Cuatro amigos sentados en una terraza sin mediar palabra y sin levantar la cabeza de la pantalla de su teléfono móvil. Independientemente de la franja de la edad, la escena es reconocible para gran parte de los habitantes del planeta Tierra. Incluso una amplia mayoría ha sido protagonista en la misma en más de una ocasión. Una imagen que podría no ser más que eso, una imagen, o que también podría ser una muestra del inicio de uno de los retos a los que se enfrentan las administraciones de nuestro país: la adicción tecnológica.
Porque ese es uno de los desafíos de presente y de futuro que se está planteando ya desde el terreno político con, por ejemplo, el Ministerio de Educación prohibiendo el uso de los móviles en la etapa de Primaria y limitando su uso a fines pedagógicos o médicos en la de Secundaria, como ya hiciera la Comunidad de Madrid en 2019, ahora enfrascada junto al resto de grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid en una comisión sobre el uso de estos dispositivos en jóvenes para aplicar las nuevas medidas.
Y es que los datos que manejan en el Gobierno regional hablan por sí solos. Según la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, en 2018, en el año de su puesta en marcha, los profesionales de atención para adicciones tecnológicas en la región atendieron a 2.356 personas, fundamentalmente en la etapa juvenil. En el conjunto de 2023, esa cifra prácticamente se ha cuadruplicado -ha crecido un 253%- hasta los 8.319 usuarios que han pasado por las diferentes áreas del servicio. De ellos, 2.627 son adolescentes que han requerido bien actuaciones de prevención o intervenciones directas de esos profesionales.
Ese crecimiento ha sido gradual en el último lustro donde las demandas sociales y la preocupación entre las familias se ha visto además incrementada por el consumo masivo de tecnología. En el año 2019, la cifra fue ligeramente superior a la del año de inicio de los recursos con 2.878 personas atendidas. En 2020, coincidiendo además con la pandemia, se disparó hasta las 3.946.
Al año siguiente, nuevamente se volvió a producir un ligero incremento hasta las 4.767 personas, con un ligero descenso en 2022 donde se situó en 4.471 atendidos. Sin embargo, la gran explosión llegó en el último año donde a los recursos de la Comunidad de Madrid llegaron 8.319 usuarios, lo que supone un aumento superior al 86%. La cifra total de personas que han acudido a los centros especializados en adicciones tecnológicas del Gobierno regional en los últimos seis años ya es de 26.737.
Es por eso que desde el Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso se ha situado como «una prioridad» de su acción política poner freno a ese aumento en las adicciones, tanto tecnológicas como a sustancias estupefacientes. Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya se está estudiando la forma de poner en marcha hasta dos nuevos recursos centrados en el tratamiento de estas adicciones y se está valorando la posibilidad de que sea itinerante por varios municipios de la región porque, según las fuentes consultadas, eso permitiría que se realizara «de forma más global» y aumentara así «la actividad de prevención». Según los datos del departamento de Ana Dávila, el 80% de los casos que se tratan en estos momentos son considerados exitosos.
Dentro de ese nuevo modelo que se está valorando en la Consejería se plantea que pueda contar además de con un psicólogo con un abogado y también con un trabajador social para que la atención a los usuarios que recurren a la Comunidad de Madrid sea más completa. Porque en los estudios que se elaboran desde el Gobierno regional se comienzan a detectar «algunos problemas de soledad», «sintomatología depresiva y de ansiedad» provocados por el uso de estas nuevas tecnologías.
«Se ha detectado que hay más jóvenes que están iniciando estos problemas derivados de un uso inadecuada de las tecnologías. No se trata de que no utilicen las nuevas tecnologías, sino que hagan un buen uso de ellas», destacan desde el Gobierno regional, donde el servicio psicopedagógico de intervención especializada se concentra en menores de 12 a 17 años con conductas de uso inadecuado, abuso o dependencia de las nuevas tecnologías. Sin embargo, en las atenciones que realizan también se encuadra el entorno familiar, especialmente centrado en los padres o tutores legales, a quienes se les ofrece por ejemplo cursos para controlar el uso que hacen sus hijos de videojuegos, plataformas o actividades online.