En entrevista con EL TIEMPO, que encontrará completa en la edición de este Domingo, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Roberto Carlos Vidal, habló de la preocupación de la jurisdicción por ideas que se han escuchado desde el partido Comunes, compuesto por ex combatientes de las Farc, de reemplazar la JEP y promover una eventual 'ley de punto final'.
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¿Cuál es la advertencia de la JEP frente a las ideas de una ley de punto final?
Somos completamente respetuosos de las competencias del Gobierno y del Congreso para diseñar la arquitectura para la paz, pero tienen que tener en cuenta los marcos legales y constitucionales que establecen que la amnistía tiene un límite, no se pueden amnistiar crímenes internacionales, crímenes de guerra, genocidio y delitos de lesa humanidad.
Estos preceptos se materializaron en el estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), bajo esos principios se creó Justicia y Paz, con el proceso de paz con los paramilitares; y la JEP, con los acuerdos de 2016, y esos compromisos tienen que cumplirse porque son obligaciones del Estado colombiano.
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¿Hay un riesgo de que se active la competencia de la CPI?
Cuando la CPI fue creada, Colombia integró ese tratado (Estatuto de Roma) a la Constitución en 2002, luego por 17 años la Corte nos tuvo en examen preliminar, hace tres años el fiscal de la CPI levantó el examen y la principal razón fue que existía la JEP y encontraba que por su existencia se entendía que había voluntad del Estado, que tiene la primera obligación de investigar, juzgar y sancionar; si no lo hace el Estado, lo hace la Corte Penal Internacional, es muy importante poner ese contexto en estas iniciativas de arquitectura institucional.
El debate sobre acabar la JEP no es nuevo, ¿qué cambia ahora?
Uno de los desafíos que enfrentó la jurisdicción desde su creación era la propuesta de modificación, eliminación o debilitamiento. En su momento esas propuestas fueron lideradas por partidos que se opusieron al acuerdo de paz, que obtuvieron votación mayoritaria en el Plebiscito; fue una discusión que dio el país, que se dio en el Congreso, en la Corte Constitucional, y de esos debates sobrevivió una jurisdicción muy fortalecida; ahora los debates vienen del otro lado del plebiscito, ahora vienen del lado de las Farc y están proponiéndolos con un tono muy distinto, con información a medias e información extraña.
Pero ese debate la JEP ya lo ha superado, las respuestas están formuladas en la Constitución y en estos 6 años de trabajo. Estos tribunales están expuestos a esos debates políticos, ya los hemos superado en el pasado y no dudo que los volveremos a superar en el presente.
¿El acuerdo de paz contempló alguna disposición si se hacían cambios en el marco legal?
La activación de la competencia de la CPI es un mecanismo que está integrado en la Constitución, eso le da la competencia a la CPI para que ellos, no nosotros, decidan si intervienen, cuándo, y en qué términos, como lo han hecho en el pasado. Este examen preliminar que tuvo Colombia lo tenían 4 o 5 países en el mundo, no es algo generalizado, es algo que la CPI hace solo para los que están en riesgo serio, y nosotros tuvimos ese mecanismo durante 17 años, eso lo decide la Corte, así como decidió retirarlo. Por supuesto, nosotros mantenemos informada a la CPI de todos estos movimientos y ellos valoran la situación y nos manifiestan permanentemente el apoyo al trabajo de la jurisdicción.
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El año pasado se firmó un acuerdo de trabajo de la CPI y la JEP, ¿eso quiere decir que la JEP tiene la llave para llamar a la CPI?
No es solo la JEP, es el Gobierno colombiano. En el mecanismo del estatuto de la CPI hay un monitoreo permanente de la situación en Colombia, ellos todo el tiempo están monitoreando a través de información de Gobierno, información judicial y hay un sistema de reporte de las organizaciones de la sociedad civil. Ellos tienen una información súper actualizada. En el diálogo con el fiscal Karim Khan hicimos un acuerdo de trabajo conjunto, este año hemos tenido 4 eventos, tres en Bogotá con expertos de la CPI que han venido, y uno en La Haya que fuimos cuatro magistrados de la JEP a debatir los temas allá con magistrados de la Corte Penal Internacional. Hay una comunicación muy fluida entre ellos y nosotros.
Entonces, el debate de acabar la JEP no es nuevo, pero hay alertas de que propuestas de una ley e punto final puedan abrir la puerta a considerar que Colombia no quiere ejercer la justicia y vengan otros organismos a hacerlo…
Exactamente, y es muy importante que tengamos compromisos internacionales, dentro de ellos todos los del derecho internacional.
Hace unos días se conocen cartas de ex-Farc criticando a la JEP, y ahora el partido Comunes, de excombatientes de Farc, comienza a hablar de una ley de punto final, ¿sienten que los comparecientes quieren minar el trabajo de la JEP?
La JEP es una institución sólida, con un blindaje jurídico muy fuerte. Nuestras normas de funcionamiento están en la Constitución. La estabilidad de la JEP no está en juego, pero hay un debate político promovido por actores como Comunes, en ese debate se están expresando opiniones, conformidades o disconformidades, pero eso en nuestra opinión no pone en riesgo la estabilidad y la institucionalidad de la JEP ni su competencia para juzgar a nuestros comparecientes, nuestros procesos siguen adelante más allá de cualquier debate que se formule en el campo de lo político.
¿Cómo lee que quienes formulen estas ideas sean actores que estuvieron involucrados en el conflicto, por qué le temen tanto a la JEP?
Es una pregunta para hacérsela a ellos, uno podría pensar no solo de las Farc, sino de los procesos transicionales, que uno de los temores posibles sea el temor que produce la verdad. La verdad del conflicto es dura, difícil, con el trabajo de la Comisión de la Verdad y de la JEP se empieza a encontrar la degradación del conflicto a la que todos le dimos la espalda, parte de ese temor a la verdad está ahí.
Y por supuesto, el temor al ejercicio de la justicia, al comienzo cuando se creó la JEP algunos decían que era una amnistía velada diseñada para hacerle un favor a las partes, y no es así; en la medida en que las partes se dan cuenta de que es una alta corte sumamente seria, con investigaciones profundas, produce el temor de todo juez penal que está trabajando de manera correcta.
MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA
Redacción Justicia
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