País de paradojas, Argentina se da el lujo de tener más controles que muchos y de controlar menos que casi todos. Con una diligencia admirable, sucesivos gobiernos se han esmerado en establecer mecanismos que reiteran el chiste soviético de otrora, aquello de que todo lo que no está prohibido es obligatorio.
De tal manera, a la sombra de las normas se han venido cocinando imaginativas maneras de excepción para todo lo normado. Para decirlo simplemente, a veces parece que cada organismo de control hubiera sido creado a efectos de que nada se pueda controlar.
Los escándalos de los últimos días –fogoneados con la clara intención de seguir sosteniendo que todo lo que la política toca lo corrompe– son un buen ejemplo de lo señalado más arriba: millaje descarado para pasajes oficiales solventados por el déficit de Aerolíneas Argentinas, fondos fiduciarios creados y manejados por los mismos que los creaban y no auditaban, seguros multimillonarios pagados por el Estado siguiendo órdenes presidenciales para beneficio de intermediarios ociosos, registros del automotor entregados a los amigos.
Faltan en la lista las tarjetas de débito de un recaudador que trasnochaba para recorrer cajeros automáticos. Y queda un larguísimo etcétera que actores oficiosos seguirán engrosando, para ratificar que todos somos corruptos, salvo unos pocos elegidos.
Queda claro, sin embargo, que la corrupción no es entre nosotros un fenómeno que cómodamente se pueda atribuir a un solo signo político, dado que no somos suizos ni noruegos, y entre nosotros el servicio público se entiende como una oportunidad de enriquecimiento que no debe ser desperdiciada. Y, lamentablemente, se tiende a admirar a quien lo logra.
Esas cosas suceden en el país más controlador del mundo, donde nadie controla nada. Allí están para demostrarlo la Auditoría General de la Nación (AGN), la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), siglas que parecen ser sólo siglas en un festival de competencias difusas, obligaciones incumplidas, facultades limitadas y designaciones políticas ad hoc. Casi ni vale la pena mencionar el patético caso de la Oficina Anticorrupción, área que no pocas veces ha servido para validar el latrocinio.
Este obsceno muestrario de impunidad le debe no poco a un sistema que tiende a cerrarse sobre sí mismo, donde los mecanismos de protección exceden a los propios y alcanzan a los extraños, al amparo del sano temor de no pocos funcionarios judiciales que no aspiran a convertirse en émulos del Ángel Exterminador, sabedores del alto costo que ello conlleva.
Es casi de Perogrullo insistir en que nada de esto podrá cambiar en el corto plazo mientras los organismos de contralor no tengan independencia y autarquía, y la representación oficial en los mismos sea minoritaria. Pero para ello se requiere de políticas de transparencia que vayan más allá de los fuegos de artificio y del respeto por el rol del Estado en estas cuestiones, a sabiendas de que los particulares no van a controlarse a sí mismos, toda una utopía.