La Fiscalía ha abierto una investigación contra el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Rafael Hernández Reyes, por un presunto delito de trata de personas. La fiscal de Extranjería, Teseida García, ha abierto las diligencias preprocesales tras tener conocimiento de la denuncia presentada por un extrabajador del centro Tagoror, que dirige la hija de Hernández y está bajo la tutela del Gobierno de Canarias, por las presuntas contrataciones de menores migrantes para trabajar en las fincas del empresario agrícola.
La Inspección de Trabajo abrió un expediente contra el presidente de la COAG a raíz de estos hechos, que fueron investigados a raíz de un registro realizado meses atrás en el centro de internamiento. La denuncia que estudia el Ministerio Público apunta a posibles colaboradores, como el yerno de Hernández o una trabajadora social vinculada a la Asociación Oportunidades de Vida.
Los documentos aportados a la causa revelan que los menores salían del centro a primera hora de la mañana y regresaban por la tarde, pasando hasta diez horas fuera. El motivo que argumentaban era que los menores salían a la finca a trabajar. Recibían cuantías cercanas a los 20 euros en conceptos de incentivos por formación.
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