C. Constitucional da ultimátum al gobierno para que presente plan de atención en La Guajira
El tribunal dio un mes para que se presente el plan de acción.
La Corte Constitucional dio un mes para que el Gobierno Nacional entregue un plan de atención frente a los casos de muerte de menores de edad en el departamento de La Guajira, por situaciones relacionadas con la desnutrición.
El organismo emitió un auto en el que resaltó que en seguimiento a la sentencia que declaró el estado de cosas inconstitucional en 2017, se evidenció que no hay acciones concretas que tenga la estabilidad financiera necesaria para atender esa problemática.
"No se observa en el plan una acción concreta que goce de sostenibilidad financiera o viabilidad jurídica. En su lugar, lo que se plantea es una posible acción atada a escenarios externos, la declaratoria de emergencia y un análisis interno que aún no se desarrolla", señala uno de los apartes del documento.
El tribunal afirmó que luego de estudiar el plan presentado ante los magistrados, es necesario tomar medidas urgentes que protejan los derechos fundamentales de los menores de edad de la comunidad wayúu, así como mantener vigentes los planes en ejecución.
"Debido a la necesidad de contar con medidas cautelares urgentes para salvaguardar los derechos fundamentales de la niñez wayúu, las acciones y herramientas que se vienen adelantando continuarán su ejecución, es decir, el cumplimiento de este auto no altera los cronogramas presentados", agrega el auto.
Ese tribunal indicó que es necesario que en ese plan que deberán entregar las autoridades en conjunto, se incorporen cronogramas, acciones y estrategias claras, que incluyan el diálogo con las comunidades.
"La incorporación de cronogramas, las acciones están atadas a un tiempo preciso; los indicadores corresponden a la naturaleza de las acciones y, por supuesto, una estrategia más amplia y efectiva en relación con el diálogo genuino", concluye el documento.
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El Ministerio de Salud, de Vivienda, Ambiente, Agricultura, Hacienda, el ICBF, el Departamento de Prosperidad Social y el Dane, entre otras entidades, deberán cumplir con las ordenes y entregar el informe completo en un mes.
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