Un grupo de destacados líderes de derechos humanos, encabezados por Adolfo Pérez Esquivel y Estela de Carlotto, llevaron adelante una acción judicial para solicitar a la Justicia Federal de La Plata que ratifique la no concesión de indultos para delitos de lesa humanidad. Esta solicitud, respaldada por prominentes figuras como la socióloga Dora Barrancos y el exjuez Carlos Rozansky, busca «garantizar que los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean considerados imprescriptibles e insusceptibles de recibir amnistía, indulto o conmutación de penas».
La acción de amparo presentada ante el juez federal de La Plata, Alberto Recondo, subrayó la importancia de mantener la vigencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de proteger los derechos consagrados en la Ley Suprema de la Nación y en los Tratados Internacionales.
Este movimiento cobró relevancia en un contexto de «preocupación por intentos de revisión histórica sesgada y negacionista».
Los firmantes de la acción judicial destacaron la necesidad de que el Poder Judicial «garantice la supremacía de la Constitución Nacional, incluso por encima de los actos de otros poderes del Gobierno Federal» que contradigan dicha supremacía.
En un momento donde se realizó otra significativa marcha por el Día de la Memoria, los organismos de derechos humanos volvieron a instar a la «reflexión para evitar la impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad».