En estos primeros meses del año electoral, eventos relacionados con exfuncionarios convictos por deshonrar sus cargos han servido a Puerto Rico como un recordatorio claro de la inmensa responsabilidad que conlleva votar.
En semanas recientes, una exayudante de la convicta exrepresentante María Milagros Charbonier fue sentenciada a cumplir tres años y un mes de cárcel. Encubrió un esquema del que fue partícipe, ideado por su entonces jefa para desfalcar dinero público mediante aumentos a su salario como secretaria en el Capitolio.
En enero, un jurado encontró culpables a Charbonier y su esposo por agenciarse alrededor de $100,000 de dinero público. El mes próximo conocerán sus sentencias. En febrero, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, escuchó su sentencia de cinco años y tres meses de prisión, convicto por soborno, conspiración y extorsión. La misma semana, el también convicto exalcalde de Cataño, Félix Delgado, fue entrevistado por las autoridades sobre una masacre vinculada preliminarmente al narcotráfico, ocurrida en un negocio de su propiedad. Delgado conocerá su sentencia este mes por actos similares a los cometidos por Pérez. Ambos conspiraron, por separado, con el mismo inversionista político para robar fondos públicos a través de contrataciones con sus municipios.
A Charbonier, Pérez y Delgado se les dio rango de líderes políticos. Los votantes les encomendaron deberes y bienes públicos por considerarlos idóneos para custodiarlos. El tiempo mostró que ambicionaban el poder por afanes mezquinos, como tantos otros encarcelados por corrupción.
Delgado y Pérez se apropiaron de miles de dólares que debieron dirigirse a mejorar las condiciones de sus municipios. Charbonier se amparó en el discurso del conservadurismo religioso para injuriar y legislar contra sectores de la ciudadanía mientras ella y sus más íntimos delinquían. Todos cayeron seducidos por la riqueza fácil, por ufanarse de privilegios y de opulencia valiéndose de sus cargos. Estos escándalos bochornosos reflejan un mal que se manifiesta en otras instancias de la sociedad.
Recientemente, la directora de la Red federal de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, indicó que el año pasado recibieron 47,000 informes de transacciones sospechosas realizadas en la isla; casi 700 se relacionaban con ayudas o servicios del gobierno. La funcionaria identificó a Puerto Rico como uno de los principales puntos de transbordo de opioides.
Varios factores nutren estas instancias de corrupción. El primero, la falta de integridad personal, la carencia de carácter que resista incurrir en un acto indebido o ilegal. Pero esa falta de escrúpulos no sostiene sola la corrupción. Los corruptos se valen de la ausencia de controles y supervisión efectivos. Se escudan también en la complicidad temerosa u oportunista de empleados y allegados. Además, sucumben ante quienes, asimismo interesados en acaparar dinero e influencia, ofrecen compartir la ganancia malhabida mediante sobornos y otras prebendas.
FinCEN implementa nuevas normativas para combatir el lavado de dinero. Así debería ser en todas las instancias del gobierno de Puerto Rico con las otras modalidades de corrupción pública.
La corrupción le cuesta al país millones de dólares. Despoja de servicios vitales a quienes más lo necesitan. Además, la corrupción arrebata derechos y libertades, puesto que opera como el hampa y las tiranías. Sintiéndose impune, oprime y persigue, a veces con violencia.
El inversionismo político, junto a las dinámicas actuales de la política partidista, han difuminado los límites entre partidos y gobierno. Facilitan el lucro personal de donantes-contratistas y políticos en detrimento del interés público. Toca al liderato político y a los votantes hacer propósito de enmienda este año electoral. La fiscalización, la rectitud y la rendición de cuentas deben cimentarse desde las bases ciudadanas y aplicarse con rigor a todos los niveles de las colectividades políticas.
No podemos normalizar la corrupción como mera carencia de valores de algunos. En los partidos, las urnas y el gobierno es posible y necesario cerrar las brechas con voluntad para evitar que más oportunistas terminen deshonrando el servicio público.