Piezas rotas, ventanas que no cierran y colas en el taller: las ambulancias de Cantabria no salen de la UCI
Los trabajadores de las ambulancias de Urgencias de Cantabria esperan expectantes la llegada de los 48 nuevos vehículos, dada el "estado lamentable" del material con el que actualmente tienen que trabajar. Ambulancias haciendo colas en talleres de reparación, que no pasan la ITV o que son multadas por la Guardia Civil dado su mal estado de conservación. Este es el día a día de la flota en manos de la compañía Autransa –antes Ambuibérica– que volvió a hacerse con el contrato de este tipo de traslados para el Servicio Cántabro de Salud (SCS) en 2023 en la comunidad autónoma.
Por las cláusulas del pliego de adjudicación, Autransa tiene que introducir nuevos vehículos en seis meses (o como mucho con cuatro años de antigüedad o un máximo de 50.000 kilómetros), plazo que acaba este próximo 12 de marzo. No obstante, el comité de empresa considera que la actual situación es tan límite que, a medida que vayan llegando, han de incorporarse inmediatamente al servicio. De hecho, acaban de llegar seis y se espera esta semana un nuevo lote de otras 10.
Se cumpla o no in extremis la renovación de la flota de ambulancias de Urgencias, la plantilla considera que ha quedado de relieve que la inversión de la empresa concesionaria ha sido "prácticamente inexistente" en la recta final del contrato anterior. Hay circulando ambulancias con más de 800.000 kilómetros y en Camargo hay un taller que no da abasto para repararlas, alineándose las averiadas en el exterior. Al menos, una docena. También hay constancia de puertas, estribos y otras piezas que se desprenden, incluso ruedas desgastadas.
Según explican desde el comité de empresa, de los 48 vehículos que se esperan, 38 tendrán de estar en activo y 10 de reserva para cubrir averías o tareas de desinfección. Se repartirán por Santander, Torrelavega y Laredo. "Es que llegamos al final y la inversión es cero. La situación ahora mismo es precaria pero se llega al final del túnel", indica un portavoz de los trabajadores.
No obstante, las dificultades no acaban ahí, sino que se plantea el problema añadido de quién podrá conducirlas. Las nuevas unidades tienen un peso superior a los 3.500 kilos, por lo que quien las maneje tendrá que tener el carné C, pero no todos los conductores lo tienen. Desde diciembre, están en la autoescuela varios empleados adaptándose e incluso algunos hacen ya prácticas, pero otros no tendrán la acreditación a tiempo, una circunstancia que el comité de empresa no sabe cómo resolverá Autransa, a no ser que adjudique a técnicos con carné labores de conducción, cambiándoles el contrato.
Mientras, las incidencias se suceden. Hay ventanas y pasarelas retráctiles sujetas precariamente con cinta, estribos que se caen ante cualquier golpe y una obsolescencia generalizada que conducirá a la mayoría de los vehículos al desguace una vez concluya la sustitución del parque móvil. "La ambulancia de Renedo fue multada por tener las ruedas en mal estado. En una ITV quedó otra unidad retenida porque no tenía las ruedas adecuadas de invierno o por problemas del freno, no ha quedado claro. Posiblemente algunas vayan al desguace, pero un cambio de pastillas, de aceite… Es un peligro salir así. Nosotros ahora estamos expectantes", concluye el representante de los trabajadores.
Una catarata de quejas
A lo largo de los últimos años, el estado de conversación de las ambulancias que trabajan para el Servicio Cántabro de Salud, así como las condiciones laborales de los trabajadores, han estado en el ojo del huracán y han provocado múltiples protestas. El debate se trasladó incluso al ámbito político, y en la última etapa del bipartito PRC–PSOE durante la pasada legislatura se realizó un estudio de costes para calcular la posible internalización del servicio de transporte sanitario realizado por la Consejería de Sanidad, que anualmente alcanzaría unos 18,8 millones, unos 3,2 menos de lo que sería si la gestión se mantiene en manos externas.
Desde la Consejería de Sanidad, dirigida entonces con el consejero socialista Raúl Pesquera (PSOE), se trasladó al Consejo de Gobierno esta posibilidad y se señaló que el servicio de transporte sanitario forma parte de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Por ello, insistió en su postura de que la provisión de estos servicios "debería estar vinculada al sector público de Cantabria", un proyecto que quedó enterrado tras el cambio en el Ejecutivo después de las elecciones autonómicas del 28M y la llegada del PP al poder.