El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sigue avanzando en la investigación sobre la adjudicación de contratos de mascarillas a la llamada trama Koldo. El instructor ha ordenado a Adif y Puertos del Estado –que dependen del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente– y a la subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios de la secretaría de Estado de Seguridad –dependiente del Ministerio del Interior– que le entreguen "copia del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de una decena de altos cargos. Además, exige una copia con toda la documentación que tengan sobre los contratos bajo lupa.
Los periodos de los correos que pretenden analizar los investigadores abarcan –aunque la acotación varía según los casos– desde el 1 de enero del 2020, cuando la sociedad aún no era consciente de que un virus provocaría un confinamiento total, hasta el 1 de febrero de este año, un par de semanas antes de que explotase la operación de presunta corrupción, que acapara la refriega política nacional.
Puertos del Estado y Adif
Adjudicaron a la empresa pantalla de la trama contratos por un valor de 32 millones
Puertos del Estado y Adif, adjudicaron contratos de mascarillas en marzo del 2020 por unos 20 millones de euros y 12,5 millones, respectivamente, a Soluciones de Gestión, la empresa pantalla de la trama, tras la que se escondía el presunto cerebro, Juan Carlos Cueto. Respecto a Adif, solicita los correos de la que era su jefa, Isabel Pardo de Vera; de Martín José Navarro, actual director de recursos humanos; de Jesús Ángel Díaz, subdirector de prevención de riesgos laborales, y de Michaux Miranda, director general de gestión de personas, tal y como se recoge en un auto que obra en el sumario al que ha tenido acceso La Vanguardia.
Además, el juez solicita a Puertos del Estado los correos de Francisco Toledo, que entonces era su presidente; de Álvaro Sánchez Manzanares, que sigue siendo secretario general; de Aránzazu de Miguel, jefa del área de contratación, y de Belén Caballero, jefa del departamento jurídico. Los investigadores acumulan indicios de que el interlocutor de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos que da nombre a la trama, era Sánchez Manzanares "por varios motivos".
En cuanto a Interior, el juez Moreno exige copia de los correos de Dani Belmar, quien estuvo al frente de la subdirección hacia la que se dirige el requerimiento. Con el ministerio que en aquel entonces ya estaba dirigido por Fernando Grade-Marlaska, la presunta trama corrupta firmó un contrato en abril del 2020 por un valor de 3,5 millones.
Belmar, comisario de la Policía Nacional, ya explicó a los investigadores que las empresas adjudicatarias de los contratos surgieron de una reunión en la que se puso sobre la mesa un "abanico de posibilidades" ante "la escasez de material sanitario" que en aquellos momentos había.
88 cuentas bancarias bloqueadas
a Audiencia Nacional ordenó el pasado 19 de febrero el bloqueo de 88 cuentas de la trama Koldo. El juez Ismael Moreno decretó el bloqueo y embargo preventivo de dichas cuentas, así como la prohibición de disponer de los saldos y los intereses que devenguen las cuentas bancarias y/o productos financieros que se relacionan para cada una de ellas.
La persona que más aparece, hasta en 39 de ellas, es el supuesto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama.También, con cinco cuentas, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García; su hermano Joseba García, en ocho, y la pareja de Koldo, Patricia Uriz, en siete; además del empresario Íñigo Rotaeche, en diez.