Con la modificación del Plan General Metropolitano del 2018, obligaron a los promotores a destinar el 30% de su promoción de viviendas a protección oficial, con lo cual consiguen que desde el 2018 solo entren 11 nuevas licencias y 200 millones de euros menos de ingresos para la Generalitat. Con esta estrategia y al quedarse Barcelona sin oferta de pisos de alquiler, los precios suben, y deciden entonces arreglarlo con una ley que regula el índice del alquiler en Barcelona y otros lugares para los grandes tenedores, para personas físicas o empresas que tengan más de 10 inmuebles urbanos.
Establece unas reglas del juego bastante curiosas e inquietantes, la delegación de Hacienda catalana cobra a sus empresarios locales el 10% de impuestos mediante el ITP (transmisiones patrimoniales) cada vez que compra una vivienda, pero a su vez les limita el modo de obtener ingresos para, entre otras cosas, soportar tal dispendio.
El resultado de esta ley me podría parecer lógico, entendiendo que los jóvenes podrán acceder a una vivienda con un poco más de holgura, pero lo que no me parece acertado es que lo tengan que soportar los empresarios de su bolsillo y no el Estado. No puede ser que en Catalunya seamos siempre los campeones en todo.
Alex Fossas
Suscriptor Barcelona