Justo cuando el ministro Félix Bolaños llegaba al patio del Congreso de los Diputados para hablar con "orgullo" de la ley de amnistía, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, alertaba contra ella ante numerosos dirigentes conservadores reunidos en Bucarest (Rumanía) en el congreso del Partido Popular Europeo (PPE). El político gallego ha tomado la palabra en el cónclave poco después de las nueve y cuarto de la mañana y ha pedido a "Europa" que no permita que "fructifiquen los ataques al Estado de Derecho y a la independencia del poder judicial" que él considera que conlleva la amnistía al 'procés'. "Una mayoría creciente de españoles ven en el PP y en las instituciones europeas la garantía para parar estos despropósitos", ha subrayado sobre la necesidad de que Bruselas impida que se aplique el acuerdo de Pedro Sánchez con Junts y ERC.
Allí, en el auditorio, le escuchaba atentamente Ursula Von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea y candidata del PPE a reeditar ese cargo tras las elecciones europeas de junio. Feijóo ha iniciado su alocución mostrándole su apoyo, aunque la víspera el vicesecretario institucional, Esteban González Pons, le reclamó más contundencia contra la amnistía y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que también ha participado en el cónclave del PPE, le avisó de que tiene que dejar el "compadreo" con Sánchez. Estos años ha quedado demostrada la buena relación entre la presidenta de la Comisión y el jefe del Ejecutivo español, algo que los populares censuraban hasta ahora solo en privado.
Feijóo ha asegurado que este jueves, en referencia a la aprobación de la ley de amnistía en la comisión de justicia, "un Gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de la declaración de independencia de una parte de un Estado miembro". Según el último pacto entre el PSOE, Junts y ERC, el texto legal, cuando haga referencia al terrorismo, se referirá a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos y no al Código Penal español, más estricto.
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