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Adrián Simioni
Es llamativo el texto de los presuntos narcos rosarinos, presuntamente unidos ahora, que ya no pelean entre ellos por el control del mercado de drogas si no que, supuestamente, luchan para garantizar los derechos de sus jefes narcos en las cárceles, ante la decisión del gobierno de Maximiliano Pullaro de bukelizar las prisiones.
"Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. Queremos nuestros derechos. Esto es para todos los presos, pabellones y cárceles", dice la nota prolijamente escrita y sin un solo error que dejó el asesino del playero Bruno Bussanich.
Parece la proclama de una de las tantas organizaciones de derechos humanos de la Argentina que le hicieron la claque al garantismo zaffaronista que hegemonizó al país en los últimos 20 años. Es la coronación de aquel trabajo de hormigas que romantizaba la pobreza, la marginalidad y/o el crimen mientras olvidaba, ignoraba o criminalizaba a las víctimas. Como decía Juan Grabois desde su comodidad de chico bien desclasado: "Si me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones yo estaría choreando de caño, no laburando". Fue casi la síntesis de aquel discurso político que predominó durante tantos años.
La máxima expresión fue, tal vez, Vatayón Militante, con v corta e y griega en lugar de la doble ll en batallón. Para acentuar el culto a la marginalidad, para reivindicar la violación de la norma en la violación de la ortografía. Vatayón Militante era una agrupación K iniciada en 2008, un subproducto de La Cámpora. Reclutaba a sus militantes en las cárceles, los sacaba a pasear, incluso a presos condenados, y les bajaba línea política. Se armó el lío en 2012 cuando se supo que sacaba a pasear a Eduardo Vázquez, rockero que había prendido fuego a su mujer.
El biri biri constante de estos años fue la inversión de la culpa. No es culpable el asesino que decide asesinar a alguien que vuelve de su trabajo e ingresa en su auto por la noche a su casa. El culpable es el que tiene trabajo, auto y casa y, de alguna forma que nunca se explica, es responsable de una situación que lleva al asesino a asesinar.
El biri biri zaffaronista fue repetido durante años por un par de cínicos y coreado por miles de bienintencionados. La idea de "dar derechos" a cambio de nada y, sobre todo, sin decir a quién les iban a clavar la obligación de proporcionar esos derechos. A la vuelta de los años, ahí está el discurso progre, lustroso y reluciente en una cartita de sicarios. Durante tantos años les dieron a los narcos el derecho de asolar las calles, de gerenciar las cárceles, de dibujar las normas y su aplicación, a costa del derecho que perdieron los rosarinos a transitar sin que los maten, a vivir de noche, a viajar en taxi, a decidir ellos quién manda dentro de una cárcel. ¿Están contentos ahora?
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