La demanda que recibió Mexicana de Aviación, -empresa propiedad de Secretaría de la Defensa Nacional-, SEDENA, por 838 millones de dólares debe alertarnos de la incapacidad del gobierno para competir en el ámbito empresarial.
Esta demanda fue interpuesta por la empresa texana SAT Aero Holdings en un tribunal de Nueva York por incumplimiento del contrato firmado entre ambas empresas para la renta de diez aviones.
Este gobierno que se cree innovador está repitiendo la misma historia que emprendieron hace más de 50 años gobiernos como los de Luis Echeverría y José López Portillo. Después del fracaso, tuvieron que deshacerse de las empresas en tiempos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo.
Las empresas se constituyen para competir en los mercados y generar utilidades. Sin embargo, cuando los gobiernos se convierten en empresarios, entonces habilitan funcionarios públicos que carecen no sólo de la experiencia y conocimientos, sino también de la vocación competitiva imprescindible para el éxito en el ámbito empresarial.
Mexicana de Aviación hoy compite contra otras aerolíneas de gran experiencia, -poseedoras de una marca reconocida y trayectoria confiable para los pasajeros-, tanto nacionales como extranjeros.
El principal riesgo de las empresas administradas por el estado, -en cualquier parte del mundo-, es que terminan pretendiendo, -como prioridad-, cumplir objetivos sociales y subordinando a ellos las reglas competitivas que deben prevalecer en el contexto empresarial.
El resultado siempre es el desaseo administrativo, que las lleva a ser deficitarias, con costos por encima de los ingresos, políticas comerciales de bajo impacto y a convertirse en una carga económica para las finanzas del estado.
Cuando una empresa propiedad de inversionistas privados fracasa, termina cerrando operaciones y sus directivos acaban afrontando las consecuencias de su ineficiencia, así como de sus decisiones equivocadas. Son precedidos por el descrédito profesional a partir de su fracaso.
En el ámbito gubernamental es totalmente diferente. Los errores se disfrazan y se ocultan en una vasta red de complicidades. Mientras la eficiencia y la eficacia se privilegian en la iniciativa privada, -para alcanzar resultados óptimos-, las empresas gubernamentales se movilizan a partir de objetivos políticos y por ello los altos cargos se entregan como botín, -o para quedar bien con alguien-, a sujetos que no cubren con el perfil del cargo y por ello estas organizaciones dejan de ser productivas.
El resultado generalmente termina siendo que las empresas se vuelven deficitarias y empiezan a ser subsidiadas con dinero público, que se distrae de servicios prioritarios. Esos subsidios son capital que debiese ser invertido en servicios públicos en beneficio de la comunidad, pero termina blindando caprichos presidenciales.
De este modo Segalmex desapareció 15 mil millones de pesos sin ninguna consecuencia, -dinero que seguramente hoy está siendo utilizado para esta campaña electoral-, mientras el faltante contable debe haber sido cubierto con dinero público, igual que está sucediendo con la construcción de la refinería de Dos Bocas, que se ha convertido en un barril sin fondo, lo mismo que PEMEX.
En pocos años más estas grandes obras, como el Tren Maya, los aeropuertos que están en manos de militares, así como hoteles que también les fueron obsequiados, -además de la aerolínea Mexicana de Aviación y el Banco del Bienestar, entre otras empresas gubernamentales-, terminarán siendo refaccionadas con dinero público mientras gobierne la 4T, con un gran costo económico para las finanzas del país, como hoy sucede con PEMEX.
Este lastre para el futuro de México será el legado de este gobierno.
¿REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN GUERRERO?
Con bombo y platillo se dio a conocer que a partir de la negociación entre Tlacos y Ardillos disminuyó la violencia en Chilpancingo, Guerrero, en 23%.
De buena fe participaron sacerdotes como facilitadores, pretendiendo reducir la violencia que sufre la sociedad guerrerense.
Sin embargo, lo que ha sucedido seguramente ha sido la reducción de las agresiones entre los grupos delincuenciales en pugna para controlar el territorio. Dejaron de agredirse entre ellos y de este modo disminuyeron los asesinatos. Evidentemente tanto el gobierno del Estado de Guerrero como el gobierno federal han festejado esta cifra como un gran logro.
Lo que debemos preguntarnos es… ¿En qué ha beneficiado este acuerdo a la sociedad, si no ha disminuido ni la extorsión, ni el cobro de piso, ni el secuestro?
No son los organismos de la sociedad civil, -como los sacerdotes participantes-, quienes deben buscar soluciones de buena fe para disminuir la violencia, sino el gobierno federal quien debe proteger a la población.
No es lo mismo, aunque nos lo quieran hacer creer que sí.
ARTURO ZALDÍVAR
Mal se vio el ministro en retiro Arturo Zaldívar descalificando a la exsenadora y exdiputada Adriana Dávila en el programa que conducen Ciro Gómez Leyva y Manuel Feregrino, en Telefórmula. Ella cuestionó la responsabilidad del gobierno federal en el combate al crimen organizado. Zaldívar la tachó de ignorante y de ser seguramente legisladora del PAN.
Señor ministro… independientemente de la responsabilidad jurídica del gobierno federal, ¿Quién tiene la capacidad de respuesta para enfrentar al crimen organizado? … ¿Los gobiernos estatales y municipales? … ¿O el gobierno federal?
¿A usted qué le parece?
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