La sostenibilidad del sistema de pensiones depende, en buena medida, de las posibilidades que tenga el Estado de financiarlo, en particular, porque se trata de un sistema de contribución definida.
La superintendenta de pensiones, Rocío Aguilar, hizo un llamado para empezar una discusión nacional en torno al aporte patronal del Estado a las pensiones, sobre el cual adelantó que es necesario rediseñar la cuota estatal, de modo que no se calcule según la remuneración del trabajador.
La jerarca de pensiones propone aumentar los ingresos mediante un incremento de las cuotas de 300 a 365 y el porcentaje de contribución (un 15 %) y reducir el monto de la pensión recibida a partir de la unificación de la cuantía básica.
Este último consiste en definir el porcentaje de la pensión en un 45 % (se determina de acuerdo con el salario o promedio de ingreso real resultante), abandonando la tabla utilizada actualmente, en la que esa cuantía oscila entre el 43 y el 52,5 %.
Al planteamiento, agrega la conformación de una pensión básica universal, es decir, pagar las pensiones mínimas del Régimen No Contributivo (RNC) —administrado también por la CCSS— con financiamiento independiente de las cuotas obrero-patronales.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, advirtió a una comisión legislativa, el 19 de febrero, sobre el impacto devastador para el Estado del aumento de la cuota estatal al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que no está en la capacidad de asumir aportes mayores.
El jerarca se refería al 1,91 % que entrará a regir en enero del 2026, dispuesto por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el 2019.
También, en esa oportunidad, se aprobaron incrementos escalonados para los aportes de los trabajadores y patronos, con el fin de atenuar la crisis financiera del principal régimen de pensiones. Inevitable es recordar que en el 2016 se había subido el aporte estatal de 0,58 a 1,24 %.
Desearía pensar que, al aumentar la contribución (incluida la estatal), los directivos de la CCSS consideraron el impacto en las finanzas públicas y la capacidad de Hacienda para responder a esa alza, pero naturalmente no sucedió.
Un informe de la OCDE alertó en el 2020 que en el 2030 el IVM tendrá que utilizar sus reservas para financiar el déficit que originarán, entre otros, la reducción en las cotizaciones a raíz del aumento en la edad de la población y el incremento en la informalidad del empleo.
Estamos en un punto crítico. Llegamos al límite, no se trata solo de hablar de pensiones, sino de ponerse manos a la obra y tomar las acciones requeridas para asegurarnos de que las pensiones sean equitativas, suficientes y cubran a la mayor parte de la población, e igualmente para que el envejecimiento no afecte el equilibrio fiscal ni que el gasto público en pensiones incida negativamente en la necesaria inversión en áreas fundamentales como infraestructura, educación o salud.
El reto es reinventar el sistema. Como lo advierten analistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los modelos tradicionales de pensiones, basados en la presencia de empresas o trabajadores formales aportando parte de sus ingresos para la jubilación no sobrevivirán.
El rediseño de nuestro sistema de pensiones depende primero de tener claridad acerca del compromiso fiscal (gastos sociales y tributarios) que existe para atender las pensiones junto con otros objetivos sociales.
En el 2019, cuando se aprobaron las reformas, se sabía que eran insuficientes para equilibrar el IVM. Cinco años después, salvo la superintendenta y un puñado de actores de la industria, nadie más habla ni da propuestas.
Es buen momento para retomar la necesidad de migrar a un régimen único de pensiones, complementado por el Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP).
Por ahora, la flaca esperanza descansa en que la mesa de trabajo acordada el año pasado comience su labor en la CCSS. Entretanto, la deuda del Estado crece como la espuma y el "no hay plata" es la única respuesta.
El autor es periodista especializado en finanzas.