Sábado, 16 de marzo 2024, 23:21
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Entre marzo y diciembre de 2020, en los peores momentos de la pandemia de covid-19, el Servicio Canario de Salud (SCS) actuó bajo un notable «descontrol», lo que permitió que se hicieran «compras innecesarias» de material sanitario, contraviniendo el parecer de los técnicos de ese departamento sanitario.
A partir de testimonios de quienes estaban en la estructura sanitaria y que han pedido mantener el anonimato, este periódico ha acreditado el desconcierto, en primera instancia, y el malestar de cargos intermedios y técnicos del Servicio Canario de Salud y de la propia Consejería de Sanidad ante la forma de actuar en aquel periodo.
«Se compraba material al primero que pasaba por allí», señalan a este periódico. Tanto desde el SCS como desde la propia Consejería de Sanidad se le dijo al presidente Ángel Víctor Torres y a su equipo de confianza que la administración autonómica «no podía funcionar así», pero esas quejas verbales derivaron en la primera gran crisis del Gobierno de Ángel Víctor Torres:en pleno estallido de la pandemia el presidente destituyó a la consejera de Sanidad, la socialista Teresa Cruz, y a la directora del SCS, Blanca Méndez. Fueron relevadas, de manera transitoria, por Julio Pérez y Antonio Olivera, respectivamente.
El desencuentro con Teresa Cruz y Blanca Méndez creció desde el momento en que se creó, sin cobertura legal, el Comité de Gestión, en el que estaban, entre otros, el propio Torres, los consejeros Román Rodríguez (Hacienda), Sebastián Franquis (Obras Públicas y Transportes) y Julio Pérez (Presidencia).
Lucía Álamo Valencia
CANARIAS7
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A ese Comité de Gestión se incorporó Conrado Domínguez, entonces secretario general técnico de la Consejería que dirigía Franquis. Se hizo con el argumento de que Domínguez ya conocía la gestión sanitaria, pues había sido director del SCS en la etapa de Fernando Clavijo como presidente y con José Manuel Baltar como consejero de Sanidad.
Conrado Domínguez se dedicó a buscar proveedores, agregan las fuentes consultadas. Los contactos que hacía o que recibía llegaban directamente a Ana María Pérez, directora de Recursos Económicos del SCS en esa etapa. A ella le correspondía poner en marcha la mecánica administrativa para dar forma a los expedientes de contratación.
También recibía llamadas y correos ofreciendo material el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Con él contactó la trama vinculada a Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos. Esa conexión derivó en los contratos con Soluciones de Gestión, que facturó 12,5 millones con la venta de suministros sanitarios al Gobierno canario, según consta en el sumario del caso Koldo, que se investiga en la Audiencia Nacional.
El área de Sanidad recibió órdenes directas de Presidencia de resolver las trabas en las contrataciones con Soluciones de Gestión. Esas trabas surgieron al detectar que parte de las mascarillas enviadas no se ajustaban a la calidad prometida, como así se corroboró con un informe externo, pero en lugar de denunciar el contrato, se dio la orden de resolverlo con una segunda oportunidad, esto es, un segundo envío. Fue la misma mecánica que emplearon Ana María Pérez y Conrado Domínguez con la empresa de compraventa de coches RR7 cuando se vio que no entregaba el millón de mascarillas comprometidas a cambio de cuatro millones de euros.
En ese momento –el desbloqueo de las trabas a Soluciones de Gestión y la nueva oportunidad a RR7–, Domínguez ya era director del SCS: fue nombrado en septiembre de 2020, tras cesar Alberto Pazos, y dimitió en noviembre de 2023 cuando perdió la confianza de Ángel Víctor Torres. El presidente le trasladó que si no dejaba voluntariamente el cargo, sería destituido.
Esa abrupta salida fue consecuencia de los mensajes, desvelados por este periódico, que evidenciaban que Domínguez había mentido en sede judicial, en el Parlamento y ante el propio Torres y otros miembros del Gobierno cuando dijo que no había contactado directamente con el dueño de RR7, Rayco Rubén González.
«A Soluciones de Gestión se le compró material que no era necesario». Así lo sostienen los mandos intermedios de Sanidad consultados.
Fue el caso de la compra de test de antígenos ya avanzado el año 2020. Los profesionales del Servicio Canario de Salud encargados del control de material y de garantizar que había 'stock' suficiente iban informando de forma regular a este órgano sanitario y no partió de ellos la solicitud de estos test que derivó en uno de los contratos con la empresa vinculada a Koldo García. Es más, no compartieron el encargo y así lo hicieron saber, pero la respuesta fue que había orden de instancias superiores de formalizar la compra.
A día de hoy, el anterior Gobierno canario ve cómo esas compras «sin control» han derivado en varios procedimientos judiciales: en la Fiscalía Europea se sustancia el caso Mascarillas (el contrato fallido con RR7), con la Agencia Tributaria Canaria certificando este mes que no ha logrado recuperar un solo céntimo de los cuatro millones euros pagados sin garantía ni cautela alguna; también a la Fiscalía Europea investiga por presunta malversación las compras a Soluciones de Gestión, al haber abonado parte del gasto a fondos comunitarios; y en un juzgado de Las Palmas se instruye el caso Damco, una querella de la Fiscalía por presunto fraude fiscal de los empresarios que hicieron de comisionistas en la compras del SCS a Damco y Tanoja, a partir de un informe de la Agencia Tributaria, apuntando la posibilidad de que también se hubiese podido producir delitos de malversación, blanqueo y prevaricación.
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