Opinión
EDITORIAL
Oro, mercurio y deforestación
Es paradójico y trágico a la vez. Allí donde se descubrieron y explotaron grandes reservorios de plata y estaño hoy sobreviven familias pobres y comunidades diezmadas. Allí donde se descubrió y exportó el gas natural que movió las potentes industrias de Brasil y Argentina hoy quedan regiones que aún no han superado los niveles más críticos de acceso a la salud y educación, por ejemplo, aunque no faltaron los alcaldes que asfaltaron calles sin tener un buen alcantarillado.
Esa extraña síntesis de suerte y desgracia se ha definido como la famosa maldición de los recursos naturales, un fenómeno repetido en varios lugares del mundo donde se descubrió petróleo, esmeraldas, oro o todo tipo de minerales; llegaron extraños. entre aventureros forajidos y empresarios, vaciaron las entrañas de la tierra y se marcharon.
Esa historia se repite nuevamente en Bolivia con la fiebre del oro, el precioso mineral que en gran medida es explotado por cooperativas mineras y empresas ilegales que se resisten a pagar regalías e impuestos y, lo más grave, dejan un rastro de terrible de depredación y daños al medio ambiente.
Un claro ejemplo de ello es el municipio de Teoponte, ubicado en el norte de La Paz. Un documental difundido hace algunos años por Discovery Channel reveló que en la década de los 60 del siglo XX se produjo más de 500.000 onzas de oro y, por todo pago, los mineros dejaron su maquinaria oxidada e inservible. Después de un tiempo de abandono, Teoponte volvió a vivir el auge del oro junto a Guanay, Mapiri y Tipuani. Ahora el negocio está en manos de las cooperativas mineras.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2022, las exportaciones de oro en bruto superaron los 3.000 millones de dólares, pero a fuerza de presiones y dinamitazos las cooperativas mineras auríferas gozan de privilegios impositivos y exenciones laborales utilizan mercurio de forma indiscriminada, acceden al diésel subvencionado para mover y maquinaria y gozan de impunidad absoluta en todas sus acciones.
En 2023 los cooperativistas se movilizaron en La Paz para legalizar sus operaciones en santuarios de la naturaleza y para ello utilizaron dinamitas, maquinarias y un grupo de parlamentarios que están vigilantes para frenar normas que afecten sus intereses. En medio de ese conflicto, David R. Boyd, relator especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y medioambiente, recordó que: "Nunca debe permitirse la minería en zonas protegidas. Esto viola el derecho humano a un medioambiente limpio, sano y sostenible y, en el caso de Bolivia, también viola los derechos de la madre naturaleza. Fuera de las áreas protegidas, las minas requieren el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas". La presión cesó, pero la amenaza continua.
Un claro ejemplo de ello es el rio Tuichi en el que se asentaron decenas de cooperativas "legales" e ilegales. Varios estudios y denuncias periodísticas estiman que solamente para la apertura de caminos se deforestó, aproximadamente, 378 mil metros cuadrados, equivalentes a 54 estadios. Situación que afecta al Tuichi y otros once afluentes, ha trastocado la vida las comunidades indígenas y está dejando un alto índice de contaminación. Y así. ambientalistas e indígenas denuncian que al menos 10 áreas protegidas están bajo amenaza por la angurria de los buscadores de oro.
¿Quién tiene la palabra y autoridad suficiente para frenar estos desastres? El Estado, a través de los ministerios de Minería y Medio Ambiente, junto a otras agencias gubernamentales. Pero es difícil tener esperanza y fe en esa gestión. La razón es simple. El Gobierno tiene fuertes lazos políticos con las cooperativas y ahora un representante del sector es ministro de Minería. Sobran razones para la desazón porque en los ríos afectados por la minería, no todo lo que brilla es oro, ni mucho menos.