En el departamento del Chocó, limítrofe con Panamá, se registró el homicidio de la líder social Yirleana Lorena Moreno Cuesta, según informó el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) el lunes 25 de marzo.
Indepaz indicó que Moreno Cuestas fue asesinada en circunstancias aún desconocidas y resaltó su labor en la Red Madres Cuidadoras de Jóvenes Víctimas de Homicidios en Quibdó, donde, según la oenegé, trabajó incansablemente por la paz y la búsqueda de justicia.
Asimismo, instó a las autoridades colombianas a esclarecer el crimen, llevar a cabo una investigación exhaustiva y garantizar la protección de la familia de la líder social, así como de su organización y de los jóvenes de su comunidad.
El área donde ocurrió el asesinato de la lideresa social es conocida por la presencia de guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos delictivos locales, como 'Los mexicanos', que buscan controlar el narcotráfico en la región.
Según Indepaz, en lo que va del año han sido asesinados un total de 35 líderes sociales en Colombia, lo que refleja la persistente violencia contra quienes defienden los derechos humanos y trabajan por la paz y la justicia en el país.
Defensoría del Pueblo pidió reforzar medidas para víctimas del conflicto
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, ha hecho un firme llamado a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y al Ministerio del Interior, exigiendo que se implementen medidas de protección que consideren los enfoques étnicos, de género, territorial y diferencial para los individuos víctimas del conflicto que están comprometidos en la defensa de los derechos humanos o en el liderazgo social.
Este pedido surge como una respuesta directa a los recientes episodios violentos que resultaron en el asesinato de líderes, a pesar de que existían esquemas de seguridad previamente establecidos que, lamentablemente, no lograron salvaguardar sus vidas.
Uno de los incidentes que llevó a la Defensoría a emitir este llamado tuvo lugar en febrero de 2024, cuando hombres armados ingresaron a la residencia de Ludivia Galindez Jiménez en Florencia, Caquetá.
Este acto resultó en el fallecimiento de la líder social, así como en graves heridas para su hijo, quien fue testigo del violento asesinato. Lo preocupante de este suceso es que ocurrió en un momento en el que el esquema de protección asignado a su hogar no estaba disponible, evidenciando así una falla crítica en el sistema de protección existente.
La Defensoría del Pueblo, a través de su equipo dedicado a brindar orientación y asesoramiento a las víctimas del conflicto armado interno, ha recibido numerosas solicitudes de líderes sociales que enfrentan problemas similares con sus medidas de protección.
Camargo destacó la importancia de adaptar estas medidas a las necesidades específicas de las comunidades, mencionando especialmente el caso de los liderazgos indígenas que requieren un personal de protección con un enfoque étnico debido a las limitaciones de acceso a ciertos territorios.
"Queremos reiterar nuestro llamado a las entidades responsables en materia de protección: garanticen medidas eficaces e integrales en protección individual y colectiva, conforme a los estándares internacionales, como parte del reconocimiento que debemos hacer a la labor de quienes luchan por los derechos de las comunidades", comentó Camargo.