El presidente Javier Milei sacudió una vez más el tablero. Tal como habían dejado trascender desde el oficialismo, se guardó una "sorpresa" para el final. Fue la convocatoria a gobernadores para el 25 de mayo en Córdoba y firmar diez puntos para un gran Acuerdo Nacional. Antes de eso, puso una precondición: convocar a los gobernadores a dialogar y avanzar en el tratamiento de la Ley Ómnibus y avanzar en un paquete de alivio fiscal que le dé aire a las provincias. Una suerte de "toma y daca". Lo que tanto detesta.
En concreto, instruyó a Nicolás Posse, a Luis Caputo, y al ministro político, Guillermo Francos, a convocar a los mandatarios para comenzar a abordar un pre acuerdo que les permita llegar al 25 de mayo, con consensos avanzados. De todos modos, Milei avisó que no está dispuesto a modificar su hoja de ruta y que tiene "la mano firme". Además aclaró que no lo mueve la búsqueda de "popularidad".
A su vez anunció un paquete de leyes "anti casta", las cuáles serán remitidas al Congreso a la brevedad, lo que le permitirá mantener la iniciativa legislativa.
Se trata de proyectos que abordarán la eliminación de "Jubilaciones de privilegio" para los ex presidentes y ex vice presidentes. Avanzar en modificaciones en la forma de elecciones en los sindicatos limitando las reelecciones siendo los comicios supervisadas por la justicia electoral. Un solo período.
También un texto que incluya promover "convenios colectivos" por empresa o cluster de empresas, desestimando los "convenios colectivos" por cada rama de la industria o del comercio.
Avanzar en la modificación de leyes para casos de corrupción. No podrán presentarse a elecciones aquellas personas que tengan condenados en segunda instancia a elecciones nacionales. Eliminación de privilegios a funcionarios que hayan sido condenados.
Reducir 30 o 40 % de los asesores diputados y senadores y descuentos a empleados públicos por día no trabajado.
En materia de reforma política, avanzar en la eliminación de aportes con fondos públicos.
También el que ya había anunciado para sancionar penalmente al funcionario que habilite financiar al Tesoro con emisión. Tipificarlo a su vez como delito de lesa humanidad para que sea imprescriptible.
Pese a la convocatoria a debatir la Ley Bases y el paquete fiscal de alivio para las provincias, advirtió que de no alcanzar los consensos avanzará con las reformas decretos u otras herramientas.
Por otra parte, avanzará en el cierre de la Agencia Télam. Además modificaciones en el uso de los pasajes aéreos: uno de ellos que no se puedan canjear las millas; otro, que ningún funcionario pueda viajar con un familiar si no se trata de un viaje oficial, con recursos del Estado.