Un mes más, el Gobierno ha publicado entre grandes alharacas la buenas cifras del «paro registrado» y de las afiliaciones a la Seguridad Social, trasladando a la opinión pública la imagen de que la reforma laboral impulsada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha transformado positivamente el mercado laboral español. Vaya por delante, que no es cierto. Frente a un paro «oficial» que suma 2.760.408 desempleados, existe un paro «efectivo» que afecta a 3.540.000 trabajadores, es decir, casi 800.000 más, cuya ocultación podrá servir de alivio a efectos políticos, pero impide el correcto análisis de la situación económica española, precisamente, en su aspecto más sensible, el de la cantidad y cualidad de los puestos de trabajo y, también, la evolución del empleo en los distintos sectores productivos.
A los fijos-discontinuos, excluidos de la estadística aunque se encuentre en período de inactividad, hay que sumarle aquellos que realizan cursos de formación, pese a que cobren prestaciones por desempleo; a los perceptores del antiguo PER y a quienes presentan «disponibilidad limitada», imaginativas figuras del SEPE que solo llevan a la confusión.
Por no hablar de aquellos trabajadores mayores de 50 años que, simplemente, han renunciado a la búsqueda de un empleo. De los parados «oficiales», un 52 por ciento lo son de «larga duración», muchos de los cuales solo aspiran a enlazar el subsidio con la jubilación. Pero el panorama del mercado laboral español no estaría completo sin las referencias a la precariedad de los contratos a tiempo parcial, que aunque se inscriban como «indefinidos» no dejan de crecer, además de aquellas contrataciones que disfrazan de «periodo de prueba» lo que no es más que temporalidad pura y dura.
Se argüirá que la principal responsabilidad de las irregularidades en el empleo recae sobre un sector del empresariado que solo compite en el mercado a base de bajar los salarios, pero, con ser cierto, también lo es que las políticas fiscales del Gobierno de coalición han caído principalmente sobre empresas y trabajadores, abocando a muchos emprendedores a ahorrar costes laborales para poder afrontar las subidas de impuestos.
Si a esta situación, que afecta fundamentalmente a las pymes, se le añade el alza de los costes de producción –insumos y energía– y las tasas derivadas de las agenda verde se entenderá que, más que falta de bondad en los empresarios, lo que hay es impotencia. En realidad, la excesiva presión fiscal sobre el tejido productivo español es el factor determinante de la calidad de nuestro mercado laboral, junto con la creciente falta de formación adecuada de los trabajadores. A partir de ahí, el maquillaje de los datos del paro no es más que un síntoma de lo que el Ejecutivo sanchista entiende como una extraordinaria gestión.
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