El Ministerio de Capital Humano comenzará esta semana a licitar la compra de alimentos "destinados a mitigar las demandas de la población en situación de vulnerabilidad". Será a través de dos convenios que ya firmó con Naciones Unidas, por $20 mil millones: uno con el proyecto PNUD ARG 20/004 y otro con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
De esta manera el Gobierno de Javier Milei dejó atrás las "metodologías grises" que utilizaba la administración de Alberto Fernández para realizar este tipo de compras y quitó la intermediación de los dirigentes sociales y piqueteros. Fuentes oficiales también destacaron que se dará una "mayor transparencia en el proceso administrativo y de entrega de los productos a los sectores más necesitados".
El viernes, ante la Asamblea Legislativa, Javier Milei cuestionó en duros términos a la gestión del por entonces Ministerio de Desarrollo Social: "Absorbimos funciones que realizaban en forma no auditada, sin registro y sin control, las organizaciones sociales como la entrega de alimentos. Ahora sabemos exactamente qué pasa con cada bolso de comida que se reparte", expresó.
Sus palabras estaban basadas en una auditoría interna realizada por la cartera que conduce Sandra Pettovello -que publicó este medio- en la cual sobresalen sobreprecios de hasta un 500%; cartelización en las compras; direccionamiento hacia empresas y sociedades; y "falta de trazabilidad" en el destino de los alimentos que salían de los depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social hacia las organizaciones sociales que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y piqueteros de izquierda. El 80% de esos despachos "no fueron rendidos". Eso no quiere decir que no hayan llegado a destino, sino que no existe constancia a qué comedores fueron ni a cuántas personas asistieron.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) también detectó falta de trasparencia en la distribución de los alimentos y reclamó más "controles", algo que, según esos dictámenes, la administración anterior "no implementó".
Según pudo reconstruir Infobae a través de fuentes oficiales, las compras de alimentos implementadas por Pettovello "tienen grandes ventajas" si se comparan con la metodología utilizada por el ex Ministerio de Desarrollo Social durante los últimos cuatro años.
La lógica de los funcionarios de la Libertad Avanza es "romper" con esa metodología, hacerla trasparente y que los insumos lleguen de manera directa a los sectores más vulnerables, quebrando parte de "la tercerización que se realizaban a través de los "gerentes de la pobreza", tal las palabras utilizadas por Milei el viernes.
Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, que actúa bajo la órbita de la cartera de Capital Humano, "los procedimientos de compra son publicados ampliamente, no solo en las gacetas oficiales, diarios de amplia circulación, sino también en los portales web del Proyecto, de amplia difusión y consulta, lo que asegura una extensa difusión y una mayor concurrencia".
El 8 de febrero pasado, Pettovello anunció la firma de convenios por $20.000 millones para la compra de 5 millones de unidades de alimentos con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el marco de la ampliación del Programa de Abordaje Comunitario.
La licitación, que se publicará esta semana, es por tres millones de unidades de "leche en polvo, arroz y fideos", un millón cada una.
En cambio, a través del convenio firmado con la OEI se licitará la adquisición de 1.650.555 botellas de 900 ml de aceite de girasol, que tienen como destino los depósitos de Villa Martelli en Buenos Aires y Tucumán y la misma cantidad de paquetes de lentejas de 400 gramos que tienen el mismo destino.
Proceso de compra
Según detallaron a este medio los funcionarios encargados de llevar adelante la licitación, "este proceso de compra de alimentos que tramitará a través del documento IAL N° 01/2024, ha sido diseñado para favorecer la más amplia concurrencia de proveedores, no solo grandes sino también pequeños y medianos, garantizando la obtención de las mejores cotizaciones de precios posibles y disipando amenazas de fracaso del proceso, como las que ya se observaron en licitaciones similares del ejercicio anterior".
Esta es una diferencia significativa a los desarrollados durante la gestión de Alberto Fernández donde, según la auditoría interna, "permitió favorecer a determinados intermediarios, adjudicándose productos a precios inflados, con el consecuente perjuicio al erario público". "En el gobierno anterior todo el proceso de adquisiciones estaba viciado", opinaron desde Capital Humano. Y agregaron: "Se hacían negocios comprando mal".
Para evitar la "cartelización" en las adjudicaciones, las nuevas compras se estructurarán "por lotes o renglones que puedan adjudicarse de manera autónoma, evitando que la eventual escasez de un producto afecte la integridad del proceso de compra; o que los lotes pueden cotizarse parcialmente, con un mínimo del 20% del total de cada uno, asegurando que, ante una posible escasez en el mercado de algún producto, no se afecte la compra de la mayor cantidad posible de ese producto."
También se tendrá en cuenta que "la evaluación se haga por precios unitarios, comenzando por las ofertas de menor costo unitario, que se adjudicarán hasta las cantidades cotizadas por el proveedor de menor precio. En los casos de cotizaciones parciales de lotes, la cantidad restante se adjudicará el proveedor con el siguiente menor precio unitario y así hasta completar la totalidad del renglón".
También se establece que: "Los oferentes que coticen el 100% de un lote no puedan retirar su oferta si otro proveedor, que cotizó parcialmente ese lote con un menor precio unitario, resulta adjudicatario de esa porción cotizada. De ese modo, se garantiza la existencia de ofertas suficientes para cubrir la totalidad de productos de cada lote".
"Adjudicación ágil"
En las últimas semanas las organizaciones sociales y piqueteras realizaron varias movilizaciones a los ministerios de Capital Humano y Economía para reclamar ante la falta de entrega de alimentos secos. Los alimentos secos no llegan a los comedores y merenderos comunitarios desde noviembre de 2023.
Los funcionarios de La Libertad Avanza le explicaron a los dirigentes populares que la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, última ministra de Desarrollo Social de Fernández, no dejó ninguna licitación en proceso y los depósitos quedaro vacíos o con alimentos vencidos o a punto de hacerlo. Para este año está presupuestado un billón setecientos setenta y siete mil pesos ($1.588.000.000.000) en alimentos para comedores comunitarios, escolares y otros programas alimentarios. A pesar de esas explicaciones los piqueteros continuaron con las protestas y se cortó el diálogo.
Según pudo reconstruir este medio por fuentes de la Casa Rosada, la duración del proceso de licitación, desde su convocatoria hasta la adjudicación, "está diseñado para ser ágil, completándose en un total de 30 días". Esta rapidez, entienden los funcionarios de La Libertad Avanza, "contribuye significativamente a reducir los riesgos asociados a la variación de precios y a garantizar una pronta respuesta a las necesidades alimentarias".
Una vez adjudicada la licitación, "las fechas de entrega de los alimentos son prontas, organizándose de manera que la recepción total de los productos se realice dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato".
Desde Capital Humano también se destacó que "la metodología empleada por el Proyecto PNUD conlleva a un ahorro sustancial por varios factores: baja del costo por componente financiero" dado que las compras están prefinanciadas por el Ministerio de Capital Humano, el pago a los proveedores se realiza de manera rápida, es decir dentro del mes de la entrega, lo que elimina los costos adicionales asociados a largos plazos de pago.