A la luz de la sentencia al exalcalde de Cataño, Félix Delgado, y a dos semanas del encarcelamiento del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, el 26 de marzo, es oportuno preguntarnos cuánto más estamos dispuestos como país a tolerar los desmanes de la clase política.
De inmediato, ha habido disgusto y malestar esta semana al conocerse la sentencia al exfuncionario convicto a pasar solo un año de prisión, pagar una multa de $20,000 y cumplir 150 horas de labor comunitaria. Nadie que le robe dinero al pueblo debería salir por la puerta ancha. Las autoridades federales justificaron la ínfima sentencia con el hecho de que el exalcalde no solo acudió a confesar su culpa, sino que la iformación que proveyó permitó procesar a 12 más como él, entre ellos seis alcaldes. Es la forma como opera el sistema de justicia penal federal.
Pero la historia tiende a mostrar que el disgusto y malestar ciudadano se disipan, sobre todo, dependiendo del color del lente con el que se percibe. Es así como tantos políticos, a pesar de señalamientos múltiples, revalidan en sus puestos para proseguir con sus turbias andanzas, sintiéndose protegidos por la complicidad del fanatismo.
El caso de Delgado muestra patrones que podrían ayudar a mejorar la institucionalidad del gobierno. Primero, si no fuera por lo escandalosamente común, sobraría decir que los servidores públicos no deberían incurrir en las lastimosas acciones que cometió Delgado. Alcanzó la poltrona municipal con un aura de carisma que el electorado compró o dejó pasar por simpatías personales o lealtades partidistas. En espacios públicos y redes sociales, a diario, se ve decir sin sonrojo que se prefiere a un corrupto antes que votar por otro candidato. Así, pese a rumores que a menudo se convierten en cargos criminales antes de las votaciones, estos personajes suelen volver a recibir el favor de los electores.
Una vez en el poder o dentro de la esfera más allegada, el deber de todo ciudadano responsable debería ser deunciar lo que está mal. Cómo es posible que entre trece funconarios o cercanos convictos nadie sabía que se enriquecían a costa del pueblo. Está confirmado que conocían. Actuaban como cofradías de cómplices encubriéndose entre sí. Y dentro de esa cultura, el que está mal visto es quien apuesta por la integridad.
Es aquí donde tenemos otra oportunidad de enmienda colectiva. ¿Por qué se acepta condenar al que denuncia lo que está mal? Mientras la respuesta sea mirar para otro lado o participar del botín con dinero o privilegios, Puerto Rico seguirá preso de la corrupción y la precarización de los servicios.
Una vez acusado, Delgado volvió a su estilo presuntuoso y burlón, mientras cooperaba por conveniencia, con el único interés de reducir su sentencia. Se paseaba sin asomo de bochorno por el mismo puelo al que robó, encontrando a su paso el saludo campechano y condescendencias.
Este miércoles en corte admitió haberle fallado a la gente y a su familia, a quienes pidió disculpas. Se espera que pase al menos diez meses tras las rejas. Nuestro sistema es creyente en la rehabilitación. Puesto que nadie quiere verse privado de la libertad, la cárcel debería servir para recapacitar. A Delgado ahora, al también convicto Pérez, y a su correligionaria María Milagros Charbonier más adelante, cuando comiencen a pagar sus deudas con la justicia y el país, y a tantos otros como ellos, ya encarcelados o camino a serlo, estos procesos y sus sentencias deberían ser oportunidad de verdadero arrepentimiento. No con la idea de volver a vivir del pueblo al que defraudaron, sino para que rehagan sus vidas lejos de donde nunca merecieron estar.
Aun con todo el derecho que les cobija de rehacer sus vidas, el gobierno no debería servir como refugio de exconvictos amparado por los suyos. Sería como un adicto rehabilitado regresar al punto donde compraba y consumía aquello que le destruyó.