Al menos un millón de hectáreas cultivadas en el país hoy están en manos de cerca de 30 empresas extranjeras. Así lo reveló una investigación de El Espectador tras conocer que el Ministerio de Agricultura, en respuesta a una carta solicitando información, determinara que no existen controles a la extranjerización de tierras.
Incluso, dice el informe, que esa dependencia "creó un grupo de funcionarios para rastrear los títulos de cada uno de los 113 millones de hectáreas que componen al país", pues actualmente tienen como respaldo base de datos elaborada por Land Matrix, ONG que es financiada por gobiernos europeos.
Durante la investigación, El Espectador visitó diferentes predios en Puerto Gaitán, Mapiripán, Meta, Vichada que están titulados a empresas estadounidenses, europeas, mexicanas, chilenas, israelíes y de Islas Vírgenes para el cultivo de palma de aceite, maíz, soya y la producción de madera y siembra de aguacate hass, respectivamente.
Entre los casos se destacan las 30.000 hectáreas que en los documentos oficiales están registradas a nombre de integrantes de la comunidad religiosa conservadora y europea que llegó al Meta entre 2014 y 2016 y aunque adquirieron popularidad por la generación de empleo, entre otros motivos, también enfrentan investigaciones, como la de la Agencia Nacional de Tierra (ANT) por ubicarse terrenos baldíos de la nación.
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Por otra parte, en Mapiripán está la empresa ítalo-española Poligrow con cultivo que supera las 10.000 hectáreas para el cultivo de palma y siembra de árboles nativos. Este es otro de los casos que está bajo la lupa del grupo especializado designado por el Ministerio de Agricultura sobre la extranjerización de la tierra.
"Ahora bien, así como en la altillanura colombiana ha sido un reto saber cuánta tierra tienen las empresas extranjeras, en el Eje Cafetero y otros departamentos colindantes pasa algo muy similar con el cultivo de aguacate hass, que es el tercer producto de mayor exportación en el país y el segundo entre los exportados que más dejan regalías", advirtió El Espectador en su informe sobre el otro producto que se ha convertido en la controversia.
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Son 35.000 hectáreas sembradas con aguacate hass todo el país, en especial en Quindío, Caldas, Risaralda, Antioquia, Huila, Tolima y Valle y aunque por un lado se ha convertido en una fuente de empleo relevante, por otro hay preocupación por el impacto ambiental y el gran cantidad de agua que requiere su producción.
"La Corporación Autónoma del Quindío (CRQ), por ejemplo, suspendió en 2021 de manera preventiva las actividades de Green SuperFood, que tendría aproximadamente 2.000 hectáreas repartidas entre Quindío y Tolima, por no contar con los permisos necesarios para abrir vías, captar aguas y romper una tubería donde se vertían las aguas residuales en el Quindío", reseñó como ejemplo el informe de El Espectador.
Actualmente ya está en el Congreso de la República, con apoyo del Ministerio de Agricultura, un proyecto de ley busca regular la posesión de tierras en manos de extranjeros y que esta no supere el 15 % de la totalidad del suelo rural de la frontera agrícola del municipio en que se encuentre, un proceso que requerirá como paso fundamental establecer la cifra real que hoy están registradas para empresas no colombianas.