El Gobierno denunció a Emilio Pérsico por el supuesto envío de fondos millonarios a dos cooperativas que integraba
Lo acusan de los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; la presentación surge luego de un veredicto de la Oficina Anticorrupción durante el gobierno de Alberto Fernández
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció este lunes a Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y exfuncionario de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, por los delitos de fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. De acuerdo a la denuncia, hecha en los tribunales federales de Comodoro Py, Pérsico habría enviado fondos millonarios a dos cooperativas que él mismo integraba. La información para la presentación salió inicialmente de un veredicto de la Oficina Anticorrupción (OA) durante la gestión de Fernández.
En la denuncia, presentada este lunes en los tribunales de Comodoro Py, consta que la cartera encabezada por Pettovello, funcionaria de extrema confianza del presidente Javier Milei, "tomó conocimiento recientemente (y luego de realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de la política anticorrupción de presente gobierno), de la condena firme existente en la Oficina Anticorrupción (OA) impuesta durante los primeros días el mes de diciembre de 2023 (antes del cambio de gobierno) al piquetero Emilio Pérsico, presidente de La Federación de Cooperativas de Trabajo 'Evita' LTDA y socio de la Cooperativa de Trabajo La Patriada por violar la ley de ética pública".
Según pudo saber LA NACION de fuentes al tanto de la investigación interna, el monto total de los fondos bajo sospecha que fueron enviados a las entidades vinculadas a Pérsico asciende a $473.347.050.
Según la presentación, el accionar de Pérsico "no sólo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados".
En ese expediente se detalla que la OA "había condenado a Pérsico por intervenir como 'juez y parte' en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social del ex-Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, aprovechando su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa La Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado".
Partiendo del descubrimiento de esa condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y en distintos organismos estatales, fue que el Ministerio decidió presentar la denuncia ante la Justicia a través de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de La Torre.
Pérsico encabezó la Secretaría de Economía Social durante los últimos cuatro años, desde donde ejerció la supervisión y control de las actividades de diversas organizaciones y cooperativas. "Es decir, que dichas unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento –y por ende con posteriores desembolsos– requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Pérsico", sostiene la denuncia. Desde la Casa Rosada agregaron que "ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra: provocar el pago de los subsidios estatales a las organizaciones de su interés".
Por eso, sostienen en la denuncia, "se indica que los fondos del Estado, controlados por el Sr. Pérsico, eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó –forma– parte y estaba estrechamente vinculado". Y detallaron que "habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones (cooperativas o federación de cooperativas) queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública".