No se verá por ahora, como ocurrió en otros desfalcos descubiertos, la imagen de la cámara tomando al puntero mientras extrae billetes de los cajeros automáticos con un paquete de tarjetas de débito. Aunque también hubo extracciones al estilo Julio "Chocolate" Rigau, la investigación se afianzó por los movimientos de dinero que se hicieron online, sistemáticos, inescrupulosos: múltiples transferencias, depósitos, pagos de servicios personales, compra de dólares y hasta inversiones. Parte de la plata de la estafa, la reinvertían.
La mecánica de los casos de corrupción en el Senado bonaerense es la misma que la de los últimos detectados. La diferencia ahora radica en que por primera vez se tienen nombres y apellidos de quienes son acusados e imputados penalmente de estar al frente de la millonaria maniobra: una senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, segundo mandato, y dos de sus asesores. Como "coautores", están acusados del delito de "defraudación contra la administración pública".
Se trata de Flavia Delmonte, una senadora provincial del Partido de la Costa, guía de turismo, profesora de tenis, radical, concejal en 2015, electa senadora en 2017 y reelecta en 2021, y su asesor Kevin Alan Razimoff y el empleado de la Cámara de Diputados bonaerense Gonzalo Javier Torrijo Fuertes. Según la acusación, registraban ñoquis en el Senado y se quedaban con gran parte de lo que les asignaban como sueldo. Hay media docena de casos probados para la Justicia. La investigación se puso en marcha hace dos años y medio cuando una de estas personas denunció la maniobra.
Un juez pidió ahora el desafuero de la senadora, en tanto la Justicia avanzó en las acusaciones hasta pedir las indagatorias que iban a ocurrir lunes y martes de esta semana, pero los abogados defensores de los acusados pidieron tiempo para poder ver la causa y se postergaron.
En el llamado a indagatoria, el fiscal Mario Rafael Pérez, de la UFIJ 4 de Dolores, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, sostuvo que "sin poder precisarse fecha exacta, pero entre los meses de febrero de 2019 y al menos hasta diciembre de 2020", la senadora provincial Flavia Delmonte, en forma conjunta y coordinada con su asesor Kevin Alan Razimoff y con el empleado de la Cámara de Diputados de la Provincia Gonzalo Javier Torrijo Fuertes, "desplegaron maniobras tendientes perjudicar a la Administración Pública Provincial, consistente en hacer incorporar como empleados administrativos al Senado Provincial a personas que no cumplían sus funciones", a ñoquis.
Uno de estos supuestos empleados del Senado, Tamara Yanina Arce, fue quien hizo la denuncia a mediados de 2021. Luego, al indagar en las cuentas, el fiscal detectó otros cinco casos. Entre ellos hay un maestro mayor de obras de Mar del Tuyú, una comerciante de Pinamar, una vecina de Punta Lara, un abogado de Mar de Ajó y otra legisladora, en este caso, concejal de Mar del Plata: es Marianela Romero, presidenta del bloque de la UCR. Los cinco fueron citados a prestar declaración "informativa".
Estas personas, acusa Pérez, "fueron designadas a cambio de resignar parte de sus haberes en favor de los dos últimos mencionados, realizando o permitiendo realizar transferencias de dinero en favor de aquellos, quienes obtuvieron de esta manera un beneficio patrimonial indebido, con perjuicio para las arcas de la administración Pública de la Provincia de Buenos Aires".
Con la prueba que recolectó la fiscalía, el juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, quien en estos días subroga al juez Diego Olivera Zapiola, del Juzgado de Garantías 4 de Dolores, avaló la investigación y pidió formalmente el desafuero de la senadora Delmonte a la Cámara de Senadores de la Legislatura bonaerense.
"¿Cómo puede el Sr. agente fiscal requerir la elevación a juicio de las actuaciones y conformar un grado de certeza si se ven limitadas las líneas investigativas por la indemnidad que goza un legislador?", se pregunta Mancinelli. Es así que sostiene que si se cuentan con los elementos suficientes como para citar a indagatoria al legislador, corresponde la admisibilidad de la solicitud, el desafuero. La causa fue remitida a la Legislatura.
Mecanismo "chocolate" en modo online
"Está probado que se operaba desde los IP de las terminales de la senadora y de su asesor Razimoff, hay muchísima prueba en el expediente, por ejemplo de qué cuentas y a cuáles se transfería el dinero, qué pagaron con esa plata -impuestos de la casa de los padres de Delmonte, la patente de su auto-, y cada vez que compraban en nombre de los ñoquis el cupo de doscientos dolares. Luego, también, en qué plataformas invertian, como Invertir Online y BTC Trade SRL", explica a Clarín el abogado Rodrigo Bonzo, quien representa a Yanina Arce.
En su escrito, el fiscal cita información bancaria "trabajosamente" recolectada, y en esa búsqueda dio con una perla valiosa para el expediente: revela que cierto día de mayo de 2020, de la cuenta de Arce se hicieron transferencias a Razimoff desde el home banking cuyo usuario era "flaviadelmonte2015" utilizando, entre otros IP, uno que corresponde a la Cámara de Senadores. Pérez cree que el que operaba la cuenta "prima facie" era el asesor de la legisladora.
"No soy ñoqui": el testimonio de la denunciante
"No soy ñoqui ni arrepentida", dijo a Clarín la denunciante Arce, y cuenta que en abril de 2019 fue Delmonte quien le propuso trabajar en un Centro de Atención Vecinal y cobrar como empleada del Senado. "Me dijo que iban a ser 31 mil pesos, de los que yo recibiría 10 mil más la obra social, que era lo que a mí me interesaba". Con cinco hijos, Arce en ese momento estaba desempleada.
Tres meses después la mujer enfermó -de una grave enfermedad que ya superó-, por eso le dijo a Delmonte que necesitaba los recibos de sueldo para presentar en IOMA, la obra social, "pero nunca me los dio". Así fue que ella misma fue a buscarlos al Senado bonaerense. Llegó hasta la tesorería, de donde la llamaron a la senadora: "Me hizo un escándalo por haber ido y dio la orden para que no me dieran nada. Le pedí que me diera de baja y me dijo que así lo había hecho, pero no".
"Un día me llaman del Banco Provincia y me entero que iba a sacar un crédito de 270 mil pesos en 72 cuotas. No yo, ellos desde el home banking. Porque no habían dado de baja la cuenta, seguían cobrando ellos, y con sueldo triplicado. En esos días a mi hijo le habían negado el IFE en la ANSES por la suma que yo cobraba, y yo no cobraba nada. No entendía. Investigué, pedí resumen de cuenta en el banco, y ahí estaba la cuenta y lo que ellos hacían, y los denuncié", narra Arce.
No hay fecha determinaba para la indagatoria. El abogado Bonzo pedirá que sea antes del 22 de marzo próximo, o que, en su defecto, se prohíba la salida del país a Kevin Razimoff, que a la madrugada de ese día prevé abordar el vuelo LA472 de LATAM que, previa escala en Chile, lo llevará a Madrid. El apuro del abogado radica en una presunción que no es infundada: Razimoff no tiene fueros como su jefa, y una vez que declare podría ser detenido.
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