Se anunció en el marco del Día Mundial del Agua la conformación del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua. Contralorías autónomas del agua de 19 regiones del país exigen la aprobación de una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad, la participación y los derechos humanos como lo mandata la Constitución. Faltando esta ley, dichos organismos ejercen su derecho a formar contralorías autónomas con el fin de proponer proyectos y políticas, así como vigilar el desempeño de los tres órdenes de gobierno. El reconocimiento oficial de éstas Contralorías en la Ciudad de México y en el Estado de México confirman su derecho constitucional a formarlas en todo el país. Denuncian el acaparamiento, la privatización y contaminación de las aguas nacionales. Demandan además que las personas candidatas a puestos legislativos y del Poder Ejecutivo retomen la Agenda por el Agua que presenta la Coordinadora Nacional Agua para Todxs Agua para la Vida.
Después de 12 años de haber elaborado la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, y después del incumplimiento por parte de cuatro legislaturas con el mandato constitucional de reemplazar la actual Ley de Aguas Nacionales, la crisis del agua azota a todo el país.
Declaran, "no podemos seguir permitiendo una política permisiva de la sobreexplotación, contaminación y acaparamiento del agua".
Por lo tanto, anunciaron la conformación del Grupo Promotor de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, la cual arranca con base en contralorías y grupos promotores ya establecidos en diversas regiones del país.
Las 19 instancias mencionadas han sido formadas por comunidades, pueblos originarios, organizaciones sociales y ambientales, investigadores e ingenieros que buscan lograr que las transformaciones en curso incluyan la construcción del buen gobierno del agua.
Consideran que es necesario construir un contrapeso contra la corrupción y el control ejercido históricamente por los grandes intereses privados sobre las instituciones a cargo del agua.
"Desde nuestra autonomía, nos comprometemos a trabajar propositivamente con los próximos gobiernos y vigilar su derempeño", con el fin de lo siguiente:
Uno, reemplazar la Ley de Aguas Nacionales con una Ley General de Aguas centrada en la sustentabilidad, la equidad y la participación desde una perspectiva de derechos.
Dos, lograr el reconocimiento de los derechos al agua de los pueblos originarios, los núcleos agrarios y los sistemas comunitarios, despojados bajo la actual ley.
Tres, poner fin a la contaminación, con atención especial a zonas kársticas y las regiones de emergencia sanitaria y ambiental.
Cuatro, eliminar las fugas del agua en las ciudades, y cambiar el modelo de gestión del agua para que se base en la regeneración de las aguas pluviales y tratadas, en vez de la sobreexplotación y los trasvases.
Cinco, poner fin al sobre concesionamiento de los ríos y acuíferos, la compra-venta de concesiones, así como las extracciones ilícitas.
Seis, impulsar la gestión integral de cuencas, acuíferos, bosques y ecosistemas fuentes de agua.
Siete, garantizar el uso eficiente de agua para la soberanía alimentaria.
Ocho, garantizar el derecho a a consulta para las decisiones que afecten los derechos al agua.
Nueve, lograr la desprivatización, así como el acceso universal a los servicios de agua y saneamiento.
Diez, prohibir la minería tóxica, el fracking y megaproyectos destructivos.
Once, fin a la corrupción e impunidad en la gestión del agua.
Doce, garantizar seguridad y acceso a la justicia para las personas defensoras de agua, tierra y vida.
Las contralorías ciudadanas del agua permiten ejercer los derechos al agua y a la participación establecidos en los artículos 1, 2, 4 y 9 constitucionales y en los instrumentos internacionales vinculantes.
Este derecho ya está reconocido explícitamente en la Constitución de la Ciudad de México y la Jefa de Gobierno en turno tomó protesta de la Contraloría de la Cuenca el 23 de agosto de 2022.
Por su lado, la Secretaría del Agua del Estado de México cuenta con una oficina dedicada a las contralorías.
Y se abre camino con entidades de gobierno en otras partes del país.
El grupo nacional informa que a través de las contralorías realizará las siguientes funciones:
Presentará propuestas de leyes, proyectos y políticas, técnicamente fundamentadas y socialmente sólidas.
Buscará garantizar la participación pública y efectiva en las decisiones gubernamentales sobre el agua.
Documentará y denunciará las violaciones de la normatividad hídrica y ambiental.
Evaluará el desempeño de los servidores públicos responsables del agua y el medio ambiente, y combatirá la corrupción e impunidad.
Integran el grupo promotor las contralorías de Baja California, La Laguna, Querétaro y Coahuila.
Asímismo grupos promotores en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Durango, San Luis Potosí, Puebla y Yucatán, entre otros.
@kardenche