En un acto sin precedentes en Cali, Valle del Cauca, Colombia se prepara para liderar un momento histórico que marcará un antes y después en la lucha por los derechos de la población transgénero en el país.
La Agencia Jurídica del Estado, junto con el Ministerio de Cultura y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), serán los protagonistas de un evento donde se procederá al reconocimiento oficial de la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial de Raiza Isabel Salazar, una mujer transgénero vallecaucana que hoy tiene 60 años de edad.
El caso de Raiza Isabel Salazar data del año 2001, momento en que denunció ser objeto de continuos ataques y amenazas por su identidad de género. Sin embargo, el Estado y las autoridades correspondientes no brindaron la atención adecuada a su caso, dejando en evidencia una clara negligencia frente a la protección de sus derechos fundamentales.
La ceremonia se llevará a cabo en la casa cultural Casa de Mono en Cali, Valle del Cauca, con la presencia de Raiza junto a miembros de la Fundación Santamaría, que ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos humanos de las mujeres trans.
El origen de este caso se remonta a hace 23 años cuando Salazar adquirió una propiedad en Dagua, Valle, y desde el principio sufrió amenazas y violencia por parte de algunos vecinos. De hecho, en 2005 la situación se agravó y fue atacada con una escopeta de balines en la cabeza, por lo que tuvo que abandonar su hogar y se le reconoció la condición de desplazada.
En 2009, tras decidir regresar a su casa y continuar enfrentando un entorno de amenazas y violencia, ella optó por llevar su caso ante la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, sus esfuerzos por buscar justicia quedaron en suspenso ya que las investigaciones de la Oficina de Contravenciones de la Policía en Dagua permanecieron "totalmente congeladas".
A pesar de haber sido reconocida como desplazada desde el 2005 y luego de haber realizado las denuncias pertinentes sobre acciones que atentaron contra su vida e integridad, se encontró con una respuesta negligente por parte de las autoridades judiciales. La denuncia que presentó en junio de 2011 fue tratada como una simple contravención, menor a un delito, sin obtener los resultados esperados en las investigaciones.
En diciembre de 2011, al acudir a la Santamaría Fundación y exponer su caso ante el Procurador del Valle del Cauca, Raiza descubrió que su denuncia había sido desestimada y categorizada inapropiadamente, revelando así la desidia con la que se trató su caso desde el comienzo.
Con un informe del 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió su caso para estudio, en el documento se lee que en octubre de 2009 recibió amenazas e insultos, y que los responsables arrojaban basura, heces de caballo y rocas a su casa, también se subieron al techo de su casa y le ordenaban salir, diciéndole que la matarían.
El informe de admisibilidad de la CIDH contrapone esta posición, al recalcar la importancia de individualizar a los partícipes de los hechos denunciados en la queja presentada por Raiza, enfatizando la falencia en el proceso judicial que la dejo sin una solución efectiva a su caso.
Germán Humberto Rincón Perfeti y Synergía, encabezados por Stefano Fabeni, han proporcionado acompañamiento técnico y jurídico a Raiza Isabela Salazar durante todo el proceso ante el Sistema Interamericano. Su actuación ha sido fundamental para llegar al Acuerdo de Solución Amistosa que se celebra hoy 19 de marzo.
Este acuerdo no solo representa un acto de justicia hacia Raiza es igualmente un reconocimiento de la vulnerabilidad y los desafíos que enfrentan las personas trans en Colombia y en toda la región. El acto de reconocimiento y disculpa pública se espera que sea un paso hacia la reparación del daño y hacia el fortalecimiento de las medidas de protección para la población LGTBIQ+ en el país.
Las repercusiones de este hecho podrían trascender las fronteras nacionales, estableciendo un precedente importante en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y potencialmente provocando que otros Estados miembros reflexionen sobre sus propias políticas y actuaciones hacia la comunidad LGTBIQ+. Este evento recalca la importancia de seguir luchando por una sociedad que garantice la seguridad, la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género.
El Gobierno colombiano además de enfrentar al desafío de cumplir con este acuerdo también debe tomar esta oportunidad para reevaluar y mejorar sus mecanismos de protección hacia las personas vulnerables a la discriminación y violencia basada en género. El caso de Raiza Isabela Salazar es emblemático y su resolución podría marcar un antes y un después en la lucha contra la impunidad y en favor de los derechos humanos en el continente.
Este hito reafirma la necesidad de continuar trabajando en conjunto: Estado, organizaciones civiles y la comunidad internacional, para garantizar una verdadera justicia transicional que no solo atienda los casos de violencia y discriminación de forma reactiva, sino que active políticas preventivas y educativas para construir una sociedad más justa e igualitaria para todos.