Durante 2023, el Ministerio Público registró el ingreso de 36.468 adolescentes infractores de ley -12.549 de 14 y 15 años de edad, y 23.919 de 16 y 17 años de edad-, en diferentes calidades, en las causas que le correspondió iniciar. La cifra representa un alza de 31,92% en relación al periodo anterior, cuando hubo 27.644 adolescentes infractores de ley. Pero más allá de la importante y preocupante alza, lo que resulta más grave aún es que se consolida un quiebre en la tendencia a la baja experimentada desde 2015 hasta 2021, cuando las cifras bajaron de 49.131 a 20.194 infractores. Los últimos datos nos sitúan ante una realidad equivalente a la de 2017.
Sin perjuicio de que en general el porcentaje de causas en las que participan adolescentes es muy inferior a las que involucran a adultos y llegan solo al 5%, la proporción varía dependiendo del delito. Así en el caso de homicidios el porcentaje sube a 8% y en el de robo con violencia llega a un inquietante 20%.
Tal como señala en una nota de este diario la directora de la Unidad Especializada en Responsabilidad Adolescente del Ministerio Público, la mayor disponibilidad y facilidad en el acceso a armamento y drogas son dos elementos determinantes que contribuyen a que los menores de edad participen en la comisión de delitos. En una cultura de mayor violencia, y donde distintos barrios de nuestras ciudades están siendo sometidos por el narcotráfico y el control que imponen bandas criminales organizadas, la captación de menores para incorporarlos a sus actividades ilícitas -de soldados o distribuidores- es una realidad, como también la atracción que ejerce el acceder por esta vía de manera rápida a ciertos bienes.
El fenómeno de la delincuencia se ha complejizado en nuestro país, con ciertas prácticas que hasta hace algunos años eran desconocidas, con mayor violencia. Enfrentarla eficazmente es una de las principales demandas de la ciudadanía a la autoridad. En medio de esta realidad, el escenario de la delincuencia en adolescentes requiere una especial atención por los costos que genera a la sociedad en su conjunto y las consecuencias que conlleva el ser incapaces de impedir que los menores ingresen al mundo delictual, abandonando el sistema escolar. Pero para responder adecuadamente a ello no solo se requiere un enfoque sancionatorio, haciendo valer la responsabilidad penal de los adolescentes, sino también se deben evaluar y mejorar las condiciones de internación provisoria de los menores y las oportunidades y calidad de los programas de reinserción, con el objeto de revincularlos con su educación, y entregar herramientas que permitan una mejor integración social.
Junto a lo anterior, la prevención es fundamental, y en ello es básica la educación. Por ello, es clave redoblar los esfuerzos para reducir el ausentismo escolar, agravado por la pandemia y que el año pasado superó el 30%, como también para lograr que quienes desertan vuelvan al sistema. Para tener éxito, esto debe ir de la mano de programas de apoyo a las familias y a establecimientos educacionales, en especial en sectores más vulnerables, para que, junto a los propios menores, les permitan identificar y anticiparse a las situaciones de riesgo.