"La propuesta de reforma pensional no mejora la cobertura del componente contributivo del Sistema General de Pensiones, según las proyecciones del Ministerio de Hacienda, y aunque la amplía principalmente a través del pilar solidario, este se desmarca del esquema pensional propiamente dicho. Por otro lado, puede originar nuevas inequidades e incentivos perversos (...) Y, por último, existe controversia en cuanto a la medición de sus efectos fiscales y su sostenibilidad de largo plazo, en especial la de su pilar contributivo".
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Alertas como esas son las que enciende la Contraloría General en un documento de 272 páginas en el que analiza la realidad del sistema pensional en Colombia y los efectos que tendría la reforma que impulsa el gobierno del presidente Gustavo Petro y que en este momento está en segundo debate en plenaria de Senado.
El informe denominado 'Reforma pensional en Colombia: antecedentes y elementos para su discusión' dice que hay consenso en que el sistema pensional del país "se destaca por su compleja institucionalidad, baja cobertura, alta inequidad y genera un importante costo fiscal", por lo que se debería avanzar en modificaciones que apunten a "atacar la pobreza de la vejez, mejorar la cobertura del sistema, lograr la progresividad en los subsidios que entrega, procurar unos ingresos dignos para los adultos mayores en la etapa de desacumulación, y alcanzar un sistema pensional sostenible financieramente".
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Pero esos objetivos, dice la Contraloría, no se cubren con el actual proyecto. También alerta por la "innegable interconexión de las reformas sociales presentadas" (pensional, salud y laboral)" y por los efectos que cada una podría ejercer sobre las otras.
Así, señala que "unos altos niveles de desempleo e informalidad en el mercado laboral necesariamente tendrán efectos sobre la afiliación y cotización al sistema pensional" y señala que "la reforma laboral busca prioritariamente mejorar las condiciones de aquellos que cuentan con un trabajo formal, pero no ofrece estrategias para ampliar el mercado de trabajo, frente a uno de los propósitos de la reforma pensional, como es aumentar la cobertura del sistema".
Por eso hace un llamado a considerar y valorar en el acuerdo pensional los posibles efectos de la reforma laboral, "que definirá el desarrollo del mercado de trabajo y relaciones laborales que regularán la accesibilidad al sistema de protección social, necesariamente impactada ahora por los cambios demográficos orientados a menor natalidad y de las nuevas formas de trabajo, que ponen en riesgo el principio de solidaridad intergeneracional".
"La principal apuesta para ampliar la cobertura en la reforma es la creación de un pilar solidario, el cual está disociado de la realidad del mercado laboral y es un subsidio de carácter asistencialista que estaría administrado por el Ministerio del Trabajo, dejando de lado que el Gobierno cuenta con entidades experimentadas y consolidadas para el manejo de dicho subsidio en programas como Colombia Mayor", dice el documento.
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Dudas sobre controles
Como lo han venido expresando varios sectores, la Contraloría tiene dudas por la transparencia de las nuevas entidades públicas que manejarían el grueso de los recursos del sistema y por el riesgo de los controles sobre el uso de la plata ahorrada por todos los colombianos para su jubilación.
En ese sentido, señala que no son claros "cuáles serían los posibles riesgos de responsabilidades frente a las entidades del Gobierno que actualmente ejercen la dirección de política pública y de Inspección, Vigilancia y Control", y dice que aunque se crearía la Comisión Autónoma de Seguimiento al Sistema Integral de Protección a la Vejez, en el proyecto "no se mencionan sus funciones ni se señala la opción de ser reglamentada, además de si va a contar con una secretaría técnica".
Adicionalmente, no se relaciona el papel de la Contraloría en el control fiscal de los recursos pensionales, los cuales "ya hace algunos años han venido siendo objeto de control permanente, el cual debería ratificarse en esta reforma".
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A su vez, la Contraloría sostiene que de aprobarse la iniciativa es prioritario que la plata (cerca de 20 billones de pesos) que vaya al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo –una cuenta especial administrada por Colpensiones y cuya finalidad será financiar el pago de las mesadas del componente de Prima Media del Pilar Contributivo– "sea ahorrada, reafirmando que es indispensable que se evite su destinación para gasto corriente y acompañado de una oportuna reglamentación y manejo profesional de su portafolio de inversiones, que permita una adecuada rentabilidad a largo plazo, y a partir de una revisión de riesgo priorizar las inversiones en el país".
Precisamente una de las preocupaciones por la reforma es el manejo de esos dineros, que son el ahorro de millones de colombianos. Propone la Contraloría que se incluya, en el comité para analizar esas inversiones, un perfil técnico como un representante del Banco de la República y adicionalmente representantes de la academia y pensionados, entre otros.
Además, se insiste en la preocupación que existe en sectores como la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) sobre el manejo de los recursos, y se ratifica "la necesidad de que este fondo cuente con un esquema de administración independiente del Gobierno de turno".
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También hay alerta por el riesgo del manejo político del sistema pensional. Así, frente a instancias como el Consejo Nacional de Protección a la Vejez se amplió su composición, pasando de 11 a 19 miembros, incluyendo representantes de varios sectores sociales. La Contraloría señaló que existe el riesgo de que el proceso de selección de esas personas "se politice al interior de los diferentes grupos representados", y que es indispensable un riguroso proceso de selección y nominación que no se ve claro en la propuesta del Gobierno.
Una preocupación permanente en los autores del informe de la Contraloría es la mezcla del tema pensional con el de subsidios generales. En ese sentido, señala sus dudas sobre si Colpensiones, hoy dirigida por el exsenador Jaime Dussán, cuenta con la capacidad de asumir nuevas tareas que le encomienda la reforma, como recibir el valor de los aportes establecidos, unificar cuantías y realizar el pago mensual de rentas vitalicias, y otorgar las pensiones de invalidez y sobrevivencia del Pilar Contributivo. Y advierte que la entidad hoy, sin las nuevas funciones, ya tiene una limitada capacidad de respuesta ante el alto número de solicitudes relacionadas con historias laborales y el reconocimiento de pensiones.
"Este conjunto de fallas ha repercutido actualmente en la capacidad de Colpensiones para brindar respuestas oportunas y eficientes a las solicitudes de los beneficiarios, así como en la resolución de casos pendientes, y pueden ser indicativas del desafío que enfrenta en el marco de la reforma pensional", dice el documento conocido por EL TIEMPO.
El organismo encabezado por el contralor (e), Carlos Mario Zuluaga, considera que es necesario ampliar el plazo para una eventual entrada en vigencia de la reforma, para adecuar a Colpensiones a los nuevos retos.
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'Incentivos perversos'
En el proyecto del Gobierno, dice la Contraloría, se propone acudir a subsidios para lograr la cobertura universal de protección para los adultos mayores, lo cual podría generar confusión con programas que ya existen, como Renta Ciudadana o Colombia Mayor.
"Debe quedar claro que estos subsidios no podrían tomarse como cobertura pensional", dice el organismo, al alertar por el riesgo de que la certeza de un subsidio se convierta para algunos grupos poblacionales en un incentivo para no participar en el mercado laboral formal y, por lo tanto, en el incumplimiento del deber de aportar al sistema cuando se tienen las condiciones.
La Contraloría considera que una reforma pensional debería incluir los regímenes especiales y exceptuados (como los de las Fuerzas Militares y de Policía), pues advierte que el 40 por ciento de la plata que gasta el Estado en pensiones va para afiliados a esos regímenes, que cubren apenas el 17 por ciento de jubilados del país.
Y concluye: "En cuanto a la equidad, tal como está diseñada la propuesta, con el umbral de tres salarios mínimos mensuales disminuirán los subsidios estatales a los altos salarios, pero al traer a todos esos afiliados (cerca del 90 por ciento del sistema) se siguen erogando recursos importantes por parte del Estado a un amplio número de ciudadanos que serán subsidiados, independientemente de su nivel salarial. Es decir, todos los trabajadores se beneficiarían del mismo subsidio".
*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.
Redacción Justicia
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