El gobernador Maximiliano Pullaro respondió ayer una pregunta sobre las denuncias del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal por torturas en la cárcel de Piñero. En rueda de prensa, ante la pregunta de un periodista, afirmó opinar "lo que dijo el juez, que no hubo torturas, que no hubo vejaciones, que no hubo violación a los derechos humanos y que se aplicó la ley de ejecución penal. Hubo una audiencia y sobre las 147 personas que habían planteado que habían sido golpeadas relacionadas con el servicio penitenciario, un juez con mucha claridad dijo que no había ocurrido nada de eso". Tales fueron las palabras del mandatario provincial, en referencia a la audiencia de hábeas corpus del miércoles pasado, donde el juez Rafael Coria rechazó el pedido en relación a la extensión de los días de encierro en las celdas y se negó a analizarlo en cuanto a torturas. Para Coria, no existió el agravamiento de las condiciones de detención. Pero hay otra instancia: la Defensoría también presentó denuncias penales ante la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, que la fiscal Karina Bartocci debe investigar.
Cuando Riccardi quiso incorporar el tema de las violentas requisas, Coria no hizo lugar. "Presentamos un informe del médico forense Lucas Kuverling que tiene 100 páginas, por todas las heridas constatadas en los detenidos", explicó el Defensor Regional a Rosario/12. En cuanto a la denuncia penal, la Defensoría pidió a Fiscalía que ordene medidas, entre ellas, convocar a los denunciantes. La Defensoría presentó dos denuncias por violentas requisas en los pabellones 7, 8 y 23 de la Unidad Penitenciaria 11 de la provincia.
Sólo en el pabellón 7 de la cárcel de Piñero hay 108 detenidos, pero sólo 40 celdas. Es decir que en algunas celdas conviven dos y en otras tres personas, en un espacio de menos de 3 metros por dos. Cuando los períodos de aislamiento se extienden durante varios días, se pasan 24 horas "engomados" o en "buzones", tales las formas de describirlo en la jerga carcelaria.
El acta pública de la audiencia de habeas corpus consigna que se realizó por zoom, el miércoles, desde las 15.04. El número de CUIJ (código que identifica a la causa en el sistema judicial) es el 21-07044742-5. Allí el Defensor Regional Martín Riccardi pidió al Servicio Penitenciario que "brinden las explicaciones necesarias con respecto a los aislamientos preventivos, por que plazo se ha realizado dicho aislamiento y si fue notficado fehacientemente al tribunal, qué información brindaban para dicho encierro, porque se aislaba de manera colectivamente y si se aplicó el protocolo de resguardo". Esto en relación al aislamiento.
El Defensor regional también planteó que "en la requisa realizada el 2 de marzo los internos presentan heridas de variedad, se consulta cual es el protocolo y el criterio para realizarlas, si se han inventariado los objetos para luego restituirlos, como se individualizó cada caso en particular, si se han sacado fotos y hay material filmográfico a la hora de realizarlo. Manifiestan que las requisas han sido muy violentas".
El juez Coria les dio la palabra a los funcionarios provinciales, quienes indicaron las fechas de los aislamientos. Y pusieron a disposición los registros de video de cada requisa. Plantearon, además, que la presentación era "abstracta" porque las comunicaciones de las personas detenidas ya habían sido restablecidas. El aislamiento está previsto en el artículo 32 de la nueva ley de ejecución penal vigente en la provincia desde el 29 de diciembre pasado, donde se establece un plazo de quince días.
Coria también le corrió traslado a Bartocci, quien manifestó "tener presentes las numerosas denuncias realizadas a los pabellones 7 y 8 de la Unidad N°11 (Piñero)". La Fiscal dijo que "los hechos puntuales que habilitaron el presente Habeas Corpus, el cierre del pabellones, fueron contestados por los representantes del Servicio Penitenciario. La razón de los mismos fue su fundamentación en cuestiones de seguridad y fueron realizados de manera temporal. Por lo que están más que justificados. Además, la comunicación ya fue restablecida dentro de dichos pabellones. Manifiesta que cree que pudo haber una información poco clara con respecto al cierre de los pabellones y al de las requisas, pero que no habilita la vía de habeas corpus". La propia encargada de investigar la violencia institucional solicitó "formalmente el rechazo del habeas corpus, por no haber un agravamiento ilegítimo de las condiciones de convivencia".
Con información de Pagina 12