Catalunya es la única comunidad, por ahora, que ha decidido aplicar a fondo desde hoy mismo la ley de Vivienda del Gobierno central para limitar el precio de los alquileres. Para ello, ha declarado un total de 140 municipios, incluida Barcelona, como zonas de precios tensionadas por el elevado precio que tienen los alquileres. Nadie ha hecho nada similar en el resto del Estado. De esta manera los llamados grandes tenedores, que son todos aquellos propietarios que tienen más de cinco inmuebles en alquiler, deberán ajustarse –para fijar o renovar los alquileres– al índice de referencia de precios máximos y mínimos que ayer publicó el Ministerio de Vivienda en el Boletín Oficial del Estado .
Dicho índice de referencia establece un nivel del alquileres que son un 20% de media inferior a los de mercado, según los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Catalunya. Con ello, los alquileres se situan a niveles del 2017. Los pequeños propietarios, que son los que tienen menos de cinco viviendas en alquiler, tienen limitada la actualización anual de sus rentas al 3%.
El control de precios frena los proyectos de vivienda social y de alquiler en Catalunya
Con la decisión antes mencionada, la Generalitat pretende proteger al 80% de la población de Catalunya, que es la que vive en esos 140 municipios. Parece, sin embargo, una medida más voluntarista que efectiva. Por dos razones. En primer lugar porque la mayoría de propietarios con viviendas para alquilar en Catalunya son pequeños inversores o ahorradores con menos de cinco pisos o casas en alquiler. En segundo lugar porque, según la mayoría de expertos del sector inmobiliario, la política de limitación del alquiler crea inseguridad jurídica entre los propietarios, rebaja la rentabilidad de la inversión en inmuebles y, en consecuencia, reduce los incentivos para construir o poner en alquiler nuevas viviendas. Es el mismo argumento que defienden el resto de autonomías, la mayoría del Partido Popular, para no aplicar la ley de Vivienda.
En realidad, en Catalunya, según reconocen diversos portavoces del sector inmobiliario a La Vanguardia , se han parado ya todos los nuevos proyectos para construir viviendas en alquiler, incluso los de pisos sociales, que es lo que más interesaba a la Generalitat. Los grandes tenedores, asimismo, anuncian que van a poner sus viviendas en venta para retirarse del negocio mientras, al mismo tiempo, estudian interponer demandas legales. El escenario que se abre en el mercado catalán de la vivienda, por tanto, es de una enorme incertidumbre. La reducción de la oferta de pisos en alquiler provocará un mayor déficit de viviendas, tanto libres como sociales y, por tanto, agravará hasta límites insostenibles el ya grave problema habitacional que sufre Catalunya, con especial repercusión en las jóvenes generaciones. Se impone una inmediata reflexión sobre la situación creada y un pacto urgente entre el sector público y el privado para restablecer la confianza y la seguridad jurídica.