La Abogacía del Gobierno de las Islas Baleares ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de denegar su intervención como acusación particular en las diligencias del caso Koldo. En este procedimiento se investiga la adjudicación de contratos millonarios de material sanitario anti-Covid en los que pudo haber comisiones ilícitas que beneficiaron a Koldo García Izaguirre, antiguo asesor del exministro José Luis Ábalos.
Para la Administración balear, en manos del PP tras las elecciones del pasado mayo, la decisión del instructor "vulnera el derecho a acceder a la jurisdicción" y "cercena la defensa de sus intereses en el marco de un procedimiento donde se investigan hechos y conductas que le han irrogado un innegable perjuicio".
El juez Moreno, siguiendo el criterio del fiscal anticorrupción Luis Pastor, sostuvo en una resolución dictada el 5 de marzo que "al haberse financiado el contrato con fondos europeos, no puede entenderse que haya existido perjuicio para la Administración de las Islas Baleares".
Solo la acreditación de ese perjuicio permitiría la intervención del Gobierno balear en el 'caso Koldo'.
Ése es el punto que trata de demostrar el escrito de la Abogacía balear, que se expresa en términos muy críticos con la actuación de la anterior Administración autonómica, dirigida por la socialista Francina Armengol, actual presidenta del Congreso, y señala la necesidad de investigar si hubo malversación de fondos en los contratos adjudicados durante su mandato a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, S.L, la empresa que está en el epicentro del llamado caso Koldo.
Quién pagó
El Servicio de Salud de las Islas Baleares pagó el 5 de mayo de 2020 a Soluciones de Gestión 3.758.215,24 euros por el suministro de las mascarillas, que según el contrato debían ser FFP2/KN95.
No obstante, el 11 de diciembre de 2020 el Servicio de Salud presentó una solicitud de financiación con cargo al fondo europeo FEDER de las Islas Baleares Balears.
Según la Abogacía del Gobierno balear, "cuando se solicitó esa financiación se omitió que el material suministrado por la entidad Soluciones de Gestión era defectuoso y resultaba inservible para la finalidad que se había adquirido".
El recurso adjunta un informe del Departamento de Fondos Europeos, fechado el 28 de febrero de 2024, en el que se indica que en las comprobaciones sobre el terreno efectuadas, tras la declaración del gasto, en abril de 2021, "al personal verificador no se le indicó ni que el material fuese defectuoso ni que se encontrara en las dependencias del Servicio de Salud almacenado".
"Una vez se tiene conocimiento de la existencia de indicios de fraude", añade, la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Prohens activó el protocolo de lucha contra el fraude y "procedió a retirar preventivamente" el gasto certificado a la UE.
En concreto, precisa, se procedió a retirar la cantidad de 3.908.543,85 euros, de los cuales 3.701.500,00 euros correspondían al suministro de mascarillas, 56.715,24 euros por los gastos de transporte generados y 150.328,61 euros por asistencia técnica del PO (programa operativo) FEDER por aplicación del 4% de los gastos declarados. Los dos primeros conceptos fueron abonados a Soluciones de Gestión.
A la vista del informe emitido por el Departamento de Fondos Europeos, el mismo 28 de febrero pasado el subdirector general de gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional materializó la retirada del gasto certificado a la Unión Europea.
"Lo anterior supone que se ha perdido la financiación con fondos europeos y que ha sido el Servicio de Salud de las Islas Balears el que ha abonado las dos facturas presentadas por Soluciones de Gestión por un importe total de 3.758.215,24 euros y por unas mascarillas FPP2 que en realidad no lo eran, por lo que nunca pudieron destinarse al fin para el que habían sido adquiridas, permaneciendo inutilizadas en un almacén incluso a día de hoy", explica el recurso.
Para los servicios jurídicos del Gobierno balear, "el solo hecho de que las mascarillas fueran inutilizables supone un perjuicio para la Administración, con independencia de si los fondos para su adquisición eran europeos o autonómicos", aunque, finalmente, se cargaron al erario regional.
Según el escrito, es preciso investigar "si esta solicitud de financiación [con cargo a los fondos FEDER] cuando ya se sabía que el material era defectuoso e inservible integra alguna conducta delictiva", pero "ello no puede traducirse en negar legitimación a la Administración balear para personarse en la causa en defensa de los intereses del Servicio de Salud".
Malversación y prevaricación
En este sentido, argumenta que a la existencia de un "efectivo perjuicio económico" —consistente en haber sufragado el Servicio de Salud un material "defectuoso e inservible" y haber perdido la financiación con fondos europeos— "por la existencia de indicios de fraude", "los hechos que se desprenden tanto del expediente de contratación como de la solicitud de financiación con fondos europeos podrían ser constitutivos de delitos en los que el titular del bien jurídico protegido es la Administración pública, como ocurre con el delito de malversación y el de prevaricación".
Y ello al margen de los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias por los que el juez abrió la causa el pasado año.
El recurso sostiene que la denegación de la personación como acusación particular causa una "innegable indefensión" a la Administración balear "al no poder intervenir en la causa en defensa de los intereses del Servicio de Salud".
"Habiéndose retirado la financiación con cargo a los fondos europeos, y al
no haberse reclamado nada a la contratista tras la recepción de las mascarillas defectuosas —que fueron, incluso, recepcionadas de conformidad pese a conocerse su inutilidad—, la viabilidad de una reclamación en vía administrativa dirigida al resarcimiento del perjuicio causado al Servicio de Salud es sumamente dificultosa, salvo que pueda acreditarse la causa ilícita que determinaría la nulidad del contrato, por lo que es evidente el interés del Servicio de Salud en ser parte en el procedimiento penal que investiga esa contratación", señala.