El pleno de las Cortes Valencianas ha convalidado el decreto-ley del Consell de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el sistema valenciano de salud, como facilitar la cobertura de plazas en algunos departamentos y agrupar las áreas de salud para que puedan compartir recursos. En este sentido, la Conselleria de Sanidad que dirige Marciano Gómez designó cinco áreas de difícil cobertura, que tienen un déficit estructural de personal y que se corresponden con los departamentos de salud de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela y Torrevieja en la provincia de Alicante, así como con las zonas básicas de salud de Ademuz, Chelva y Titaguas.
Asistencia integral
El Pleno del Consell ya aprobó el mes pasado decreto ley de medidas extraordinarias dirigidas a garantizar la asistencia sanitaria integral y en condiciones de equidad en el Sistema Valenciano de Salud. La medida contempla la creación de ocho grandes nuevas agrupaciones sanitarias interdepartamentales en la Comunidad, tres de ellas en la provincia de Alicante, que, según defendió el conseller, "darán respuesta a las necesidades estructurales de los departamentos de salud, y el personal sanitario podrá ser movilizado un máximo de 90 días al año".
Según la mayoría de sindicatos que forman parte de la mesa sectorial, la agrupación de varios departamentos afectará a la movilidad de los profesionales de manera forzosa, pudiendo verse obligados a desplazarse por toda la geografía de cada macroárea. "Esto supone un desplazamiento de más de 100 kilómetros diarios por un tiempo imprescindible de 90 días en un año, lo que afectaría a su salud y a la conciliación familiar". Además de considerar que puede agravar la fuga de profesionales a otras comunidades.
La Conselleria de Sanidad precisa que la movilidad de personal prevista en el artículo 10 del decreto ley, que puede tener como consecuencia la prestación de servicios en un centro distinto de aquel en el que el profesional tiene la vinculación originaria, siempre dentro de las agrupaciones sanitarias interdepartamentales, tendrá carácter voluntario para el personal cuyo nombramiento haya tenido lugar antes de la entrada en vigor del decreto ley.
Para los trabajadores nombrados tras la entrada en vigor de la nueva normativa, "esta movilidad se aplicará, con carácter excepcional, por el tiempo imprescindible, que nunca podrá superar los noventa días en un periodo de doce meses. Este límite de noventa días debe entenderse como un período equivalente a tres meses naturales".
Indemnizaciones
Asimismo, Sanidad abunda en que, en todo caso, esta movilidad dará derecho a todas aquellas indemnizaciones por razón del servicio que correspondan de acuerdo con la normativa vigente, que actualmente es el Decreto 24/1997, de 11 de febrero, del Consell, de indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios.
Y que tendrá la consideración de tiempo de trabajo efectivo el necesario para el desplazamiento de ida y vuelta entre el centro de trabajo donde mantiene su vinculación el profesional y el centro donde pase a prestar los servicios como consecuencia de esta movilidad.
Sin negociarse
Este decreto, aprobado el mes pasado, ha salido adelante gracias a la mayoría de los grupos que sustentan al Consell (PP-Vox) y con el rechazo de la oposición (PSPV y Compromís) por no haberse negociado con los sindicatos.
Durante el debate, en la sesión de este pasado miércoles, el conseller de Sanidad Marciano Gómez defendió la necesidad de este decreto con medidas extraordinarias "y temporales" para adecuar la asistencia sanitaria a toda la población, con el objetivo de incentivar la cobertura de plazas "poco atractivas" en zonas alejadas de grandes ciudades.
Gómez señaló que la Atención Primaria de algunos departamentos sufre el problema de que hay profesionales que prefieren trabajar en Urgencias o Atención Hospitalaria, "un problema muy importante que hay que abordar".
"Es un punto de partida porque la situación es cambiante", remarcó, y garantizó que se podrá facilitar la cobertura de plazas en más departamentos de los previstos en el decreto "si los datos objetivos lo justifican".
Error
Desde la oposición, el diputado del PSPV Rafa Simó acusó al conseller de cometer el "error imperdonable" de no negociar este decreto y auguró una "fuga de profesionales" que se acogerán a las medidas "y después pedirán la excedencia". Eso sí, reconoció que "la idea de las macroáreas puede ser buena".
Carles Esteve (Compromís) coincidió en criticar la falta de "escucha" a los sindicatos para "cambiar las condiciones laborales de los sanitarios", algo que a su juicio afectará a la calidad asistencial. "Este decreto nace muerto", aseveró, y también auguró "una fuga de profesionales a otras comunidades y a la sanidad privada".
"Decretazo"
La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios, FSS CCOO PV, rechaza que Las Cortes hayan respaldado "un decretazo, impuesto por el conseller Marciano Gómez", que incluye la creación de unas Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) que además de contemplar la movilidad forzosa del personal, va a perjudicar la calidad asistencial.
El Decreto Ley no se ha negociado en la Mesa Sectorial de Sanidad a pesar de incluir cambios sustanciales en las condiciones de trabajo, como es el caso de los desplazamientos de los y las profesionales a más de 100 km de su puesto de trabajo o también, cambios en la progresión de grado de carrera profesional y en los procesos selectivos a través de un concurso de méritos, critica CC OO.
La nueva norma, avisa el sindicato, puede tener efectos decisivos sobre el sistema: "los hospitales comarcales donde faltan determinados perfiles profesionales se convertirán en sitios de paso, sin personal fijo que se conozca su idiosincrasia; se va a descapitalizar la Comunidad Valenciana de profesionales, puesto que optarán por trabajar en otros territorios; no establece cómo se cubrirá al personal que tenga que desplazarse para que la actividad asistencial en el centro de origen no se vea perjudicada; y lo peor de todo, se abre la puerta a la privatización del sistema, aumentarán las listas de espera al quitar profesionales de unos sitios para cubrir otros y al final les servirá de argumento para derivar a hospitales privados".
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