El Gobierno aumentó la tensión con las empresas alimenticias a partir de la publicación de la normativa que oficializó la mayor apertura para la importación de productos de la canasta básica. Se trata de un intento de bajar los precios de consumo masivo, que no desaceleran al ritmo que pretende: según los últimos relevamientos privados, la suba de alimentos ya acumuló 6,9% en lo que va del mes y sigue en 11,5% de promedio mensual.
En ese sentido, analistas remarcan que las dificultades que va encontrando el programa económico exigen cada vez más el despliegue de una mayor paleta de instrumentos en juego por parte del Gobierno. Destacan además que entre alimenticias y proveedoras, el 15% del entramado industrial entra en riesgo por la medida.
Desde la consultora Vectorial consideraron que la decisión «refleja la necesidad del Gobierno de aplicar cada vez más medidas para frenar la dinámica inflacionaria, fenómeno que también tuvo «una 'pata heterodoxa' de coordinación de precios y salarios, que por ahora se expresa de manera errática». Por ejemplo, mencionó la relevancia que el gobierno le dio a las promociones en la medición de precios, el freno a las paritarias para anclar salarios y las reuniones con las empresas para moderar subas.
«Más allá del efecto real que vaya a tener en la baja de precios, la medida es interesante como indicador de la mayor paleta de instrumentos a las que el equipo económico empieza a apelar a medida que el sostenimiento del actual esquema encuentra límites», opinaron.
A una conclusión similar llegaron desde LCG: «La estrategia de coordinar expectativas se reduce al impacto que puede tener en ellas una convergencia fiscal acelerada, el ancla del tipo de cambio y algunas medidas de tinte heterodoxo que el gobierno está empezando a implementar, aunque estas vayan en contra de sus propios dogmas: techo del 15% para paritarias en marzo y abril y controles de precios con supermercadistas».
La consultora consideró que el Gobierno viene apostando al desplome de la demanda como el principal factor de disciplinamiento de precios», medida a la que se sumará el acceso algo más directo al MULC a importadores. «Por ahora todas medidas individuales, que no se encuadran dentro de un plan de estabilización tradicional«, estimaron desde la consultora.
En la segunda semana de marzo, el relevamiento de precios de alimentos de LCG presentó una inflación semanal en 3,3%. En términos mensuales, la inflación se amesetó en torno al 11,5% tanto en promedio como en la medición punta contra punta, lo que implicó además un acumulado de 6,9% en lo que va del mes.
Mientras, desde Eco Go midieron un incremento del 3,1% en los alimentos, una aceleración de 2 puntos respecto a la semana previa. Según sus cálculos, la inflación en alimentos de marzo alcanzaría el 11,9%.
El impacto de la apertura de las importaciones
La Comunicación A7980 del BCRA determinó que las importaciones de una serie de alimentos pasarán a disponer de las divisas necesarias en un plazo de 30 días, cuando la regla general establece un esquema de cuatro cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días.
En muchas oportunidades, eso deriva en que los importadores deben financiar las compras con dólares o euros propios hasta poder recibir la totalidad de las divisas en cuestión por parte del BCRA.
También decidió suspender por 120 días el cobro de la percepción de IVA adicional y Ganancias a las importaciones de los alimentos básicos comprendidos en la medida oficial.
De acuerdo a la consultora Epyca, «la medida del Gobierno beneficia a las importadoras de alimentos por sobre quienes los producen en nuestro país«.
La consultora explicó también que en el listado de producto habilitado para importar «se mezclan productos que no se producen en el país, como cacao, café, bananas y atún; con otros, donde Argentina es claramente más competitiva que el resto del mundo, como la carne vacuna».
Desde su perspectiva, este tipo de apertura comercial parcial no perjudica a las empresas que se dedican a la venta de alimentos, ya que «podrán vender ahora mercancías importadas que ingresarán con esa facilidad; y dejar de vender alimentos producidos en Argentina, si así quisieran». Al contrario, remarcaron que la iniciativa de la Secretaria de Comercio sí impactará a las casi 75.000 que se dedican o a la producción de alimentos o a las proveedoras que les suministran las materias primas para su elaboración. «Equivalen al 15% de todas las compañías del país», agregó Epyca.