El requerimiento fue hecho por la Fiscalía. La exburgomaestre Susana Villarán habría concertado con directivos de las empresas O.A.S y LAMSAC afín de favorecerlos con el proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012.
El Poder Judicial admitió a trámite la apelación presentada por el Ministerio Público con el que busca que la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, sea sometida un control biométrico de sus actividades de manera presencial en marco de la investigación preparatoria que se le sigue por la presuntas irregularidades detectadas en el Proyecto Vial Línea Amarilla.
El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al determinar que el recurso interpuesto por el despacho del fiscal José Domingo Pérez Gómez cumple con los presupuestos subjetivos, objetivos y formales de todo medio impugnatorio para ser aceptado.
La Fiscalía demanda que se revoque la resolución emitida por dicho magistrado el último 17 de enero en la que declaró fundado el pedido que hizo Susana Villarán para que se prorrogue el control biométrico de sus actividades de manera "virtual" como parte del mandato de comparecencia con restricciones que se le impuso en este caso.
Investigación
Según la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez Gómez, la exburgomaestre capitalina habría concertado con directivos de las empresas O.A.S Sucursal Perú y LAMSAC, a fin de favorecerlos con la suscripción de la Adenda Uno en el contrato de concesión del proyecto vial Línea Amarilla en el año 2012.
El representante del Ministerio Público sostuvo que esto permitió un reajuste de las tarifas del peaje de las vías administradas por LAMSAC en el año 2013 a cambio de que la exautoridad edil obtenga apoyo económico para financiar su campaña de reelección en el sillón municipal en el año 2014.
La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, afronta otro proceso penal por haber recibido apoyo económico de las empresas constructoras Odebrecht, O.A.S y Graña Montero para financiar tanto la campaña por el NO a su revocatoria en el cargo en el 2013 así como para su campaña de reelección municipal en el 2014, por la cual el fiscal José Domingo Pérez Gómez pidió que se le imponga La pena de 29 años de prisión.
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