Barcelona, 18 mar (EFE).- Más de 4.000 reclusos han vuelto a quedarse en sus celdas, sin salidas para acudir a citas médicas o judiciales, en el quinto día de protestas de funcionarios de prisiones de Cataluña, una situación que ha llevado al Govern a endurecer el tono ante un bloqueo que cree "ilegal".
Tras la breve tregua del fin de semana, en que relajaron sus movilizaciones y dieron un respiro a las tensionadas cárceles, los funcionarios han vuelto este lunes a la carga con nuevas concentraciones en los accesos de los centros penitenciarios, en su protesta para exigir más medidas de seguridad tras el asesinato de la cocinera de la cárcel Mas d'Enric de Tarragona a manos de un recluso.
El bloqueo de las entradas a las cárceles ha dificultado los cambios de turno, como ya sucediera el viernes, aunque la afectación en la vida de las prisiones ha sido algo menor gracias a la intervención de los Mossos d'Esquadra para despejar algunos de los accesos.
De esa forma, si el viernes pasado fueron 5.000 los presos que no pudieron salir de sus celdas por la falta de personal penitenciario, hoy han sido más de 4.000 internos de Brians 1, Mas d'Enric, Puig de les Basses, Ponent, Lledoners y Wad Ras los que se han quedado sin sus actividades diarias, obligados incluso a comer en el cubículo en el que duermen sin ni siquiera pasearse por el módulo.
La afectación no ha acabado ahí: han sido cerca de 50 los juicios que se han suspendido por la imposibilidad de llevar a cabo traslados o videoconferencias, a lo que se suman las reuniones de los reclusos con sus abogados, por lo que la consellera, Gemma Ubasart, ha alertado de que la situación en las prisiones es incluso "peor" que la vivida durante la pandemia.
En este sentido, un juzgado de instrucción de Figueres (Girona) ha recibido hoy una denuncia de un abogado por los delitos, entre otros, de vulneración de los derechos de los internos y del derecho a la defensa por estas acciones de protesta de los funcionarios, que han dificultado las comunicaciones de los abogados con los internos en el centro penitenciario de Puig de les Basses, y del traslado de estos a las sedes judiciales.
Como consecuencia de esta denuncia, que no se dirige contra personas concretas sino, de forma genérica, contra aquellos que hayan provocado la situación denunciada, el magistrado ha abierto diligencias previas.
La Generalitat ha convocado este lunes a los sindicatos de prisiones -UGT, CCOO, CSIF, Intersindical, ACAIP y IAC-CATAC- a dos reuniones tras hacer un llamamiento a la "desescalada" y al "diálogo", pero los representantes de los funcionarios han plantado al Govern con la advertencia de que no piensan sentarse a la mesa de negociación hasta que sea destituido el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.
Tras el rechazo a su invitación a negociar, el Govern ha exacerbado sus críticas contra las protestas, hasta el punto de tildar de "ilegal" un bloqueo que impide el normal funcionamiento de las prisiones sin estar amparado en una convocatoria de huelga, que requeriría fijar servicios mínimos para garantizar el servicio penitenciario.
En su segunda comparecencia de la jornada, Ubasart ha anunciado esta tarde que ha vuelto a convocar a los sindicatos a una nueva reunión para mañana a las 9.00 horas, para darles detalles sobre la investigación interna sobre el asesinato y profundizar en mejoras que están sobre la mesa.
En este sentido, ha desvelado que en las dos reuniones previstas para hoy tenía a punto una carpeta con medidas "concretas, realistas y posibles", que ya están en fase de implementación o con el proyecto muy avanzado y que supondrían la incorporación de entre 700 y 800 profesionales para ayudar a reducir incidentes en las cárceles.
En concreto, se trata de la consolidación de los 111 profesionales especializados para intervenir en casos violentos en las cárceles, que están incorporados ahora mediante un programa temporal -con un presupuesto de 20 millones de euros-, que pasaría a ser estructural.
Asimismo, en virtud de un acuerdo del Govern de hace dos semanas, se ampliará la plantilla penitenciaria con 407 nuevos efectivos, en un proceso pendiente de acordar la planificación, la selección y la formación y que, según Ubasart, se podría hacer antes de que acabe esta legislatura.
Por otra parte, el Departamento de Justicia se ha comprometido hoy a reforzar la vigilancia de los servicios de las prisiones, especialmente las cocinas, en una reunión con el comité de empresa del Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE), donde estaba contratada la trabajadora asesinada por un preso.
Según han informado a EFE fuentes conocedoras de la reunión, convocada de forma extraordinaria tras el asesinato de la cocinera el pasado miércoles, la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, han asistido al inicio del encuentro para expresar su apoyo a los trabajadores del CIRE y trasladarles su pésame.
A la reunión, que según las mismas fuentes ha transcurrido en un tono cordial y constructivo, ha asistido la dirección del CIRE, así como miembros del comité de empresa, de los sindicatos UGT y IAC-CATAC, y delegados sindicales territoriales. EFE
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