Con una edición extraordinaria en el Boletín Oficial del jueves pasado, el gobierno de Martín Llaryora repuso el diferimiento previsional para el 90% de los jubilados y pensionados de la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Según dispone la resolución 39 del 29 de febrero, un 55% de los beneficiarios deberá esperar dos meses para cobrar el aumento, 35% un mes y el 9% lo percibirá en el mismo mes en el que lo cobra el activo. Hasta ahora, apenas el 5% de los pasivos percibía la movilidad con demoras de dos meses.
El diferimiento consiste en prorrogarle a los pasivos el aumento que el Ejecutivo les paga a los activos. En tiempos de inflación, en esos dos meses, logra licuar parcialmente el peso del aumento sobre las arcas provinciales. El primero en implementarlo fue José Manuel de la Sota, en 2015 y fue de seis meses. En mayo del 2020, en plena pandemia y con un debate exprés, la Legislatura le dio un marco formal y dispuso que el reajuste se pague al mes subsiguiente del ingreso efectivo al sistema previsional de los aportes y contribuciones del mes en que operó la variación salarial. En criollo: si al activo le dan un aumento en enero, a la Caja los aportes le llegan en febrero y le pagará esa suba a sus beneficiarios en marzo. O sea, dos meses.
El 13 de septiembre pasado, en pleno fragor de la campaña, Juan Schiaretti anuló esa medida y dispuso que sólo se le difiera el aumento a los haberes superiores a 500 mil pesos. En 90% pasó entonces a cobrar la suba en el mismo mes en el que la cobraba el trabajador en actividad. Para diciembre, el tope estaba en 700 mil pesos.
Apremiado por las urgencias fiscales, Llaryora restauró parcialmente el esquema previsto originalmente en el artículo 51 de la ley 8024. Ahora, los beneficiarios con haberes brutos de hasta 235 mil pesos percibirán el aumento en el mismo mes que el activo. Esto significa que el 1° de febrero este grupo cobró el 14,5%, que fue el aumento que percibió en enero el activo. Ese mes correspondía pagar cláusula gatillo, la Provincia denunció el convenio y arregló con todos los gremios estatales (menos los docentes) una suba del 10% más un bono de 40 mil pesos. Eso derivó en una movilidad del 14,6%.
En este grupo hay apenas 11 mil jubilados de los 114 mil que tiene la Caja, es decir, el 9%.
A un segundo grupo la Caja les posterga la movilidad, pero en un mes. Son los que perciben entre 235 mil pesos y 470 mil pesos en bruto. Hay acá 40 mil beneficiarios, el 35% del total. Este grupo, el 1° de febrero no cobró ninguna suba: ese 14,6% lo percibirá en marzo. En el mientras tanto, y a modo de compensación, la Caja les abonó en febrero una suma fija de 20 mil pesos.
En tanto, al tercer y más numeroso grupo les aplica el diferimiento tal como lo dispone la ley: dos meses de espera. Así, 63 mil beneficiarios cobrarán la suba que enero recibieron los activos recién en abril. A modo de compensación por la demora, la Caja les abona a todos por igual un bono de 30 mil pesos en febrero y 50 mil en marzo. El 14,6% de enero lo percibirán entonces en abril. Acá está el 55,4% de los beneficiarios.
En tanto, desde el mes de diciembre, a los activos se les incrementó en un punto el aporte al Apross, que pasó de 4,5 al 5,5%. Los pasivos, que pagaban 5% al Apross, ahora tienen un descuento de 6% si tienen haberes inferiores a los 755 mil pesos; de 8% si perciben entre 755 mil pesos y un millón y de 9% si perciben más de un millón de pesos.
La caída de los fondos nacionales
La medida responde a la suspensión de los fondos previsional que debía enviar la Nación para cubrir parcialmente el déficit previsional del sistema local.
"Es un milagro que paguemos las jubilaciones sin el dinero que le corresponde enviar a la Nación. La nueva gestión no mandó ni un peso", aseguraron ayer fuentes oficiales, que calculan entre 10 mil millones y 13 mil millones de pesos lo que debería llegar desde la Anses si el monto se hubiera actualizado.
Los mismos voceros del Panal remarcaron que los jubilados "fueron protegidos" y que no sufren el descuento por los cuatro puntos de aportes personales a la Caja que dispuso el Gobierno a finales de 2023. Esa decisión la tomó el gobernador Llaryora como una manera de generar recursos para asistir al sistema previsional en crisis. El Gobierno provincial también destaca el nivel de la jubilación mínima, "por encima de los haberes nacionales".
Los envíos hasta diciembre de parte del Gobierno de Alberto Fernández fueron testimoniales, dado que desde 2019 no se ajustan por inflación ni por ningún otro indicador. Por caso, mandaba 1.070 millones cuando el cálculo actualizado debiera rondar los 7.000 millones. Es decir, cubría apenas el 20% del rojo que se prometió a financiar.
La situación se agravó con la llegada de Javier Milei a la presidencia y su objetivo "irrenunciable" de lograr el equilibrio fiscal.
La ley de "Bases" le hubiera permitido cubrir la mitad del bache con nuevos impuestos y la otra mitad, con ajuste. Como esa ley naufragó y, al entender de Milei, fueron los gobernadores los culpables de la debacle de la ley, apeló a la suspensión de las transferencias no automáticas. Es decir, mantuvo la coparticipación lisa y llana y aplicó el reglamento a rajatabla de las partidas discrecionales: descuenta lo que corresponde por el Fondo de Infraestructura de Desarrollo Provincial, dio de baja el Fonadi para los docentes, derogó el Fondo Compensador del Transporte para el interior y, ahora, pisó los fondos previsionales para las 13 provincias que no transfirieron sus cajas a la Anses.