En entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Carlos Vidal, habló de la preocupación de la jurisdicción por las ideas que se han escuchado desde el partido Comunes, compuesto por excombatientes de las Farc, de reemplazar la JEP y promover una ley de punto final.
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Explicó que esto sería contrario a la obligación del Estado de investigar y sancionar crímenes de lesa humanidad, y le abriría una puerta a la Corte Penal Internacional (CPI), que en 2021 le cerró a Colombia el examen preliminar que tuvo por 17 años.
¿Cuál es la advertencia de la JEP frente a la idea de una ley de punto final?
Somos completamente respetuosos de las competencias del Gobierno y del Congreso para diseñar la arquitectura para la paz, pero tienen que tener en cuenta los marcos legales y constitucionales que establecen que la amnistía tiene un límite, no se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad. Estos preceptos dan origen a los tribunales de justicia transicional, se materializaron en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), y esos compromisos tienen que cumplirse porque son obligaciones del Estado.
¿Hay riesgo de que esto active la competencia de la CPI para intervenir?
Cuando la CPI fue creada, Colombia integró ese tratado (Estatuto de Roma) a la Constitución en 2002, luego por 17 años la Corte nos tuvo en examen preliminar, hace tres años el fiscal de la CPI levantó el examen y la principal razón fue que existía la JEP y encontraba que por su existencia se entendía que había voluntad del Estado, que tiene la primera obligación de investigar, juzgar y sancionar; si no lo hace el Estado, lo hace la Corte Penal Internacional, es muy importante poner ese contexto en estas iniciativas.
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El debate sobre acabar la JEP no es nuevo, ¿qué cambia ahora?
Ahora vienen del lado de las Farc y están proponiéndolos con un tono muy distinto, con información a medias e información extraña.
Uno de los desafíos que enfrentó la jurisdicción desde su creación fue la propuesta de modificación, eliminación o debilitamiento. En su momento esas propuestas fueron lideradas por partidos que se opusieron al acuerdo de paz, que obtuvieron votación mayoritaria en el plebiscito; fue una discusión que dio el país, en el Congreso, en la Corte Constitucional, y de ese debate sobrevivió una jurisdicción fortalecida; ahora los debates vienen del otro lado del plebiscito, ahora vienen del lado de las Farc y están proponiéndolos con un tono muy distinto, con información a medias e información extraña. Pero ese debate la JEP ya lo ha superado, las respuestas están formuladas en la Constitución y en estos seis años de trabajo. Estos tribunales están expuestos a debates políticos, ya los hemos superado en el pasado y no dudo de que los volveremos a superar en el presente.
¿El acuerdo de paz contempló alguna disposición frente a la CPI si se hacían cambios en lo acordado?
La activación de la competencia de la CPI es un mecanismo que está integrado en la Constitución, eso le da la competencia a la CPI para que ellos, no nosotros, decidan si intervienen, cuándo y en qué términos, como lo han hecho en el pasado. Este examen preliminar que tuvo Colombia lo tenían 4 o 5 países en el mundo, no es algo generalizado, es algo que la CPI hace solo para los que están en riesgo serio, y nosotros tuvimos ese mecanismo durante 17 años, eso lo decide la Corte, así como decidió retirarlo. Por supuesto, nosotros mantenemos informada a la CPI de todos estos movimientos y ellos valoran la situación y nos manifiestan permanentemente el apoyo al trabajo de la JEP.
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El año pasado se firmó un acuerdo de trabajo de la CPI y la JEP, ¿eso quiere decir que la JEP tiene la llave para llamar a la CPI?
No es solo la JEP, es el Gobierno colombiano. En el mecanismo del estatuto de la CPI hay un monitoreo permanente de la situación en Colombia, ellos todo el tiempo están monitoreando, tienen una información superactualizada. En diálogo con el fiscal Karim Khan hicimos un acuerdo de trabajo conjunto, este año hemos tenido cuatro eventos, tres en Bogotá con expertos de la CPI que han venido, y uno en La Haya, al que fuimos cuatro magistrados de la JEP a debatir los temas allá con magistrados de la Corte Penal Internacional. Hay una comunicación muy fluida entre ellos y nosotros.
Entonces, el debate de acabar la JEP no es nuevo, pero hay alarma por propuestas que abrirían una puerta para considerar que Colombia no quiere ejercer justicia y vengan otros organismos a hacerlo…
Exactamente, nosotros tenemos compromisos internacionales, entre ellos todos los del derecho internacional.
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Hace unos días, los ex-Farc enviaron cartas criticando a la JEP, ahora el partido Comunes habla de una ley de punto final, ¿sienten que ellos, que son comparecientes de la JEP, quieren minar su trabajo?
La estabilidad de la JEP no está en juego, pero hay un debate político promovido por actores como Comunes, en ese debate se están expresando conformidades o disconformidades, pero eso no pone en riesgo la estabilidad de la JEP ni su competencia para juzgar a nuestros comparecientes, nuestros procesos siguen adelante más allá de cualquier debate que se formule en el campo de lo político.
¿Cómo lee que quienes promueven estas ideas sean actores que estuvieron involucrados en el conflicto, por qué le temen tanto a la JEP?
Es una pregunta para hacérsela a ellos, uno podría pensar no solo de las Farc, sino de los procesos transicionales, que uno de los temores posibles sea el temor a la verdad del conflicto, que es dura, con el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP se empieza a encontrar la degradación del conflicto a la que todos le dimos la espalda, parte de ese temor a la verdad está ahí. Y, por supuesto, el temor al ejercicio de la justicia, al comienzo cuando se creó la JEP algunos decían que era una amnistía velada diseñada para hacerles un favor a las partes y no es así, en la medida en que las partes se dan cuenta de que es una alta corte sumamente seria, con investigaciones profundas, produce el temor de todo juez penal que está trabajando de manera correcta.
¿Creen que la propuesta de una ley de punto final tenga acogida en el Gobierno o en el Congreso?
El vocero más autorizado en esto es el Ministerio de Justicia, y el Ministro nos ha manifestado el completo apoyo del Gobierno al trabajo de la jurisdicción, y el Gobierno ha venido haciendo asignaciones de recursos que fortalecen nuestro trabajo. No tenemos razón para pensar que esas críticas tengan eco o modifiquen la posición del Gobierno.
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¿Cree que esto es solo una idea de Comunes o hay otros sectores que están apalancando esta idea bajo la 'paz total'?
No conozco cuáles podrían ser las dinámicas detrás de esto.
En medio de acercamientos de paz con otros grupos ilegales, ¿cree que agitar esta idea de una ley de punto final haga que ellos también traten de mover la balanza hacia una amnistía más allá de lo posible?
Lo que veo son esfuerzos grandes del Gobierno en el marco de las múltiples negociaciones por avanzar en las posibilidades de un acuerdo.
Lo que veo son esfuerzos grandes del Gobierno en el marco de las múltiples negociaciones por avanzar en las posibilidades de un acuerdo y crear marcos institucionales para hacerlo posible. Somos respetuosos de eso, lo que nos hace prender las alarmas es el concepto de una ley de punto final, esa no es una expresión neutra en el derecho internacional.
¿A qué se refiere?
Estas leyes así denominadas fueron creadas en Argentina y Chile al final de dictaduras para hacer amnistías completas a miembros del Gobierno que habían realizado gravísimos abusos de derechos humanos. Las leyes de punto final eran básicamente un perdón generalizado que dejaba a estas personas sin ninguna responsabilidad ante la justicia y dejaba a las víctimas sin derechos. Contra esto es que se desarrolló un trabajo muy importante de los sistemas de derechos humanos para evitar las leyes de punto final, entonces, cuando de manera como muy liviana alguien dice 'vamos a hacer una ley de punto final', esto en derecho internacional prende todas las alarmas, es como que usted dijera 'es que estamos considerando abrir un campo de concentración', son palabras que no son neutrales.
¿En esas leyes en dónde quedan las víctimas?
Es darles la espalda a las víctimas, en eso el país tiene experiencia porque todos los acuerdos que se hicieron aquí hasta antes del Estatuto de Roma eran acuerdos de amnistías generalizadas y perdones colectivos, esa fue la característica del Frente Nacional que terminó la guerra bipartidista, ese fue el diseño que se utilizó para antes de la Constituyente con el M-19 y con todos los grupos guerrilleros de la época. Eso era posible en esa época, pero hoy por fortuna no es posible porque ahora el centro es la protección de los derechos de las víctimas.
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Salvatore Mancuso ya volvió a Colombia y tiene procesos en la JEP, en la justicia ordinaria y en Justicia y Paz, en lo que respecta a la JEP, ¿qué esperan de él?
Nuestra Sección de Apelaciones abrió la posibilidad de recibir a Mancuso en una condición particular de bisagra, son personas que, como Mancuso, podrían no solo haber trabajado en asocio con la Fuerza Pública, sino darles órdenes a unidades militares, una asociación sumamente estrecha en el nivel de mando. La Sección dijo que podríamos examinar a muy pocas personas en esa condición, los estamos llamando porque resultan importantes para entender el conflicto armado, esta es una verdad que han pedido las víctimas. Por ahora son 13 personas que examinamos, a uno ya se le negó, que es 'Jorge 40', a Mancuso se le admitió y sus abogados presentaron una apelación que ahora está en estudio.
Hay ideas en el Congreso de ampliar Justicia y Paz y abrir la puerta a las bandas criminales, ¿qué opina?
Justicia y Paz es un sistema que por 17 años ha estado juzgando a paramilitares con inmensos resultados, importantísimas sentencias. Tenemos enorme respeto por el trabajo de Justicia y Paz, tenemos además unas competencias concurrentes y muy buena comunicación con los magistrados. En la competencia que tiene el Gobierno y el Congreso para diseñar la arquitectura de la paz, hay posibilidades de que haya que trabajar a través del esquema de Justicia y Paz y eso lo vemos con mucho interés y respeto, es una posibilidad vigente entre varias.
Justicia y Paz lleva mucho tiempo, y algunos sectores dicen que la JEP también va a ser eterna…
En la justicia transicional el tema de la temporalidad es central, la JEP no es un tribunal permanente, la temporalidad de la JEP es 10 años para investigaciones, 5 años para terminar juicios y 5 años para terminar de aplicar sentencias. Son 20 años en total y se cierra. Nosotros hemos honrado esa característica, no hay ninguna solicitud de prórroga, incluso el Gobierno nos ha dado recursos para terminar nuestros procesos en el tiempo que está determinado, se sabe que una justicia transicional permanente atenta en últimas contra la estabilidad de los acuerdos de paz.
Frente al Gobierno, hubo episodios de fuertes críticas a la JEP, ¿hay una relación fracturada?
De ninguna manera, es una relación como corresponde al trabajo complementario entre los poderes públicos. Por supuesto, están los temas del canciller, y el mismo Presidente en algún momento ha expresado opiniones críticas, nosotros entendemos que eso es parte del trabajo normal de un gobierno, pero la relación entre el Gobierno y la jurisdicción es muy seria, muy respetuosa y muy fluida.
María Isabel Ortiz Fonnegra
Redacción Justicia
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