La Associacio d'Afectats per la Lley de Costes a Ibiza (Aalce) y la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera mostraron ayer su «satisfacción» por la aprobación el pasado martes en el pleno del Senado de una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas con el voto en contra del PSOE y del PNV. Este texto pasará ahora al Congreso de los Diputados.
Esta iniciativa persigue, según recuerdan, «modificar la Ley de Costas con el fin de evitar la destrucción de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre».
El Partido Popular planteaba la modificación de la Ley de Costas para «garantizar una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público».
En concreto, la iniciativa es relativa a la modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.
Proteger conjuntos urbanos
Desde Aalce añadieron que «se trata de proteger conjuntos urbanos que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre, que estén integrados en ese entorno paisajístico costero, y que dispongan de valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados».
La Ley de Costas amenaza a los negocios y viviendas de decenas de miles de propietarios del litoral español, cientos de ellos de Ibiza y Formentera. «Desde la asociación y la Cámara de Comercio hemos apoyado esta propuesta que consideramos necesaria para proteger núcleos urbanos que tenga valor, bien etnológico, económico, etcétera, como primer paso para trabajar en la redacción de una nueva Ley de Costas», indica en una nota Aixa Torres, presidenta de este colectivo de afectados.
«Este es el primer paso en la dirección correcta -añaden- para lograr que se modifiquen los criterios del último Reglamento aprobado por el Gobierno, que apuesta por la prohibición y restricción de derechos, frente a un modelo que debe respetar las diferentes singularidades de la costa española, en especial lo que afecta a nuestras Illes Balears, y a nuestro modelo económico basado en el turismo, siempre desde la perspectiva de la sostenibilidad que propugna el marco europeo».
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