La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que preside Ana de la Herrán, ha alertado hoy de que la propuesta de financiación singular para Cataluña -que implicaría la cesión del 100% de los impuestos- promoverá aún más la fuga de empresas de la autonomía, al sentirse desprotegidas en la conservación de sus derechos y crecientemente sometidas a la arbitrariedad fiscal. La suma de las que han emprendido este camino hasta la fecha se acerca a las nueve mil.
A su juicio, el fraccionamiento que supondría esta medida de la Agencia Tributaria, que hasta ahora ha cosechado -en su opinión- resultados muy exitosos, va justo en contra de todas las tendencias internacionales, y en particular de la política de la Unión Europea en su lucha contra el fraude a gran escala. Igualmente, degeneraría en el deterioro de los servicios al ciudadano, que observarían un retraso en las devoluciones del Impuesto sobre la Renta y de las ayudas.
La semana pasada, el Govern catalán planteó una propuesta de financiación singular para Cataluña por la que la Generalitat recaudaría la totalidad de los impuestos que se pagan en la comunidad autónoma, con un mecanismo de solidaridad interterritorial. Según han avisado desde la asociación de inspectores, la independencia fiscal de Cataluña supondría la desaparición de la Agencia Tributaria de ese territorio, con la consecuencia de su fraccionamiento y el inicio de un camino de transformación «irreversible» que tendría graves consecuencias en la aplicación de los tributos y en el combate contra la evasión de impuestos.
Los inspectores han explicado que existen tributos, como el caso del IVA, en los que su naturaleza hace imposible una gestión descentralizada del mismo. «Adicionalmente, las tendencias internacionales en dicho impuesto abogan cada vez más por una gestión en un solo país miembro y el reparto de recaudación entre los estados», remarca la asociación. Otros tributos se consideran «de muy difícil gestión a través de un consorcio», como los que recaen sobre el comercio exterior, el impuesto sobre la renta de no residentes y el Impuesto sobre Sociedades.
Los dos primeros por estar íntimamente relacionados con la actividad exterior del Estado y regulados por normas que no son nacionales, mientras que en el caso del Impuesto de Sociedades, las diferencias de gestión pueden implicar fácilmente deslocalizaciones. Los inspectores han insistido en que cualquier diferencia en la administración de tributos como Sociedades, el IVA o el Impuesto Especial de fabricación, incluidas las actuaciones de la Inspección, supondría un obstáculo para la libre circulación de mercancías y un «aliciente para que se produjeran situaciones de fuga de empresas».
En caso de que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptara las demandas de la Generalitat catalana, que no sólo defiende Esquerra Republicana, el partido del presidente Pere Aragonés -actualmente en funciones tras la convocatoria de elecciones generales anticipadas-, sino también la formación política del prófugo Carles Puigdemont el trasvase de la residencia fiscal de empresas que se produjo desde que se iniciara el llamado Procés en 2017 se acentuaría. Y la suma de las que ha emprendido este camino hasta la fecha se acerca a las nueve mil.
Los inspectores de Hacienda han explicado que la independencia fiscal que reivindica la Generalitat y otros partidos no está contemplada ni en la Constitución ni en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, ni en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Y su conclusión es que esta propuesta conculca los principios de igualdad de prestación de servicios mínimos esenciales y de solidaridad. «Esta independencia fiscal para Cataluña es inconstitucional», ha advertido la presidenta de la asociación de inspectores, Ana de la Herrán, durante una rueda de prensa para advertir sobre las consecuencias de la pretendida soberanía tributaria en aquella comunidad.
A su juicio, esta pretendida independencia fiscal no está contemplada en la Carta Magna. El plan planteado por el Govern catalán supone tener plena capacidad normativa en los impuestos y procedimientos tributarios, traspasar la gestión y recaudación de los tributos generados en Cataluña y disponer de la totalidad de recursos impositivos, que ahora controla la Hacienda central.
Según los inspectores, la cesión de la inspección de los tributos soportados en Cataluña plantearía muchos problemas, especialmente en los contribuyentes con un tamaño mediano o grande, en la medida en que realizan operaciones en todo el territorio español, o incluso internacionalmente. El problema se agrava cuanto el control se refiere a las empresas multinacionales, ya que la explotación de la información y las actuaciones de control debe ser ejercida con carácter nacional. Actualmente existen en España 124 multinacionales que facturan más de 750 millones de euros anuales y que tienen 14.700 filiales de las que 9.800 son extranjeras.
De acuerdo con medios consultados por OKDIARIO, la tendencia actual es sin duda la contraria al fraccionamiento de la Inspección de Hacienda, tanto por la lógica de la globalización en general como por las exigencias de los ámbitos europeos de decisión en esta materia, que exige en cierta medida Agencias supranacionales con información de las operaciones que realizan en todo el ámbito comunitario y mecanismos de control únicos o estrechamente coordinados.
Estas organizaciones ya han ensayado actuaciones conjuntas en relación a las conocidas "tramas" comunitarias para eludir el IVA, con evidentes dificultades, así que no es difícil adivinar cómo serian esas relaciones con múltiples administraciones. La tendencia debería ser justamente la opuesta, puesto que los fenómenos económicos son cada vez más globales y esa misma tendencia deben seguir las organizaciones que se dedican al control del sistema tributario.
Tampoco es un buen ejemplo a favor del fraccionamiento de la gestión de Hacienda los regímenes forales, porque son de sobra conocidas las dificultades de control que implica la existencia de varias administraciones fiscales en un mercado único. De acuerdo con los inspectores de Hacienda, por más acuerdos de colaboración que se firmen con diputaciones forales, si una determinada información no está en el sistema, no se usan las mismas aplicaciones o no se diseñan y desarrollan los procedimientos de control de manera integrada se pierde eficacia y se dan facilidades a quienes planifican actuaciones delictivas o de incumplimiento fiscal. De llevarse la cesión de impuestos a Cataluña, estos problemas se reproducirían también en dicho territorio.
Por otra parte, en el supuesto de cesión de los tributos a Cataluña, se verían perjudicadas actuaciones relevantes que efectúa el Departamento de Recaudación de Hacienda, como son las relativas a las acciones judiciales, que afectan a todo el territorio nacional. La consecuencia de todo esto es que resultaría muy difícil seguir la senda de «los brillantes resultados obtenidos por la Agencia Tributaria» en los últimos años, que solamente en las actuaciones de control de los tributos internos han ascendido a más de 15.000 millones de euros anuales, añaden los inspectores.