La semana nos ha dejado un último enfrentamiento entre Gobierno y oposición a última hora de este viernes sobre la Ley de Amnistía interpretando de forma radicalmente opuesta el informe preliminar de la Comisión de Venecia.
Fue el Gobierno, por medio del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien salió a celebrar el contenido del borrador del informe asegurando que avalaba una norma "impecable y positiva" que "cumple con los estándares internacionales".
Fuentes socialistas señalaron que la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, avala la Ley pactada por el PSOE, Junts y ERC, pendiente aún de su aprobación en el Congreso, y que ésta no afectaría a la separación de poderes.
Pero desde el Partido Popular han reaccionado rápidamente cargando contra Moncloa por manipular dicho informe que, según ellos, no avala esta ley. En este caso ha sido la portavoz popular en el Senado, Alicia García, quien ha salido a desmentir a Bolaños.
"Qué desesperado debe estar Sánchez para recurrir a una burda manipulación como esta. En su afán por tapar la corrupción que le acorrala no le importa mentir incluso sobre borradores de las instituciones europeas", ha dicho en un mensaje en redes sociales.
Pero, ¿qué dice realmente la Comisión de Venecia sobre la Ley de Amnistía?
Pues en su escrito la Comisión ha avisado de que los criterios de la norma "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos" y ha cuestionado el procedimiento de urgencia por el que el Gobierno pretende tramitarla.
El informe preliminar, que se someterá a debate los próximos 15 y 16 de marzo, señala que las amnistías "deben ajustarse a la Constitución" y que serán "los órganos y procedimientos previstos del derecho internacional, en particular de los derechos humanos" quienes se encargarán de realizar el control de constitucionalidad.
El borrador expone que las amnistías "suelen estar motivadas por razones de reconciliación social y política", objetivos que califica como "legítimos" pero a los que debe seguir un procedimiento inspirado "en la inclusión, la participación, un calendario adecuado y debates públicos". Es por todo esto que entiende que no es apropiado realizar la ley por la vía de urgencia.
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Además, también señala que "las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas o a determinadas clases de personas", por lo que "no deben diseñarse para cubrir a individuos concretos" y "deben perseguir un objetivo legítimo en interés de la comunidad".