El viceministro de Relaciones Laborales, Edwin Palma Egea, generó indignación por unas recientes declaraciones en las que dio a conocer las consecuencias que surgirían en caso de que no se apruebe el proyecto de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro. De acuerdo con el funcionario, habrá sanciones de hasta 5.000 salarios mínimos para empresarios que vulneren los derechos sindicales.
"Si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos seguiremos a la circular, que señala unos indicios cuando hay discriminación, pactos colectivos que tengan fines antisindicales que no se negocian como dice el Código de Trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato (sic) serán sancionados", explicó Palma en su intervención en el cuarto Encuentro Laboral convocado por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia.
Esta medida estaría basada en una circular emitida por el Ministerio del Trabajo, en la que se desglosan indicaciones para identificar casos de discriminación antisindical en los entornos laborales y acciones de tipo colectivo que vulneren los derechos de los empleados. De hecho, informó que ya se han identificado 342 pactos colectivos, de los cuales 74 podrían configurarse como discriminación antisindical.
Desde la perspectiva de Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco), estas sanciones esgrimidas por el viceministro son, más bien, "amenazas" contra las empresas que tengan pactos colectivos.
"Esto es un chantaje, y es una presión indebida a los miembros del Congreso de la República que están estudiando el trámite de esta reforma. Lamentamos profundamente que, nuevamente, el Gobierno da muestras de declarar enemigos a los empresarios, cuando verdaderamente son sus aliados por el desarrollo", señaló el presidente de la federación.
Asimismo, aseguró que es importante recordar que el 80% del recaudo se ha logrado con el pago de impuestos de los empresarios de empresas privadas del país.
En respuesta, Palma invitó a Cabal para ver todo el debate que se llevó a cabo con respecto al tema y a no simplificar lo que allí se dijo. Insistió en que, con o sin la reforma laboral, los pactos colectivos seguían siendo investigados y, de igual manera, sancionados.
"Dr. Cabal, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley laboral no es amenaza ni chantaje. Es un deber y además es su obligación y la de sus agremiados. Están tan acostumbrados a que eso no suceda en el país que cualquier anuncio en ese sentido se vuelve noticia", añadió el viceministro.
Empresarios, ¿culpables de la inflación?
Esta no es la primera vez que el presidente de Fenalco se pronuncia para rechazar las declaraciones de funcionarios del Gobierno nacional. En enero de 2024, condenó lo afirmado en un comunicado del Ministerio de Hacienda, en el que se responsabilizó a las empresas del incremento de la inflación en Colombia. De acuerdo con la cartera, los beneficios económicos que recibieron ayudaron a aumentar el precio de bienes y servicios.
Jaime Alberto Cabal indicó que, aunque es correcto llevar a cabo un debate académico al respecto, no es conveniente hacer señalamientos generalizados e "injustos" contra los empresarios. "No es bueno para el país fomentar la ideología antiempresa", aseveró el presidente de la federación.
Añadió que lo que se afirma en el comunicado carecería de fundamentos, teniendo en cuenta que en otras economías del mundo —en las que los empresarios reciben altos beneficios— no se experimenta un vasto incremento de la inflación.
"Nos sorprende que el ministro de Hacienda, que tiene un importante pasado académico, símbolo de rigurosidad analítica, salga tan alegremente a divulgar esa clase de afirmaciones, sin aclarar previamente que el contenido del documento en mención es responsabilidad exclusiva de sus autores. Si las opiniones del ministro fueran ciertas, economías tan robustas como la de Estados Unidos o Japón, cuyo sector empresarial es de gran tamaño, tendrían una inflación desbordada", explicó Cabal.