Defensa rechaza responder a una nueva consulta sobre la finca del CNI 'El Doctor'
Alega que divulgar información sobre unas instalaciones en Ciudad Real que utiliza el servicio de inteligencia "supondría un perjuicio para la seguridad nacional"
- Qué uso se da a la finca 'El Doctor'
- Respondió el director general de Infraestructura
- "Perjuicio para la seguridad nacional"
- Preguntas anteriores
Ni la primera, ni la segunda: es al menos la tercera solicitud de información que desde 2022 llega al Ministerio de Defensa y se refiere a la finca conocida como 'El Doctor', situada en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real) y sobre la que se han extendido teorías de todo tipo sobre los servicios de inteligencia.
Se da por hecho que las instalaciones que ocupan esos terrenos son utilizadas por el Centro Nacional de Inteligencia. En un reportaje El Mundo se contó con detalle la experiencia de un hombre que participó en un proceso de selección para ingresar en el CNI. En dicho proceso, los aspirantes fueron trasladados a esta finca en Ciudad Real para ser sometidos a distintas pruebas.
En el mismo diario se ha publicado que en esta finca trabajaron miembros del Bundesnachrichtendienst (BND), el servicio de inteligencia de Alemania Occidental, durante los años de la Guerra Fría.
Qué uso se da a la finca 'El Doctor'
A la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Defensa llegó en septiembre una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, registrada por una mujer.
La solicitante pedía informa información relativa a la finca conocida como 'El Doctor' en los siguientes términos: "información sobre unos terrenos que, tengo entendido, dependen del Ministerio de Defensa. Se encuentran ubicados en la carretera CM 4117 Km. 12, en Daimiel, Ciudad Real Según Google Maps, aunque está pixelado, se llama 'El Doctor'. Querríamos saber cuál es el uso que se da a esas instalaciones".
La solicitud acabó llegando a la Dirección General de Infraestructura, del Ministerio de Defensa, quien fue la encargada de responder.
Respondió el director general de Infraestructura
El director general de Infraestructura, el teniente general del Ejército de Tierra Luis Cebrián Carbonell, se acogió al artículo 14.1.a) de la Ley de Transparencia para denegar la información solicitada.
El artículo 14 de la ley recoge las causas por las que se puede negar el acceso a información de las administraciones públicas. La primera causa hace referencia a que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad nacional.
Llama la atención que en esta resolución, Defensa parece que quiso ser especialmente cuidadosa en justificar que había aplicado de forma motivada ese límite para negar información ante la petición de una ciudadana.
"La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso", argumentó el teniente general Cebrián.
Este alto cargo del ministerio citó además el Criterio Interpretativo núm. Cl/002/2015, de fecha 24 de junio de 2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, sobre aplicación de los límites al derecho de acceso a la información, que "considera que los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo".
"En este sentido, el Consejo de Transparencia señala que su aplicación no será en ningún caso automática, antes al contrario, deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluables", continuó el director general de Infraestructura, y por ello "es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancias del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público)".
"Perjuicio para la seguridad nacional"
Con ese marco, el director general de Infraestructura analizó lo que pedía la solicitante y concluyó que "la divulgación de la información a la que se pretende acceder", sobre la finca del CNI 'El Doctor', "supondría un perjuicio para la seguridad nacional".
Y lo explicó: la difusión de los datos solicitados "desvelaría extremos que afectarían negativamente a la adecuada garantía de las instalaciones objeto de protección; sin que, por parte del interesado, se haya alegado o acreditado un interés público o privado de carácter superior que fundamente el acceso solicitado".
En base a ese argumento, "con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14.1 a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, se deniega el acceso a la información pública".
Preguntas anteriores
Un mismo solicitante ya preguntó al menos dos veces al Ministerio de Defensa sobre estos terrenos de Ciudad Real, en 2022 y en 2023.
En otra ocasión, el ministerio utilizó el mismo argumento de que desvelar ciertos datos "supondría un perjuicio para la seguridad nacional". No respondió a la pregunta de si allí funciona o funcionó en su momento un "centro de escuchas".
Sólo confirmó que "según la información registral y catastral, la titularidad de la finca "El Doctor", en la carretera CM-4117, en la Provincia de Ciudad Real, y de otras dos fincas adyacentes ubicadas en el término municipal de Daimiel, la detenta el Ministerio de Defensa". Actualmente, el CNI depende del Ministerio de Defensa.
Más adelante, la misma persona volvió a dirigirse al Ministerio de Defensa con una lista de preguntas que daban a entender que allí, en esa finca de Ciudad Real, se encontraría "retenido" un policía que había estado destinado en el Centro Nacional de Inteligencia.
El caso llegó al Consejo de Transparencia, que avaló la respuesta que había dado Defensa.