Durante la administración del presidente Laurentino Cortizo el país ha experimentado una severa crisis laboral. No hay suficientes empleos formales, se ha aumentado el tamaño de la planilla estatal y crece a un ritmo acelerado el número de jubilados que forman parte de un sistema público de pensiones en crisis. En los últimos cuatro años el número de nuevos jubilados y pensionados aumentó a razón de 26,194 personas por año, casi el triple del crecimiento entre el 2009 y 2019, que fue de 9,817 nuevos jubilados y pensionados anuales. Esto, de acuerdo con las cifras del <b>Instituto de Estadísticas y Censo (INEC) </b>de la Contraloría General de la República. Al mismo tiempo, cada trabajador formal del sector privado que perdió su empleo en la última década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. De una forma u otra, toda esta situación tiene incidencia en el sistema de pensiones y sus finanzas. Cuando se reformó el sistema público de pensiones o programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en el año 2005, éste se segmentó en dos programas: el llamado subsistema exclusivamente de beneficio definido (SEBD) y el sistema mixto (SM). La idea era evitar que los nuevos trabajadores que empezaban a cotizar en la Caja de Seguro Social (CSS) fueran parte del SEBD, que había demostrado ser insostenible. Se suponía que con la Ley N°51, que entró a regir a partir del año 2008, los trabajadores con edad superior a los 35 años para esa fecha quedarían inscritos en el SEBD, al igual que los que ya estaban pensionados. Mientras que los nuevos trabajadores y los menores de 35 -que ya estaban activos- pasarían al SM. Pero el traspaso voluntario de los menores de 35 que para ese entonces trabajaban no caló. Al parecer, no creyeron que el fin de las reservas llegaría más temprano que tarde, y continuaron en el SEBD, programa en el que hay más de 600 mil personas, se enfrentan pagos por encima de los $2,000 millones cada año y ya no hay reservas. Cuando se habla de la crisis del SEBD, cualquiera podría imaginar que con los cambios al sistema de pensiones en el año 2005, esto sería una situación que básicamente afectaría a los trabajadores por encima de los 40 años. Pero ahora vemos que la realidad ha sido otra. Los cálculos actuariales de la<b> Caja de Seguro Social (CSS) </b>indican que al menos el 38% de los cotizantes que forman parte del SEBD tienen 40 años o menos. Es decir, que más de 100 mil trabajadores que cotizan en el SEBD tenían menos de 21 años cuando se hicieron las reformas. Todos ellos, aplicaban para cambiarse al SM y no lo hicieron. Parte de los argumentos o elementos que influenciaron su decisión en ese momento es que la tasa de retorno del SEBD era mayor que la del SM. Sin embargo, en el primer programa no hay suficientes fondos para el pago de pensiones, mientras que en el segundo hay un ahorro personal que es parte del patrimonio de cada cotizante. Al cierre del año 2022, el SEBD reportó un déficit de $654.5 millones. Al finalizar ese año, la informalidad laboral se mantenía en aumento, lo cual impactó la cotización o aportes de la cuota obrero-patronal, indican los estados financieros de ese año, entregados en diciembre de 2023. Para hacerle frente a parte del pago de las pensiones, y debido a la disminución de los fondos disponibles, se suelen realizar transferencias desde el programa Administración, utilizar los fondos de un fideicomiso y también disponer de los aportes que hace el Estado. Esos estados financieros se muestran fondos legales en el SEBD por apenas $<b>347 millones, ya que hay otros $1,776 millones </b>que aunque aparecen en las cuentas, son saldos de créditos por distribuir a otros programas que administra la CSS. "Entre agosto 2019 y agosto 2023 se perdieron casi 20 mil empleos formales del sector privado, pero se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales. Aparte de que en ese lapso se agregaron casi 105 mil nuevos jubilados y pensionados. En pocas palabras, tenemos los ingredientes de una tormenta perfecta", dijo el consultor empresarial René Quevedo. En lo que respecta a la situación financiera del IVM, la última rendición de cuentas de la CSS no dedica espacio a esta temática. La administración de Enrique Lau optó por reportar únicamente la cantidad de pensiones y los montos desembolsados. Describen que de octubre de 2022 a septiembre de 2023 se han desembolsado $2,331 millones en pagos a 323,982 pensionados del SEBD. En tanto, el sistema mixto tiene apenas 1,512 pensionados a quienes se les pagó en igual periodo $5.1 millones. <br/> <br/>