A la fecha, según un informe de la Contraloría General de la República, se han formalizado cerca de 1'700.000 hectáreas de tierras en el país desde 2016, de una meta de 7'000.000, logrando beneficiar a 51.522 familias.
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Esas entregas se han venido realizando en el marco de la implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de la Propiedad Rural (PNFMPR), que es clave para el cumplimiento de los acuerdos de paz de La Habana de 2016 y cuya tarea está hoy en manos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que hasta hace poco estaba en cabeza de Gerardo Vega, quien salió de la entidad en medio de graves señalamientos que ya son investigados por la Procuraduría.
El informe denominado 'Evaluación de cuellos de botella en la implementación del Plan Nacional de Formalización Masiva de Propiedad Rural (PNFMPR)', realizado por la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, no alcanzó a abordar los señalamientos por supuestos sobrecostos de la administración de Vega, pero sí encontró fallas que podrían estar afectando los procesos para garantizar la entrega de tierras en Colombia, cuyo fin es "favorecer a campesinos, comunidades étnicas y población afectada por la violencia y la pobreza, formalizar la propiedad rural, promover una distribución equitativa de la tierra y garantizar seguridad jurídica".
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Inicialmente, el informe habla de avances relativamente importantes, como la destinación de recursos del presupuesto de la Nación por más de 200.000 millones de pesos, y luego relaciona las talanqueras detectadas. El primer cuello de botella, dijo la Contraloría, se da por las inconsistencias que hay en el Registro de Sujetos de Ordenamiento de la Propiedad Rural (Reso), a donde entran las personas que se quieren postular para formalizar su propiedad.
"Desde su creación, en 2017, el Reso ha recibido 879.945 solicitudes, y un 83 por ciento han sido incluidas como potenciales beneficiarios de adjudicación y formalización de tierras y un 18 por ciento no han obtenido respuesta. Sin embargo, el 81 por ciento de las solicitudes se encuentran en la primera etapa del proceso", dice el informe tras cuestionar que esto "luce como una inconsistencia ya que se esperaría que alguien plenamente incluido hubiese superado todas las etapas".
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Adicionalmente, hay inconsistencias en las solicitudes en el Reso, el 89 por ciento carece de puntaje, el 7 por ciento se encuentra sin información y el 5 por ciento tiene puntajes superiores al máximo establecido.
Aunque las víctimas de la violencia llevan años esperando la formalización de las tierras, se encontró que hay solicitudes de inclusión en el Reso que llevan 1.254 días de espera y algunas suman más de tres años sin obtener una respuesta. "Y, por otro lado, aquellos que fueron admitidos deben esperar un promedio de 670 días (22 meses) para la expedición de la resolución de inclusión en el Reso", se lee en el informe.
La Contraloría señaló que esta situación es un desafío de gestión interna que enfrenta la ANT y evidencia la ineficiencia del actual sistema.
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Se encontró que la mayoría de predios ofertados para compra por parte del Estado se localizan en municipios de categorías rural y rural disperso y son de gran tamaño; "su precio es bajo en comparación con los municipios más urbanos, debido a que carecen de una adecuada disponibilidad de bienes y servicios, necesaria para el desarrollo de proyectos productivos eficientes". Esto iría en contra del espíritu de la política de tierras que apunta a que los beneficiarios puedan encontrar en las tierras la oportunidad de ser productivos.
Otras de las talanqueras, a juicio de la Contraloría, están asociadas a la herencia que dejaron el Incora y el Incoder y que siguen presentes en el proceso de adjudicación. Se detectó, por ejemplo, que en las bases de datos, que hoy están a cargo de la ANT y corresponden a información desde 1990 a la fecha, "no existe cifra alguna para los años 1991, 1993, 1994, 1995, 1999 y 2004, se trata de un grave vacío de información".
Además, entre 1990 y 2003, el Incora no gestionó más de 40 folios de matrícula inmobiliaria por año; a partir del 2004, el Incoder gestionó un promedio anual de 781 folios: "Luego, desde el año 2016, la ANT gestiona miles de folios anuales (10.822 folios en el 2021), superando ampliamente a las entidades.
Redacción Justicia
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