El régimen de Irán emprendió una ola cruel y feroz de ejecuciones judiciales. Así quieren evitar un nuevo brote de protestas en su contra. El uso de la pena de muerte para infundir temor entre la población ha resultado en la pérdida de vidas de 834 individuos durante 2023, con otros 85 casos adicionales registrados en lo que va de 2024. Entre las víctimas hay procesados por delitos de drogas, manifestantes, disidentes políticos y miembros de la minoría étnica Baluchistán.
Las cifras forman parte del Informe Anual sobre la Pena de Muerte en Irán, que elaboró Iran Human Rights (IHRNGO) y Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM). El documento revela que las ejecuciones judiciales en Teherán aumentaron 43 % el año pasado, en comparación con el anterior.
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Organizaciones informan que este es el segundo mayor número anual de ejecuciones documentadas en Irán en más de 20 años. La mayoría de las sentencias, aproximadamente 500, salió de las Cortes Revolucionarias. Las más condenas llamativas corresponden a seis manifestantes arrestados durante las protestas del movimiento "Mujer, Vida, Libertad".
También IHRNGO divulga la ejecución de 22 mujeres, la cifra más alta en la última década, como evidencia de la "intensificación" por parte de las autoridades de la República Islámica de la pena de muerte. De acuerdo con sus conclusiones, el régimen amplió el alcance de los cargos para aplicarla, por primera vez en diez años, en contra de dos hombres por blasfemia y adulterio.
Opresión por poder
Las esperanzas de un cambio en las prácticas opresivas de Irán son bajas, dado que solo el 15% de las ejecuciones se anunciaron por fuentes oficiales.
Además, "el régimen iraní usa la pena de muerte para prolongar su supervivencia. Es un régimen opresor, corrupto e incompetente para resolver los problemas diarios de la gente", señaló el director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam. Incluso, cree que hay "inconsistencia" en las reacciones de la comunidad internacional sobre los abusos de poder en Teherán.
Los engaños del régimen iraní que preside Ebrahim Raisi fomentan las contradicciones en el mundo con anuncios estratégicos. Su administración anunció la supuesta disolución de la 'Policía de la moral' para sofocar la presión de las protestas que desató la muerte de la joven Mahsa Amini, de 22 años, tras ser arrestada por esta fuerza política, bajo el argumento de llevar su velo islámico mal puesto.
Se suponía que la disposición obligaba a la Judicatura a asumir las competencias de la 'Policía de la Moral' iraní, que también se conoce como Patrulla Irshad. Entre sus funciones estaba vigilar los códigos de vestimenta de la población y detener a quienes desacatan los mandatos. Sin embargo, lo que ocurrió fue peor. Los castigos han sido formalmente penales y legitimados por la justicia. Un horror.
Sin piedad en las cárceles
Amnistía Internacional asegura que "prisiones de todo el país se han convertido en lugares de homicidios colectivos sancionados por el Estado bajo la apariencia de ejecuciones judiciales. Solamente en mayo, ejecutaron una media de tres personas al día. Esta arbitraria privación de la vida de las personas debe parar".
En un intento por visibilizar la situación, Amnistía Internacional recaba firmas a través de su sitio web, de modo que pueda lograr que varios Estados exijan a Irán que imponga una moratoria oficial de todas las ejecuciones, envíe representantes para visitar las prisiones donde hay personas condenadas a muerte y solicite asistir a juicios de personas acusadas de delitos capitales.
Para la incentivar la colecta de rúbricas, destaca que en medio de "la crisis de impunidad de las ejecuciones arbitrarias masivas, los Estados también deben buscar vías significativas para que las autoridades iraníes respondan de sus actos".