En uno de esos titulares que cautivan a un economista, «El País» sacó a portada esta declaración del ministro de Agricultura, Luis Planas: «Creo que los alimentos tienen que valer lo que cuesta producirlos».
En la entrevista a Planas, como cabía esperar, las preguntas eran políticamente correctas. Las respuestas, en cambio, resultaban ocasionalmente originales. Por ejemplo: «Hay que tener en la cabeza lo que piensan los consumidores: si queremos tener naranjas durante los 12 meses del año, entonces serán importadas». Esto lo hemos visto pocas veces, señora: un político que respeta a los consumidores.
Tras esa muestra de valor, empero, el ministro pasteleó: «Voy a proponer un gran pacto rural para reconciliar a nuestro campo, para que tenga el reconocimiento económico, pero también del conjunto de la sociedad». ¿A qué viene tanta reconciliación? El pueblo no quiere reconciliarse con los oferentes de los productos que compra: los quiere comprar, como sugirió Planas, en las mejores condiciones y a los mejores precios.
Aquí empiezan los problemas, porque el valor de Planas entra en contradicción con su respeto a los consumidores: «Un precio razonable para los ciudadanos es absolutamente necesario. Pero creo que los alimentos valen aquello que cuesta producirlos». Acierta Planas es lo primero. En lo segundo, no.
La teoría del valor objetiva, en efecto, lleva muchos años desacreditada, y cuando se aplicó a rajatabla en los países comunistas el resultado fue la miseria generalizada. No hay ninguna forma de establecer el valor según los costes de producción sin dañar la eficiencia del mercado competitivo y sin aniquilar la libertad y saquear el bolsillo del ciudadano.
Informó Julia Brines en «Expansión» sobre los resultados de la supuestamente idílica vigilancia de la «cadena alimentaria», a saber, tensiones constantes que se traducen en multas para los supermercados que venden barato para satisfacer a sus clientes. Se ha llegado a pedir «al Banco Europeo de Inversiones que no siga adelante con la financiación de las infraestructuras de transporte –puertos y ferrocarril– en Sudáfrica», y a reclamar «que les quiten las subvenciones a las industrias turroneras que compren las almendras fuera de nuestras fronteras».
Las iniciativas que apuntan a recortar la libertad de los empresarios en el mercado favorecen a los menos competitivos y castigan a quien el ministro Planas pretende acertadamente salvaguardar: el consumidor.
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