Vivir en una autonomía u otra puede suponer importantes diferencias a la hora de pagar a Hacienda. Aunque los tributos propios de las comunidades suelen tener una recaudación muy reducida, los ejecutivos regionales tienen potestad para modificar los impuestos de carácter estatal que también gestionan, lo que se traduce en tarifas diferentes a la hora de heredar, comprar un piso o realizar la declaración de la renta.
Unas diferencias que cada año analiza el Consejo General de Economistas de España en su estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral y que, en el caso de la Comunidad Valenciana arroja resultados muy diferentes, dependiendo del nivel de renta del contribuyente.
Así, en términos generales, la presión impositiva de la autonomía es de las más bajas del país para las rentas de menor cuantía, mientras que sigue siendo una de las regiones que más gravan a los ricos, con la única excepción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que la Generalitat de Carlos Mazón prácticamente ha suprimido para los familiares de hasta segundo grado.
IRPF
En el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), la Comunidad Valenciana es, junto con Madrid, la autonomía donde menos pagan los ciudadanos con los ingresos más bajos. Según el ejemplo que pone el estudio, un soltero de menos de 65 años, sin hijos y con un salario de 16.000 euros que viva en Alicante, Castellón o Valencia sólo tributará 29,47 euros frente a los 52,8 de la mayoría de comunidades de régimen común, los 851,56 que pagaría en Navarra o los 960 del País Vasco.
La situación empieza a cambiar para las rentas medias, donde la Comunidad ya no es la más barata. Así un ciudadano en la misma situación pero con un sueldo de 30.000 euros pagará 4.803 euros en concepto de IRPF, 256 más que en el País Vasco (la que tiene los tipos más bajos en este tramo), aunque 236 euros menos que en Cataluña, la que aplica la mayores cuotas.
Pero la peor parte se la llevan aquellos afortunados con los ingresos más elevados, que son los que más pagan en proporción en la autonomía. Así, alguien que gane 110.000 euros deberá abonar 38.741 euros si reside en la Comunidad Valenciana, unos 3.600 más de lo que pagaría en Madrid o en el País Vasco y la mayor cifra de todas las autonomías.
Una situación que los actuales inquilinos del Palau de la Generalitat han heredado de sus predecesores del Botànic, ya que, de momento, en este tributo tan solo se han aprobado algunas deducciones por gastos sanitarios y de salud, pero no se ha tocado la estructura de tipos aplicable.
Patrimonio
En el caso del Impuesto de Patrimonio, la Comunidad se ha convertido en la más onerosa para los contribuyentes, después de que Extremadura haya bonificado al 100% este tributo y Aragón haya elevado el mínimo exento. Así, un residente en la autonomía con una riqueza de cuatro millones, pagará 49.766 euros, frente a los cero euros de Extremadura, Madrid o Andalucía, donde, eso sí, a cambio deberán abonar los 5.100 euros por el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF) del Gobierno central.
De momento, el Consell ha aparcado su intención de suprimir este impuesto en la región, para evitar que la recaudación se vaya al Ejecutivo estatal a través del IGF.
Transmisiones Patrimoniales
La Comunidad Valenciana también se mantiene en cabeza en las tarifas que aplica en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que afecta principalmente a la compraventa de viviendas de segunda mano. La autonomía es la única, junto a Cataluña, que aplica el tipo máximo del 10%, lo que significa que por un piso de 150.000 euros hay que pagar 15.000 de este tributo, frente a los 9.000 que pagan los madrileños, donde es del 6%. Eso sí, la Generalitat ha aprobado tipos reducidos (6%) y superreducidos (3%) para jóvenes o colectivos vulnerables.
Sucesiones
Por último, el principal cambio se ha producido en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, donde la Comunidad Valenciana ha pasado de ser una de las que más cobraba por tramitar las herencias, a situarse entre las autonomías donde resulta más barato. Los economistas ponen el ejemplo de un joven que hereda 800.000 euros de su padre, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido. Un supuesto por el que el año pasado el heredero habría pagado 63.193 euros (una cifra solo superada en Asturias, donde hubiera pagado 103.135), mientras que en la actualidad solo abonará 1.263 euros, una de las cantidades más bajas tras la bonificación del 99% aprobada por el Ejecutivo valenciano para los parientes de hasta segundo grado.
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