La Comisión de Constitución aprobó el dictamen que plantearon legisladores de Fuerza Popular y Renovación Popular para limitar los alcances de las sentencias por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos antes del 2002.
El dictamen fue aprobado con 14 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención. Los que se opusieron fueron miembros de Perú Libre, Bloque Magisterial, Cambio Democráticos - Juntos por el Perú y Perú Bicentenario.
Los que votaron a favor fueron Fuerza Popular y Renovación Popular, incluyendo a Martha Moyano como presidenta de la Comisión de Constitución. Contaron también con el respaldo de Avanza País, Alianza Para el Progreso, Podemos Perú.
El proyecto original fue presentado por Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular y José Cueto de Renovación Popular, quienes buscan beneficiar a todos los sentenciados por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos antes del 2002, señalando que deberían prescribir los procesos que consideren estos conceptos.
El dictamen incorporó durante el debate modificaciones propuestas por Gladys Echaíz, de Avanza País, quien pidió incorporar en el texto un artículo para precisar que "los delitos cometidos con anterioridad al entrar en vigencia los referidos instrumentos internacionales prescriben en los plazos establecidos en la ley".
El documento hace referencia a la Convención de Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y crímenes de lesa humanidad y al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional porque alegan que fueron aprobados en el 2001 y entró en vigencia en el 2002.
Con este motivo, buscan que todas las sentencias que se hayan aplicado por estos delitos antes de esas fechas prescriban o sean declaradas nulas porque el Código Penal no incluye los términos "lesa humanidad" o "crímenes de guerra" y se precisa que todos los delitos prescriben tras 20 años de haber sido perpetrados.