Con el paso de las horas, el presidente Gustavo Petro ha venido precisando cuáles serían los asuntos que buscaría reformar en el funcionamiento del Estado en una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
Uno de los más importantes y controversiales es la posibilidad de sacar adelante una ley de punto final para todos los actores ilegales, bajo el argumento de que en la actualidad hay un sistema judicial basado en la "venganza punitivista" y politizado.
El presidente plantea un sistema penal basado en la verdad para buscar la reparación de las víctimas y "lograr como fin máximo la reconciliación social como punto final de la era de la violencia". Sobre una eventual ley de punto final quedan grandes dudas sobre si contemplaría amnistías e indultos de crímenes de guerra o de lesa humanidad, lo cual activaría de inmediato la actuación de la Corte Penal Internacional.
A esto le suma lo que él llama "el cumplimiento del acuerdo de paz", en el que de nuevo incluye "la verdad como eje de la justicia", en lo que pareciera ser el camino para buscar la creación de un tribunal de cierre que esté por encima de la JEP y que beneficie a los máximos responsables de crímenes graves, incluyendo a los antiguos integrantes del secretariado de las Farc.
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Adicionalmente, dice el presidente que su propuesta de constituyente busca el cumplimiento del acuerdo de paz, por medio de la implementación de la reforma agraria y la inclusión del territorio.
Otros puntos de la lista de reformas que quisiera sacar adelante el presidente Gustavo Petro vía constituyente son: la necesidad de garantizar agua potable, salud y renta para la población más vieja, educación pública y reforma agraria, además de priorización del empleo y la producción, reordenamiento territorial y una reforma política para prohibir la financiación privada para las campañas políticas.
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Siguen las dudas porque evidentemente, la constituyente de Petro sí pretende sacar adelante las reformas que su gobierno presentó y que están a punto de hundirse en el Congreso y de otra parte, aunque el presidente lo niegue, su propuesta sí pretende hacer una cirugía de fondo a la Constitución de 1991.