La historia es conocida desde hace décadas: en el lecho marino cercano a las islas del Rosario, a menos de 12 millas náuticas del litoral Caribe, yace un naufragio valorado en unos 10.000 millones de dólares. Son los restos del galeón San José, que con bandera del Imperio español navegaba esas aguas, procedente de Portobelo (Panamá), rumbo a Cartagena, cuando en junio de 1708 fue hundido por una flotilla comandada por el oficial inglés Charles Wager.
Desde hace medio siglo, el pecio ha sido objeto de maniobras y pleitos entre gobiernos, buscadores de tesoros, intermediarios y un ejército de abogados de los diferentes bandos. La Armada Nacional y expertos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) anunciaron su localización en 2015. Un fallo de la justicia estadounidense, en 2011, había resuelto que los restos del buque y su carga pertenecen al Gobierno de Colombia.
La firma cazatesoros Sea Search Armada apeló esa decisión al tiempo que demandaba la aplicación de un viejo fallo de la Corte Suprema que le otorgaba el 50 % del naufragio. El Gobierno español quiere hacer valer sus derechos, alegando que el buque y su valiosa carga de oro y plata le pertenecen. Y en años recientes, voceros de la comunidad Qhara Qhara, de la región de Potosí (Bolivia), de donde –se supone– salió la plata que iba en el navío, han planteado su propia reclamación por esa importante tajada.
Los sucesivos gobiernos colombianos, desde Belisario Betancur –en los años ochenta– hasta Iván Duque, habían mantenido una posición coherente, basada en el derecho internacional y las leyes nacionales que otorgan la propiedad de la especie náufraga al país en cuyas aguas se encuentre, siempre y cuando esté dentro de su mar territorial, a menos de 12 millas náuticas (poco más de 22 kilómetros) de la línea costera, como ocurre con el San José.
Pero el presidente Gustavo Petro, tan amigo de hablar primero y consultar con los expertos después, puede haberles servido, en bandeja de plata, a los abogados de la nación Qhara Qhara, la llave para ganar su pleito. En mayo pasado, en entrevista con La W, el mandatario declaró: "Hay una comunidad indígena boliviana, de donde salía la plata, que reclama algo. Yo estoy convencido de que se debe otorgar porque es probable que mucha de la plata sea de ellos".
¿Está demostrado el origen de esa plata? Y de ser así, ¿tienen los actuales voceros de la comunidad Qhara Qhara las credenciales para reclamarla? Eso debe dar para indagaciones y análisis históricos, documentales y jurídicos. Pero Petro, en vez de encargar un estudio y evaluar sus conclusiones, ya lo resolvió, con su magna sabiduría, en una declaración radial, ¡y en contra de los intereses de Colombia!
Aunque puede sonar bonito reconocerles a los qhara qharas lo de la plata, la frase presidencial tiene una consecuencia mucho más grave: si en vez de defender la tesis de la tenencia del pecio en cabeza del país en cuyo mar territorial se encuentre, Colombia reconoce el derecho de los antiguos poseedores del buque y de su contenido, pues ya está, le hacemos un favor gigantesco al Reino de España que así encuentra servida, en otra bandeja de plata, su parte del naufragio.
Pobres abogados de Colombia que ahora, cuando vayan a defender al país en este asunto, tendrán que ver cómo se desmontan de la ligera declaración de Petro. Pobre ministro de Cultura, Juan David Correa, a quien conozco y aprecio, y quien acaba de lanzar un plan para explorar el naufragio y considerarlo –como corresponde– "un pecio de patrimonio arqueológico".
Correa tendrá que lidiar con las demandas de los qhara qharas y del Estado español, favorecidas por la deslenguada de su jefe, quien se une así a la tradición de quienes regalaron, a fines del siglo XIX, el Tesoro Quimbaya a España y, en los años 50, los islotes de Los Monjes a Venezuela.
MAURICIO VARGAS
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