Ya ha prescrito, pues ocurrió en otra vida, así que podré contarle el gusto que cierto amigo (ejem) cultivó por las citas galantes discretas cuando el alcaide del Alcázar sevillano decidió cobrar al forastero por pasear por sus jardines, alboreaba el milenio y aún se transaba con pesetas, mientras que al aborigen le bastaba con mostrar un documento acreditativo para colarse gratis, confundido entre una marea de turistas y a salvo de la mirada de parejas –la de él y la de ella– celosas: alivios urgentes en el laberinto y tranquilo refrigerio en la cafetería en unos años en los que se consideraba normal la pérdida de cobertura del teléfono celular, sin mecanismo de geolocalización ni posibilidad de enviar testimonio gráfico.
Tiempos felices propiciados por el afán recaudatorio del Ayuntamiento disfrazado de voluntad conservacionista, pues municipal era y es el palacio real como lo es también la titularidad de la Plaza de España, en la que el alcalde Sanz pretende adoptar una medida similar.
Desde aquí lo alentamos a ello, pues no molestará al visitante aflojar unos eurillos por disfrutar de tan singular espacio ni disuade al vecino la exhibición del DNI si, a cambio, puede pasar allí el rato sin tristeza por su degradación vandálica ni perturbación a causa de vendedores ambulantes, legítimos o manteros, cuadros flamencos de lance, carteristas, leedoras de manos y hasta grupos de gimnastas practicando Pilates sobre los azulejos de sus soportales.
El perímetro, aforo y vigilancia de una plaza monumental no equivale a su "privatización", como brama ese ejército de demagogos que lleva toda la semana confundiendo adrede el culo con las témporas. Cuidar la obra de Aníbal González es una obligación de las autoridades, casi tan importante como fomentar la lujuria furtiva. ¡Hágase!
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