El Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, además de 508 millones de mascarillas, compró gafas de protección a la firma FCS Select Products S.L., la empresa que ahora el PSOE ha involucrado en los ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por los negocios de su pareja con empresas privadas. Mientras en el contrato de mascarillas -el mayor pelotazo de la pandemia- las irregularidades vinieron dadas por la deficiente calidad de las protecciones, en el caso de las gafas lo extraño de la adjudicación es el precio: el contrato de FCS Select se firmó un 23 de marzo y cada gafa se pagó a 5,20 euros, y el 24 de marzo se firmó con otro proveedor a un precio de 2,37 euros.
Que el mercado del material sanitario procedente de China durante la pandemia fue un caos no es ningún secreto. Los precios de los proveedores asiáticos se incrementaban cada día al ritmo que se disparaban los contagios y fallecidos en Europa y la necesidad de material era cada vez más apremiante. A Sanidad, sin embargo, le pasó lo contrario en un contrato de gafas de protección firmado con su proveedor de cabecera, la empresa catalana FCS Select Products S.L., adjudicataria de un contrato troceado que sumaba 217 millones de euros. Compró más barato que el día anterior.
Según los expedientes del contrato que analizó en su momento el Tribunal de Cuentas, Sanidad firmó la adjudicación del contrato MISAN-26, como el órgano fiscalizador identifica al cuarto contrato con el proveedor predilecto de Illa, el 23 de marzo de 2020. Entre lo contratado, además de mascarillas, había un lote de 150.000 unidades de gafas de protección. Se pagaron a 5,20 euros la unidad, sumando en total 780.000 euros.
Lo sorprendente es que, en plena vorágine de compras mundiales y en los momentos de mayor caos del mercado, Sanidad consiguió firmar sólo un día después, el 24 de marzo, un contrato mucho más ventajoso para las arcas públicas. Aquel martes, el departamento de Illa compró a otro proveedor 400.000 unidades del mismo producto por 2,37 euros la unidad. A 2,83 euros menos cada gafa de protección respecto a las compradas 24 horas antes a FCS Select. Un 54% más barato. En caso de haber esperado unas horas y adquirir el primer contrato a esta segunda empresa, las arcas públicas se habrían ahorrado 424.000 euros.
Sin comprobación
El ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, concedió a dedo a esta misma empresa el mayor contrato de toda la pandemia. Una firma a la que se pagó 217 millones de euros por traer a España 508 millones de mascarillas, de las que una parte significativa resultaron ser inservibles.
Según la documentación del expediente consultada por OKDIARIO, Sanidad sólo comprobó la solvencia del proveedor después de pagar por adelantado, y no antes. Hubiera descubierto que la propietaria de la firma había sido condenada por estafa unos años atrás. Illa, sin embargo, defiende que la elección de proveedores pasaba por el filtro de un equipo formado por 50 personas y en el que se involucraba también la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
En vista de las informaciones publicadas por OKDIARIO sobre el mayor contrato de emergencia Covid, que encargó traer a España 217 millones de euros en mascarillas a la empresa FCS Select Products S.L, surge una pregunta: ¿Cómo pudo una firma con sólo dos empleados, dedicada a la venta de «bebidas alcohólicas», con una propietaria condenada por estafa agravada, sin estar dada de alta en el registro oficial de licitadores y que exigió el pago íntegro por adelantado hacerse con el mayor pelotazo de la pandemia sin que ninguna de estas cuestiones hiciese saltar las alarmas?
El Tribunal de Cuentas considera que no se revisó el perfil de esta empresa, tal y como ha publicado este periódico, y que las únicas comprobaciones se realizaron después de pagar los 508 millones de mascarillas. Mascarillas que terminaron, en parte, siendo un fiasco: al menos 50 millones de ellas eran inservibles por defectos técnicos relacionados con la escasa filtración bacteriana y no aptas para su uso sanitario. De ellas, la mitad -unos 10 millones de euros- nunca fueron reclamadas por Illa al proveedor de cabecera.