Francela reconoció este lunes que ingirió voluntariamente pastillas con misoprostol, para interrumpir la gestación del bebé que esperaba, y después metió su cuerpo en un tupper que enterró en el cerro que corona la Cueva de la Tía Petra en Águilas. EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca donde se condena a esta adolescente, "como responsable criminalmente, en concepto de autora de un delito de aborto", por el que deberá responder "a la pena de multa, de 15 meses y 1 día, con una cuota diaria de 4 euros".
Esta joven, de 21 años, no tendrá que pisar la cárcel y su deuda con la Justicia quedará saldada abonando de una tacada 1.804 euros, durante los diez primeros días del mes de abril, así como las costas del proceso judicial. Sin embargo, puede que Francela (Águilas, 2002) ni siquiera pague la multa porque su abogada, Maribel Muñoz, ha solicitado que la declaren insolvente porque carece de recursos y propone que su condena por un delito de aborto se salde con trabajos en beneficio de la comunidad.
El contenido de la sentencia no dejará indiferente a nadie por tres motivos, a pesar de que la condena de Francela entra en lo previsto por el artículo 144 del Código Penal. El citado artículo contempla penas de prisión de cuatro a ocho años por el delito de aborto, pero si es consentido por parte de la madre y solo vulnera la conocida como ley de plazos de Zapatero, este delito se castiga con multas de 6 a 24 meses: "Para la mujer que produjere su aborto o consintiere que otra persona se lo cause, fuera de los casos permitidos por la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual, reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo".
La letrada Maribel Muñoz se muestra "satisfecha desde el punto de vista jurídico", ya que se trata de una "pena liviana" que "responde a los supuestos que recoge el artículo 144 del Código Penal". De hecho, la abogada avanza que Francela no pagará los 1.804 euros de sanción: "Al carecer de medios, existe el compromiso en ejecutoria de que se decretará que es insolvente y no abonará nada, debido a que ella está en paro, por lo que afrontará de 60 a 90 días de trabajos en beneficio a la comunidad".
El primer motivo del debate que puede despertar este fallo, obedece a una cuestión sociológica, debido a la concepción del derecho al aborto que existe en la Región de Murcia, gobernada por una coalición del PP y Vox, y donde el 79% de los ginecólogos manifiestan su objeción de conciencia a someter a las pacientes a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De hecho, la práctica habitual es derivar a las mujeres que solicitan una IVE a clínicas privadas cuya praxis ha sido objeto de numerosas críticas.
El segundo motivo por el que este fallo puede provocar reacciones en los colectivos provida, se debe a las truculentas circunstancias que rodearon a esta interrupción del embarazo que se practicó Francela. Esta joven vulneró la ley del aborto, debido a que la interrupción voluntaria es libre dentro de las 14 primeras semanas de gestación, incluso se puede ampliar a 22 semanas por causas médicas, pero el fallo revela que había rebasado esos plazos cuando enterró a su bebé con un tupper en el cerro de la Cueva de la Tía Petra en Águilas. Todo ello, tras atiborrarse de pastillas y ocultar a su pareja el cadáver del bebé, metiéndolo en el cajón de un armario.
"De acuerdo con el informe de la autopsia, el feto se encontraba entre la semana 23 y 27 de gestación, habiéndose producido su muerte por anoxia cerebral, es decir, al no poder realizarse el aporte de oxígeno a través de la placenta, ni tener los pulmones suficiente madurez para cumplir su función fuera del vientre materno", según expone la sentencia dictada por la magistrada Carmen Berta Romero.
El tercer motivo de debate, lo acaparan las circunstancias sociales que rodean a la decisión adoptada por Francela, cuando metió el cuerpo de su bebé en un tupper y lo enterró un jueves 18 de febrero de 2022, tras haber interrumpido su embarazo "tomando cuarenta pastillas" con misoprostol. Así lo explicó ella misma a EL ESPAÑOL, solo nueve días después de ser detenida por la Guardia Civil, a raíz de que unos ciudadanos marroquíes desenterraran el tupperware cuando paseaba por la Cueva de la Tía Petra, poniendo a esta veinteañera en la diana de la Justicia.
"Mi clienta ha reconocido los hechos porque en ese momento era joven, inexperta, y no había una intencionalidad de acabar con la vida del feto fuera de los plazos que marca la ley", según reflexiona la abogada Maribel Muñoz. "Ella ha asumido las consecuencias de sus actos".
Francela pasó una infancia marcada por la ausencia de su padre y los pocos recursos económicos de los que disponía su madre, dejó los libros al terminar Primaria, padece anemia, y jamás ha salido del paro porque ni le concedieron plaza en un curso público de peluquería. El historial de su pareja era más duro: sufrió malos tratos de pequeño, debido a que su madre era bipolar. De modo que los Servicios Sociales le quitaron la custodia a sus padres y acabó bajo la tutela de su abuela.
La pareja de Francela dejó el instituto sin acabar la ESO y trabajaba eventualmente de jornalero. En febrero de 2022, los dos veinteañeros ya tenían una hija, sobrevivían con apenas 700 euros al mes, y el único techo del que disponían era la casa de la abuela del cabeza de familia, en una zona marcada por la exclusión social -en el extrarradio del término municipal de Águilas-. Esa era la cruda realidad social que rodeaba a esta madre adolescente y que al enterarse de que esperaba un segundo hijo, optó por provocarse un aborto sin decirle a su chico que estaba embarazada.
Cuando la Guardia Civil arrestó a Francela en febrero de 2022, esta joven quedó en libertad como investigada, a la espera de ser juzgada. "El feto no estaba dentro de los parámetros como para considerar lo sucedido como un homicidio", según explica Maribel Muñoz, la abogada que ha acompañado a la joven durante todo en este proceso. "Ella estuvo mal a efectos de salud por aquel aborto". La joven concedió una entrevista a este diario para aclarar lo sucedido, a la vista de la consternación que generó el caso en todo el país. Estas fueron algunas de sus explicaciones:
- ¿Qué explicación le ofreció a la Guardia Civil cuando la detuvieron este jueves por enterrar a su hijo en un tupper?
- Francela: Hace seis meses no me llegaba el periodo. Entonces, llamé a mi médico de cabecera y le pedí un análisis de orina para comprobar si estaba embarazada. Durante la espera para recibir la cita del análisis, tuve un sangrado, y creí que me bajó la regla. De forma que ya no volví al médico porque no estaba embarazada. Luego sumé dos meses de faltas, decidí hacer un test de embarazo, dio positivo, y pedí cita con una trabajadora social del Centro de Salud para consultar los métodos para interrumpir el embarazo.
Ella me dijo que por debajo de las doce semanas podía abortar con medicamentos, y como yo creía que solo estaba de siete semanas, fui a una farmacia, y por 13 euros compré misoprostol para abortar por mi cuenta.
- ¿Acudió a su centro de salud a pedir consejo a un facultativo antes de consumir misoprostol?
- No sabía que estaba embarazada de seis meses, creí que estaba de semanas. Pensé que no sería peligroso y no fui al médico. Me tomé cuarenta pastillas.
- ¿Qué le ocurrió con semejante dosis de fármacos?
- A las tres de la madrugada del jueves, comencé a tener muchos dolores de barriga por las patillas y fui al baño porque no aguantaba más. Me senté en el váter y tuve el aborto. Yo pensaba que iba a salir un feto, o un coágulo, porque creía que estaba embarazada de poco tiempo, pero no esperaba que iba a salir una criatura de varios meses.
- ¿Comprobó si el neonato respiraba o tenía pulso?
- El bebé nació muerto
- ¿Por qué decidió enterrarlo en la cúspide del cerro que corona la Cueva de la Tía Petra?
- Emocionalmente estaba destrozada. En el cementerio piden una partida de nacimiento, allí no podía enterrarlo sin papeles, y encima, mi pareja no sabía lo que había pasado. No lo iba a quemar ni a tirar a un contenedor de basura para hacerlo desaparecer. Busqué un sitio donde creí que no pasaría nadie, por eso decidí enterrarlo en lo alto de la Cueva de la Tía Petra, para saber dónde estaba mi hijo, para que descansara en paz, y poder llevarle flores de vez en cuando. Estuve una hora cavando con un palo que encontré y puse unas piedras encima, improvisando la tumba.
Dos años después de lo sucedido en la Cueva de la Tía Petra, este lunes, Francela se sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Lorca, para reconocer su delito de aborto, y cerrar un pacto con la Fiscalía que se tradujera en una condena en forma de multa. El juicio solo duró diez minutos y la veinteañera se limitó a responder que 'sí' admitía el relato de hechos probados que figura en la sentencia:
"Resulta probado, y así se declara por conformidad expresa de las partes, que la acusada Francela, mayor de edad, y sin antecedentes penales, conociendo que se encontraba gestante, acudió el día 14 de febrero de 2022 a la trabajadora social del Centro de Salud de Águilas Sur, donde se le facilitó toda la información y recomendaciones para realizar la interrupción del embarazo, informándola del procedimiento a seguir, bien aborto farmacológico, o bien quirúrgico, dependiendo de si el embarazo era inferior o superior a siete semanas", tal y como recoge el fallo.
"Asimismo, se le requirió para acudir previamente a la matrona a efectos de determinar las semanas de gestación. No obstante, la acusada, conociendo que se encontraba gestante de más de 7 semanas, el día 16 de febrero de 2022, con ánimo de interrumpir el embarazo, ingirió pastillas que contenían misoprostol, adquiridas previamente en la farmacia".
"Dicho tratamiento provocó el fallecimiento del feto y su expulsión la madrugada del día 17 de febrero de 2022, lo cual se produjo en el domicilio de la acusada. Tras ello, la acusada enterró el feto en el paraje de la Cueva de la Tía Petra de la localidad de Águilas, donde fue descubierto por unos excursionistas el día 18 de febrero de 2022".