La decisión del Gobierno de renunciar a la presentación de los presupuestos generales del Estado (PGE) tras el adelanto electoral en Catalunya obligará a buscar nuevas fórmulas parlamentarias y contables para dar salida a las principales medidas económicas programadas para este año. Hay decenas de iniciativas en curso que quedan ahora en el aire o, al menos, pendientes de cauce para prosperar. Van desde la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) hasta la entrada de la SEPI en Telefónica, pasando por los ajustes fiscales relacionados con el impuesto extraordinario a las empresas energéticas o las ayudas a la compra de coches eléctricos. El Gobierno reconoce que tendrá que hallar alternativas, pero resta dramatismo a la situación. Fuentes de Hacienda recuerdan que Pedro Sánchez gobernó entre el 2018 y el 2021, con una pandemia por medio, sin otros presupuestos que los que había recibido en herencia de Mariano Rajoy. Lo hizo, eso sí, con un escenario parlamentario algo más manejable.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reconoció ayer que renunciar a los presupuestos "no estaba dentro de la ecuación", mientras que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lanzó dos mensajes intentando disipar los principales temores: los fondos europeos no están en peligro y el Gobierno sigue comprometido con situar el déficit público en el 3%. La idea es ahora aprovechar el trabajo ya hecho para elaborar en otoño las cuentas del 2025.
Sin ley de presupuestos, el Gobierno deberá buscar nuevos vehículos legislativos para medidas como la condonación de cerca de 60.000 millones de euros de deuda autonómica, fruto de los acuerdos de investidura para aliviar en 15.000 millones las obligaciones de Catalunya con el FLA. En términos de contabilidad nacional, requiere también una transferencia extraordinaria a las comunidades autónomas cuya vía natural son los presupuestos. Las vías idóneas habrían sido la ley presupuestaria o una reforma de la financiación autonómica que está aún lejos de concretarse.
Diego Martínez, profesor de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, avisa además de que sin presupuestos no se pueden actualizar las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, aunque considera que no habrá tensiones de tesorería porque Hacienda tiene previsto transferir la liquidación del 2022 en julio, que será récord, de unos 20.000 millones de euros.
Montero reconoce que el nuevo escenario "no estaba en la ecuación" y Cuerpo insiste en los objetivos de déficit
Hay al menos dos medidas fiscales que, como la deuda del FLA, se iban a incluir en los presupuestos y requieren su aprobación a través de una ley. Una es la revisión del impuesto extraordinario a las compañías energéticas para que puedan desgravarse inversiones en descarbonización. La medida sale al paso de la amenaza de Repsol de paralizar proyectos en España y responde a un compromiso del Gobierno a finales de año de incluirla en los presupuestos. La intención es ahora recurrir a un decreto ley para cuestiones de urgencia o a algún proyecto de ley para adoptarla.
También está en juego la posible aprobación de incentivos fiscales para la compra de coches eléctricos, que debe incluirse en una ley. La asociación de fabricantes Anfac lleva tiempo reclamándolos para animar un mercado que no acaba de despegar. Además, el actual plan Moves concluye a mediados de año, y el Gobierno debe decidir si lo amplía recurriendo a los fondos de recuperación, sin necesidad en este caso de pasar por el Congreso de los Diputados.
Hay otras partidas de gasto que, a falta de presupuestos, tendrán que encontrar acomodo. Una de ellas tiene que ver con los propios presupuestos de los ministerios. Hay dos nuevos departamentos, el de Transformación Digital y el de Infancia, y corren el riesgo de quedarse sin una dotación específica.
Otro de los temas que quedan en el aire es la compra de un 10% de Telefónica a través de la SEPI por cerca de 2.000 millones de euros. Desde que el Gobierno ordenase al holding público hacerse con la participación, se planteó como primera opción una dotación especial en los presupuestos para la SEPI, cuya deuda de 3.000 millones de euros le impide afrontar el esfuerzo con recursos propios. El Gobierno deberá buscar ahora alternativas.
La entrada de la SEPI en Telefónica o el plan Moves de coches eléctricos deben concretarse
La falta de presupuesto abre también una incógnita acerca del gasto en defensa. Entre crecientes presiones de Estados Unidos para que el gasto militar de los países de la OTAN llegue al 2% del PIB, la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunció que el presupuesto de su departamento seguirá al alza y llegará al 1,3% este año, frente al 1,2% en el 2023, lo que implica alcanzar unos 19.000 millones de euros. Es la partida estrella en lo que a gasto presupuestario se refiere. Fuentes de la industria militar aseguran que el Ejecutivo tendría otros mecanismos disponibles para incrementar la partida, como aumentar la dotación de los programas especiales de armamento (PEA).
La ausencia de presupuestos también obliga al Gobierno a utilizar mecanismos extraordinarios para actualizar partidas de gasto social. Es el caso de los posibles incrementos en la dependencia, como los que se habían producido en los últimos años. El Gobierno ha decidido actualizar el sueldo de los funcionarios a través de una enmienda introducida por el PSOE en el proyecto de ley de ayudas que se tramita en el Congreso.