Tras reconocer implícitamente que el intento de acelerar los procesos de la política no era una buena idea, Javier Milei armó cuidadosamente una nueva e intrincada hoja de ruta para aprobar en el mediano plazo las reformas estructurales que falló en homologar durante los primeros meses de su gestión.
Junto a sus principales colaboradores en el terreno de las negociaciones con la dirigencia -el ministro del Interior, Guillermo Francos y el asesor Santiago Caputo- decidió organizar en cuatro etapas el "nuevo período" que se inauguró el 1 de marzo y que, según sus planes, debería durar dos meses.
La primera, que se concretó anteayer en la Asamblea Legislativa, era la "gran convocatoria" al resto de la clase política con dos meses de antelación a firmar un "Pacto" en mayo, idílicamente, con la mayor parte de la clase política. La segunda, la presentación, en los primeros días de sesiones ordinarias, de una especie de ley Ómnibus reducida a los puntos sobre los que hay consenso, para mostrar algún éxito concreto de la gestión más allá del devenir de la economía. Y, en paralelo, el giro de un paquete de alivio fiscal para confortar y, al mismo tiempo, pre-condicionar a las provincias.
La tercera, una convocatoria a un "preacuerdo" en lo inmediato, que se cristalizaría esta misma semana en una reunión con todos los gobernadores que se plieguen a congregarse encabezados por el Presidente en la Casa Rosada o en Olivos -los libertarios aún no decidieron cuál es el mejor lugar para la construcción de un relato con época- para empezar a debatir las bases del nuevo y difícil consenso. Esta parte del ciclo, estiman, se extendería por varias semanas de negociaciones.
La tercera, si las dos primeras marchan bien, sería la suscripción de todos los gobernadores, en Córdoba, con bombos y platillos, del documento que publicaron ayer en una florida cursiva estadounidense con los 10 puntos de consenso que propone el líder de La Libertad Avanza (LLA).
La cuarta y última comprende el verdadero, objetivo final del Gobierno: el giro al Congreso, para su debate y aprobación sin frustraciones, de un tercer paquete de leyes con extractos del DNU y la ley Bases, donde el Presidente busca plasmar en concreto los puntos esbozados conceptualmente en el "Pacto".
El mensaje del Presidente ante el Congreso fue el primer paso del programa que diseñó para retomar la iniciativa y refundar la relación con los mandatarios del interior, a sabiendas de la situación de debilidad política en la que se encuentra el Gobierno más allá de la performance estable que les devuelven las encuestas sobre el rumbo de la gestión.
Una vez declaradas sus intenciones, el Presidente se prepara para formalizar la convocatoria a los 24 jefes de los Ejecutivos de las provincias en los próximos días. En las gobernaciones creen, a partir de los contactos formales e informales que tuvieron de los últimos días, que el llamado es inminente. Pero la mayoría no decidió cómo responderá (sólo adelantaron su concurrencia seis gobernadores), y sopesan sus próximos movimientos tras el conflicto por los temas espinosos de la ley Ómnibus -que derivó en el colapso del proyecto completo-; y de los más recientes enfrentamientos a partir de la discusión por los fondos para Chubut.
Si bien el anuncio fue el viernes a la noche en la apertura de sesiones ordinarias, los libertarios vienen preparando el terreno para la "nueva etapa" desde hace 15 días. Francos, Santiago Caputo y el propio Milei se repartieron las conversaciones con los gobernadores, por teléfono y de manera presencial, según el grado de afinidad.
El ministro del interior, encargado por excelencia de la relación con el poder del interior, recibió dos veces a Gustavo Sáenz (Salta) y a Leandro Zdero (Chaco). También a Alberto Weretilneck (Río Negro), y Raúl Jalil (Catamarca). Santiago Caputo participó del encuentro con el salteño y el catamarqueño, y estuvo a solas, aparte, con el neuquino Rolando Figueroa. Mientras que Milei convocó al titular bonaerense del bloque de PRO, Cristian Ritondo, en la Casa Rosada y hubo contactos en secreto con el jefe de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto. El primero mostró la máxima predisposición. El segundo, no tanto: ayer advirtió que "un pacto implica un diálogo, y no un esquema de adhesión".
Aún no hubo un acercamiento serio a Martín Llaryora, uno de los gobernadores de mayor peso, que busca perfilarse como líder del peronismo en las elecciones legislativas de 2025, con la mira fija y constante en las próximas presidenciales. Pero esta semana, por primera vez desde la caída de la ley Bases, en Gobierno aseguraron que los contactos se retomarán sin falta. "No tenemos rencores, seguramente volvamos a hablar pronto", deslizaron inéditamente el jueves en un alto despacho de la Casa Rosada.
En Gobierno distinguen sus perspectivas sobre el cordobés de la manera en que evalúan a Maximiliano Pullaro. En el caso del primero, dicen, se "sobrepasó" al plantarse contra le ley Ómnibus por "ego político", una motivación casi imperdonable para los libertarios, que se jactan de trabajar sólo por el bien de la Nación y jamás por ambición de poder. Con el segundo, en cambio, son más comprensivos y creen que la reconciliación será más factible. Por lo pronto, La supervivencia en la secretaría de transporte del cordobés Franco Mogetta -a diferencia de Osvaldo Giordano, que salió eyectado de Anses- es una muestra de que los puentes entre la Casa Rosada y Córdoba se resquebrajaron, pero no se derrumbaron.
La mayor parte de los contactos se ejecutan bajo estricto secreto porque el Gobierno, deseoso de reconciliarse, no quiere "empiojar" las relaciones con trascendidos en los medios, según admitió un funcionario de peso.
Francos y Caputo trabajan a diario en una sinergia cada vez más aceitada. Se ven en el despacho de Interior, en la planta baja del palacio de gobierno, varias veces al día. E intercambian, en general por las tardes, con el viceministro del Interior, Lisandro Catalán y con el asesor "Lule" Menem, que pasó los primeros días de la administración libertaria en Diputados con su pariente Martín Menem -el otro miembro central del clan mileista-, y desembarcó hace dos semanas en una oficina en el primer piso de la Casa de Gobierno para estar más cerca de los cerebros del Ejecutivo.
Los cuatro bajan y suben las escaleras y recorren los pasillos que separan sus respectivos despachos regularmente para compartir los balances y el estado de las conversaciones con los opositores y discutir sus siguientes pasos. También visitan seguido -en extrema reserva, como les pide ella- a Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, ubicada junto al despacho presidencial. Y, en las ocasiones en que amerita, al jefe de Estado.
Más allá del vínculo con los gobernadores, los libertarios admiten, a regañadientes, que la relación con PRO será central en el nuevo esquema. Para eso cuentan con la ayuda de Patricia Bullrich, la única ministra de su Gabinete que Milei nombró, excluyendo incluso a sus asesores más cercanos -su hermana, Karina y el consultor Santiago Caputo- a quienes había reivindicado con creces en sus principales alocuciones durante la campaña y en la asunción. Sin embargo, no está claro en qué términos proseguirá la relación con Mauricio Macri, que se perfila como líder del partido que fundó en lugar de Bullrich, de quien se encuentra distanciado.
Esta semana sobrevolaron rumores sobre una reunión en secreto entre el primer mandatario y el futuro presidente del partido amarillo, que venían coqueteando con la posibilidad de dar una señal fuerte de afinidad al encontrarse. Pero el encuentro nunca terminó de ser confirmado o desmentido cabalmente. Es que en Gobierno hay detractores y defensores de ese vínculo, que se mantiene vivo por chat y por teléfono, pero pocas veces se formaliza en un encuentro en público.
Santiago Caputo y Karina Milei, cuentan en Balcarce 50, son reacios a que esa relación se cristalice en un pacto concreto de poder, con cargos de por medio. Y Milei, que por ahora prioriza sus consejos, no deja de escuchar al ex mandatario, que no ahorro elogios a su discurso apenas después de que hubiera terminado.