La ley de amnistía quedará ligada al PSOE, lo cual, beneficia y perjudica –a partes iguales– a Sumar, el primer partido que no rehuyó el debate tras las elecciones generales y apostó por trabajar en una ley de amnistía para amarrar el voto de Junts, a pesar del coste electoral. Un impulso que se ha ido desinflando con el paso de la negociación.
La invisibilización de Sumar en estos meses la dejó clara incluso el ministro de Justicia, Félix Bolaños, quien evidenció que el éxito del acuerdo con Junts es mérito del PSOE. «Esta es una ley que marca historia, la de un Gobierno valiente, de un Partido Socialista valiente», destacó. Una frase con la que el partido se marca el tanto de haber conseguido «abrir una nueva etapa de convivencia», convencidos de que se aprobará una ley de «referente mundial», en la que el PSOE se lleva el protagonismo.
Muestra de ello es que el miércoles no aparecía en el comunicado conjunto en el que se anunciaba el acuerdo para sacar adelante la ley de amnistía el sello de Sumar. El PSOE cerró en solitario con Junts y ERC la norma que ayer vio la luz en la Comisión de Justicia, a pesar de que el partido minoritario de la coalición se implicó de lleno desde el minuto uno.
Díaz fue la primera ministra del Gobierno en transitar el camino hacia la amnistía. Lo hizo anunciando un dictamen de un grupo de expertos con el objetivo de sentar las bases de una futura ley, a pesar de que poco después se desmarcara de la propuesta tras no obtener el visto bueno del PSOE ni de los partidos independentistas. Entonces comenzaron a hablar de su propuesta como una «reflexión académica». También sorprendió en septiembre del año pasado, –cuando el PSOE todavía no había abierto las negociaciones para sacar adelante su investidura– reuniéndose en Waterloo con el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont. Una cita que, si bien sirvió para validar al líder de Junts como interlocutor válido por parte del Gobierno, fue totalmente rebajada por el PSOE, que recalcó entonces que la vicepresidenta no operaba en nombre del PSOE. En esos momentos, solo Sumar pronunciaba sin tapujos la palabra amnistía, mientras los socialistas hablaban de «alivio penal». No fue hasta un mes después cuando el presidente del Gobierno dejó de evitar la palabra tabú. Automáticamente, la parte socialista del Gobierno asumió la batuta de las negociaciones con Junts.
Desde que echara a andar el gobierno de coalición hasta ayer mismo, Sumar comprendió su papel secundario en la negociación de la ley de amnistía y tanto el grupo parlamentario como los ministros de Sumar se han limitado a seguir al tanto de las negociaciones. Fuentes del grupo reconocían que eran los socialistas quienes llevaban la negociación con los independentistas, aunque el negociador por Sumar en la amnistía, Jaume Asens, siempre ha estado al tanto del ambiente en Junts, al tener línea directa con Puigdemont. Hasta Junts ha incidido en público en varias ocasiones que es el PSOE su interlocutor para negociar la amnistía. Aun así, la vicepresidenta sí ha tratado de marcar perfil al asegurar que ella habla con Puigdemont con total naturalidad y que el contacto se ha producido en varias ocasiones. Después de que Sánchez anunciara esta semana cambios en la amnistía, ella también los refrendó.
De cara al futuro en la legislatura, Sumar busca pasar pronto de página. Ayer, su portavoz, Íñigo Errejón, aseguró que la ley «encarrila la legislatura» y garantizó que «hay Gobierno para rato». Además de saludar la aprobación de la ley, buscó cambiar el paso. «Hoy el Gobierno tiene más fuerza para trabajar para lo que nos votaron, por más derechos sociales. Este acuerdo cimienta la legislatura», destacó. Es por eso que el portavoz habló de algunas de sus prioridades a partir de ahora para tratar de marcar el rumbo político: volver a las fórmulas de ajuste fiscal, invertir en servicios públicos, redistribución de riqueza y transición ecológica que cree empleos verdes, entre otras propuestas. Sumar ha tratado esta misma semana de conseguir ese protagonismo con su apuesta de reformar la Constitución para blindar el aborto –que rechaza el PSOE– o reformar la ley del indulto y de los aforamientos.
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