Los detenidos por torturar y matar a un vecino de Figueruelas se enfrentan a 26 años de cárcel
Los forenses detectaron hasta 58 lesiones en el cuerpo de la víctima, a la que golpearon con la intención de que les dijera donde tenía dinero y drogas.
Miguel Ángel A. J., de 23 años, y Daniel S. G., de 28, serán juzgados por un tribunal popular como presuntos autores de uno de los crímenes más brutales cometidos en los últimos años en la provincia de Zaragoza. Los dos están acusados no solo de matar a un vecino de Figueruelas de 61 años de edad, sino de someterlo a torturas durante una hora para conseguir que les entregara lo que ellos pensaban que tenía en casa: drogas y dinero.
A la Guardia Civil le costó un año detenerlos, pero una vez que lo hizo logró armar un contundente atestado con pruebas biológicas, gráficas, localizaciones de los terminales móviles, escuchas telefónicas y seguimientos que han permitido que ambos permanezcan desde mayo de 2023 en prisión provisional a la espera de juicio.
Recientemente han conocido las penas a las que se enfrentan y que van desde los 25 años que solicita la Fiscalía para cada uno de ellos por un delito de asesinato, a los 26 que reclama la acusación particular, ejercida por la abogada Marina Ons en nombre del hermano y de una sobrina del fallecido. Al homicidio agravado por la alevosía y el ensañamiento añade un delito de robo con violencia. Porque, si algo tiñó este crimen, fue precisamente la desaforada crueldad con la víctima.
Las pruebas e indicios recogidos por los investigadores permitieron reconstruir los movimientos de los agresores. Así, concluyeron que, entre las 0.30 y la 1.30 del 3 de mayo de 2022, dos varones que luego serían identificados como Miguel A. J. y Daniel S. G., se acercaron con sigilo a la vivienda de dos plantas de A. G. I., situada en la calle Mayor.
Los intrusos evitaron acceder por la puerta delantera, pues eran conscientes de que su víctima tenía instalado un sistema de videovigilancia e incluso una mirilla electrónica. Pero, aún así, fueron captados merodeando unos instantes por el exterior. Los dos jóvenes se dirigieron a la parte trasera y, al encontrar la puerta cerrada, escalaron con facilidad un muro, alcanzaron la azotea y, de ahí, saltaron al corral. Una vez dentro se cubrieron los rostros con gorras y bragas, y se pusieron guantes para no dejar huellas. Daniel S., que ya conocía la vivienda, giró una de las cámaras para evitar ser grabados.
A oscuras y de forma sorpresiva abordaron a A. G. I. Lo tiraron al suelo, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza y le ataron las manos a la espalda. Luego lo golpearon de forma reiterada por todo el cuerpo con, al menos, dos objetos contundentes: una llave inglesa y una barra de hierro.
Los criminales no solo buscaban matarlo, sino que les contara dónde guardaba dinero y drogas, pues sabían que se dedicaba a la venta al menudeo. El castigo inhumano al que fue sometido quedó plasmado en las 58 lesiones que describieron los forenses, muchas de ellas en la cabeza y cara. A. G. I. murió a causa de los politraumatismos sufridos.
Los asaltantes registraron la vivienda y se apoderaron de efectos tales como el móvil personal del fallecido, cuatro teléfonos que la víctima no usaba, cinco tabletas y 10.000 euros, según la acusación particular.
La Guardia Civil descubriría que al salir de la vivienda Daniel S. G. pidió un taxi que lo trasladó hasta Utebo y, al día siguiente, llamó a otro que lo dejó en la calle de Las Armas de Zaragoza. Tiempo después, los agentes averiguaron que Miguel A. J., defendido por el abogado Enrique Esteban, se había ido a Madrid y vivía en Vallecas.
Los dos sospechosos fueron plenamente identificados por las grabaciones e incluso hallaron sangre de Miguel A. J. en una bolsa de plástico en la vivienda de la víctima. Daniel S. G., representado por el letrado Bartolomé Arranz, tiene otros antecedentes.