Una es la validez de la licitación que ganó la empresa. La otra es la aparición de un 'hacker' a quien el canciller Leyva habría pagado 30 millones para enlodar a sus propietarios, los Bautista, y justificar así haber declarado desierta la licitación.
Cuando el canciller (e) Luis Gilberto Murillo, quien reemplaza temporalmente a Leyva durante su suspensión, le entregó en encargo al secretario general, José Antonio Salazar, resolver el problema, es obvio que no podía darle instrucciones sobre la dirección que debería tomar su decisión. El asunto es que se habían producido ya tres resoluciones, todas contradictorias entre sí. La que declaraba desierta la primera licitación, la que revocaba a continuación la entrega de la contratación temporal con Thomas Greg por urgencia manifiesta y una tercera, que volvía a abrir la primera licitación, declarada desierta por Leyva. Cuando Salazar, encontrándolo ajustado a la Constitución, adjudicó a Thomas Greg la elaboración de los pasaportes, quién dijo miedo. El presidente Petro usó su cuenta de X para acusar a la empresa de preparar un gigantesco fraude electoral, a lo Trump.
La acusación hizo pensar a muchos que Petro sí le da vueltas a la idea de quedarse después del 2026. No lo creo. No tratará de quedarse sino de perpetuarse. Pero es curioso que Petro esté copiándole a Trump su ridícula teoría del fraude electoral, que, según asegura, se prepara porque Thomas Greg controla la base de datos en la Registraduría de todos los colombianos, además del escrutinio de las elecciones. Mentira. La forma como está estructurado el sistema electoral no lo permite. Participan más de 600.000 ciudadanos como jurados y los escrutadores, jueces y notarios rinden sus actas por escrito, que luego se hacen públicas. Pero, además, Thomas Greg no elabora las cédulas de los colombianos: es la compañía francesa Idemia. Lo raro es que con la misma estructura actual de Thomas Greg Petro fuera elegido representante, senador, alcalde y ahora presidente. Perdió ante Iván Duque por bastantico, pero rumores indican que su animadversión contra la empresa es porque la culpa de esa derrota… Petro llegó hasta a acusar a Salazar de "traidor" y Murillo corrió a cumplir la orden de destituirlo.
Si el asunto hubiera terminado con la adjudicación legal decidida por Salazar, todos habrían resuelto sus problemas: Leyva, suspendido por la Procuraduría por la arbitrariedad de declarar desierta una licitación ya adjudicada; Petro, por el acto absolutamente inmoral e ilegal de impartir dicha orden; Murillo, quien se lavó las manos haciéndole el encargo a Salazar; y que habría podido continuar en su avance de darse a conocer en la cantera de precandidaturas presidenciales, pero el episodio lo hizo quedar como un lacayo de Petro. Hasta los colombianos hubiéramos ganado, porque tendríamos asegurados nuestros futuros pasaportes. Y no habría demanda de la empresa por los 117.000 millones de pesos en perjuicios contra el Estado. Es decir, sería un 'happy ending'.
En cambio, el resultado no puede ser peor. ¿Cómo es que un canciller tiene la autoridad para pagarle un soborno a un 'hacker', además con un dinero que aún no se sabe de dónde salió? El 'hacker' existe, porque le apareció a La W dando datos en larga entrevista acerca de la consignación del dinero, de los contactos con Leyva en su casa y por su teléfono, y hasta revelando la colilla del cheque pagado. Lo que no se sabe es si cuando Leyva, viéndose acorralado (porque Petro lo iba a botar por cuenta de la primera licitación), resolvió denunciar al 'hacker' por un supuesto chantaje ante la Fiscalía (lo cual no era lo acordado con el 'hacker', sino armar un escándalo mediático que le permitiera a Leyva acusar a los Bautista de que lo querían tumbar) no es improbable que el 'hacker', furioso, le hubiera pedido más dinero a Leyva a cambio de no revelar el pago de los 30 millones. Todavía no es claro qué entidad del Estado dizque acompañó a Leyva a "jalar esa pita a ver qué sabía el personaje". Y luego aparecen unos pantallazos falsos, entre ellos uno de una conversación entre el senador José David Name y Camilo Bautista planeando tumbar a Leyva, cuando, según he podido establecer, ellos sostienen que ni siquiera se conocen entre sí.
Con licitación adjudicada, nadie en el Gobierno les contesta a los Bautista al teléfono. Pasarán unos días prudenciales (una semana, más o menos) antes de que resucite la millonaria demanda por perjuicios contra el Estado. Pero la adjudicación está absolutamente en firme, menos para el Gobierno. La actitud del petrismo es que solo sobre su cadáver se adjudicará ese contrato a Thomas Greg.
Pero a la justicia del país no le tocará saltar "sobre su cadáver" si le toca salir a defender el Estado de derecho.
MARÍA ISABEL RUEDA
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