«Hay facturas por obras y servicios de empresas que han trabajado con el Ayuntamiento de Garrucha que no tienen contrato», aseguró el portavoz y primer teniente de alcalde del municipio almeriense de Garrucha, Álvaro Ramos, tras conocer «las conclusiones de dos informes, uno de legalidad y otro económico», realizados por la empresa auditora Kreston Iberaudit para el periodo 2019-2022 y con «repercusiones bastante graves sobre lo que ha sido la gestión socialista de María López en los últimos años». La nueva coalición de Gobierno municipal encargó un «análisis externo» para conocer la situación real de un Consistorio con importes de tesorería «distorsionados», ya que «la anterior Corporación presentó unas cuentas con 4,7 millones de euros en positivo», cuando «en realidad son casi tres millones de euros en negativo».
Ramos advirtió de «que se llevarán a los tribunales los incumplimientos flagrantes en la ley de contratos públicos», después de «constatar» que «el 90 por ciento de los servicios carecían de soporte documental», incluso con «testimonios de los funcionarios municipales» que apuntarían que «los contratos se daban a dedo, no había procedimientos abiertos ni concursos» y que «las facturas eran presentadas directamente para ser aprobadas en junta de Gobierno, sin reparos de intervención, ni de tesorería, ni de nadie».
Se trata de «un enorme perjuicio para el resto de las empresas», lamentó el portavoz municipal, porque «no podían acceder a esas prestaciones de servicios» si no eran «cercanas a la órbita de la alcaldesa» y una fórmula de «gestión que habría hipotecado el futuro de Garrucha», también por «el aumento del gasto de personal de un 70 por ciento en este periodo». Y es que el informe de Kreston Iberaudit expone «saltos arbitrarios en las listas de las bolsas de empleo» y «contratos con trabajadores que no habían hecho ningún proceso de selección», que eran «prolongados hasta que se convertían en personal fijo o hasta funcionario».
Desde el equipo de Gobierno recordaron que «el presupuesto del Ayuntamiento se ha ido prorrogando desde 2018» y «se asumió una subida de personal sin tener crédito presupuestario». Así, la situación económica actual «no tendría nada que ver», según aseguró Ramos, «con la imagen de saneamiento financiero que quiso vendernos la exalcaldesa. Se habrían tenido en cuenta como ingresos «cuatro millones de euros anticipados de la adjudicación del servicio de aguas» o «un préstamo firmado por 3,71 millones de euros con el Ministerio de Hacienda para el pago a proveedores», para arrojar un «superávit de 4,72 millones de euros cuando en realidad el resultado real es deficitario, con un saldo negativo de casi tres millones de euros».
Así, el primer teniente de alcalde garruchero precisó que «cada vecino debe unos mil euros» tras un último mandato socialista que «pagó hasta un abogado con dinero del Ayuntamiento para defender los intereses de la exalcaldesa». De momento, todos estos extremos han sido negados por María López, que expresó en Onda Cero Almería que «se trata de una cortina de humo que quiere vender el Partido Popular, junto a dos tránsfugas expulsados de Izquierda Unida y un concejal de Vox», para «seguir con la historia que se inventaron de que el Consistorio funcionaba muy mal».
La que fuera regidora explicó que «nunca ha habido ningún reparo en las facturas», ni «informes en contra de ninguna contratación, ni por parte de intervención, ni de secretaría». De hecho, López aseguró que «todos los contratos tienen informes validados dentro de la legalidad y de la ley de contratos» y que el informe que se ha conocido sería «de parte, encargado y dictado a medida para decir lo que ellos quieran», con «datos erróneos o, directamente, falseados», porque «ellos mismos aprobaron la liquidación del año 2022 en pleno y nada coincide con estos planteamientos».
Mientras el Partido Socialista estudia acudir «a la justicia», si «el contrato para esta auditoría no se ajusta a la legalidad», así como si «las conclusiones del informe no son reales», López mantiene que «la estabilidad real presupuestaria de la localidad es de casi cuatro millones de euros en positivo» y que «el periodo medio de pago a proveedores ha sido de 15 días» en su periodo como regidora. En cuanto a su defensa contratada desde el Consistorio y tras una denuncia del actual primer teniente de alcalde cuando aún era miembro de la oposición, la exalcaldesa apreció que «es una situación prevista por la ley de contratos y que cubre toda la actividad» de un primer edil municipal.
Además, cabe destacar que el estudio publicado por Kreston Iberaudit menciona que los gastos de personal aumentaron de 3,32 en 2018 hasta los 5,66 millones de euros en 2022, lo que representa un importe de 565 euros por vecino al año, mientras que la media provincial en este sentido es de 350 euros por ciudadano.
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