Europa Press
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Actualizado 13:01
Vox ha propuesto un "peaje obligatorio" para las grandes tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en territorio español a sedes fuera del país, con el objeto de compensar a los individuos de quienes se obtiene la información a través de las 'cookies'.
La propuesta se recoge una proposición no de ley que los de Santiago Abascal han registrado en el Congreso con motivo de la nueva política de 'cookies', que da a elegir a los usuarios entre o pagar por rechazarlas o aceptarlas de manera gratuita.
Una política que surge de las directrices del Comité Europeo de Protección de Datos y que Vox rechaza por considerarla un "chantaje" que vulnera los derechos fundamentales de los españoles. Prueba del rechazo es que la formación llegó a solicitar por este asunto la comparecencia en la Cámara Baja de la directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mar España.
DENUNCIAN QUE LAS TECNOLÓGICAS TRANSFIEREN LOS DATOS
Lo que también denuncia Vox es que, en la práctica, las empresas titulares de los portales de Internet pueden utilizar la información que obtienen de las 'cookies' para el estudio de comportamiento y preferencias del usuario en caso de aceptación y también para su venta a otras compañías nacionales o extranjeras dedicadas al análisis de datos.
"Ante la preocupante transformación en la política de aceptación de 'cookies' que está teniendo lugar en el ámbito digital, los españoles necesitan certidumbre en cuanto al uso que se da a sus datos", advierte el grupo parlamentario en su PNL, recogida por Europa Press.
En este contexto, Vox propone impulsar el establecimiento de una pasarela de datos de peaje obligatorio "para que las grandes empresas tecnológicas extranjeras que deseen transferir datos obtenidos en territorio español a sedes en el extranjero, con el objeto de compensar a los individuos de quienes se obtienen los datos, además de cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes".
Asimismo, hay un segundo punto en la propuesta que pide promover la protección de la soberanía "de los datos de los ciudadanos españoles garantizando la máxima información y transparencia en la cesión de datos personales en línea", siempre y cuando no represente una amenaza para la seguridad nacional, la defensa y el interés general.
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