La ley de Amnistía, aprobada el jueves por el Congreso de los Diputados, es un instrumento legítimo puesto que busca la reconciliación y, también, porque cuenta con antecedentes en otros países europeos. Estos son los aspectos más positivos de la resolución aprobada ayer por la Comisión de Venecia, el órgano consultivo en materia judicial del Consejo de Europa. No obstante, en la misma resolución se cuestiona la tramitación por vía de urgencia de dicha norma y se invita a su aprobación por una mayoría cualificada más amplia y a acotar contenidos.
Así pues, podríamos decir que la Comisión de Venecia, integrada por expertos constitucionalistas, y requerida por el Senado español, que controla el PP, para pronunciarse sobre este tema clave en la actual legislatura española, ha dado su sí al qué (la ley de Amnistía), pero un no al cómo (el modo en que se ha tramitado).
El órgano consultivo europeo legitima la ley de Amnistía, pero critica su tramitación
La Comisión de Venecia, que toma su nombre de la ciudad italiana en la que suele reunirse, fue creada con el nombre de Comisión Europa para la Democracia por el Derecho, en 1990, tras la caída del muro de Berlín, para proveer asistencia jurídica supranacional en un momento de crisis y transformación en varios países europeos. Sus dictámenes no son vinculantes, pero sí merecen respeto generalizado en los estados del Viejo Continente, dado el carácter independiente de sus integrantes y la habitual ponderación de sus trabajos. Quizás por ello, su portavoz excusó pronunciarse de modo explícito al ser preguntado sobre si la resolución de ayer debía interpretarse como una aprobación por este organismo internacional del texto legal impulsado por el Gobierno español y los partidos que apoyaron su investidura, y rechazado por el PP y por Vox. Esa opinión corresponde, vino a decir el portavoz de la Comisión, a las autoridades españolas.
En un pasaje de la resolución, cuyo contenido íntegro se conocerá probablemente el próximo lunes por la tarde, se expresa el deseo de que la ley de Amnistía sea aprobada por "una mayoría adecuada para construir puentes". He aquí un deseo que compartimos. Pero que en la actual escena política española tiene algo de quimera. Esta ley es la herramienta pactada por el PSOE y los partidos independentistas para que la legislatura pudiera echar a andar, con el propósito paralelo de ir reparando las consecuencias más penosas del fallido intento independentista del 2017. Y viene siendo también el caballo de batalla de la oposición contra el Ejecutivo, su ariete parlamentario recurrente.
Dicho en otras palabras, la construcción de puentes no asoma ahora mismo en el menú político español. El PSOE y el PP parecen irreconciliables. Tanto es así que incluso cuando miran en la misma dirección, hacia el mismo punto, ven cosas distintas. Ayer pudimos comprobarlo de nuevo, al escuchar las valoraciones que portavoces de las dos formaciones mayoritarias españolas hacían de la resolución de la Comisión de Venecia. Para los socialistas, avala de modo inequívoco una norma "impecable y positiva". Para los populares, la Comisión ha cuestionado severamente la tramitación de la ley y ha dado la razón a su argumentario.
Es probable que el PSOE hubiera preferido ese aval europeo sin cuestionamientos ni correcciones. Y también lo es que el PP hubiera preferido que la Comisión dijera que la ley era ilegítima y carecía de antecedentes aceptables. Pero no ha sido así. De manera que seguramente el Gobierno seguirá con su agenda, y la oposición, con su tenaz labor crítica. No estaría nada mal, en cualquier caso, que de tarde en tarde, aunque solo fuera para interrumpir su tedioso enfrentamiento, exploraran la posibilidad de construir puentes, tal y como se les ha sugerido.