LA PORTELLA
La juez apremia al ayuntamiento de La Portella a pagar 462.000 € a la exsecretaria
Es el sueldo que dejó de cobrar desde su despido y tras sentencias que exigen readmitirla
Da 10 días para concretar qué partida del presupuesto le destina
El juzgado contencioso administrativo de Lleida apremia al ayuntamiento de La Portella a pagar 462.320 euros a la secretaria que despidió en 2012. Estas son las cantidades que corresponden a los salarios que dejó de percibir desde entonces, después de varias sentencias que desde 2018 exigen la readmisión de esta trabajadora municipal. En un auto del pasado día 5, la juez concluye que los salarios adeudados hasta el 31 de octubre del año pasado ascienden a 496.249 euros, de los que hay que restar 12.139 que cobró por su trabajo en otro consistorio y otros 21.790 que La Portella consignó en el juzgado. Doce años después del despido, los sueldos pendientes suponen aproximadamente la mitad del presupuesto total anual del ayuntamiento.
La juez también reclama al consistorio que concrete qué partida del presupuesto se destina a hacer frente a este pago. Además, en una diligencia el juzgado da un plazo de diez días para dar cumplimiento al auto. Fuentes próximas explicaron que las cuentas no incluyen los salarios de la exsecretaria. El auto también insta al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a aportar los importes que ha cobrado la afectada en concepto de prestaciones por desempleo. El abogado de la exsecretaria, José Miguel Moragues, del despacho Moragues, indicó que esta petición se debe a que se tendrán que devolver estas cantidades cuando se haya hecho efectivo el pago de los salarios.
Este periódico intentó ayer, sin éxito, recabar la versión del alcalde, Carles Català. El juzgado ha decidido llevar ante la Fiscalía a Català por el rechazo del ayuntamiento a cumplir las sentencias que obligan a readmitir a la exsecretaria y pagarle los sueldos que dejó de percibir, como ya avanzó SEGRE. El juzgado ya impuso una primera multa coercitiva de 1.500 euros a Català, al considerarlo responsable de incumplir las sentencias y ordenó un embargo de sus cuentas bancarias por esta cantidad.