Si bien desde septiembre del año pasado las hoy candidatas a la Presidencia de la República comenzaron a realizar actos para irse posicionando ante el electorado, fue hasta el viernes pasado en que dieron inicio formal las campañas electorales rumbo al 2 de junio.
Por ello, los próximos tres meses estaremos recibiendo por todos los medios posibles, mensajes de posicionamiento y de propuestas. Incluso, por mandato constitucional, el INE otorga tiempo en radio y televisión a los partidos políticos, para que puedan pautar promocionales de todas sus candidaturas.
Sea dicho con honestidad, en mi opinión, el que se tapicen las calles de bardas, pendones y espectaculares con fotografías y lemas de campaña, y se transmitan millones de spots publicitarios en este tiempo, poco abona para que verdaderamente se conozcan las propuestas de campaña que realizan quienes contienden a los cargos públicos y pueda ejercerse con libertad un voto informado, y mucho menos en el contexto de polarización política que vive nuestro país, en el que sobresalen solamente acusaciones y descalificaciones.
En ese sentido, me parece que debemos fijar nuestra atención, entre otros, en dos elementos que son importantes. En México, una ley puede ser impugnada en abstracto para que la Suprema Corte revise su constitucionalidad, a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Sin embargo, para que la norma que se estime inconstitucional sea expulsada del sistema y no se aplique a nadie, requiere de una votación calificada (por lo menos 8 votos de sus 11 integrantes).
Esa fórmula de por sí es debatible, porque permite que, aunque la mayoría en la Suprema Corte considere que la norma vulnera derechos humanos o es contraria a la Constitución, por la opinión de una minoría, siga vigente y sea aplicada, porque la impugnación se desestima y se archiva.
Ante ello, la protección que nos brinda el sistema constitucional es que, cuando esa norma sea aplicada en perjuicio de cualquier persona, ésta tiene a su alcance el juicio de amparo, en el que un juez puede analizar nuevamente su constitucionalidad e inaplicarla al caso concreto.
Para orientar su criterio, por supuesto puede tomar en cuenta la opinión de la mayoría de la SCJN, aun cuando no haya resultado obligatoria. Pues bien, lo que se pretende con esta iniciativa es que, cuando no se alcance el mínimo de 8 votos para declarar inconstitucional una ley, no solo se desestime y archive la impugnación, sino que se declare formalmente su validez. Además, que sea improcedente cualquier juicio o recurso en contra del mismo ordenamiento.
Particularmente busca impedir que un juez de amparo proteja a una persona ante la aplicación de una ley inconstitucional. Dicho en otras palabras, que la opinión minoritaria de 4 o 5 ministras y ministros valide una norma que la mayoría estima inconstitucional y, por tanto, sea aplicada a cualquier persona, sin la posibilidad defensa alguna. ¿No quedamos que en democracia la opinión de la mayoría es la que prevalece?
El daño que se pretende hacer es claro. Busca restar facultades para que los órganos jurisdiccionales del país, en el sistema de pesos y contrapesos, ejerzan sus facultades para proteger los derechos humanos e impedir que leyes inconstitucionales sean aplicadas en perjuicio de las personas.
¿Para qué? Para que el Ejecutivo, el partido mayoritario y sus aliados sigan concentrando el poder en una sola persona y ejerciéndolo de manera arbitraria y por encima de la Constitución. No le digan que la ley es la ley.
Ante el cúmulo de críticas y la amenaza de la minoría parlamentaria de impugnar la evidente inconstitucionalidad de la propuesta de reforma, el llamado fast track se frenó, pero la iniciativa sigue viva y con ello el nuevo amago a nuestro sistema democrático constitucional. Volverá la burra al trigo, ¡estemos atentos!
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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