Desde que entró en vigencia el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, impulsado por el presidente Javier Milei, las empresas de medicina prepaga tuvieron vía libre para aumentar sus cuotas hasta en un 95% de su valor en solo tres meses y en abril esa cifra trepará hasta el 115%. El Senado ya rechazó la iniciativa y resta saber qué hará Diputados. En caso de derogarse el Decreto, se abre el interrogante sobre qué ocurrirá con aumentos futuros y con los que ya aplicaron las empresas. Especialistas adelantaron que cambiará el criterio de ajuste y anticipan amparos.
La situación es de extrema gravedad, ya que esta suba desenfrenada, acompañada por el incremento en productos y servicios y la pérdida constante de poder adquisitivo, provocó que mucha gente no pueda afrontar los costos de una prepaga y terminen quedándose sin cobertura médica de ningún tipo. Las empresas prefieren tener pocos clientes que paguen mucho, a muchos clientes que paguen menos.
¿Qué panorama se abre ahora?
Si la Cámara de Diputados decide ratificar la decisión del Senado y rechaza el DNU 70/23, ¿qué ocurre con todos estos aumentos inescrupulosos aplicados el primer trimestre?
En diálogo con RosarioPlus.com, la Dra. Julia Canet, vicepresidenta del Instituto de Derecho de la Salud y Bioética del Colegio de Abogados de Rosario, explicó que "al quedar sin efecto el DNU, vuelven a tener vigencia las normas derogadas y lo que correspondería es que vuelva a regir el sistema anterior de fiscalización de la Superintendencia sobre los aumentos".
"Al quedar sin vigencia el sistema anterior, la Superintendencia dejó de publicar desde diciembre los índices mensuales. Se me ocurre que un ajuste posible sería que los publiquen, que las prepagas calculen cuánto es lo que le cobraron 'de más' a las personas, o que las personas exijan eso en todo caso a través de la Justicia, si no lo hicieran voluntariamente", continuó.
Dentro de ese mecanismo, se podría determinar que las empresas deban devolver ese dinero sobrefacturado, aunque sea con el reconocimiento dentro de futuras cuotas.
Por su parte, Luciano D'Angelo, abogado especialista en derecho a la salud, consideró en diálogo con este medio que si el decreto se cae, al entender que las prepagas no tendrían intenciones de devolver el dinero facturado en estos aumentos, una acción posible es iniciar un amparo para pedir que se retrotraigan los valores a noviembre, mes previo a los aumentos 'polémicos', aunque "ese dinero va a ser muy difícil de recuperar".
En ese sentido, explicó que, si bien mediante la presentación de un amparo no se pueden reclamar sumas dinerarias, "puede ser que algún juez lo habilite y retrotraiga los valores a noviembre, que era con anterioridad al aumento", lo cual descomprimiría la situación, aunque esto "dependerá luego del criterio jurisdiccional" y que "va a ser complejo".
No obstante, también remarcó que si la Superintendencia vuelve a regir como ente fiscalizador, en consonancia con el Gobierno seguramente "si le presentan estudios de costos, van a autorizar los aumentos que quieran autorizar, y el procedimiento también va a ser malo para la gente".
Asimismo, "si no lo hicieran voluntariamente, ahí sí podríamos ir a la Justicia con un elemento firme, que es la derogación del decreto".
"Ahí sí van a tener que reestructurar esos aumentos que aplicaron. No creo que vayan a querer que todo el mundo vaya a la Justicia a reclamárselo, porque los va a perjudicar. Pienso que de alguna manera van a tener que acomodarlo. Pero bueno, es todo muy entrecomillas todavía", culminó.
Mientras tanto: la discusión en la Justicia
Tanto en el caso de Canet como en el de D'Angelo, son incontables la cantidad de consultas y llamados por parte de personas preocupadas por el perjuicio que les ha representado un aumento tan brutal en el costo de su cobertura médica.
"Hemos recibido muchas consultas, porque hay mucha gente que se encontró de buenas a primeras con que ya no podía solventar la cuota. Imagínate que hay personas que son jubiladas, que a diciembre sostenían la prepaga pagando 70 u 80.000 pesos de cuota. Con el DNU, la cuota se les va a más del doble y aumentó todo, desde los servicios a la comida. Entonces, a la gente se le tornó imposible realmente pagarlo. Y hay gente que está con tratamientos oncológicos, hay familias que tienen niños con discapacidad que requieren prestaciones y situaciones que son muy delicadas realmente", apuntó Canet, especialista en derecho de la salud, discapacidad y bioética.
D'Angelo, por su parte, confirmó también que "está lleno de consultas" y que "es terrible la cantidad de casos que hay y la cantidad de desafiliaciones que hay".
En cuanto a las acciones actuales por la vía judicial, hay actualmente casos como el de la localidad bonaerense de San Martín, en donde la Justicia Federal se ordenó a las empresas Omint, Cobermed y a la Sociedad Italiana de Beneficiencia a dejar sin efectos los aumentos aplicados por el DNU.
En estos casos, los afectados eran una paciente menor de edad con discapacidad, una jubilada de 78 años y un niño de cuatro con síndrome de down.
Sin embargo, quizás el avance más significativo sea el logrado en la justicia federal de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, donde a través de un amparo colectivo se ordenó a la empresa Osde a dejar sin efecto las subas permitidas por DNU. En este caso, el fallo no solo beneficia a quien realizó la presentación, sino a todos los que están en su misma situación.
Canet estima que esta medida podría hacerse extensiva a los afiliados de todo el país, aunque todavía debe ser ratificada.
Sin embargo, en Rosario el caso es distinto, ya que los jueces federales actualmente están rechazando todas las medidas cautelares presentadas. Sin las mismas, los aumentos siguen su curso y las personas damnificadas terminan dándose de baja al no poder hacer frente a los gastos.
Para ambos profesionales, la mejor opción en este momento es acumular casos y presentar un amparo colectivo, con el objetivo principal puesto en cuidar que ningún paciente quede sin cobertura médica.
El Decreto 743/22, hoy sin efecto por el actual DNU 70/23, reza en sus considerandos: "La regulación de la actividad no solo está basada en considerar a la salud un derecho humano esencial que el Estado debe garantizar y proteger, sea esta brindada por efectores públicos nacionales, provinciales o municipales, por el sistema de Obras Sociales o por las Empresas de Medicina Prepaga, sino que además debe atenderse que el acceso a la salud tenga una razonabilidad económica para quienes opten por una cobertura privada por su capacidad de pago".
Implicancias del decreto
Entre varias modificaciones, la nueva normativa establece que "para aumentar la competitividad, se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga".
Hasta ese entonces, la Superintendencia de Servicios de Salud, como autoridad de aplicación en materia de obras sociales y prepagas, era quien establecía los montos mínimos a pagar a los prestadores y fiscalizaba la razonabilidad de las cuotas.
Al mismo tiempo, se sumaba el Decreto 743/22, que regulaba una suba escalonada de las cuotas a partir del mencionado "índice de costos de salud". En base a esas cifras, publicadas mensualmente, las empresas solicitaban permiso para sus aumentos.
La entrada en vigencia del DNU 70/23 anuló completamente estas disposiciones, dando vía libre a las empresas de medicina prepaga de aumentar los precios al monto que quisieran, sin necesidad de ser autorizadas por la Superintendencia.
No obstante, lejos de producir una mejora en la oferta de precios y competitividad en el sistema, como reza el artículo del decreto, las empresas se pusieron de acuerdo entre sí para realizar brutales ajustes en un corto lapso de tiempo.
El primero de ellos, de forma casi instantánea, implicó una suba del 40% en el valor de las cuotas para enero. En febrero se sumó otro 30%, en marzo entre un 23% y un 25% y en abril se sumará entre un 19% y un 20%.
Es decir, en apenas tres meses, los afiliados vieron cómo el precio se duplicaba, quedándose muchos sin la posibilidad de poder sostener su cobertura médica y, en muchos casos, llegando a recurrir a la Justicia.