Entre las 20 reformas enviadas al Congreso de la Unión el pasado 5 de febrero está el plan de vivienda que plantea un nuevo esquema de construcción y acceso a la vivienda en beneficio de la juventud trabajadora, como parte del combate a la pobreza y para afianzar el estado de bienestar de los trabajadores y sus familias desde el inicio de su vida laboral.
Durante los gobiernos neoliberales, el Infonavit buscó terrenos baratos asegurando sólo las ganancias de las empresas constructoras con casas poco funcionales, lejos del núcleo urbano, con espacios reducidos donde familias enteras debían convivir en 27 metros cuadrados, con materiales de mala calidad, sin acceso a servicios básicos como electricidad, agua, transporte o calles pavimentadas, considerados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) como los principales indicadores de la pobreza en nuestro país.
Al final, estos asentamientos se incorporaron a los cinturones de miseria y pronto terminaron abandonados y vandalizados.
Todo esto, resultado de la construcción de viviendas que no estaban diseñadas para solucionar el problema del derecho a la vivienda; muy por el contrario, la política de vivienda estaba confeccionada a la hechura del negocio inmobiliario.
La iniciativa del nuevo plan de vivienda está diseñado para garantizar el derecho a la vivienda de la población para que ésta adquiera un patrimonio familiar y que al mismo tiempo se abata los indicadores de la pobreza, fortalezca la seguridad social e incida en la industria de la construcción, la cual tiene un efecto multiplicador en la economía y genera muchos empleos y, por tanto, mayor recaudación fiscal.
Este nuevo plan de vivienda regresa el sentido social al Infonavit, haciendo accesibles las viviendas, aún para los de más bajo ingreso. De esto trata esta reforma, que tiene como antecedente la del 2020 y la del 2023. La del 2020 modificó la ley para que los trabajadores pudieran adquirir los créditos directos, sin intermediarios y pudieran adquirir terrenos para construir sus casas conforme a sus necesidades. La del 2023, crea la incorporación voluntaria para que todos puedan acceder a los créditos de Infonavit, no sólo quienes estén afiliados al IMSS.
Este nuevo se basa en dos pilares, el primero es la construcción de miles de viviendas, 75 mil al año, cerca de los centros de trabajo y de satisfactores como hospitales, escuelas, guarderías, centros recreativos, etc., a costos accesibles, hasta 550 mil pesos, generando un millón de empleos.
El segundo pilar es el derecho del trabajador, enfocado en los más jóvenes, para que al año de cotizar en Infonavit puedan rentar una de estas viviendas construidas por el mismo instituto, que la renta no exceda el 30 por ciento de su salario; es decir, pagará menos quien menos gane. Después de 10 años, el trabajador tendrá el derecho de comprar la vivienda, tomando en cuenta lo aportado en rentas durante los 10 años.
El Infonavit podrá construir viviendas a bajo costo debido a que no busca el lucro y a su capacidad económica: esta iniciativa se financiará con parte del ahorro por concepto de cuotas que tiene el Infonavit, cerca de 800 mil millones de pesos.
Es importante que las y los trabajadores conozcan de esta iniciativa y las facilidades que tendrán de aprobarse, no sólo porque este derecho le permitirá la movilidad social en una sola generación. En otras palabras, ya no ocurrirá como en los gobiernos neoliberales, que quien nacía pobre, moría pobre, no más. También es importante conocer este plan porque, debido a las próximas elecciones en junio, la guerra sucia arrecia cada día más y como parte de esta guerra sucia, circula en redes sociales un video donde mienten diciendo que le quitarán las casas a la población para darlas en renta y después en venta.
Nada más que una gran calumnia.