Casas completamente derruidas por deslizamientos en la ladera en la que están construidas, otras tantas declaradas en ruina física, ordenes de desalojo, daños en viales y en las conducciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad o la fibra óptica, incluso, recientemente han denunciado la aparición de nuevas grietas en casas por el constante paso de camiones y de maquinaria pesada por la construcción de un vial alternativo. Los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar de La Herradura llevan años luchando con uñas y dientes por encontrar una solución a este enclave que se vendió entre 2001 y 2005, y en el que han visto desde entonces como la ladera sobre la que se encuentran ha sufrido diferentes corrimientos de tierra que han provocado el derrumbe de algunas de las casas, la clausura por riesgo de otras tantas y desperfectos graves en una amplia mayoría de las viviendas.
Camino complicado que no ha estado exento de polémica por las distintas visitas a los tribunales y la falta de una solución que se demora en el tiempo desde hace bastante tiempo. El Ayuntamiento está condenado subsidiariamente al arreglo y la estabilización de la urbanización, algo que, según apuntan fuentes municipales, podría costar entre 50 y 80 millones de euros. Motivo por el que desde el Consistorio se ha aprobado solicitar al Gobierno de España la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección oficial, es decir, zona catastrófica, así como reclamar a la Junta de Andalucía que ejerza sus competencias y declare la Zona de Emergencia de Interés General de Andalucía.
El objetivo es aunar esfuerzos entre todas las administraciones para ofrecer una solución definitiva a los vecinos de la urbanización que, en algunos casos han perdido sus casas, y en otros están próximos a ello. La propuesta, impulsada por el alcalde de Almuñécar, y que ha sido respaldada recientemente por todos los grupos municipales en el pleno, lleva aparejado dar traslado a ambos gobiernos -nacional y autonómico- y también al Defensor del Pueblo, para que se interesen "por el grave deslizamiento de la ladera de Cerro Gordo y la situación de la urbanización y de los vecinos".
Aunque con cautela por no ser la primera vez que se intenta dar con una solución que finalmente queda en nada, los vecinos ven en el acuerdo municipal un reducto de esperanza para solucionar la situación. La urbanización se sitúa en una gran parcela limítrofe al Paraje Natural de Cerro Gordo que fue adquirida por una empresa en 1988, para construir algo más de 400 viviendas en distintas fases. Una gran parte de los propietarios adquirieron los inmuebles sobre plano por precios que rondaron los 100.000 euros. La zona es propensa a sufrir deslizamientos, el Ayuntamiento no recepcionó en su momento las obras del proyecto de urbanización general, de hecho, en una primera instancia y tras aparecer los primeros desperfectos, por 2005, algunos vecinos alegaron que podrían deberse por "defectos constructivos". En la actualidad, la situación de la zona ha empeorado y los vecinos siguen sin ver una solución cercana que pasaría por la estabilización de la ladera para garantizar la seguridad y que el problema no se siga extendiendo hasta urbanizaciones cercanas.
Tras múltiples pleitos, el Tribunal Supremo desestimó el recurso extraordinario presentado por los responsables de la construcción, y ratificó la sentencia que los condenaba a subsanar los daños sufridos en las viviendas. El juzgado de Primera Instancia 12 de Granada ya condenó a los responsables de las obras por las deficiencias de la urbanización y acordó como medida cautelar acometer unas obras de emergencia, aunque las promotoras se declararon insolventes y dejaron en un limbo jurídico a los afectados, que solicitaron la mediación de la Junta y del Defensor del Pueblo Andaluz. En 2016, el Parlamento andaluz decretó la situación de emergencia en la zona y ordenó ejecutar las actuaciones "necesarias e imprescindibles para evitar la situación de deslizamiento y riesgo" de las viviendas.
Un año antes, el Consistorio sexitano declaró la emergencia en la zona por los deslizamientos, solicitando incluso la ayuda de los gobiernos autonómico y nacional. Incluso, a final de ese año se aprobó una proposición no de ley que finalmente quedó en nada.
A principio de 2024, múltiples vecinos de la urbanización denunciaron públicamente la aparición de nuevas grietas en sus casas, aunque esta vez por culpa del constante paso de camiones y de maquinaria pesada para el vial alternativo que se estaba construyendo en dicha urbanización. Asegurando que el vial por donde transitaban dichos vehículos pesados estaba en unas condiciones muy precarias e inestables desde hace años, por lo que consideraban que el paso de dichos camiones estaba perjudicando aún más la situación lamentable de la calzada y de las casas adyacentes.
En las últimas fechas, el Ayuntamiento de Almuñécar aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos solicitar al Gobierno de España la declaración como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (zona catastrófica), el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, indicó durante la exposición de motivos para solicitar la declaración de zona catastrófica que, en la actualidad, cinco viviendas están totalmente derruidas; 19 viviendas han sido declaradas en ruina física inminente y con orden de desalojo, precinto y vallado perimetral; siete viviendas se encuentran propuestas para desalojo y, para colmo, los deslizamientos se han extendido de Cármenes del Mar a viviendas de las promociones Casas Especiales, Calaiza, Pueblo y Atarazanas, produciéndose también graves daños en los viales y en las conducciones de abastecimiento, saneamiento, electricidad y fibra óptica, situados en el subsuelo y que han ido a peor con el paso de los años.
¿Qué implica la declaración de zona catastrófica?
Si el Gobierno, a través del Consejo de Ministros, apruebe la solicitud del Ayuntamiento de Almuñécar y declara la urbanización Cármenes del Mar como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, se activan unas ayudas económicas que pueden estar dirigidas a los propios vecinos, para que hagan frente a los daños que han sufrido en sus viviendas; a la administración local para hacer frente a los gastos derivados a los que se hayan visto sometidos para llevar a cabo los arreglos; o a personas físicas o jurídicas que hayan contribuido con una prestación a nivel personal o con sus propios bienes, entre otros.
Una vez declarada como zona afectada por emergencia de protección civil, se abre un tiempo para la constitución de una Comisión de Coordinación, integrada por representantes de las Administraciones estatal, autonómica y local afectadas, para llevar a cabo los trabajos necesarios para devolver la normalidad a la zona afectada.