El proyecto aireado por el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cobrar una entrada para acceder al recinto de la Plaza de España ha merecido un rechazo generalizado de los sectores afectados y de una buena parte de la opinión pública, pero ha puesto de relieve la necesidad de abordar con seriedad y rigor un debate sobre la necesidad que tienen las grandes ciudades andaluzas de regular el fenómeno de un turismo masivo que altera la personalidad de las zonas de mayor valor histórico y monumental y que origina importantes gastos de limpieza y mantenimiento a los municipios. El establecimiento de una tasa por pernoctación, como la que existe en algunos lugares de España y en muchos del mundo, parece una propuesta razonable para hacer frente a esta situación. En Andalucía, los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, entre otros, la han pedido con insistencia, pero la Junta ha hecho caso omiso, temerosa quizás de que su implantación pudiera suponer una reducción en la llegada de visitantes. Sin embargo, todos los datos disponibles apuntan a que un reducido recargo en la factura hotelera no supone una merma en el número de turistas. Comentaban los medios hace unos días el caso de Milán, donde la implantación de la tasa no ha hecho que pare la tendencia al alza del negocio turístico. Retomar la idea de un cobro de este tipo se hace más necesario que nunca. Pero para lograr su plena efectividad debería ser parte de un debate más amplio sobre qué hacer para que el turismo no se convierta en un problema que rompa la calidad de vida en las ciudades y sea solo un factor de dinamización económica y social. Nadie duda de que el turismo es un elemento básico de nuestro presente y nuestro futuro. Por eso hay que cuidarlo e integrarlo. La tasa turística puede ser un elemento para ello.