Eclipsada por el debate que generó la sanción de reformas profundas al Código Procesal Penal de la Provincia, se sancionó también el miércoles 27 una ley de "gobernanza de datos y Acceso a la Información Pública" que pretende mejorar procesos internos de la administración del Estado para quitarle al ciudadano la pesada carga de su ineficiencia burocrática.
Es curioso, una término del español antiguo que era usado como un simple sinónimo de "gobierno", bajo rimbombantes parrafadas cortesanas, hoy titula la norma que ya había sancionado por unanimidad Diputados y completó esta semana, con igual consenso, el Senado Provincial.
Mirá tambiénEn el Senado hubo unanimidad para reformar el Código Procesal PenalEs lógico, la sanción definitiva y su comunicación al Poder Ejecutivo mereció bastantes menos discursos en las bancas que la urgencia de la inseguridad y el nuevo paquete de medidas para dar más poder a jueces, fiscales y policías. Pero la otra ley que salió en un día y horarios poco habituales merece más reflexiones.
De la Academia
"Gobernanza" se impuso a la horrible "gobernancia", de acuerdo con una explicación disponible en Fundéu, la Fundación del Español Urgente. Se recuperó un término que había caído en desuso y su nuevo empleo proviene de la necesidad de traducir del inglés a "governance" que en esa lengua siempre fue asociada a la forma como el Estado desarrolla sus procesos administrativos respecto de los ciudadanos (o súbditos).
El renacer de "gobernanza" parece atado al de la comunidad europea que requirió, además de unificar moneda y fronteras, ponerse de acuerdo sobre el significado de las palabras. Esa fue la opción que impuso la Unión Europea y luego aceptaron organismos como la ONU, todo en este milenio.
La Legislatura tuvo un agitado miércoles con la aprobación de la reforma del Código Procesal Penal entre otras cosas.
Sucedió en 2001 su incorporación al Diccionario Académico de la RAE, acota la misma fuente. Y precisa que es el "arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía".
La llegada del radicalismo a la Casa Gris tras 60 años, en el marco de una alianza con socialistas y macristas, también trae nuevas expresiones y conceptos sobre qué debe ser y hacer el sector público provincial, aún en medio de la agenda de la crisis de la inseguridad que el gobernador ha decidido no esquivar y ciertamente tapa todo.
En términos sencillos, la ley obliga a procedimientos menos problemáticos para la población a la hora de requerir información. Habrá una "gobernanza" de los datos del Estado cuando sus oficinas sepan no molestar al ciudadano con la búsqueda de datos que ya están en la propia administración. Cuando no sea quien realiza un trámite quien deba llevar información personal que ya el sector público tiene, pero en otra oficina.
Las empresas prestatarias de los servicios públicos han buscado adelantarse a esos criterios que ahora serán obligatorios, por ejemplo al no obligar a los usuarios de la Epe a llevar lo imprescindible (fotocopia de su contrato de alquiler o de su condición del propietario del inmueble) para pedir el alta e instalar un comercio. Los demás datos ya constan en sus bases de datos o en las de, por ejemplo, el Registro Civil o el de la Propiedad. Pero los ejemplos por la contraria son todavía abundantes.
La contracara del concepto de gobernanza es el de la dictadura del burócrata. El de los expedientes que se nutren del trabajo de los propios interesados, que en ciertas ocasiones incluso deben ocuparse de que avancen y consigan, uno a uno, los sellos y las firmas necesarias para su pase a otro despacho. Lo kafkiano, por cierto, tiene su cúspide en el Poder Judicial. Lo atestiguan juicios de herederos que terminan por recibir migajas de sus familiares perdidos, porque los fondos en los bancos quedaron paralizados tras un deceso en medio de la inflación. (La Legislatura se pondrá ahora a estudiar la reforma en otros fueros, luego del penal, para hacer más eficientes sus interminables juicios civiles).
Es positivo que el Estado aprenda de las empresas, que cada vez que pueden simplifican lo administrativo, para mejorar costos (los bancos lo hacen al precio de dañar la seguridad de los ahorristas). La eficiencia no tergiversa el concepto de servicio público ni del Estado presente o "amigable" como se señalaba en administraciones anteriores.
La ley de Gobernanza y su teoría parecen el producto de los avances tecnológicos. No es así. En papel o en bases de datos digitalizadas, con conocimientos administrativos o con inteligencia artificial, siempre el Estado contó con esos datos que obliga a los ciudadanos a buscar. El desarrollo de las ciencias y tecnologías facilita los procesos administrativos, pero lo cierto es que el sector público pudo ser mejor desde hace décadas y, por ejemplo, no pedir dos veces lo mismo por distintas ventanillas.