Los trabajadores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANVS) realizaron un paro total de actividades en la base operativa de Hudson, pegada al peaje sobre la autopista que une las ciudades de Buenos Aires y La Plata, justo antes del feriado, y continúan en estado de asamblea permanente.
Las bajas la agencia empezaron a anunciarse el martes y, según advierten los trabajadores, generarán un aumento del riesgo vial en las rutas argentinas. Por esa razón, ya activaron con medidas de fuerza para intentar sostener sus empleos y evitar los problemas en los caminos de todo el país, entre ellos, los bonarenses.
La directora ejecutiva de la ANSV, Daniela Ortíz, cumplió el martes por la tarde la promesa que les había hecho en privado a los representantes sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) un mes antes y avanzó con el despido de alrededor del 30 por ciento de los 1.200 efectivos con que cuenta el organismo.
De ese universo total de 1.200, un porcentaje muy menor realiza tareas administrativas y el resto trabaja desplegado en las rutas, en tareas de prevención y control. Los casi 300 trabajadores despedidos fueron notificados por sus jefes de manera verbal. Alrededor de 20 corresponden a la base de Hudson.
Por ese motivo, durante la jornada del miércoles todos los vehículos permanecieron en el playón. Luego, los trabajadores se volvieron a reunir, para definir los pasos a seguir en la lucha por la reincorporación de los cesanteados.
El fin de semana de Pascuas es tradicionalmente uno de los de mayor circulación por el turismo, en general y en particular en Hudson, por tratarse de un lugar de paso obligado camino a la costa atlántica. Conscientes de eso, los trabajadores decidieron realizar sus tareas con normalidad, como gesto de buena voluntad y muestra de responsabilidad.
"Acá no sobra nadie, porque siempre hay más para hacer, aunque puede ocurrir que alguna gestión prefiera tenernos dentro de las bases que desplegados sobre las rutas", comenta Carlos Galetto, delegado sindical en la base de Hudson. En esos casos, o de confirmarse los despidos masivos, Galetto no tiene dudas acerca de lo que ocurrirá. "Va a aumentar la cantidad de accidentes en las rutas", asegura.
Y ejemplifica: "somos los únicos que podemos garantizar que se realicen controles de alcoholemia. La policía por lo general no tiene suficientes alcoholímetros o los tiene vencidos".
La Agencia Nacional de Seguridad Vial tiene jurisdicción sobre las rutas y autopistas nacionales y coordina sus tareas tanto con Vialidad Nacional, que se ocupa de la tareas de mantenimiento, demarcación e iluminación, como con la policía federal. Pertenecía al ministerio de Transporte, hasta que Milei la puso bajo la órbita de la cartera de Economía que comanda Luis Caputo. Un trabajador de los que ingresó en la última tanda cobra entre 500 y 600 mil pesos mensuales de salario.
El organismo se encarga tanto de los controles de alcoholemia y documentación, como de reaccionar de manera inmediata cuando se produce un siniestro: su tarea consiste en delimitar con conos y señalizar, de manera bien visible, para que no se produzca otro accidente sobre el primero.
En ese tipo de tareas, el tiempo de respuesta es una variable clave, que puede marcar la diferencia entre la preservación de la vida y la seguridad de los automovilistas o el encadenamiento de choques.
Galetto cuenta que la directora nunca visitó la base y que se había reunido con ella durante el verano, para reclamar por dos despidos que habían ocurrido entonces. "Su respuesta fue que los despidos iban a alcanzar alrededor del 30 por ciento de la plantilla total", cuenta a Buenos Aires/12 y agrega que la responsable "no dio ningún motivo ni explicación, pero aclaró que era una decisión tomada y que no había nada para hacer al respecto, que era irreversible".
Si bien la precarización del empleo estatal es un problema que se arrastra desde hace años, creció exponencialmente durante el gobierno de Mauricio Macri, que generalizó la contratación de monotributistas a través del decreto 1109/17, régimen que permaneció inalterado durante el gobierno de Alberto Fernández y hoy facilita la tarea de la motosierra de Milei.
"No se observa ningún criterio claro que hayan utilizado para decidir a quién despedir y a quién no, parece que hubiera puesto papelitos con los nombres en una bolsa y hubieran sacado al azar", cuenta Galetto que advierte que entre los cesanteados hay trabajadores con dos o tres años de antigüedad y otros con más de diez. Incluso, destaca, algunos de planta, aunque como se anunció oficialmente desde las diferentes áreas del Gobierno nacional, el grueso de despidos alcanza a los contratados.