En menos de quince días la coyuntura política española ha cambiado drásticamente. Hace poco más de dos semanas, Alberto Núñez Feijóo estuvo a punto de poner en riesgo la victoria del Partido Popular en Galicia. La prensa conservadora de Madrid lanzaba no pocos dardos contra el líder del PP por haber autorizado la publicación de unas declaraciones atribuidas a "altas fuentes del partido" en las que se aceptaba la posibilidad de un futuro indulto a Carles Puigdemont si este regresaba a España, se sometía a la justicia y expresaba arrepentimiento. "Este PP no tiene ni media bofetada", se escribió aquellos días. Un resultado electoral desfavorable le podía haber costado el puesto a Feijóo. Al final, la poderosa maquinaria del PP gallego hizo su trabajo, con la ayuda de una equivocada estrategia electoral de Pedro Sánchez, que contribuyó a movilizar a sus adversarios: 40 diputados, mayoría absoluta consolidada.
Dos semanas después, Pedro Sánchez se halla en un serio aprieto. Es su peor momento político desde que en 2018 consiguiera ser elegido presidente del Gobierno con el apoyo de la mayoría del Congreso en la moción de censura a Mariano Rajoy. La detención de un antiguo asesor y ayudante del ex ministro José Luis Ábalos ha abierto una dolorosa brecha en la credibilidad del 'nuevo' PSOE. No es el primer asunto feo al que debe hacer frente Sánchez durante su mandato, pero sí el primero que afecta a personas que formaron parte del grupo impulsor de su candidatura en las ya legendarias primarias socialistas de la primavera del 2017. Una rueda del Peugeot ha pinchado y puede haber más averías.
La Audiencia Nacional, jurisdicción especial creada el día después de la disolución del Tribunal de Orden Público en 1977, órgano centralizado en Madrid con jurisdicción en todo el territorio español para perseguir los delitos de terrorismo, narcotráfico, falsificación de moneda y otros delitos económicos, ordenó el pasado lunes la detención de Koldo García Izaguirre, inseparable asesor y ayudante del ex ministro de Fomento y Transportes, acusado del cobro de comisiones ilícitas tras haber facilitado una serie de contratos de la empresa Soluciones de Gestión con los ministerios de Transportes e Interior, y diversos gobiernos autónomos para la provisión de mascarillas médicas en el momento más duro de la epidemia, cuando había una grave carencia de este tipo de material en España y en toda Europa. Junto con Koldo García, antiguo escolta en el País Vasco que fue condecorado con la Cruz Blanca de la Guardia Civil años atrás, fueron detenidas otras tres personas, relacionadas con la trama, puestas en libertad con cargos.
Contratos de urgencia cuando en España no se encontraban mascarillas en las farmacias. No es el primer caso de esos contratos que mueve al escándalo, recordemos el contrato con la Comunidad de Madrid en el que actuó de comisionista Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Haber puesto en duda la moralidad del cobro de una comisión de 234.000 euros le costó el puesto a Pablo Casado, presidente del Partido Popular, durante los hechos de marzo del 2022 en Madrid. Finalmente la fiscalía Anticorrupción no apreció delito. Esa apreciación ha sido catalogada por la derecha española como una absolución moral: los hermanos de los presidentes autonómicos pueden cobrar comisión en contratos derivados de situaciones de emergencia si son cuidadosos con el formulario. Esa sería la doctrina.
La situación actual es distinta. Las comisiones habrían sido cobradas por un empleado público que actuaba como mano derecha e izquierda de un ministro del Gobierno de España, a la sazón secretario de Organización del PSOE. Ábalos dejó de ser ministro y número dos del Partido Socialista tras la remodelación ministerial del 2021 y fue repescado como diputado en las últimas elecciones generales. Nunca se conocieron los motivos por los cuales Pedro Sánchez prescindió de él hace tres años.
El boquete es de considerables proporciones y se ha visto agravado por la negativa de Ábalos a entregar su escaño tal y como se lo pedía el PSOE a modo de cortafuegos. Aún es pronto para determinar la profundidad real del caso y su recurrido judicial y político, pero no estamos ante un asunto menor, de ninguna de las maneras. Las investigaciones siguen su curso en un ambiente de gran nerviosismo y excitación en Madrid DF. (Madrid DF: el Madrid de los despachos y de los circuitos de poder). Es el primer jaque que turba la mirada de Sánchez en los últimos seis años.
El segundo jaque proviene del Tribunal Supremo. La Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por el juez Manuel Marchena, ha abierto diligencias contra el ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y contra el diputado del Parlament de Catalunya, Rubén Wagensberg (ERC),por un presunto delito de terrorismo, como supuesto dirigentes de la plataforma Tsunami Democràtic. En un alambicado auto judicial, el ponente designado por la Sala Segunda equipara las protestas convocadas por el Tsunami Democràtic (la principal de ellas, fue la ocupación de las terminales del aeropuerto de El Prat en octubre del 2019) a la kale borroka vasca, que en su día fue considerada una prolongación de la actividad terrorista de ETA. El ponente señala al ex presidente de la Generalitat como el "hombre de atrás" que lo dirigía todo. Puigdemont será investigado y podría ser llevado a juicio como terrorista, cinco años después de los hechos ahora investigados y siete años después de la gran crisis política de octubre del 2017. En España algunas causas judiciales duermen y se despiertan conforme evoluciona la agenda política. No es una opinión. Es un hecho comprobado.
Pedro Sánchez se halla en un serio aprieto
Esa imputación podría dificultar que les fuese aplicada la amnistía a Puigdemont, residente en Waterloo desde el 2017. y a Wagensberg, refugiado en Suiza desde hace unas semanas. La acusación también podría dificultar que Puigdemont volviese a ser candidato al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. En pocas palabras, Manuel Marchena, magistrado que presidió la sala que juzgó a casi todos los principales líderes del 'procés' (indultados hace ahora dos años), se reserva la carpeta Puigdemont ante la densa batalla jurídica que se avecina y que probablemente concluirá ante Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con sede en Luxemburgo.
Los dos jaques simultáneos pueden tener un efecto paradójico: facilitar la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, después de que fuese bloqueada por Junts per Catalunya hace un mes por considerarla insuficiente. Una decisión que causó perplejidad y malhumor en amplios sectores del nacionalismo catalán. Ha llovido algo desde entonces (muy poco en Catalunya, sometida a una severa sequía en buena parte de su territorio) y el Gobierno de Pedro Sánchez se halla hoy en una situación de mayor debilidad. No es una opinión. Es un hecho objetivo.
Al respecto, ayer se conoció el borrador de la resolución que pretende emitir la Comisión de Venecia (órgano consultivo del Consejo de Europa) después de su visita a España para examinar el proyecto de ley de amnistía. Esta Comisión, creada en 1991, para asesorar la democratización de los países del Este de Europa tras la disolución de la URSS, avala en sus líneas generales la ley de amnistía, considera legítimos sus objetivos de reconciliación social y política, crítica el trámite de urgencia, sin entrar a valorar la constitucionalidad del texto, y sugiera un debate más amplio y sereno al respecto. En pocas palabras, los comisionados defienden la amnistía como un instrumento jurídico legítimo y evitan meterse en el zarzal de la política española. El examen de la Comisión de Venecia fue solicitado por el Partido Popular a través del Senado.
Informe de coyuntura: doble jaque a Sánchez, un boquete peligroso en la carrocería del Gobierno cuando sólo faltan tres meses para las elecciones europeas, y la ley de amnistía un poco más cerca, sin guillotina veneciana.