El Govern balear ha decidido allanarse y ceder en todas las reclamaciones que han llegado a los tribunales respecto a la forma en que se cobró el Impuesto de Sucesiones cuando existían usufructos, después del fallo del Tribunal Supremo en el que considera que la actuación que ha venido manteniendo la Agencia Tributaria de las islas (ATIB) ha sido contraria a la legalidad.
La batalla jurídica que emprendió Alejandro del Campo, abogado de DMS Legal, contra la forma de actuar de la Hacienda autonómica ha quedado definitivamente cerrada en favor de los contribuyentes tras la decisión del Supremo.
Actualmente hay 45 reclamaciones por un valor de unos 500.000 euros contra la ATIB en la vía judicial (Tribunal Superior de Justicia de Balears) y otras 32 en la vía administrativa (Tribunal Económico Administrativo Regional) por un importe de unos 300.000 euros, según los datos facilitados por la conselleria de Economía.
Desde este departamento autonómico se ha reconocido que finalmente se va a optar por allanarse y dar la razón a estos contribuyentes, y se ha apuntado que el impacto económico que esta 'rendición' va a tener es bajo por cuanto muchas de las cantidades que se recurrían no habían llegado a cobrarse, lo que implica que no darán pie a devoluciones.
Autoliquidaciones
Hay que recordar que en el caso de las autoliquidaciones (cuando el contribuyente calcula directamente lo que tiene que pagar siguiendo las indicaciones de Fisco), hay un plazo de cuatro años para poder alegar errores en las cantidades que se abonaron, lo que podría elevar durante los próximos días la cifra de personas que solicitan una devolución de parte del dinero que entregaron a la ATIB.
En cualquier caso, desde el actual Govern se admite que a partir de ahora se van a aplicar nuevas reglas de juego, una vez tumbado el sistema que diseñó el anterior Ejecutivo de Francina Armengol.
Origen del problema
El problema nace debido a que el Gobierno del Pacto decidió que cuando fallecía la persona beneficiaria de un usufructo procedente de una herencia recibida antes de 2016 (por ejemplo, una viuda para que pudiera seguir disfrutando de la vivienda durante el resto de su vida, pese a que la propiedad había pasado a los hijos), los titulares de ese bien no podían beneficiarse de la deducción autonómica que existía en el momento de fallecer el primer causante. Es decir, debían de pagar a través del Impuesto de Sucesiones entre un 7,65% y un 34% de la parte de la propiedad que recuperaban, en lugar de solo un 1% como se fijaba antes de 2016 con la citada deducción.
El Supremo ha rechazado la argumentación que formuló el anterior Ejecutivo autonómico y ha respaldado que esa bonificación debe de mantenerse, sin que ya quepa la posibilidad de presentar más recursos.
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