La fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Cometidos por Funcionarios Públicos, incorporó formalmente a las congresistas Martha Moyano (Fuerza Popular) y Patricia Chirinos (Avanza País) en la investigación preliminar que sigue por el presunto delito de organización criminal, en la trama que habría encabezado la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
Así consta en la 'disposición de ampliación, precisión de imputación, incorporación de investigados y desacumulación de hechos', que fue emitida el pasado 1 de marzo y a la cual tuvo acceso El Comercio. La fiscalía suprema señala ahora a las dos parlamentarias en funciones como parte de la red criminal, en calidad de presuntas coautoras, la cual habría influido en votaciones claves en el Congreso concertando voluntades.
Como parte de la presunta organización criminal también se incluyó a los fiscales Marco Huamán, excoordinador del Área Especializada Denuncias Constitucionales; y Elmer Ríos, excoordinador del equipo especial que investiga el Caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
En total, a la fecha se le atribuye este presunto delito a un total de 12 personas, aunque la lista podría ampliarse próximamente. En la disposición fiscal también incorporó —en total— a 14 congresistas de distintas bancadas por otros presuntos delitos como cohecho y tráfico de influencias [ver infografía].
También se incluyó, entre otros, al prófugo fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien es investigado ahora en esta carpeta por presunto tráfico de influencias. Ello por las coordinaciones que se habrían efectuado con la presunta red criminal para obtener votos en el Congreso.
Organización criminal
Según la fiscalía, la parlamentaria Martha Moyano habría integrado y promovido la presunta red, teniendo "el rol de coordinación para favorecer a los intereses de la organización criminal con alianzas delictivas de su partido 'Fuerza Popular' con Patricia Benavides".
"Así como promover sus actividades ilícitas en el Congreso destinadas a consolidarse en su cargo, responder a los objetivos de su partido de lograr el control del sistema de justicia, a través de la alianza con el Ministerio Público, y procurar el cambio del fiscal a cargo del proceso penal en contra de su lideresa, Keiko Fujimori", se lee en el documento fiscal.
En tanto, en el caso de la congresista Chirinos, se indica que habría integrado la organización y que "habría tenido el rol de impulsar los mecanismos previstos en el Congreso para favorecer a los intereses de la organización criminal".
Estos intereses fueron —según la disposición— la presentación de la moción para la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la presentación de la denuncia contra jueces que emitieron una medida cautelar a favor de JNJ, así como también "la captación de otros congresistas a fin de que emitan su voto a favor en asuntos de interés de la organización criminal".
La fiscal suprema Delia Espinoza, que abrió investigación preliminar el pasado 8 de enero, emitió esta nueva disposición luego de haber recabado en el transcurso de estas semanas, entre otros elementos, la declaración —en calidad de testigo— de Jaime Villanueva, exasesor de Benavides. En el documento confirma que "los extremos que no guardan relación con los hechos" que investiga su despacho ya pusieron en conocimiento del fiscal de la Nación.
De momento, la fiscalía ha citado a declarar a un total de 20 investigados, entre los que se encuentran justamente los congresistas y fiscales, los cuales comenzarán a declarar desde el 16 de abril próximo (el primer citado es el legislador José María Balcázar) y terminarán el 2 de mayo, según el cronograma inicial.
En la disposición fiscal, Espinoza también dispuso desacumular el caso en dos extremos: la remoción de la fiscal Bersabeth Revilla, que investigaba a la hermana de Patricia Benavides; y sobre los actos de encubrimiento desplegados ante la ejecución de Valkiria V, el operativo con que se dio a conocer la trama y que significó su salida de la Fiscalía de la Nación.
El Comercio intentó recoger los descargos de las congresistas Moyano y Chirinos.
La primera indicó —vía WhatsApp— que asistirá a citación formulada por la fiscalía. "Hay una investigación y la fiscalía está citándonos, hay que ir. Pero personalmente he dicho públicamente mi posición y opinión respecto del fiscal [José Domingo] Pérez. No hay nada que tenga que ver con algún ilícito penal", indicó. No respondió cuando se le consultó por el cargo de presunta organización criminal que le atribuye la fiscalía.
En tanto, Chirinos no respondió las llamadas ni mensajes. El paso 2 de marzo, indicó: "Como siempre lo he afirmado, no he cometido ningún delito. Todas las DC (denuncias constitucionales), proyectos y mociones que he presentado las he hecho con convicción, pensando en lo que es mejor para el país, sin ningún interés personal de por medio".
Puntos de vista
El abogado penalista Andy Carrión indicó a El Comercio que "es muy grave" la imputación que hace la fiscalía y que ello significaría que ambas parlamentarias habrían tenido "un rol preponderante dentro del Congreso" para la presunta organización.
"No es baladí este tipo de incorporaciones, porque una cosa es que estés inserto en el delito de tráfico de influencias, colusión o negociación incompatible. Pero otra es que te den el título de 'coordinador' en el Congreso, porque eso significaría que se habría tenido un rol muy protagónico", indicó.
Mencionó que, con esta incorporación, se indica que procedimentalmente se tiene un plazo de 36 meses de investigación y que se abre la puerta para que se dispongan otras medidas como el impedimento de salida del país. Sin embargo, ratificó que la fiscalía solo podría avanzar hasta la investigación preliminar, debido a la prerrogativa de antejuicio político.
Por su parte, la abogada penalista Liliana Calderón indicó que el delito de organización criminal "implica que te coludiste o pusiste de acuerdo con otras personas para formar parte de una organización criminal para cometer delitos", y que en esta estructura "cada quien ocupa un rol".
"(Significa) un plazo mucho más amplio para la investigación preliminar que son hasta 36 meses, tienes por otro lado la posibilidad de que se dispongan medidas cautelares que limitan los derechos fundamentales, por ejemplo, el impedimento de salida del país, escuchas telefónicas, levantamiento del secreto bancario", subrayó Calderón a este Diario.