María G. San Narciso
Era algo que se venía pidiendo por asociaciones y entidades diversas, que era un requisito establecido por la normativa europea en materia de lucha contra la discriminación, y que resultaba fundamental para la aplicación de la Ley para la igualdad de trato que se aprobó en España en 2022. Al fin, este martes, el gobierno se ha comprometido a poner "en marcha próximamente" la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que liderará la persecución contra la marginación o la exclusión que los ciudadanos en España puedan vivir en su día a día.
La Ley integral para la igualdad de trato daba un plazo de seis meses para su creación, pero un año después del cumplimiento del plazo aún estaba pendiente. Con su aprobación, al fin, las víctimas de discriminación contarán con orientación precisa y la atención integral que necesitan.
Entre otras funciones, esta organismo destaca por velar por el cumplimiento de esa normativa de igualdad de trato, realizar investigaciones sobre la existencia de posibles situaciones de discriminación de especial gravedad, y solicitar la actuación de la Administración del Estado para sancionar las conductas constitutivas de infracción administrativa. En otras palabras, servirá para que ninguna administración se ponga de perfil en casos de discriminación. También ejercerá como órgano de mediación y conciliación para resolver un litigio si ambas partes lo autorizan.
Asimismo, ayudará a que formalicen denuncias cuando sufran cualquier tipo exclusión o marginación en su día a día, ya sea por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas, discapacidad, edad u orientación sexual. Y en cualquier ámbito: el sanitario, el digital, el jurídico, laboral, de vivienda y, en general, en el acceso a todos los servicios públicos y privados.
Para lograr todo esto, la autoridad, que estará presidida por una personalidad de reconocido prestigio, deberá estar dotada de medios y personal.
Más medidas
El anuncio viene destacado en la Declaración Institucional contra la Discriminación Racial que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. A propuesta de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo; del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y de la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, el texto también recalca que el Ministerio de Igualdad promoverá un gran acuerdo para "combatir los discursos de odio que estigmatizan, culpan y señalan, representando un desafío para la convivencia social, y para el que espera contar con un gran consenso social y político".
Asimismo, asegura que el Gobierno impulsará "el fortalecimiento de los marcos normativos orientados a la eliminación del racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, mejorando los sistemas de recogida de los datos necesarios para prevenir y combatir el racismo, así como la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la respuesta institucional frente a la discriminación".
Teléfono y más recursos
La declaración destaca los pasos dados en los últimos años en la lucha contra los delitos e incidentes relacionados con el odio y la discriminación, tanto con las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como por el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGTBfobia y otras formas de intolerancia.
En este sentido, tildan de hito tanto el Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el racismo y la xenofobia, 2023-2027, como aprobación de la Ley integral para la igualdad de trato, que aún está desarrollándose. Además, destacan el incremento de los medios humanos y presupuestarios del servicio de atención a víctimas del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE), la creación del teléfono 021 para la atención a víctimas de discriminación racial o étnica como "ejemplos de compromiso con la lucha contra el racismo de este Gobierno".
La declaración se ha aprobado en el contexto del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, una conmemoración impulsada por Naciones Unidas desde 1966 en memoria de las 69 víctimas asesinadas por la policía en una acción pacífica en Sharpeville (Sudáfrica) contra el Apartheid. "En definitiva, con ella el Gobierno de España pone de relieve que la ejecución de las políticas públicas destinadas a la eliminación del racismo estructural y la discriminación racial, y la construcción de una sociedad cada día más equitativa e inclusiva, son acciones prioritarias en su agenda de actuación, y condena todas aquellas actitudes y manifestaciones que ponen en cuestión las múltiples aportaciones positivas que la diversidad étnica brinda a nuestra sociedad", concluyen.
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