En enero del 2023, el gobierno del presidente Joe Biden implementó un programa de protección, bajo la figura de 'parole', para permitir la llegada mensual de hasta 30,000 inmigrantes de cuatro países.
Ante el incremento de arribo irregular de no-ciudadanos, la Administración Biden permitió que estadounidenses pudieran patrocinar a originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
El programa sigue un estricto sistema de seguridad y los patrocinadores en EE.UU. deben comprobar ingresos y la capacidad financiera para hacerse responsables de la persona que patrocina hasta que encuentre trabajo.
En tanto, a los inmigrantes se les hacer una revisión de seguridad y su viaje no es viable si no tienen autorizado el patrocinio.
Organizaciones civiles consideran que este programa es uno de los mejores para reducir la inmigración irregular y ayudar a las familias de quienes ya viven en EE.UU.
Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, y otros 19 estados iniciaron un proceso judicial, alegando que el programa afecta el presupuesto y servicios de sus entidades.
El 8 de marzo, el juez Drew Tipton desestimó la demanda de los republicanos, al señalar que no habían demostrado el "daño" que acusan que provoca a sus estados el programa migratorio.
Además de la Administración Biden, una coalición de organizaciones se sumó a la defensa del programa, al representar a varias personas que patrocinan a inmigrantes.
Tales grupos son Justice Action Center (JAC), la organización RAICES y el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA.
Monika Langarica, abogada sénior de CILP-UCLA, explica en el podcast "El Diario Sin Límites", los alcances de la decisión del juez Tipton, pero también los siguientes pasos.
>> ¿Cuál fue el argumento principal de los gobiernos republicanos contra el programa migratorio?
>> ¿Por qué la defensa tiene dos frentes para este caso, una por parte del gobierno y otra con patrocinadores de migrantes?
>> ¿Qué sigue en este pleito judicial?
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