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Internacional
viernes, 08 marzo 2024 | 12:01
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Durante más de una década, Juan Orlando Hernández ejerció el poder en Honduras, primero como miembro del Congreso, luego como líder de ese órgano y finalmente como presidente de la nación.
El viernes, un jurado estadounidense del Tribunal Federal de Distrito declaró a Hernández culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer y conspirar para poseer "dispositivos destructivos", incluidas ametralladoras.
Durante su primera campaña presidencial en 2013, Hernández, miembro del derechista Partido Nacional de Honduras, se presentó como un candidato de la ley y el orden que podría detener la epidemia de drogas y delincuencia que había asolado el país.
Pero según los fiscales de Estados Unidos, Hernández estaba aliado con las mismas fuerzas a las que pretendía oponerse. Una serie de testigos declararon durante un juicio por conspiración en Manhattan que el éxito político de Hernández se alimentaba de las ganancias de la droga que le canalizaban los traficantes de cocaína, a los que trataba como socios comerciales.
Los fiscales han afirmado que Hernández recibió millones de dólares de organizaciones de traficantes de Honduras, México y otros países, incluido Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, capo mexicano de la droga y antiguo líder del cártel de Sinaloa. A cambio, añaden los fiscales, Hernández permitía que grandes cantidades de cocaína pasaran por Honduras de camino a Estados Unidos.
Se jactaba de "meter la droga en las narices de los gringos", según los fiscales estadounidenses.
Las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio de Hernández pintaron un panorama desolador de un país en el que las drogas y la política llevaban mucho tiempo entrelazadas y en el que la gente que trabajaba en política exigía y aceptaba sobornos de forma rutinaria.
Las filas de bancos de la sala del juicio se llenaban cada día de hondureños que decían haber venido a ver al Sr. Hernández enfrentarse a un proceso judicial del tipo que algunos dudaban que pudiera haber tenido lugar en su país de origen.
Algunos de esos espectadores se rieron burlonamente cuando el Sr. Hernández, vestido con un traje oscuro de corte ejecutivo, declaró cerca del final del juicio, insistiendo en que no tenía ninguna relación con el narcotráfico y que los testigos que habían declarado lo contrario eran "mentirosos profesionales".
Un abogado defensor amplió esa idea durante su alegato, repasando una lista de delitos -incluidos un total de 224 asesinatos- asociados a varios antiguos traficantes que subieron al estrado como testigos del Gobierno.
"Se trata de un elenco de personajes que nunca se ha visto antes y que no se volverá a ver mientras se viva", dijo el abogado, Renato Stabile. "A lo largo del juicio estas personas les han dicho que eran unos mentirosos. Les han dicho que eran asesinos".
Pero el fiscal, Jacob H. Gutwillig, dijo a los miembros del jurado que el Sr. Hernández había aceptado "sobornos alimentados con cocaína" de los cárteles y "protegido sus drogas con todo el poder y la fuerza del Estado: ejército, policía y sistema judicial."
Aunque los ex dirigentes extranjeros a veces van a juicio en Estados Unidos, no suelen ser procesados por delitos relacionados con las drogas. El paralelo más cercano al Sr. Hernández es el general Manuel Antonio Noriega, antiguo dirigente de Panamá, que en 1992 fue declarado culpable en un tribunal federal de Miami de permitir que el cártel de la droga de Medellín enviara cocaína a través de su país a Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos.
Cuando Hernández dejó la presidencia en 2022, era una figura profundamente impopular en Honduras. Su administración había hecho poco por mitigar los efectos de la delincuencia o por crear una economía estable, lo que llevó a muchos ciudadanos a abandonar el país. La sucesora de Hernández en la presidencia, Xiomara Castro, le acusó de haber convertido el país en una "narcodictadura", y miles de hondureños celebraron su extradición a Nueva York tres meses después de dejar el cargo.
El juicio del Sr. Hernández fue relativamente sencillo, basado principalmente en el testimonio de testigos, entre ellos un investigador de drogas hondureño y los antiguos traficantes, incluidos dos hombres que dijeron haberse declarado culpables de delitos graves y se enfrentan a posibles cadenas perpetuas en prisiones estadounidenses.
El investigador, Miguel Reynoso, declaró que estaba presente cuando las autoridades hondureñas dieron el alto a un grupo de vehículos con compartimentos ocultos y encontraron armas de fuego, granadas y casi 200.000 dólares en moneda estadounidense envueltos en plástico. Las autoridades también encontraron cuadernos con las iniciales del Sr. Hernández que, según los fiscales de Manhattan, detallaban transacciones de drogas.
El Sr. Reynoso testificó que los cuadernos fueron colocados en bolsas de plástico selladas y que las llevó, con los sellos intactos, a los fiscales en Estados Unidos en 2019.
Entre los ex traficantes que subieron al estrado se encontraba Amílcar Alexander Ardón Soriano, quien declaró que había sido alcalde del municipio de El Paraíso mientras traficaba con drogas, había participado en torturas y asesinado a dos personas, y que era responsable de la muerte de más de 50 más. Dijo que había pedido a legisladores a los que había sobornado previamente que votaran a favor del Sr. Hernández como presidente del Congreso hondureño. A cambio, dijo el Sr. Ardon, el Sr. Hernández prometió protegerle de los fiscales.
El Sr. Ardon añadió que entregó 500.000 dólares procedentes del narcotráfico a la campaña presidencial del Sr. Hernández en 2013 y que había sobornado a personas en El Paraíso para que votaran por él. También dijo que tenía entendido que El Chapo había acordado proporcionar a esa campaña un millón de dólares.
Devis Leonel Rivera Maradiaga, antiguo líder de la brutal banda hondureña Los Cachiros, fue probablemente el testigo más notorio que subió al estrado. Empezó a trabajar en secreto con las autoridades estadounidenses hace una década y admitió estar implicado en la muerte de 78 personas, entre ellas dos periodistas y un funcionario que ejercía de zar antidroga de Honduras.
En 2012, el Sr. Rivera testificó que había sobornado al Sr. Hernández con 250.000 dólares entregados a su hermana, Hilda, a cambio de protección para los Cachiros.
A la pregunta de un abogado defensor sobre si sentía algún remordimiento por las personas a las que había hecho daño, el Sr. Rivera respondió que se arrepentía de todo lo que había hecho como miembro de lo que denominó "una banda peligrosa", incluido el pago de sobornos a policías y políticos "corruptos".
"Deberían haber intentado atraparnos", dijo, y añadió que en lugar de eso "se aliaron con nosotros".
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