Los primeros 100 días de gobierno son apenas el 6% de un mandato de cuatro años pero políticos, consultores y periodistas señalan este como el período de gracia de todo nuevo gobierno. Sin embargo, no es mucho lo que puede lograrse en términos de concretar objetivos estratégicos de política ni lo que puede decirse sobre el futuro desempeño del gobierno. Pero esos primeros días tienen un significado simbólico y son interpretados muchas veces como un barómetro del poder de un gobernador, un presidente o un intendente entrante. En la provincia, tanto Maximiliano Pullaro como Javier Milei tienen altos indicadores de apoyo a la gestión, especialmente el primero. "Comparten el núcleo de votantes" suele decir el senador Eduardo Galaretto al explicar el voto de apoyo al DNU 070 que fuera rechazado por la mayoría de la Cámara alta.
Pullaro empezó la gestión con muchos bríos, mucha decisión política, una primera línea de gobierno copando todo el tablero de la política santafesina y ejecutando los principales ejes anunciados en la extensa campaña electoral. Es más, en ese corto lapso empezó a tener protagonismo a nivel nacional especialmente a la hora de discutir el frondoso proyecto de Bases del gobierno de Javier Milei que luego murió en el debate en particular en la Cámara de Diputados de la Nación.
Sin embargo el deja vu de la política santafesina volvió a encender alarmas con cuatro asesinatos en Rosario y el estancamiento de la paritaria docente con el regreso de los paros como principal estrategia gremial de Amsafe.
En las primeras semanas de gestión, la Legislatura le fue dando una docena de herramientas que pidió y que pasan por emergencias en varias áreas hasta reformas judiciales. Queda pendiente la reforma al Código Procesal Penal cuya aprobación viene dilatándose por diferencias internas, especialmente entre socialistas y radicales en la Cámara Baja. El objetivo es saldarlas antes del miércoles, tarea no simple y en la que el ministro de Gobierno, Fabián Bastía, viene trabajando a destajo en los últimos diez días. El objetivo de los senadores oficialistas liderados por Felipe Michlig es lograr consenso en ese cuerpo donde está chocando con algunas intransigentes del justicialismo en cuanto a ceder facultades especiales a fiscales o a la propia policía. En Diputados, en tanto, el socialismo observa y hasta parece compartir la postura de los senadores justicialistas. El jueves último, el radicalismo de ambas cámaras optó por frenar sobre la hora y abrir una ventana de negociación hasta el miércoles. Si logra unanimidad en Senado habrá ley en esa jornada, caso contrario en la Cámara Joven deberá juntar voluntades de los bloques menores para tener los dos tercios que le habiliten el debate. Casi inadvertido el pasado jueves pasó el intento del radicalismo de hacer ley la intervención a la comuna de Villa Saralegui, dpto San Cristóbal, donde -otra vez- hubo voces socialistas que pidieron esperar una semana.
Pullaro, en estos cien días, logró varias herramientas para la política de seguridad y de persecución al delito, una de ellas el empoderamiento de la figura del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación. La tarea central de María Cecilia Vranicich es ordenar el trabajo en Rosario y no le tembló el pulso en correr del lugar de conducción a María Iribarren. Al gobernador dicen no le temblará el pulso a la hora de correr a policías que no cumplan con la tarea pero pide pruebas y cuestiona -internamente- el método de Patricia Bullrich -azuzada por algunos dirigentes rosarinos- de señalar a la policía santafesina como corrupta. ¿Acaso la Policía Federal no tiene nichos de corrupción? se preguntan al lado del mandatario. Generalizar no es bueno, dicen en ámbitos oficiales santafesinos.
El otro dato no menor es el apoyo del bonaerense Axel Kicillof a la provincia al cederle por 30 días, ochenta móviles policiales. Pullaro admite tener recursos para adquirir vehículos policiales pero tiene dificultades en la provisión y hay quejas al desinterés de General Motors en hacerlo. Más allá de los móviles y de las cortas visitas de funcionarios nacionales -caso el ministro Petri- la provincia debe afrontar la violencia de Rosario y Santa Fe con sus efectivos y algún apoyo de fuerzas federales. Todo es muy frágil…
A la problemática de seguridad y drogas se suma la estrechez de las cuentas fiscales y ajuste fiscal del gobierno federal que en jubilados y en provincias tiene mayor impacto. Fonid, transporte, comedores, obras públicas y fondos para salud fueron cortados. La provincia ha reforzado comedores y salud silenciosamente. "En transporte no hay más que lo previsto" aclaró la secretaria del área, Renata Ghilotti, ante DIputados la semana pasada. Con los docentes, la paritaria parece estar lejos de cerrar. El gobierno confía en hacerlo con los estatales este lunes para empezar a ordenar el tablero. "Mes a mes hasta que se normalice la situación económica", dicen en la Casa Gris. No todos los dirigentes gremiales aceptan y el desafío de 192 días de clase trazado por el ministro José Goity tropezó mucho antes de los primeros cien días de gobierno.