Archivo - Molinos, aerogeneradores, energía eólica /
La economía española no para de divergir en renta por habitante con los países que lideran la era de la tecnología global y una de las causas es la escasa influencia de evaluación de las políticas públicas. Se diseñan planes, se venden a los ciudadanos, normalmente en clave electoral, pero luego no se ejecutan con la intensidad y la eficiencia necesarias para originar efectos transformadores en la economía que permitan, además de aumentar el empleo, incrementar la productividad, los salarios y la renta por habitante.
Las dos grandes revoluciones tecnológicas de nuestra era son la energética y la de la inteligencia artificial. La revolución energética sonríe a España ya que disponemos de la mejor combinación de sol, viento y agua de Europa y estamos liderando esa revolución, especialmente en energía eólica. En los años 80, los Gobiernos de Felipe González decidieron aprovechar la instalación de molinos de viento en el estrecho de Gibraltar para desarrollar una política industrial. De allí nació Gamesa y no es casual que hoy una empresa 100% española como Iberdrola sea la segunda empresa eléctrica del mundo por capitalización bursátil y líder mundial en renovables. El 10% de las patentes de energía eólica en el mundo son españolas y hay un clúster industrial con grandes empresas en el sector: Navantia en Ferrol y Cádiz, Windar en Avilés, Ingeteam en el País Vasco Navarra y Castilla-La Mancha, etcétera.
Más abundante y más barata
Cuando murió Franco, España tenía una deficiente red de alta tensión y una mala regulación. De nuevo fue con los Gobiernos de González cuando se creo Red Eléctrica, se diseñó una buena regulación y se hizo un intenso y muy eficiente desarrollo de nuestra red. Los principales consumidores de electricidad son empresas industriales y gracias a ese desarrollo de red hemos incrementado nuestra producción manufacturera en un 30% desde 1982. Por primera vez desde la Revolución Industrial del siglo XVIII, España dispone de una energía más abundante, principalmente solar, y significativamente más barata que sus socios europeos y puede plantearse una política industrial, pero es necesario cambiar radicalmente el diseño de la planificación de nuestra red de alta tensión.
En los años 80 la necesidad era conectar las grandes centrales hidráulicas, nucleares y de carbón con nuestros centros industriales y urbanos de gran consumo. Con la llegada de las energía renovables, el Ministerio de Energía y Red Eléctrica permitieron a los desarrolladores de las plantas participar en la planificación de la red para cumplir los ambiciosos objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima, PNIEC. El objetivo es descarbonizar y reducir las emisiones contaminantes y el medio es la electrificación, principalmente en la movilidad y en la edificación para reducir el consumo de combustibles fósiles.
El desarrollo de renovables se está cumpliendo y podría ir infinitamente mejor si no fuera por la excesiva burocracia, el principal cuello de botella de la transición climática en España. Pero el fracaso más estrepitoso del plan es en electrificación, ya que el consumo de electricidad en España no ha parado de disminuir en los últimos cinco años. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fue elaborado por ingenieros con una visión puramente de oferta y funcionarial, sin tener en cuenta a la demanda y especialmente a los grandes consumidores industriales, sobre todo de sectores tradicionales que son claves en el proceso de descarbonización.
Cualquier alumno de primer grado de Economía con un dominio básico de los modelos teóricos de oferta y demanda puede explicar lo que va a suceder. Si seguimos desarrollando la producción solar y eólica sin aumentar el consumo, los precios de la electricidad se desplomarán, especialmente en horas de radiación solar, los inversores no podrán devolver sus deudas y el sistema colapsará. Eso parará en seco la inversión, como sucedió en 2012 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy se vio forzado a eliminar las primas a las renovables y toda la industria se desmanteló y se destruyó empleo masivamente.
Necesitamos urgentemente meter a los grandes consumidores en la planificación y dejar que sea la demanda la que lidere el proceso y no los funcionarios del ministerio como hasta ahora. El Gobierno ha priorizado el hidrógeno por motivos políticos y de imagen, pero es una tecnología aún muy inmadura que necesita de muchas subvenciones para desarrollarse y no debería limitar el acceso a la red de grandes consumidores con proyectos de inversión sostenibles económica y ambientalmente que pueden generar mucho empleo, con buenos salarios, en zonas muy afectadas por la despoblación.
Avales, garantías y solvencia
Para evitar burbujas y mala asignación, el Gobierno y Red Eléctrica, que sigue siendo un brazo más del Estado aunque sea una empresa privada que cotiza en bolsa, deben exigir avales, garantías y solvencia técnico y financiera a esos grandes consumidores para evitar activos varados, como ha sucedido con el desarrollo de la red de gas y de centrales de ciclo combinados, que son los mismos que ahora quieren repetir el error con el hidrógeno, con el dinero de los contribuyentes.
El Estado tiene una seria limitación para contratar personal cualificado y es una de las principales causas del crecimiento exponencial de la burocracia que nos asfixia. Para desarrollar este ambicioso plan deberían dotar en sus presupuestos montar una estructura de subcontratación y modelos de coinversión público-privado que lo permita.
Si acertamos en este plan el pleno empleo, especialmente de nuestros jóvenes, con salarios dignos será una realidad. Esta debería ser la prioridad de todos los gobiernos: central, autonómico y locales.