Especialistas salteñas consultadas por Salta/12 aportaron sus puntos de vista en el debate que generó la prohibición, anunciada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni, del uso del lenguaje inclusivo, y la utilización "innecesaria" -según dijo- del género femenino y de la perspectiva de género. Esta decisión suscitó preocupación, especialmente porque los tres poderes del Estado argentino están obligados a acatar la Ley Micaela, que promueve la capacitación en género.
"El gobierno iniciará actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en toda la administración pública nacional", anunció días atrás Adorni. "No se va a poder utilizar la letra e, la arroba, la x, y (se deberá) evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos", sostuvo. "El lenguaje que contempla a todos los sectores es la lengua castellana, no veo por qué tener estructuras. Es un debate en el cual no vamos a participar porque consideramos que las perspectivas de género se han utilizado también como negocio de la política, eso no tiene discusión", añadió.
Este diario consultó sobre este tema a la licenciada en letras y doctora en Humanidades, Alejandra Cebrelli, investigadora y docente en la Universidad Nacional de Salta. Según su punto de vista, "el lenguaje no se trabaja con reglas" preestablecidas y éstas "funcionan después del uso". "La gente utiliza el lenguaje y después aparecen las reglas". De esta manera Cebrelli explicó que "el lenguaje inclusivo nace en un grupo de jóvenes feministas y sobre todo no binaries (...) y después empezaron a aparecer manuales de uso".
La investigadora destacó que el lenguaje inclusivo "nunca fue una obligación" y, en cambio, "siempre fue un gesto político". "El primer gesto de lenguaje inclusivo que yo he leído lo ha tenido Evita en sus propios discursos, primero era compañeros y compañeras y después invertía compañeras y compañeros. Es la afeminación, que también usó mucho Cristina", situó en la historia.
Asimismo, Cebrelli indicó que "legitimidad (del lenguaje inclusivo) no se logró nunca". "Lo único que se logró es marcar un programa de acción" pero no se estandarizó.
"En un gobierno libertario ¿por qué nos pueden impedir hablar como queramos?", cuestionó Cebrelli al señalar contradicciones de la presidencia de Javier Milei. Consideró además que prohibir el lenguaje inclusivo también es un gesto político que marca una dirección gubernamental.
Para Cebrelli, La Libertad Avanza entiende que el lenguaje inclusivo tiene un "uso político" y la prohibición de su uso en el ámbito de la administración pública "no es casual" sino "acorde con el paquete de ideologías, ideas, acciones y programas políticos". "Sabíamos que venía un retroceso en materia de derechos", mencionó y recalcó en ese sentido que los feminismos no sólo luchan por los derechos de género sino también por los derechos humanos. Por ese motivo, tampoco le resulta casual que la medida se anunciara en días previos al 8 de marzo.
"Este gobierno teme las calles llenas, las protestas callejeras, porque son masivas y por eso las medidas de (Patricia) Bullrich (con el protocolo antiprotestas). Particularmente quienes más llenamos las calles somos las feministas", reflexionó. Recordó que la marea verde "fue una cosa impresionante sobre todo en el 2018". "Aunque perdimos ese debate (por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se logró después), tomamos las calles, pasamos a la historia y marcamos una tendencia en Latinomérica", destacó.
Cebrelli evaluó que el gobierno de Milei considera "peligrosas" a las feministas, y "por eso el ataque va por ahí". "Es un modelo de patriarcado muy fuerte", opinó. Recordó que el feminismo no es partidario y traspasa los partidos políticos, lo ejemplificó con el rol de "las sororas" en el debate por la ley IVE.
Entre otras contradicciones, mencionó que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya la vicepresidenta Victoria Villarruel nunca hubieran ocupado esos cargos sin la lucha feminista por la participación política de las mujeres.
"El lenguaje está vivo"
Por su parte, la socióloga y también directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVCM) de Salta, Ana Pérez Declercq, recordó que "el lenguaje está vivo y va a seguir existiendo el lenguaje inclusivo, que va más allá de una e".
"Cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hablamos de que, por ejemplo, en la escuela en vez de decir 'señores padres', se dice 'familia'. Ése es un cambio que ya se instaló en muchas instituciones, que ya existe", ejemplificó. También explicó que el lenguaje "se construye socialmente", y consideró que "obviamente, esta prohibición" del gobierno nacional "se enfoca en los documentos oficiales, en las comunicaciones que se hagan desde Nación, que no necesariamente tienen que tener el mismo impacto en la provincia".
Ante la profunda crisis económica por los recortes implementados que impactan en la clase trabajadora, Pérez Declercq opinó: "Cuando hablamos de lenguaje inclusivo y de inclusión, tenemos que pensar en algo más importante que tiene que ver con que hoy muchas personas no acceden, por ejemplo, a los medicamentos, que el costo de vida hace que muchas personas se priven de un plato de comida, que a los comedores no esté llegando dinero y no puedan funcionar, que en muchas reparticiones del gobierno nacional no haya personas de referencia, entonces cuando uno o una quiere consultar no hay a quien consultar".
"Eso me parece realmente grave y a prestar atención en este contexto de ajuste económico, con esto no estoy diciendo que no sea importante el lenguaje inclusivo pero que tenemos que estar atentas y atentos a un momento donde la conducción y quienes conducen el país, tal vez estén poniendo el foco en ajustes económicos y esos son los que no están incluyendo a la sociedad con una idea muchas veces privatista", sostuvo.
AUna trabajadora estatal consultada por Salta/12 también opinó al respecto, no se la nombrará para evitar poner en riesgo su puesto laboral. "Me surgen dos cuestiones: por un lado el retroceso que significa justamente la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, tal cual él mismo (Adorni) lo dice, ya que en ningún momento dice que no lo sea, y con esto poniéndose claramente en la vereda de la 'no inclusión'. Por otro lado, pienso y creo que aunque desde el Estado ya no se pueda usar, en esto no se puede volver atrás ni por decreto. Hay una marea de gente que lo usa y seguirá usando, en esto ya ganamos", manifestó.
Preocupación por la prohibición de la perspectiva de género
Los anuncios de Adorni sobre la prohibición de la perspectiva de género generan las mayores preocupaciones.
"¿Qué significa prohibir la perspectiva de género?", cuestionó Cebrelli. "¿Va ir contra las leyes, la identidad autopercibida, el casamiento de gente del igual sexo biológico?", interrogó. Sin embargo, su mayor preocupación radica en otro aspecto: la Educación Sexual Integral. Esta herramienta ha permitido que muchos niños y niñas denuncien abusos intrafamiliares, un avance muy importante en materia de derechos.
La defensora pública del fuero provincial Natalia Buira también expresó su preocupación por la prohibición de la perspectiva de género en la administración pública nacional, aunque esa medida no se extiende al ámbito provincial. Señaló que está vigente la ley nacional 27.499, que obliga a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a capacitar en esta materia a todos sus funcionarios y funcionarias.
Esta legislación fue promulgada en enero de 2019, surgió en memoria de Micaela García, víctima del femicidio perpetrado por Sebastián Wagner. Este último se encontraba condenado a 9 años de prisión por la violación de dos mujeres y, sin embargo, contaba con el beneficio de la libertad condicional otorgada por el juez Carlos Rossi. Después del crimen, el magistrado fue sometido a un jury de enjuiciamiento pero fue absuelto.
"No creo que una resolución del Presidente pueda dejar sin efecto esa ley nacional", mencionó Buira. También señaló que el Congreso la dictó "para dar cumplimiento con tratados internacionales de derechos humanos de las mujeres", como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (de Naciones Unidas) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer conocida también como Belém Do Pará.
Buira incluso mencionó que aunque es obligatorio el cumplimiento de la Ley Micaela en el Poder Judicial y el Ministerio Público de Salta aún hay reticencia a aplicarla. Señaló que se han permitido concursos en los que el Consejo de la Magistratura aceptó "que no es requisito indispensable" contar con la capacitación actualizada.
La defensora pública advirtió que el movimiento de mujeres y colectivo LGBTI todavía lucha por una justicia feminista ante un Poder Judicial "que revictimiza a las víctimas" y las sentencias con perspectiva de género son una excepción, por ello consideró la postura gubernamental nacional como algo preocupante.