Conducido a una crisis financiera que pronto será operacional, en buena parte debido a la visión errada y el contrapunteo del gobierno, el sistema se ha deteriorado. Perdemos todos los colombianos, pero... ¿quién pagará el costo político de su desaparición?
Lo peor que puede ocurrir con la reforma es que siga convertida en punto de honor de las pugnas políticas. Desde el punto de vista de una eficiente administración se trata de solucionar problemas del sistema para mejorarlo y no de destruirlo; endosar su fracaso a los oponentes, o convertirlo en insumo de otra campaña presidencial.
La reforma presentada por el gobierno, como se esperaba, fracasó. En esta columna advertí, desde sus inicios, de la necesidad de consensos y no de imposiciones al realizar unos ajustes necesarios. Ahora, cuando la poderosa maquinaria del gobierno empleada a fondo no logró superar el filtro del Congreso, conviene repasar los análisis de las sociedades científicas y las de los ciudadanos o usuarios del sistema, muchas veces expresadas en encuestas y estudios, pero poco escuchadas por los ponentes y francamente ninguneadas en el proyecto.
Para el 73 % de los encuestados por Invamer en enero de 2023, en los momentos en que la ministra Corcho lo descalificaba como desastroso, el sistema era percibido por una mayoría como mejor que aceptable. Un año después la misma encuesta registró que el desgaste producido por las pugnas y posturas en torno a la reforma hicieron caer esa percepción en 12 puntos, para ubicarse en un 61 %. La conclusión puede ser que el sistema subsiste, pero las pugnas políticas lo están conduciendo al desastre.
La escasez de medicamentos ya es notoria y la prestación de servicios, evidentemente, ha empeorado. Las cuentas entre gobierno y EPS no cuadran o los recursos no se giran de manera oportuna y conveniente lo que ha motivado, incluso, un reciente fallo de la Corte Constitucional. La mala gestión -más bien dejación- del Invima ha sido inocultable. Lamentablemente se está cumpliendo el pronóstico gubernamental según el cual, entre otras razones por la animadversión del gobierno, responsable de proveer los recursos y garantizar la aplicación del marco legal, el sistema tendería a desaparecer.
El hundimiento del proyecto de reforma no significa que el sistema no requiera ajustes. No es simétrica la prestación de servicios en las grandes ciudades comparado con municipios y regiones apartadas, pero ello no significa que debamos destruir lo que funciona con la esperanza- solo la esperanza- de que destruyendo lo que tenemos en los sectores deficitarios el sistema pueda ser mejor.
La acepción según la cual "la pasión de la destrucción es una pasión creadora" pudo ser exitosa bandera de Mijaíl Bakunin, uno de los padres del anarquismo, para motivar turbas enceguecidas por el odio en la perspectiva de destruir el Estado, pero no sirve para gobernar de manera eficiente. Destruir para construir desde el gobierno resulta en antítesis inaplicable.
El contraste entre la visión del gobierno y la realidad, como lo han reflejado las encuestas y ahora el Congreso, está deteriorando uno de nuestros más importantes activos como sociedad. ¿Cuánto costará a los colombianos restablecer lo perdido? Los 40.000 millones de los carrotanques -ejemplo de derroche y no de administración- son poca cosa.
Al margen de consideraciones politiqueras, un sistema como el que tenemos tiende a colocar en condiciones de igualdad la oferta de servicios de las IPS públicas y las privadas, una competencia de la cual solo pueden salir beneficiados los usuarios. No se trata de sostener costosos monopolios sino de prestar, en las mejores condiciones posibles, un servicio fundamental, con recursos, como siempre ocurre en economía, limitados o escasos.
El fracaso de la reforma ya se está utilizando como caballito de batalla de nuestras pugnas políticas. El país y la incipiente oposición responsabilizan al presidente de su fracaso mientras el gobierno tratará -como ya lo hace- de responsabilizar al Congreso. Pagando el costo de su empecinamiento, tal vez, su más grande desacierto, el gobierno apenas comienza a recibir la cuenta de cobro por parte de la ciudadanía. Pocos olvidarán que hasta 2023 tuvimos un sistema de salud que, con defectos, funcionaba.