La colecta para llevar a los tribunales la modificación del planeamiento que permite la construcción de la torre del puerto de Málaga recibe más de 5.000 euros en el primer día de campaña. La plataforma Defendamos Nuestro Horizonte impulsó este lunes el plan de micromecenazgo para sufragar el recurso contra el Plan Especial del Puerto aprobado en noviembre en el Ayuntamiento de Málaga, para el que necesitan, aseguran 30.450 euros.
A las 17 horas de este martes, la página de la campaña ya reflejaba aportaciones por encima de los 6.000 euros, alguna incluso ha alcanzado los 1.000 euros por parte de una persona anónima. Otras de las aportaciones, en este caso sí respaldadas por nombres conocidos, son de Ico Montesinos, arquitecto; José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física; Francisco Jiménez Játiva, ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, o Mariano Ruiz Araujo, concejal del PSOE.
En caso de alcanzar la cifra e iniciar el contencioso administrativo sería el segundo al que se enfrentaría la modificación del planeamiento –que permite construir una torre de hasta 150 metros de altura y aumenta la edificación del Dique de Levante hasta los 45.000 metros cuadrados– tras el recurso que ya interpuso la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo –en el que se personaron varios de sus miembros–.
El recurso, a pesar de que desde la plataforma no han querido concretar demasiado, sí han anunciado que las líneas principales versarán "en relación a la ley urbanística, de posible incumplimiento a la ley urbanística de Andalucía, de la ley de puertos, de la legislación ambiental y de la legislación sobre el patrimonio histórico, entre otras".
En la página –que se puede consultar aquí– se pueden comprobar las distintas recompensas, que han aportado artistas y empresarios malagueños, relacionadas con distintas aportaciones que han preseleccionado para esta campaña. Entre ellas están fotos de la Farola, un poema sonoro o, la más preciada, una paseo en jábega.
En la misma explican la base de este recurso: "El proyecto implica cambiar la normativa vigente, eliminando el actual uso público de la zona para hacer un desproporcionado hotel de lujo accesible a las rentas más altas en lugar de ser accesible a toda la ciudadanía. Se debe garantizar el uso público con interés general. El proceso de selección sin concurso público, la extrañamente simplificada tramitación y el desvirtuado control administrativo, no ofrecen garantías suficientes que demuestren el correcto cumplimiento de la ley, como ya hemos visto en otros casos en España (Algarrobico en Almería, Valdecañas, Gemelos de Benidorm o el Meliá Alicante). Igualmente, un hotel de lujo no tiene garantizada la viabilidad económica, por lo que muy probablemente acabarían reconvirtiéndose en un uso residencial y no turístico, e implica el riesgo de un posterior rescate pagado con dinero público, como ya ha ocurrido con otros proyectos similares. Es de destacar, además, la opacidad y el desconocimiento de aquellos inversores que nos anuncian como promotores del proyecto, al parecer un fondo vinculado con Catar".