En un nuevo capítulo de la pelea con los gobernadores, Javier Milei traspasó por decreto el control de unos 29 fondos fiduciarios al ministro de Economía, Luis Caputo. Se trata de una caja de unos $ 1,7 billones que el Presidente buscaba eliminar, pero ante la imposibilidad de hacerlo a través del Congreso decidió ponerla bajo la órbita del Palacio de Hacienda para su fiscalización.
El decreto publicado en el Boletín Oficial designa al Ministerio de Economía como fiduciante en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios. De esa manera, la cartera estará a cargo de los fideicomisos que antes administraban el banco Nación y BICE.
Por otra parte, Economía realizará una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios en un plazo de 60 días, con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), organismo descentralizado actuante en el ámbito de Presidencia de la Nación, o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia. El primer escándalo con estos fondos saltó cuando se determinó que el FISU, el Fondo de integración socio urbano -que manejaba Juan Grabois- había concluído muy pocas de las obras que pensaba ejecutar.
Según el decreto, la auditoría apunta a "identificar áreas y temas críticos para el funcionamiento de cada fondo fiduciario y evaluar la conveniencia de su continuidad". "La idea es auditarlos y cuidar la plata para que no se malgaste, no implica desfinanciamiento, sino transparencia", señalaron fuentes de Economía. Pero la medida también tendría impacto fiscal y financiero.
En principio, Caputo tendrá mayor poder para disciplinar a las provincias en la antesala de las negociaciones que comenzarán el viernes. Después del conflicto con Chubut, el Gobierno busca rediscutir la ley Bases en el Congreso a cambio de un acuerdo fiscal con los gobernadores, quienes reclaman por el recorte de las transferencias discrecionales, incluyendo los fondos fiduciarios.
El diputado oficialista José Luis Espert reconoció en las últimas horas que una de las condiciones previas al "Pacto del 25 de Mayo" convocado por Milei el viernes pasado, es que "los gobernadores pongan la cara y blanqueen que necesitan", como "cosas extra coparticipación como los fondos fiduciarios". Según Espert, esos fondos representan unos $ 3.500 millones.
El último informe oficial sobre los fondos fiduciarios muestra que al tercer trimestre recibieron recursos por $ 1,7 billones (casi 1% del PBI). Los principales son el del Sistema de Infraestructura de Transporte (41,5%), para la Vivienda Social (13,8%), el de Integración Socio Urbana o FISU (9,9%) y Procrear (8,4%), entre otros que hoy presentan superávit fiscal (más ingresos que gastos).
Los fideicomisos se financian con impuestos y recursos del presupuesto para financiar obra pública, vivienda y subsidios. Con el decreto, Caputo tendrá otra herramienta para mejorar las cuentas fiscales que mira el FMI. Es que si ralentiza o frena aún más la ejecución del gasto, los fideicomisos tendrán mayor superávit fiscal y podría destinar ese excedente a la compra de títulos del Tesoro.
En las últimas semanas, Milei advirtió que los fondos fiduciarios eran "cajas negras de la política" y amenazó con eliminarlos. Si bien todavía no pudo concretarlo, el Gobierno avanzó la semana pasada en la disolución por decreto del Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el recorte de fondos del FISU, destinado a la urbanización de barrios populares.
Ahora, el traspaso de fondos a la cartera de Economía encendió el alerta en las provincias que dependen de ellos para la obra pública y subsidiar el transporte o la energía. El Gobierno se apoyó en un informe que le había exigido a fines del año pasado a la SIGEN para establecer un corte por cambio de administración al 7 de diciembre de 2023 en todos los niveles del Estado, incluyendo los fideicomisos.
De acuerdo con ese informe citado en los considerandos del decreto, se observó la "inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos" que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario, y surge la "ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia".
La SIGEN también advirtió sobre "debilidades en los procesos de rendiciones de cuentas o registración de información administrativa, contable y/o financiera y, en algunos casos, ausencia de monitoreo y control, así como debilidades en los procesos de registración y sistematización de la información sobre la administración y gestión de los fondos fiduciarios y atrasos en los procesos de auditoría".
Y en otro apartado de los considerandos se indica que "se ha verificado la inacción y/o demora en las actividades de recupero y gestión de morosidad o incobrabilidad ante incumplimientos de los beneficiarios, así como debilidades en el proceso de compras y contrataciones, falta de seguimiento y demoras no justificadas".
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