Las 198 actas de inspección que la Policía Municipal de Madrid levantó durante lo peor de la pandemia de 2020 son un buen reflejo de lo que se vivieron aquellos trágicos días en las residencias de la capital. Según un análisis que ha hecho Infobae España de todas las actas, hechas públicas por Más Madrid, en al menos el 67% de los casos los centros visitados por los agentes no tenían ningún médico en esos momentos o como mucho tenían uno para atender a los residentes. Las inspecciones se realizaron entre el 31 de marzo y el 26 de abril de 2020 y sirvieron para comprobar cómo se las estaban apañando los gestores de las mismas para combatir un virus que ya hacía estragos entre la población más mayor. Cerca de 10.000 personas estaban en esas fechas viviendo en las residencias inspeccionadas, un muestreo que sirve como radiografía de lo que realmente pasó esas semanas.
Es el caso, por ejemplo, de la Residencia San Pedro, situada en calle San Bernardo de Madrid. La inspección se realizó el 3 de abril y los agentes constataron que en esos momentos había 85 residentes atendidos por tres enfermeras y 14 auxiliares que se repartían en los turnos de mañana, tarde y noche. "El médico se encuentra dado de baja, les mandan una doctora jubilada del Clínico que asiste dos horas diarias". Esta es la situación que tuvieron que vivir muchos de estos centros durante esos días: sin apenas especialistas para combatir a un virus que se extendía con rapidez.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró el 19 de abril de 2020, en pleno estado de alarma, que la región contaba con "más de 100 residencias medicalizadas". Algo que desmintió poco después Antonio Burgueño, uno de los principales asesores sanitarios de Ayuso durante la pandemia, en una entrevista a El País: "La medicalización de las residencias no se llevó a cabo. Faltó jerarquía, rapidez y eficacia (...) por culpa de ello se dejó a los enfermos mayores abandonados", señaló. Las actas también revelan que la mayoría de los centros se quejaban de que faltaba material para frenar la expansión de la enfermedad: geles hidroalcohólicos, test, EPIs, gafas de protección, guantes y mascarillas.
En total, según los datos analizados y lo que reflejaron los policías en sus actas, los médicos disponibles en esos momentos eran 199 para atender a una población residencial que casi llegaba a las 10.000 personas. Otro ejemplo es la residencia Carabanchel, para personas afectadas por algún tipo de enfermedad mental. Fue inspeccionada el 23 de abril de 2020. Los agentes reflejan que hay 22 residentes, pero ningún médico ni enfermero. Solo hay auxiliares "de la rama psicosocial, ninguno de la rama sanitaria". El acta refleja además que la Unidad Militar de Emergencias realizó una desinfección quince días antes, pero que ni a los enfermos ni a los trabajadores se les había hecho test.
Esta misma semana Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial aportando las 198 actas policiales para que investigue lo sucedido. "En los meses de marzo y abril de 2020 fallecieron 9.470 personas mayores que habitaban en residencias para la tercera edad en la Comunidad de Madrid. De esa escalofriante cantidad, el 77% (7.291) no llegó a ser trasladado hacia hospital alguno para intentar revertir su delicada situación. El Gobierno de la Comunidad de Madrid envió previamente a dichos centros geriátricos una serie de protocolos en los que se restringía el traslado de mayores enfermos a los hospitales, fijando ciertos criterios que tabulaban el nivel de dependencia o la discapacidad intelectual de la persona enferma", señala la denuncia.
"Una vez conocido el contenido de las actas de la Policía Municipal, así a como a propias declaraciones de responsables de la Comunidad de Madrid, es constatable que los protocolos supusieron una toma de decisión que dejó sin asistencia a personas mayores que se encontraban en residencias, ya que no fueron trasladadas a hospitales en aplicación de los mismos, o incluso, fueran devueltos a las residencias para que fallecieran allí sin la oportuna asistencia médica", continúa la denuncia.
En el caso de la Residencia Mirasierra, los agentes que la inspeccionan el 23 de abril de 2020 constatan que ya han fallecido 69 residentes, a pesar de que el equipo sanitario es amplio: nueve médicos y 13 enfermeros para un total de 131 mayores atendidos. Los policías reflejan en su acta que 60 residentes murieron en el centro porque "no se admitió la derivación de dichos pacientes en el hospital de referencia, La Paz". También se refleja que la directora solicita "apoyo psicológico" para toda la plantilla y denuncia "el absoluto abandono por parte de las administraciones públicas".
Otro ejemplo fue lo que ocurrió en la residencia Gerinsa, inspeccionada el 9 de abril de 2020. En esos momentos había 122 residentes atendidos por cinco médicos y diez enfermeros. Ya había 33 muertos. La directora señala "que si se hubiera podido derivar a los residentes al hospital no hubiera habido tantos fallecidos". De las 33 víctimas, 31 murieron sin que se las pudiera hacer la prueba del covid. La responsable del centro también quiso dejar constancia de que todo el personal estaba "agotado física y emocionalmente".
En su denuncia, Más Madrid señala que las actas policiales son fuertes indicios de que se pudieron cometer los delitos de prevaricación, omisión del deber de socorro y trato degradante. "Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse del resultado de muerte o lesiones sufrido por personas concretas". La Comunidad de Madrid siempre ha defendido que actuó correctamente, sobre todo en unas condiciones tan excepcionales como fue esta pandemia, y que de momento ninguna denuncia judicial ha prosperado. Las familias, organizadas en la Marea de las Residencias, mantienen, por el contrario, que hay todavía 150 denuncias abiertas.
Despedido por hacerse selfis
Algunas actas reflejan también situaciones insólitas que se vivieron esos días. Por ejemplo, cuando los agentes de la Policía Municipal visitaron el 17 de abril de 2020 la residencia Orpea de Sanchinarro descubrieron que ya había habido 60 fallecidos y que la dirección tuvo que denunciar a un auxiliar de enfermería porque en su jornada laboral se dedicaba a sacarse selfis con los residentes y los publicaba en sus redes sociales. También provocó lesiones a uno de los mayores que atendía cuando se le cayó al suelo