- 8-M La ministra de Igualdad se 'dividirá' el 8-M: irá a la marcha oficial y apoyará la alternativa
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El 8-M vuelve a sacar hoy a las calles de toda España a mujeres y hombres en cientos de actos para reivindicar la igualdad de género, sin embargo, la división entre los colectivos feministas se consolida por tercer año consecutivo y desinfla el músculo que en 2018 propició una movilización sin precedentes en el país. Es cierto que si en esta edición la fractura social del movimiento feminista permanece, no obstante, la polarización política entre los partidos, principalmente de la izquierda, está más relajada, pues el año pasado el Gobierno llegó a esta fecha atravesado por un crudo enfrentamiento entre el PSOE y Unidas Podemos por la Ley Trans y por la imposición de Pedro Sánchez para corregir los efectos de la ley del 'sólo sí es sí' en las rebajas de condena.
En el primer 8-M con Irene Montero fuera del Gobierno y con la socialista Ana Redondo estrenándose como ministra de Igualdad, la lucha partidista ha dado una tregua y la izquierda volverá a marchar hoy en la misma manifestación de Madrid con las espadas enfundadas. Sin embargo, esto es sólo una unidad temporal. La utilización del feminismo emerge como un elemento polarizador en la futura pugna de las elecciones europeas, con una Montero que encima de candidata ha hecho de este asunto un ariete más contra Sumar -por apartarla- y contra el PSOE -por el giro en el Ministerio y su mano tendida a las feministas clásicas-.
Pero antes que esa pugna, otra amenaza asoma con hacer saltar por los aires la tregua en las izquierdas y con abrir un boquete en el Gobierno. Es la batalla que viene: la prostitución. El PSOE va a presentar una propuesta de ley "abolicionista" en el Congreso para perseguir a los clientes y castigar a quienes se lucran con quienes ejercen esta actividad. Así lo viene anunciado la ministra de Igualdad en sus comparecencias, enarbolando así una de las banderas del feminismo clásico e históricas del PSOE.
La cuestión es que en Sumar conviven corrientes regulacionistas y abolicionistas, de modo que, para empezar, este asunto generaría una fuerte división interna en el seno del Gobierno de coalición. De modo que el PSOE se vería abocado a pactar dicha ley con el PP o a resignarse a no poder sacarla adelante y perder.
La prostitución es, además de las leyes de identidad de género o trans, uno de los debates más antiguos y, al mismo tiempo, más enquistados dentro del feminismo. Sin que haya un mínimo consenso entre las mujeres hacia dónde transitar, más allá de la persecución de la trata. Este "debate no resuelto" provoca que cada formación política tenga su propia posición y que dificulte el pacto.
Los partidos catalanes en su conjunto están en la corriente pro regulación. O, como prefieren etiquetarse, son "pro derechos" y rechazan el "punitivismo". Esto significa que el PSOE perdería el voto de comunes (Sumar), ERC y Junts. De igual modo, EH Bildu se encuadra en este grupo.
El PSOE no es que se quede sin socios, es que tampoco podría contar con parte de Sumar. Cierto que IU bebe de la misma corriente abolicionista que el PSOE, pero no así formaciones como Más Madrid, igual que sucede con los comunes, que son abiertamente "pro derechos".
Este abanico de posiciones rompe la mayoría parlamentaria que sujeta a Sánchez y ya enseñó los dientes cuando estuvo a punto de tumbar la ley del 'sólo sí es sí' por una enmienda "abolicionista" del PSOE, que tuvo que retirar in extremis porque la ley iba a decaer. Esto fuerza al PSOE a coger una escalera para asomarse al "muro" y llamar a gritos al PP para buscar un pacto. Sólo con los votos de los populares su propuesta de ley tiene posibilidades de aprobarse.
En la pasada legislatura esa entente bipartidista se formó en el primer examen a la propuesta del PSOE, que fue la votación para su admisión a trámite. PP y PSOE votaron de la mano, pero luego ese texto quedó orillado en un cajón. Ahora Redondo promete recuperar ese mismo texto. ¿Cuándo? No se sabe. Pero el feminismo clásico empuja y hoy marchará con el lema Abolición ya.
Multar a puteros y tercería locativa
Según ha anunciado la ministra de Igualdad, el PSOE perseguirá, de nuevo, castigar el proxenetismo aun cuando no exista condición de explotación, comenzar a multar a quienes consumen prostitución y tipificar la tercería locativa como delito. Tres cuestiones que, lejos de generar consenso, dividen a los colectivos feministas.
Así, la propuesta socialista pretende dar un giro radical en la forma de penar esta práctica, multando no solo a los proxenetas -quienes obtienen beneficios por la prostitución de otra persona- sino también a quienes pagan por sexo.
Desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres apuntan que esto es algo "fundamental" -"sin demanda no habrá oferta"-, mientras los colectivos "pro derechos" consideran que, lejos de acabar con las prácticas sexuales efectuadas a cambio de dinero, esto incrementará su clandestinidad. "Se pretende erradicar la vulnerabilidad de esas mujeres y se va a conseguir todo lo contrario", apunta el coordinador del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), Nacho Pardo. La Comisión 8M teme que se "criminalice" a las mujeres y se las exponga a mayor vulnerabilidad.
La segunda polémica de la propuesta socialista viene porque esta pretende perseguir "a quienes faciliten la prostitución de otra persona", reemplazando el dictado del artículo 187 del Código Penal, que recoge penas "a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona". La gran diferencia: la palabra "explotación".
De nuevo, las posturas son opuestas. Pardo denuncia que el proxenetismo que se ejerce sin coacción "no presenta ningún agravio comparativo frente a cualquier otra actividad laboral", mientras desde la Comisión para la Investigación de Malos Tratos a Mujeres apuntan que "todo lo que sea sancionar al proxeneta es un avance".
Y hay más, porque Igualdad quiere castigar a todos aquellos que "se lucren de la prostitución", lo que supone perseguir también a los dueños de los lugares donde esta se efectúa -la tercería locativa-. Pardo apunta que es un "auténtico desastre" porque, considera, "fomentará conductas racistas" a mujeres inmigrantes, y todos los colectivos coinciden -por única vez- en que una medida de este calibre debe ir precedida de medidas de apoyo económico y social para las mujeres.