La coalición política Sa Unió (PP y Compromís) dio entrada ayer en la Mesa del Parlament, dos meses después de la expulsión de su número uno, Llorenç Córdoba, al certificado emitido por el secretario del Consell de Formentera que da cuenta de la de la misma.
Este documento no tiene validez, a efectos prácticos, más allá de la institución insular y debería ser la propia coalición la que comunicara a la Cámara balear la expulsión de su exlíder, especialmente a efectos del control sobre la cuenta bancaria de la que es apoderado y en la que el Parlament ingresa mensualmente 2.700 euros destinados a cubrir su actividad como diputado del grupo mixto-Sa Unió.
El grupo parlamentario socialista se ha interesado por la situación de Córdoba en el Parlament y considera «que los partidos de Sa Unió deben certificar si [el presidente y diputado de Formentera] sigue estando habilitado para manejar la cuenta corriente [de Sa Unió] del Parlament», insisten. Una de las sospechas de los socialistas es que el PP de Balears mantiene a Córdoba en una situación ambigua, y que no se sabe si actúa en nombre de Sa Unió o propio. El propio diputado defendía que su expulsión «tiene efectos en el Consell, no en el Parlament, donde sigo siendo Sa Unió de Formentera, les guste o no».
La notificación al Consell
Mientras, la certificación emitida por la Secretaría del Consell se limita a analizar la situación y las repercusiones que tiene en la institución insular la expulsión de Córdoba, que se formalizó el pasado 12 de enero, pero que no entra a valorar cómo queda el diputado en el Parlament balear.
El documento señala en este sentido que «Llorenç Córdoba Marí queda como miembro no adscrito [del Consell], si bien, como es evidente, presidente del Consell Insular de Formentera». «La expulsión [de Sa Unió] no tiene repercusión en el reparto de miembros en las comisiones informativas ya creadas entre los grupos políticos de la Corporación, ni en la Junta de Portavoces». Añade el documento que la expulsión tendrá repercusión «en cómo se sentarán en el pleno los corporativos del grupo político Sa Unió de Formentera, PP-Compromís y el miembro no adscrito», en referencia a Córdoba.
Tal y como se comprobó en el pleno del 1 de febrero, cuando se dio cuenta de la expulsión del presidente del grupo con el que ganó las elecciones de mayo de 2023, y que confió en él hasta finales de noviembre, cuando estalló la crisis de gobierno insular en la que sigue inmersa la institución.
Mientras tanto, siguen las negociaciones entre Sa Unió, el PSOE y GxF, que se celebran por separado. Primero fue un encuentro con los socialistas, el pasado sábado, y el pasado miércoles con los miembros de GxF, en la sede de Sa Unió, en Sant Francesc.
«Perfil bajo» informativo
El portavoz de la coalición, Óscar Portas, avanzó: «Por nuestra parte vamos a mantener un perfil bajo y no vamos a dar detalles de las reuniones». Añadió que «las negociaciones y conversaciones siguen, no han acabado y no diremos nada hasta que terminen».
La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, recordó en una breve nota que el encuentro había sido solicitado por Sa Unió. Detalla que «pudimos tratar y analizar la actual crisis política e institucional en el Consell sin que se aportaran novedades».
GxF sigue sosteniendo que «a día de hoy la gobernabilidad del Consell Insular es posible» ya que considera que «la parálisis es de impulso político y no de gobernabilidad».
Esta formación en la oposición (tiene cinco consellers) señala que «una moción de censura no es una herramienta para solucionar luchas internas en el equipo de gobierno». Y apela «a la responsabilidad del equipo de gobierno para garantizar el funcionamiento de la institución».
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