La Argentina podría incrementar un 30% su producción de carne vacuna en los próximos 4 años, lo que generaría unos 3.600 millones de dólares adicionales en exportaciones, llegando así a unos 7.000 millones de dólares anuales por ventas externas de este producto y creando unos 50.000 puestos de trabajo. Así surge de una propuesta del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ABC, que agrupa a 23 empresas con 27 plantas frigoríficas en el país que, en su conjunto, exportan el 95 por ciento de las ventas externas de cortes bovinos, de cuya producción el país vende actualmente al mundo, entre un 20 y un 25 por ciento.
El trabajo, que el Consorcio ABC elaboró en septiembre pasado y que fue presentado esta semana al ministro de Economía, Luis Caputo, podría concretarse en tanto y en cuanto se cumplan ciertas condiciones, por las que la industria frigorífica de carne vacuna, pero con más énfasis la exportadora, viene insistiendo desde hace años.
Se trata, entre otras correcciones que deberían hacerse a la comercialización de carne vacuna, de la unificación de los distintos estándares que se manejan desde los sanitario e impositivo, según se trate de carne que se consume en el mercado interno o se exporta, el fin de las restricciones a las exportaciones -algo que el Gobierno ya puso en marcha- y el estímulo al aumento de la producción de animales más pesados. También, de una modernización de la comercialización interna, -un tema necesario, pero en el que, más allá de los exportadores que proponen la obligatoriedad de los cortes envasados, hay diferencias entre distintos actores de la cadena-, y el desarrollo de un frente unificado de sustentabilidad para la actividad cárnica.
Actualmente, el país produce alrededor de 3 millones de toneladas de cortes vacunos y exporta por un valor de entre 2.700 y 3.000 millones de dólares. En tanto, el plan que propone el Consorcio busca elevar, para 2027/2028, a 4 millones de toneladas la producción de cine vacuna y a 7.000 millones de dólares las exportaciones.
Más allá de los incipientes avances en la liberación de restricciones a la exportación, todavía quedan trabas para el sector, que atentan contra la producción de más terneros y de animales más pesados, como los que necesita la exportación, uno de los déficits de la ganadería vacuna. Una de ellas son los derechos de exportación que aún se mantienen en el 9 por ciento. En la visión del consorcio ABC debería iniciarse un proceso gradual de eliminación de los mismos, solo como parte de un reordenamiento de la cadena que incluye la unificación de los estándares entre mercado interno y exportación.
La propuesta señala que el doble estándar sanitario limita el potencial de la cadena cárnica vacuna. Según el trabajo, se estima que en el país alrededor del 20 por ciento de la faena no está habilitada por el Senasa y hasta un 40 por ciento de ella tiene mínimos controles, carece de la refrigeración adecuada y por lo tanto no se garantiza la inocuidad del producto. Además, en esos casos tampoco se respetan buenas prácticas en el manejo de los efluentes, entre otros aspectos a mejorar.
¿Juntos o separados?
Sobre los considerandos de la propuesta, Infobae consultó a dos analistas del mercado ganadero de carnes, quienes dieron sus apreciaciones sobre la propuesta. Fernando Canosa, director de la consultora Conocimiento Ganadero señaló que "la propuesta del ABC es muy buena, es válida, pero hay que aprender de lo que pasó en el pasado cercano". En este sentido recordó que "cuando trabajó la Mesa de las Carnes (entre 2015 y 2019) y fuimos todos juntos con la propuesta, las exportaciones se multiplicaron por cuatro y venía creciendo la producción de carne". Para el consultor, "sería muy aplaudible que, en vez de ser una propuesta de un sector de la industria, fuese una propuesta de toda la cadena, porque daría una muestra de unidad y ayudaría a que el proceso sea más rápido".
Tanto él, como el consultor en ganados y carnes Víctor Tonelli, coincidieron en la necesidad de quitar los derechos de exportación para impulsar la producción. "Lo más importante es el aumento de producción y para que haya un aumento de producción, el productor tiene que tener señales claras y esa sería una de ellas", señaló Canosa. Mientras que Tonelli sostuvo que "tratándose de un impuesto totalmente perjudicial y contrario al objetivo de estimular las exportaciones y la producción de más terneros, y lograr un mayor peso de faena", su eliminación "no admite dilaciones".
También coincidieron con la propuesta del Consorcio ABC sobre la necesidad que el país encare negociaciones internacionales para ampliar mercados. En la visión de Canosa hay que tomar los ejemplos de Uruguay y Brasil. Citó a países asiáticos como Indonesia, Vietnam, Singapur, con los que podrían generarse tratados de libre comercio. Y además agregó que "hay que ocuparse más de la apertura de nuevos mercados que en gastar tiempo en países que ya son el museo del mundo, como es Europa. No hay que dejarlos de lado, pero hay que poner muchos tantos en abrir nuevos mercados y no solamente vender la vaca, sino también cortes de calidad, ya que hoy hay grupos de productores que están vendiendo cortes a China a altísimo valor", sentenció.
Al respecto, Tonelli consideró que "son fundamentales las acciones que deben encarar la Cancillería, la Secretaría de Agricultura, y los actores privados para desarrollar acuerdos bi y multilaterales con países clave en el negocio cárnico, como Japón y Corea". Aquí citó la necesidad de minimizar los aranceles y limitaciones de cuotas de acceso a mercados estratégicos, que aún sufre la Argentina.
Sin peso mínimo
En cuanto a la necesidad de animales más pesados que tiene particularmente la industria frigorífica exportadora, ambos consultores se manifestaron en contra de reimplantar un peso mínimo de faena. "Está demostrado que nunca funcionó. Lo único que trae es que se empiece a generar un mercado no transparente y se vendan animales igualmente livianos en la medida en que al productor le convenga", recordó y advirtió. En la medida en que hay buenos precios para los novillos más pesados, que "es lo que quiere la exportación, no hace falta poner ningún tipo de restricción, porque eso va en contra de todo lo que estamos buscando", enfatizó.
En este sentido, propuso premiar la venta de animales más pesados sin ningún costo impositivo para el país. "Si un productor tiene un promedio de venta hacienda de 380 kilos y vende a 440 kilos, esa diferencia se puede desgravar y eso no tiene costo impositivo para el país, porque sin esa ventaja, ese animal no hubiese llegado a un mayor peso", explicó.
Por su parte, Tonelli consideró que "hay que generar los estímulos necesarios para que se incrementen significativamente los pesos de faena", algo que se logra con exportaciones liberadas que, con buenos precios, den las señales adecuadas a los productores". Citó el caso de Uruguay que, con razas similares a las argentinas y exportaciones liberadas, faena reses de un peso promedio de 262 kilos, mientras que, en la Argentina, en el 2023, ese promedio fue de 226 kilos, 36 menos que en el país vecino. "Multiplicados por 14,5 millones de cabezas (del Uruguay) implican más de 500 mil toneladas adicionales", precisó.
Igualmente, Tonelli señaló que un animal pesado de 450 a 500 kilos debe pagarse más que uno liviano, "algo que no ocurre con frecuencia". Eso debería suceder no solo como estímulo a la producción de animales para exportar sino porque "además de llevar más tiempo, la producción de animales pesados, tienen mayor costo de alimentación".
Estándares
Ambos consultores coincidieron en la necesidad de unificar los estándares impositivo, laboral y sanitario en la industria cárnica, de manera que sean iguales para el mercado interno que para la exportación. Tonelli calificó esta necesidad como "imprescindible", y comentó que "no hay ninguna chance de desarrollar la actividad con el actual sistema de habilitaciones, delegando a provincias y hasta municipios este control" porque "es absolutamente inviable asegurar inocuidad de producto, cuidado del medioambiente y lealtad en la competencia a partir de cumplimiento fiscal y provisional".
En este punto coincidió con Canosa en la necesidad que se apruebe el capítulo de la fallida Ley de Bases, que modifica la incumplida Ley Federal de Carnes vigente. Y además sostuvo que habrá que otorgar un período de adecuación para los frigoríficos que no cumplan con requisitos mínimos demandados legalmente, tras el cual no deberían poder operar. "No es debatible proveer carne sin absoluto cumplimiento de normas mínimas en todo el país", sentenció.
En ese punto, donde en materia de modernización del Consorcio ABC pide la obligatoriedad de vender por cortes, Canosa se diferenció al decir "los dobles estándares es uno de los temas importantes" y que "hay que lograr que haya uno solo", aunque propuso "no poner ninguna restricción en cuanto a si se vende o no se vende por cortes, porque eso es un paso posterior", sostuvo.
Falta pasto
Respecto del problema impositivo, Canosa destacó la situación de las carnicerías. "Por el volumen que manejan, no deberían facturar como monotributistas". Deberían tener un régimen especial o ser responsables inscriptos en el IVA, con lo cual se encarecerían los precios al consumidor. "Es un tema fundamental a estudiar, porque en la medida que no se solucione, será muy difícil eliminar el doble estándar impositivo", dijo.
Finalmente, sobre la propuesta del Consorcio ABC, con la que en líneas generales coinciden aportaron un par de apreciaciones. Canosa dijo que "es crucial algo que está allí, "pero de forma tangencial. No hay posibilidades de mayor cantidad de destetes, de mayor recría, sino hay mayor cantidad de pasto. El problema número uno desde el punto de vista productivo es que tenemos raciones para 39 millones de cabezas y para poder aumentar el nivel de destetes necesitaríamos un 30 o un 40 por ciento más de pasto. Mientras no se resuelva esto, es imposible pensar en más destete y mayor cantidad de recría", advirtió.
En tanto, Tonelli, consideró adecuada a la propuesta de los exportadores de carne vacuna, pero consideró central la mejora de la tasa de destete, sobre el que la Argentina un enorme potencial de crecimiento. "Hemos estado promediando entre 50 y 65 por ciento de tasa de destete cuando en el mundo, en las condiciones agroclimáticas de nuestros campos, no debería bajar del 72 al 75 por ciento", precisó. En su visión, para lograr este objetivo se requiere no intervenir de los mercados, liberar los cepos cambiarios, quitar retenciones, ordenar la cadena comercial y políticas de largo plazo que den previsibilidad y estímulo a la producción".