Entidades que agrupan a las pymes argentinas se reunieron con representantes del Ministerio de Economía, ante una coyuntura dramática con fuertes caídas en las ventas y niveles de producción. Los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) acercaron propuestas para alentar el consumo y reducir los costos productivos, tanto en materia laboral como fiscal. Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) también pidieron una cita con el ministro Luis Caputo, "estamos ante un escenario de pérdida de miles de puestos de trabajo en pymes industriales", advirtieron.
"Las pymes buscamos alivio de la carga tributaria y de los costos laborales no salariales, acceso al mercado de cambios, un apuntalamiento del mercado interno, transparencia en las comisiones de las tarjetas de crédito y débito y un nuevo acuerdo fiscal", planteó Alfredo González, presidente de la Came, en el encuentro con el secretario de Economía del Conocimiento, Marcos Ayerra, y el jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Miguel Schmukler, la semana pasada en el edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen al 250. Por su parte, Ayerra resaltó que en los próximos días el Gobierno anunciará acciones en el sentido de lo propuesto por Came y que "además, habrá novedades de índole financiero dirigidas específicamente a las pymes de toda Argentina".
De acuerdo a las estadísticas que elabora Came, en el primer bimestre del año las ventas minoristas de pymes cayeron un 27 por ciento acumulado, siendo los rubros de farmacia (42,4 por ciento), perfumería (36,7) y alimentos y bebidas (35,2) los más perjudicados. "Desde muchos comercios se señaló a febrero como un mes para el olvido, con días consecutivos donde no se registraron ventas", habían observado en su informe en los primeros días de marzo. La producción pyme se retrajo 21,7 por ciento en el bimestre, y "lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos en servicios y combustibles" señalaban. A esa performance debe sumarse el fatídico mes de diciembre, con ventas 14 por ciento abajo y producción con una caída del 27 por ciento interanual.
En tanto, los pymes industriales afirmaron: "Durante todo el verano, las ventas en el mercado interno evidenciaron el derrumbe del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y transferencias del Estado a los hogares (desde planes sociales hasta subsidios a la energía). Esto no rebotará".
Rechazaron así las proyecciones del presidente Milei, que habla de un rebote en forma de V corta a partir de abril, y señalaron en la presentación del tercer informe económico del año elaborado por el Observatorio IPA que la recuperación de la actividad económica en 2024 será lenta y traccionada por sectores puntuales -agroalimentario, minero y energético-, pero con un mercado interno que seguirá deprimido por la pérdida de ingresos reales y empleo. A ese escenario "se suma la competencia 'desleal' con productos extranjeros, que inició con el sector alimenticio pero podría extenderse al resto de las manufacturas industriales".
Carga fiscal y consumo interno
En el documento entregado a las autoridades nacionales, los representantes de Came presentaron en primer lugar medidas para el alivio de la carga tributaria y los costos laborales no salariales. Entre ellas, el incremento y extensión del pago del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de contribuciones patronales (en un 60 por ciento, que es un beneficio similar al que actualmente acceden las microempresas), la exclusión del IVA para todas las pymes y la extensión del régimen de facilidades de pago de deudas con Afip con tasa subsidiada (que vence en julio de este año e implicaría un incremento en el costo financiero en más de un 40 por ciento de la cuota, sostienen). En materia de acceso al mercado de cambios solicitaron realizar el pago de importaciones en dos veces, un 50 por ciento al momento de su registro de ingreso aduanero y el 50 por ciento restante a los 30 días corridos del mismo.
En tercer lugar, presentaron propuestas para el apuntalamiento del consumo interno. El "programa compre en pymes" plantea beneficiar a un segmento del universo de consumidores –que a modo de ejemplo podría pensarse en beneficiarios de programas sociales, jubilados y pensionados con ingresos de hasta seis haberes mínimos, o monotributistas y asalariados que perciban hasta 6 salarios mínimos, vitales y móviles- con la devolución del IVA correspondiente a la compra de bienes con medios de pago electrónico, con un tope mensual de devoluciones ajustable por inflación. También sugirieron una línea de crédito que las pymes puedan ofrecer a sus clientes y complementen las previstas en el programa Cuota Simple, sobre la base de la experiencia de la Línea de Financiamiento para la Inversión Productiva del Banco Central.
Por último, propusieron transparentar las comisiones que hoy está obligado a soportar el comerciante, utilizando distintas plataformas para poder realizar y/o cobrar sus ventas (mercado libre/pago, modo, etc.). Otra propuesta clave fue un nuevo acuerdo fiscal que tienda a reducir/eliminar los regímenes de retención y percepción del Impuesto a los ingresos brutos que genera saldos a favor de imposible recupero por ser extraña jurisdicción.
Contra la apertura indiscriminada
"Si bien el Gobierno diagnostica correctamente la falta de incentivos para ampliar la competitividad nacional en las últimas décadas", esto no se consigue abriendo repentinamente el comercio para competir con empresas del extranjero "que sí tuvieron el apoyo de sus Estados y una perspectiva de crecimiento más clara en los últimos años", sostuvo Daniel Rosato, presidente de IPA, quien advirtió además que miles de puestos de trabajo de pymes industriales están en riesgo. No sólo las pequeñas, sino tamnbién grandes empresas, empezaron a ofrecer retiros voluntarios.
Para IPA, las facilidades de importación de casi 3.000 posiciones arancelarias de productos alimenticios "parecen ser la antesala de una política más amplia de apertura comercial, con beneficios para las empresas extranjeras y perjuicios para las fábricas nacionales". Esa competencia desleal pone en riesgo la actividad de 14.000 empresas productoras de alimentos, según las estadísticas del Observatorio IPA, de las cuales 4.500 se dedican a la panadería, 1.300 a las carnes, 1.200 a las pastas alimenticias y 1.000 a lácteos. Esas empresas a su vez afectarían con su derrumbe a compañías productos de materias primas, otras que prestan servicios u otros insumos al sector. Un perjuicio en cadena que es habitual por el eslabonamiento entre diferentes actividades.