La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se llevó a cabo sin tener en cuenta las propuestas de los empresarios ha provocado que los agricultores hayan puesto a Yolanda Díaz en el foco de sus protestas. En concreto, Pedro Barato, líder de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la más representativa del sector en España, ha arremetido contra la ministra de Trabajo al asegurar que los productores agrícolas quieren «que los trabajadores tengan un salario digno, pero no que recauden 12.000 millones a nuestra costa».
Yolanda Díaz impuso una subida de la retribución mínima del 5% en 2024 con un acuerdo en el que sólo estaban presentes ella y los sindicatos. Por su parte, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) solicitaban que el aumento fuera del 4%, que estuviera ligado a los contratos públicos y aprobar bonificaciones para el sector agrario.
El Gobierno desoyó las peticiones de las organizaciones empresariales. De hecho, Díaz aseguró a las patronales que, de no aceptar sus condiciones, «pagarían las consecuencias», afirmación que fue calificada de «chantaje» por la patronal de los empresarios.
Agricultores contra Díaz
Al no aceptar una subida del SMI adaptada a la agricultura, Yolanda Díaz provocó el enfado de los productores del campo. Para remediarlo, los agricultores piden que la subida salarial se compense a través de una reducción de la cuota de su Seguridad Social.
Según el líder de Asaja, el Estado recauda alrededor de 12.000 millones a través de los impuestos y las cuotas que cobra al sector agrario. Para poder pagar a sus trabajadores en buenas condiciones, los empresarios agrícolas exigen que sea la Administración la que se apriete el cinturón.
De hecho, los costes de los agricultores se han triplicado en cuatro años, por lo que les supone un gran esfuerzo hacer frente a los aumentos salariales que pretende Díaz. Es más, los salarios son el principal gasto del sector.
No es la primera vez que los agricultores ponen a Yolanda Díaz en el punto de mira. Cuando Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocó a las asociaciones agrarias para tratar el problema de la falta de trabajadores en el campo, los productores agrícolas rechazaron el encuentro y afirmaron que el problema era causa de las políticas de Trabajo.
Tributos de los agricultores
El Sistema Especial de los Agricultores, también conocido como REAGP (Régimen Especial de la Agricultura, Ganadería y Pesca), es un régimen tributario específico diseñado para los trabajadores autónomos que desarrollan su actividad en el sector agrario en España.
Este sistema contempla una serie de particularidades y beneficios fiscales adaptados a las necesidades de los agricultores, ganaderos y pescadores, reconociendo la naturaleza estacional y variable de sus ingresos, así como las peculiaridades de su labor.
En el complejo sistema fiscal español, los agricultores representan un sector con particularidades y requisitos específicos en cuanto a su tributación. Una de las principales condiciones para beneficiarse del Sistema Especial del sector es que al menos el 50% de los ingresos totales provenga de la explotación agraria del solicitante.
Además, el trabajador agrario debe realizar labores directas en la explotación, incluso si tiene empleados a su cargo. Estas medidas buscan asegurar que aquellos que se beneficien del sistema estén verdaderamente involucrados en actividades agrícolas y dependan significativamente de ellas para sus ingresos.
En cuanto a los impuestos, estos profesionales suelen tributar a través de una compensación especial del Impuesto al Valor Añadido (IVA), que se fija en un 12% y se aplica a las ventas de productos agrarios y a ciertos intercambios internacionales.
Además, en términos de retención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los agricultores bajo este régimen tienen una retención reducida al 2%, frente a las tasas que oscilan entre el 7% y el 15% para otros autónomos. Esta combinación de beneficios fiscales hace que la carga impositiva de los agricultores en el sistema especial sea generalmente más baja en comparación con otros regímenes tributarios, pero se adapta a la mala situación del sector que se viene arrastrando desde hace años.
En lo que respecta a las cotizaciones, los autónomos agrarios se enfrentan a tasas específicas que varían según la base de cotización que elijan, según el Ministerio de Seguridad Social. Los que opten por la base mínima, establecida en 960,60 euros mensuales en 2024, pagarán una cuota del 18,75%.
Por otro lado, para bases superiores a la mínima, se aplica un tipo de cotización del 26,50%. Es importante destacar que existe la posibilidad de mejorar la cotización por incapacidad laboral por contingencias comunes con un tipo del 3,30% sobre la base de cotización del trabajador.
Además, en caso de cese de la actividad agraria, la cotización será del 2,80% sobre la base de cotización. Aquellos trabajadores que se incorporaron al sistema después de enero de 2008 pueden beneficiarse de una reducción del 30% en su cuota, tras aplicar el tipo del 18,75% sobre la base mínima. Sin embargo, esta bonificación no es compatible con otras reducciones de cuotas.