Los padres y los hermanos de Marcelo Ayala, un joven de 20 años con "retraso mental" que murió en su celda de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) el 17 de mayo de 2021, donde estaba alojado por romper una tobillera electrónica y agraviar a policías, demandó al Estado por US$ 300.000 al entender que fueron responsables por la condena con prisión y la muerte del hombre.
La demanda por daños y prejuicios fue presentada por los abogados Nicolás Pereyra y Rafael Silva a principios de febrero, pero ingresó en los últimos días en la órbita del Poder Judicial. Está formulada contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, ya que los defensores entienden que los organismos tuvieron distintos grados de responsabilidad en la tragedia.
En varios pasajes de la denuncia se citan distintos informes del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, quien criticó al sistema penitenciario y judicial por el encarcelamiento y la muerte de Ayala en distintos informes. "La pertinencia del alojamiento de un paciente con retardo mental en una cárcel común debería ser analizada", se lee en un pasaje del documento al que accedió El Observador.
Según consta en la demanda, Marcelo Ayala "convivió toda su vida con problemas que le afectaron gravemente su salud, teniendo atención psiquiátrica desde los seis años". Tenía problemas para insertarse en la sociedad, "no sabía leer", y en 2019 le diagnosticaron un "retraso mental".
A sus 18 años el joven se fue de la casa de su padre en Maldonado, donde pasó a vivir "en una pieza a los fondos de la casa de su hermana, sin luz ni agua". En ese momento, indica la demanda, "decidió dejar de tomar la medicación psiquiátrica y su comportamiento empeoró".
Ayala tenía episodios violentos recurrentes que lo llevaron a estar 28 veces en comisarías como víctima y victimario por distintos problemas de convivencia familiares. Según los defensores, los familiares ya estaban "desesperados, sin saber qué hacer" y en enero de 2021 su padre lo denunció por violencia doméstica porque Marcelo "le rompía objetos de su casa y agredía o liberaba a los animales con los que trabajaba".
El 1° de febrero de 2021 Ayala fue derivado a Montevideo por las autoridades para que le realizaran una pericia psiquiátrica, ya que en Maldonado no había un psiquiatra forense.
La pericia sentenció que Marcelo tenía un estado de ánimo normal, no tenía "ideas de muerte ni auto eliminación ni una alteración de conciencia", estaba "bien orientado en tiempo y espacio" y sin signos de consumo de drogas, por lo que se lo consideró imputable. El informe fue enviado el mismo día al Juzgado de Maldonado, que condenó sin prisión a Marcelo por un delito de "desacato" y le mantuvo la tobillera electrónica.
Según los defensores, Marcelo "se llevaba muy mal con el dispositivo de control", y al no tener luz en su pieza tenía que cargarlo en una Comisaría de Violencia Doméstica de la zona o en un supermercado cercano, lo que lo "contrariaba y agitaba".
El 8 de febrero se quitó la tobillera, fue indagado y no tuvo consecuencias, pero el 10 de febrero volvió a romper el dispositivo mientras acampaba "precariamente y solo", por lo que la Policía lo detuvo un día después.
El 12 de febrero la justicia lo imputó con 15 días de prisión preventiva por dos delitos de "destrucción de dispositivo electrónico". En la audiencia, personas de su familia declararon que Marcelo "nunca rompió la tobillera, sino que intentaba sacársela porque no lograba entender por qué la tenía puesta".
El 7 de marzo, ya fuera de prisión, Ayala fue a cargar la tobillera a la Comisaría, pero en un momento se enojó, insultó a los funcionarios presentes y tiró el dispositivo, situación que causó un "enfrentamiento de proporciones" por el que fue detenido y derivado a la Justicia.
Tras este episodio el Juzgado de 4° Turno de Maldonado condenó al joven a 11 meses de prisión efectiva como "autor penalmente responsable de un delito de desacato agravado en concurso formal con un delito de agravio a la autoridad policial agravado".
Según se lee en la demanda, la abogada de ofició que lo defendió "señaló en la audiencia que asesoró a su defendido y que el mismo optó libre y voluntariamente por el juicio abreviado". Sin embargo, en un informe Petit pone en duda el juicio del joven para decidir su destino con una cita a su declaración ese día: "Si, todo, pero me quiero ir ya, cuanto antes (…) Rompí el dispositivo, rompí dos, insulté, amenacé, todo lo que quieras poner… y lo que no hice también ya lo pusieron así que…".
La fiscal del caso, Carolina Dean, vio por su parte que "el joven no dijo incoherencias en la audiencia que hicieran dudar de su cabalidad", y no creyó necesario solicitar otra pericia ya que la realizada un mes antes indicaba que era "normal".
Marcelo Ayala, tras su condena, fue trasladado a la cárcel de Las Rosas en Maldonado, donde tuvo problemas de convivencia y recibió medicación psiquiátrica.
Luego fue trasladado al centro de Punta de Rieles para recibir mejor atención en salud mental, pero su familia no fue notificada, lo que dificultó encontrarlo.
Posteriormente fue derivado al módulo 5 de Santiago Vázquez, donde continuó con problemas de convivencia debido a su comportamiento "bizarramente infantil".
Debido a esto, el 11 de mayo fue trasladado a un ala del módulo 12 para personas con descompensación psiquiátrica. El 16 de mayo rompió los caños de su celda y fue cambiado a otra habitación, a la que lo llevaron cargado debido a su debilitamiento físico, presumen por la fuerte medicación. En los tres meses previos a su muerte Marcelo había adelgazado 50 kilos.
Finalmente, el 17 de mayo fue encontrado muerto en su celda, sin signos de violencia, pero la autopsia no pudo determinar la causa de su muerte. Durante sus seis días en ese módulo no fue visto por un psiquiatra, ya que el personal solo asistía una vez por semana.
Para los abogados defensores, la Fiscalía de Maldonado y el Juzgado de 4° Turno de ese departamento, con "el asesoramiento erróneo" del Instituto Técnico Forense, enviaron a Marcelo Ayala a la cárcel "sellando una sentencia de muerte segura allí, lo cual se cumplió".
Desde la defensa también reclamaron por una investigación administrativa realizada por el ministro del Tribunal de Apelaciones Daniel Tapié que no derivó en "sanciones a ninguno de los partícipes, ni a los jueces, ni a los defensores de oficio, ni al medico forense".
"Para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia fue todo acorde a derecho, nada falló, el Estado se manejó de primera conduciendo a un inimputable a prisión, en definitiva a la muerte segura".
La máxima responsabilidad se la cargan a Fiscalía, porque "con su accionar, argumentando convenció a la Juez, que no pudo consultar el legajo de investigación en ningún momento puesto que lo tenia prohibido por ley".
También acusaron al INR, que entienden tuvo una manifiesta "falta de servicio" y cometió diversas omisiones y negligencias. Los defensores apuntaron especialmente contra los funcionarios que trataron a Marcelo el día de su muerte: "Estando descompensado se optó por darle una gran dosis de medicación y dejarlo acostado en el piso".
Tanto Pereyra como Silva concuerdan en que "resulta evidente que todos los operadores jurídicos en este caso actuaron con una liviandad y falta de responsabilidad total".
"El papel que han dado es peor que el de una República Bananera. Esta vez si que se han batido todos los récords de ineficacia del sistema, mandando a la muerte a una persona enferma. Todos los participantes en tal dantesco espectáculo no deberían estar mas en sus cargos, sin embargo y profundizando la responsabilidad que le cabe a cada uno, no se ha investigado nada", concluyen los abogados.
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