La Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares bajo mandato de la presidencia de la socialista Francina Armengol dio barra libre a que el Ejecutivo contratara la compra de material sanitario a la empresa de las mascarillas fraudulentas. Tanto las adjudicadas a la sociedad del caso Koldo como las contratadas «con cualquiera otra, se dedicara a lo que se dedicara: no hay requisitos». Así lo afirmó en un informe fechado el 2 de octubre de 2020, meses después de que se supiera que las mascarillas eran de peor calidad y más baratas que las FFP2 contratadas.
Con ese informe, la Abogacía del Govern de Armengol respondía, oficialmente, a las dudas que habían suscitado en la Oficina Antifraude los contratos suscritos durante la pandemia por el Ejecutivo autonómico liderado por la hoy presidenta del Congreso. Aunque la Abogacía es el servicio jurídico de la Administración autonómica, Armengol tenía al frente de ella a una afín: la ex diputada socialista Lourdes Aguiló, reubicada como jefa de la Abogacía que debía informar sobre la legalidad de los actos administrativos.
La sociedad vinculada a Koldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., jamás había suministrado antes material sanitario al Ib-Salut. Esa empresa cobró 3,7 millones de euros sin que el Govern analizara previamente el estado y calidad de los 1,4 millones de mascarillas que le había comprado, y que resultaron ser fraudulentas una vez pagadas.
La entonces directora de la Abogacía de la Comunidad, y ex diputada socialista, Lourdes Aguiló, respondió por escrito al director de la denominada Oficina de prevención y lucha contra la corrupción en Baleares que «en la tramitación de emergencia no hay requisitos legales para ser adjudicatario».
Tras reconocer el peligro que esto tenía, y las facilidades para que «terceros sin escrúpulos puedan haber hecho negocio durante la pandemia», Aguiló aseguraba, tres meses después de que se supiera que las mascarillas de Koldo eran fake, que «no hay ningún indicio de que ni el Ib-Salut ni la Conselleria de Salud y Consumo, ni ningún otro órgano de la Administración autonómica, hayan caído en manos de ningún desaprensivo».
Salió en socorro de Armengol
«Más bien ha sido lo contrario», aseguraba Aguiló en ese balance contractual del Govern durante la pandemia. «Los contratos se han cumplido, las cualidades de las remesas enviadas han sido comprobadas por la Conselleria y se logró llevar material sanitario a las Islas cuando era casi imposible hacerlo con éxito».
Con la trama del caso Koldo funcionando a pleno rendimiento en las fechas de ese informe, cuando las mascarillas fake ya habían sido primero pagadas y después ocultadas por el Govern de Armengol, primero en el clausurado Hospital de Son Dureta y después en una nave industrial del Polígono de Marratxí (Mallorca) donde caducaron en 2022, la Abogacía no dijo nada en todo lo referente a esta presunta estafa.
Por ello, la directora de la Oficina de la Abogacía indicaba expresamente a la Oficina Antifraude que, aunque quiera aplicar los controles de otros tipos de contratos como el negociado por imperiosa urgencia (que insistimos no es el mismo que la tramitación de emergencia), «no creemos que ninguna empresa China nos hubiera presentado ningún documento de los previstos en la Ley de Contratos, aunque reiteramos que no es exigible a la tramitación de emergencia».
En un tono de reproche evidente por la fiscalización realizada por la Oficina Antifraude a los contratos de Armengol durante la pandemia, Aguiló le pregunta incluso al director de este organismo, dependiente del Parlament, si creía que una buena solución debería haber sido «esperar a que el Ministerio nos proporcionara el material sanitario, en algún momento, y mientras tanto no atender a los afectados por la Covid o dejar que nuestros sanitarios se infectaran por no disponer de equipos de protección individual adecuados».
Pese a reconocer que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa Estatal ha recomendado que los contratos de este tipo relacionados con la pandemia sean publicados, por elementales razones de transparencia, «la Ley no lo exige y, si en plena crisis sanitaria el portal de transparencia no funcionó, no se deben buscar razones oscuras ni mucho menos insinuar que se han cometido graves irregularidades en su tramitación», indicó la Abogacía pública balear en socorro de Armengol.
Por ello, en el mismo informe reiteró que «ante todo, se trata de recomendaciones». Además, fue un paso más allá y, en un tono irónico, le reprochó al director de la Oficina, en aquel entonces Jaume Far, que ofrezca consejos a toro pasado: «Es muy fácil dar consejos sobre las contrataciones hechas por el Ib-Salut y por la Administración de la Comunidad Autónoma a posteriori; como ya decía Guillem de Bergadà, en el siglo XII, cuando la liebre ya huye pocos consejos al cazadores».