Los relojes le van a salir carísimos a la presidenta, regalados o comprados con su esfuerzo desde antaño. El fiscal tendrá que pedir el número de serie del reloj (o relojes) y de ahí, en cascada, saldrá la tienda, el comprador, etcétera. Y a ese pedido no se puede rehusar, a menos que convenientemente se los roben, lo cual sería roche mundial pre-APEC. La falta de visión para anticipar lo que inevitablemente vendría después de aceptar o comprar tremendo relojito es preocupante. Si no analiza los posibles escenarios posteriores para aquello que le puede hacer daño personal, por regla de tres simple, tampoco con temas más trascendentales del país.
Y eso es lo que se nota en el Gobierno. El dengue sigue avanzando, la anemia aumenta, la vacunación retrocede, la inseguridad ciudadana va al galope y el Gobierno flota. Hay buenos ministros en algunas carteras, pero su peso es pequeño. Acabamos de tener de muestra la derogación del decreto legislativo que buscaba combatir la minería ilegal. Apenas algunos gremios empresariales y líderes de opinión se han pronunciado sobre este retroceso gravísimo, que implica dejar más espacio para que siga creciendo la ilegalidad que ya ha generado muertes que acaban de ser noticia. Para nadie es un secreto qué trae la minería ilegal: corrupción, armas, sicarios, trata de personas, lavado de dinero, además del daño ambiental brutal que ocasiona.
¿Es ese un tema que solo afecta a empresarios y algunos líderes de opinión? La polarización, exacerbada por tanto tiempo insensatamente desde ambos extremos, no ha permitido que se convoque a más actores para ponerle el pare al Congreso en este campo. ¿Acaso la trata de personas no le importa a las organizaciones feministas y de DD.HH., a las iglesias? Estamos tan fragmentados, jugando peligrosamente esta danza de etiquetarnos que no podemos unirnos ni para parar a un enemigo que mata, prostituye, contamina, etcétera. ¿No es posible plantarse frente a este problema con la fuerza de más entidades que solo gremios empresariales? Ese es el costo de dividir a la gente bien intencionada de distintas posiciones, tildándolos a todos de caviares o fachos: la ilegalidad y el Pendejerú nos dejan en offside.
Mientras tanto el marco institucional se sigue deteriorando. El Congreso aprueba normas que van a dificultar la colaboración eficaz. La JNJ puede ya no tener quorum, luego de que dos miembros suplentes declinaron ser nombrados en reemplazo de quienes fueron arbitrariamente destituidos por el Congreso. En pocos meses vence la suspensión de la fiscal Patricia Benavides, y las investigaciones contra ella y los congresistas imputados de intercambiar archivamientos por votos podrían quedar en el aire, salvo que algún recurso de esa ciencia oscura a la que se le denomina —incomprensiblemente— Derecho, nos sorprenda a todos con alguna varita mágica procedimental. Todo ese deterioro pasará la cuenta, económica y políticamente.
El escándalo de los relojes va a tener cola, y puede llegar a más, pero por ahora difícilmente termina en la vacancia que promueven algunos. Luego del descaro con que intentaron blindar a una de las congresistas 'mochasueldos', no me queda duda: cheque mata vacancia. Son 91 congresistas los que ganan hoy más del doble de lo que percibían antes de ser elegidos, sin considerar otros beneficios ni tajadas de sueldos ajenos. Y cuando dejen de ser congresistas volverán a ganar lo de antes, porque solo los reelegirá su núcleo familiar. Ese flujo de cheques no se interrumpe por votación propia de 87 congresistas. El costo lo sufre el partido político en las elecciones próximas, pero son muy pocas las bancadas que responden al partido. Una vez que se convoque a elecciones, la cosa sí puede cambiar. Posiblemente, la presidenta espere al último momento para convocarlas, mirando su reloj.
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