Una carta abierta carga contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez reclama que cambie su política económica para que no se produzca una nueva crisis económica. "Todavía estamos a tiempo de evitarlo". La carta, firmada por más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos, denuncia que los españoles soportan actualmente "la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos". También avisan de que 2024 será el décimo séptimo año consecutivo en el que la totalidad de los intereses de la deuda pública engordará el agujero público al pagarse con nueva deuda. "Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas". A su juicio, el hecho de que la deuda pública en proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos básico "son falsos consuelos".
En la misma línea recuerdan que "la deuda pública cae como porcentaje del PIB en gran medida por la inflación (que engorda el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37 grados, debido a que el Banco Central Europeo mantiene intervenido el mercado de deuda", por lo que señalan que la acción del BCE y la suspensión hasta el pasado mes de diciembre de las reglas fiscales europeas "vienen disfrazando los desequilibrios" de la economía española y "agrandan los riesgos futuros". A continuación, tiran de ironía y destacan una de las frases favoritas utilizadas tanto por Sánchez como por su ex ministra de Economía, Nadia Calviño -ahora en la presidencia del BEI-, cuando afirmaban que la economía española va "como una moto". Por contra, señalan que la economía española "va a menos", después de que las previsiones para este año marcarán el menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el ejercicio 2020, el de la pandemia, pese a contar "con los dopajes de los fondos europeos y un gasto público que continúa inflando la demanda"
Señalan también como uno de los graves problemas sin resolver es la caída de la productividad, "medida en PIB por ocupado", que se ha reducido cerca de un 4% entre 2018 y 2023, "el peor resultado entre los países avanzados", y que la tasa de paro española sigue siendo "la más alta de Europa".
La misiva coge un tono más duro en su ecuador cuando los firmantes aseguran que, "lejos de comprender la fragilidad" del momento económico, el Gobierno parece "embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz" y en la que la "seguridad jurídica se ve debilitada". La carta continúa cargando contra la subida "arbitraria y ajena a la ley", del salario mínimo y contra amenaza con "reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas ellas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que establece el artículo 38 de la Constitución".
En este contexto exponen que lo que necesita la economía es un "urgente saneamiento del gasto público que permita equilibrar las cuentas públicas" para detener el crecimiento de la deuda pública. Por ello apuesta por la privatización de empresas estatales, que permitiría "reunir recursos para amortizar deuda pública" y, al mismo tiempo, "estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía. Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida. Suprimir o atenuar los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes sería una forma de alentar la inversión productiva".
Por contra creen que la política económica del Gobierno "ahondará los problemas de competitividad y, tarde o temprano, eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas". Así, concluyen señalando que "estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos".
Entre los firmantes se encuentran reputados economistas, como Daniel Lacalle, Lorenzo Bernaldo de Quirós, Rubén Manso, Benito Arruñada y Carlos Rodríguez Braun; la exministra del PP Elvira Rodríguez; empresarios como Marcos de Quinto o Lorenzo Abadía y periodistas como Carmen Tomás y Miguel Ángel Belloso.
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