MIAMI.- El Grupo IDEA se pronunció sobre la acusación de la Fiscalía contra el expresidente de Paraguay Mario Abdo Benítez (2018-2023), acusado por su predecesor, Horacio Cartes, de filtración de documentos confidenciales relacionados con su actividad empresarial.
La magistrada Cynthia Lovera admitió además la imputación como cómplices de otros siete ex altos funcionarios del pasado gobierno de Benítez.
Al respecto, el Grupo IDEA aseguró que "en nuestra Declaración sobre Argentina de 9 de diciembre de 2021, expresamos lo que ahora vale para la cuestión del Paraguay in comento, a saber, que todo ciudadano y no sólo un expresidente ha de contar con las garantías del debido proceso y de la tutela judicial efectiva; derechos que siempre se ven afectados en los supuestos de colusión indebida entre los titulares de los órganos del poder público y la Justicia, aún más cuanto median motivaciones políticas y no la legítima reivindicación de derechos afectados y justiciables".
Para ser procesado, Abdo Benítez deberá ser despojado de sus fueros como senador vitalicio, procedimiento que se haría efectivo la próxima semana, informó a periodistas el presidente del Senado, Basilio Núñez.
La acusación, un expediente de 60 páginas, responsabiliza al expresidente Abdo de los presuntos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
Según el Ministerio Público, el expresidente Abdo conformó "una organización delictiva" para filtrar informaciones confidenciales de la Secretaría de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) destinadas a desacreditar al sector vinculado a su archienemigo político (un rico empresario tabacalero de Paraguay) y al actual presidente Peña.
Por su parte, el Grupo IDEA afirma en su comunicado que "tal como lo advierte la Corte Interamericana de Derechos Humanos las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, cuando se trata de perseguir al crimen organizado como fuente de violaciones sistemáticas de derechos humanos y de afectación del Estado constitucional de Derecho".
FUENTE: REDACCIÓN/AFP