El ex Director Ejecutivo de la ANSES, Osvaldo Giordano, tal vez nunca imaginó el escándalo financiero y político que iba a provocar la investigación que le había solicitado la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre los seguros que contrataba la ANSES a Nación Seguros por los créditos que les daba a los jubilados y pensionados que luego desde esa empresa eran terciarizados a algunas compañías del mercado asegurador.
Esa obligación a la ANSES de contratar a Nación Seguros -una empresa del Banco Nación Argentina (BNA)- que dio a conocer en una nota el domingo pasado el Director de Clarin, Ricardo Roa, habría comenzado en diciembre de 2021 con la publicación del decreto 823 /2021 en el Boletín Oficial del 2 de diciembre de 2022.
"Seguros Gate": el escándalo que detectó Giordano en la ANSES
El mismo fue firmado por Fernández, el Jefe de Gabinete Juan Manzur y el ministro Martín Guzmán quienes probablemente serán citados por la Justicia a declarar junto a la ex Directora Ejecutiva de la ANSES, María Fernanda Raverta, y el ex gerente del Fondo de Garantia y Sustentabilidad (FGS) del organismo Lisandro Cleri.
Ese decreto ordenó que todos los seguros de las empresas y organismos del Estado tenían que ser derivados a Nación Seguros.
Lo que descubrió en principio Giordano fue un negocio entre Nación Servicios y particulares en el que el Estado perdió unos 20.000 millones de pesos, por derivar esos seguros a Nacion Seguros y luego esta empresa terciarizar los mismos con otros broker y compañías aseguradoras.
Ese monto de 20.000 milones de pesos es lo que pagó de más la ANSES para asegurar los créditos que el organismo les otorga a jubilados y pensionados a los que se les dieron créditos que en muchos casos no podrán pagar y Nación Seguros los derivó a un intermediario.
Pero luego de conocido el caso de la ANSES, y a través de una investigación de la periodista de La Nación, Camila Dolabjian, publicada el martes pasado y las denuncias presentadas por las abogada Silvina Martínez y la diputada Paula Oliveto contra el ex presidente Alberto Fernández, el caso amenaza con convertirse en uno de los peores actos de corrupción desde la llegada de la democracia en 1983 junto con La Ruta del Dinero K.
El "Seguros Gate" o la "Ruta del Dinero AF", como se lo llama en distintos ámbitos, llevó ayer a que el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, lanzara la frase: "Yo no pedí por nadie y si lo hizo mi secretaria se extralimitó", para defenderse.
Fernández hizo alusión a María Cantero, su secretaria privada desde hace más de 30 años, quien es la esposa de Héctor Martínez Sosa uno de los brokers dueño de la empresa HMS hacia donde se habrían derivado una gran cantidad de reparticiones del Estado (ministerios, secretarias y otros entes), que fueron obligados a contratar sus seguros a Nación Servicios por el decreto 823/2021 y que luego la compañía liderada por Alberto Pagliano habría terciarizado a otras compañías de seguros del mercado como HMS.
Las denunciantes presumen que Alberto Fernández utilizó su puesto y su conocimiento del mercado de seguros en el que participó entre 1989 y 1995 de manera activa para enriquecerse en en forma ilícita.
Para entender de qué se trata esta estafa al Estado, y que derivó en este escándalo político y finaciero que involucra en forma directa al exjefe de Estado, es importante analizar los contenidos del decreto 823/2021.
Nación Seguros: ¿qué dice el decreto que firmó Alberto Fernández?
Los más importantes son el Artículo 1, 4, 5 y 7 de dicho decreto.
El primero de elllos señala que: "Las jurisdicción es y entidades comprendidas en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional deberán implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nacion Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera". Este artículo es el que obliga a cualquier repartición del Estado a contratar a Nacion Seguros.
En tanto que el artículo 4 es clave. Este autoriza a Nación Seguros a terciarizar esos sus servicios a través de la contratación de un coseguro con otra compañía al establecer que: "Nación Seguros podrá, en caso de que los tipos de riesgos lo requieran o bien las sumas aseguradas superen los límites máximos de retención a su cargo previstos dar participación en forma de coaseguro, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 17.418, a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros, de conformidad con las prácticas usuales, asumiendo el carácter de Entidad Piloto, emitiendo la respectiva póliza, incluyendo en la misma la participación de las otras entidades con los porcentajes en que participan del riesgo".
Por otro lado, el artículo 5 explicita que "se excluye del ámbito de aplicación de la presente medida a las contrataciones de pólizas de seguro colectivo de los empleados del Estado Nacional previstas en el artículo 114 de la Ley N° 27.444".
Por último, el artículo 7 es relevante a la hora de implementar un control para ese tipo de contrataciones, algo que no se cumplió al establecer que "la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) controlará el efectivo cumplimiento de las disposiciones del presente decreto como así también de las contenidas en los Decretos Nros. 1187/12, 1189/12 y 1191/12 respecto de las jurisdicciones y entidades en el ámbito de su competencia, en orden a los procedimientos e instructivos que al efecto disponga, e informará anualmente de ello a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Anses otorgó gran cantidad de créditos durante 2023
El problema en relación a la ANSES es que Sergio Massa, como ministro de Economía y candidato presidencial, y María Fernanda Raverta, como Directora Ejecutiva del organismo en un año electoral como el 2023 ampliaron esos préstamos y la Administración Nacional de la Seguridad Social prestaba hasta $600.000 a los jubilados a una tasa del 29 % anual y en 48 cuotas, una tasa un tercio menor que la que cobraban el resto de los bancos" explicó otro broker del mercado.
Esos créditos se repartieron en forma ilimitada en gran parte en plena campaña e incluyeron a personas los que cobraban pensiones no contributivas y también se habrían desviado una parte de los mismos para darle a gente que no es jubilada y que los recibió por tener un plan Progresar. Nación Seguros contrató a otras aseguradoras y -como intermediario- a un broker privado al que le habría pagado unos 300 millones de pesos de comisiones.
Nación Seguros: las comisiones recibidas por los brokers triplican el valor de mercado
La investigación del Gobierno mostraría que las comisiónes pagadas superaron en casi tres veces el valor que se paga en el mercado por una contratación de ese tipo de seguros.
El problema fue que, además del acuerdo entre la Anses y Nación Seguros, se sumó a intermediarios sin ninguna necesidad, ya que se trata de un acuerdo entre dos organismos estatales.
En la investigación realizada por Giordano aparece un presunto intermediario llamado Pablo Torres García.
Al parecer, de acuerdo a lo investigado, Torres García, es un empresario broker financiero y de seguros que habría cobrado una comisión varias veces mayor a la del mercado.
El otro intermediario sería el empresario Héctor Martínez Sosa, quien casualmente está casado con la ex secretaria del ex presidente Alberto Fernández.
Desde el Gobierno, existía la presunción y ya quedó demostrado en la investigación que la Anses no sería la única área de gobierno que habría recibido la sugerencia presidencial de darle prioridad a Martínez Sosa a la hora de las contrataciones.
Por otra parte, resulta sospechoso que ante la Oficina Anticorrupción el ex presidente Fernández habría declarado una deuda con este empresario que se mantuvo en los cuatro años de su mandato.
Nación Seguros: los brokers en el escándalo de corrupción
Pero el eje de la investigación apunta a Nación Seguros, ya que de acuerdo al DNU firmado por el exmandatario todos los seguros del Estado debían contratarse a través de esa empresa del BNA. Allí había tres intermediarios relacionados con esas operaciones y aparecen los nombres de tres amigos Fernández como Alberto Pagliano quien fue el Presidente de Nación Seguros entre 2019 y 2023, Carlos Soria y Gustavo García Argibay.
Todos ellos aparecen en la investigación como figuras claves y acusadas de favorecer a ciertos productores de seguros y compañías, estableciendo relaciones preferenciales en la distribución de los negocios aseguradores relacionados con el Estado.
Pablo Torres García por su parte es un hombre muy conocido en el mercado. Pero su gran crecimiento se produjo cuando Mauricio Macri llegó como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y donde se destaca su relación con un ex funcionario de Mauricio Macri, el economista Edgardo Cenzon que ahora se dedica al negocio del real state en el Uruguay. Torres García, es concesionario de Cerro Bayo, es el presidente de la Cámara Argentina de Esquí y Montaña (CAEM), fundada en 2022.
En tanto que Hector Martínez Sosa además de ser un amigo de toda la vida de Fernández es el esposo de María Cantero, la secretaria privada del primer mandatario. También el chofer privado de Fernández venía del entorno del poderoso HMS.
En los próximos días, el gobierno de Javier Milei hará una presentación judicial en contra de Alberto Fernadez, Juan Manzur, Martín Guzmán, María Fernanda Raverta, Lisandro Cleri y varios funcionarios identificados en distintos organismos del estado. Por otro lado la abogada Silvina Martínez acusó a los involucrados de violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Estado y Nación Seguros: cuándo comenzó la tercerización
Es probable que en su discurso frente al Congreso, para inaugurar la Asamblea Legislativa de este año, Javier Milei hable de esta estafa contra el Estado descubierta en la ANSES pero que tiene ramificaciones en otros organismos del Estado.
Con respecto a los antecedentes hay que reocrdar que el ex Presidente Alberto Fernández se jactó, hacia el final de su gestión, de terminar con un logro: no tener ninguna causa de corrupción y lo consideraba una distinción respecto de su predecesora, Cristina Kirchner.
Sin embargo, hay una serie de contratos que menciona la investigación de Dolabjian, que probarían que las distintas áreas que respondían políticamente o directamente del Presidente, solicitaron durante los cuatro años de gestión que su amigo Hector Martínez Sosa fuera puesto como intermediario de seguros que se contrataban con Nación Seguros.
Según esos documentos reservados, que ya están en poder de la justicia, la Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Casa de la Moneda, Ministerio de Seguridad y la Superintendencia de Servicios de Salud, entre otras dependencias, pidieron contratar a Martínez Sosa.
La carrera de Alberto Fernández en el mercado asegurador comenzó cuando fue nombrado en 1989 por Carlos Menem en el directorio de la Superintendencia de Seguros de la Nacion (SSN). En esa época se produjo la intervención y el cierre del Instituto Nacional del Reaseguro (INDER) por una malversación de fondos que implicó una estafa al Estado por unos 1.200 millones de dólares.
Ese instituto en el que Fernández era parte del directorio ofrecía dos tipos de negocios a las compañías en perjuicio del Estado. El primero era crear una deuda falsa y el segundo cobrar rápidamente esas sumas que el instituto adeudaba. Luego trabajó en el Grupo Provincia en Provincia Seguros, Provincia ART y Provincia Vida hasta que en 1995 decidió lanzarse a la política en la Capital Federal en el partido Acción por la Republica creado por el ex ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo.