Juan Ruiz Sierra
Lo primero que hizo el Gobierno cuando supo que Pere Aragonès adelantaba las elecciones catalanas al 12 de mayo fue renunciar a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para este año. La decisión tenía algo de juego de espejos, porque el 'president' había optado por el anticipo al no poder aprobar las cuentas de la Generalitat, y al mismo tiempo ponía de manifiesto las enormes dificultades de forjar acuerdos de calado con ERC y Junts cuando las urnas se encuentran a la vuelta de la esquina. Hasta que se despeje el escenario en Catalunya, sobre el que planean múltiples incógnitas, la legislatura española queda en la práctica paralizada, con el Ejecutivo central marcando distancias con un independentismo catalán al que, en el fondo, necesita para casi todo.
No habrá ninguna reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat antes de los comicios. Tampoco encuentros del PSOE con republicanos y posconvergentes. Ni en España, ni en Suiza. La tramitación de leyes, una vez sacada adelante en el Congreso la amnistía del procés, también se ralentizará, con apenas unas pocas normas en el horizonte más próximo, todas de fácil aprobación, como la de paridad y la de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario.
En modo campaña, los socialistas, que esperan romper la actual mayoría independentista y lograr que Salvador Illa se convierta en el próximo president de la Generalitat, entran ahora en el cuerpo a cuerpo con ERC y Junts. Sobre todo, por su insistencia en el referéndum. Para la Moncloa, la medida de gracia, que aún tiene que pasar por el Senado y volver al Congreso para su entrada en vigor, supone la última estación del camino. Para los soberanistas, solo una etapa más dentro de un itinerario que debe culminar con una consulta vinculante sobre la autodeterminación de Catalunya.
Lo que está en juego
Por eso Pedro Sánchez se juega mucho más en las elecciones catalanas que en las vascas del 21 de abril, donde los socialistas solo aspiran a revalidar su tercer lugar, pero claramente por delante del PP, y reeditar su coalición con el PNV. El 12 de mayo, en cambio, la cuestión a dirimir, explica un alto cargo socialista, es si la vía del "diálogo" abanderada por el Ejecutivo es o no mayoritaria en Catalunya.
Si Illa gana y logra ser investido, quedarán claras "dos cosas", continúa el dirigente. Una: que "Sánchez se ha cargado el procés" gracias a medidas como la mesa de diálogo, los indultos, la derogación de la sedición y la amnistía. Y dos: el PP se quedará sin discurso. "Por eso [Alberto Núñez] Feijóonecesita un Govern independentista. De lo contrario, ¿de qué va a hablar? ¿De impuestos, becas, empleo, crecimiento económico y sequía?", se pregunta.
Pero el argumento también puede funcionar a la inversa, admiten en el PSOE. Si los soberanistas retienen la mayoría, la tesis del secretario general del PSOE de que con él en la Moncloa esta opción es cada vez más minoritaria se tambaleará, dando alas al PP. Y si no lo hacen, el apoyo de ERC y Junts, indispensable para que el Gobierno central saque adelante sus iniciativas, puede verse comprometido.
Contra el "fracaso colectivo"
"Ya estamos hablando del referéndum con el PSOE", aseguró el pasado domingo, en una entrevista en El Periódico de Catalunya, del mismo grupo editorial, la secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, principal negociador con los republicanos, intentó el martes cortar de raíz la afirmación. "Estamos en campaña electoral en Cataluña y vamos a escuchar muchas cosas, algunas que no son ciertas, como esta. Nuestra apuesta por el acuerdo, el diálogo y las mayorías transversales es clara. Fórmulas antiguas, que llevaron a fracasos colectivos y generaron conflicto y enfrentamiento, no conducen a ninguna parte. A mí lo que me extraña es que haya todavía quien apueste por esas fórmulas", señaló desde el palacio de la Moncloa. Al día siguiente, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió en la misma idea. Avisó de que el Gobierno actuaría siempre para "velar por el orden constitucional", porque no pensaba "mirar hacia otro lado, como hizo Mariano Rajoy".
No son solo palabras. El nuevo tono del Ejecutivo también se traslada a los hechos. El último Consejo de Ministros aprobó la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la decisión del Parlament de admitir a trámite el pasado febrero, con los votos de Junts y CUP y la abstención de ERC, una iniciativa legislativa popular (ILP) para declarar la independencia. El PSC ya la había impugnado la semana anterior, y en cualquier caso la tramitación de la ILP se encuentra en barbecho hasta la constitución de la nueva cámara catalana que salga de los comicios de mayo. Pero Bolaños argumentó que de esta forma se garantizaba que el máximo intérprete de la Carta Magna decretaba su suspensión "inmediata", ya que solo el Gobierno, y no los grupos parlamentarios, pueden solicitar esta medida. Se trataba, explican en el PSOE, de "dejar las cosas claras".
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