San Juan (Puerto Rico)/Se calcula que, entre el 2022 y 2023, cerca de 424.894 cubanos, 297.567 nicaragüenses y 524.434 venezolanos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos. Las políticas migratorias de Washington, sin embargo, no siempre protegen a quienes buscan escapar de la opresión que sufren en sus naciones de origen. En lugar de garantizar un refugio estable, las autoridades de las fronteras muchas veces no ofrecen un estatus legal a los migrantes, que terminan deportados, devueltos a la opresión y sin garantías de respeto a sus derechos fundamentales.
Es el caso de los cubanos que, aunque "privilegiados" respecto a migrantes de otras nacionalidades, solo a una minoría le ha sido concedido el parole desde su implementación hace un año. A la gran mayoría que entra a EE UU por la frontera mexicana se les entrega el formulario I-220A, u Orden de Libertad Bajo Palabra, que ofrece una libertad provisional a quienes son detenidos en la frontera. Este documento, no obstante, no permite a los migrantes de la Isla acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, ni otorga permiso de trabajo, por lo que muchos de los que ingresan con esta "libertad condicional" han quedado en un limbo migratorio.
Es cierto que cuando un pueblo emigra masivamente la raíz del problema no está en el país receptor de los migrantes, sino en el lugar donde se origina la migración masiva
En el caso de los nicaragüenses, contrario a lo que ha ocurrido con cubanos y venezolanos, ni siquiera cuentan con leyes especiales que le otorguen refugio una vez que alcanzan la frontera. El último Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status (TPS)) data de la década de los noventa y se ha extendido durante años para quienes lo poseen, pero no se le ha otorgado a los que hayan llegado a EE UU a partir de 1999.
Para los venezolanos, la actual administración otorgó el TPS para aquellos que tuvieran una presencia física en territorio estadounidense antes del 3 de octubre de 2023. Sin embargo, entre estos países, los venezolanos siguen siendo el mayor grupo de migrantes en llegar a la frontera.
Si bien la actual Administración de Joe Biden tomó la medida de otorgar parole humanitario a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos (este último grupo debido a la violencia que atraviesa actualmente su país) como medio para desestimular la entrada ilegal a los Estados Unidos, la realidad es que los perseguidos políticos solo cuentan en muchos casos con una sola opción: abandonar el país tan pronto tengan la oportunidad.
Es cierto que cuando un pueblo emigra masivamente la raíz del problema no está en el país receptor de los migrantes, sino en el lugar donde se origina la migración masiva, ya sea por pobreza extrema, guerras, hambre, represión o catástrofes naturales. Y es allí, en el lugar de origen, donde se deberían crear medidas, juntar esfuerzos y disponer recursos para mitigar y resolver el mal que aqueja.
También toca a las naciones libres abrir sus puertas. Quienes escapan de la opresión de un tirano tienen derecho a buscar refugio, y así lo establece la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 14, inciso 1: "En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país".