El Ayuntamiento de Alicante celebra este martes el pleno ordinario del mes de marzo. Una sesión que tiene lugar dos días antes de lo previsto, para evitar que coincida con los días centrales de la Semana Santa. La cita ha comenzado, como es habitual, guardando un minuto de silencio en memoria de las mujeres asesinadas desde el último Pleno, víctimas de la violencia machista.
Tras ello, la Corporación ha dado luz verde a pedir al Consell que suspenda el planeamiento urbanístico actual y establezca un régimen de urgencia para evitar la demolición de edificios históricos. Una solicitud impulsada por el gobierno local ante la imposibilidad de aprobar el Catálogo de Protecciones antes del verano, cuando caducaría la actual suspensión vigente.
La propuesta, al igual que en la pasada Comisión de Urbanismo, ha salido adelante con el apoyo "por responsabilidad política" de la izquierda. Eso sí, el debate de la iniciativa ha apuntado en una única dirección: el alcalde, Luis Barcala, y su "falta de planificación" según el líder de Esquerra Unida, Manolo Copé, quien le acusa de tener la tramitación del catálogo paralizada desde su llegada a la Alcaldía hace seis años.
De igual manera, Sara Llobell acepta que la concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, "se ha encontrado el problema" pero igualmente sostiene que el retraso en la aprobación del documento es "responsabilidad municipal".
En Vox, la visión es diametralmente opuesta: la formación de ultraderecha ha votado en contra del catálogo por considerarlo "sobreprotector" y "no contar con toda la información", según ha anunciado su portavoz, Carmen Robledillo.
Por su parte, Trini Amorós (PSOE) ha acusado al alcalde de "dilapidar los apoyos de los socialistas" al optar por Vox como socio preferente. Un partido "que defiende el urbanismo depredador", según Amorós. Finalmente, el PSOE ha votado también a favor y le petición ha salido adelante con los votos de todos los partidos, a excepción de los de Abascal.
¿Caso Koldo en Alicante?
En la parte de las iniciativas, Compromís ha planteado la primera propuesta al Pleno: la creación de una comisión para "investigar todos los contratos que se hicieron de compra de material médico durante la pandemia". Una medida con la que los valencianistas trataban de poner en un aprieto al gobierno popular de Barcala: o bien votaban a favor y permitían que la oposición "hurgue" en los contratos extraordinarios durante el confinamiento o bien rechazaban una propuesta que, tal y como la plantea Compromís, ha sido presentada por el PP en el ámbito autónomico y estatal.
Por su parte, Esquerra Unida y el PSOE han respaldado la iniciativa porque tiene que "garantizarse un buen uso de los servicios públicos". Manolo Copé cree que es necesario investigar esos contratos porque "ayudaría a garantizar la visión óptima y la integridad" de las medidas adoptadas. "Si no hay nada irregular, nadie debería votar en contra". Por su parte, la exconsellera de Sanidad Ana Barceló se ha mostrado "avergonzada" de que alguien se haya podido aprovechar de aquella situación de extrema urgencia para la compra de material. "Me da lo mismo quién haya podido ser, tendrán que ser los tribunales los que juzguen, a mí me repugna la corrupción".
Quien no se ha mostrado de acuerdo con la investigación ha sido el socio habitual de Barcala: Vox, pese a que sí apoyó la propuesta en el Congreso y en las Cortes. "Si tienen algún indicio que vayan a la Fiscalía, no traigan esta moción ventilador", ha señalado el concejal Mario Ortolá. Quien, tras acusar a los valencianistas de centrar la atención en otros asuntos, ha puesto sobre la mesa el caso del exmarido de Mónica Oltra.
En el turno de los populares, la concejala Mari Carmen de España se ha mostrado contundente con Compromís: "Voy a ser bastante clara: dejen de hacer el ridículo. Me resulta muy difícil contestarle sin ofenderle". La edil del PP ha centrado el foco en un informe del Tribunal de Cuentas que destaca que Alicante "consiguió el precio más barato para las mascarillas", además de que formalizó todos los contratos por escrito "cuando lo habitual era no hacerlo".
Pese al cruce de acusaciones, la comisión ha sido rechazada por los votos del PP y Vox.
Llamada al orden: "Absténganse de cartelitos"
Al final del debate, cuando el portavoz de Compromís, Rafa Mas, ha mostrado un cartel durante el turno de palabra de Mari Carmen de España, el alcalde ha interrumpido el turno de palabra para leer los artículos del Reglamento Orgánico del Pleno que le permiten llamar al orden a los concejales y, en caso de que alguno de los miembros de la Corporación acumule tres faltas, le autoriza para expulsar del pleno a cualquier edil.
Poco después, tras una interrupción de Mas, el alcalde le ha llamado al orden por primera vez, antes de cumplirse la primera hora de la sesión: "Voy a cortar por lo sano. Me da la sensación de que usted no quiere terminar hoy el pleno".
Ruegos
Una vez concluido el "speech" del alcalde, el grupo Vox ha planteado varios ruegos al equipo de gobierno: uno para inaugurar la glorieta del obispo Rafael Palermo Ramos; otro para sustituir la barandilla de la playa del Cocó y un tercero para rehabilitar la zona de carga y descarga del Mercado Central.
Durante la primera intervención de Ortolá, ha irrumpido en el Salón Azul una veintena de funcionarios que han acudido a protestar, una vez más, por la implementación de la Carrera Profeisonal. Un sistema de "pluses" salariales que atienden a cuestiones como la antigüedad o la productividad y que el alcalde prometió en el año 2019. Pese a que su puesta en marcha se produjo a finales de 2023, buena parte de la plantilla municipal acusa al alcalde de no destinar las cantidades suficientes.
Para ellos también tenía Barcala preparados varios puntos del ROP: en este caso para pedirles que se abstengan de llevar a cabo protestas en voz alta que puedan "perturbar el orden de la sesión", lo que le ha valido el irónico aplauso de los funcionarios.
Tras el turno de Vox, Esquerra Unida-Podemos ha solicitado al gobierno local que las líneas de autobús 8 y 11H incorporen alguna parada en el barrio de Divina Pastora para el traslado de los vecinos al centro de salud de Ciudad Jardín.
Preguntas al gobierno local
En el apartado de preguntas al ejecutivo municipal, el concejal Rafa Mas ha preguntado cómo se pretende solucionar el "caos" de acceso de vehículos a la zona restringida del Casco Antiguo. Un conflicto que el de Compromís atribuye al aumento de alquileres turísticos en la zona. El edil de Movilidad, Carlos de Juan, defiende que se lleva a cabo una actualización periódica del censo de matrículas y que se intensificará el control sobre la zona. Después del turno de Mas, su compañera de partido, Sara Llobell, ha preguntado sobre si la reestructuración de la Policía Local plantea reducir el número de agentes destinados a la unidad de violencia de género. El concejal de Seguridad (y comisario en excedencia) Julio Calero ha negado que se vaya a reducir dicho equipo, antes de señalar que el grupo ha perdido competencias en el último año, que recaen principalmente en la Policía Nacional.
El concejal del PSOE Raúl Ruiz ha puesto en duda las mediciones del Ayuntamiento en el conflicto con el ruido del ocio nocturno en el centro de Alicante. El edil ha presentado imágenes de varios sonómetros instalados por el Ayuntamiento averiados, a los que les falta el micrófono, para después indicar que "deben tener una carcasa mágica" porque siguen arrojando mediciones en la página donde se publican los datos, pese a no estar en condiciones de funcionar. Sin embargo, el edil ha agotado su tiempo de intervención antes de plantear la pregunta por lo que, debido a un formalismo, el asunto ha caído en saco roto: el gobierno de Barcala no tendrá que responder.
Después, su compañera de formación, Trini Amorós se ha interesado en saber cuántas licencias de Urbanismo están paralizadas desde los años 2017 o 2018. En esta ocasión, Amorós ha planteado la pregunta de forma directa, nada más iniciar su turno de palabra, para evitar sorpresas.
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