El presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ministro, Ricardo Pairicán García, informó que las inscripciones en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos en la jurisdicción superan las 13 mil (al 13 de marzo) desde que se inició la implementación de esta normativa en noviembre de 2022.
En relación a la morosidad en materia de pensiones de alimentos en la región, explicó que "los juzgados con competencia en asuntos de Familia de la Región de O'Higgins ya han inscrito a 13.321 personas (cifra al 13 de marzo) por adeudar tres meses continuos o cinco discontinuos de sus obligaciones en materia de alimentos. Nuestros tribunales realizan a diario las acciones para ejecutar el cumplimiento de estas obligaciones y los montos morosos, buscando resguardar el bienestar de niños, niñas y adolescentes".
En cuando a la morosidad vigente, la deuda por estas pensiones alcanza $5.485 millones en la jurisdicción de Rancagua mientras que nivel nacional la cifra de inscritos en el registro es de 174.292 y la morosidad llega a $69 mil millones.
LIBERTADES CONDICIONALES
El presidente del tribunal de alzada también abordó el trabajo desarrollado durante el año pasado por la Comisión de Libertad Condicional.
Esta instancia sesiona dos veces al año, en abril y octubre, y durante su desarrollo revisó 647 solicitudes de internos e internas, otorgando 91 libertades condicionales, lo que equivale a un 14%. La primera sesión de este año se efectuará entre el 10 y 12 de abril.
El Decreto Ley N° 321, modificado por la ley 21.124 -que entró en vigencia el 18 de enero de 2019- establece como requisitos para postular al beneficio de la libertad condicional, haber cumplido la mitad de la condena y dos tercios en el caso de condenas por delitos graves; presentar una conducta intachable en el establecimiento penal y contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por un equipo profesional del área técnica de Gendarmería, sobre los factores de riesgo de reincidencia y de conciencia del delito.
Además, en base al reglamento del Decreto Ley N°321 que determina que las comisiones de libertad condicional deben detallar fundadamente en sus informes si los postulantes cumplen o no cada uno de los requisitos, debiendo prestar especial consideración a la posible resocialización desglosada en los informes psicosociales.