La caída de la actividad productiva y el impacto del fogonazo inflacionario provocado por las medidas dispuestas por el presidente Javier Milei y el equipo económico que comanda Luis Toto Caputo hicieron que el propio ministro pisara hasta nuevo aviso los aumentos tarifarios del gas y el mecanismo de actualización mensual previsto para las facturas de Edenor y Edesur.
Además de poner un freno transitorio en la política de ajuste y sinceramiento de los servicios energéticos que se venía implementando desde diciembre, la medida generó un nuevo cortocircuito entre el titular del Palacio de Hacienda y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.
Tras haber sido uno de los primeros integrantes del equipo de especialistas que acompañó a Milei durante la campaña electoral, Chirillo perdió poder de influencia en la mesa chica del Presidente y ya acumula varias contramarchas en los cambios regulatorios y tarifarios que tenía en carpeta debido al recorte presupuestario y a las decisiones macroeconómicas adoptadas por Caputo.
Inicialmente, los incrementos en el servicio de gas se constituirían en la referencia de los ajustes tarifarios de la administración libertaria. Con ese objetivo, las autoridades de Energía realizaron en enero la primera audiencia pública para tratar las subas proyectadas para el valor del gas y los ingresos específicos de las distribuidoras y transportadoras privadas del sector.
Toto Caputo cierra la llave de paso
A principios de febrero, los técnicos del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) ya tenían todo listo para anunciar los aumentos; pero a último momento Caputo bajó la orden de pararlos y priorizar los ajustes para el precio mayorista de la energía eléctrica y las cajas de Edenor y Edesur.
Tras aprobarse los nuevos cuadros tarifarios eléctricos con vigencia desde el 16 de febrero, quienes colaboran con Chirillo bajaron el mensaje de que en marzo iban a entrar a correr los aumentos para las boletas de gas.
Cuando se aprestaban a publicar las resoluciones con los incrementos, Economía volvió a intervenir para postergar la medida ante el temor de que las nuevas tarifas sumen más presión sobre los precios de los alimentos y productos de primera necesidad.
Interna libertaria por los aumentos
En el equipo de Caputo consideran, transcendió, que a Chirillo "se le fue la mano" con los aumentos aprobados en el servicio eléctrico. La suba tarifaria y la quita total de subsidios para hogares de altos ingresos, comercios, pymes y entidades sociales dispararon incrementos del 150% promedio en el interior del país y de hasta el 400% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el caso del gas, los ejemplos de los aumentos que calcularon los técnicos de Economía volvieron a encender las señales de alarma. A raíz de la doble incidencia de la actualización del valor del gas y la mejora en los ingresos de las operadoras del servicio, el impacto final para los usuarios residenciales oscilaría entre el 300% y 600%. En el caso de comercios y pymes, las subas rondarían entre 350% y 650%.
Ante esos números y la necesidad de seguir mostrando un sendero descendente de la inflación en medio de un plan de ajuste que impacta en la gente, Caputo optó por parar y recalcular los aumentos pendientes.
Tres medidas y los subsidios
Además de demorar los incrementos gasíferos, Caputo activó otras tres medidas para atemperar la caída del poder adquisitivo y la disparada de los precios.
Primero pateó para mayo los aumentos en colectivos y trenes que estaban pautados a partir de abril. Luego postergó la aplicación de la actualización automática de los ingresos específicos de las compañías eléctricas metropolitanas. En tercer lugar, le planteó a las petroleras que en abril sólo apliquen el incremento correspondiente a la suba de los impuestos internos a los combustibles y dejen para mediados de año la eliminación de la brecha existente entre los precios internos y los del mercado internacional.
El nuevo escenario de replanteo tarifario también dilató la instrumentación de la Canasta Básica Energética (CBE), que es el nuevo esquema de subsidios energéticos que impulsa la cartera económica para reducir los aportes estatales y equilibrar las cuentas fiscales.
Por medio de la CBE, la administración mileísta prevé fijar los consumos mínimos de gas y energía eléctrica que, de acuerdo con el criterio oficial, serían suficientes para cubrir las necesidades de cada hogar según la cantidad de integrantes, los meses del año y las zonas bioambientales en que dividido el país.
Lejos de las precisiones oficiales prometidas, en el área energética predominan las incógnitas y las dudas en torno de las variables y la metodología que utilizará la administración libertaria para definir, tanto los alcances de los recortes como los aumentos en las tarifas de luz y gas, que tendrán que afrontar quienes sigan teniendo sus consumos bonificados.