Una omisión legislativa provocó que el Poder Judicial no pudiera crear 73 nuevas plazas en la Defensa Pública y la Judicatura, lo que generará un cuello de botella en procesos judiciales y la postergación de al menos 540 juicios que ya habían sido programados para este 2024.
La Asamblea Legislativa había aprobado el incremento presupuestario (que en este caso significan ¢2.500 millones) a través de una moción en diciembre del 2023. En ese momento, el Departamento de Servicios Técnicos, que opera como órgano asesor legal de los diputados, no presentó ninguna objeción.
La moción modificó el Presupuesto Nacional 2024 para trasladar ¢13.000 millones y así, vía decreto ejecutivo, crear 444 plazas en el Poder Judicial: 296 para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 75 para el Ministerio Público, 50 para la Judicatura y 23 para la Defensa Pública.
El decreto ejecutivo se emitió el 7 de febrero, pero, una semana después, José Luis Araya, director general del Presupuesto Nacional, envió un oficio al presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, en el que avisó que la regla fiscal impedía mover ¢2.500 millones para financiar los puestos de la Judicatura y la Defensa Pública, por lo cual no se podía crear ninguna plaza en esos dos órganos. El OIJ y el Ministerio Público no tuvieron inconvenientes porque ambos habían quedado excluidos de la regla gracias a una reforma de ley, por lo que sus plazas sí fueron aprobadas.
El oficio detalla que cuando el Congreso aprobó los fondos, el dinero no tenía una asignación presupuestaria determinada, lo cual les hubiera permitido quedar fuera de la regla fiscal. Cuando el decreto ejecutivo ordena que se trasladen las partidas correspondientes para su uso en el Poder Judicial, les empezó a aplicar la regla "por cuanto agregan nuevas obligaciones de gasto".
La regla fiscal, vigente desde el 2018 con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece restricciones en el incremento del gasto corriente según el nivel de deuda gubernamental. Actualmente, el Gobierno Central está en el escenario más estricto, pues su endeudamiento supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Para el exministro de Hacienda, Elian Villegas, la Dirección de Presupuesto está en lo correcto al no avalar las plazas, a pesar de que inicialmente las mismas se aprobaron vía legislativa y luego por un decreto.
"Había un monto global. Ese monto no estaba asignado a un gasto concreto cuando se crean las partidas. A estas se les asigna dinero de ese monto global, y entonces, en ese momento, hay que hacer la revisión para determinar si esas partidas superaban el monto global de la regla fiscal, y sí lo estaban superando. Es decir, la justificación que está dando la Dirección de Presupuesto es correcta", explicó Villegas ante consulta de La Nación.
'Para nosotros es muy difícil calcular la regla fiscal'
Paulina Ramírez, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) quien presentó la moción para los ¢13.000 millones, se reunió este viernes con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, para buscar una solución.
Una de las propuestas mencionadas por Ramírez es excluir a la Judicatura y a Defensa Pública de la regla fiscal a través de un proyecto de ley, aunque señaló que eso no sería del agrado del Gobierno ni del Fondo Monetario Internacional (FMI).
También se contempló que Hacienda explore otras partidas para buscar espacio disponible, o que si a junio otra entidad no ha ejecutado dinero, que esos recursos se usen para las plazas en cuestión.
La congresista negó que aprobar la moción haya sido un error, y declaró que los diputados creyeron que al sacar a Seguridad Pública de la regla fiscal, se liberaría el espacio para el Poder Judicial. "Para nosotros es muy difícil calcular la regla fiscal porque es una fórmula que se debe aplicar, que quien tiene los datos completos es Hacienda", apuntó. Este medio envió consultas desde el miércoles al Ministerio de Hacienda, pero al cierre de edición no se había recibido respuesta.
Desequilibrio en procesos judiciales
Jerarcas judiciales consultados por La Nación alertaron que al haber más investigadores y fiscales, hay más investigaciones abiertas, pero se están atrasando al no haber suficientes defensores públicos ni jueces que asuman esos casos. Esto no solo retrasa los expedientes en su etapa de juicio, sino también las mismas investigaciones, pues, por ejemplo, hay escasez de jueces que den órdenes de allanamiento.
Para los altos mandos del Poder Judicial, Hacienda realizó una interpretación de la ley que contraviene lo que ya había quedado en firme en la Asamblea Legislativa. "La regla fiscal dice que no podemos gastar más de lo que tengamos asignado en un presupuesto, pero ya ese presupuesto fue asignado. No estamos gastando más de lo que está asignado un presupuesto. Eso es lo que establece, porque ya nos asignaron ese presupuesto extra, por así decirlo", consideró el director del OIJ, Randall Zúñiga.
"Ellos se dieron cuenta tarde, hicieron todo el trámite y en algún momento del camino dijeron 'ah mirá, es que existía la regla fiscal, no les demos la plata'", agregó. Este caso, indicó, es similar a los ¢2.000 millones que Hacienda impidió que el OIJ ejecutara, para construir un nuevo edificio en San José, en diciembre.
El oficio de Hacienda detalla que esos recursos seguirán en el presupuesto del Poder Judicial en la partida de Sumas sin asignación, "para ser utilizados posteriormente durante el ejercicio económico 2024 cuando se libere espacio en regla".
"Interpretación de Hacienda"
Allan Pow Hing, director de Planificación del Poder Judicial, explicó que al tener ese dinero en sus arcas, la institución requiere gastarlo, de lo contrario, entrarían en inejecución presupuestaria. "Tendríamos dineros que sabiendo que debemos invertirlos y que debemos en la administración de justicia, no los podemos ejecutar porque tenemos una misma limitación de Hacienda y curiosamente después Hacienda nos va a decir 'ustedes no ejecutaron lo que tenían que ejecutar'", dijo.
Pow aseguró que la intención de la Asamblea Legislativa era aliviar parcialmente el faltante de 1.700 plazas que padece el Poder Judicial en su lucha contra la creciente criminalidad, según un informe de Planificación.
Desde que se aprobó la moción en diciembre del 2023, el Poder Judicial se empezó a alistar ante la cantidad de procesos penales que avanzarían gracias a esas 444 plazas extra. Entre marzo y diciembre de este año se programaron cerca de 540 juicios más, recibiendo prioridad los expedientes que superan 17 años de antigüedad. Tras recibir el oficio de Hacienda, estos juicios tendrán que demorarse aún más.
"Esta interpretación de Hacienda genera una afectación directa con las personas usuarias, porque ya hemos tenido que proceder con la reprogramación de esas audiencias a más largo plazo. Obviamente, existe también un riesgo elevado de la prescripción de estas causas", advirtió Pow.
Además, al haber más casos abiertos pero la misma cantidad de defensores, la carga de trabajo para los defensores públicos se ha incrementado, e incluso duplicado en algunas oficinas.
Juan Carlos Pérez, director de la Defensa Pública, aseveró que tal saturación puede afectar la capacidad de los abogados de concentrarse en cada caso. Incluso, aumenta el riesgo de que no haya abogados disponibles en algunos casos, lo que dejaría en libertad a personas detenidas que no tendrían acceso a su derecho a defensa.