Más de cuarenta países, incluidos todos los de la Unión Europea, Estados Unidos y el Reino Unido, han pedido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una investigación independiente y transparente sobre la muerte del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, fallecido el 16 de febrero en cautividad.
"La inesperada e impactante muerte de Navalny es otro síntoma de la creciente y sistemática represión en Rusia", indicó un comunicado conjunto firmado hasta el momento por 45 gobiernos y leído ante el Consejo por la embajadora de la UE ante la ONU en Ginebra, Lotte Knudsen.
"La responsabilidad última de la muerte de Navalny descansa en el presidente ruso Vladímir Putin y las autoridades del país", agregó la nota oficial, que cuenta también con el apoyo de Australia, Canadá, Costa Rica, Guatemala, Nueva Zelanda, Noruega y Ucrania, entre otros.
En el mismo comunicado los firmantes exigieron la liberación inmediata e incondicional de otros prisioneros políticos como Yuri Dimitriev, Vladímir Kara-Murza, Ilia Yashin o Alexei Gorinov, "así como defensores de derechos humanos, periodistas y opositores a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".
La nota pide a la Federación Rusa que ponga fin al "clima de impunidad", creando "un entorno seguro para la oposición política y las voces críticas, incluidos periodistas, defensores de las libertades fundamentales y activistas sociales".
Las autoridades de Rusia, que atribuyeron la muerte de Navalny a "causas naturales", denegaron repetidamente los llamamientos a una investigación internacional por su muerte, ocurrida dos meses después de que éste fuera trasladado a una colonia penal en el Ártico, en condiciones límite para muchos prisioneros.
El líder opositor de 47 años fue enterrado el pasado viernes 1 de marzo en Moscú, en un funeral en el que muchos de sus simpatizantes desafiaron a las autoridades y se acercaron a las exequias para mostrar su apoyo al político.