En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) y en la Ley General de Partidos Políticos (LGPP) se encuentran las disposiciones actuales sobre los derechos políticos de las mujeres para participar y ser electas a posiciones de representación popular.
En la LEGIPE se establece que las fórmulas para las elecciones de Senadoras(es) y Diputadas(os), tanto por los principios de mayoría relativa como de representación proporcional, deberán integrarse por personas del mismo género, es decir el o la titular y suplente deberán ser del mismo género.
Sin duda estas leyes federales como las correspondientes leyes estatales han contribuido para mejorar la paridad de género en las posiciones de liderazgo público federal de nuestro país, en los últimos años.
Sin embargo, aún tenemos mucho camino por recorrer. Revisando el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México del 2021, del INEGI, podemos analizar la información que presenta la sección del personal adscrito a las instituciones de Administración Pública por municipio y demarcación territorial. De acuerdo con estas cifras, en el 2021, había más de 1,076,000 personas adscritas a las administraciones municipales (incluyendo CDMX) de las cuales solo el 35 por ciento eran mujeres.
Las alcaldías de la CDMX registraron la cifra más alta con el 42 por ciento, y los municipios de Oaxaca tuvieron la cifra más baja con el 28 por ciento solamente. Nuevo León, Yucatán y Quintana Roo registraron niveles cercanos al 40 por ciento de mujeres sobre el total del personal en sus administraciones públicas municipales.
El tema de paridad no es lo único preocupante, también preocupa el tema del nivel educativo promedio. De acuerdo con las mismas cifras, del total del personal en las administraciones municipales solamente el 19 por ciento tiene educación superior, de los cuales el 59 por ciento son hombres y el 41 por ciento mujeres. El único estado que tiene más mujeres con educación superior que hombres en sus administraciones municipales es Querétaro que cuenta con el 54 por ciento, le siguen muy de cerca del 50 por ciento CDMX y Chihuahua; por otro lado Chiapas, Nayarit y Jalisco tienen los porcentajes más bajos de mujeres con educación superior en las administraciones municipales con 34, 36 y 36 por ciento respectivamente.
Hasta aquí podemos concluir que, aunque hay un esfuerzo en promover la paridad de género en las posiciones de liderazgo de elección popular en el país, aún tenemos mucho camino por avanzar en lograr una paridad de género en el total del personal que labora en las administraciones municipales.
Adicionalmente, tenemos un reto sustancial en el nivel educativo del personal que labora en la administración pública local, tanto de hombres como de mujeres, pero nuevamente, el reto en relación con la perspectiva de género y educación superior se hace más evidente, pues solo el 11 por ciento de los servidores públicos hombres cuenta con educación superior, y por su lado, solo el 8 por ciento de las mujeres que laboran en las administraciones públicas locales tienen educación superior a nivel nacional.
Si revisamos ahora las y los alcaldes actuales de las ciudades capitales del país, tenemos 31 ciudades capitales más los 16 ayuntamientos de la CDMX; de ese total solo 17 son mujeres, (esto es el 36 por ciento) nuevamente tenemos un reto de paridad; sin embargo, casi el 90 por ciento de ellas tiene educación superior, mientras que el 83 por ciento de los hombres alcaldes tiene educación superior. Podríamos decir que, en términos relativos, las mujeres que ocupan una posición clave de liderazgo a nivel municipal tienen mayores credenciales académicas que sus contrapartes hombres.
Si contamos ahora las gobernaturas estatales, tenemos que sólo 9 mujeres son gobernadoras de los 31 estados (29 por ciento). Del total de gobernadoras(es) el 30 tienen grado de licenciatura, y más de la mitad tienen maestría y/o doctorado.
Lo interesante es que, de las 9 mujeres gobernadoras, el 78 por ciento tienen maestría, y de los 22 gobernadores solamente el 40 por ciento tienen maestría. Esto sugiere nuevamente que, en términos relativos, las mujeres que ocupan una posición clave de liderazgo en los gobiernos estatales tienen mayor preparación académica que los hombres.
Es importante reconocer que el hecho de que si un(a) servidor(a) público(a) no haya podido cursar estudios superiores no implica necesariamente que está destinada(o) a hacer un mal trabajo; y por el contrario, un(a) servidor(a) público(a) con estudios superiores no garantiza que será ejemplo de eficiencia, eficacia, y probidad.
Lo que deseo resaltar con este análisis es la disparidad que tenemos aún en el país, y reflexionar sobre las restricciones inerciales e institucionales que tenemos en nuestra sociedad que limitan la participación de las mujeres, y que se reflejan por supuesto en la arena política.
El hecho de que solamente el 35 por ciento de todo el personal que labora en la administración pública municipal sean mujeres implica que hay mucho trabajo por hacer por promover la apertura de espacios y oportunidades atractivas para que más mujeres deseen contribuir en la arena pública.
Las campañas locales están por arrancar, pero ya se están definiendo las candidaturas de las ciudades principales del país. Esperemos que haya un avance sustantivo en la paridad de género para las elecciones del 2024.