El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que "la única emergencia pública es terminar con este decreto", en referencia al DNU 70/2023 que el presidente Javier Milei firmó en diciembre y que acaba de ser rechazado por el Senado, aunque sigue vigente.
"La única emergencia pública real acá en la Argentina es primero terminar con este decreto y luego someter a juicio político a quienes impulsaron y convalidaron esta pérdida de la calidad de vida de los argentinos y que han puesto la totalidad de nuestras riquezas y recursos naturales expuestas a la voracidad del capital financiero internacional", señaló Barcesat, en diálogo con La voz de la calle.
El prestigioso constitucionalista advirtió que en caso de que prospere en la Cámara de Diputados otra votación como la que hubo en el Senado, la iniciativa posterior será "la de la responsabilización del Poder Ejecutivo nacional".
"De acuerdo al artículo 36 de la Constitución, tiene responsabilidades imprescriptibles en lo penal y en lo reparatorio civil, de manera que no piensen que esto va a ser gratis para ellos. Van a ser responsabilizados por estos hechos que han provocado este deterioro en la condición de vida que han llevado a situación de miseria", advirtió.
Respecto del accionar de la Justicia frente al DNU, Barcesat dijo no tener dudas de que "una vez que se traspase el proceso de nulificación de este engendro y que continúe la situación de deseche de la Ley Ómnibus, después de eso viene una responsabilización por todo esto".
En cuando a la postura de la Corte Suprema, señaló que "ha tomado una actitud de esperar que sea el propio poder político el que saque las papas del fuego", algo que consideró correcto, ya que "es el Congreso el primero que tiene la competencia".