A estas alturas ya no es novedad que el alcalde de Lima tiene una inclinación a desafiar los principios de ortodoxia económica y la estabilidad jurídica. Algo que no deja de sorprender si se considera que Rafael López Aliaga proviene del mundo empresarial y el de las finanzas en particular. Por ello, fue desconcertante cuando, en julio pasado, anunció unilateralmente la caducidad del contrato de concesión de Rutas de Lima y la "toma de los peajes" en la misma. Un anuncio que violaba abiertamente un contrato público y desacataba un laudo arbitral. Algo propio de regímenes autoritarios de los que, por lo menos en el discurso, el alcalde se declara enemigo.
Fue también preocupante cuando, en enero de este año, López Aliaga se declaró en contra de la construcción de la estación 13 de la Línea 2 del Metro de Lima (entre Garcilaso de la Vega y Paseo Colón), y anunció posibles medidas legales si el consorcio ejecutor continuaba con las obras. Es decir, el alcalde planeaba paralizar un proyecto de más de 5,000 millones de dólares, con una importancia central para la capital, y cuyo diseño se aprobó hace más de una década.
No contento con estos desafíos al orden jurídico, ahora el alcalde de Lima ha decidido enfrentarse al Ministerio de Economía y el Consejo Fiscal por un peligroso proyecto de endeudamiento que afectaría severamente la salud fiscal del país.
Sucede que, en junio del año pasado, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anunció su intención de hacer una emisión de deuda vía bonos por 4,000 millones de soles, para lo que proponía como aval los recursos recaudados por impuestos vehiculares y alcabala de los próximos 20 años. Para ello, la comuna planeaba realizar la emisión en tres paquetes sucesivos, el primero de los cuales sería por S/1,200 y estaría destinado a financiar 42 proyectos.
Unas semanas después, la Contraloría General de la República emitió un informe en que indica que la MML no había presentado sustento suficiente para esta emisión, y que en la cartera de proyectos que planeaba financiar existían iniciativas duplicadas, otras sin terrenos disponibles y otras con vacíos de información.
A pesar de ello, la MML procedió con la emisión del primer paquete de bonos, por un plazo de 20 años a una tasa anual de 10.1%. Ante ello, el Consejo Fiscal se pronunció calificando el hecho como una "peligrosa situación de sobreendeudamiento (…) que compromete la disponibilidad de recursos futuros de la MML".
A las advertencias del Consejo Fiscal se suman las del MEF, cuyo titular ha señalado la abierta violación a las reglas fiscales que la operación de endeudamiento supone. Estas disponen que los gobiernos subnacionales (regionales y locales) no pueden superar un nivel de endeudamiento mayor al 100% de los ingresos de los últimos cuatro años. De hecho, la deuda de la MML ya superaba ligeramente este umbral antes de la primera emisión realizada. Y, si se llegaran a concretar la totalidad de las emisiones planeadas por López Aliaga, la deuda total quintuplicaría el límite previsto en la norma.
Ante los cuestionamientos del MEF, la MML optó por emitir una desafiante ordenanza que establece la "prevalencia de la autonomía económica y financiera de la MML y su facultad de determinar su capacidad de endeudamiento", un hecho sin precedentes en las relaciones entre los gobiernos locales y el gobierno central.
Hay un punto, no obstante, que el alcalde metropolitano parece ignorar: que si esta deuda queda impaga, quien en última instancia responderá ante los acreedores no será la MML, sino el Estado peruano. Es decir, todos los contribuyentes. Qué fácil resulta tomar deuda sabiendo que será un tercero quien responda por ella.
Pero, además, el que una institución pública opte por tomar una deuda tan significativa resta espacio fiscal para que otras entidades puedan hacerlo, pues, para el cálculo del límite de endeudamiento nacional, todas las deudas se suman. Es decir, con sus planes, la MML perjudica a todas las otras municipalidades, gobiernos regionales y entidades del gobierno nacional.
Una vez más, en su intento por cumplir promesas irrealizables, el alcalde metropolitano toma acciones que debilitan la institucionalidad del país e imponen un gran costo en ciudadanos que nada tienen que ver con sus decisiones. Costo que cargarán futuras administraciones municipales, e instituciones y compatriotas de todo el país.
Un poco más de seriedad, señor alcalde.
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