La Ley de Familias, actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, ofrece un blindaje adicional a los okupas frente a los desahucios, en tanto sean considerados «familias vulnerables». La ley asegura así que, ante una «situación familiar de vulnerabilidad con menores a cargo», la vivienda y los suministros básicos deberán estar garantizados. En concreto, las administraciones públicas «promoverán la garantía del derecho a la vivienda con una protección especial a familias vulnerables y con personas menores de edad, ante situaciones de desahucio, así como su acceso a los parques de vivienda social» y «en todo caso, la garantía de acceso a una vivienda digna, asequible y universalmente accesible».
La citada ley no distingue si esa ocupación se ha producido mediante la comisión de un delito o, por ejemplo, por impago del alquiler. Además, el texto obliga a «garantizar la protección frente a la pobreza energética y el acceso a suministros básicos, mediante el establecimiento de unos servicios mínimos garantizados para todas las personas de agua, luz, gas, comunicaciones e Internet de banda ancha».
La propuesta sigue la línea de la Ley de Vivienda, aprobada el año pasado, que ofrece una protección a los okupas frente a los propietarios, dilatando el proceso de desalojo. En concreto, la norma -que salió adelante gracias al apoyo de ERC y Bildu, socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez-carga de burocracia el procedimiento de desahucio, exigiendo numerosas obligaciones a los propietarios que quieran recuperar la posesión de su vivienda.
Así, el dueño tendrá que especificar en la demanda si es o no un gran tenedor -la denominación que el PSOE aplica a los que posean más de cinco inmuebles- «y si el inmueble que quiere recuperar constituye vivienda habitual de la persona ocupante». En el caso de ser un gran tenedor, tendrá que indicar si el ocupante de la vivienda «se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica». El dueño legítimo deberá indicar ese extremo a través de una evaluación realizada por los servicios de Vivienda autonómicos y locales, y previa autorización del propio ocupante.
También se establece la obligatoriedad de informar del «día y la hora exacta» del desalojo, y se obliga a las administraciones competentes a emitir una propuesta de medidas de atención inmediata, «así como de las posibles ayudas económicas y subvenciones de las que pueda ser beneficiaria la parte demandada». Si existe una «situación de vulnerabilidad» en el ocupante, la Ley de Vivienda insta a presentar una «propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social».
Ley de Familias
La aprobación de la Ley de Familias, promovida por el Ministerio de Derechos Sociales –ahora en manos de Pablo Bustinduy– es una de las prioridades del Gobierno para la legislatura.
El texto, elaborado en su día por la líder de Podemos, Ione Belarra, detecta una decena de «situaciones familiares» que merecen ser especialmente protegidas. Entre ellas, además de las mencionadas familias «vulnerables», se incluyen las «situaciones familiares en que exista una sola persona progenitora», «situaciones familiares en que existan personas con discapacidad o en situación de dependencia», «situaciones familiares en que existan personas pertenecientes al colectivo LGTBI», «situaciones familiares con nacimientos, adopciones o acogimientos múltiples», «situaciones familiares en las que se produzcan adopciones o acogimientos», «situaciones familiares con hijos de uniones anteriores», «situaciones familiares familias residentes en medio rural» y «situaciones familiares en las que algunos de sus miembros procedan de otro Estado o territorio, o de emigrantes retornados».
La ley, además, suprime la consideración de «familias numerosas», que son sustituidas por «familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza». Esta circunstancia ha sido criticada por el colectivo, que reclama que no se elimine su identidad.
La norma dicta que la «diversidad» familiar «ha generado una enorme riqueza para nuestro país, y el deber de las Administraciones Públicas es también evolucionar y garantizar su protección».
«Ya no existe la familia, sino las familias, en plural. Hoy es habitual ver familias formadas por parejas de hecho, familias formadas por una sola persona progenitora, familias formadas por personas pertenecientes a los colectivos LGTBI, familias en las que uno o ambos miembros de la pareja tienen hijas o hijos de uniones anteriores, familias adoptivas o acogedoras, familias procedentes de otro Estado o territorio, o en que alguno o algunos de sus integrantes residen fuera del territorio nacional, o familias entre personas que proceden de entornos culturales o étnicos diferentes. Las políticas públicas deben garantizar que todas las familias son iguales en derechos y que cada una de ellas recibe el apoyo y la protección social que necesita», se lee en el texto.