UNP se encargará de la protección de Salvatore Mancuso
La jueza de Justicia y Paz le ordenó a la entidad efectuar "de manera inmediata un estudio de riesgo" al 'expara'.
Por decisión de la jueza Luz Zamora Buitrago, Salvatore Mancuso quedó en libertad a prueba durante cuatro años este lunes, aunque aún se encuentra en las instalaciones de La Picota a la espera de los trámites correspondientes en la diligencia quedó estipulado que la Unidad Nacional de Protección (UNP) será la encargada de brindarle protección.
Ante el inminente riesgo que corre el exparamilitar en Colombia y en libertad, la jueza Zamora le solicitó a Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la UNP a "que proceda a efectuarle de manera inmediata un estudio de riesgo" a Mancuso con el fin de establecer las medidas se seguridad necesarias.
"Con base en el resultado del mismo (estudio de riesgo) (…) se le garanticen sus derechos fundamentales a la vida e integridad personal en debida forma, debiéndosele remitir copia de esta decisión", dictaminó la jueza durante la diligencia.
En ese sentido, afirmó Zamora Buitrago, que se le deberá "oficiar al director de la Unidad Nacional de Protección, para los fines indicados en este auto, a quien se le remitirá copia de esta decisión".
Mancuso quedó en libertad este lunes luego de que la jueza expuesiera que el 'expara' no ha incumplido las obligaciones impuestas en las sentencias "menos el de participar en múltiples actos de disculpas cuando sean organizados por la Unidad de Reparación de las Víctimas".
"Frente al cumplimiento del compromiso de no repetición, se tiene que Mancuso Gómez no registra requerimientos por actuaciones dolosas después de su desmovilización", leyó la magistrada.
Con estos argumentos, el Juzgado Penal del Circuito con Función de Ejecución de Sentencias para las Salas de Justicia y Paz resolvió dejar en libertad de manera inmediata al excabecilla de las AUC y ordenó librar su boleta de libertad a prueba al director de La Picota, centro de detención en el que se encuentra recluido a su llegada a Colombia.
Su libertad está condicionada bajo diez obligaciones que deberá cumplir, de lo contrario "le acarreará como consecuencia la revocatoria de la libertad a prueba concedida" y se le ordenará cumplir la totalidad de la pena principal, fijada en 480 meses de prisión, esto es, 40 años de prisión.