Máxima preocupación por la falta de consenso social en la elaboración del Plan Integral del Tabaquismo
El Ministerio de Sanidad se lo planteará este jueves a la Comisión de Salud Pública, pero los sectores afectados están mostrando ya su intranquilidad por las consecuencias que pueda acarrear a sus trabajadores.
El Ministerio de Sanidad planteará este jueves en la Comisión de Salud Pública su Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo. El objetivo del Gobierno es "seguir incrementando espacios libres de emisiones" para conseguir que los no fumadores "puedan desempeñar su día a día sin verse expuestos", al mismo tiempo que se trata de reducir el número de fumadores en España.
El borrador preliminar, al que ha tenido acceso EFE, se compone de cinco metas y veintidós objetivos. Rescata la mayor parte del plan que se creó hace dos años y nunca llegó a aprobarse, en el que se proponían aumentar los espacios sin humo, tales como terrazas o vehículos privados en presencia de menores.
Del mismo modo, el plan incluye un apartado dedicado específicamente a las nuevas formas de consumo de nicotina a través de cigarrillos electrónicos o vapeadores y tabaco calentado. Se pretende reducir su atractivo entre la población joven porque "el objetivo de estos productos es intentar hacer un lavado de cara al consumo de nicotina" al "transmitir la sensación de que disminuyen el riesgo para la salud".
Ante esta nueva realidad, el plan propone "equiparar su promoción y publicidad" a los cigarrillos de toda la vida, con una medida como el empaquetado genérico -que supone la desaparición de las marcas en las cajetillas-, y regular su venta y consumo. Pero también se plantea una nueva normativa con respecto a las pipas de agua, shishas o cachimbas.
En este borrador preliminar han participado sociedades científicas y entidades relacionadas con el ámbito del tabaquismo, los cuales destacan un consenso social ante la redacción de este plan. Pero no así los principales protagonistas de los sectores afectados: hosteleros, estanqueros y productores del tabaco, quienes aseguran estar muy preocupados tanto por el impacto que van a tener estas medidas como por no haberles tenido en cuenta a la hora de consensuarlas.
Preocupación por el impacto social y económico del plan en el sector
La Organización Interprofesional del Tabaco en España (OITAB), formada por agricultores de la hoja de tabaco y la industria de primera transformación, ha instado al Gobierno a valorar las consecuencias sociales y económicas derivadas del plan antitabaco. Se trata de un sector que aporta 3.300 millones de euros al PIB español y más de 53.000 puestos de trabajo, lo que hace que sea el quinto sector que más contribuye a las arcas públicas.
"El nuevo Plan Integral del Tabaquismo debe nacer desde el consenso de todas las partes relevantes, incluido el sector del cultivo", expone Felipe Castañar, presidente de la OITAB, en un comunicado. Por eso cree que es fundamental que "se evalúen las consecuencias económicas y sociales que pueden tener sobre un sector clave", ya que solamente en Extremadura este sector da sustento económico a 20.000 familias.
La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) también se ha pronunciado y ha asegurado que va a insistir al Ministerio que se escuche a los productores de tabaco porque en el plan se debe "compatibilizar la inexcusable lucha contra el tabaquismo con la protección al sector". Según UPA, se debe contemplar a todas las pequeñas empresas auxiliares y a los autónomos que trabajan de forma indirecta en el tabaco, además de a las empresas de primera transformación que dan empleo directo a más de 400 trabajadores.
La OITAB considera que para que se haga efectiva la lucha contra el tabaquismo es "esencial que las medidas estén basadas en datos objetivos, evidencias científicas y experiencias en otros países", puesto que "medidas como el aumento de la fiscalidad o la implementación del empaquetado genérico pueden provocar el efecto contrario que se busca" ya que podrían incentivar "el contrabando, la disminución de la relación calidad/precio y el comercio ilícito".
Precisamente, la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, que agrupa a casi 8.000 de los 13.000 estanqueros españoles, se ha pronunciado ya al respecto de la cajetilla genérica. La rechaza de forma categórica por "ineficaz", así como por las subidas desproporcionadas de precio por sus consecuencias en forma de contrabando.
Alegan que esta medida, que ya se tomó en Australia en 2012, fue un completo fracaso y solo sirvió para que aumentase el tabaco ilegal en el país. Además, no supuso una reducción del número de fumadores, sino que la prevalencia se mantuvo sin cambios significativos. Desde la Unión están seguros de que "existen otras soluciones para luchar contra el tabaquismo".
Polémica por la prohibición de fumar en terrazas
Hostelería de España considera que la prohibición de fumar en terrazas es una medida "desproporcionada" que perjudicaría nuevamente al sector, ya que su resultado sería el desplazamiento del consumo a otros espacios "menos convenientes". Según los hosteleros, esta modificación supondría una pérdida de competitividad de España con respecto a otros países del Mediterráneo, además de generar confusión entre los visitantes que no tienen esta medida en sus países de origen.
José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, cree firmemente que las terrazas "son espacios al aire libre y ventilados, donde no se detectan problemas de convivencia entre fumadores y no fumadores". Por eso afirma que esta medida "solo viene a complicar la situación y derivar en un ocio desordenado, que en ningún momento va a reducir el consumo". Además, resalta las situaciones de confrontación que pueden generarse con los clientes por la función de control que "no les corresponde".
A las quejas de los hosteleros se ha unido también la preocupación de varias comunidades autónomas, que tampoco están de acuerdo con la prohibición del tabaco en las terrazas. Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha dicho ya, en declaraciones recogidas por ABC, que algunas medidas del plan "entran dentro del ámbito privado y tendríamos que ver hasta dónde se puede o debe llegar". Por eso, espera que en la evaluación de este jueves con las comunidades autónomas se llegue a un acuerdo.
La Comunidad Valenciana está esperando también a la reunión de la Comisión de Salud Pública porque apuestan por "un equilibrio entre la salud y la libertad individual". El conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Marciano Gómez, ha recalcado que "el tabaco perjudica a la salud" y lo sabe bien porque es médico de profesión. Pero asegura que "tenemos que ver el equilibrio entre todo aquello que beneficie la salud y que permita la libertad individual del ciudadano" y de ello dependerá su decisión tras estudiarlo "con profundidad".
Aunque Gómez ha apostillado que tiene claro que "el derecho sagrado a la salud es incuestionable y que la libertad de uno empieza donde acaba la del otro" y, por eso, va a preservar "la libertad del no fumador".