La Corte Constitucional avaló el tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado en Nueva York el 2 de abril de 2013, y que fue firmado por el Gobierno unos meses después. Este acuerdo tiene como objetivo regular el comercio internacional de armas convencionales, y luchar en contra del tráfico ilícito.
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En la decisión, que corresponde a la primera en la que el alto tribunal analiza al respecto, concluyó que el tratado es constitucional porque tanto en la fase previa, como en el trámite ante el Congreso de la República, las acciones se adelantaron de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales. "En particular, la sentencia comprobó que en el caso analizado no era necesario agotar el proceso de consulta previa ni era aplicable el examen de impacto fiscal".
En segundo lugar, el alto tribunal concluyó que el tratado refuerza el monopolio estatal sobre las armas y el uso de la fuerza legítima. "En virtud del cual la comercialización de armamento es una actividad económica restringida que está bajo el estricto control y vigilancia del Gobierno nacional y le corresponde al Estado colombiano luchar en contra del tráfico ilícito y el desvío de elementos bélicos".
La Corte dijo además que el tratado se enmarca dentro de los fines del Estado de promover la prosperidad general, asegurar la convivencia pacífica y garantizar los derechos consagrados en la Constitución y que las principales obligaciones y prohibiciones del tratado están dirigidas a que se reduzcan las posibilidades de que el armamento convencional termine en manos de personas no autorizadas.
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