La educación es uno de los sectores más damnificados con la prórroga de los presupuestos de la Generalitat que buscaban atender numerosas demandas, muchas de ellas recogidas en el dossier del grupo de expertos entregado la semana pasada a la consellera Anna Simó. El informe es ya papel mojado porque no cuenta con la asignación de los 50 millones de acompañamiento económico. Solo podrán salvarse aquellas iniciativas que no requieran fondos. Con todo, lo más sangrante es que se pierde la oportunidad de reforzar la escuela inclusiva y la lucha contra la desigualdad, ambos aspectos también recogidos por los expertos.
Asimismo, los profesores se quedan sin las mejoras laborales pactadas con el departamento que, a diferencia de los sanidad, estaban ligadas a la aprobación de presupuestos. Son retribuciones para más de 43.000 trabajadores.
La inversión en educación se había fijado en 7.508 millones, un 10% más que en 2023, uno de los presupuestos más altos de la historia.
La consellera Anna Simó está valorando si en este contexto, y pensando que la constitución de un nuevo gobierno puede pisarse con el inicio del nuevo curso, en septiembre de 2024, cuando ya todo tiene que estar preparado, urge al Departament d'Economia una partida extraordinaria. De obtener el beneplácito, tendría que publicar un decreto de urgencia en las próximas semanas antes de que empiece la campaña electoral.
Éstas son las principales carpetas que ahora se cierran.
Sin dinero para profesores
La partida más alta era el gasto de personal (4.704 millones) que aumentaba un 8%. En este capítulo se incluían los 67,5 millones para revertir los recortes de la crisis económica.
Las mejoras eran, en primer lugar, la reducción de la hora lectiva para el próximo curso a los mayores de 60 años (hay 4.000 docentes en esta situación) y para el siguiente, el 2025-2026, a los mayores de 55.
En segundo, lugar, volver a la paga de los sexenios que ahora se cobra cada 9 años.
Finalmente, la equiparación salarial de los profesores técnicos de Formación Profesional.
En conjunto, estas tres medidas mejoraban el salario de 43.400 docentes y personal educativo, que es prácticamente la mitad de la plantilla de las escuelas e institutos.
Las organizaciones sindicales, no todas ellas firmaron el pacto, piden que, pese a la prórroga, el departamento encuentre el modo de hacerlo efectivo. Las mejoras, en caso contrario, quedarían para el siguiente ejercicio.
La escuela inclusiva
El decreto de la escuela inclusiva se firmó en el tumultuoso octubre de 2017, sin acompañamiento económico, y aún no ha encontrado momento de desplegarse.
En este ejercicio se daba un paso adelante dotándolo con un fondo de 626 millones de euros para atender a los casi 300.000 alumnos con necesidades que están escolarizados en escuelas ordinarias y que requieren apoyos específicos.
En los presupuestos se contrataban 339 nuevos trabajadores (educación especial, psicopedagogos, maestros de audición y lenguaje, fisioterapeutas o educadores sociales).
Medidas por PISA
Del informe del grupo de expertos que proponía medidas para mejorar las competencias escolares, tras los malos resultados en PISA, Educació sólo podrá rescatar propuestas sin coste económico. El fondo de 50 millones, de largo insuficiente para dar respuesta a todo, era para el próximo curso 2024-2025.
Ayudas a infantil
Se preveían 183 millones en la etapa 0-3 años, de los que 67 millones eran para consolidar la gratuidad de niños de 2 años, en centros públicos y privados (lo que concernía a guarderías privadas). Los ayuntamientos que copagan los costes, iban a percibir, además, 200 euros por plaza.
La agencia de evaluación
De una torpe interpretación de los resultados de PISA por parte del Consell Superior d'Avaluació y que fue trasladada a la conselleria se anunció el cese de su presidente y la creación de una nueva entidad independiente con mayor competencia evaluadora.
Educació ha acelerado los trámites para la creación de la Agència d'Avaluació i Prospecció que debía estar en marcha en septiembre y la había dotado con un presupuesto de 3,45 millones.
Cambios en la FP
La aplicación de la ley de FP está prevista para septiembre de 2024 lo que requiere numerosos cambios, entre ellos, centro de referencia y orientadores. Ello obliga a readaptar los centros. Por ejemplo, no puede haber alumnos de ESO en centros de FP donde hay adultos de todas las edades pues los centros de referencia dan también certificados profesionales y cursos de reactualización para empresas. Para reformas en la construcción había un presupuesto de 630 millones, 50 más que en 2023.
El Gobierno español ha informado que, pese a la prórroga de sus propios presupuestos, mantendrá el plan de refuerzo de FP anunciado, aunque no detallado.
Segregación y lengua
Los presupuestos recogían 62 millones para la lucha contra la segregación escolar, en el marco del pacto del Síndic de Greuges. Estos fondos estaban destinados a financiar la "mochila escolar" de alumnos vulnerables. Se mejoraba la dotación a la escuela concertada.
Respecto a la lengua, se aumentaban las aulas de acogida (73 millones) y se dotaba con 13 millones el plan de fomento del catalán.
Universidades
Por segundo año consecutivo aumentaba el presupuesto de este departamento en 100 millones (1.682 millones). La financiación de los campus aumentaba en 70 millones y se rebajaban de nuevo las matrículas públicas. También se apoyaba la financiación en la investigación y la transferencia de conocimiento (300 millones).