El Gobierno de Cantabria ha apartado de los expedientes de contratación a los empleados públicos investigados por las tramas corruptas
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El Gobierno de Cantabria ha apartado de forma preventiva de los expedientes de contratación a aquellos empleados públicos investigados por las presuntas tramas corruptas en la Consejería de Obras Públicas (hoy Fomento) y la sociedad pública Gesvican, dependiente también de este departamento.
"Hasta que los jueces no resuelvan, cualquiera que pueda tener la más mínima sombra de duda en este expediente, no está participando en los expedientes de contratación de obra pública", ha afirmado este lunes en el Pleno del Parlamento el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media (PP), quien ha detallado que estos empleados públicos han sido apartados "de mutuo acuerdo con ellos" y respetando la "presunción de inocencia hasta el último minuto".
Media, que cree que esta causa judicial sobre presunta corrupción en la Consejería podría acabar en el Tribunal Supremo, ha ofrecido estas explicaciones después de que Vox le haya preguntado sobre "las medidas preventivas que ha adoptado el Gobierno de Cantabria en relación tanto con los funcionarios o el personal laboral de la Administración, como con el personal de Sociedad pública para la Gestión de Viviendas en Cantabria (GESVICAN) o de cualquier otra entidad pública, que pudiera verse implicada en la investigación judicial por cohecho y fraude en la contratación que se está desarrollando en Cantabria".
Este partido le ha preguntado también, y de una forma concreta, por el puesto que desempeña en la actualidad, y desde cuándo, el antiguo subdirector general de Obras Públicas, Sebastián Martín, que fue cesado por el anterior consejero, José Luis Gochicoa (PRC), hace un año tras conocer que aparecía en el sumario sobre las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Servicio de Carreteras de la Consejería.
Según Media, en estos momentos, Martín ocupa el puesto de ingeniero de proyectos y obras de la Dirección General de Obras Públicas, del que es titular desde el 17 de marzo de 2023 y al menos, "que él sepa", no figura entre las personas investigadas por estas presuntas tramas.
"¿Qué quiere que hagamos con él? ¿Que le latiguemos por las mañanas para que usted se sienta a gusto? ¿En base a qué?", ha preguntado Media a la portavoz parlamentaria de Vox, Leticia Díaz, a la que ha acusado de estarse "saltando a la torera" la presunción de inocencia cuando habla de personas con "nombres y apellidos" y de "sospechas fundadas" en relación a estos casos que está investigando la Justicia. "Yo creo que a usted hoy se le ha ido la mano", ha añadido.
El consejero ha dicho a Díaz que "le extraña" que "con toda la información" que Vox parece tener sobre este asunto a la vista de sus declaraciones que hacen se haya retirado de su personación como acusación popular en el 'caso Obras Públicas'.
"Necesitaron entrar en la acusación para que se les viera, y cuando ya no convenía porque no había mucho movimiento: pues nos vamos", ha ironizado el consejero con la actuación de Vox, partido al que ha acusado de intentar hacer "un circo" con este asunto. "A nosotros no nos busque para el circo", ha advertido Media a Díaz
Media ha afirmado que el Gobierno es "proactivo" a la hora de "poner todos los medios posibles" para que casos como el de Obras Públicas "en los que no estaban bien hechas las cosas" no se repitan, pero ha insistido en que el Gobierno no puede ir retirando "sin fundamento" de un puesto de trabajo de funcionario a "cualquiera" que a Vox "le parezca bien".
"Podía habernos hecho aquí un listado", ha ironizado Media, que ha asegurado que el Gobierno "se las ha visto y deseado" para que por el momento no haya podido volver a trabajar en la Consejería Miguel Ángel Díez, el exjefe de Carreteras y funcionario investigado como presunto cabecilla de la trama del caso Obras Públicas.
Media ha recordado a la portavoz de Vox que ni él ni ella son jueces y que hay una investigación judicial "que llegará a las conclusiones que tenga que llegar". "Y lo que procede a esta Administración (al Gobierno) y a mí como consejero es ayudar a que esa investigación judicial, con todos los datos que se nos pidan, llegue a concluir y a tomar las decisiones que ni usted ni yo podemos tomar que le corresponden exclusivamente a la autoridad judicial", ha dicho.
Aunque el consejero ha deseado "que caiga el peso de la ley sobre todos aquellos que tenga que caer", ha insistido en que existe la presunción de inocencia y que es a la Justicia la que le corresponde "tomar las determinaciones y los autos que tienen que tomar".