Una mujer que se encuentra viviendo en Salta y que escapó de la violencia de su expareja, un exfuncionario de TDF, debe regresar a Río Grande.
Una mujer de 40 años, de Las Lajitas, del sur de Salta, que se encuentra viviendo en dicha localidad, logró salir de la violencia de género que ejercía su expareja, L.P., un abogado de 61 años y exministro de Tierra del Fuego, con el que convivía en Río Grande y con quien tuvo un bebé, ahora está luchando contra la decisión de dos juezas, una de ellas de Tierra del Fuego, que le ordenan regresar a Río Grande o entregarle su hijo al padre.
"Me angustia la restitución de mi hijo. El padre se lo quiere llevar. Me separé por hechos de violencia. Venía aguantando hace mucho tiempo y él no cambiaba", contó la mujer, quien se separó de L.P. en Agosto de 2023. Lo denunció en Río Grande por violencia de género (psicológica y verbal) e intrafamiliar, a raíz de lo cual consiguió una perimetral y en paralelo inició un juicio solicitando el cambio de radicación del niño.
La mujer regresó con su bebé a Las Lajitas con su familia. En esta localidad tiene dos hijos más y una red de afectos que la contiene. "Yo lo denuncio cuando me voy de su casa. Mi hijo también sufrió violencia en la casa donde yo vivía con él", contó. "Dos meses viví sola con mi hijo solicitando a la justicia poder irme de buena manera pidiendo la radicación en Salta. No tuve respuesta de la justicia allá (...) y no se movía el expediente. Por eso yo me vine, refugiándome en mi provincia", sostuvo.
También comenzó a trabajar en la localidad de Joaquín V. González y logró independencia económica. En Río Grande no tiene nada de esto, ni un hogar, y debería afrontar la situación con su expareja en situación de vulnerabilidad y desarraigo. Sin embargo, la jueza de Familia y Minoridad N° 2, Mariana Montero, de Río Grande, le ordenó volver con el pequeño que ya tiene dos años y regresarlo a Río Grande, o entregarlo al padre para que se lo lleve. Esta magistrada argumenta que el "centro de vida" del bebé es en esa provincia.
Por otro lado, la jueza del departamento Anta en Salta, Patricia Rahmer, resolvió que se debe dar cumplimiento a aquella orden y está prevista una audiencia para que la mujer entregue al niño o diga cómo lo va a restituir. El defensor civil de Anta, Virgilio Varela, en representación de la madre, y la asesora de Incapaces, María Susana Zenzano Poma, en representación del niño, presentaron dos recursos de apelación con efecto suspensivo contra la sentencia de la jueza de Tierra del Fuego. Sin embargo, la madre dijo que ya el defensor le comunicó el martes que se prepare para entregar al niño o decir cómo va a llevarlo.
La mujer explicó que la jueza Rahmer dispuso un régimen de comunicación con el progenitor y le ordenó llevar al niño desde Las Lajitas a Joaquín V. González tres veces en la semana por una hora y media, de 10 a 11.30. Zenzano Poma ya había pedido que se mantenga el statu quo del niño al lado de su mamá y entre sus últimas actuaciones elevó un pedido al Juzgado de Garantías para que se suspenda el régimen de comunicación del niño con el padre y que se disponga para el progenitor la prohibición de ejercer actos de violencia porque la madre del pequeño denunció al padre por lesiones porque después de una visita, devolvió al niño con dos hematomas en el rostro
El viernes último denunció a la jueza Rahmer por tomar la decisión de prolongar el tiempo de visita sin consultarle porque la abuela y tía materna del bebé lo llevaron al juzgado para que lo viera el padre, a la hora de retirarlo, se dieron con la novedad de que el progenitor había sido autorizado por la jueza a llevárselo el fin de semana. "Hice la denuncia por abuso de poder, de autoridad y por violencia institucional", contó.
La mujer amplió la denuncia contra la jueza Rahmer en la policía y la denunció en la Superintendencia de la Corte, señaló "la falta total de perspectiva de género" y afirmó que le dice que ella no eligió al padre del hijo, que "vuelva a Río Grande" y si "no tiene donde vivir es su problema porque está en falta". La madre señaló que la magistrada dispuso un régimen de visita "sin preguntar los días, los medios de transporte y quién se haría cargo". Planteó que "no hay cuota alimentaria" y que el progenitor no paga los gastos de transporte. Añadió que viene gastando desde hace dos meses $60.000 semanales en transporte para llevar al niño de una ciudad a la otra en los horarios dispuestos por la jueza, y para poder cumplir con esta medida la ayudan sus familiares.
Precisó que el progenitor del niño tiene altos ingresos pero solo "colaboró" con $30.000 para la manutención del nene en Octubre, Noviembre y Diciembre, en Enero le pasó $50.000 y en Febrero no recordó bien si fueron $80.000 o $100.000.