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El tribunal estatal de Minas Gerais denegó un pedido de recuperación para expulsar a unas 500 familias sin tierra que ocupaban, el pasado viernes (8), una finca en el municipio de Lagoa Santa (MG), en la Región Metropolitana de Belo Horizonte. La decisión preliminar, publicada por un juez de turno, dice que no se ha demostrado la posesión del territorio por parte de quienes decían ser sus legítimos dueños.
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El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) acusa a la Policía Militar (PM) de Minas Gerais de llevar a cabo un asedio al campamento, limitando la entrada de personas y suministros.
"Que se tomen las medidas pertinentes por parte de esta Dirección de Operaciones [del PM], para garantizar el orden democrático, centrándose en garantizar el ejercicio del derecho de entrada y salida de los ciudadanos acampados en la Fazenda Aroeira, y, además, para evitar cualquier tipo de confrontación innecesaria entre autoridades públicas y campistas", afirmó la defensora pública Ana Cláudia da Silva Alexandre Storch.
Según decisión del juez Christyano Lucas Generoso, las personas que interpusieron la acción de recuperación no pudieron acreditar que mantenían la posesión de las tierras antes de que fueran ocupadas por trabajadores rurales.
"Entiendo que la posesión no quedó suficientemente demostrada, ya que el autor se limitó a añadir fotografías que muestran a tres personas cerca de explotaciones ganaderas y porcinas, de las que no es posible identificar inequívocamente el inmueble descrito", explicó el magistrado.
Generoso añadió además que la Declaración del Impuesto sobre Tierras Rurales presentada "es un documento que acredita la propiedad y no la posesión, y además del documento se desprende que sólo el 3,2 del área del inmueble está ocupado con mejoras útiles y necesarias destinadas a la actividad rural, por lo que que no es posible inferir que el presunto desfalco se habría producido en la zona de mejoras a los efectos de demostrar la peligrosidad de daño".
El juez añadió además que, al tratarse de una decisión tomada durante una sesión judicial, realizada durante el fin de semana, se limitó a analizar un posible riesgo inminente de pérdida inmediata de derechos.
El MST fundamenta estas acciones en el artículo 184 de la Constitución Federal, que establece que "corresponde a la Unión expropiar por interés social, con fines de reforma agraria, los bienes rurales que no cumplan su función social".
En nota, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) informó que no tiene información sobre la situación de la propiedad rural. Según el organismo, para que el área sea considerada productiva o improductiva es necesaria una inspección para verificar la función social del terreno. El Incra también afirmó que "la zona ocupada no tenía ninguna demanda previa de asignación al programa de reforma agraria".