Con la firma del Procurador de la Nación Rodolfo Barra y el Ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona, avanzará en las próximas horas la presentación ante la Corte Suprema de Justicia con un pedido de per Saltum para que sea ella quien zanje el conflicto por la eliminación del Fondo Compensatorio del Interior con el que se le destinaban fondos a los subsidios del transporte.
Actualmente la ejecución de recorte se encuentra en suspenso luego que el Juez Federal de Rawson, Hugo Ricardo Sastre hiciera lugar a una medida impulsada por el Gobernador Chubutense Ignacio Torres. La medida autosatisfactiva apunta a una solución urgente en situaciones excepcionales de la cual el denunciante pueda acreditar una afectación por la demora en su resolución.
La respuesta de la Procuración del Tesoro fue prácticamente inmediata: le pidió a la corte que inhiba al Magistrado Sastre por entender que el máximo tribunal es quien tiene la competencia originaria para resolver el conflicto y además que la medida del juez instructor "implica afectar el principio de división de poderes y, también, la imposición de una limitación a las facultades del Poder Ejecutivo para que éste pueda llevar a cabo las políticas económicas que entienda más convenientes para el beneficio de la comunidad en su totalidad".
En esa línea, Barra apunta también a hacer caer el fallo de Sastre mediante un recurso de apelación de efecto suspensivo presentado ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia donde la cuestión estaría dividida.
Además, pidió el apartamiento del juez a quien le reprochó no haber pedido opinión al Estado Nacional para que pudiera ejercer su derecho a la defensa; este punto podría ser cuestionado porque precisamente no se trataba de una medida cautelar sino de una autosatisfactiva. Pero también hay que tener en cuenta que el planteo del gobierno es discutible puesto que los conflictos entre el estado nacional y cualquier provincia los resuelve el máximo tribunal del país.
Cuando en las próximas horas se avance con el recurso de salto de instancia, será la Corte, en principio, quien determine si lo acepta o no. Para ello tendrá que evaluar su viabilidad, como lo establece la ley, si la situación reviste de una notoria gravedad institucional de gran repercusión social.
Por ser un recurso legal excepcional, son contadas las veces que la Corte aceptó el "Per Saltum", siendo la última vez en plena pandemia cuando accedió tratar el traslado de los jueces federales Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli.
Sin embargo existe un llamativo antecedente de este recurso admitido por la Corte que tiene como protagonista al actual Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra quien durante el Gobierno de Carlos Menem ejerció como Ministro de Justicia. Su rúbrica estuvo al pie del pedido de "Per Saltum" de la llamada "Causa Dromi" que impulsó la privatización de Aerolíneas Argentinas donde una jueza de primera instancia frenó el avance y posteriormente el máximo tribunal, con otra composición avaló.
En tanto, el Gobierno sigue delineando su estrategia para encarar el otro frente abierto que tiene con la Provincia de Chubut: el cese de retención por la coparticipación donde el Juez Sastre también intervino y falló a favor de otra medida autosatisfactiva a favor del Gobernador Ignacio Torres.
La resolución judicial también tuvo fuertes críticas hacia el Estado Nacional al que calificó su obrar como irracional para la quita de fondos al tiempo que enfatizó que su postura para con la provincia de Chubut es intransigente e injusta.
Pero no todas las noticias no fueron buenas para Torres porque la justicia no hizo lugar al pedido de devolución de los 13.500 millones de pesos retenidos por la nación. Sin embargo el juez Sastre exhortó a ambas partes encausar el diálogo político al exhortarlos "a que arbitren medios conducentes tendientes a la cancelación y/o refinanciación de la deuda, en condiciones razonables"; un pedido que guarda cierta similitud al que hizo la Corte cuando convocó una instancia de conciliación entre representantes del Gobierno de Alberto Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta por la quita de fondos coparticipables que finalmente no prosperó.
Con este contexto no es ilógico pensar que la estrategia del Gobierno para esta segunda batalla judicial pueda guardar similitud a la primera: solicitar apartar al juez, apelar la medida y buscar llegar a la Corte de la manera jurídicamente más expedita. Si bien el último fallo tampoco no fue favorable al Estado Nacional, éste puede usarlo como ventaja para facilitar un posible avance con miras a otro posible requerimiento de per saltum.
Para ello tiene que apelar ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia y ver en qué términos el juez Sastre conceda dicha apelación, si con efecto suspensivo o devolutivo (si se le sigue reteniendo fondos o no).
La gran interrogante que surge por estas horas es si el Gobierno cumplirá con este último fallo, hasta el momento no fueron notificados de la decisión de la Justicia Chubutense. Toda vez que esto se concrete, el Estado podrá avanzar con la apelación. No obstante y de no cumplir con lo dispuesto por el Magistrado Sastre podría abrir la puerta a una eventual demanda por incumplimiento de un fallo judicial.