La Generalitat Valenciana, que preside el popular Carlos Mazón ha propuesto este martes tres iniciativas a los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas para continuar apoyando a los propietarios de viviendas afectados por el pavoroso incendio de Valencia de este 22 de febrero, que se saldó con 10 víctimas mortales. Entre ellas, la más destacada por lo novedosa y trascedente es la de solicitar al Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez la condonación de la deuda de los propietarios de esas viviendas arrasadas por el fuego de la cantidad que les reste por pagar de sus hipotecas.
En concreto, el Ejecutivo que preside Carlos Mazón propone al Gobierno del socialista Pedro Sánchez incluir la hipoteca en Ley de Segunda Oportunidad. Es decir, que el Gobierno asuma la diferencia que les queda por pagar después de los que les ha abonado el seguro.
Las medidas presentadas por la Generalitat a los representantes de los grupos parlamentarios cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Valencia, que dirige la también popular María José Catalá y son fruto del pacto de ambas administraciones, Generalitat y Ayuntamiento, pero el ámbito competencial es estatal, por lo que se hace imprescindible reclamarlas al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Mazón reclama que la exención del IRPF para las ayudas
Además, la Generalitat propone también que los propietarios de cada vivienda incendiada queden exentos del pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondientes a las ayudas otorgadas por el propio Gobierno valenciano. De facto, esta medida supone que se exima a esos mismo propietarios de tributar por el incremento patrimonial generado por el importe de las ayudas, que van desde los 6.000 hasta los 10.000 euros.
Por último, el Ejecutivo valenciano plantea que, del mismo modo que Carlos Mazon ha eliminado el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de una vivienda habitual para los damnificados por el incendio, el Gobierno de Pedro Sánchez haga lo propio y exima a esos mismos propietarios del pago del Impuesto sobre el valor Añadido, lo que se conoce como el IVA, si adquieren una vivienda habitual, que sea de obra nueva.