El Estado de derecho se basa en la independencia de poderes, en su colaboración armónica, en el funcionamiento cabal de la Constitución. Eso supone principios-valores como la libertad y el orden, la justicia y la paz, pero también principios jurídicos construidos para garantizar la vigencia de las instituciones. Entre ellos, sobresale el principio del control que, sin duda alguna, es el principio democrático por antonomasia. Sin control, el poder que es expansivo por naturaleza corrompe a personas y a gobiernos. En cambio, un ejercicio constante y autónomo del control político, del control judicial, del control ciudadano, muestra fortaleza institucional en cualquier Estado de Derecho.
En tiempos inciertos, los pueblos necesitan comprometerse con una sana reflexión política. Es lo que deben hacer los colombianos si quieren vivir sin sobresaltos la sucesión presidencial de 2026. Por desgracia, a su dirigencia no parece interesarle. La deliberación del país consigo mismo y de unos sectores específicos con sus adversarios, es indispensable para cimentar acuerdos de mínimos necesarios para encontrar propósitos comunes. De otra manera, la nación colombiana termina siendo inexistente. Así de claro, así de dramático.
Las críticas de algunos y las protestas de otros frente a solicitudes formuladas por la ONU, la OEA y la CIDH a la Corte Suprema de Justicia colombiana para que tomara la decisión de agilizar la elección del fiscal general se han asordinado. Pero, contrastaron con los reclamos formulados por los mismos críticos al actual gobierno, en razón de su silencio frente a supuestos o reales desafueros cometidos por otros gobiernos del mundo.
La geopolítica del presente siglo no es la misma del anterior, ni el suceso internacional se congeló en las sinrazones de la guerra fría o en las violencias de las otras guerras del siglo XX. El mundo actual registra dolorosas experiencias relacionadas con la violación de los derechos humanos. Son hechos tozudos los que obligaron a la comunidad internacional y a los organismos multilaterales a salvaguardar tales derechos como objetivo prioritario. En otras palabras, surgieron antinomias reales entre el viejo principio de la no intervención y la defensa de otros principios democráticos caros a los tiempos que corren.
Además, hay otras consideraciones: las altas cortes no deben tener funciones electorales porque son funciones políticas, pero suprimirlas supone reformar la Constitución. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus propias manos soluciones fáciles. Puede modificar su reglamento interno para que sus decisiones electorales se tomen con la mitad más uno de sus miembros. También puede asumir la responsabilidad política que le corresponde a quien tiene funciones electorales en una democracia. En este caso, decidir con celeridad sobre la referida elección y evitar consecuencias políticamente dañinas.
Si alguien cumple funciones políticas, tiene responsabilidades políticas. En un país tan convulsionado como este, no se pueden pretextar razones jurídicas para explicar situaciones políticas. Pero los dirigentes tampoco pueden seguir estimulando conflictos, cuando lo que se requiere son diálogos para la convivencia. En cualquier caso, lo mínimo que puede pedirse a cualquier autoridad de cualquier rama del poder público frente a cualquier decisión política de su resorte, en momentos como los actuales, es no prolongar la incertidumbre.