El Gobierno abre nuevas vías para facilitar reclamaciones masivas de consumidores
El Gobierno da luz verde a un nuevo paquete de medidas enfocadas a mejorar la posición de los consumidores ante reclamaciones por prácticas abusivas e ilícitas por parte de empresas que afectan a cientos o miles de personas, como las cláusulas suelo, las preferentes o los fraudes contra las clínicas dentales 'lowcost'.
El Consejo de Ministros aprueba este martes, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el proyecto de ley de acciones colectivas para la protección y defensa e intereses de los consumidores y usuarios que, entre otras novedades, establece un procedimiento único para abordar este tipo de demandas colectivas, informan fuentes el Ejecutivo.
La nueva norma transpone la directiva europea de acciones colectivas aunque, a diferencia del marco comunitario, amplía su ámbito de aplicación a todas las situaciones en las que se hayan vulnerado derechos e intereses de consumidores. Incorpora como una de sus principales novedades que los consumidores puedan beneficiarse de las soluciones que proporcionen las medidas resarcitorias acordadas por los tribunales —indemnización, reparación, sustitución, reducción del precio…— sin necesidad de que cada uno de ellos tenga que litigar de manera independiente.
Otra de las medidas es el uso de plataformas electrónicas para cada proceso, lo que permitirá una tramitación más ágil y sencilla para los afectados y los tribunales competentes para determinar la existencia de irregularidades. El proyecto de ley, que inicia ahora su trámite parlamentario, llega en un momento de auge de la litigación colectiva. Entre 2018 y 2022, los pleitos masivos han aumentado un 120% en Europa, según datos facilitados por el Gobierno.
Por otro lado, la norma prevé la creación de un registro —que tendrá carácter público y gratuito— para difundir la existencia de las acciones colectivas y facilitar que los afectados puedan sumarse a ellas y permitir la adecuada coordinación entre órganos judiciales.
Este proyecto de ley se une a la reciente aprobación de otros reales decretos en materia de eficiencia digital y procesal o la de derecho de defensa que, entre otras medidas, establece que las personas en situaciones de especial vulnerabilidad podrán disfrutar de la asistencia jurídica gratuita, que ya no se facilitará solo a quienes acrediten falta de recursos económicos.
Además, recoge el derecho de la ciudadanía a que la Administración de Justicia se dirija a ellos en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y universalmente accesible. Esta norma se encontraba en tramitación parlamentaria en la anterior legislatura y decayó con la convocatoria de elecciones generales. El Gobierno la reactivó el pasado enero.