Los jueces se movilizan frente a la falta de medios para la lucha contra el narcotráfico, que todos coinciden que exige un replanteamiento.
Mientras la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha encargado un informe sobre la situación de los juzgados de Cádiz y Huelva con causas de narcotráfico, los jueces de Algeciras han mantenido una reunión de urgencia para analizar la situación y proponer mejoras y la asociación de Juezas y Jueces para la Democracia en Andalucía occidental (JJpD) defiende "la capacidad y formación" de los magistrados que llegan al Campo de Gibraltar para ejercer su labor en los distintos juzgados de la comarca y aboga por "separar jurisdicciones" en los juzgados mixtos, donde se llevan causas civiles y penales.
La Junta General de Jueces y Magistrados de Algeciras ha mantenido este jueves una reunión convocada con carácter extraordinario y urgente por el decano de los jueces de la ciudad, Jerónimo García San Martín, a raíz de que el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, pusiera en solfa el pasado lunes la labor que se viene desarrollando contra las mafias del narco desde los diferentes juzgados de la comarca. Este jueves, el consejero ha vuelto a tomar la palabra para decir que no dijo lo que dijo.
El propósito de la reunión es redactar y aprobar un escrito de protesta, en respuesta al consejero, y remitirlo tanto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para recabar el respaldo de ambas instituciones. Los jueces alcanzaron un acuerdo que harán público este viernes.
"La cualificada formación, experiencia acumulada y abnegada dedicación y vocación de servicio público de los jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios de justicia destinados en el Campo de Gibraltar es lo que ha permitido dar una adecuada y efectiva respuesta al elevado número de asuntos y causas complejas que se vienen tramitando en los juzgados de la comarca", afirmó el pasado miércoles en declaraciones a Europa Sur el decano de los jueces de Algeciras.
García San Martín pone el acento en que el trabajo de los jueces, fiscales y demás funcionarios de Justicia se viene desempeñando "de forma notable" en el Campo de Gibraltar, a pesar de "la ínfima dotación de medios personales y materiales por parte de las administraciones públicas competentes".
Esa labor, añade el decano de los jueces, se ha realizado "durante largos períodos de tiempo en los que se ha ampliado exponencialmente el número de funcionarios policiales, con la creación de unidades policiales específicas, sin el consiguiente y correlativo refuerzo o ampliación de las unidades judiciales, llegando a tramitarse simultáneamente diversas macrocausas o causas de especial complejidad en oficinas judiciales conformadas por apenas ocho funcionarios". Es el caso del propio García San Martín, titular del Juzgado de Instrucción nº5 de Algeciras, que asume las diligencias de más de una decena de macrocausas contra redes del tráfico de drogas.
"La creación de un tribunal de instancia en el Campo de Gibraltar que extienda su competencia a los actuales partidos judiciales de Algeciras, La Línea de la Concepción, San Roque y Barbate puede servir para optimizar convenientemente los recursos humanos existentes y la experiencia acumulada y, en consecuencia, la eficaz respuesta al elevado número de asuntos atribuidos a su conocimiento", apunta García San Martín, "pero siempre y cuando vaya acompañada de la adopción de medidas para alcanzar dicha eficiencia".
Las declaraciones realizadas por Nieto a La Mañana de Canal Sur Radio, el pasado día 4, se enmarcaban en su propuesta de creación de un juzgado de instancia en el Campo de Gibraltar para agilizar y centralizar la instrucción de las causas más complejas por narcotráfico. A su juicio, el problema reside en el funcionamiento de los juzgados actuales y también en el perfil de algunos de los jueces que están al frente de ellos. Según el consejero, se trata de "jueces recién salidos de la escuela judicial, personas que además están deseando salir de ese entorno porque no es el más adecuado y que están muy poco tiempo en la zona". "Se requiere un salto de calidad en la justicia", sentenció Nieto.
CGPJ
Mientras tanto, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este jueves recabar del Servicio de Inspección un informe sobre la situación en la que se encuentran los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de las localidades de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda de la provincia de Cádiz, que suman 19 en total, así como los de Ayamonte y Moguer en Huelva, y que cuentan con causas relacionadas con el narcotráfico.
El informe deberá incluir una propuesta con "las medidas necesarias" para paliar la situación en la que se encuentren, especificando cuáles de ellas son competencia del órgano de Gobierno de los jueces, como ha indicado el CGPJ en un comunicado. En su reunión, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de un escrito, recibido el pasado 27 de febrero, en el que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) denuncia la situación de dichos juzgados, que son competentes tanto en materia civil como penal.
El escrito viene acompañado de un informe que advierte de "la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por delitos relacionados con el narcotráfico". A la vista de las diversas propuestas de la AJFV, la Comisión Permanente ha acordado dar traslado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes de las cuatro que requieren reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En concreto, van a trasladar la asunción por la Audiencia Nacional de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos; liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor; establecer un complemento salarial de peligrosidad y/o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas por la investigación de delitos como el narcotráfico, el blanqueo de capitales u otros similares vinculados a organizaciones o grupos criminales; y la implantación de los tribunales de Instancia a medio plazo y unificación de los sistemas de gestión procesal.
En cuanto a la propuesta relativa al refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de esos delitos, la Comisión Permanente ha acordado trasladar esta petición al Ministerio del Interior. Por último, se ha decidido poner en conocimiento de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Justicia la propuesta consistente en una mejora en la dotación de medios materiales y personales, incluyendo el nombramiento adicional de letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.