Gilberth Alfaro, director jurídico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), agregó un nuevo ingrediente a la polémica relacionada con la administración del Expediente Digital Único en Salud (EDUS), pues presentó ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción una denuncia por presuntas irregularidades en la contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para administrar esa plataforma.
De acuerdo con la gestión presentada por Alfaro el 14 de marzo, existe la presunción de que en la contratación, aprobada en 2017, por $201 millones (¢103.000 millones, aproximadamente), se excedió el porcentaje de subcontratación permitido por la normativa.
La Ley de Contratación Administrativa establece que ningún contratista puede subcontratar más del 50% de los bienes o servicios pactados; el objetivo de esa norma es asegurar la idoneidad de los proveedores y los mejores precios posibles para el Estado.
Además, dice la denuncia, en el expediente del contrato hay documentos que comprueban atrasos en la implementación de los servicios dados por el ICE, pero no existe evidencia de que la CCSS haya aplicado suspensiones o cobro de multas por esos inconvenientes.
También se señala la inacción de la Gerencia General para evitar el vencimiento del contrato con el ICE. Durante el 2023, esa función estaba, por recargo, en manos de Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS.
La Nación reveló, el pasado 6 de marzo, que la Caja dejó vencer el contrato con el ICE, lo cual puso en riesgo la operación del EDUS en ocho centros médicos. Ese, sin embargo, era un contrato de emergencia luego de que el firmado en 2017 llegó a su fin.
Hasta ahora revisaron
¿Por qué la Dirección Jurídica denuncia las presuntas irregularidades hasta ahora si el acuerdo con el ICE existe desde 2017? La respuesta de Alfaro es que hasta ahora revisaron la ejecución de la contratación debido a varias consultas internas.
Añadió que no lograron precisar en cuánto se excedió el porcentaje de subcontratación, pero que espera que la Fiscalía pueda precisarlo.
El EDUS es una herramienta que contiene todo el historial médico de los asegurados y permite al personal sanitario consultar registros, exámenes de diagnóstico y otros datos para la toma de decisiones durante la atención de las personas. Además, por medio de ese sistema, los pacientes pueden sacar citas, consultar resultados de exámenes, registrar internamientos y gestionar recetas médicas, entre otros servicios.
Los servicios del ICE consisten en renovar y ampliar la infraestructura tecnológica y eléctrica, la instalación de redes, cambio de equipos electrónicos, impresoras, servidores y otros.
En una entrevista realizada esta semana, Manuel Rodríguez, director de EDUS, no logró responder cuánto de los servicios encargados al ICE fueron subcontratados.
Pese a todos los problemas señalados por la Dirección Jurídica, la Caja abrió, la semana pasada, un proceso extraordinario para contratar nuevamente al ICE a través de un mecanismo de excepción habilitado por la ley.
Prórroga ilegal
Este viernes, La Nación le envió consultas a Vilma Campos, gerente general de la CCSS desde el 15 de diciembre de 2023, sobre la denuncia presentada por el director jurídico. Se está a la espera de una respuesta.
No obstante, en una conversación que ella sostuvo con este medio a inicios de semana, se le preguntó sobre el vencimiento del contrato. La funcionaria manifestó que no le ha pedido explicaciones a Marta Esquivel, por esa situación.
En su criterio, es la Junta Directiva la que debe pedir cuentas y tomar las medidas necesarias para sentar responsabilidades. No obstante, en el oficio GG-0176-2024, Campos cuestionó el descuido de la Gerencia General durante todo el 2023 con respecto a ese asunto.
Ante una consulta, Campos señaló que la Dirección Jurídica de la CCSS considera ilegal la forma en que la entidad prorrogó el contrato con el ICE en marzo del 2023 –cuando venció el convenio de 2017–por un periodo de 12 meses por ¢12.000 millones.
La funcionaria declaró que la Auditoría Interna tiene el encargo de la Junta Directiva de analizar todo el proceso de prórroga para emitir un informe que permita abrir un proceso disciplinario contra los presuntos responsables.