Una juez de ejecución de penas de Bogotá concedió este lunes la libertad a prueba del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, deportado la semana pasada a Colombia tras cumplir una pena por narcotráfico en Estados Unidos.
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La juez, con algunas observaciones previas, decidió despachar favorablemente al exjefe paramilitar la petición que por tercera vez hizo su defensa y que había sido negada en las dos primeras ocasiones.
Durante la audiencia, la juez dio crédito a las preocupaciones de los representantes de las víctimas sobre la reparación y la baja entrega de bienes, e instó a la Fiscalía General a crear una unidad especializada en persecución de los bienes para los afectados por el conflicto. Igualmente, determinó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realicen los estudios de seguridad del caso para garantizar las medidas de protección para el exjefe 'para'.
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Al mismo tiempo, la juez señaló que el exparamilitar ha venido cumpliendo con los compromisos de la desmovilización por lo que tendría derecho a la libertad a prueba por cuatro años, que es la mitad de la pena alternativa de 8 años que ofrece Justicia y Paz, y si se mantiene en ese comportamiento, podría recibir la libertad por pena cumplida. La togada dejó claro que su decisión sólo se puede aplicar frente a las tres medidas de aseguramiento que están en su despacho y que corresponden a las tres condenas parciales que están en firme contra Mancuso Gómez en Justicia y Paz.
En ese sentido, la funcionaria judicial sostuvo que libró la boleta de libertad con destino al Inpec, pero que antes de hacerla efectiva, se debe verificar que el exparamilitar no tenga otras medidas de aseguramiento en su contra. Esto porque en la misma audiencia se conoció que Mancuso tiene 33 medidas de aseguramiento correspondientes a procesos en el Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla y otras 14 en el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
De hecho, el exjefe de las Autodefensas, además de las tres condenas parciales ya acumuladas y a las que se aplicó la pena alternativa, tiene otros procesos, algunos de ellos apenas en audiencia de imputación y que podrían terminar en otras 45 sentencias correspondientes a 65.000 hechos, y tiene pendientes otras versiones libres frente a al menos 800 hechos.
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Por ende, para que salga de prisión deben pronunciarse otras autoridades. Precisamente, mañana está agendada en una sala de Justicia y Paz de Barranquilla otra cita para definir si se le da la libertad por la condición de gestor de paz para ser mediador entre grupos ilegales, nombramiento que le dio el Gobierno nacional en 2023.
Después de ello, su libertad pasará a otra sala de Justicia y Paz, pero esta vez del Tribunal Superior de Bogotá, el cual tiene que decidir también si le otorga la libertad al postulado, en atención a un requerimiento de la Corte Constitucional. Básicamente, debe otorgarse la libertad en todos los despachos para que finalmente salga de la cárcel La Picota, en la que está recluido.
Mancuso anunció -durante la diligencia- que interpondrá los recursos del caso para que la decisión sea revisada.
En todo caso, ante una eventual libertad, el exparamilitar no podría moverse por todo el país. Desde hace años en la ley de Justicia y Paz se vienen aplicando medidas para la protección de las víctimas y evitar la revictimización, por lo que los exparas no pueden volver a los sitios en los que mandaron y cometieron sus delitos.
En el caso de Mancuso Gómez no podría ir a municipios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena y La Guajira, es decir, a todos los municipios de la costa atlántica, además de Norte de Santander. La limitación también se extiende a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó.
Aunque la familia y la residencia del expara están en Córdoba, ese es uno de los departamentos a los que no podría ir en caso de quedar en libertad.
En EE. UU. continúan presos dos exjefes de las Auc
De los exjefes paramilitares extraditados por el Gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez a Estados Unidos en mayo de 2008 sólo quedan en celdas de ese país dos personas.
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Se trata de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Ramiro Vanoy Murillo, conocido como 'Cuco Vanoy'.
'Don Berna', el otrora poderoso jefe de los Bloques Cacique Nutibara, Héroes de Granada y Héroes de Tolová de las Autodefensas Unidas de Colombia, fue condenado en Estados Unidos a 31 años de cárcel por narcotráfico. Y 'Cuco Vanoy', exjefe del Bloque Mineros de las Autodefensas, a quien la Fiscalía en Colombia le imputó su responsabilidad en varias masacres, cumple en Estados Unidos una pena de 24 años también por narcotráfico.
Otros de los extraditados a ese país, hace 16 años, ya quedaron en libertad y nunca regresaron ante la justicia de Colombia al llegar a acuerdos con las autoridades de Estados Unidos. Incluso entre los que se quedaron en ese país están narcos que se colaron en la desmovilización para conseguir beneficios, como la pena alternativas de ocho años que da Justicia y Paz. Es el caso de Juan Carlos 'el Tuso' Sierra y Miguel Ángel Mejía Munera, alias El Mellizo.
Otro de los extraditados que no volvió a Colombia es Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano, comandante del bloque 'Libertadores del Sur' entre 1999 y 2005, quien fue condenado en Colombia a la pena alternativa señalado de estar vinculado a más de 160 hechos delictivos, entre ellos 97 homicidios y 44 reclutamientos ilícitos de menores.
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