LA consejera de Agricultura de la Junta, Carmen Crespo, considera que la Ley de Restauración de la Naturaleza es un nuevo revés para el campo, porque las mejoras medioambientales no se "pueden hacer a costa de los agricultores". Ésta es la primera ley de restauración que aprueba el Parlamento Europeo, cuyo objetivo general es rehabilitar el 20% de los hábitats terrestres y marinos del continente, una ley que ha ido sufriendo a lo largo de su tramitación en Bruselas el ataque de las organizaciones agrarias y de la derecha antiglobalista, como Vox, y a quienes se sumó una parte de los eurodiputados populares de la mano de Manfred Weber, el bávaro con quien se alinea el PP español y, al parecer, el Gobierno andaluz.
Pero el resto del partido, de la mano de Ursula von der Leyen, siguió al lado de la ley, y ésta se acaba de aprobar por 329 síes en contra de 275 noes. Ha sido la primera vez que el Europarlamento adopta una visión más inmovilista que la Comisión.
Creo, como Adam Smith, que el interés particular del carnicero y del panadero, oficios citados por el economista escocés y a los que podríamos añadir el del agricultor para este caso, mueven la economía y procuran un bienestar general. Es la sociedad del libre mercado, la que mayores beneficios ha aportado a la humanidad, pero no creo que la visión particular del agricultor deba tomarse como global.
Al fresero de Huelva le encantaría expandir sus cultivos hasta las pajareras de Doñana, como los llorecas de Málaga y de Sevilla sembrarían de veladores el callejero público porque así multiplicarían el negocio muy por encima de las posibilidades de sus locales. Me lo contó un día un pescador de bajura: él respetaba su caladero pero me advirtió que ni él ni ningún otro colega salía a la mar para volver con las bodegas vacías.
El interés particular, el sano egoísmo, del casero que alquila pisos y habitaciones para los turistas no puede decidir la política de viviendas de las ciudades; claro que hay que contar con él, pero su visión es muy estrecha, tanto que el poder fáctico que ejerce este sector sobre muchos ayuntamientos andaluces y sobre la Junta está vaciando los centros de las ciudades y comprometiendo un derecho que es constitucional.
Los agricultores le han declarado la guerra a las políticas verdes con el argumento de que son ellos quienes entienden de las cosas del campo, y no es así, tienen una visión particular, muy particular, del problema, porque lo cierto es que el abuso de plaguicidas, el calentamiento global y el empobrecimiento de sus tierras son realidades palpables. Y ellos lo saben.