Sebastián Welisiejko: "Si el Gobierno realmente quiere el éxito del programa económico, no lo puede hacer con la gente afuera"
El economista y exfuncionario de un área social del Estado analizó las decisiones del Gobierno sobre las políticas para la población vulnerable; su visión sobre el rol de las organizaciones sociales
Estudió economía (UBA) y completó una maestría en Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex (Reino Unido); fue secretario de Integración Socio Urbana de la Nación (2018-2019), en cuya gestión se creó el FISU; es chief policy officer de The Global Steering Group for Impact Investment (GSG) y managing partner de New Ventures
"La AUH reforzada y el Potenciar Trabajo maquillado para mí son insuficientes para pasar febrero, marzo y abril", evalúa Sebastián Welisiejko, al analizar las políticas de asistencia social del Gobierno. El economista, que fue secretario de Integración Socio-Urbana de la Nación (2018-2019) advierte que estabilizar la macro y bajar la inflación son "prioridad número uno" para intentar resolver la pobreza.
Pero critica el ajuste de partidas y la desfinanciación de programas destinados a atender a los vulnerables. "Tenemos un problema en los próximos tres meses y tenemos un problema en los próximos 10 años. Ambos me parecen igual de legítimos, y si sos un buen gestor y un buen policy maker, te ocupás de las dos cosas", plantea el analista, al advertir por las consecuencias del corrimiento del Estado en temas como la primera infancia, la prevención del embarazo adolescente o la política alimentaria. A su vez, critica el desfinanciamiento que decretó el Gobierno para el Fondo de Integración Sociourbana (FISU), el instrumento creado por unanimidad en el Congreso en 2018, y califica como una "oportunidad perdida" a la gestión realizada con este dinero en la gestión de Alberto Fernández.
–¿Por qué fue una "oportunidad perdida"?
–Si quisieras urbanizar todas estas villas del país, calculamos que, cuando el registro abarcaba 4416 barrios, la inversión necesaria era de no menos de US$26.000 millones. Y el Estado Nacional no tiene esa plata para invertir en esto, y no lo va a tener. El modelo en el cual el Estado Nacional le hace una transferencia a una provincia o un municipio para que urbanice una, dos o tres villas tiene las patas muy cortitas. En un año, a esta política quizás se le dedican US$50 o US$60 millones. El año pasado el FISU tuvo un ingreso récord que fue un poco más de eso y fue un montón, en parte por el impuesto PAIS que, dicho sea de paso, es una mala fuente de fondeo, porque es un mal impuesto, es distorsivo y cuando se creó solo iba a durar cinco años. El FISU en cuatro años juntó US$470 millones, que es un montón pero que, respecto de la necesidad total no es tanto. Si salió todo bien, se intervino en 100 villas, pero aparecen 100 nuevas, y hay que recordar que son 5000.
–¿Cuál es su visión sobre el funcionamiento operativo del FISU?
–Es un instrumento financiero para llevar a cabo la política. No es una cosa en sí misma. La política sigue siendo central y el instrumento sigue siendo un buen instrumento. Si hay algo que investigar en términos de transparencia, que se investigue. Y ojalá el Gobierno revea la situación. Si quiere dar de baja los fideicomisos financieros y los fondos fiduciarios de toda la nación, que revea caso a caso. Y la idea del fideicomiso, más que tratar de que sea una caja administrativa para bypassear el accionar de un Ministerio (mucha gente piensa que es eso) es buscar un nuevo modelo de financiamiento que permita escalar la política y que no se corra siempre el problema de atrás. Y eso tenía esencialmente dos objetivos. Uno, poder utilizar los recursos públicos para apalancar otros recursos privados y de mercado, y encontrar una nueva relación para el fondeo y el repago con las provincias y los municipios. Algunos quizás no están de acuerdo, pero la idea era que las provincias pueden participar del repago de las inversiones y que, en vez de dar un subsidio a la provincia que le toque, haya un instrumento financiero accesible, para que se hagan más proyectos. Porque provincias y municipios tienen fuentes para repagar esto, porque terminan transformando un pasivo urbano y social en un activo urbano y social. Si un proyecto sale bien, la provincia va a tener mejores resultados por los próximos años en educación, en salud, en seguridad ciudadana, y va a tener recursos genuinos. No es un crédito para impulsar la planta del Estado. Y los municipios son los amos y señores del ordenamiento territorial. Creo que ofrecerle un instrumento de crédito a muchos es superior a ofrecer posiblemente un subsidio a muy poquitos.
–El Gobierno ataca estos fondos y habla de caja negra de la política.
–Creo que también tiene que ver con un método, casi con una cultura que está trayendo el Gobierno, de la confrontación permanente y de aplicar soluciones de shock. Me parece valioso que el Gobierno esté planteando algunas discusiones que no se venían planteando. Veníamos de cuatro años de esencialmente un surfeo del 'statu-quismo', con consecuencias muy negativas. Había que llegar a ciertas discusiones y eso es bienvenido. Pero se dan con medidas de amplio espectro; barren con todo por un problema. Seguramente en alguno de los 30 fideicomisos hay irregularidades. ¿Qué hacemos? Barro con todo, y quizás me llevo puesto a los que funcionan bien. Es igual que la política monetaria. Yo también estoy convencido de que la emisión irresponsable genera inflación y que el déficit continuo tiene un efecto muy, muy negativo en los en los fundamentos de la macroeconomía y eso, en definitiva, es el gran originador de la pobreza y lo social. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Hago mejor política monetaria, adopto una nueva regla fiscal? ¿O cierro el Banco Central? Creo que en ese desmantelamiento total de cosas hay un problema. Obviamente, es mucho más difícil hacer mejor política que no hacer nada y dejar crecer todos los problemas, como yo creo que en buena medida hizo el gobierno anterior, o que barrer con todo a lo bestia, como vemos que está planteando en algunos casos el actual gobierno.
–En política social, el Gobierno tiene una disputa con organizaciones sociales que en muchos casos intermedian en los programas. ¿Cuál es su visión?
–Aunque a mucha gente no le guste, cumplen un rol en territorios donde el Estado no llega. Los que tienen un mínimo de territorialidad saben que vas a algún barrio y no se ve nada, no está el municipio o la provincia, pero de pronto hay un merendero de alguna organización social. Te puede gustar más, te puede gustar menos, podés tener mejores sistemas (creo que tienen que ser más transparentes y con mejor gobernanza), pero son jugadores válidos. El Gobierno ahora replanteó, hizo actos hasta políticos diciendo que van a usar más a las iglesias evangélicas o a la Iglesia católica, que también vale. Hay que trabajar con todos los que estén dispuestos a hacerlo de manera transparente.
–¿Cuánto pesa el escenario macroeconómico en estos problemas?
–El origen de los problemas de los que estamos hablando, y de que la gente necesite una ayuda alimentaria o programas para mejorar su hábitat tiene que ver con que hace años que la economía argentina está absolutamente rota. Y es el punto central. La estabilización macroeconómica es la prioridad número uno para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. A través de los años fuimos normalizando una cantidad de distorsiones y anomalías; el país no crece hace 10 años y casi lo aceptamos pasivamente. Todas esas condiciones que generan altísima inflación hace muchísimos años es la madre de todos los problemas. Hoy bajar la inflación es la prioridad uno. Si no haces eso, la política de contención va a tener que tender a infinito y a nivel Estado vas a tener que gastar todos los recursos en eso. Y eso no tiene solución de continuidad y perdés espacio para hacer las otras políticas. Este esquema te pone todo el tiempo la presión sobre la supervivencia, y eso no puede ser la aspiración ningún país. Entonces, sanear la economía es la prioridad número uno. El reordenamiento macroeconómico está muy bien, porque sin eso no se puede pensar en nada que tenga que ver con mejoras sociales. Ahora, también creo que con eso no alcanza.
–¿Por qué?
–Hay dos problemas. Este programa, que viene siendo muy agresivo, ambicioso, rápido y muy de shock, donde el propio gobierno hará una valoración de que el gradualismo no le funcionó a Cambiemos, y la realidad es que hasta el propio FMI le dijo al presidente que este programa sea con la gente adentro y que cuide a los más vulnerables. Y si realmente querés el éxito del programa, no lo podés hacer con la gente afuera. Hay gente que sufre mucho los embates del ajuste, que viene muy golpeada de muchos años. Esa calibración hoy me está preocupando, porque se desarman un montón de estos programas. Duplicar la AUH fue una buena medida, pero eso llega a 2 millones de madres. Y hoy hay una gran población de gente vulnerable, pobre, que está afuera de la órbita de la ayuda del Estado. En lo inmediato está el problema de cómo pasar la rompiente para hacer esa estabilización, por el motivo táctico, que es que tu programa se pueda hacer, o el imperativo de evitar que mucha gente deje de comer. La AUH reforzada y el Potenciar maquillado, para mí son insuficientes para pasar febrero, marzo y abril. Quiero que el programa de estabilización salga bien, que la economía se sane y me preocupa la batería de respuestas.
–Habló de dos problemas. ¿Cuál es el segundo?
–En la urgencia actual quizá tiene menos visibilidad, pero creo que yendo a la cuestión estructural, es algo que vamos a pagar por muchas generaciones. Si se van desmantelando las políticas de transformación, es un gran problema. Si desarmo la integración sociourbana porque elimino el instrumento, lo desfondeo o no hago nada con eso; si desatiendo programas de primera infancia o de prevención del embarazo, quizás zafo y paso uno o dos años, pero las consecuencias del no accionar estatal en esas políticas más profundas las vamos a sentir por generaciones. Y casi como hacedor de política pública o gobernante, para mí eso también es tirar la toalla. Si mi programa es estabilizar la macroeconomía y en el medio dar algunas transferencias, eso es una vara bajísima, de muy poco vuelo. Para el Gobierno parece ser que con ordenamiento económico, crecimiento y más inversión y baja inflación, cuatro cosas con las cuales es imposible estar en desacuerdo, es suficientes para el desarrollo y la integración social. Es la vieja llamada teoría del derrame. Y no creo que eso sea así. Creo que hay una función irrenunciable, no solo desde el Estado, sino también en la articulación con privados de manera inteligente, para generar las políticas de transformación que generen condiciones para superar la pobreza estructural, más allá de los embates de la coyuntura.
–¿Y por qué pasa eso? ¿Es por un foco económico, ideológico?
–Ahí tenemos que entrar en el terreno de la conjetura mental. Me encantaría poder hablarlo con el Gobierno. Los gobiernos están formados por personas y posiblemente haya visiones diferentes. El Presidente es un economista muy dogmático, vive la economía casi como una cuestión de fe y guiado por preceptos que están en libros, muchos de ellos muy antiguos, y tiene un approach ideológico a la economía. En sus discursos habla lleno de tecnicismos, apelando a economistas del siglo pasado. Ahí hay un poco de dogmatismo. Posiblemente crea que el mercado va a solucionar todas estas cuestiones. Es todo tan demodé, tan blanco y negro, que complica la discusión. Creo que el Presidente cree que el libre mercado va a ordenar todo, lo dijo mil veces. Espero que haya alguien en su círculo que le diga: "Si vos querés que esto tenga éxito, hay que mirar otras cosas".