La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, adelantó este lunes una serie de medidas judiciales excepcionales, proyectos legislativos para introducir nuevos tipos penales y operativos de saturación con fuerzas federales para hacer frente a lo que denominó como una nueva categoría de acción de los grupos narcos en Rosario, el "narcoterrorismo". A ello, se agrega el envío de efectivos del Ejército para realizar apoyo logístico a las tareas de seguridad interior.
En la conferencia de prensa participaron los integrantes del comité de crisis, que integran el Gobierno nacional y el de la Provincia de Santa Fe. Entre otros, estuvieron presentes la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par de Defensa, Luis Petri, el gobernador Maximiliano Pullaro, y el intendente Pablo Javkin.
La decisión de constituir el comité de crisis y constituirse en Rosario, se produjo luego del asesinato de dos taxistas, un chofer de colectivos, y un playero de estación de servicios en la última semana, además de diversos ataques y amenazas. Los crímenes de los taxistas fueron cometidos con balas de la Policía de Santa Fe, según la información judicial.
Petri anunció que "en las próximas 24 horas estarán llegando personal de las Fuerzas Armadas, vehículos, transporte y logística".
El funcionario ministro explicó que las Fuerzas Armadas darán "apoyo a la seguridad interior" siempre respetando la ley de Seguridad Interior, que le pone límites estrictos a los militares para actuar dentro del territorio nacional. Petri justificó el operativo oficial ante la "intempestiva narcoterroristra" que sufre la ciudad de Rosario.
"Las Fuerzas Armadas son garantes de la paz. Cuando la paz está en peligro, se hace necesario su auxilio en el marco de la ley de seguridad interior", afirmó el ministro, antes de darle el micrófono a Bullrich. La asistencia de las Fuerzas Armadas está contemplada en el artículo 27 de la Ley 24.059.
El artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior señala que "(…) En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis- que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior".
Por su parte, Bullrich expresó que "necesitamos terminar con el hormiguero y no agarrar hormiga por hormiga. Esto no es un problema de ganar, sino de hacerles la vida difícil".
También anunció que el Ejecutivo le va a pedir a la Justicia "la utilización de la ley antiterrorista" contra los narcos detenidos, lo que duplica las penas.
Por otro lado, planteó que se utilizará el uso de la figura del arrepentido para tratar de avanzar al interior de las organizaciones narcos.
Luego se refirió al envío de una "ley antibanda" al Congreso, donde colocó como ejemplos a las políticas de "mano dura" aplicadas en El Salvador, Italia y Estados Unidos. "Cada integrante llevará la pena de la banda", explicó la ministra ante los periodistas.
En otro tramo, señaló que "ir a fondo contra el dinero es la manera de desestructurar esa red y capital de las bandas para comprar presos, sicarios y funcionarios".
"Mientras se voten estas leyes, vamos a pedir a la Justicia medidas excepcionales a la altura del desafío que tenemos de narcoterrorismo. Vamos a tener reuniones confidenciales con los jueces para tener la capacidad de controlar que Rosario no sea la ciudad con más armas del país", advirtió.
Respecto a la acción de las fuerzas de seguridad, adelantó que el "cerco" policial se ampliará de dos a cuatro zonas calificadas como peligrosas. Indicó que habrá un operativo de "saturación" en distintas zonas de la ciudad. Y especificó operativos de controles nocturnos, con una ventana de horario entre las 17 y las 7.
A Rosario llegarán en las próximas horas, agentes de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario como asistentes a la Policía de Santa Fe. En principio, significará en el involucramiento de unos 450 agentes federales.
PULLARO
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, advirtió en relación a los delincuentes involucrados en los crímenes de los últimos días, que "vamos a dar con cada uno de ellos y van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel. Van a tener pena de prisión perpetua".
Luego anunció que "el gobierno provincial va a poner todos los recursos que estén a su alcance para dar con los autores de los crímenes".
Anunció una recompensa de $10 millones para quienes proporcionen información clave. "Hay una decisión inquebrantable de terminar con las mafias en Santa Fe. Le voy a dedicar mi vida a trabajar por esto", afirmó.
En tanto, consideró que la actual escalada de violencia está ligada a las medidas que tomó el gobierno provincial, destinadas a desmantelar las organizaciones narcos desde las cárceles. En ese sentidio, evaluó que la reacción narco se debe al endurecimiento de las condiciones de detención y la consecuente afectación de su comunicación interna.
Pullaro también admitió la presencia de agentes corruptos dentro de la Policía que colaboran con los narcotraficantes y expresó que las investigaciones señalan al conurbano bonaerense como origen de las drogas, mientras otras teorías sugieren avionetas provenientes de Paraguay que arrojan la droga sin tocar suelo santafesino.
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