El propietario de unos terrenos ubicados en la barriada ejidense de Santa María del Águila ha denunciado ante Diario de Almería su hartazgo por el depósito de unos neumáticos en desuso en su parcela destinada a la explotación agrícola, de alrededor de 2.000 metros cuadrados.
La víctima de este incidente, que ha preferido preservar su anonimato, ha explicado a este periódico que no es la primera vez que desde las autoridades competentes se le insta a limpiar su propiedad, siendo el motivo más común el de la existencia de residuos agrícolas. Pero desde hace unos días, subraya el denunciante, descansa sobre su terreno una ristra de neumáticos que han debido arrojar, cuenta, desde alguno de los talleres dedicados al sector automovilístico de la zona, que con esta treta se ahorran el coste que supone trasladar las ruedas hasta las plantas de reciclaje habilitadas para tal fin.
Argumenta el damnificado que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, le ha cursado un requerimiento para que sea él quien acometa la limpieza de su terreno, lo que ha originado su indignación. "Entendemos que esto es una barbaridad y no sabemos por qué no investigan quién está arrojando esas ruedas y generando este residuo industrial, cuyo transporte conlleva un gasto", lamenta el perjudicado.
Sostiene asimismo el denunciante que el suyo no es el único terreno que está lleno de neumáticos, sino que hay otras zonas del término municipal ejidense que se han visto infestadas de estos residuos recientemente. "Se está cometiendo un delito ecológico", alega la víctima, que añade que no le queda más remedio que asumir por sus propios medios el transporte de estos restos. "Trasladar estos neumáticos a una planta de reciclaje me puede costar hasta 3.000 euros", apostilla.
Una infracción administrativa grave
Fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul han asegurado a este periódico que el abandono, almacenamiento, vertido o eliminación incontrolados de residuos no peligrosos, sin que se produzca un daño ambiental grave ni se ponga en peligro grave la salud humana, supone una infracción administrativa de carácter grave, tal y como consta en la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
Se remiten desde estas mismas fuentes gubernamentales al artículo 160 de la norma referida, que expresa que el responsable de la infracción sería la persona que directamente realice la acción infractora o quienes sean propietarios o titulares de los terrenos.
Añaden desde la delegación territorial de esta Consejería que es habitual la recepción de denuncias de sus propios agentes de medio ambiente, pero también de Guardia Civil, y Policía Nacional y Local, referentes a abandono o vertido de residuos. Alguna puede incluir a la persona que directamente ha realizado la acción (porque el agente de la autoridad ha podido identificar al conductor del vehículo que estaba vertiendo los residuos, y es posible actuar contra él, o su empresa, según proceda) pero la mayoría de las denuncias solo identifican el terreno donde están acopiados los residuos.
En esos casos, en primer lugar se formula un requerimiento al titular del terreno otorgándole un plazo para que proceda a la entrega de los residuos acumulados en su terreno a un gestor autorizado. Si el propietario no actúa, se inicia el procedimiento sancionador que, además de una multa (que en este caso oscilaría entre los 600 y 30.000 euros) siempre llevará como obligación la "limpieza" del terreno y entrega de los residuos a un gestor autorizado. Por esta razón los requerimientos a los propietarios previos al procedimiento sancionador tienen una respuesta positiva en muchos casos.
Desde el año 2019 se han tramitado en la delegación territorial de Almería un total de 621 procedimientos sancionadores por residuos (incluida la quema de los mismos).