Un nuevo borrador de resolución del Ministerio de Salud, a cargo de Guillermo Alfonso Jaramillo, ha reactivado el debate alrededor del Servicio Social Obligatorio (SSO), comúnmente conocido como "año rural", para todos los profesionales del área de la salud en Colombia.
Históricamente, el SSO ha sido un requisito para obtener la tarjeta profesional y ejercer ciertas carreras del ámbito sanitario en el país. Sin embargo, dado que hay menos plazas que el total de egresados, es prácticamente una lotería tener que hacerlo o no.
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Ahora, la propuesta del Gobierno Petro busca eliminar las exenciones y obligar a todos los estudiantes a cumplir este servicio en áreas rurales, incluso, si no hay plazas disponibles.
De hecho, ya no serían solamente médicos, enfermeros, bacteriólogos y odontólogos los que tendrían que hacerlo, pues unas siete profesiones estarían en la lista: fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, optómetras, terapeutas ocupacionales, terapeutas respiratorios y químicos farmacéuticos.
El estudiantado y los profesionales de la salud han expresado su preocupación por esta medida, argumentando que muchos de los lugares asignados para el SSO carecen de las condiciones mínimas necesarias para brindar atención médica adecuada. Además, señalan el riesgo de seguridad al que se enfrentan los profesionales en estas zonas, donde la violencia y las amenazas son una realidad cotidiana.
"Como se ha evidenciado en plazas como El Bagre, Zapatoca y Florencia u otras plazas rurales, durante este año de SSO se pone en riesgo la integridad física y laboral de miles de profesionales", se lee en el comunicado.
En respuesta a la propuesta del Ministerio de Salud, el estudiantado del área de la salud ha emitido un comunicado manifestando su preocupación y solicitando al Gobierno Nacional que considere todas las perspectivas antes de tomar una decisión final. Argumentan que el SSO debería poderse ejercer en condiciones dignas y seguras, respetando el compromiso vocacional y asistencial hacia la comunidad colombiana.