El Gobierno quiere que los españoles cuenten con la mejor conectividad posible, tanto en telefonía móvil como en banda ancha fija. Por ello, desde el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública que dirige José Luis Escrivá no sólo van a exigir compromisos de inversión a las operadoras, sino que también quieren reforzar el control sobre estas compañías para asegurarse de que cumplen con dichos compromisos.
Durante su comparecencia esta semana en la Comisión de Transformación Digital del Senado, Escrivá confirmó que una "parte central" de las autorizaciones que debe conceder su Ministerio a la fusión de Orange y MásMóvil y a la venta de Vodafone España a Zegona será la exigencia de "compromisos de inversión" a las empresas implicadas en estos procesos.
El cierre de ambas operaciones está supeditado en estos momentos a la obtención de dos autorizaciones por parte del Gobierno. Una del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública, al implicar transmisión de espectro de una compañía a otra. Y otra del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, al tratarse de una inversión directa extranjera en una empresa estratégica para el país.
En concreto, Zegona pasará a ser la titular del espectro que está actualmente en manos del grupo británico Vodafone, mientras que Orange y MásMóvil han tenido que vender 60 MHz a Digi por 120 millones de euros para conseguir que la Comisión Europea (CE) diera luz verde a su fusión.
Escrivá señaló durante su intervención que el condicionar el cambio de titularidad del espectro a compromisos de inversión supone un "cambio de orientación". Sin embargo, el ministro para la Transformación Digital no quiere quedarse sólo en la imposición de estos compromisos, sino que también quiere asegurarse de que estos se cumplen.
Mayor control
Josep Maria Reniu, senador de ERC, instó al ministro en el transcurso de la misma comisión a revisar la normativa para asegurar que las operadoras cumplen con sus compromisos de cobertura e incluso sugirió la idea de fijar penalizaciones en casos de incumplimiento.
Y puso un ejemplo de por qué considera que esto es necesario: en Alpens (Barcelona) hay un repetidor de telefonía que en 2024 aún funciona con un depósito de gasoil. "Se termina el gasoil, se termina la cobertura", incidió Reniu, quien añadió que está instalación lleva dieciocho incidencias en lo que llevamos de año, más otras tantas en los anteriores.
Escrivá cogió el guante y aludió a este "cambio de orientación" que, según han confirmado fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública a EL ESPAÑOL-Invertia, se va a traducir también en un mayor control para garantizar que el servicio que ofrecen las operadoras a sus clientes es el que prometen.
Las estadísticas sitúan a España como uno de los líderes tanto a nivel europeo como internacional en conectividad fija, muy por delante del resto de grandes economías del Viejo Continente en cuanto al desarrollo de redes de fibra óptica.
Y aunque el despliegue del 5G no va tan rápido (algo común en el conjunto de Europa), el 82% de la población ya tiene cobertura de quinta generación, incluido la ofrecida tanto con tecnología non standalone (NSA) como con tecnología standalone (SA).
Pero en los planes del Ministerio de Escrivá no está únicamente que España "no pierda el tren" de la digitalización y siga liderando en materia de conectividad a nivel global, sino también asegurarse de que todos los ciudadanos del país tienen acceso "a la mejor infraestructura y a los mejores servicios".
De ahí, que su intención sea poner un mayor foco a partir de ahora en garantizar que, una vez que se ha llevado a cabo el esfuerzo inversor, "todo funciona correctamente" y que el servicio que prestan las operadores sea "de la calidad a la que se habían comprometido".
Además de este mayor control, las fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública también recuerdan a este periódico que en el caso de que una operadora no cumpla con los compromisos de inversión, el Ejecutivo podría recurrir a su capacidad sancionadora.
Espectro
El espectro radioeléctrico es un recurso natural y limitado, motivo por el cual los Gobiernos de todo el mundo buscan que se realice el mejor uso posible del mismo. En España, para la prestación de servicios de telecomunicaciones, está concentrado en cuatro operadores: Telefónica, Orange, Vodafone y, en menor medida, MásMóvil.
De hecho, es habitual que, además de la correspondiente contraprestación económica, el Gobierno exija a las operadoras compromiso de inversión a la hora de adjudicar el espectro durante las subastas de frecuencias. Así ocurrió en la realizada en el verano de 2021 en España para la banda de 700 MHz, una de las más importantes para el 5G.