El PP lleva varios días pidiendo la dimisión de Francina Armengol como presidenta del Congreso por su relación con la presunta trama corrupta del "caso Koldo", pero la expresidenta de Baleares lo ha rechazado y ha salido a dar explicaciones contraatacando a los populares. "Se han saltado todas las fronteras y las líneas rojas posibles", ha señalado Armengol en una comparecencia este martes, en la que ha defendido su gestión al frente del Govern balear durante la pandemia, aunque ha evitado revelar quién de su Ejecutivo mantuvo un contacto con el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos para adquirir las mascarillas a la empresa de la trama.
Por larazon.es
"En política no todo vale", ha añadido Armengol, quien ha acusado al PP de "embarrar". "No dejaré que mancillen mi nombre ni que mezclen mi nombre y la gestión de mi gobierno con nada que se le parezca a la corrupción", ha continuado Armengol, quien ha querido dejar claro que todo se hizo conforme a la ley. En este sentido, ha pedido que "caiga todo el peso de la ley" si alguien se intentó lucrar durante la pandemia. "No salimos en el sumario. Se han detenido a 20 personas y nadie de Baleares. Mi gobierno, en todo caso, podría ser víctima. Jamás ni cómplice ni colaborador", ha señalado Armengol, tajante.
Armengol, en todo caso, ha evitado revelar quién de su Govern mantuvo el contacto con el Ministerio de Transportes para confiar en la empresa de la trama Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. "Nos llegan a muchas personas del Gobierno diferentes nombres y se hacía siempre lo mismo: desviarlo al servicio de salud", ha señalado Armengol, ante la insistencia de los periodistas por saber cuál fue el contacto entre el Govern balear y el Ministerio de Ábalos ya que ha trascendido que hubo conversaciones entre ambas administraciones y el gobierno autonómico aceptó las recomendaciones de Transportes porque se "fiaban". Si bien, también ha negado "presiones" u órdenes para forzar la adjudicación de un contrato a una empresa u otra.
A pesar de la ofensiva del PP, Armengol se ha negado a dimitir. "Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el que sale en el sumario"", ha señalado, interpelando al Govern balear del PP y preguntando qué se ha hecho del expediente para reclamar el dinero a la empresa de la trama ya que se tienen sospechas de que ha caducado. En este sentido, Armengol ha explicado que ellos iniciaron los trámites para reclamar la devolución del dinero a la empresa el 6 de julio, justo antes de salir del Govern autonómico, y el plazo para culminar el expediente acaba a los seis meses.
Armengol, en todo caso, ha explicado el contexto y ha dicho la situación era "muy dolorosa" en el inicio de la pandemia (abril de 2020) porque no tenían material sanitario para proteger a la gente. "No se servía material de protección. No teníamos EPIS, mascarillas, respiradores", ha recordado. "Ante esta situación, como presidenta del gobierno, intentamos comprar donde se vendía. Se vendía en China y todos competíamos contra todos para intentar comprar material sanitario. Esa es la realidad", ha añadido.
A partir de ahí, ha ahondado en el contrato polémica de 3,7 millones de euros a la empresa de la trama. "Quiero decir con orgullo que Baleares fue de las comunidades con menor mortalidad. Baleares compró legalmente, a decisión de los técnicos de salud, rigurosamente, con todos los contratos hechos e intervenidos por la Intervención. Con contratos bien hechos, con gente seria que decidía comprar material según el precio y el material que necesitábamos aprovisionar. Necesitábamos aprovisionar porque nuestra realidad peninsular es distinta", ha resumido, explicando que las mascarillas defectuosas quedaron almacenadas porque la pandemia no había acabado y necesitaban tenerlas ante posibles riesgos futuros.
Además, como prueba de honestidad, Armengol ha defendido que enviaban todo el material a analizar a un instituto nacional (externo a su Govern) para comprobar la calidad y concluyen que esas mascarillas "no son fakes", sino que no filtran como FFP2 sino como quirúrgicas. Por tanto, "los técnicos deciden almacenar esas mascarillas" porque todavía estaban en pandemia y porque se necesitaban tener para poder formalizar la reclamación posteriormente. Entonces, a partir de ahí, empiezan a ver la diferencia de precio y acaban calculando la cantidad final a reclamar. "Esa reclamación se hace en tiempo y forma porque la administracion tiene unos tiempos", ha señalado.