La Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Chumbivilcas, Cusco, y otras asociaciones de víctimas se presentaron este 1° de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En audiencia, señalaron el incumplimiento por parte del gobierno en cuanto a la reparación integral, subrayando la importancia crítica de involucrar a las afectadas en el proceso de creación e implementación de medidas reparadoras.
Entre 1996 y 2000, bajo el mandato de Alberto Fujimori en Perú, se llevó a cabo una intensa campaña de control demográfico que resultó en la esterilización de 272.028 mujeres mediante la técnica quirúrgica de ligadura de trompas. De acuerdo con datos oficiales, más de siete mil intervenciones se efectuaron sin el pleno consentimiento de las pacientes, afectando en mayor medida a mujeres indígenas, campesinas y de bajos recursos.
En la sesión, el Estado reconoció el daño sufrido por estas mujeres, reiterando su compromiso de cumplir con las obligaciones internacionales de reparación con un enfoque de género e interculturalidad, e informando sobre las acciones emprendidas para la justicia y la asistencia sanitaria de las víctimas.
Las cifras proporcionadas por la CIDH revelan que se realizaron 142.627 atenciones, de un registro de 7 mil mujeres afectadas durante este periodo. De este total, un 92% recibió atención general y el otro 8% fue por salud mental, subrayando la profundidad del impacto psicológico y físico que estas prácticas tuvieron sobre las mujeres involucradas.
"Nosotras somos discriminadas, estigmatizadas, mal vistas por nuestros vecinos. Nosotras queremos atención psicológica, psiquiátrica, nuestra salud mental ha sido afectada, ayúdennos a reclamar y que nos escuche el Estado", expresó una de las víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH ha puesto especial énfasis en la importancia de la participación de las afectadas para lograr una reparación integral, celebrando la perseverancia de las víctimas y sus representantes y ofreciendo su cooperación técnica en materia de Derechos Humanos.
Las mujeres involucradas en este trágico episodio de violación a los derechos humanos también iniciarán un proceso de autoconsulta. Este proceso tiene como objetivo desarrollar los principios de una política de reparaciones que responda a las directrices establecidas por el Poder Judicial peruano, enfatizando la participación efectiva de las víctimas y la coordinación con sus asociaciones.
Mientras se realizaba la audiencia, un plantón de víctimas de esterilizaciones forzadas se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Cusco. "Justicia y reparación, ahora", manifestaban.
Más de 272 mil mujeres fueron forzosamente esterilizadas
Este programa gubernamental se enmarcó en un esfuerzo por reducir los índices de pobreza en la nación, sin embargo, las metodologías empleadas incluyeron la manipulación, el engaño, el chantaje y, en algunos casos, la coerción. Las operaciones se realizaron en condiciones que distaban mucho de ser adecuadas, dejando a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, sin el apoyo o seguimiento necesario por parte de las autoridades de salud o de otro tipo.
Las consecuencias de este procedimiento han sido duraderas. Veinte años después, las mujeres afectadas continúan enfrentándose a diversas secuelas físicas y psicológicas, generando un impacto negativo en su calidad de vida y en la percepción dentro de sus propias comunidades. Muchas de ellas son vistas como "mujeres enfermas" y han sido estigmatizadas y marginadas debido a su incapacidad para concebir, lo que ha intensificado su sensación de invisibilidad social. A pesar de la gravedad de la situación, el Estado peruano ha fallado en establecer un programa de reparaciones adecuado que atienda las necesidades y garantice los derechos de las víctimas de esta campaña de esterilización.