La dirección nacional del PP apunta ya al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, como su posible próximo objetivo político por el 'caso Koldo' y compara su situación respecto a la responsabilidad política a la de la presidente del Congreso, Francina Armengol, como presidente de una comunidad autónoma sobre la que la Fiscalía de la UE ha decidido abrir una investigación por los contratos bajo sospecha para la compra de mascarillas durante la pandemia sanitaria. Esta entrada en escena del órgano comunitario en el escándalo que convulsiona la política española en la actualidad es considerada por los populares como "muy grave" y justificaría la dimisión de los responsables políticos de las instituciones investigadas, en este caso Torres y Armengol como respectivos máximos mandatarios de Canarias y Baleares.
Un alto dirigente de la cúpula de la calle Génova sostuvo ayer que "Torres está exactamente en la misma situación que Armengol después de que la Fiscalía de la UE haya abierto investigación", y que esto "justificaría que tuviera que dimitir", si bien el PP aún no ha reclamado formalmente que deje el cargo, como sí lo está haciendo en el caso de la presidenta del Congreso. Desde las filas populares se asegura que no descartan pedir esa dimisión del ministro canario aunque también reconoce que se está recopilando toda la información posible sobre la gestión de las compras de mascarillas en Canarias, y la vinculación con la empresa que proporcionó el material sanitario afectado por el cobro de comisiones ilegales para dar ese paso.
También señalan desde el PP que la situación institucional del ministro y la presidenta del Congreso es muy distinta a efectos de reclamar por su parte la depuración de responsabilidades. Consideran, en este sentido, que institucionalmente es mucho más grave la posición de la política balear porque compromete al propio Congreso como órgano de representación de todos los españoles y que debe "abandonar el cargo para defenderse", mientras que Torres ostenta un cargo al que sí le pueden exigir explicaciones en todo momento a través del control político y parlamentario al Gobierno y desde el que él está obligado a darlas.
Esa sería la justificación por la que el PP sí está pidiendo en estos momentos la dimisión de Armengol y no de forma tan explícita la de Torres, aunque con la intervención de la Fiscalía de la UE la situación se equipara. Pasan por alto desde el PP nacional el razonamiento de sus compañeros de Canarias, donde el presidente regional del partido, Manuel Domínguez, señalaba el pasado lunes que más allá de exigirle a Torres su cese como ministro le reclaman que "dé la cara", y aludía al proceso de información interna que ha abierto el actual Ejecutivo regional respecto a las operaciones del Servicio Canario de Salud (SCS) con la trama del 'caso Koldo'. Las fuentes consultadas de la calle Génova sostiene que la posición del PP canario "es razonable" pero que está adoptada antes de que la Fiscalía europea comunicara su decisión de abrir una investigación en Canarias y en Baleares por posibles "delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias". Esto lo cambia todo respecto a la posición del partido sobre la situación del ex presidente canario y sus responsabilidades políticas, según el PP.
El propio portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ya apuntaba hacia Torres como objetivo político paralelo al de Armengol cuando el lunes presentaba el escrito formal de dimisión de la presidenta del Congreso. El dirigente popular señalaba la "presunta implicación en la trama" del presidente de Canarias durante la etapa de esas compras a las empresas vinculada a Koldo García, por haber "imitado" el "modus operandi" de Armengol mientras estuvo al frente del Gobierno canario. "Llegó a pagar la friolera de 12,2 millones de euros por las mascarillas inservibles de Koldo y compañía", afirmó el portavoz del PP. "La decisión de la Fiscalía afecta a Torres de la misma manera que a Armengol y, por tanto, debería asumir el mismo tipo de responsabilidades políticas", insisten las fuentes consultadas.
"La decisión de la Fiscalía afecta a Torres de la misma manera que a Armengol y por tanto debería asumir el mismo tipo de responsabilidades políticas", insisten desde el PP
La ofensiva del PP contra el ministro canario tenía como próximo escenario la sesión de control de este martes en el Senado, donde el grupo popular centró la mayoría de sus preguntas al Gobierno en el 'caso Koldo' y la afectación del mismo a tres ministerios y a las comunidades de Canarias y Baleares. El PP quería 'apretar' a Torres en esta sesión parlamentaria y por eso criticó con dureza el hecho de que el titular de Política Territorial y Memoria Democrática no acudiera al pleno, según los populares para "esconderse y no dar la cara" ante las informaciones que están saliendo, pero según el ministerio por tener el ministro una agenda institucional ya marcada de antemano a la propia aparición del 'caso Koldo'. Pese a no estar presente, varios senadores mencionaron a Torres como "colaborador necesario" de la trama. En todo caso, Torres había justificado desde el pasado 14 de enero su no asistencia al pleno del Senado de esta semana por la visita programada a las fosas del Barranco de Víznar, emblemático paraje de Granada donde se desarrolla la última fase de exhumación de las víctimas de los asesinatos del comienzo de la Guerra Civil española.
Incluso en Granada, el ex presidente canario no pudo librarse del señalamiento del que está siendo objeto por parte del PP. La portavoz popular en esa provincia, Lourdes Ramírez, aprovechó la visita para pedirle responsabilidades. "El ministro tiene que dar explicaciones. Es lamentable que nuestro país esté en el foco de las instituciones de la Justicia comunitarias por otra trama que desprestigia nuestra imagen. La asunción de responsabilidades ha de ser inmediata", afirmó la dirigente popular.
Paralelamente a toda la ofensiva del PP contra Armengol y Torres, que no deja de ser una ofensiva hacia el propio Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la Mesa del Congreso aprobó este martes, en una sesión muy tensa entre los representantes de PSOE y Sumar de un lado y los del PP de otro, en la que los populares no votaron, someter a un próximo pleno de la Cámara la creación de una comisión de investigación sobre los procesos de compra de todo el material anticovid en todos los territorios. Es decir, que la comisión afectará también a las operaciones que llevó a cabo el Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión SL. Esta propuesta socialista será apoyada por la diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, de la misma forma que el senador de este partido, Pedro Sanginés, apoyará la que pretende crear en el Senado el PP.
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