El Gobierno nacional decretó la vigencia del artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo para garantizar la obligación de las provincias de destinar una parte específica de los fondos coparticipables a Educación. El porcentaje aproximado del gasto representa el 25%.
El Poder Ejecutivo Nacional prorrogó la norma que garantiza que provincias y municipios destinen un porcentaje específico de los fondos coparticipables a Educación. El decreto presidencial, publicado hoy en el Boletín Oficial, pone en vigencia el artículo 7 de la Ley de Financiamiento Educativo, que asegura que un porcentaje de los fondos coparticipables se destinen al gasto educativo.
Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la obligatoriedad, pueden ejecutar estos fondos educativos tanto al pago de salarios, como al mejoramiento de la calidad y la infraestructura educativa. Si bien el cálculo de la afectación específica determina qué monto se deduce del total de recursos coparticipables en cada jurisdicción para ser destinado a Educación, se calcula que alrededor del 25% de los fondos son los que se deben destinar a tal fin.