El Govern de Francina Armengol presumió en el mes de octubre del año 2020, en plena pandemia sanitaria, de actuar correctamente durante la gestión de la compra del material sanitario para luchar contra el virus mortal. Así, en un informe jurídico que elaboró la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que dependía directamente del Govern, se aseguró que el IbSalut únicamente pagaba el material sanitario «una vez que ya se había realizado una auditoría de calidad y cuando ya había pasado la aduana». Sin embargo, con la trama Koldo no se cumplió este principio.
La Abogacía se apresuró en salir en defensa del Ejecutivo del Pacte para salir al paso de un contundente informe de la oficina Anticorrupción, que cuestionaba muchas de las operaciones que se habían realizado con empresas intermediarias, con las que se contactó para adquirir mascarillas. Se trató del primer enfrentamiento entre ambas instituciones.
El informe jurídico niega que la conselleria de Salut actuara con poco rigor a la hora de elegir a los proveedores que vendían estos productos sanitarios. Y se aseguraba que se eligió a estas empresas porque no exigían por adelantado el pago de los productos que se adquirían para hacer frente al virus. «De todos los proveedores se tenían referencias y se optó por ellos porque no exigieron el pago del material por anticipado, sino que conseguimos que en casi todos los encargos se pagara solo una parte mediante anticipos y la otra parte cuando la mercancía ya había pasado la aduana».
Sin embargo, en el largo informe jurídico no se hace la más mínima referencia al análisis técnico que se elaboró para comprobar la calidad de las mascarillas que proporcionó la trama de Koldo. Un estudio que señalaba que las tapabocas no contaban con las suficientes capas de protección para poder ser utilizadas por el personal sanitario. Por ello, todo este material, que costó 3,7 millones de euros, fue retirado y se depositó en un almacén. Pero la trama cobró todo el dinero antes de recibir el resultado del análisis técnico de las mascarillas. En el informe se defiende todas las comprobaciones que se realizaron para averiguar si la empresa Soluciones contaba con la autorizaciones correspondientes para negociar con fábricas de China la compra de este material, para después venderlo en España.
La Abogacía cuestionaba que Anticorrupción pusiera en duda la honradez de los gestores públicos de esta crisis sanitaria.
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