La Sala de Cámara aprobó en particular la iniciativa que busca prevenir la violencia contra las y los comunicadores.
El proyecto, que busca consagrar el deber estatal de promover la seguridad y protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, por medio de la creación de un estatuto especial, fue aprobado en particular por la Cámara y despachado al Senado.
La iniciativa se originó en una moción impulsada por la diputada Nathalie Castillo (PC). También la suscriben Alejandro Bernales (PL), Jorge Brito (RD), Karol Cariola (PC), Luis Cuello (PC), Claudia Mix (Comunes), Lorena Pizarro (PC), Daniela Serrano (PC), Hotuiti Teao (IND) y Nelson Venegas (PS).
La propuesta se aprobó en general en la Cámara, el pasado 31 de julio. Sin embargo, volvió a la Comisión de Cultura por ser objeto de indicaciones, las cuales se integraron al texto y, ayer, se respaldaron por la Sala.
Los cambios aprobados se refieren a algunos objetivos de la normativa. Lo primero se refiere al ítem de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones. Al respecto, se agregó que dichos derechos sean reconocidos en tratados internacionales y que las libertades fundamentales sean consagradas en la Constitución.
Otro ítem enmendado es el relativo a derechos y deberes contemplados en esta ley que serán aplicables a periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, independiente del régimen contractual al que se encuentren suscritos. En este plano, se agregó la frase "y del medio de comunicación en el cual se encuentren desarrollando sus funciones".
Protección de periodistas y comunicadores
La iniciativa busca la protección de periodistas y comunicadores, al prevenir hechos de violencia en su contra, en razón de su labor comunicacional. Además, pretende proteger y garantizar su seguridad, libertad e integridad. Por otra parte, promueve medidas de investigación, sanción y reparación, entre otras.
El texto define lo que se entenderá por periodistas, restringiendo el término a quienes hayan obtenido un título universitario. En tanto, las/os trabajadoras/es de las comunicaciones son las personas cuya actividad principal es la recopilación, tratamiento y difusión de información al público. Esto, por cualquier medio de comunicación, tanto online como offline.
En esa línea, se incluye a reporteros/as, camarógrafos/as, fotógrafos/as, al personal de apoyo técnico, comunicadores sociales y comunitarios. También a choferes, intérpretes, revisores, traductores, editores, productores, difusores y distribuidores. Lo anterior, sin que signifique, necesariamente, que la persona cuente con un título profesional o equivalente. De igual modo, se incluye a estudiantes de periodismo en práctica profesional, como egresados de la carrera.
Agresiones
El concepto de agresión se define como cualquier acto que atente contra la vida, integridad física, psíquica y sexual de las y los periodistas y las personas trabajadoras de las comunicaciones en el ejercicio de su labor comunicacional.
Entre ellas, se consideran desapariciones forzadas, homicidios, secuestros, toma de rehenes, torturas y apremios ilegítimos. Igualmente, violencia física, intimidación, amenazas, detenciones ilegales y/o arbitrarias y ataques discriminatorios.
Así también contempla la censura, violación de las comunicaciones, espionaje, vigilancia ilegal y toda forma de violencia sexual, entre otras, que puedan significar menoscabo.
En caso de que los hechos revistan carácter de delito, será competencia del Ministerio Público su investigación.
El Estado deberá prevenir las agresiones evaluando las amenazas surgidas en contextos sociohistóricos o en discursos que estigmaticen y criminalicen a periodistas y comunicadores.
Por otra parte, se propone no solo la protección de periodistas, sino también de sus familias cuando estén en riesgo. Asimismo, se define la obligación de resguardar a comunicadores que investigan el crimen organizado u otros temas de interés público. Paralelamente, se promueve la protección de trabajadores/as de las comunicaciones: mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género.
Informe Comisión de Cultura
El informe de la Comisión de Cultura estuvo a cargo de Viviana Delgado (IND). Luego, se pasó a la discusión del proyecto, donde expusieron las y los diputados Miguel Mellado (RN), Catalina Pérez (RD), Lorena Pizarro (PC), Ericka Ñanco (RD), Jorge Rathgeb (RN), Vlado Mirosevic (PL), Fernando Bórquez (IND), Jorge Brito (RD), Marisela Santibáñez (IND), Daniela Serrano (PC), Juan Carlos Beltrán (RN), Cristián Araya (PREP) y Gonzalo De la Carrera (IND).
En su mayoría y en forma transversal, señalaron que la protección de periodistas es necesaria por la labor que realizan en defensa de la libertad de expresión y de información. Contribuyendo así a lograr una sociedad más democrática y justa. Pese a que se criticó la información hegemónica y parcial de consorcios periodísticos, se valoró el periodismo independiente que denuncia los conflictos de interés y corrupción.
Asimismo, se recordó a la comunicadora Francisca Sandoval, quien inspiró este proyecto. La joven recibió un disparo en la cabeza en 2022, cuando reporteaba por el Día del Trabajador, falleciendo días después. Del mismo modo, a Pepe Carrasco, asesinado en dictadura. También se suma lo ocurrido hace pocos días en la región de La Araucanía en una protesta de agricultores, donde un equipo de la Universidad Autónoma TV fue agredido por un funcionario policial y su camarógrafo detenido.
Por otra parte, agregaron que se protegerá a los comunicadores de la censura y se recordó el caso del periodista Mauricio Weibel, afectado por escuchas ilegales al investigar la corrupción en el Ejército. Por otra parte, se recordó que se garantizará el acceso a la información y documentos, también en momentos de conflicto interno o armado.
En tanto, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) registrará las denuncias de agresiones. Adicionalmente, que se eleva la protección de periodistas y comunicadores a los estándares internacionales de la Ley Marco de la Unesco.
Durante la votación, el diputado Stephan Schubert (Partido Republicano) anunció reserva de constitucionalidad respecto a la protección de periodistas y personas trabajadoras de las comunicaciones, mujeres, diversidades y disidencias de sexo y de género (Art. 14).