El ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha obligado a la Generalitat a "subsanar" la memoria y la resolución por la que declaraba zonas tensionadas a 140 municipios de Catalunya y a publicar una nueva resolución que permitirá aplicar el control de alquileres a partir de mañana, una vez hoy el Gobierno publique en el BOE el nuevo índice de rentas en el que se basarán los topes.
La conselleria de Territori publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) la nueva resolución y la nueva memoria que, como novedad, considera los 140 municipios una única zona tensionada y que aclara que será gran tenedor, obligado por tanto a aplicar el índice, el dueño de cinco inmuebles de uso residencial en el conjunto del área, sin segmentar por municipios.
La nueva memoria publicada por la Generalittat elimina las excepciones que ella misma había previsto en la aplicación del control de rentas para evitar que desincentivara la salida al mercado de nuevos pisos de alquiler, un fenómeno que ya es acuciante: según los datos publicados ayer por la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, en la capital los contratos de alquiler firmados en 2023 cayeron a mínimos de una década, mientras la oferta de pisos disponibles, según el portal idealista, ha caído un 76% respecto a la que alcanzó en 2020.
Fuentes jurídicas señalaron que los abogados del Estado han considerado que una comunidad autónoma no tiene competencias para proponer exclusiones, porque no están previstas en la Ley de Vivienda.
Así, el tope al alquiler se aplicará ahora a todas las viviendas que se pongan en alquiler en esas zonas, también a las de obra nueva o procedentes de una gran rehabilitación. Igualmente tendrán que mantener las rentas anteriores, actualizandolas solo con el IPC, las viviendas que anteriormente tuvieron alquileres sociales, por ejemplo las que se aportaron al Fondo de vivienda de alquiler social de la Generalitat, las que anteriormente habían sido viviendas protegidas pero hayan perdido la calificación, y también a las que habían pactado rentas inferiores en más de un 25% a las de mercado, como sucede cuando se arriendan a familiares.
Fuentes inmobiliarias lamentaron que la resolución de la Generalitat incumple lo previsto en la misma ley de Vivienda, ya que entrará en vigor sin dar un periodo de información pública. La Generalitat ya descartó anteriormente las alegaciones que presentaron las patronales del sector contra su resolución.
Fuentes del ministerio de Vivienda explicaron que el índice de control de rentas ha recibido un total de seis alegaciones, pero ninguna ha sido aceptada. Con su aprobación, señala el ministerio, "cumplimos con el mandato de la Ley de Vivienda y avanzamos en evitar la escala de precios y los movimientos especulativos del mercado del alquiler".