En las siguientes líneas me voy a referir a una economía social de mercado. ¿La razón? Se encuentra en la Constitución de 1979 (artículo 115) y en la de 1993 (artículo 58), por lo que, al menos en teoría y en el papel, es el modelo económico peruano. Aquí hay dos preguntas: primero, ¿qué significa?; segundo, ¿existe en el Perú?
Primero, el nombre fue acuñado en la Alemania de los años cincuenta, como un sistema que combinaba Estado con mercado. ¿Cómo así? Tiene dos componentes: por un lado, el mercado, que, a través del sector privado, genera riqueza, crea empleo y paga impuestos. Aquí entra el segundo elemento, el Estado. Con los impuestos recibidos, los invierte con el objetivo de igualar oportunidades; es decir, los usa de manera eficiente en salud, educación, caminos rurales, etc. El objetivo es que el Estado cubra a aquellos que no se benefician directamente del mercado, sino indirectamente a través del uso responsable de los impuestos recaudados por el Estado. Además, el Estado debe evitar el abuso de la posición de dominio de grupos empresariales en el mercado. Por eso el Estado es regulador.
Segundo, ¿se aplica en el Perú? Desde mi punto de vista, la estrategia económica aplicada en Perú tiene elementos de mercado, sin ninguna duda, pero no está lo suficientemente avanzada para que podamos llamarla economía social de mercado.
Por un lado, predomina el mercantilismo. Esto significa que aquellos que están conectados con el gobierno de turno gozan de privilegios para obtener facilidades de modo que crecen cada vez más. No se compite en igualdad de condiciones y, en no pocos casos, el medio para lograr objetivos son las conexiones con funcionarios de cualquiera de los tres niveles de gobierno. Buscan privilegios para ellos mismos o para el sector en el que se encuentran. Los casos de corrupción que venimos viendo hace ya buen tiempo son una clara prueba de ello. Las cosas se consiguen con favores a cambio de dinero.
El mercantilismo descrito genera que la riqueza se concentre en unos pocos, justamente en aquellos que acceden a los privilegios y se prestan a la corrupción. Y eso concentra cada vez más la riqueza en pocas manos en desmedro de la mayoría. Eso no es una economía social de mercado, pues los recursos no se asignan en función de las capacidades de cada uno, sino a partir del grado de conexión con funcionarios encargados de tomar decisiones.
Por otro, el mercado ha hecho crecer a la economía en las últimas décadas. Eso es innegable. Como también lo es que solo una porción de la población ha gozado de ese crecimiento. Eso ha ocurrido porque casi no ha habido redistribución. El asunto es así. El mercado hace crecer a la economía, pero la distribución de los ingresos que de ahí salen puede dejar en malas condiciones a muchos. Y ahí aparece un rol para el Estado.
El crecimiento eleva la recaudación tributaria y, por ende, la cantidad de dinero que el gobierno tiene para invertir en educación y salud pública, agua y desagüe para todos, etc. Sin embargo, si ese dinero se va en corrupción o simplemente las entidades públicas no saben cómo gastarlo, entonces casi no habrá redistribución. Aquí aparecen las consecuencias de reformas postergadas; sin ellas solo habrá asistencialismo y no mejoras reales en la entrega de servicios básicos de calidad.
Y, por eso, para que el mercado funcione, se requiere que el Estado lo haga. Reglas iguales para todos, Poder Judicial independiente e inversión social en aquellos más necesitados en educación y salud, entre otros, son elementos claves. Si funciona el mercado, pero no el Estado, entonces no habrá economía social de mercado, ni mucho menos. Puede usted, estimado lector, bautizar lo que pasa en el Perú con el nombre que prefiera. Perú debe descubrir al Estado funcional al mercado. Sin un Estado que funcione en sus labores de redistribución, pueden cambiar las leyes, pero de nada servirá.
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