Los inspectores de Hacienda se han pronunciado acerca de la posibilidad de que Cataluña cuente con independencia fiscal. Concretamente, han advertido que el cupo catalán sería inconstitucional, puesto que daría lugar a una situación de privilegio en la que se restarían recursos al resto de comunidades autónomas
«Conculcaría los principios de igualdad, solidaridad y justicia», ha valorado la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán, en referencia a un sistema de financiación singular para Cataluña, en el transcurso de un encuentro con medios.
También ha negado que la cesión de la gestión y la recaudación de la totalidad de los tributos a la Generalitat de Cataluña, como ha solicitado su presidente, Pere Aragonés, tenga cobertura legal en la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca) o leyes de desarrollo.
En el caso de que se optara por acometer una reforma de la Lofca para dar una «especialidad» a la financiación catalana, la presidenta de la asociación de inspectores de Hacienda del Estado supondría «un fraude de ley», puesto que brindaría un privilegio prohibido por la Constitución a una región del régimen común.
Dado que el Estatut está «en consonancia plena y total con la Constitución» en materia de financiación, la normativa catalana no incluye «ninguna especialidad que pueda amparar esta petición», ha incidido el vocal de la asociación José María Peláez.
Tampoco tiene amparo constitucional una eventual traslación a la Generalitat de la gestión o recaudación de impuestos no cedidos a través de un consorcio entre el Estado y la comunidad autónoma, una figura que solo está prevista para casos concretos «cuando se crea conveniente y la naturaleza del tributo lo exija».
Retraso en la revisión del sistema de financiación
Los inspectores de Hacienda también aseguran que el «agravio» con el que Aragonès justifica la reclamación de la singularidad catalana procede realmente del retraso en la revisión del sistema de financiación, que afecta más a otras regiones como la Comunidad Valenciana, por lo que no es justificable.
Según han alertado, la independencia fiscal de Cataluña también contravendría el principio recogido en la Constitución de no privilegiar unas regiones frente a otras. Al duplicar sus ingresos desde los 25.600 millones de euros hasta los 52.000 millones de euros, la comunidad autónoma estaría mejor financiada que las demás y podría prestar mejores servicios.
En el caso de que la comunidad presidida por Aragonès se quedase con todos los impuestos de la región, dejaría de dotar a los fondos de cohesión social del Estado. La consecuencia directa de ello sería que «el resto de comunidades autónomas van a recibir menos» ingresos por esta vía, por lo que «van a estar peor financiadas y recibir peores servicios públicos».
Impacto sobre la lucha contra el fraude fiscal
El fraccionamiento de la Agencia Tributaria podría hacer peligrar el futuro laboral de los 5.000 trabajadores destinados actualmente en Cataluña, a la vez que dificultaría la lucha contra un fraude fiscal cada vez más globalizado, ya que se perdería el sistema de información único. En este sentido, ha recordado que los regímenes forales de País Vasco y Navarra, previstos en la Carta Magna, suponen un «agujero negro» en materia de información para luchar contra el fraude.
Tras recordar que esta deficiencia se subsana porque suponen entre el 6% y el 7% del Producto Interior Bruto (PIB), ha enfatizado que Cataluña representa el 20% de la economía española, por lo que su salida de la Agencia Tributaria tendría una «repercusión muchísimo mayor».