A lo largo del año pasado, una persona en situación de dependencia en España tardó un promedio de 324 días en recibir la ayuda pública. El progreso en los últimos tres años para reducir dicho lapso ha sido considerable, y hay que felicitarse por ello. Pero estamos todavía lejos de los 180 días que la normativa vigente considera como el período máximo en el que debería tramitarse un expediente por dependencia. Son datos del revelador informe hecho público ayer por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en el que también se indica que el 2023 terminó con un total de 296.425 personas a la espera de algún tipo de procedimiento previsto por la ley. Entre ellas, 179.244 habían sido ya valoradas y estaban a la espera de los servicios requeridos, mientras que 117.181 seguían todavía pendientes de valoración.
La ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia, popularmente conocida como ley de Dependencia, fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 15 de diciembre del 2006, durante el primer mandato del Gobierno presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. En la exposición de motivos que abre dicha norma, leemos esto: la atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados.
La insatisfactoria aplicación de la ley de Dependencia es casi una enmienda a su espíritu
Fue con el propósito de dar respuesta a tal reto que se promulgó la ley. Hasta ahí, nada que objetar sobre la pertinencia de la normativa a la que nos referimos. Pero una cosa es aprobar la ley y otra conseguir que se aplique con la diligencia y amplitud necesarias para cubrir las necesidades que tiene por objeto atender. A la vista del informe que motiva estas líneas, la brecha entre una cosa y la otra es demasiado grande. De hecho, constituye en la práctica una enmienda al espíritu de la ley. Esta aplicación parcial e insatisfactoria de la ley de Dependencia tiene consecuencias graves. Siempre según el mencionado informe, el año pasado falleció, cada 13 minutos, una persona dependiente que había presentado petición de asistencia sin ser atendido. O sea, 111 cada día.
El Gobierno ha diseñado planes de choque para corregir esta situación, y en los tres últimos años los ha dotado de modo significativo, pero a lo que se ve, insuficiente. Son muchas las cuentas que debe satisfacer un moderno Estado del bienestar, y se podría, pues, llegar a entender el déficit registrado en una materia como la dependencia. Pero se hace difícil explicar que una ley concebida con vocación asistencial y, sobre todo, con el propósito de fomentar la igualdad esté demorando tanto la atención a personas que necesitan beneficiarse de ella para aspirar a una vida digna.