Guatemala
Luego de la reunión entre el mandatario Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Kamala Harris, la Casa Blanca detalló lo ofrecido.
Cortesía: EFE
Un conjunto de apoyos para frenar la migración, fortalecer el Estado de derecho e impulsar el desarrollo de Guatemala anunció ayer la Casa Blanca en el marco de la reunión, en Washington D. C., Estados Unidos, del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Kamala Harris.
El Gobierno norteamericano informó que proporcionará 170 millones de dólares más al plan para frenar el éxodo irregular de guatemaltecos.
Estos se destinarán para asistencia económica, salud, desarrollo y resguardo ciudadano.
También, a través de la Iniciativa Guatemala se Transforma, dotada con 50 millones de dólares, el Departamento de Estado se asociará con el país para reformar las instituciones de seguridad y justicia.
Washington, además, pondrá en marcha un programa para promover el comercio de textiles y prendas de vestir y facilitará las oportunidades inclusivas, avances en derechos de las mujeres y de los indígenas.
Además, promoverá iniciativas de energía limpia e infraestructuras, así como de las tecnologías agrícolas. Sumado a ello, en mayo ampliará el programa Cuerpo de Servicios Centroamericano (CASC), que ofrece oportunidades de voluntariado, formación y empleo en la nación guatemalteca a miles de jóvenes al año que corren el riesgo de emigrar.
Por su parte, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) implementará un programa de Conservación de la biodiversidad en Guatemala, centrándose en las reservas de las biósferas Maya y Sierra de las Minas, así como áreas de importancia ecológica a lo largo de la costa del Pacífico.
Respaldo
Durante una conferencia de prensa conjunta, la vicegobernante de EE. UU. dijo que han impulsado en los últimos tres años una estrategia para abordar las causas de fondo de la migración.
Esta se basa, detalló, en invertir en el bienestar económico de la región, combate a la corrupción y promover el buen gobierno, respeto a los derechos humanos y laborales, reducir la inseguridad y
encarar la violencia de género.
"Su presidencia ofrece una oportunidad importante para fortalecer la relación entre Estados Unidos y Guatemala y para seguir progresando en esos cinco pilares", agregó Harris.
El mandatario Arévalo aseguró: "Esta reunión refleja lo que pensamos, será un continuo apoyo de EE. UU. para nuestros esfuerzos de consolidar la democracia, fortalecer las instituciones públicas, luchar contra la corrupción y promover la prosperidad económica y el desarrollo sustentable de todos los guatemaltecos".
Incumplimiento de constructora deja a niños sin escuelas
Falta de aulas y servicios básicos, trabajos pendientes y robos afectan a estudiantes de centros educativos.
Cortesía: MICIVI
La educación de cientos de niños está en riesgo debido al incumplimiento en los contratos de remozamiento de escuelas adjudicados el año pasado a la empresa Arinsa, Sociedad Anónima.
Los alumnos sufren las consecuencias como clases reducidas a una vez por semana hasta la completa inasistencia, debido a trabajos inconclusos que debieron ser entregados a mediados de febrero recién pasado.
El Diario de Centro América visitó cinco de los siete establecimientos educativos que, según la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), Jazmín de la Vega, fueron adjudicados en tres contratos a la citada compañía. Durante el recorrido se constató que no existen condiciones para que los estudiantes reciban el llamado pan del saber.
De la Vega afirmó que el valor de los tres contratos es de 17 millones 357 mil 230 quetzales, y son para el remozamiento de los inmuebles localizados en los municipios de Guatemala y Villa Nueva.
Una vez a la semana
Uno de los casos más preocupantes es el de la Escuela de la Colonia Ulises Rojas, en Bárcenas, Villa Nueva, donde 1 mil 200 menores de preprimaria y primaria, divididos en dos jornadas, apenas pueden recibir clases, ya que gran parte de la infraestructura sigue en remodelación.
De las 19 aulas disponibles, 12 permanecen inhabilitadas, lo que obliga a los pequeños a turnarse para asistir. El director de la jornada vespertina, Ángel Soto, informó que el acceso a solo siete salones limita su asistencia y el aprendizaje, llegando al punto en que niños de cuarto primaria no saben leer. Mientras, el resto de la semana se ven obligados a recurrir a la formación a distancia.
El escenario es desolador. La entrada principal permanece bloqueada, hay materiales de construcción en los pasillos y aulas, los baños están fuera de servicio, partes del muro perimetral han colapsado y los problemas en el suministro los han dejado sin agua potable.
Las labores de remozamiento están estancadas, agravadas por los robos de insumos por parte de los trabajadores, quienes incluso saquearon los abastecimientos de la cocina debido a la falta de pago por parte de la empresa en mención.
Tres horas de clases al día
La situación también preocupa en la Escuela Núm. 24 Fray Bartolomé de las Casas, zona 6 capitalina, donde los remozamientos continúan mientras los estudiantes lidian con condiciones peligrosas.
Las clases se han reducido de 7:30 a 10:00 horas todos los días, tiempo durante el cual los menores y docentes deben soportar ruidos, polvo y peligros físicos debido a los trabajos inconclusos. Vidrios rotos, azulejos sueltos y basura metálica representan riesgos constantes para su seguridad.
La falta de líquido es una de las principales preocupaciones, lo que obliga a los alumnos a llevar botes para llenar tambos y así utilizar los baños, que ni siquiera cuentan con puertas.
La situación ha llevado a tres casos de retiro de estudiantes del inmueble, con padres preocupados que optan por trasladar a sus hijos a otros establecimientos que ofrecen mejores condiciones para el aprendizaje.
Los robos de material de construcción y de insumos educativos, como hojas, engrapadoras, computadoras e implementos deportivos reflejan la gravedad del problema.
Una maestra expresó su decepción, al señalar que estaban ilusionados con el inicio del ciclo escolar en una escuela renovada, pero lamentan que las labores no hayan concluido.
A distancia
La Escuela Núm. 110 Juana de Arco, en la zona 18 capitalina, se encuentra en un estado similar, mientras los trabajos de remodelación siguen, dejando a los alumnos en espera de una educación presencial.
Desde el inicio del ciclo escolar 2024, los escolares de las distintas jornadas que funcionan en el plantel han tenido que recurrir a la educación a distancia.
A pesar de la presencia de trabajadores en el lugar, instalando pisos y realizando tareas de construcción, los escombros y la falta de condiciones básicas persisten en varias áreas.
La cocina se halla a medio remozamiento, los baños carecen de puertas y lavamanos.
Contar con escritorios, puertas y pizarras no compensa la falta de limpieza y organización, con algunos pizarrones incluso sin instalar adecuadamente.
Silvia Pineda, madre de dos pequeñas que estudian en la Escuela Ulises Rojas, expuso que la
situación es preocupante, debido a que el avance de la obra es lento y de no concluirse lo antes posible se podría comprometer la educación de sus hijas.
Unos 300 niños inscritos en la Escuela El Mezquital II, de Villa Nueva, se encuentran en espera de regresar a las aulas, luego de un prolongado período sin clases presenciales debido a trabajos de remozamiento que se iniciaron en julio de 2023 y que aún se encuentran en proceso.
La directora de la institución, Patricia García Vides, expresó su preocupación ante la situación, y señaló que la comunidad educativa está ansiosa por retomar las actividades, pero los trabajos de remodelación aún no han concluido.
Además, denunció una serie de inconvenientes relacionados con la falta de pago a los herreros que trabajaban en el establecimiento, quienes, como medida de presión, decidieron tomar las llaves y cerrar la escuela hasta que la empresa Arinsa, Sociedad Anónima, encargada de la obra, cumpliera con sus compromisos financieros.
Ante este escenario, representantes de Arinsa, la directora, maestros y padres de familia se reunieron la semana pasada para abordar la situación.
Tras negociaciones, se llegó a un acuerdo para la entrega de las llaves de la institución. Se espera que este pacto permita reanudar las clases a principios de abril próximo.
Arinsa, Sociedad Anónima, con sede registrada en una colonia residencial de la zona 5 de Villa Nueva, Guatemala, ha recibido contratos estatales desde 2009. Bajo la dirección de su representante legal, Esaú Guzmán Ramírez, la empresa ha manejado 139 millones 717 mil 733.28 quetzales en proyectos.
Sin embargo, su labor ha presentado retrasos en la ejecución, como lo evidencian los contratos con la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE) establecidos en 2023.
En ese año, Arinsa recibió tres concesiones, con el fin de mejorar siete escuelas en distintas zonas de Villa Nueva y la ciudad de Guatemala.
A pesar de los compromisos contractuales, la entrega de las obras no se ha cumplido. La primera de estas adjudicaciones, identificada como 126-2023 UCEE, destinado al remozamiento de dos planteles en zona 18 capitalina, tenía como fecha de finalización el 10 de febrero de 2024.
Sin embargo, a finales de diciembre de 2023, solo se había ejecutado una parte del proyecto. El segundo contrato, número 135-2023 UCEE, para el mantenimiento de dos más en zonas 7 y 6 de la ciudad, también presentan retrasos.
A pesar de los pagos realizados hasta diciembre, la obra no alcanzaba el avance esperado.
El tercer contrato, 136-2023 UCEE, para la reparación de tres escuelas en Villa Nueva, enfrenta desafíos en su ejecución. Guzmán explicó que los retrasos se deben a desacuerdos con contratistas, condiciones climáticas desfavorables y obstáculos administrativos.
Ante el incumplimiento de contratos en los remozamientos de siete escuelas en Villa Nueva y la capital, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) ha tomado medidas.
La titular de la cartera, Jazmín de la Vega, informó ayer que ya denunciaron a Arinsa, Sociedad Anónima, ante el Ministerio Público (MP).
Según la viceministra de Edificios Estatales y Obra Pública, Paola Constantino, la empresa fue contratada por el gobierno anterior para las reparaciones aludidas; sin embargo, dejó los trabajos a medias.
De la Vega destacó que los pagos a la compañía fueron adelantados por las autoridades anteriores, pero las obras no fueron entregadas conforme lo establecido en los contratos.
Además, explicó que el caso será remitido a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC).
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