En 2022 la inversión total de las alcaldías ascendió a $92 billones, de esos, solamente el 1,4% ($1,3 billones) se destinó a programas de seguridad, y del total invertido, cuatro ciudades, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla concentran el 45% del gasto de seguridad del país.
Los municipios literalmente no tienen de donde sacar recursos pues 8 de cada 10 pesos de su inversión se destinan a atender las necesidades de educación, salud, saneamiento básico, cultura, deporte y mejoramiento de vías. Lo poquito que les queda lo deben distribuir en mitigación de riesgos, vivienda, ambiente, agricultura, fortalecimiento institucional y obviamente seguridad.
Hay una disparidad enorme entre el gobierno nacional y las alcaldías, mientras que para el primero la seguridad siempre está en los primeros renglones del presupuesto, para la mayoría de las alcaldías este rubro no aparece ni en las curvas en el ranking presupuestal.
Ya sabemos que en lo local la plata no alcanza para todo. Entonces, para invertir más en seguridad y justicia debemos revisar que hace el gobierno nacional con la plata de seguridad urbana y evaluar si estos recursos deben estar en manos de las alcaldías.
Es normal ver todas las semanas alcaldes y funcionarios municipales desfilando por los pasillos del Ministerio del Interior con sus carpetas llenas de formatos para postular programas al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON) que maneja el Ministerio. De hecho, este fondo es la fuente predilecta de las entidades territoriales para buscar algún recurso de cofinanciación para invertir en seguridad en su municipio.
Los presidentes y ministros de turno deciden para qué quieren usar esos recursos. En los últimos años con estos recursos se han construido parques, centros de justicia, comandos de policía, se han entregado alarmas, cámaras y demás herramientas para fortalecer la seguridad territorial. Pero no nos digamos mentiras, este fondo, pese a que tiene un control y unos parámetros técnicos claros, sus criterios de distribución son totalmente subjetivos, se apoya al alcalde y al municipio que se quiere apoyar no al que más lo necesita.
Los recursos que tiene el FONSECON rondan aproximadamente los $300.000 millones de pesos al año, es una bolsa enorme que no tiene reglas objetivas para su distribución. ¿Por qué el ministerio de la política administra este dineral para proyectos de seguridad municipal?
Este tipo de fondos concursables abundan en los ministerios. Cada año los alcaldes presentan sus proyectos en diferentes oficinas del gobierno nacional y esperan con ansías que alguno llegue a buen puerto y logren la tan anhelada cofinanciación nacional.
La mayoría de los fondos nacionales son como el FONSECON, tienen unas exigencias técnicas importantes al momento de la evaluación, pero la aprobación y la distribución de recursos depende de decisiones técnicas y de las necesidades políticas de turno.
Los municipios (sin Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla) invierten en seguridad $640 mil millones de pesos, si a estos recursos le trasladamos lo que hay en FONSECON tendríamos un aumento del 47% de la inversión local en seguridad en todo el país. En vez de andar pidiendo formatos y formatos desde el Ministerio del Interior se podría construir una regla basada en vulnerabilidades, necesidades y afectaciones que le permita a los municipios contar con más recursos para invertir en sus propias políticas de seguridad.
Estaríamos hablando de una transferencia basada en indicadores claros y objetivos para proyectos de interés local en donde la gerencia y el liderazgo lo tenga el mandatario local de turno, no el ministro de turno.
La cofinanciación por parte del gobierno nacional es válida y necesaria, pero hoy tenemos varios casos, como el de FONSECON, en donde es preferible que los recursos sean manejados directamente por los municipios. No hay necesidad de someter a los alcaldes a llenar formatos, a hacer llamadas al congresista amigo o al funcionario conocido y a esperar días y días la famosa aprobación, es más fácil, más rápido y eficiente que estos recursos entren directamente a la tesorería municipal.
Los recursos de FONSECON son para mejorar la seguridad urbana y nadie más capacitado, más informado y con mejor conocimiento de las problemáticas locales que los alcaldes municipales. Son ellos los que deben decidir qué hacer con estos recursos, no el ministerio de la política.