El fin –no siempre– justifica los medios. El caos imperante en los primeros meses de la pandemia de covid explica algunas de las actuaciones precipitadas, urgentes y desesperadas del Ministerio de Sanidad en el contexto de una crisis sanitaria mundial sin precedentes. Así lo contempló a finales de 2023 el Tribunal de Cuentas en su séptimo y último informe sectorial sobre once Ministerios del anterior Gobierno de coalición, así como sus organismos autónomos.
El grueso de los 133 contratos auditados fue adjudicado por el Ministerio de Sanidad, y ascendió a 513 millones de euros. El Tribunal señaló en ese momento que los gestores públicos se enfrentaron a un mercado productor español deficitario para atender las necesidades, por lo que tuvieron que acudir al mercado internacional, fundamentalmente asiático, con los precios al alza debido al incremento de la demanda. Y en esa valoración se ha basado el actual Gobierno para defenderseesta semana de la tormenta generada por el "Caso Ábalos- Koldo", que ha salpicado a casi todos los ministerios. El dirigido en aquel momento por Salvador Illa no podía quedarse fuera dado que, en esa época marcada por la pandemia, adquirió un papel protagonista. La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, afirmó el martes que "todos los contratos firmados durante la pandemia por la Administración General del Estado son legales y ya han sido auditados por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención General del Estado", a lo que añadió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez era "implacable" en la lucha contra la corrupción.
Sin embargo, este periódico informó puntualmente de los numerosos acuerdos, cuanto menos, sospechosos, que Sanidad firmó en 2020. Adjudicaciones a empresas recién creadas, desconocidas en el sector o sin trabajadores, ubicadas en las inmediaciones del lugar de nacimiento del ministro, productos defectuosos, pago de sobreprecios desorbitados... Estos son algunos ejemplos de compras "exprés" muy polémicas.
[[H2:Los test «fake» que se saltaron todos los controles]]
El escándalo de la compra de una partida de test defectuosos a la compañía china Bioeasy Biotechnology a través de un intermediario español desconocido en el sector, Inter Pharma, fue uno de los contratos «exprés» de más graves consecuencias. Sanidad compró y pagó 659.000 kits de diagnóstico para la covid a esa empresa en plena eclosión de casos, por un importe de 17,143 millones. La baja fiabilidad de estas pruebas, denunciada por los hospitales y por técnicos del propio Ministerio, forzó al departamento de Illa a su posterior devolución. Según fuentes no oficiales, ese expediente fue tramitado directamente por la entonces directora general de Cartera Básica y Farmacia del SNS, Patricia LaCruz, el 16 de marzo de 2020. El ministro la mantuvo en su cargo pese a que fue muy criticado que esa compra se realizara sin valoración técnica previa ni de este organismo ni del Instituto Carlos III, saltándose dos de los procedimientos habituales.
Seis millones de euros de sobreprecio por 200 respiradores
Otra de las muchas operaciones polémicas fue la compra, por parte del Ingesa, de una partida de 200 respiradores con la descripción Eternity SH-300 por 9,922 millones de euros a Tec Pharma Europe, S.L., una empresa ubicada en la localidad granadina de Armilla y regentada por el ciudadano iraní Armin Ghodsian Bazaz. El precio estipulado por cada uno de estos aparatos fue de 49.610 euros, cuando su valor de mercado en el momento de la adjudicación no rebasaba los 17.500 euros. Este es el valor unitario que le envió a un proveedor sanitario el fabricante de esos mismos respiradores en China para una cantidad de 10 aparatos (cálculo hecho con el transporte en avión desde Pekín incluido). Esto es el 35% de lo que, según recoge la "Memoria justificativa de la contratación de emergencia(...)", pagó el Ingesa por cada uno de ellos (49.610 euros) a la empresa de Armilla. Teniendo en cuenta que este último pidió 200, parecería lógico que el precio por unidad fuera menor que pidiendo 10. A la baja, el sobreprecio pagado por el Gobierno por cada aparato fue de 30.000 euros, 6 millones de euros en total.
Fue más caro almacenar geles hidroalcohólicos que su coste
A finales de octubre de 2020, Sanidad adjudicó sin concurso a una empresa domiciliada en Rubí (Barcelona) el almacenamiento de 55.080 botes de 500 ml. de gel hidroalcohólico pertenecientes a una partida de 260.000 adquirida el 26 de marzo a la compañía china Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd.
En total, el Estado pagó 291.108 euros por ese servicio de almacenaje, con lo que el coste de la custodia de cada uno fue de 5,28 euros, 1,3 euros más de lo que pagó por el propio gel en el momento más álgido de la pandemia: 3,98 euros.Según la memoria justificativa de aquella adquisición, el proveedor asiático percibió 779.301,75 euros por la partida de 260.000 botes, más 163.653 euros en concepto de un IVA del 21%, y 77. 930 en concepto de tasas y aranceles.
Los guantes tres veces más caros comprados a una empresa novel
"Member of the Tribe", una sociedad limitada unipersonal (S.L.U.) creada en Barcelona, con menos de un año de vida en junio de 2020 y absolutamente desconocida en el sector sanitario, se convirtió en uno de los grandes proveedores de Sanidad en la pandemia.
En total, recibió del Estado 9,44 millones de euros a cambio de la entrega de 92 millones de guantes de nitrilo en dos operaciones.En ambos casos, fue la única empresa que se presentó a un procedimiento "negociado sin publicidad acelerado" bajo la justificación de "situación de extrema urgencia". El Ingesa eligió abonar entre 0,097 y 0,107 euros por unidad tendiendo otros proveedores, como una empresa de Toledo que los vendía por 0,031 y otra alemana por 0,05, y a las que ya le habían comprado anteriormente.
La ex-empresa textil que fabricaba hisopos y respiradores carísimos
El 31 de marzo de 2020, el Ingesa, entonces comandado por Alfonso María Jiménez (imputado en mayo de 2023 por las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos covid) abonó 5,2 millones de euros por un millón de hisopos a una empresa, MJ Steps, sin balances en el registro mercantil y que, anteriormente, se dedicaba al sector textil. Cada escobillón utilizado para la toma de muestras para hacer test de covid costó 5,2 euros –o 4,3 sin IVA ni aranceles– según figuraba en la plataforma de contratación pública. Un precio desorbitado, según fuentes consultadas por LA RAZÓN, que cuadriplicada a los 1,20 euros que el producto llegó a alcanzar como máximo en el mercado. Poco después, Sanidad compró a la misma empresa 10 respiradores con un sobreprecio total de 268.000 euros. Abono por cada uno más del doble de su valor real.
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