La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, ha acusado al PP de utilizar "herramienta filibusteras" contra la Ley de Amnistía en el Senado y ha replicado, frente al informe de los letrados de la Cámara Alta, que la norma es plenamente ajustada a la Carta Magna y que el organismo que tiene que pronunciarse sobre su validez es el Tribunal Constitucional. En rueda de prensa, Vidal ha recriminado que es evidente que el PP se está "atrincherando" en el Senado contra la amnistía, primero dilatando los procedimientos de tramitación y ahora utiliza a los letrados de esta cámara también en ese sentido. Todo ello a colación del informe de los letrados de la Cámara Alta que concluía que la amnistía es inconstitucional e implica una "reforma encubierta de la Constitución", aunque la Mesa del Senado con mayoría del PP, decidirá tramitarla. Al igual que su compañero de filas Gerardo Pisarello, Vidal ha desgranado que en la Ley de Amnistía lo que toca es terminar con las "tretas" del PP, completar los plazos de tramitación parlamentaria y una vez aprobada, será el TC quien "tome la palabra". De esta forma, ha defendido que en el Congreso aprobaron una ley que está "blindada constitucionalmente" y es "buena para el país", pues permite solventar el conflicto del 'procés' desde la política y facilita que, ante las próximas elecciones en Cataluña, se pueda hacer campaña sobre el modelo productivo y de servicios públicos. "La Ley de Amnistía va a ser una realidad, se va a aplicar y va a funcionar", ha sentenciado la portavoz adjunta de Sumar. Posteriormente, el portavoz parlamentario del grupo, Íñigo Errejón, ha seguido en esa línea y ha recordado a los populares que dicho informe insta al PP a que cumpla la ley y admita a trámite la norma en el Senado, ironizando que algo similar ocurrió cuando pidió el dictamen de la Comisión de Venecia sobre la amnistía. Sobre las consideraciones de los letrados de la Cámara Alta, ha manifestado que se trata de una opinión jurídica, como ha habido otras muchas en distintos ámbitos, y que el criterio que importa es el del TC. Es más, ha desgranado que las normas que aprueba el Congreso son a priori constitucionales y que después se puede acudir a la corte de garantías para que dictamine sobre si la ley en cuestión cumple la Carta Magna.
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