MIAMI.- Abogados internacionalistas venezolanos consideran que está latente que la Corte Penal Internacional (CPI) dicte orden de captura en contra del dictador Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
MIAMI.- Abogados internacionalistas venezolanos consideran que está latente que la Corte Penal Internacional (CPI) dicte orden de captura en contra del dictador Nicolás Maduro, por delitos de lesa humanidad.
Los abogados María Alejandra Aristeguieta, William Cárdenas Rubio y Blas Imbroda, coincidieron en sus apreciaciones durante su participaron en una conferencia organizada por el Observatorio Geopolítico de América Latina, dirigido por Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y coordinador del Consejo Político Internacional del comando de María Corina Machado, candidata presidencial de la oposición venezolana, quien fue inhabilitada por la dictadura para impedir que compita en los comicios pautados para el 28 de julio.
Los especialistas del derecho basaron sus apreciaciones en la decisión de la CPI al desestimar la impugnación introducida el año pasado por el régimen venezolano, con la intención de detener el proceso de investigación iniciado sobre la supuesta comisión de crímenes de lesa humanidad en la última década bajo la administración de Nicolás Maduro, que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.
De manera que el máximo tribunal internacional dirigido por el fiscal británico Karim Khan continuará el proceso de investigación contra Maduro, proceso que se inició el 3 de noviembre de 2021, luego de que Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentarán en 2018 una denuncia ante la instancia, continúa.
Investigación se que se centra en las represiones de las protestas de la oposición contra el gobierno de Maduro en 2017, e incluyen cargos de persecución política, encarcelamiento, tortura y violencia sexual llevadas a cabo por funcionarios, fuerzas de seguridad y agitadores chavistas.
La abogada María Alejandra Aristeguieta, internacionalista y exembajadora de Venezuela ante la ONU, afirmó que Maduro desafía y cuestiona permanentemente los informes de la Corte Penal Internacional.
Recordó que la expulsión de funcionarios del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la detención de la activista Rocío San Miguel o el asesinato en Chile del exmilitar disidente Ronald Ojeda son solo algunos casos.
"Es alarmante esta política de guapetón de barrios, de cómo Maduro continúa desafiando a la Corte Penal", dijo la especialista.
Reveló que de producirse una orden de captura será de obligatorio acatamiento para todas las naciones que integran la ONU y detener al dictador.
Mientras que William Cárdenas Rubio, presidente del Comité Internacional contra la impunidad, denunció que "en Venezuela no hay un estado de derecho. Los jueces no son independientes y los responsables de los crímenes de lesa humanidad son los altos funcionarios del poder público que no van a permitir ninguna investigación".
Sostuvo que seis estados miembros del Estatuto de Roma apoyan la investigación que adelanta el fiscal Kan en referencia a Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú que pidieron se investigue crímenes de lesa humanidad cometidos en territorio venezolano.
"Estamos en un momento estelar; lo ocurrido el 1 de marzo marca el camino de la justicia universal y pronto habrá noticias de órdenes de captura", dijo Cárdenas.
Asimismo, Blas Imbroda, abogado integrado ante la CPI dijo que Maduro está más cerca de la CPI después de que el tribunal rechazara todos los falsos argumentos esgrimidos por el régimen venezolano.
Es importante señalar que la apelación que introdujeron los abogados del régimen de Maduro el año pasado abrió la puerta para escuchar en la CPI parte de los testimonios de más de 8.000 víctimas que rindieron declaración ante la Oficina de Defensa de las Víctimas y las observaciones del panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos durante la audiencia celebrada en noviembre.
La sentencia llega en un momento en el que el chavismo vuelve estar en la mira de la comunidad internacional por un recrudecimiento de la persecución política y la represión, en el año de las elecciones presidenciales, con dos episodios recientes que han levantado nuevamente las alarmas sobre la situación de los derechos humanos en el país.
El primero, la detención de la activista Rocío San Miguel, cuya defensa ha denunciado graves violaciones al debido proceso, incluida la incomunicación y desaparición por varios días.
El segundo, la expulsión de los miembros de la oficina técnica del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas por haber manifestado su preocupación por el caso de San Miguel.
La Organización de Estados Americanos (OEA) celebró la decisión de la CPI e instan al fiscal Karim Khan a incluir en su investigación los crímenes más recientes cometidos en la escalada de persecución por motivos políticos, detenciones y desapariciones forzadas, de cara a las elecciones de 2024 y a incluir todos los perpetradores, incluidos los estatales de alto nivel.
FUENTE: El Debate, La Patilla, El País, Infobae