El Gobierno trata de evitar que el caso Koldo salpique a las empresas públicas dependientes del Ministerio de Fomento, como es el caso de Puertos del Estado. A pesar de que este martes el ministro del ramo, Óscar Puente, decidió cesar fulminantemente al secretario general de esa empresa por haber ocultado a Hacienda la implicación del comisionista Víctor de Aldama en la compra de mascarillas durante la pandemia, el Ejecutivo trató de atribuir esta destitución a una "pérdida de confianza" y señaló, además, que se enmarca en una reestructuración de todos los ministerios tras la formación del Gobierno hace poco más de tres meses.
Así se pronunció este martes la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, en los pasillos del Senado. Montero, habitualmente muy solícita a la hora de atender a los medios de comunicación, se limitó este martes a pronunciar unas pocas palabras y a asegurar que Puente ya ha dado todas las explicaciones necesarias sobre el alto cargo de Puertos del Estado destituido, Álvaro Sánchez. La vicepresidenta, en este sentido, señaló que el cese ha tenido que ver con las "contradicciones" en las que habría incurrido Sánchez, que habría mentido a la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria al negar ante ella que De Aldama hubiera estado implicado en la compra de mascarillas para la empresa pública.
"Él [el ministro Óscar Puente] ha dicho que ha sido un cese por falta de confianza, por contradicciones en algunas declaraciones que había hecho, y ahora, en este momento, es cuando corresponde que los departamentos se reestructuren después de que llegó el Gobierno nuevo a Moncloa", afirmó Montero. La vicepresidenta insistió en que estos cambios en los organigramas se han producido y se van a producir "en muchos sitios, en muchos ministerios", aunque evitó pronunciarse sobre la posibilidad de que se produzcan más destituciones a raíz del caso Koldo.
Puente ha tomado la decisión de destituir a Sánchez una semana después de haber anunciado una "amplísima auditoría" para determinar la limpieza de los dos contratos de compra de mascarillas, para Puertos del Estado y para Adif, que están en el origen del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional. Entonces, el ministro de Fomento dijo que de todos los implicados, de las personas que aparecían en el sumario y habían sido llamadas a declarar ante el juez, solo una seguía trabajando para el Ministerio, informa Clara Pinar.
Montero no ha sido la única que se trató de poner este martes distancia entre el Gobierno y el caso Koldo. También lo hizo la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que negó haber incurrido en ninguna irregularidad cuando era presidenta de Baleares en la compra de mascarillas defectuosas a Soluciones de Gestión, la empresa central en el caso Koldo, así como la propia Moncloa, que cerró filas con Armengol, recordó que ni ella ni ningún miembro de su gobierno de entonces están imputados en la trama y señaló al actual ejecutivo autonómico, liderado por Marga Prohens (PP), por haber "permitido que caducara" la reclamación interpuesta para intentar recuperar el dinero pagado por el material defectuoso.
Por su parte, la pata minoritaria del Gobierno, la de Sumar, sigue manteniendo un perfil extremadamente bajo ante la sucesión de noticias e informaciones sobre la investigación del caso Koldo y las decisiones adoptadas por el PSOE para desligarse de la trama. Este martes, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, únicamente calificó de "ejercicio de transparencia" las explicaciones ofrecidas por Armengol y evitó valorar el cese del secretario general de Puertos del Estado decidido por Puente. "En este momento, toda transparencia es necesaria", se limitó a decir Urtasun.