Cada vez más alicantinos recurren a la denominada Ley de Segunda Oportunidad para deshacerse definitivamente de sus deudas. Una posibilidad que existe desde el año 2015, pero que se ha disparado a raíz de la última reforma legislativa que entró en vigor en septiembre de 2022, cuando se introdujo el denominado concurso exprés, que reduce considerablemente los trámites.
De esta forma, a lo largo del año pasado hasta 1.769 particulares recurrieron a los juzgados de lo Mercantil para solicitar la denominada exoneración del pasivo insatisfecho, o en otras palabras, para que un juez les perdonara sus deudas. Una cifra que más que triplica a la del ejercicio anterior, cuando fueron 571 las solicitudes que se presentaron con la misma intención, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial.
Además, todo hace prever que se trata de un fenómeno que seguirá en aumento si se tiene en cuenta que la evolución a lo largo del año pasado fue de menos a más, de forma que solo en el último trimestre ya se registraron más peticiones -600- que en todo el año anterior.
Más que en un empeoramiento de la situación económica, el motivo de esta oleada de concursos de acreedores de particulares hay que buscarlo en las facilidades que ofrece la nueva normativa y también en el mayor conocimiento que existe de esta posibilidad, según reconocen las fuentes jurídicas consultadas.
Trámites sencillos
En este sentido, para acogerse a esta figura basta con acreditar la insolvencia, carecer de antecedentes por delitos socioeconómico y haber actuado de buena fe. Con el procedimiento simplificado se suprime la obligación de recurrir previamente a un intento de mediación y tampoco es necesario designar administrador concursal, a menos que lo solicite alguno de los acreedores.
El resultado es que los tribunales alicantinos están resolviendo estos casos en un plazo medio de tan solo tres meses, según apunta Adrián Roca, del bufete Olima Abogados. En cuanto al perfil de las personas que solicitan la segunda oportunidad, Roca señala que ya hay solicitantes de todas las edades y condiciones, aunque en muchos casos se trata de personas que llevaban arrastrando sus deudas desde hace años, en ocasiones, décadas.
Cambio en 2015
Al respecto, cabe recordar que, hasta la aprobación de la primera versión de esta ley, los ciudadanos particulares no podían declararse en concurso, como ya hacían las empresas, con lo que respondían de sus deudas de por vida, aunque ya no les quedaran bienes, lo que abocaba a muchos de ellos a la exclusión financiera de por vida.
Con el cambio de 2015 se abrió esa posibilidad, aunque los trámites necesarios y el tabú que seguía existiendo provocaron que su despegue fuera muy lento, hasta la nueva modificación que entró en vigor en septiembre de 2022.
Este procedimiento también facilita que los afectados puedan conservar la vivienda u otro inmueble, cuando el valor de la deuda que pesa sobre él supera al valor de mercado del bien.
Menos concursos de empresas y autónomos
El aumento de particulares que recurren a la ley de Segunda Oportunidad contrasta con el descenso de concursos de acreedores vinculados a la actividad empresarial. Así, la cifra se solicitudes de personas jurídicas –es decir, sociedades- ha pasado de 306 en 2022 a 201 el año pasado, según el último balance del Consejo General del Poder Judicial. Por su parte, las peticiones de personas físicas empresarias –autónomos- cae de 148 a 63 en el mismo periodo, de acuerdo con las citadas fuentes.
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