Antonio Baranda Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO: La violencia criminal, la ilegal utilización de programas sociales con fines electorales y la intromisión presidencial amenazan el proceso electoral en curso, advierte el Suma Taboada a organización polémica
En un documento difundido este lunes, titulado «Reporte Inicio de Campañas», la organización señala que la violencia representa un riesgo para la seguridad de candidatas y candidatos.
Es indispensable, resalta, que las autoridades de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno coordinen su acción y garanticen la protección de quienes participan, directa o indirectamente, en el proceso y las campañas electorales.
Sobre los programas sociales, que el Gobierno federal llama de bienestar, el Observatorio Ciudadano alerta que autoridades federales, estatales y municipales los están usando para coaccionar o comprar el voto.
«Es una de las mayores amenazas a la integridad de este proceso electoral. Hacemos un llamado a sus beneficiarios para rechazar y denunciar cualquier presión, intimidación o condicionamiento que reciban de cualquier autoridad o persona», exhorta.
«Y pedimos al INE difundir mensajes en TV y radio para orientar a los ciudadanos en este tema. Exigimos a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno suspender de inmediato toda acción no urgente relacionada con los programas sociales y sus beneficiarios».
El Observatorio, en el que participan personajes como Jorge Alcocer, Jaime Cárdenas, José Ramón Cossío Díaz, María Marván, Pedro Salazar Ugarte y Diego Valadés, también considera necesario poner en receso inmediato a los Servidores de la Nación.
«Deben cancelar sus actividades hasta que concluya la jornada electoral del domingo 2 de junio», exige la organización.
Pese a la Constitución, las leyes, los acuerdos y las sentencias, enfatiza el Observatorio, el Presidente Andrés Manuel López Obrador persiste en entrometerse en el proceso electoral para favorecer a su partido y a sus candidatos.
«La neutralidad electoral de los servidores públicos no es optativa, es una obligación constitucional. Nuevamente exigimos al Presidente, a los gobernadores, presidentes municipales, y a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno y poderes públicos, cumplir con el mandato constitucional», se demanda en el documento.
«Los partidos políticos, coaliciones, candidatas y candidatos, están obligados a desarrollar sus actividades de campaña dentro de la ley. La sociedad enfrenta enormes problemas que afectan la vida diaria. La inseguridad es hoy el mayor de esos problemas».
Entre las propuestas del Observatorio están: evitar la calumnia, el discurso de odio, la violencia contra las mujeres, la polarización, la mentira y la descalificación del adversario; máxima transparencia por parte de las autoridades electorales; y normalizar las condiciones en la integración y funcionamiento del INE y el TEPJF.
Debilidades en fiscalización
Para el Observatorio, la fiscalización del gasto de campañas para verificar su apego a las normas en la materia, que es una tarea exclusiva del INE, ha mostrado «debilidades preocupantes».
«A la par que la presión de los partidos políticos para eludir o evitar ser fiscalizados y sancionados se realiza de manera casi abierta», señala.
«Es responsabilidad ineludible de la consejera presidenta y de los 10 consejeros y consejeras electorales garantizar a la ciudadanía que la ley será el marco en el que tendrán lugar las campañas electorales y que los partidos, candidatos y candidatas usarán solamente recursos permitidos por la propia ley».