El Centro Nacional de Supercomputación, un consorcio ubicado en Barcelona, ha gastado 734.923 euros en un año a través de 16 tarjetas de crédito sin un sistema de control. El Tribunal de Cuentas, en un informe que desvela OKDIARIO, ha localizado «irregularidades e incorrecciones» en las cuentas de esa entidad pública. «No se aprecia un adecuado control de los pagos por tarjeta bancaria», aseguran los fiscalizadores a tenor de que la Ley del Alto Cargo prohíbe expresamente las tarjetas de crédito.
«La Administración no pondrá a disposición del alto cargo tarjetas de crédito con el objeto de que sean utilizadas como medio de pago de sus gastos de representación», establece esa ley aprobada en 2015 por Mariano Rajoy tras la crisis económica y los escándalos de las tarjetas black. Se trata de un extracto legal que cita el Tribunal de Cuentas en su informe.
El Centro Nacional de Supercomputación es un consorcio público formado por la Generalitat de Cataluña –a través del Departamento de Investigación y Universidades–, el Gobierno de España –mediante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades– y la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).
A lo largo de 154 páginas, el Tribunal de Cuentas disecciona las cuentas de este consorcio con origen en 2005 y detecta las polémicas tarjetas bancarias: «Conforme a la información facilitada, en 2018 se identifican 16 tarjetas de crédito, a nombre de 13 titulares, que acumulan pagos por 734.923,49 euros. En 2021 [con Pedro Sánchez y Pere Aragonés como responsables finales] figuran 17 tarjetas bancarias que acumulan pagos por 356.189,78 euros».
«Viajes injustificados»
A mayor abundamiento, se refleja que «en 2018 la cuenta Acreedores Visa presenta un saldo deudor por 5.923,29 euros, que es contrario a su naturaleza contable». «Dicha incongruencia es debida a que figuran cuatro tarjetas canceladas sin movimiento en 2018, con un saldo deudor acumulado de 6.215,51 euros, por pagos vinculados a viajes no justificados».
Por su parte, el consorcio argumenta que «la mayoría del saldo corresponde a un empleado que ya no formaba parte de la plantilla». En todo caso, el Tribunal de Cuentas resalta que «de las tarjetas activas en 2021, se observan 7 que no constan identificadas en la contabilidad, habiéndose incorporado sus importes en otras tarjetas de los mismos titulares. También se observan tarjetas con movimientos en contabilidad y sin movimientos en banco, y la situación inversa». Desde el consorcio aseguran que estas prácticas ya se han dejado de realizar, lo que es aplaudido por fuentes del Tribunal de Cuentas.
Por otra parte, el informe alerta sobre que «no constan muchos justificantes bancarios de los pagos», que hay «retrasos en la contabilización de varias operaciones superiores a un mes» y, entre otros, que «varios pagos que corresponden a material informático sin cumplimentar el procedimiento de contratación centralizada establecido para estos gastos».
El Tribunal de Cuentas igualmente ha detectado que «la actividad real del consorcio excede la gestión de la infraestructura del Centro de Supercomputación, el fin establecido en los Estatutos». Los fiscalizadores han comprobado que el centro se focaliza en gestionar principalmente proyectos de investigación. Esta organización formada por más de 500 científicos ha logrado encargos de gran importancia por parte de la Unión Europea (UE). Sin embargo, la necesidad de agilizar trámites les ha llevado a descuidar el control de sus propias cuentas, algo que es muy habitual en estructuras administrativas en Cataluña, según indican las fuentes pulsadas.
El citado informe también recoge «existencia de debilidades en la organización, funcionamiento y control interno». En este sentido, el Tribunal de Cuentas insta a este centro a reformar sus estatutos para ajustar sus objetivos sobre el papel a los que realiza en la práctica.
Por otro lado, se lamenta que el centro tiene «una autonomía limitada por sometimiento de facto a determinada normativa interna propia de la Universidad Politécnica de Cataluña». Por el contrario, el Gobierno de España y la Generalitat, a través del Consejo Rector, tienen una supervisión muy superficial, que califican de «control relativo».
Sin relación de convenios
Otro de los aspectos críticos son los convenios. «El Centro de Supercomputación no ha cumplido con la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas anualmente la relación de los convenios celebrados y vigentes, ni consta esa información completa en la web. En los convenios que generan gastos se aprecian deficiencias formales y materiales, e incluso, en algún caso, incertidumbres e irregularidades».
«Cabe destacar, como irregularidad, dos convenios recurrentes firmados anualmente con la universidad (que en 2018 dieron lugar a un gasto de 320.000 euros), cuyo contenido es la puesta a disposición del consorcio de personal de la UPC sin detalle de la necesidad a cubrir, de los servicios a prestar o de las personas incluidas en los convenios», se agrega en relación a este consorcio que usó tarjetas irregulares.
Auditoría con «salvedades»
En la auditoría contable se anotan «salvedades», si bien, a la postre, el resultado final es «favorable». En todo caso, se afirma que «en la gestión de personal, contratos, ingresos, gastos y tesorería presenta algunas incorrecciones puntuales».
En relación a la plantilla se afea que «la estructura laboral del consorcio se caracteriza por un elevado número de contratos temporales y una indefinición del personal adscrito de la Universidad».
En conclusión, se afirma que hay un «significativo crecimiento del número de proyectos de investigación financiados con fondos europeos y españoles, bien controlados y justificados». No obstante, «faltan instrumentos de planificación global para apreciar el estado de la actividad, objetivos, indicadores y resultados de la gestión».