Es más que evidente que el modelo económico de la dictadura boliviana está en etapa terminal. Finalmente, se cumplió eso que veníamos advirtiendo la última década. Bolivia no tiene gas, los dólares desaparecieron, las medicinas e insumos importados empiezan a escasear y, por lo menos una vez al mes, se registran colas en los surtidores. En síntesis, estamos a un paso de repetir la crisis humanitaria y de hambre de Venezuela y Cuba.
El régimen, fiel al estilo cubano, primero negó la crisis, incluso catalogó de «apocalípticos» a los economistas que anunciaron los problemas que estaban llegando. Luego, como las cosas se pusieron insoportables, no le quedó otra que concretar una reunión con el sector empresarial boliviano. En el cónclave se definió un acuerdo de 10 puntos. Sin embargo, no pasa de ser un simple acto de genuflexión del empresariado ante la dictadura, aunque ellos lo llamen «pragmatismo».
Lo principal a criticar de los diez puntos es que en ninguno se aborda la verdadera causa de la crisis boliviana: el excesivo gasto público. Es decir, que las más de cinco horas de reunión, solamente, sirvieron para que ciertos empresarios, eso que Javier Milei bautizó como: «empresaurios», protegieran sus intereses por sobre la libertad de Bolivia y que la dictadura obtenga un tubo de oxígeno. Una vez más, demostraron su capacidad de lobby y, al mismo tiempo, su poca eficiencia para servir al mercado, porque su verdadera preocupación es captar los pocos recursos que quedan para derrochar.
Adicionalmente, la actitud del empresariado nos colocó a un paso más cerca de la realidad cubana, pues el propio Fidel Castro admitió que tener una estructura empresarial sumisa le daba cierto oxígeno para seguir gobernando, claro ejemplo, las zonas especiales en La Habana y Varadero. El mensaje es claro y directo: «Con nosotros pueden hacer mucho dinero, pero recuerden siempre obedecernos».
De igual forma, el acuerdo del empresariado muestra el nulo compromiso que tienen con el sistema democrático y la libertad, ya que ni siquiera se mencionó a los más de trescientos presos políticos de la dictadura, muchos de ellos juzgados bajo el delito de «Terrorismo» por el simple hecho de haber protegido viviendas y empresas de la violencia masista el 2019, por ejemplo, los cinco miembros de la Resistencia Juvenil Cochala.
Con todo, ¿existe una agenda común a todos los bolivianos?
Sí. Se llama: El fin de la dictadura.
Empero es una ruta que debe empezar con, al menos, tres pasos:
Primero, enterrar El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP), puesto que no economiza, sino que, tan sólo, derrocha recursos privados, como lo estamos viendo con la gestora de jubilaciones.
Segundo, recuperación del Estado de Derecho, pues la defensa de los Derechos Humanos y libertades fundamentales solo son posibles con la vigencia del imperio de la ley. Es el único camino para garantizar que gobernantes y gobernados seamos tratados como iguales ante la ley. Se trata de recuperar el gobierno de las leyes y terminar con los caprichos y abusos de las dictaduras.
Tercero, la recuperación plena del sistema democrático, eso que la Carta Interamericana Democrática define como:
El respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos
Sin duda, que esta propuesta debe debatirse, pero sin perder el punto principal: La libertad de Bolivia de las garras dictatoriales.