Una veintena de instituciones del tejido económico y empresarial catalán han firmado una declaración para exigir una reforma "ambiciosa" del modelo de financiación y lograr un sistema federal o un pacto fiscal que garantice "la suficiencia financiera" de Cataluña.
El escrito, que firman las 13 Cámaras de Comercio de Cataluña, Fomento, Pimec, el RACC, el Colegio de Economistas de Cataluña, FemCat y Barcelona Global, llega cuando el Gobierno está a punto de presentar su propuesta de financiación "singular" y justo después de que se hayan filtrado los datos de ejecución presupuestaria del Estado en Cataluña, que en 2022 fueron del 42,9%, los firmantes denuncian que el actual modelo "frena el progreso económico" de Cataluña.
De hecho, según esta veintena de instituciones, es necesario que el nuevo modelo de financiación garantice la autonomía financiera y el principio de ordinalidad, teniendo en cuenta también el coste de la vida en cada comunidad autónoma.
"El sistema actual no es equitativo y permite que comunidades autónomas con un PIB per cápita más elevado y que más aportan al sistema pueden acabar disponiendo de menos recursos que otros que aportan cantidades inferiores", aseguran los firmantes.
Según las entidades que reclaman este cambio, un modelo federal o un pacto fiscal "asegurarían que el nuevo sistema de financiación fuera transparente y eficiente". Asimismo, han asegurado que, si se acompañase de un mecanismo de solidaridad, ambos sistemas "serían beneficiosos", tanto para Cataluña como para el resto de comunidades autónomas.
Modelo federal y pacto fiscal
A su parecer, el modelo federal permitiría redefinir la capacidad normativa, de gestión, de recaudación e inspección de todas las comunidades autónomas. Además al permitir que todas las administraciones compartan bases imponibles, los gobiernos dispondrían de los ingresos en el mismo año fiscal.
Por otro lado, el pacto fiscal permitiría a Cataluña "avanzar hacia un modelo más transparente" así como asegurar su "suficiencia financiera".
No obstante, sea cual sea el modelo de financiación, los firmantes han subrayado la necesidad de introducir mecanismos que "garanticen el principio de lealtad institucional", así como definir y blindar las competencias de cada administración.
"Esta fuente de conflicto permanente y estéril se debe erradicar", han indicado, y han lamentado la falta de concreción entre competencias legislativas.