Desde la alianza Aliadas, que agrupa a 35 gremios empresariales de Colombia, manifestaron que la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, como sugiere el presidente Gustavo Petro, genera un ambiente de incertidumbre e inestabilidad.
Maria Claudia Lacouture, su presidenta, afirmó que "la incertidumbre espanta a todos, no solamente a los inversionistas sino también espanta al consumidor, al ciudadano. Debería estar en este momento concentrándose en cómo fortalecer y hacer un proceso de crecimiento del país".
Agregó que desde ese sector "hemos hecho un llamado a no buscar esos caminos, que no es el camino adecuado, pero, sobre todo, enfocarnos y concentrarnos en los desafíos que tiene el país".
Otros gremios indican que la Constitución de 1991 es el mayor acuerdo al que ha llegado Colombia en las últimas décadas y que esta permite adelantar todas las reformas y desarrollos sociales que requiere la sociedad.
"No se necesita"
Jorge Bedoya, presidente de la SAC, subrayó que "definitivamente no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente para la implementación del acuerdo de paz ni tampoco para avanzar con la reforma agraria".
Dijo que "es paradójico porque fue el mismo Gobierno del presidente Petro quien le quitó en el artículo 61 del Plan Nacional de Desarrollo la fase judicial a la mayoría de los procesos agrarios que venían dictaminados del decreto ley 902 de 2017 y que es parte del corazón del proceso de paz".
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Por su parte, Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial, hizo "un llamado al Gobierno nacional a concentrarse en la real construcción de consensos sobre los temas más importantes de nuestra sociedad, como son la equidad, la superación de la pobreza, la sostenibilidad del sistema de salud, la garantía de atención a pacientes, el control del territorio por parte del Estado, la seguridad ciudadana y la reactivación económica".
El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, manifestó que el hecho de que el Congreso no apruebe las reformas del Gobierno de Gustavo Petro no justifica la convocatoria de una constituyente, y menos a 28 meses de terminar su mandato, cuando los tiempos y procedimientos exigidos por la ley no alcanzan.
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