El peor atentado terrorista de la historia de España cumple este lunes 20 años, dos décadas de dolor por los 192 muertos y cerca de 2.000 heridos que dejaron diez bombas ocultas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. En la memoria de todos los españoles permanece muy vivo el recuerdo de aquel fatídico 11 de marzo de 2004, el día que el país conoció en primera persona el terror yihadista, una tragedia imposible de olvidar y cuyas secuelas siguen lejos de cicatrizar.
Este vigésimo aniversario no es uno más, es una fecha especialmente señalada porque coincide con la prescripción de los atentados al cumplirse el plazo general que establecía el Código Penal antes de su reforma en 2010. Es decir, ya no se podrá juzgar a nadie por aquellos hechos, aunque aparezcan nuevas pruebas o incriminaciones. El carpetazo al caso ha sido muy criticado por la Asociación de Víctimas del 11-M, que denuncia que todavía se desconoce "quiénes fueron los autores intelectuales del atentado".
Esta asociación, una de las dos de apoyo a las víctimas que se crearon tras el 11-M, también pone fin a su andadura después de 20 años prestando apoyo a los damnificados y ha anunciado en su página web su disolución definitiva este viernes 15 de marzo "por falta de medios económicos".
A lo largo de estos 20 años, los familiares de las víctimas han tratado de pasar página y seguir con sus vidas, también muchos de los condenados por los atentados, pues la mayoría de ellos ya se encuentran en libertad. Dos décadas después de la masacre, solo permanecen en prisión tres de los 18 condenados en la sentencia definitiva del Tribunal Supremo, que en 2008 modificó ligeramente el dictamen de la Audiencia Nacional del año anterior. Se trata de los marroquís Jamal Zougam y Othman el Gnaoui, condenados ambos a 42.922 años de cárcel (las dos máximas penas impuestas por el tribunal), y el español José Emilio Suárez Trashorras, sentenciado a 34.715 años. El resto ya han cumplido sus penas, de entre 2 y 18 años de prisión, y todos los que no tenían nacionalidad española han sido expulsados a sus países de origen tras obtener la libertad.
De los tres condenados que siguen entre rejas, Jamal Zougam es el único considerado autor material del ataque porque el tribunal determinó que colocó una de las bombas "en el cuarto vagón" del tren que explotó en la estación de Santa Eugenia. Zougam, que regentaba un locutorio en Lavapiés cuando fue detenido dos días después de los atentados, está cumpliendo su condena en la prisión gallega de Teixeiro en primer grado, el más duro del régimen penitenciario. No saldrá de prisión hasta el 17 de marzo de 2044, según la legislación española vigente.
En la cárcel de León y también en primer grado, aunque con principio de flexibilidad, sigue privado de libertad Othman el Gnaoui, condenado por participar en el traslado de los explosivos desde Asturias hasta el chalet donde los terroristas prepararon las bombas antes de los atentados, ubicado en el término municipal de Chinchón, muy cerca de Morata de Tajuña. Su puesta en libertad se prevé para el 19 de marzo de 2044.
El tercer reo en prisión es Suárez Trashorras, exminero de Avilés considerado "colaborador necesario" de los atentados por proporcionar los explosivos a la célula yihadista, más de 200 kilos de Goma-2 ECO que salieron de la explotación minera de Mina Conchita, en el occidente asturiano. Diagnosticado como esquizofrénico paranoide, Trashorras está cumpliendo condena en la cárcel asturiana de Villabona en segundo grado y hace solo unos días pidió acogerse a la ley de eutanasia como protesta ante la falta de tratamiento médico adecuado para su salud mental y la larga condena que afronta. Lleva años intentando lograr un permiso penitenciario que nunca le ha sido concedido y la semana pasada pidió "perdón a todas y cada una de las víctimas" a través de su abogado. Su condena vence el 3 de marzo de 2044.
Del resto de acusados declarados culpables, hay 11 que ya han cumplido su condena en España y que al quedar en libertad fueron expulsados a Marruecos, el país de origen de la célula terrorista. De todos ellos, Hassan el Haski sigue encarcelado en una prisión marroquí por haber participado en el atentado de Casablanca, que en el año 2003 ya golpeó intereses españoles en el centro cultural Casa de España. Otro de los culpables, Nasredine Bousbaa, fue expulsado a Argelia al ser de nacionalidad argelina.
El último en salir de prisión fue, el pasado 12 de septiembre, Abdelmajid Bouchar, alias El Gamo, el único superviviente que escapó del piso de Leganés donde se inmolaron siete terroristas semanas después de los atentados y que logró burlar el cerco policial. Fue detenido en Serbia en 2005 y condenado a 18 años de cárcel.
También se encuentran en libertad los cuatro condenados que formaban parte de la llamada célula asturiana, delincuentes comunes de la órbita de Trashorras que ayudaron a trasladar los explosivos desde Asturias a Madrid: Antonio Toro Castro (cuñado de Trashorras), Sergio Álvarez, Antonio Iván Reis y Gabriel Montoya, alias El Gitanillo, que en 2004 tenía solo 16 años y fue el único menor procesado en el juicio del 11-M.
La confusión sobre la autoría
La masacre del 11-M se produjo en menos de cinco minutos, los que tardaron en explotar de forma casi simultánea diez bombas ocultas en cuatro trenes de Cercanías de Madrid. Los terroristas subieron a esos trenes a primera hora de la mañana en Alcalá de Henares y dejaron en diferentes vagones los artefactos explosivos camuflados en mochilas para luego bajarse en las siguientes paradas y ponerse a salvo.
Aunque todas estaban programadas para estallar a su llegada a Atocha, provocando así el mayor número de víctimas posible, solo un tren voló por los aires en esa estación y dejó 34 muertos en el acto. Los otros convoyes explotaron antes de llegar a su destino, pero fueron igual o más mortíferos: El Pozo del Tío Raimundo (65 muertos), Santa Eugenia (14) y calle Téllez (63). El resto de víctimas mortales, hasta llegar a las 192, se contabilizarían en las horas y días posteriores debido a los graves daños sufridos por los heridos.
El 11-M fue la peor tragedia vivida en España desde los tiempos de la Guerra Civil, pero desgraciadamente se convirtió muy pronto en un arma de confrontación política y de polarización, cuyos ecos llegan hasta nuestros días. La celebración de las elecciones generales tres días después de los atentados politizó pronto la masacre, con el Gobierno de José María Aznar intentando responsabilizar a ETA en los dos días posteriores a la tragedia —dosificando información sobre la pista islamista que la Policía manejó como la más plausible desde la misma tarde del atentado— y hasta el día de las votaciones; y con el PSOE tratando de señalar al Ejecutivo por haber metido a España en la Guerra de Irak.
Mucho se ha escrito sobre si aquel intento de señalar a ETA le costó al PP perder las elecciones, pero lo cierto es que el domingo 14 de marzo los españoles dieron una victoria holgada al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero —pese a que las encuestas de semanas previas daban una ligera ventaja a los populares y a su candidato Mariano Rajoy— con una altísima participación en las urnas. Una de las primeras medidas que adoptó el nuevo presidente fue anunciar la retirada de las tropas de Irak.
La comisión de investigación creada en el Congreso después del atentado solo sirvió para que PSOE y PP se acusaran mutuamente de aprovechar la tragedia y a las víctimas con fines partidistas. No obstante, determinó que el Gobierno de Aznar no valoró adecuadamente la amenaza del terrorismo yihadista antes de los atentados y que tergiversó la información sobre la autoría en los días posteriores, unas conclusiones aprobadas con el respaldo de seis grupos parlamentarios y el único rechazo del PP.
Más allá de la propia crudeza de la tragedia, la politización y desinformación fueron la parte más oscura del 11-M, pero también tuvo un lado encomiable encarnado por la gente de a pie, por miles de ciudadanos anónimos que se volcaron a la hora de ayudar a las víctimas.
Aquel 11 de marzo fueron muchos los taxistas que desconectaron sus taxímetros para trasladar a heridos hasta los hospitales y hubo hoteles que abrieron sus puertas a los familiares de las víctimas. También vecinos cercanos a los lugares de la tragedia bajaron de sus casas con agua y comida para los necesitados, médicos fuera de servicio atendieron a heridos, voluntarios de emergencias se pusieron el mono de trabajo y las colas para donar sangre nunca habían sido tan largas. El 11-M fue un gran ejemplo de solidaridad ciudadana.
Madrid, la irrupción del yihadismo en Europa
Aunque en Europa ya se habían producido atentados de corte islamista reivindicados por grupos palestinos o libios, como la tragedia de Lockerbie (1985) o la masacre de Múnich (1972), el 11-M fue el primer gran atentando en suelo europeo perpetrado por el yihadismo moderno y puso de manifiesto que Europa también era vulnerable frente a esa nueva amenaza terrorista.
Hasta esa fecha, Al Qaeda había atentado contra intereses estadounidenses, alcanzando el culmen con el ataque contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, y el yihadismo también había provocado matanzas de occidentales en Luxor (1997), Casablanca (2003) o Bali (2002), pero Europa creía mantenerse al margen, una falsa sensación de seguridad que se disipó el 11 de marzo de 2004 en Madrid.
Después del 11-M el yihadismo comenzó a golpear en Europa de forma recurrente y con toda su crudeza, provocando sangrientos atentados como el de Londres, en 2005 (56 muertos); la sala Bataclán de París, en 2015 (130 muertos); Niza, en 2016 (84 muertos); o el atentado en las Ramblas de Barcelona, en 2017 (16 muertos).
A esos atentados diseñados por pequeñas células yihadistas se han unido en los últimos tiempos los ataques cometidos por 'lobos solitarios', radicales islamistas no vinculados a ningún grupo terrorista, que han provocado víctimas mortales actuando por libre, normalmente acuchillando o atropellando a inocentes en nombre de la yihad. Francia y el Reino Unido han sido los países más afectados por este tipo de terrorismo low-cost, muy difícil de detectar y prevenir.