«Son tiempos difíciles para los soñadores». Amélie (2001), película de Jean-Pierre Jeunet.
«No nos vamos a casar», advirtió el alcalde ilicitano, Pablo Ruz. Menos mal que lo aclaró, porque la cascada de elogios, piropos y encomios que estaba intercambiando con su homólogo alicantino, Luis Barcala, podía dar a entender que el himeneo interurbano estaba ya prácticamente hecho y que ambas ciudades acabarían irremisiblemente fundidas en un solo ente supramunicipal por el que Elche pasaría a tener puerto y Alicante tres patrimonios de la Humanidad. No llegará la relación a tanto (de momento), pero ambos mandatarios repitieron, tras celebrar la segunda cumbre (sic) de este nuevo periodo de fraternal relación, que esto no es solo una declaración de intenciones sino que el noviazgo irá para largo, tras la presentación en sociedad en Fitur, y que sus efectos mutuamente beneficiosos ya se están notando.
De nuevo estamos ante un momento histórico. Es más, Ruz enfatizó la relevancia del segundo encuentro celebrado entre los gobiernos de ambas ciudades, esta vez en Elche: un momento histórico sin precedentes. Tampoco hay precedentes en España y parte del extranjero, aseguró, de un acuerdo de colaboración y entendimiento de dos grandes ciudades de este calibre en un mismo ámbito geopolítico. «Subimos de nivel», apostilló Barcala, por si no quedaba claro. Según aseveraron ambos mandatarios, la complementariedad en este caso no suma sino que multiplica, y además exponencialmente, si echan mano del algoritmo de Booth y elevan el resultado a la sexta potencia. O sea, éxito seguro.
Atrás quedaron aquellos intentos de capitidisminuir a Elche, como la ley de áreas metropolitanas que pergeñó Eduardo Zaplana al frente del Consell y sus sucesivas reencarnaciones, que provocaron el rechazo político y social porque colocaban al municipio ilicitano como mero satélite de la capital. Colaborar y cooperar sí, pero en igualdad de condiciones, repetían los alcaldes socialistas ilicitanos ante las andanadas populares desde la Generalitat. Y las dos ciudades más importantes de la provincia, segunda y tercera de la Comunitat, seguían de espaldas pese a los múltiples intereses comunes. El distanciamiento llegó al extremo de que la primera visita oficial de un alcalde (alcaldesa en este caso) de Alicante al Ayuntamiento ilicitano para abordar asuntos de mutuo interés se produjo en 2009, cuando el socialista Alejandro Soler recibió a la popular Sonia Castedo para tratar cuestiones urbanísticas y abrir (cómo no) una nueva etapa de sincera y leal colaboración de la que nada más se supo.
Pelillos a la mar salá. Ahora va en serio, proclamaron en el salón de plenos los dos alcaldes ante el rey, la Maredéu y un cúmulo de banderas (la europea, la nacional, la autonómica y las de ambas ciudades; hubo quien echó en falta las del Elche y Hércules, pero probablemente se obviaron para evitar enconamientos deportivos). Sin embargo, pese al ambiente entusiástico existente, y aunque alguien lo propuso, no hubo baile con los concejales de ambas corporaciones (hemos venido a trabajar, no a divertirnos, advirtieron los regidores). Ni tampoco interpretación al piano de Ruz, como en la anterior visita a Alicante, porque incomprensiblemente el Ayuntamiento ilicitano no dispone de tal instrumento (el alcalde ilicitano ya había tenido ocasión de evidenciar una vez más su destreza al teclado unos días antes durante la celebración del Día de Andalucía en el Gran Teatro, olé y olé).
Hay muchos proyectos en los que ya trabajan ambos equipos municipales (nuevo trazado ferroviario con conexión al aeropuerto, ampliación del ídem, turismo de cruceros, maratón deportivo, suelo industrial…) para llevarlos a buen fin. Sigue habiendo suspicaces y escépticos al respecto, pero quien tenga dudas que le pregunte al alcalde de Elche, auténtico adalid e impulsor de estos encuentros en la tercera fase provincial. Los antecedentes no son nada halagüeños, pero con Pablo Ruz todo es posible. Viento en popa a toda vela.
La oposición no asistió al histórico momento porque: a) no fue invitada y b) estaba en otras cosas. Por ejemplo, la socialista Patricia Maciá está completamente inmersa en su Máster Universitario de Contabilidad y Finanzas Avanzadas (MUCFA) de la UMH, consciente de que, pese a sus cuatro años al frente de la Concejalía de Hacienda, siendo periodista como es, sus conocimientos de contabilidad municipal todavía dejan mucho que desear. El superconcejal estratégico urbanístico-financiero Francisco Soler, experto y entendido en el asunto en cuestión (es abogado, consultor, auditor y asesor fiscal, nada menos: por algo es vicealcalde) puso a la edil en el último pleno cara a cara con la cruda realidad de sus limitaciones por haber estudiado una carrera de Letras en lugar de otra de provecho, como él mismo sin ir más lejos.
Así que la edil, espoleada por la invectiva y dispuesta a enmendar su desconocimiento, se puso a escudriñar el pasivo corriente, el activo circulante, el valor neto patrimonial, el devengo y el saldo acreedor de las facturas que pasan por las manos de Soler y llegó a la conclusión de que el superconcejal no está tan puesto como parece en cuestiones de normativa contractual. Y es que, mira por dónde, Maciá detectó un posible o probable fraccionamiento ilegal de facturas por parte del Gobierno PP-Vox, en los pagos de 56.000 euros en flores a doce proveedores diferentes sin contrato ni factura. Y puso tal circunstancia anómala en conocimiento de la Agencia Valenciana Antifraude, que ya ha tomado cartas en el asunto.
Oiga, esto del fraccionamiento de facturas, ¿no era una denuncia recurrente del PP en el anterior mandato contra el Gobierno PSOE-Compromís? Pues sí, precisamente. ¿No llevaron los populares ante la Fiscalía Anticorrupción 676 facturas de los años 20219 y 2020, por importe global de 1,5 millones de euros por este motivo? Pues también, pero la denuncia acabó archivada, no porque todo estuviese bien hecho (que no lo estaba), sino porque las adjudicaciones se habían realizado por los técnicos y no por los políticos.
Ahora es distinto, porque el PSOE no denuncia una posible corrupción política, sino un fraude de ley por las compras sin contrato ni licitación. Igual la cosa se queda en nada o igual no, pero por lo visto hasta ahora, los requerimientos por parte de la oposición a instituciones y organismos superiores van a ser habituales en este mandato. Los populares aseguran que lo de las facturas fraccionadas se hacía antes y no pasaba nada, aunque como hemos visto sí que pasaba (ahí están, además, los recurrentes reparos de la intervención municipal). Algunos de los que denunciaban entonces esta práctica y censuraban a la edil socialista en su época de responsable de Hacienda son los señalados ahora, como el concejal de las flores y macetas, Claudio Guilabert. Quedamos a la espera de acontecimientos, mientras Patricia Maciá sigue avanzando en su máster e indagando en el debe haber y no hay del equipo de gobierno, gracias a los consejos de Soler.
Facturas sospechosas aparte, hay que reconocer que la ciudad está mucho más florida que antes, y eso que todavía no ha llegado la primavera. Un empeño personal de Pablo Ruz, que quiere hacer del pueblo (y las pedanías) un vergel con más árboles, flores y plantas aromáticas, sin bajas ni altas emisiones ni congestiones de tráfico ni malos rollos entre la gente, donde reine la paz, la fraternidad y la armonía, pese a la obstinación de la oposición en crear problemas y ver fraccionamientos donde no los hay. De ahí que, evidenciando una vez más su querencia por la luminotencia en todas sus facetas y vertientes, esté cambiando las farolas para homogenizar su aspecto en el centro histórico, Raval y alrededores. De momento imperan los diseños clásicos, tipo fernandino, aunque puestos al día con lámparas de led y no con gas, como cabía suponer. Se espera que en otros barrios el diseño vaya avanzando hacia estilos más modernos (que los hay, todo es cuestión de pedir un catálogo). Patricia Maciá ya está revisando las facturas. Luz y estenógrafos.
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