Hoy parece consumarse una de las fallas más emblemáticas de la planificación urbana para Lima Metropolitana. De acuerdo con Gerardo Hermoza, gerente general del corredor morado, sus unidades dejarían de funcionar desde este lunes luego de haber fracasado las negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para mantener el servicio operativo. El concesionario reclama una deuda de S/300 millones de parte del Estado y anuncia que la demandará por vía arbitral.
Lo que es aún más grave: Hermoza indicó que los corredores azul y rojo también paralizarían sus actividades en los próximos días por el mismo motivo. En suma, esto implica que unos 224 mil pasajeros diarios deberán buscar alternativas para llegar a su centro de labores o estudios, o simplemente para movilizarse por varias de las vías más importantes de la capital.
Las críticas de los concesionarios se enfilan en contra de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU), a la que acusan de inacción y desidia. Según estos, la ATU ha incumplido sus obligaciones contractuales, lo que ha ocasionado un "constante desequilibrio económico" a los operadores de al menos tres rutas complementarias.
La solución de la ATU para cubrir la ruta morada de San Juan de Lurigancho hasta el Centro de Lima es autorizar "de forma provisional o temporal" a 522 unidades de distintas empresas formales para cubrir la demanda. En vez de planas y predecibles, las tarifas serán establecidas por cada empresa de transporte según el trayecto. La calidad y regularidad de la oferta de transporte está lejos de garantizada. Las combis podrán estar de vuelta sin mayores complicaciones. En otras palabras, se desanda lo poco que se había logrado avanzar. Si el destino de los corredores rojo y azul efectivamente es el mismo que el del morado, bien se podría estar ante el principio del fin del intento de formalización y orden del transporte masivo de buses en Lima.
El abandono de la reforma del transporte urbano en Lima no es nuevo. El esfuerzo lleva ya una década, pero los retrocesos han sido constantes. Las autoridades –principalmente la ATU– no han sido capaces de cumplir su parte del acuerdo frente a los concesionarios. El transporte informal es prevalente, con combis y colectivos ilegales compitiendo por pasajeros con los corredores formales. En rutas como la avenida Arequipa, mafias cobran cupos impunemente. Los carriles exclusivos para los corredores jamás fueron realmente exclusivos. La lista de incumplimientos que hacen insostenibles las operaciones continúa.
Desde el Congreso y el MTC, el apoyo ha sido demasiado esporádico, y a veces parecido más bien al sabotaje. Cuando Juan Silva encabezó el ministerio durante la administración del expresidente Pedro Castillo, por ejemplo, fueron los transportistas informales quienes imponían condiciones. Y hace poco el congresista Segundo Montalvo (Perú Libre) anunció otro proyecto de ley para formalizar el taxi colectivo en Lima, como ya sucede en el resto del país.
La paralización de los corredores sería, pues, la manifestación más obvia de un problema que lleva tiempo macerándose. Una combinación de incompetencia, clientelismo y falta de compromiso, en un contexto de fortalecimiento de las economías informales e ilegales, ha llevado a este punto. La ciudad no puede resignarse a que el caos, la informalidad y la impunidad hayan ganado la batalla en las calles. Pero, por ahora, no hay nada que haga presagiar lo contrario.