A inicios de siglo, José Castillo dejó el Perú y llegó a Rosario buscando tranquilidad. Encontró en la ciudad santafesina un lugar amable, de dimensiones medianas, donde se podía desplazar con seguridad y sin el tráfico limeño. "Era una plaza tranquila, muy linda para trabajar", recuerda.
Durante dos décadas recorrió la ciudad al volante. Dice que como taxista ha sido testigo del giro dramático de la vida rosarina. Esas primeras postales pacíficas hoy le resultan lejanas. Sobre ellas se superponen imágenes de una tragedia reciente.
La noche del último 7 de marzo, una explosión interrumpió su sueño. Al salir a la calle encontró su auto incendiado, con llamas que sobrepasaban los dos metros. De un momento a otro se había quedado sin su herramienta de trabajo. En la semana del atentado, fueron asesinados dos taxistas, un chofer de microbús y un empleado de una gasolinera. Además, fue baleada una comisaría. La crisis derivó en dos días de paralización total de la ciudad.
Estos ataques se produjeron tras el endurecimiento penitenciario en las cárceles de Santa Fe dispuesto por el gobernador provincial Maximiliano Pullaro. Precisamente hacia él estuvieron dirigidas las notas encontradas en las escenas de los crímenes, firmadas por las bandas narco de la ciudad. Le exigían que se retrotraiga de su accionar punitivo.
"Podría haberle tocado a cualquiera de los 4500 taxistas que hay en la ciudad, justo me tocó a mí. Nunca se vio lo que está pasando ahora", dice Castillo con aflicción.
El investigador y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Marco Iazzetta, refiere que en los últimos dos años empezó a notarse la aleatoriedad de la violencia. Actualmente, las víctimas ya no provienen solo de un enfrentamiento entre bandas, sino que podrían ser civiles ajenos al mercado ilegal.
Sin embargo, encuentra cierta racionalidad en los ataques. "Las víctimas fueron personas que brindan servicios fundamentales. Sus muertes terminan paralizando la ciudad. Con ello, las bandas buscan mostrar al Estado que quienes manejan la calle son ellos", refiere.
Desde el atentado, Castillo ha buscado respuestas a su caso, pero aún no hay detenidos. Le indigna la inacción. Refiere que hay muchos sectores involucrados en la red criminal. "Te puedo mencionar 50 bunkers (puestos de venta de drogas). Y no sólo en la periferia. En las zonas céntricas también hay. Los taxistas los conocemos. ¿Me vas a decir que la policía no?", sostiene.
Durante casi diez días no salió de su casa. Confiesa que le costó reaccionar ante la pérdida del taxi. Ante la falta de ingresos y el estrés del ataque, ha optado por retornar al Perú en las próximas semanas. "También estoy tomando esa decisión por mi hijo adolescente, que no quiere salir a la calle pensando que va volver a pasar algo", refiere con preocupación.
El blanco puede ser cualquiera
La tasa de homicidios en Rosario quintuplica el promedio nacional en Argentina. En 2023 esta ciudad cerró con un promedio de 22 crímenes cada 100 mil habitantes.
La chiclayana Yolanda Senisse es enfermera en el hospital de emergencias Clemente Álvarez desde hace 15 años. A este nosocomio son trasladados los heridos más graves de la ciudad. Senisse recuerda que cuando empezó, la mayoría de pacientes provenían de accidentes de tránsito. En los últimos años esa tendencia cambió.
"Hoy en día son más los casos que llegan por balaceras. Hemos tenido salas llenas de heridos por armas de fuego. El hospital es testigo del incremento de la violencia", cuenta.
En diciembre de 2023, desde una moto dispararon a la fachada del centro de salud. La bala pasó a centímetros de un vigilante. Los atacantes dejaron una nota también dirigida al gobernador Pullaro. "Dejá de meterte con los presos de alto perfil", decía la misiva.
A raíz de este hecho, en el hospital redujeron los ingresos, duplicaron la presencia policial e instalaron botones antipánico. "Es angustiante trabajar así. No sabes si puedes terminar en el medio del fuego cruzado", expresa la enfermera.
Un estudio de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (Finint) relevó al menos 15 agrupaciones operando en la ciudad. Los Monos, el clan Alvarado, la banda liderada por el peruano Rodríguez Granthon, el clan Funes, Olga Tata Medina, se mencionan como las más importantes.
El investigador Marco Iazzetta indica que esta fragmentación dispara la violencia porque existe una lucha por ocupar los territorios. "No hay ningún grupo que sea hegemónico. Están orientados a la microcomercialización. Son grupos rústicos si se los compara con grandes carteles internacionales".
Para el especialista, la precariedad interna de estas bandas genera una violencia poco sofisticada y a la vez desmedida. "Los sicarios suelen ser jóvenes menores, de corta experiencia. Son contratados para la ocasión, no forman parte de una estructura. Un día pueden trabajar para uno, otro para otro", explica.
Precisamente, el último jueves se capturó al presunto homicida de Bruno Bussanich, el empleado de la gasolinera asesinado el 9 de marzo. El detenido tiene 15 años y quedó a disposición de la Justicia de Menores. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que enviará al congreso un proyecto de ley de imputabilidad, con el que buscaría que los menores que cometen este tipo de delitos puedan ser juzgados con los mismos parámetros que los adultos.
Vivir alerta
El historial intimidatorio continuó esta semana con cuatro ataques a buses de transporte público y una amenaza al círculo íntimo del futbolista Ángel Di María. "Decile a tu hijo Ángel que no vuelva a Rosario porque si no le cagamos matando un familiar", decía la carta lanzada desde un auto al frontis del barrio privado donde reside la familia del deportista.
Si bien la ministra Bullrich trató de explicar este hecho como una "guerra entre hinchadas", la posterior detención de la pareja que habría ejecutado la amenaza descartó esa hipótesis. Según, fuentes del ministerio de Seguridad, existiría cierta conexión entre los detenidos y la banda narco Los Monos. Sin embargo, la fiscalía provincial indicó que aún no existen evidencias que avalen esa versión.
La ola de violencia preocupó al propio Papa Francisco. El martes el Sumo Pontífice difundió un mensaje dirigido a la comunidad rosarina. "Sin complicidades de un sector del poder político, policial, judicial, económico y financiero no sería posible llegar a la situación en la que se encuentra Rosario", alertó y pidió que los políticos transiten un camino de "consenso y diálogo" para encontrar soluciones.
Para Iazzetta, la violencia también evidencia la incapacidad del Estado para garantizar el orden en esta ciudad. "Acá los grupos criminales le imponen condiciones a la policía. Eso es una anomalía", refiere.
Así como los centros hospitalarios, las escuelas tampoco se salvaron de ser blancos de amenazas. En las últimas semanas se encontraron mensajes con municiones en las puertas de algunos centros educativos. Por ello, los gremios docentes han solicitado al gobierno provincial generar entornos más seguros para continuar sus actividades.
"Tenemos que replantearnos las formas de vivir. Si tienes un hijo que se movilizaba solo a la escuela, ahora tienes que llevarlo y traerlo", cuenta la enfermera peruana Yolanda Senisse. Dice que los jóvenes ya no pueden salir tranquilos de noche, como lo hacía ella en los 90, cuando se enamoró de Rosario y se instaló para estudiar Enfermería. "Volvía caminando de madrugada. Lamentablemente hoy eso son lujos", concluye.
Tras la serie de atentados que tuvieron en vilo a la ciudad, el gobierno de Javier Milei dispuso el envío de 450 agentes de Gendarmería Nacional, Prefectura y Policía Federal a Rosario. Este contingente se sumó a los 1500 efectivos de la policía santafesina que patrullan la ciudad. Todos ellos conforman el comité de crisis dirigido por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el gobernador provincial Maximiliano Pullaro.
El segundo apoyo llegó desde las Fuerzas Armadas. La semana pasada el ministro de Defensa Luis Petri estuvo en Rosario para presentar el apoyo logístico militar: cinco helicópteros para tareas de observación, un buque multipropósito y 25 vehículos terrestres.
Si bien Milei ha expresado su interés en que los militares tengan una participación activa en la zona, existen barreras legales que lo imposibilitan. "Hay una suerte de escenificación en este despliegue, ya que las Fuerzas Armadas están limitadas a actividades logísticas. La ley de seguridad interior impide su intervención en territorio", precisa el investigador en crimen organizado Marco Iazzetta.
Ante eso, tanto Bullrich como Petri refirieron que el Ejecutivo presentará un paquete de leyes para modificar el abordaje del narcotráfico. Sin embargo, en sus últimas declaraciones la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró en contra de la participación militar en la Rosario, ya que "la función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho".
Iazzetta refiere que la evidencia internacional, en México y Colombia, muestra que una intervención militar agrava el escenario. "Se ha visto que los miembros de las Fuerzas Armadas son coaptados por los grupos criminales y se genera una suerte de carrera armamentística", advierte el investigador.
Ante voces disonantes en el propio gobierno, la militarización como política antinarcos asoma como un tema de debate de los próximos días.