Nación
Funcionarios que dejaron "oxidar" equipos comprados por Centros Poblados tendrán que responder. La Fiscalía investiga un peculado culposo
Luego de las polémicas declaraciones del ministro de las TIC sobre Centros Poblados, la Fiscalía entregó detalles de una línea de investigación.
Encuentra aquí lo último en Semana
Atención: Consejo de Estado tumbó sanción de la Procuraduría en contra de Rodolfo Hernández
El doloroso mensaje que compartió Luly Bossa tras el entierro de su hijo: "Ángelo de mi alma"
Arde la Premier League: lista de rivales que le quedan a Liverpool, Manchester City y Arsenal
Mauricio Lizcano, fue reiterativo en señalar que el Ministerio de las TIC no recibió los equipos comprados por la unión temporal Centros Poblados con el multimillonario anticipo. A su consideración, la estafa al Estado se quedó en los 70.000 millones invertidos. Sin embargo, la Fiscalía revisó y concluyó que el monto del peculado llegó a los 15.000 millones, es decir, lo que se apropiaron y gastaron quienes ahora están procesados.
El resto del anticipo fue invertido, de acuerdo con la investigación, en los equipos que llegaron a los puntos que se convertirían en escenario de conectividad, pero nadie los recibió. Se empolvaron, oxidaron y hasta hurtaron. Se trata de miles de millones de pesos, de recursos públicos que quedaron al garete, a la voluntad del clima, las telarañas y la inseguridad.
La Fiscalía abrió una investigación por peculado culposo contra los funcionarios que dejaron oxidar, perder o dañar los equipos que fueron comprados por Centros Poblados con el anticipo de 70.000 millones de pesos. Se entregó detalles de la investigación. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vR5FRCCWAP
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2024
El ente acusador advirtió que, muy a pesar de la decisión del Ministerio de las TIC, de no recibir los equipos, lo irrefutable es que se compraron con recursos públicos y alguien tiene que responder. Por eso se abrió una investigación por peculado culposo, una actuación de funcionarios que dejó en riesgo la millonaria inversión que debió ser custodiada para evitar su deterioro o pérdida.
"La línea (de) investigación por peculado culposo está en indagación, es decir, que estamos haciendo las trazabilidades de las últimas personas que hubiesen podido tener relación o responsabilidad sobre los bienes que fueron comprados y entregados y puestos en funcionamiento por un período de tiempo a favor del Estado colombiano; posiblemente hay funcionarios públicos responsables de esa acción", dijo Eduar Alirio Calderón, director anticorrupción de la Fiscalía.
Así las cosas, no era suficiente, para la Fiscalía, que el Ministerio de las TIC tomara la determinación de no recibir los equipos, como argumento para insistir en el incumplimiento, las irregularidades y los procesos contra la unión temporal Centros Poblados y los principales protagonistas. Era deber de las entidades garantizar el cuidado de los mismos, en particular los que fueron entregados formalmente, por lo menos mientras avanzaban las investigaciones.
Los 70.000 millones
El ministro Lizcano denunció que ni la plata del anticipo ni las condenas por este escándalo se conocieron en más de un año de investigaciones. La Fiscalía le respondió y le recordó algunos detalles que el ministro aparentemente ignoró en sus denuncias.
"En las actividades investigativas en la recolección de documentos evidencias pudo establecer que de los 70.000 millones 15.000 fueron los que realmente terminaron desviados a satisfacer intereses personales de las personas comprometidas, en este caso el señor Emilio Tapia y el señor Juan Carlos Cáceres; el restante hay soportes de que fueron comprados equipos y que estuvieron en la Dian de que hay contratos en el exterior", dijo el funcionario.
Lo primero que refutó la Fiscalía fue la cantidad de procesados por este escándalo, la condena que existe y la posibilidad de obtener más. Sin embargo, advierten desde el ente acusador, cómo la falta de definición, del Ministerio, sobre la forma de reparación por parte de los procesados, se convirtió en un bloqueo judicial y los procesos no avanzan.
"En primer lugar, de los 70.000 millones girados en concepto de anticipo por el ministerio a la UT Centros Poblados, el ministerio no recibió ningún equipo ni se pudo amortizar nada, luego ese dinero se perdió. El ministerio tuvo que volver a girar un anticipo para el contrato con la ETB, que es la empresa que está ejecutando el proyecto que debió ejecutar Centros Poblados", señaló el ministro Lizcano.
La Fiscalía aseguró que, como resulta claro, el peculado fue de 15.000 millones, lo que se gastó Tapia y Cáceres, el resto del anticipo se convierte en un detrimento patrimonial que debe investigar la Contraloría y esa entidad la que debe explicar cómo avanzar en la recuperación de esos recursos, pues la competencia del ente acusador llega hasta el peculado.