La amnistía a los implicados en el proceso independentista catalán no superaría los criterios de "validez" y "licitud" si se analizara desde la perspectiva del Derecho Civil, afirma el presidente en funciones del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en una extensa explicación del voto que emitió el pasado jueves al informe aprobado sobre la ley de amnistía por el órgano de gobierno de los jueces.
A su juicio, la amnistía no puede ser "una sinalagmática moneda de cambio". "Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio", señala.
Guilarte votó en blanco por considerar que el hecho de ocupar la presidencia del CGPJ por suplencia "aconseja una cierta prudencia al optar por alguna de las alternativas políticas que se dirimen".
"He pretendido, de cara al exterior, ofrecer un posicionamiento neutral pues, queramos o no, el planteamiento de constitucionalidad [de la ley de amnistía] tiene, sin duda, fuertes connotaciones políticas a las que debiéramos intentar ser ajenos", afirma.
Pero, eludiendo tomar postura sobre la constitucionalidad de la amnistía, Guilarte, que es catedrático de Derecho Civil, sí se pronuncia extensamente sobre la legalidad de la ley que se tramita, partiendo de que "su evidente y real etiología" es "la contrapartida por el apoyo de sus beneficiarios a la investidura del presidente de Gobierno".
A Guilarte le llama la atención el "sorprendente silencio" de la "faraónica" exposición de motivos de la proposición de ley "sobre el precedente contractual que, sin duda, causaliza decisivamente" la norma.
Un "contrato"
"Es patente que el presupuesto fáctico que sirve a mi análisis no tiene reflejo
en el articulado pues, interesadamente sin duda, ni tan siquiera se inserta
como precedente en su exposición de motivos", señala.
El presidente suplente del CGPJ subraya que la finalidad que expresa la exposición de motivos -el interés general que se busca alcanzar propiciando con la amnistía la pacificación política y convivencial de Cataluña- "nunca fue esbozada previamente en el programa electoral de su otorgante".
"Es evidente que en ningún momento aparecía en el programa electoral del PSOE, sino al contrario, el compromiso de propiciar una amnistía".
"Su necesidad surge a partir del resultado electoral y así ha sido expresamente explicitado, con esclarecedora nitidez, por el presidente del Gobierno", recuerda.
Guilarte señala la "absoluta atipicidad" de la amnistía de 'procés'.
Explica que "universalmente, las amnistías de las que se tiene noticia participan de una 'causa gratuita' en el sentido de que solo determinan una prestación/prerrogativa a activar por el Poder Legislativo pero nunca por el amnistiado, que se limita a aceptar agradecidamente –aunque parece que tampoco es éste el caso- la extinción de la acción penal otorgada graciosamente por su benefactor".
Sin embargo, la "anómala" especificidad de la amnistía del 'procés' radica en no ser una mera medida de gracia sino "ejecución de un pacto oneroso", al constituir su tramitación "parte esencial de las prestaciones sinalagmáticamente enlazadas con ella que fueron convenidas por sus suscriptores", indica en referencia al acuerdo entre PSOE y Junts per Catalunya del pasado noviembre.
"Todas las amnistías de las que se tiene noticia se han producido con lo que he denominado causa gratuita y habitualmente en supuestos de revisión del anterior orden político o de las convicciones sociales", insiste.
Subraya, así, que no existen precedentes, ni en España ni en el resto de naciones que han acordado medidas de gracia similares, donde la amnistía se haya insertado en una "transacción sinalagmática, con prestaciones mutuas".
La naturaleza de la medida
De este modo, "asumiendo la causa real del pacto suscrito, el problema se centra en valorar su legalidad".
"Es decir", añade, "analizar si resulta posible utilizar el excepcional instrumento constituido por la amnistía a cambio de obtener los votos necesarios para lograr la investidura del presidente del Gobierno", algo cuya legalidad le genera "dudas".
"Acudiendo de nuevo a pautas civiles", señala, la amnistía es una medida de gracia "a otorgar unilateralmente por el poder legislativo –medida gratuita diríamos- que no puede arbitrarse a cambio de contraprestación onerosa alguna, pues eso desvirtúa radicalmente su causa pasando, en terminología civil, de la gratuidad a una onerosidad que desdibuja su esencial naturaleza como medida de gracia".
"Puede donarse gratuitamente un riñón, pero no a cambio de precio", ejemplifica.
"De igual manera que no cabría indultar, menos aún amnistiar, a cambio de una contraprestación onerosa", agrega.
"La amnistía no puede ser sinalagmática moneda de cambio de la consecución de una mayoría parlamentaria para la investidura", sostiene Guilarte, porque ello implica "convertir la medida de gracia, por definición unilateral y gratuita, en algo bilateral y oneroso".
"Habrá que preguntarse, y no soy capaz de dar respuesta adecuada, si desde una perspectiva constitucional la extinción de la acción penal puede ser prestación correlativa a la obtención de una importante contrapartida política", añade.
"Aunque desconozco su incidencia constitucional", concluye, "el previo pacto político alcanzado entre sus mentores, del que la amnistía trae causa real, si se analiza con una perspectiva civil difícilmente superaría los criterios de validez y licitud exigidos por el artículo 1276 del Código Civil" ["La expresión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita"].
Comisiones de investigación
Guilarte vuelve a insistir en su escrito en la inconstitucionalidad e ilegalidad de las llamadas comisiones de investigación de la lawfare, también pactadas entre PSOE y Junts.
"Dicho acuerdo apunta directamente a los jueces", constata el presidente suplente del CGPJ., que señala que ya se han constituido varias comisiones "con citación de jueces, cuya presencia pende de la voluntad de la mayoría parlamentaria".
Además, el presidente en funciones del órgano de gobierno de los jueces aprovecha su escrito para "alentar", una vez más, la "imprescindible" renovación del CGPJ, "pues son escasos los mensajes que en tal sentido dirigimos a la clase política: pudiera parecer que la situación no nos incomoda"