La Habana/Un mes después de ser diagnosticada con un fibroma uterino de cinco centímetros, Lizandra Góngora, la presa política por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 y condenada a 14 años, permanece en la prisión Los Colonos, en la Isla de la Juventud. Aunque el hospital del municipio especial y los servicios médicos del reclusorio no cuentan con los insumos ni el personal para operarla, las autoridades siguen reacias a enviarla a La Habana para ser atendida.
La situación de Góngora, quien además fue encarcelada lejos de su provincia de origen (Artemisa) y de su esposo e hijos, refleja apenas una arista de la situación de las 56 mujeres que permanecen detenidas por las protestas en Cuba, desde el 11 de julio de 2021 (11J) en adelante. De esta cifra, 30 son madres y dos fueron juzgadas y esperan sentencia. Solo una, Leydiana Cazañas, detenida en marzo de 2023 sin que mediara protesta, permanece a la espera de juicio.
Según la base de datos de la ONG Justicia 11J, tras las protestas de 2021 y hasta la fecha, un total de 314 mujeres fueron detenidas por razones políticas. De ellas 40 fueron excarceladas y 171 están sancionadas a prisión domiciliaria, restricción de movilidad, trabajo correccional, multas y fianzas, por lo que no cumplieron tiempo en prisión. Otras 30 mujeres viven exiliadas.
La ONG ha solicitado ayuda para conocer el estatus de otras 15 mujeres de las que no se conoce si permanecen en prisión o han sido liberadas
En el caso de la profesora matancera Alina Bárbara López, que ha sido detenida en varias ocasiones por su activismo, tiene prohibido salir del país y fue llevada a juicio y condenada a pagar 7.500 pesos de multa tras negarse a asistir a una citación policial que consideraba ilegítima.
La situación de la mujer transexual Brenda Díaz, encarcelada en una prisión masculina para enfermos de sida, ha sido uno de los atropellos más difundidos. El pasado enero, Ana María García, la madre de la presa política, reclamó a las autoridades penitenciarias por los constantes abusos a los que someten a la reclusa, participante en las protestas del 11J.
Según explicó, Díaz fue encerrada en una celda de castigo tras vincularla injustamente al tráfico de alcohol dentro de la prisión. Tras aclarar el malentendido fue liberada, pero cuando denunció el maltrato la devolvieron a la celda.
El caso de Díaz, condenada a 14 años y siete meses –a los que el pasado abril de 2023 se le sumaron otros siete meses por "desacato"–, llamó incluso la atención de Mariela Castro, Directora del Centro Nacional de Educación Sexual e hija de Raúl Castro, quien aseguró a la agencia EFE que la de García es una "historia sobredimensionada y llena de fantasías".
La ONG ha solicitado ayuda para conocer el estatus de otras 15 mujeres de las que no se conoce si permanecen en prisión o han sido liberadas.
Tras el estallido del 11 de julio, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles en varias provincias del país, el régimen comenzó una ola represiva que terminó con el arresto de 1.580 manifestantes, de los cuales 676 permanecen detenidos. Protestas como las del 15 de noviembre de 2021 y las del verano de 2022 sumaron otros nombres a la lista que, según varias organizaciones, ahora registra la detención de 1.900 personas, de las que 1.067 siguen presas.
Fuera de la cárcel, pero cumpliendo algún tipo de condena, hay 663 manifestantes. Solo 18 de los que fueron condenados por salir a las calles el 11J están libres y siguen viviendo en Cuba. Otros 80 marcharon al exilio.