El Gobierno de Canarias adjudicó un contrato de 1,3 millones de euros por mascarillas y material sanitario durante la pandemia a una empresa que no existía en dicho momento. La sociedad, Central de Sanitary Traders Spain SL, se constituyó tras saberse que el Servicio Canario de la Salud había aceptado el presupuesto presentado el 20 de abril de 2020, cuando gobernaba en la comunidad autónoma Ángel Victor Torres, actual ministro de Política Territorial.
Dicha sociedad cuenta como administrador único a Diego Luis Cruz de Mercadal, un empresario de Las Palmas que gestiona once empresas con actividades tan diferentes como el comercio al por mayor, la recogida de residuos, la fabricación de pesticidas o el diseño textil.
Según la documentación del Servicio Canario de la Salud a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el Gobierno de Torres formalizó en menos de 24 horas "el pedido según presupuesto 100/2020 de fecha 20 de abril de 2020 para 133.300 mascarillas quirúrgicas, 133.300 mascarillas FFP2 y 133.300 batas impermeables y antibacterias". El coste de dicho contrato ascendió a 1,3 millones de euros.
Sin embargo, en ese momento, la empresa a la que fue adjudicada el contrato no existía. El BORME no reflejó la constitución de Central de Sanitary Traders Spain hasta el día 18 de mayo de 2020, un mes después. La propia sociedad afirmó que el comienzo de sus operaciones fue el 21 de abril, un día después de que mandara el presupuesto que fue aceptado en horas por el Gobierno de Ángel Víctor Torres.
De hecho, en los documentos de la Administración canaria se recoge incompleto el nombre de la sociedad, refiriéndose a ella como Sanitary Traders Spain SL. También la Dirección General de Recursos Económicos tuvo que modificar a posteriori las cuentas del pedido, ya que existía un grave error en la multiplicación del coste unitario para lograr precio final de las mascarrillas FFP2 y de las batas impermeables.
Sin embargo, la cantidad recibida por esta sociedad apenas varió unos pocos miles de euros y se firmó la adjudicación por 1.318.337 euros.
Fechas y pedidos modificados
El Gobierno canario dividió finalmente el pedido de Central de Sanitary Traders Spain en seis contratos de 537.880 euros, 427.150 euros, 255.255 euros, 212.059 euros, 183.342 euros y 129.800 euros. Según los datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público, el dinero ingresado por la empresa no varió del presupuesto aprobado el 20 de abril de 2020 cuando no existía.
Además, el Gobierno de Ángel Víctor Torres modificó la fecha en tres de esos contratos, señalando que se aceptaron los presupuestos el 30 de junio, el 4 de noviembre y el 10 de diciembre de 2020. En realidad, las seis adjudicaciones a Central de Sanitary Traders Spain se concedieron en base al acuerdo del 21 de abril de 2020 y al presupuesto, de referencia 100/2020, enviado un día antes.
La publicación de las adjudicaciones en la Plataforma de Contratación no se llevó a cabo hasta mediados de 2021, más de un año después de que el Servicio Canario de Salud contratara con la empresa de Diego Luis Cruz de Mercadal.
Fuentes del actual Gobierno de Canarias, presidido por el popular Fernando Clavijo, consultadas por EL ESPAÑOL inciden en su "sorpresa" e "indignación" por la adjudicación a una empresa que no existía en el momento de la aprobación del acuerdo. El Ejecutivo afirma que continuará investigando este y otros contratos ante las posibles irregularidades cometidas durante la pandemia por el Gobierno anterior.
Dichas fuentes llegan a las mismas conclusiones que la investigación de este periódico. Debía existir una relación de confianza entre el dueño de la empresa, Diego Luis Cruz, y la Administración socialista para que confiara un pedido tan importante a una compañía que se creó ad-hoc para recibir esta adjudicación. Sólo así se explicaría que el Gobierno canario aceptara en horas un presupuesto de una sociedad desconocida y de la que escribió mal la denominación social en sus informes.
Otro punto a destacar es que cuando Canarias aceptó el presupuesto, Central de Sanitary Traders Spains no poseía de un Código de Identificación Fiscal (CIF) propio. De esta forma, se incumplió la ley, la cual, como todo el mundo conoce, obliga a que cualquier administración sólo pueda contratar con empresas que dispongan de un CIF.
La pasada semana el Gobierno de Pedro Sánchez aceptó retirar los fondos europeos que habían sido destinados a comprar mascarillas para la trama del caso Koldo. Hacienda comunicó a Bruselas que se debían "descertificar" los 11,7 millones de euros utilizados por Canarias y Baleares "por prudencia", debido a que estos fondos se utilizaron para comprar material sanitario de la red del exasesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y los hechos están siendo investigados por el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional.