Periodista y activista social.
Diario El Mundo cerró la semana pasada su edición impresa, después de 57 años de publicación continua. Hace cuatro años, con la llegada de la COVID-19, Diario Co Latino también dejó de imprimirse. A la crisis "natural" de los medios tradicionales fuertemente impactados por el ecosistema digital, se suma una clara ofensiva estatal contra el periodismo salvadoreño por parte del gobierno autoritario de Nayib Bukele.
Por Leonel Herrera*
Diario El Mundo cerró la semana pasada su edición impresa, después de 57 años de publicación continua; y anunció que seguirá sólo con su versión digital. Hace cuatro años, con la llegada de la pandemia de COVID-19, Diario Co Latino también dejó de imprimirse y se quedó únicamente en las plataformas digitales. Ahora sólo circularán La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
El anuncio de Diario El Mundo no generaría ninguna suspicacia si no fuera porque, a la crisis "natural" de los medios tradicionales fuertemente impactados por el ecosistema digital, se suma una clara ofensiva estatal contra el periodismo salvadoreño por parte del gobierno autoritario de Nayib Bukele.
Ciertamente el dominio cada vez más omnipresente de las plataformas y las redes de internet representa enormes desafíos para los medios escritos. Una consecuencia de esto ha sido el cierre de las ediciones impresas de importantes periódicos en Estados Unidos, Europa y algunos países de América Latina, cuando sus lectores y -sobre todo- sus anunciantes se pasaron al ámbito digital.
Sin embargo, en El Salvador, la crisis de los medios se agrava debido a la hostilidad gubernamental contra el periodismo crítico y fiscalizador. Esta hostigamiento no sólo consiste en dar muerte civil a periodistas y medios mediante la descalificación y la estigmatización pública, el uso de las instituciones para perseguirlos y diversas formas de restringir su labor informativa; sino también ahogarlos económicamente, eliminando la pauta publicitaria estatal y presionando a los anunciantes privados.
En enero de 2023, la presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Angélica Cárcamo, declaró -en entrevista con Gato Encerrado- que varios periodistas y medios enfrentan "ataques o golpes de baja intensidad", uno de los cuales consiste en utilizar la publicidad oficial como premio o castigo y amenazar a empresarios para que no se anuncien en los medios no se someten a la agenda y la narrativa gubernamental.
Hace más de un año se cerró el Canal 33. Según denunció en su momento la APES, fue porque no tenía pauta publicitaria de instituciones gubernamentales y se quedó sin anunciantes comerciales; además, por supuestas presiones políticas contra la universidad privada que era la propietaria del referido medio televisivo.
Recientemente la abogada Lucrecia Landaverde denunció un acto de censura de Canal 21. Según dijo, una entrevista -en la que hablaría sobre la muerte macabra del asesor de seguridad presidencial en manos del Estado, Alejandro Muyshondt- fue cancelada repentinamente, porque el gobierno de Bukele amenazó con retirar la publicidad oficial si se aborda dicho tema en dicho medio televisivo del grupo Megavisión.
Negar la publicidad oficial y coaccionar empresas para que no pauten en medios críticos no es algo nuevo, es una vieja práctica que usaron los gobiernos de ARENA. Caso emblemático fue el boicot económico del ex presidente Francisco Flores contra Canal 12, en la época del entonces periodista Mauricio Funes. El ex gobernante arenero, incluso, intentó -a través de su homólogo mexicano Vicente Fox- que la cadena TV Azteca (dueña del medio salvadoreño en aquel momento) despidiera a Funes.
Con las radios comunitarias, además de no darles publicidad estatal, la estrategia es impedirles el acceso a las frecuencias radioeléctricas, a pesar de que -desde mayo de 2016- están legalmente reconocidas y la Ley de Telecomunicaciones obliga al Estado a otorgarles frecuencias y las exime de pagar por el uso del espectro electromagnético.
Por cierto, a inicios de este mes la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) anunció que ha concesionado parte del espectro radioeléctrico a la empresa Starlink para vender servicios de internet. El gobierno salvadoreño no entrega frecuencias a los medios comunitarios, pero sí al multimillonario ultraderechista estadounidense Elon Musk.
Es probable que a las emisoras de radio y los canales de televisión abierta, además de amenazarlos con quitarles la publicidad gubernamental, también se les chantajea con cancelarles las concesiones radioeléctricas si publican información crítica y se salen del guion propagandístico del gobierno. Posiblemente a eso también se deba el silencio de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) frente a las flagrantes violaciones contra la libertad de expresión.
Finalmente, volviendo a los medios de comunicación escritos, probablemente Nayib Bukele y sus secuaces buscan desaparecerlos para que sólo quede Diario El Salvador, medio de desinformación y propaganda estatal financiado con fondos públicos. La demanda millonaria contra el Diario de Hoy (y los posibles tentáculos oficialistas tras bambalinas) podría ser una señal.
En los manuales de acción política de los gobernantes autócratas y dictadores está escrito que cuando muere la democracia y el periodismo puede ayudar a resucitarla, también se debe asesinar -civil, económica, judicial y hasta físicamente si es necesario- a los periodistas y a sus medios.
Ojo con eso.
Periodista y activista social.