Olga Pereda
La nueva ley que regula el sistema universitario (Losu) -la que aumenta la financiación de las facultades, reduce la temporalidad del profesorado, lucha contra la brecha de género, y mantiene en los campus un equilibrio entre la docencia y la investigación- fue aprobada en marzo de 2023. Hubo 182 votos a favor (PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV), 157 en contra (PP, Ciudadanos, Vox y grupo Mixto) y 8 abstenciones (Bildu, Junts y BNG). Desde entonces, ha habido roces importantes entre el Gobierno -que impulsó la norma cuando Manuel Castells y después Joan Subirats estaban al frente de Universidades- la Conferencia de Rectores (Crue) y las comunidades autónomas, con competencias en el ámbito universitario. El motivo de la disputa, el de siempre: el dinero. ¿Quién financia las medidas incluidas en la norma?
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha recordado hoy en un contundente comunicado enviado a la prensa que "son las comunidades autónomas las que tienen las competencias y la responsabilidad para aplicar" la Losu. Es decir, para pagarla. La aplicación de la norma "no es discutible", ha recalcado la titular del ministerio, que ha pedido a las comunidades que "no miren para otro lado".
Pensada para avanzar hacia un horizonte (casi irreal) de universidad gratuita, la Losu entró en vigor en el primer semestre de 2023. Sin embargo, para todo lo que tiene que ver con el profesorado y su estabilidad laboral, la aplicación de la norma se aplazó hasta el curso 2025-26. Será entonces cuando la temporalidad quedará reducida a un 8% (en lugar del 40% actual): docentes visitantes, distinguidos y sustitutos. Mientras, los profesores asociados (profesionales con experiencia "relevante" en la asignatura que imparten) tendrán contrato indefinido y bajarán de 180 horas lectivas a 120. ¿Dónde está el dinero para pagar todo esto? La fricción aumenta, más teniendo en cuenta que el Gobierno ha renunciado a presentar los Presupuestos de 2024 tras el adelanto electoral en Cataluña.
Nada más asumir la cartera de Universidades, Morant concedió una entrevista a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, donde ya lanzó un aviso a las autonomías. "Somos conscientes de que el reto de la financiación universitaria debemos abordarlo de manera conjunta entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Seremos exigentes, pero desde luego la finalidad es que se cumpla la ley, porque es una ley buena y lo que necesitan las universidades", dijo en aquella ocasión.
Infrafinanciación
Morant ha corroborado hoy que la Losu es una norma que permitirá "superar la etapa de recortes y restricciones económicas que han sufrido las universidades públicas en España" y, al mismo tiempo, "modernizar el sistema universitario al establecer un modelo de profesorado que permita el rejuvenecimiento y consolidación de sus plantillas". "El sistema universitario tiene un problema generalizado de infrafinanciación, derivado de una década de recortes en la inversión pública que nos hemos propuesto revertir", ha indicado la ministra.
El texto también incorpora el compromiso de que el 1% del PIB se dedique a la enseñanza universitaria. El Estado se comprometió, en su día, a aumentar la financiación siempre y cuando las comunidades destinaran los fondos recibidos a la educación superior y no a otra cosa. Hay, no obstante, un calendario de adaptación hasta 2030.
"Reto de país"
El modelo de la Losu es "un reto de país que vamos a liderar como Gobierno, pero en el que exigimos la responsabilidad de las comunidades autónomas sin excepción", ha afirmado Morant. En opinión de la ministra son las autonomías las que deben "cumplir con su responsabilidad y sufragar las plazas de profesorado ayudante doctor que necesitan cada una de sus universidades públicas".
"En este esfuerzo, que compete a las autonomías, van a contar con el Gobierno de España, ya que para apoyar la transformación del modelo del profesorado establecido en la Losu el Gobierno va a financiar 3.400 plazas", ha explicado en referencia al programa para la incorporación de talento docente e investigador, presentado el pasado viernes durante un encuentro entre Morant y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la presidenta de la Crue, Eva Alcón. El programa conlleva una financiación de 150 millones de euros anuales por curso académico.
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Aplicación de la norma que regula la universidad