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La oposición solicita remover al jefe de la Policía Militar y al de Juntas Electorales
Asimismo, instaron a la Junta Central Electoral a suspender o reubicar al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo.
Múltiples partidos de la oposición política solicitaron este lunes que el jefe de la Policía Militar Electoral, Juan José Otaño Jiménez, sea removido de su cargo por la "inacción" de la entidad que dirige frente a supuestos delitos electorales cometidos por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante las elecciones municipales pasadas.
Esta solicitud está contenida en un documento firmado por varios candidatos presidenciales y presidentes de partidos políticos, en el que proponen varias medidas a tomar por la Junta Central Electoral (JCE), de cara a los próximos comicios.
Igualmente en este pliego de garantías los partidos firmantes pidieron que, una vez sea removido el jefe de la policía electoral, el nuevo titular sea elegido con el consenso de la oposición.
"La Junta Central Electoral (JCE) debe solicitar, en virtud de la inacción de la Policía Militar Electoral frente a los delitos electorales ocurridos en los recintos electorales, así como varias acciones llevadas a cabo por los mismos que cuestionan su imparcialidad y rol, que el actual jefe de la Policía Militar Electoral sea removido y en su lugar sea designada otra persona, con el consenso de todos los partidos del espectro opositor", leía parte de este documento.
Asimismo, instaron a la Junta a suspender al director general de Juntas Electorales, Ramón Urbáez Mancebo, afirmando que se ha mostrado "parcialidad y complicidad" con el PRM. Si no es suspendido, sugirieron que este sea reubicado fuera del ámbito electoral.
De manera similar, enfatizaron la necesidad de que observadores de todos los partidos políticos estén presentes en la Dirección General de las Juntas Electorales.
¿DE QUÉ ACUSAN AL PRM Y AL GOBIERNO?
Los partidos firmantes de este "Pliego de Garantías Electorales para la Transparencia de las Elecciones de mayo 2024", alegaron que el Gobierno entregó tarde la mitad de los fondos previstos para un año electoral con el propósito de debilitar las fuerzas políticas opositoras.
Añadieron que el oficialismo "conquistaron" candidatos de la oposición utilizando recursos financieros del Estado.
Aseveraron además que, valiéndose del Estado, el PRM "se apoderó" de los espacios físicos de los recintos electorales, con sus militantes dedicándose a la compra de votos.
Sin embargo, en su informe de las elecciones municipales, Participación Ciudadana indicó que el PRM no fue el único partido en cometer faltas durante ese proceso electoral, aunque sí indicaron que fueron los mayores transgresores.
"Nuestros observadores pudieron observar proselitismo abierto en los recintos y sus alrededores en el 45% de los casos la mayoría a favor del PRM, seguido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y en menor proporción la Fuerza del Pueblo (FP) y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD)", dijo en aquel entonces la coordinadora de Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez.
En cuanto a las acusaciones de compra de votos, el informe de Participación Ciudadana indicó que esto sucedió en el 16% de los recintos, siendo el PRM, el PLD, la FP y el PRD los principales infractores.
OTRAS MEDIDAS SOLICITADAS
El documento de la oposición contiene más de 30 medidas a tomar por la JCE, incluyendo algunas a tomar en cada mes de camino a las elecciones de mayo.
Entre las medidas pedidas para marzo está la emisión de una resolución que regule el procedimiento a seguir para la revisión de votos nulos, votos observados y el proceso de reconteo de votos; entregar a los partidos el monto estipulado en la Ley de Régimen Electoral, , a más tardar treinta (30) días antes de las elecciones.
Reestructurar o intervenir las juntas electorales que incurrieron en "parcialidad"; reasignar en las juntas electorales a los funcionarios de los colegios electorales, en coordinación con los delegados de los partidos políticos; sustituir a los presidentes y secretarios de colegios que violentaron los derechos de los delegados y suplentes.
Reanudar la realización Mesa Técnica, con la misma sesionando al menos una vez por semana hasta las elecciones, para darle seguimiento y garantizar el cumplimiento de este conjunto de medidas que proponemos en este documento; hacer cumplir las sanciones que establece la ley 20- 23 de Régimen Electoral.
Velar porque la Presidencia de la República, los funcionarios públicos de gobierno y municipales actúen respetando las limitaciones establecidas en la ley durante los tiempos electorales.
Limitar el uso de recursos del Estado, desde ahora hasta la finalización de las elecciones presidenciales y congresuales del 2024; entregar la lista de todo el personal contratado que trabajó como facilitadores, supervisores, entre otros, en las elecciones del 18 de febrero, y que no está en la nómina fija de la JCE.
Entregar del Padrón de concurrentes de las elecciones del 18 de febrero, a más tardar 45 días antes de las elecciones del 19 de mayo; llevar a cabo una auditoria al padrón nacional de electores y del padrón del exterior, en coordinación con los delegados técnicos de los partidos políticos; entregar a los partidos políticos los resultados íntegros de la auditoría del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), de las elecciones municipales.
Entregar a los partidos políticos el informe de la investigación sobre la interferencia en la señal de internet de la JCE; que la realice Junta una campaña más eficaz de motivación del voto.
Para abril las medidas solicitadas fueron que la JCE emita duplicados de cédulas gratuitas desde el primero de abril hasta las 6:00 p. m. del sábado 18 de mayo con la finalidad de dificultar la compra de cédulas; que se refuerce la capacitación de los miembros de las juntas electorales, así como de la oficialidad de la Policía Electoral.
Fortalecer la capacitación de los funcionarios de los colegios con especial énfasis en los que están vinculados a la EDET, con la presencia opcional de los delegados políticos ante las juntas electorales; impedir las instalaciones de carpas y cualquier otra infraestructura alrededor o en frente de los recintos electorales.
Establecer vía resolución, como una de las atribuciones de la Policía Electoral, impedir que tanto dentro como en todo alrededor del recinto electoral, se coloquen casetas, publicidad, compra de cédulas y aglomeración de personas.
Establecer la figura del encargado de recinto electoral, elegido en consulta con los partidos políticos, que sería el responsable de la administración de ese recinto para atender las distintas situaciones que se presente en el mismo.
Entregar a los partidos políticos en formato de Excel, la lista de funcionarios capacitados que serán designados en los colegios electorales, con por lo menos un mes de antelación; garantizar la cadena de custodia de todos los materiales electorales; publicar una lista con la información de contacto de todos los fiscales electorales por demarcaciones con la finalidad de que los ciudadanos puedan presentar denuncias sobre la compra de cédulas y otras violaciones de las normas electorales.
Garantizar y propiciar los mecanismos para que la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos Electorales, pueda investigar las violaciones a la ley 20-23, y aplicar las sanciones correspondientes; que la JCE haga una campaña de concientización que eduque acerca de que la venta de la cédula es un delito electoral.
Mejorar el proceso de corrección de boletas, permitiendo que los partidos políticos puedan consultar a través de la Plataforma de Registro de Candidaturas el estatus en tiempo real de las observaciones y correcciones aplicadas ante dé la impresión de las boletas.
Utilizar mecanismos para la trazabilidad de los equipos electrónicos y materiales electorales en todas las etapas del proceso electoral, que permitan tener un control de las herramientas en todas las fases del proceso.
Que la Junta haga adecuada preparación y distribución de los materiales y equipos con la antelación necesaria para evitar retrasos y minimizar fallas técnicas el día de la elección; agregar al material electoral las actas de contingencia en papel, con la identidad predeterminada del recinto y colegio electoral que corresponda para que, ante una falla tecnológica, se pueda proceder con el escrutinio de los resultados.
Que la JCE lleve a cabo pruebas y simulacros de la transmisión de resultados, realizando un modelado de amenazas conforme a un método de modelado estándar; socializar con los delegados de los partidos el protocolo a tiempo de vinculación al sistema de transmisión y divulgación de resultados de la JCE.
Para mayo, las medidas sugeridas fueron que los policías y militares que no estén al servicio de la Policía Electoral, estén acuartelados en sus respectivas instituciones por lo menos 24 o 48 horas antes del día de las elecciones; entregar las credenciales para delegados y suplentes por lo menos 10 días antes.
Entregar las credenciales para los partidos recibir la transmisión de los resultados, por lo menos una semana antes de las elecciones; realizar dos pruebas de transmisión de resultados con la presencia de los delegados de los partidos políticos.
Instalación de los colegios electorales el sábado 18 de mayo con la presencia obligatoria de los delegados de los partidos.
¿QUIÉNES FIRMAN ESTE PLIEGO?
El documento fue firmado por Abel Martínez Durán, candidato presidencial del PLD; Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, y Miguel Vargas Maldonado, candidato presidencial del PRD.
También está, Virginia Antares Rodríguez, candidata presidencial del partido Opción Democrática (OD) y Carlos Peña candidato presidencial del partido Generación de Servidores (GenS) .
De igual forma firmó José Francisco Peña Guaba, presidente del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS); Elías Wessin Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC); Ismael Reyes, presidente del Partido Demócrata Institucional (PDI) y Soraya Aquino, presidenta del Partido Socialista Cristiano (PSC).