La última reforma laboral ha logrado uno de sus principales objetivos, reducir la temporalidad del empleo. El porcentaje de contratos temporales en el sector privado, al cierre de 2023, ha caído hasta el 15,1 % en la provincia, cinco puntos menos que en 2022, año en el que se notó la puesta en marcha de la reforma laboral aprobada en 2021, y once menos que en 2021, si bien hay que tener en cuenta, en este caso, la pandemia. Sigue habiendo, no obstante, unas tasas altas de rotación, pero los contratos temporales están siendo sustituidos por los fijos. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la provincia se ha pasado de 388.000 empleos con contrato indefinido en 2019 a 478.000 en 2023, a la par que cayó la temporalidad del 27,5 % a solo el 15,1 %, de 174.000 trabajadores eventuales en 2019 a 120.000 al cierre de 2023. Esto en cuanto al sector privado porque en el público, en contraste, la tasa de temporalidad se disparó en 2023 en la provincia, con un 26,67 %, por lo que casi duplica ya a la del sector privado (15,1 %).
Datos muy preocupantes, ya que el objetivo es situar esta tasa en el sector público en el 8 %. Esta temporalidad se concentra, sobre todo, en las administraciones autonómicas, especialmente en la asistencia sanitaria y educación públicas, y en los ayuntamientos, con una alta tasa de eventualidad. De hecho, concentran a nueve de cada diez empleados públicos con empleo temporal.
No obstante, tanto comunidades como ayuntamientos han reducido en cerca de cuatro puntos las tasas de temporalidad que tenían a principios de 2022, pero no es suficiente. Se pusieron en marcha procesos de oposición para estabilizar las plantillas públicas que, actualmente, tal y como denuncian los sindicatos, han ido descendiendo.
Las tasas de temporalidad en el sector público se mantienen en porcentajes parecidos desde hace años y, lejos de disminuir, en 2023 subieron. Así, mientras en 2019 el porcentaje de población activa ocupada con contrato temporal en la provincia era del 24,3 %, al cierre del pasado año se elevó al 26,67 %.
Es decir, uno de cada cuatro trabajadores alicantinos de la administración tiene un contrato eventual, un total de 35.400 de los 132.000 empleados públicos que había en el cuarto trimestre del año pasado, mientras que 97.300 funcionarios sí disfrutan de un contrato indefinido.
Niveles elevados
La tasa de temporalidad en el sector público, por tanto, sigue en niveles elevados, frente a la contabilizada en el sector privado, que se ha reducido con fuerza tras la entrada en vigor de la reforma laboral en 2021. El tema preocupa al Gobierno, que aprobó la pasada legislatura una ley para estabilizar interinos y reducir estas tasas, si bien se trata de un asunto que requiere el compromiso de todas las comunidades y de los ayuntamientos, donde se focaliza el empleo temporal. La Generalitat Valenciana, de hecho, está sacando varias oposiciones, principalmente para sanidad y educación.
La ley de estabilización del empleo, aprobada en 2021, pretende reducir al 8 % la temporalidad en el sector público y conlleva un proceso que afectará, en toda España, a más de 300.000 plazas estructurales ocupadas por personal temporal y que deben ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024.
Oposiciones
Los sindicatos urgen a poner en marcha los procesos de oposición que estabilicen las plantillas públicas. «Hay una promoción de empleados públicos que se examinaron en septiembre de 2023, alrededor de 4.500 nuevos aprobados, que aún no saben ni su destino ni cuándo van a incorporarse a sus plazas, y, en el caso del examen de los opositores al grupo A2 de la administración general del Estado, ni siquiera les han dado las notas del segundo examen», lamenta Javier Tovar, presidente provincial de CSIF en Alicante.
«Esto casa mal con la falta de trabajadores públicos que hay en todas las administraciones y la elevada edad de estos empleados que, en los próximos años, van a jubilarse sin que antes haya un buen número de trabajadores públicos que sean formados por los más antiguos», advierte Tovar.
En una línea similar, Yolanda Díaz, secretaria general de UGT L'Alacantí-La Marina, lamenta que los procesos selectivos que se estaban recuperando en años anteriores para la reposición del funcionariado que se jubila «ahora están más parados».
Díaz pone de relieve que la administración esté «tirando» de empleos temporales para sustituir vacantes, bajas e incapacidades temporales, pero también que lo esté usando «de manera abusiva».
«El sector público debe ser ejemplo para el sector privado, el espejo donde mirarse, y no lo está siendo, por lo que reivindicamos que se saquen plazas en las oposiciones y se deje de abusar de la temporalidad», incide Díaz.
Lección aprendida... pero solo por el sector privado
Los sindicatos resaltan que la reforma laboral ha sido muy positiva para desplomar la temporalidad, aunque se haya creado la figura del fijo-discontinuo, pero al sector público, señalan, le hacen falta algunas medidas que ha conllevado, como la de impedir que un mismo empleado trabaje temporalmente más de 90 días al año.
«El sector privado ya tiene aprendida la lección, contratar de manera indefinida crea estabilidad y retiene talento, y tiene que tomar nota el sector público», confía Yolanda Díaz, quien apuesta por el contrato relevo para hacer la transición entre los empleados públicos que van a jubilarse y la incorporación de gente más joven.
Tirón de orejas de Europa
Para Pepo Ruiz, de CCOO L'Alacantí-Les Marines, «no se puede tener a los trabajadores en una situación precaria y menos la administración, que debe ser ejemplar».
Ruiz recuerda las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que abren la puerta a que los empleados públicos interinos de larga duración en España se conviertan en fijos. «Europa es la que parece que está poniendo un poco de orden, pero hay mucho pendiente», indica, recordando los tirones de orejas que le está dando el TJUE a la administración española.
«Necesitando plazas, la administración no saca las oposiciones porque tira de bolsas de trabajo e interinos, que es lo que le está diciendo Europa que debe parar», explica Ruiz. «Hay que volver a la senda del empleo de calidad y de ejemplaridad, se ha estructuralizado la temporalidad en la administración», lamenta.
La última sentencia de ese tribunal, dictada el pasado mes de febrero, señala que los trabajadores públicos temporales con más de tres años deben ser fijos. De este modo, apremia a España a que convierta en fijos a los trabajadores interinos de larga duración. Ahora habrá que ver hasta qué punto se puede extender esta resolución o si solo es aplicable a quienes recurrieron.
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