POLÍTICA
Atención: Consejo de Estado tumbó sanción de la Procuraduría en contra de Rodolfo Hernández
Aunque el hecho ocurrió cuando Hernández era mandatario de la capital santandereana, deberán devolverle una gran suma de dinero.
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SEMANA conoció un fallo del Consejo de Estado en el que se tomó la determinación de tumbar una sanción de la Procuraduría General de la Nación en contra de Rodolfo Hernández cuando era alcalde de Bucaramanga.
El documento firmados por los magistrados Jorge Iván Duque y Rafael Francisco Suárez determinó revocar la sentencia proferida el 5 de septiembre del 2022 por el Tribunal Administrativo de Santander.
Además, se declaró la nulidad del fallo del 20 de diciembre de 2019, emitido por la a Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa mediante el cual el entonces alcalde de Bucaramanga fue sancionado disciplinariamente con la suspensión en el cargo y una inhabilidad por 8 meses.
En ese sentido, los magistrados declararon que Hernández no está obligado a pagar la suma de 95.662.760 pesos, sino que en cambio, ese dinero deberá reconocérsele por parte de la Procuraduría si llegó a ser pagado por el exfuncionario.
El caso por el que había sido suspendido por el Ministerio Público fue cuando Hernández era alcalde de Bucaramanga y golpeó con una cachetada al exconcejal Jhon Jairo Claro Arévalo el 22 de julio de 2019, el cual quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. "Como consecuencia de este, se inició investigación disciplinaria, la cual culminó con la sanción que hoy se demanda", dice el fallo del alto tribunal.
Uno de los argumentos del Consejo de Estado para darle la razón a Hernández, a pesar de la evidencia de la agresión, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó un precedente en el caso de Gustavo Petro cuando fue suspendido e inhabilitado cuando era alcalde de Bogotá, en el que se limitaron los alcances del Ministerio Público en ese sentido.
"Atendiendo al deber que tiene toda autoridad judicial y administrativa de realizar el control de convencionalidad ex officio, y a la luz de la jurisprudencia decantada en el caso Petro Urrego vs Colombia, para esta Sala de subsección es claro que la normativa colombiana (Ley 734 de 2002) que facultaba a la Procuraduría General de la Nación para destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular estuvo viciada de ilegalidad, desde sus orígenes, por ser contraria a los postulados consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano", dice la sentencia.
Y agregó que: "Por consiguiente, como el marco normativo con el que fue sancionado el señor Rodolfo Hernández Suárez fue el mismo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos censuró o reprobó en el precedente convencional del caso Petro Urrego vs Colombia, es palmaria la ilegalidad de los actos administrativos acá demandados".
No se trata de la única suspensión que reposa sobre Hernández. El exalcalde y excandidato presidencial también fue sancionado por la Procuraduría por tratar en términos irrespetuosos y desobligantes a un veedor ciudadano, durante una actividad pública realizada en el parque Solón Wilches, en la capital santandereana.
En desarrollo...