La provincia de Alicante lidera las ejecuciones hipotecarias iniciadas y las demandas por cláusulas suelo en la Comunitat Valenciana durante 2023. Así lo recoge el informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público este miércoles.
El informe señala el descenso de estas ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2023 respecto a las registradas en 2022. El año anterior fueron el 25,5 % menos, con 3.100 frente a 4.161. Alicante supone casi la mitad de ellas, con 1.497, seguida de Valencia con 1.302 y Castellón mucho más alejada con 301. Los datos autonómicos lo sitúan en tercera posición estatal, a amplia distancia de Andalucía, con 4.551, y los 3.457 de Cataluña.
El apartado que creció por el contrario, casi con el mismo porcentaje, fue el de las cláusulas suelo. Estas acciones sobre las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física han aumentado un 25,4 % en los juzgados de la Comunitat Valenciana.
En el periodo analizado, ingresaron 9.441 demandas por las denominadas cláusulas suelo, frente a las 7.528 de un año antes. Las sentencias por estos procedimientos, en cambio, han bajado un 34,9 %, al pasar de 10.357 en 2022 a 6.741 el año pasado.
De la cifra total autonómica, 3.585 demandas por cláusulas corresponden a la provincia de Alicante, 2.637 a la de Castellón y los restantes 3.219 a la provincia de Valencia.
Lo que también ha crecido, y de forma destacada, son el número de concursos presentados ante los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana en 2023 fue de 5.478, lo que supone un incremento del 67,5 % respecto a los 3.270 contabilizados un año antes.
Estos datos sitúan nuestra autonomía en la tercera del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con un total de 12.075, y Andalucía, y por delante de Madrid, con 5.346. La mayor parte de esos 5.478 concursos presentados el pasado año, un total de 4.471, corresponde a personas naturales sin actividad empresarial, que crecieron un 133,6 % respecto a los 1.914 de 2022.
Los concursos de personas jurídicas sumaron 714, por lo que bajaron un 30,3 % con relación al año anterior, mientras que los de personas naturales empresarios, 293, sufrieron un descenso interanual del 11,7 %, respecto a los 332 registrados entre enero y diciembre de 2022.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron un total de 2.907 concursos en 2023, frente a los 1.865 de 2022. En Alicante fueron 2.033, cuando un año antes ascendieron a 1.025, y en la de Castellón se registraron 538, por los 380 de 2022.
Los lanzamientos descienden
El número de lanzamientos practicados durante el ejercicio analizado en la Comunitat Valenciana ascendió a 3.869. Eso supone una bajada del 30,8 % en esta fase del proceso del desahucio frente a los 5.594 que se llevaron a cabo el año anterior.
Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas, y, en el caso de estas, no solo a la vivienda habitual. Del total de los practicados, 2.673 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), esto es, un 23,9 % menos que en 2022, cuando se produjeron 3.511. Otros 1.049 se derivaron de ejecuciones hipotecarias, lo que significa una reducción interanual del 44,8 % respecto a los 1.902 de 2022. Los 147 lanzamientos restantes obedecieron a otras causas y descendieron un 18,8 %.
La Comunitat Valenciana fue la segunda autonomía del país con mayor número de lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias de todo el país, precedida por Cataluña, con 1.264, y Andalucía, con 1.135.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la clasificación la encabeza Cataluña, con 5.158; seguida por Andalucía, con 2.961, y la Comunitat Valenciana. Por provincias, en la de Alicante los lanzamientos practicados fueron 1.665, 1.799 se registraron en la provincia de Valencia y 405 en la de Castellón.
Las demandas por despido aumentan
En 2023, se registraron en los Juzgados de lo Social valencianos 17.590 demandas por despidos, un 29,9 % más que las 13.543 de un año antes.
Por provincias, en la de Valencia se presentaron 10.207 demandas por despido y en la de Alicante, 5.728. Las restantes 1.655 se registraron ante los órganos judiciales de la provincia de Castellón.
Además, se contabilizaron en esta jurisdicción 12.617 reclamaciones de cantidad, lo que implica un incremento interanual del 19,3 %, ya que en 2022 la cifra ascendió a 10.580. De ellas, 6.854 se presentaron en la provincia de Valencia, 4.277 en la de Alicante; y 1.486 en Castellón.
Reclamación de deudas
Por su parte, los procedimientos monitorios presentados entre enero y diciembre de 2023 en los Juzgados de Primera Instancia y los de Primera Instancia e Instrucción de la Comunitat Valenciana ascendieron a 121.657, un 10,3 % más que en el año anterior, en el que la cifra se situó en 110.314.
Del total, 62.365 se presentaron en la provincia de Valencia, 46.021 en la de Alicante y 13.271 en la de Castellón.
Este tipo de procedimiento sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.
Ocupación ilegal
Durante 2023 ingresaron en los órganos judiciales valencianos 379 procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas, diez menos que un año antes, lo que equivale a un descenso en términos porcentuales del 2,6 %.
Estos procedimientos civiles se refieren a aquellos casos en los que los propietarios son personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social, que se ven privados de la posesión de la vivienda.
La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía del país en esta estadística, por detrás de Cataluña, con 445 casos, y Andalucía, con 424.
Por provincias, 219 se registraron en la de Alicante, 122 en la de Valencia y los restantes 38 lo hicieron en la provincia de Castellón.