Una mujer de Ibiza residente en Francia desde hace tres años y medio denuncia estar «atrapada» en el país después de haber pasado un calvario por presuntos malos tratos por parte de su expareja. La Justicia francesa le ha concedido la custodia de sus tres hijos menores de edad, explica la víctima, que quiere trasladarse de nuevo a la isla después de que los tribunales le hayan dado la razón y concedido la autoridad paternal completa, como describe la sentencia emitida por el Tribunal Judicial de Meaux, región francesa en la que vive la familia.
Esto, sin embargo, no es suficiente. Para poder salir del país con sus hijos (de seis, diez y dieciséis años) necesita una autorización firmada por el padre de los tres menores.
La mujer explica que desde que tomó la decisión de romper la relación con su expareja, de nacionalidad francesa, él la fue «ahogando económicamente». Primero, rompiendo el contrato de alquiler, que estaba a nombre de él, cuando el juez le concedió a la ella el domicilio familiar. Y luego, cortando la línea telefónica que también estaba a su nombre.
«En junio de 2018 decidí que quería dejarlo [eran pareja de hecho] y cuando se lo comuniqué, empezó a hacerme la vida imposible. A intimidarme y decirme que yo me podía ir, pero que mis hijos se quedaban con él», prosigue. Decidió romper la relación cuando la madre de un niño del club de básquet al que acude uno de sus hijos (quien testificó luego en el juicio) la avisó de haber visto al padre «zarandeándole la cabeza» al menor, que sufre epilepsia, de forma agresiva. «Me di cuenta de que no estaba tratando bien a los niños e incluso les estaba pegando», continúa.
«Miedo» a denunciar
Aunque le costó mucho denunciar el maltrato que estaba sufriendo «por miedo», en un momento determinado decidió acudir a una asociación de víctimas de violencia machista y a los servicios sociales, que la animaron y empujaron a poner la denuncia. Fue entonces cuando denunció tanto los malos tratos que había sufrido ella misma como los que habían sufrido sus hijos. Además, solicitó una orden de alejamiento contra el hombre, algo que el juez no le concedió al considerar que no había «peligro inminente» si su expareja se acercaba.
«En ese momento, él no estaba en casa, se fue. Yo iba a ir de viaje a Ibiza con los niños y entonces él solicitó ante la prefécture [el órgano administrativo competente] una guardia y custodia urgente que me impedía salir con ellos del país durante un periodo de quince días», relata la mujer.
Durante un juicio con carácter urgente que se celebró con prioridad (al tratarse de un caso de violencia machista) en julio de 2023, la Justicia francesa resolvió adjudicando el domicilio familiar a la afectada y permitiendo al padre ver a los menores tan solo cada quince días. Sin embargo, la custodia de los niños continuaba siendo compartida. «A todo esto, recibimos una orden de desahucio por parte del sistema judicial porque cuando me concedieron exclusivamente el domicilio en el que vivíamos y cuyo contrato de alquiler estaba firmado a su nombre, decidió rescindirlo», cuenta.
A pesar de esto, la ibicenca continuó luchando para conseguir la custodia de sus tres hijos. En un segundo juicio, la consiguió, algo que, no obstante, no le permite salir de Francia con los niños sin el consentimiento del padre. «En Ibiza tengo una casa con tres habitaciones y al lado del hospital. Aquí, si a mi hijo le dan convulsiones por la epilepsia, algo que suele suceder por lo menos una vez por semana, lo tengo que llevar a un hospital que está a una hora de casa», lamenta. «Aquí [en Francia] ya no tengo recursos», añade.
Bloqueada y sin recursos
El menor requirió de su atención sobre todo durante la pandemia porque «no lidiaba bien con el hecho de tener que llevar mascarilla ocho horas en un centro escolar». Por lo que la madre impartió durante dos años al homeschooling (la escolarización en casa, permitida y regulada en Francia) al niño y también a su otro hijo mayor. En ese momento, él trabajaba de financiero y ella acababa de vender un herbolario que tenía en el centro de Sant Antoni. «También acababa de recibir una herencia, es decir, tenía ingresos», aclara la víctima. Esta situación hizo que, en su momento, no buscara trabajo en Francia y que no abriera, por lo tanto, una cuenta bancaria en el país.
Ahora se encuentra en una situación extremadamente complicada: no puede acceder a su banco en España porque, según explica, la entidad le pide, para hacer cualquier operación, un código numérico que llega a la línea telefónica interrumpida por su expareja. Para cubrir los gastos se ha visto obligada a recurrir a su círculo cercano que le hacen ingresos en una tarjeta prepago que utiliza por el momento. Sin embargo, reitera que allí está bloqueada sin ningún tipo de recurso ni familiar ni económico y con la imposibilidad de cambiar su situación.
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