Álvaro García Ortiz "antepuso su criterio personal, subjetivo y arbitrario" para promover a su antecesora en la Fiscalía General, Dolores Delgado, como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Supremo, afirma la querella interpuesta por el Partido Popular contra el responsable del Ministerio Público.
El PP pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo que abra una causa al fiscal general por un supuesto delito de prevaricación, según la querella fechada el pasado 6 de marzo, casi un mes después de que Génova anunciara la acción penal, lo que da una idea de las dificultades para articularla.
El texto, conocido por EL ESPAÑOL, se remonta a las fechas en las que Dolores Delgado pasó sin solución de continuidad de ser ministra de Justicia a fiscal general y nombró a García Ortiz jefe su secretaría técnica, cargo que conllevó su ascenso a la primera categoría de la carrera, fiscal de Sala.
El PP destaca la "intensa relación profesional y personal" entre García Ortiz y Delgado, "una amistad manifiesta", dice, "que se ha materializado en un intercambio continuo de favores que ha beneficiado a ambas partes y a sus correspondientes carreras profesionales".
Tras la dimisión de Dolores Delgado como fiscal general, el Gobierno nombró para este cargo a García Ortiz.
"Estando el querellado al frente de la Fiscalía General del Estado, tocaba pagar los favores recibidos. Para ello, en cumplimiento, a buen seguro, de promesas anteriormente hechas, el querellado se empecina en proponer al Gobierno la promoción de su anterior jefa a la condición de fiscal de Sala", señala.
Para hacerlo, indica, García Ortiz "antepuso su criterio personal, subjetivo y arbitrario a la opinión estrictamente técnica, basada en los principios de igualdad, mérito y capacidad, formulada por el Consejo Fiscal". Este órgano apoyó mayoritariamente para la jefatura de la Fiscalía de la Sala Quinta del Supremo a Luis Rueda.
El fiscal general propuso al Gobierno la designación para ese cargo de su antecesora. Con ello, dice el PP, "cumplió con su palabra y devolvió los favores recibidos de Delgado, guiándose exclusivamente por su 'pasión', según declaró [en el Consejo Fiscal], hacia la beneficiaria, valiéndose para ello de su cargo público y sirviéndose del ejercicio arbitrario y caprichoso de las prerrogativas que le correspondían por su condición de fiscal general".
"Es decir", sintetiza, "pagó con un cargo público los favores recibidos de Delgado hasta llegar a ser nombrado fiscal general, siendo una candidata que reunía objetivamente menores merecimientos que el otro miembro de la carrera fiscal" que pidió esa plaza, Luis Rueda.
"Corrupción en el uso de prerrogativas"
La formación de Núñez Feijóo sostiene que esos hechos "constituyen actos de corrupción en el uso de la prerrogativas que le corresponden como fiscal general y resultan tipificados en el artículo 404 del Código Penal", que regula el delito de prevaricación.
La querella se apoya en la "enormemente trascendente" sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía Togada y apreció desviación de poder en la actuación de Álvaro García.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo declaró que la desviación de poder era "visible e innegable". "La finalidad declarada del fiscal general fue reparar lo que él reputaba una laguna en la ley: que quien sin tener la más alta categoría en la carrera fiscal es nombrado fiscal general no sea automáticamente promovido, al cesar en su sentencia del pasado cargo, a la categoría de fiscal de Sala", explicó el alto tribunal en su sentencia.
"Y lograr este objetivo era, en sus propias palabras, una prioridad", añadió el Supremo, que consideró que "no cabe subestimar toda la secuencia: iniciativa de convocatoria de la plaza por la propia codemandada cuando aún era fiscal general del Estado, dimisión poco después de dicho cargo por razones de salud, convocatoria de la plaza y presentación de solicitud por Dolores Delgado, propuesta a favor de ella por quien fue su estrecho colaborador y en ese momento ya su sucesor; y todo ello, por si fuera poco, de manera rápida y prácticamente sin solución de continuidad".
Para el PP, la actuación de García Ortiz no solo incurrió en desviación de poder, sino que también fue "arbitraria" e "injusta".
"El querellado se limitó a imponer su criterio sin mayor argumentación que la referencia a su relación con Dolores Delgado y unos méritos ajenos a la jurisdicción militar que no hacían que su candidatura superara a la de Luis Rueda", indica la querella.
Según el PP el fiscal general "empleó prerrogativas públicas a modo de dádivas con contenido institucional, profesional y económico de forma arbitraria para recompensar así a su anterior jefa en ejecución de un plan preconcebido desde hacía meses entre ambos".
"En definitiva", concluye, hizo uso de su facultad de proponer al fiscal de Sala de la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo para dos finalidades: "pagar una deuda personal de gratitud" con Dolores Delgado y procurar que la anterior fiscal general se reincorporara a la carrera fiscal en la más elevada categoría, "pese a que no existe previsión legal de que esto deba ser así".
La "arbitrariedad" del nombramiento la ve en que Álvaro García consideró como determinantes unos méritos "que no son susceptibles de apreciación" para el cargo de que se trataba: la experiencia de Dolores Delgado como ministra de Justicia y luego como fiscal general. Todo ello frente a la mayor experiencia y conocimiento en la jurisdicción militar del otro candidato.
La "injusticia" de la promoción de Delgado "queda constatada por la argumentación del querellado ante el Consejo Fiscal, donde reconoce que optaría por esta candidata por unos méritos políticos que no eran susceptibles de valoración para la cobertura de la vacante en cuestión"
La querella sostiene que esa "arbitrariedad" conlleva "un innegable perjuicio a la función pública en general y a la carrera fiscal en particular, en la medida en que atenta contra los principios constitucionalmente consagrados de igualdad, mérito y capacidad".
Asimismo, genera "descrédito para el conjunto de la sociedad en la función pública y en una profesión tan sensible, expuesta y vital para el adecuado funcionamiento del Estado de derecho como es el Ministerio Fiscal"-
Finalmente, esa designación provocó un "claro perjuicio" en otro miembro de la carrera fiscal "que tenía más méritos para ser ascendido y acceder a la vacante en la Fiscalía Togada del Tribunal Supremo" y que vio cómo sus derechos "eran vilipendiados por un trato de favor injustificado e injustificable por parte del querellado en pago de deudas personales contraídas en el pasado".