Cada vez es mayor el número de ciudadanos que están adquiriendo un vehículo eléctrico para ir adaptándose a las exigencias europeas y mundiales en torno a los cambios que se están produciendo en el sector de la automoción para cambiar a un vehículo menos contaminante y que se nutre para su consumo de la electricidad. Y las empresas de ventas de vehículos ofrecen hoy en día vehículos competitivos con altas prestaciones en calidad, dado el auge en nuestro país del sector del automóvil y las prestaciones de los vehículos que se nos ofrecen en los concesionarios.
Sin embargo, esta adaptación también exige que se produzca la misma en el seno de las comunidades de propietarios, a fin de permitir la conectividad con cargadores de electricidad para el suministro de estos vehículos eléctricos. Pero ello exige la realización de obras que, en algunos casos, son importantes por la posible lejanía con puntos de toma de corriente para poder instalar los cargadores eléctricos que den suministro a los vehículos que están adquiriendo muchos ciudadanos.
Es importante, por ello, que en las comunidades de propietarios se tenga conciencia de la realidad del vehículo eléctrico y que la instalación de estos puntos de recarga corre de cuenta y cargo, tanto en instalación como en consumo, de los vecinos, pero que debe existir una homologación en las obras a llevar a cabo para evitar que cada comunero proceda a realizar las obras de la forma que mejor le parezca cuando hay que tocar elementos comunes y el enganche a la red eléctrica.
La cuestión es, sin embargo, que, de nuevo, la Ley de propiedad horizontal se ha quedado corta en la regulación de estas instalaciones en las comunidades de propietarios tratando este tema con parquedad. Y en una cuestión absolutamente fundamental que cada vez está adquiriendo mayor importancia en las comunidades de propietarios y que está conllevando la existencia de problemas ante la falta de definición de cómo se puede proceder a la instalación de estos cargadores eléctricos en las comunidades, surgiendo peticiones individuales que necesitarían una homologación de esa instalación, pero que la ley en modo alguno define y regula, dejando a la decisión de cada comunidad cómo proceder a la implementación de estos cuadros de contadores en las zonas de elementos comunes de una comunidad.
Recordemos que aunque la ley establece en el artículo 17.5 LPH que quien desee proceder a la instalación y un cargador eléctrico deberá comunicarlo a la comunidad, en modo alguno se regula la exigencia de consentimiento por la comunidad de propietarios, pero tampoco el modo de proceder por parte del comunero, o cómo proceder a regular la instalación colectiva y en qué medida el derecho de los comuneros a disponer de un vehículo eléctrico y conectarlo a la red de electricidad puede afectar a los elementos comunes de una comunidad de propietarios y si un exceso en la forma de instalación del cargador puede perjudicar los intereses de la comunidad si se quedan afectados de forma notable elementos comunes, pudiendo causar un perjuicio a la comunidad.
Nótese que una instalación por comuneros descontrolada y anárquica en una comunidad de propietarios de forma individual y en la forma que a cada instalador le parezca poner el cargador en una zona determinada puede afectar a las instalaciones de servicios comunes y el peligro que puede causar a otros vehículos que estén también estacionados en la zona, o a elementos comunes que den suministro en la comunidad propietarios, o en el caso de incendios ante una defectuosa instalación. Pues bien, debemos señalar que ante una petición de comunero que desea instalar punto de recarga los requisitos son: 1.- Comunicación del comunero de su deseo de proceder a la instalación de punto de recarga en el garaje para ubicarlo en su plaza individual del garaje. 2.- La Ley solo exige la mera "comunicación al presidente", pero debe entenderse que la comunidad puede fiscalizar la corrección del proyecto de instalación y negarse a autorizarlo si hay riesgo o daños en elementos comunes. 3.- La Ley exige que el coste de la obra y el consumo sea asumido íntegramente por cada comunero.
Hay que añadir en este caso que lo aconsejable es que sea la comunidad la que comande la ejecución de estas obras de instalación de puntos de recarga y que se apruebe en junta por 1/3 del total ante peticiones de comuneros para instalar puntos de recarga, de tal manera que la obra se pagaría por los interesados que lo quieran instalar en su plaza de garaje y los que en el futuro quieran hacerlo deberían pagar lo que les hubiera correspondido con la debida actualización. Con ello, la comunidad controla estas instalaciones eléctricas y se evitan instalaciones unilaterales defectuosas no controladas que podrían, en su caso, causar un incendio, riesgo alto y que exige en todas las fases de este proceso el control de la comunidad.
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