Los fondos europeos del Plan de Recuperación continúan sin llegar al tejido productivo básico en España, es decir, las pymes de menor tamaño –que copan el 90% del volumen empresarial–y, por tanto, no alcanza directamente a la economía real. La razón es que el grueso del montante distribuido en las licitaciones y subvenciones asignadas por el Gobierno –más de 80.000 millones– se ha limitado a un número muy reducido de receptores, menos de 1.600. Así, sin contar autónomos y personas físicas, las pymes apenas ha rascado el 10% de los fondos, mientras el 1% de las sociedades que han presentado proyectos –en total 1.540 perceptores– ha acumulado el 72% de las concesiones. Afinando aún más el desglose, 154 empresas y entidades públicas –el 0,1%– han logrado acaparar el 42% de las convocatorias.
Así lo pone de manifiesto el último informe realizado por EsadeEcPol –con la información remitida por el Ministerio de Economía a la Comisión Europea hasta diciembre de 2023–, que cambia el discurso de anteriores informes de otros organismos económicos y constata que la mayoría de los fondos han ido a parar a proyectos empresariales privados. Así, constata que siete de cada 10 licitaciones han acabado en manos empresariales, aunque «no están repartidos por igual entre todos estos ejecutores», apunta Esade. Sobre el total de receptores de licitaciones y subvenciones concedidas –unos 500.000 excluyendo autónomos y personas físicas–, que se distribuyen en función de la cantidad de dinero total obtenido –sumando todo lo que han obtenido en una o varias concesiones–, da como resultado que el 10% que más ha obtenido acumula más de un 90% del dinero otorgado, en su totalidad grandes empresas, las pymes de mayor tamaño y entes públicos.
Es decir, que los grandes olvidados de este maná público son las microempresas y las empresas pequeñas y medianas de menor tamaño, ya que la mayor parte de los fondos, -ese 90%- se les ha escapado «por la incapacidad de afrontar un exceso de burocracia y de exigencias que las pequeñas empresas no pueden asumir», explicaron fuentes de la patronal Cepyme.
De acuerdo con los analistas, la mayor parte de los recursos asignados hasta ahora se han concentrado en entidades privadas (unos 29.000 millones), lejos de los 3.000 millones obtenidos por empresas públicas y otras entidades y los 290 millones de organismos locales.
EsadeEcPol también alerta sobre la tardanza en estas ayudas pasados ya 37 meses de ejecución, ya que de los 80.000 millones de euros asignados a España a través de transferencias, se había convocado el 70% del total, 56.344 millones, pero únicamente se habían concedido 32.925 millones, el 41%. La consecuencia directa de este retraso supone que para lograr la ejecución completa de los fondos recibidos «habría que acelerar tanto la concesión como la adjudicación», apunta el estudio, que avisa de que si las convocatorias y licitaciones no agotan su presupuesto, «deberían volver al punto de partida».
Por tanto, se pone en seria duda que habiéndose superado ya el ecuador del plazo de asignación que Bruselas prefijó al reparto de estos fondos, el Gobierno tiene pendiente de colocar más de 47.000 millones en subvenciones de aquí al 31 de agosto de 2026 en que termina el plazo establecido. Aunque el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, aseguró esta semana que se estarían ejecutando en torno a 1.500 millones diarios, no se sabe si estos fondos estaban concedidos, asignados o sólo convocados en subvenciones.
Otro de los aspectos analizados por los prestigiosos economistas Manuel Hidalgo, Jorge Galindo y Javier Martínez –que señalan que en muchos aspectos «no se dispone de información detallada»– tiene que ver con los sectores a los que han ido a parar las subvenciones y licitaciones de los fondos europeos. A cierre de enero, la construcción lidera la distribución de las ayudas, con 4.241 millones concedidos –aunque pendiente de ejecución la mayoría de ellos–, seguido del comercio (2.687 millones), la información (2.059) y las telecomunicaciones (1.121). Por debajo de los 1.000 millones se sitúan ya educación (963), salud (864), hostelería (653) o transporte (612). Entre los sectores que menos fondos han recibido están finanzas y seguros (7 millones), industrias extractivas (8,4), suministro de energía (91,5) o inmobiliario (111). Es sorprendente que en el apartado de investigación y desarrollo, uno de los pilares en los que pretendía centrarse el Plan de Recuperación, para lograr la transformación digital, se han concedido menos de 200 millones.
En valores autonómicos, la Comunidad Valenciana y Andalucía lideran las licitaciones y subvenciones publicadas en términos de importe, con más de 1.200 millones de euros cada una. A continuación se sitúan Cataluña, Madrid y el País Vasco, con más de 800 millones, pero esta última es la que más recibe per cápita, con 365 euros por habitante.
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