Por medio del Decreto 277/2024 publicado este lunes en el Boletín Oficial, y que lleva la firma de Javier Milei y algunos de sus ministros, se establecieron una serie de medidas relacionadas con la reestructuración de la deuda del Estado Nacional, específicamente la relacionada con los bonos denominados " Valores Negociables Vinculados al PBI".
Dicho Decreto decretó aprueba los documentos necesarios para que la República Argentina cumpla con la orden de la Corte de Apelación de Inglaterra y Gales en el caso Palladian Partners L.P. and ors v The Republic of Argentina and anor (FL-2019-000010).
El caso de reestructuración de la deuda del Estado Nacional Argentino se trata de los Bonos del PBI, los cuales se emitieron en el año 2004 para diferir el pago de la deuda. En ese contexto, huubo un juicio en Londres en el que se determinó que Argentina debía pagar a los tenedores (tres fondos) de estos bonos una suma de €1.300 millones. La República Argentina apeló la decisión, pero para hacerlo, tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos:
- Depositar una suma de dinero en un fideicomiso
- Otorgar una carta de crédito
El Decreto 277/2024 aprueba los documentos necesarios para cumplir con estos requisitos.
Puntos clave de la normativa
- Aprobación de los modelos de documentos:
- Fideicomiso "RofA Special Trust 2024" o "Fideicomiso Especial de la República Argentina – 2024"
- Carta de Crédito Standby
- Facilidades de Carta de Crédito
- Esquema de honorarios y gastos para UMB Bank, National Association
- Esquema de honorarios y gastos para Banco Santander, S.A.
- Carta de Aceptación
- Prórroga de jurisdicción y renuncia a la inmunidad soberana:
- A favor de los tribunales de Nueva York
- Limitada a la jurisdicción prorrogada
- Designación del Banco de la Nación Argentina como Agente de Proceso
Según menciona el texto oficial, este decreto es importante porque permite a la República Argentina continuar con el proceso de apelación de la decisión del juez Picken en el caso Palladian Partners. Si Argentina no cumple con los requisitos de la corte, perderá su derecho de apelar y tendrá que pagar la suma de €1.300 millones a los tenedores de los Bonos del PBI.