El pensador francés Raymond Aron, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX, llamaba "círculo cuadrado" a los enunciados políticos cuyos hechos contradicen sus fines. Cuando las propuestas concretas entran en contradicción con las grandilocuentes promesas. Por ejemplo, ejercer un control estatal sobre la economía, mediante un programa de nacionalizaciones y grandes subidas impositivas, puede favorecer una cierta igualdad benedictina, pero casa mal con la fabulosa promesa de lograr un gran crecimiento económico. El socialista François Mitterrand, a los dos años de su llegada a la presidencia de la República, se dio cuenta de que lo primero y lo segundo no encajaban, y abandonó el corsé estatalista de la izquierda en materia económica en aras de la prosperidad.
Con la amnistía en España sucede algo parecido. Pedro Sánchez, para lograr la investidura, se comprometió en un brusco "cambio de opinión" a una ley que dice tener las virtudes de un círculo, la perfección y la redondez de una esfera, cuando en realidad no es más que un vulgar cuadrado con aristas. Esa ley se hace, sostienen sus partidarios, en favor de la reconciliación y el restablecimiento de la paz social, pero la discordia política e institucional que ha generado no tiene precedentes. La amnistía también se defiende porque ha de servir para que el independentismo entierre definitivamente el procés, pero desde Junts afirman una y otra vez que esa medida de gracia ayudará a relanzarlo. Para los de Carles Puigdemont, la siguiente arista del cuadrado es el pacto fiscal, después, la consulta y, como último rincón, la secesión.
Las contradicciones entre lo que la ley promete, su engañosa justificación en el preámbulo y sus consecuencias políticas e institucionales son flagrantes. La primera víctima está siendo la convivencia entre españoles. La Comisión de Venecia, en el informe preliminar que se ha filtrado, señala que su tramitación contiene problemas formales graves. Una ley cuya constitucionalidad es dudosa no debería haberse tramitado por la vía de urgencia. Su tortuosa elaboración, que ha ido mutando para blindarse de futuribles judiciales, evidencia el fin de blindar al precio que sea el retorno de Puigdemont, con un articulado que tiene un carácter unipersonal, lo contrario a una amnistía que, por definición, es general. La amnistía no parte de un planteamiento inclusivo, pues las víctimas de los atropellos del separatismo no existen, los otros catalanes no cuentan para nada, y los futuros (auto)amnistiados no han realizado ningún ejercicio de disculpa ni de enmienda. Mientras esto sucede, en La Pobla de Segur (Lérida) han rebautizado el nombre de un paseo, que hasta ahora rendía homenaje a su hijo más ilustre, Josep Borrell, para llamarse "1 de octubre". ¿Reconciliación?
El mayor problema de la amnistía no es que pueda ser inconstitucional, ni lo que acabe resolviendo en su día el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), sino su falta de legitimidad. La exposición de motivos de la ley es engañosa, pues no se impulsa para resolver un problema pasado, como sí ha sucedido en otros conflictos de muchísima más violencia en Europa. Se trata del pago por siete votos para salvar una investidura. Como ha escrito el jurista y exministro socialista Tomás de la Quadra Salcedo, se trata de una amnistía "arrancada" por quienes insisten, aunque hoy solo sea de una forma retórica, en la unilateralidad del ho tornarem a fer.