Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Compartir
Rafael Hernández, líder de la COAG-Canarias, además de ser investigado por la Fiscalía por haber presuntamente explotado a menores migrantes en sus fincas, también fue denunciado por pretender «forzar» a la persona responsable para que obligara a aquellos que iban a participar en un programa de formación llamado TándEM para que firmasen en blanco las indemnizaciones futuras que iban a percibir al término del curso. Todo ello, según el denunciante, para no pagarles el total de lo que les iba a corresponder a cada uno en concepto de finiquito, un montante que no sufragaba el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino la asociación presidida por el empresario. El responsable del curso no cedió a esta imposición y por eso Hernández lo despidió, según la denuncia.
Hay que recordar que al presidente de los agricultores y ganaderos canarios le abrieron un expediente sancionador desde la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social después de que este órgano y agentes de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional hallasen a diez menores del centro Tagoror -dirigido por su hija-, supuestamente trabajando de forma irregular en una de sus fincas de papas en Tafira. Por estos hechos, la Fiscalía Provincial de Las Palmas lo investiga a él y a tres personas más por un presunto delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
La asociación iba a percibir 2,4 millones por tres cursos, pero finalmente apostaron solo por uno con un millón de subvención
En este caso de los finiquitos, la denuncia que fue presentada ante la Inspección de Trabajo narra que Rafael Hernández había encargado a un técnico la dirección de un proyecto consistente en poner en marcha unos cursos llamados TándEM que financiaba el SEPE. En principio, la idea era la de organizar los programas de jardinería, agricultura y ocio y tiempo libre, por lo que la Asociación Oportunidades de Vida -presidida por el denunciado-, iba a percibir 2,4 millones de euros, aunque finalmente se apostó por organizar solo uno que supondría un millón de subvención.
Los alumnos que participarían en estas clases, según el investigado, debían de ser inmigrantes que recibirían las clases teóricas y luego serían contratados de 12 a 15 meses para realizar las prácticas, por lo que la asociación tenía que abonarles a su finalización el correspondiente finiquito.
La denuncia a la que ha tenido acceso este periódico detalla que Hernández encargó al técnico del programa que tenía que «forzar» a los 30 alumnos de Canarias y a los 11 profesionales «que iban a trabajar en el programa» a que firmaran antes de comenzar el programa «sobre el papel en blanco las indemnizaciones futuras que iban a recibir».
El responsable del proyecto se negó ya que lo único que no cubría el programa Tándem era el dinero destinado al pago de las indemnizaciones y pensó que se trataba de una estrategia para liquidar de menos a estas personas.
Según el denunciante, Hernández le expuso que los participantes en el curso «no iban a protestar ni quejarse» porque «cobrarían un sueldo de 900 euros, con formación y titulación y, además, el SEPE le había dicho que al ser una Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) les iban a dar los papeles por arraigo laboral, por lo que serían los que menos iban a protestar».
El técnico del programa le insistió en que lo que pretendía hacer era ilegal y que «lo que iba a conseguir era que alguien lo denunciara», sostiene esta parte, pero Hernández le espetó -supuestamente- que «el compañero que iba a llevar las cinco escuelas taller similares en Valencia tenía muy bien controlada a su gente y nunca había tenido problemas». Añadió que «había gente que estaría dispuesta a trabajar así y otros que no -en referencia al técnico-, pero que tenía que forzar al personal y estudiantes».
Ante una nueva negativa, la denuncia indica que Rafael Hernández lo despidió y el programa de formación nunca se llevó a realizar.
En este caso en concreto, la Inspección de Trabajo pidió al denunciante que aportara pruebas de lo sucedido, pero al contrario que en la supuesta explotación de los menores en una finca, al ser un hecho anterior esta persona no grabó al presidente de la COAG y, además, el curso no se llegó a ejecutar.
El Gobierno canario pagó en la anterior legislatura 2,5 millones a Hernández
El Gobierno de Canarias, el 'Pacto de las Flores', pagó 2,5 millones de euros al presidente de la COAG, Rafael Hernández, para el mantenimiento de los menores inmigrantes.
Según ha podido averiguar CANARIAS7, la Dirección General de la Protección a la Infancia y las Familias, que encabezaba Iratxe Serrano, abonó 2,5 millones a Hernández entre los años 2021 y 2023 para los menores inmigrantes que acogía en el centro Tagoror, que gestionaba su hija.
El dinero iba dirigido a la integración, el mantenimiento de los centros, la alimentación y l mejora de las infraestructuras donde se alojaban estos chicos, que después eran utilizados por Hernández para trabajar en sus fincas agrícolas.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ya ha abierto diligencias previas de investigación para determinar si Hernández cometió un delito de trata con fines de explotación laboral. El centro arrancó en 2021 con un total de 40 menores. Ha llegado a albergar hasta 142. Aunque los hechos denunciados afectan a diez menores migrantes que fueron localizados trabajando en las fincas de Hernández de forma irregular, la investigación determinara si pudieran ser más los utilizados por el presidente de la COAG, que ha ostentando este cargo durante los últimos veinte años.
Esta misma semana, Hernández que niega los hechos, anunció su intención de dejar el cargo. Como apuntó ayer tras la celebración de ejecutiva de la COAG, integrada por varias personas más investigadas en este caso, adelantará a este año la asamblea regional prevista inicialmente para 2025. Antes de que salieran a la luz los hechos, Hernández preveía continuar al frente de la COAG.