La denuncia que presentó el gobernador, Alberto Weretilneck, y dos altos dirigentes de Juntos Somos Río Negro contra la abogada que pidió sus declaraciones en el juicio por la estafa al Ipross será archivada.
Ese fue el camino que fijó el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados General Roca, al resolver que "no corresponde sanción alguna" contra Patricia Espeche.
La defensora de tres de los cuatro farmacéuticos acusados por el fraude a la obra social había incluido al mandatario, al diputado nacional Agustín Domingo y al exdiputado Luis Di Giacomo dentro del amplio listado de funcionarios y dirigentes políticos citados en calidad de testigos.
Pero lejos de avanzar hacia esa instancia, Weretilneck y los parlamentarios llevaron el caso a otro nivel, denunciando a la abogada por "por una malintencionada decisión de procurar la concurrencia personal de dichos funcionarios".
El texto enviado al Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial aseguró que Espeche "tergiversó deliberadamente en la notificación que cursó a los mismos, la circunstancia determinada jurisdiccionalmente en el auto de apertura a juicio, desoyendo la atribución de declarar por escrito".
"Asimismo, nos apercibió con ser conducidos al juicio por la fuerza pública", agregaron en la denuncia, que se presentó a través de los abogados Damián Torres y Milton Dumrauf, actual secretario Legal y Técnico de la provincia.
También se entendió que la abogada «no ha cometido un mero error de pluma, sino que ha desplegado una maniobra ex professo, tendiente a ser instrumento de ejecución de las amenazas proferidas por su cliente en la audiencia".
Esa referencia fue sobre los dichos de Fabio Caffaratti, a principios de octubre del 2022, cuando a los gritos dijo en una audiencia que en el juicio iban a "desfilar todos los funcionarios".
Espeche se defendió durante el juicio, negando cualquier animosidad en su proceder, pero al mismo tiempo desistió de la citación a Weretilneck y a los diputados, asegurando que lo hacía "condicionada" por la presión ejercida desde el poder político provincial.
El Tribunal de Ética del Colegio de Abogados analizó los argumentos de cada parte y días atrás emitió su resolución, rechazando la pretensión de los dirigentes de JSRN.
El texto destaca que "el Código Procesal Penal no define quiénes son funcionarios ni especifica las formalidades de las notificaciones", advirtiendo que a partir de la informalidad de ese procedimiento "no se debe caer en un rigorismo formal cuando no hay tales formas especificadas".
También se subraya que la cédula girada por la abogada "ninguna afectación podría ocasionar a las personas ni al proceso", cuando los funcionarios con cargos electivos "tienen conocimiento de las excepciones establecidas por ley", entre ellas las de declarar por escrito.
Finalmente, el Tribunal de Ética se abstuvo de intervenir en el punto vinculado a las supuestas amenazas, porque "no ha sido un profesional quien lo hizo y no podemos achacarle por dichos de terceros".
"Este Tribunal considera que la conducta de la profesional no puede ser tenida como maliciosa, mal intencionada o que haya tergiversado en las cédulas cursadas el auto de apertura, ni que haya concretado las amenazas a que se refieren en la denuncia", puntualiza la resolución, firmada por María Elizabeth López, Susana Rojel y María Angélica San Vicente.