El directorio CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-aprobó en su reunión de Punta Cana un crédito de 400 millones de dólares para Argentina, para atender cuestiones alimentarias de los sectores más vulnerados.
El directorio CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-aprobó en su reunión de Punta Cana un crédito de 400 millones de dólares para Argentina, para atender cuestiones alimentarias de los sectores más vulnerados.
El informe de CAF señala que "los fondos se destinarán a apoyar la ejecución del programa de asistencia alimentaria Prestación Alimentar, que contribuye a la seguridad alimentaria de familias en situación de vulnerabilidad social, aproximadamente a 4 millones de personas, entre ellos madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y madres con 7 hijos o más que reciben una pensión no contributiva".
Por Argentina participaron del encuentro el ministro de Economía Luis "Toto" Caputo, y el secretario de finanzas Pablo Quirno.
El crédito a Argentina forma parte de los 1.140 millones de dólares que la corporación entregó a distintos países latinoamericanos, pero es el único que se gastaría en cuestiones del orden de los "corriente".
El resto de los países recibieron financiamiento para cuestiones cercanas a la infraestructura y el desarrollo.
Bolivia, por ejemplo, fue beneficiada con 240 millones de dólares para "garantizar la disponibilidad de agua para el desarrollo social y la producción agrícola, y se prevé que contribuirá a incrementar la superficie bajo riego en alrededor de 13.600 hectáreas, así como mejorar la productividad y el uso eficiente del agua, beneficiando a 15.000 familias en todo el país".
Los 300 millones de dólares que recibirá México serán volcados a "vincular las condiciones financieras al cumplimiento de compromisos en acción climática e igualdad de género".
República Dominicana utilizará los 200 millones de dólares otorgados para fomentar "actividades para la transversalización de la acción climática en la gestión del sector público; promover un uso resiliente del territorio y transición justa de la economía hacia un desarrollo bajo en carbono".
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