El pasado 20 de enero, falleció la senadora Piedad Córdoba, cientos de seguidores la despidieron, reconociendo en su legado a una de las políticas más influyentes, por lo que es necesario recordar que fue ella quien abanderó los derechos de las poblaciones afros y conformó la comisión especial que formuló el proyecto de ley que derivó en la Ley 70 de 1993. Fue gracias a su gestión que en 1994 se creó la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, la primera institución de carácter estatal que vinculó a mujeres del movimiento social, de donde salieron las bases para el Conpes sobre Política de Equidad. Fue además mediadora para la liberación de personas secuestradas. Y fue de las primeras en dar debates sobre diversidad sexual y derechos de personas LGBTIQ —como ella dijo— cuando aún no existía la sigla.
Durante su vida política fueron constantes sus aportes, pero quizá lo más significativo es precisamente que fuese mujer afro y política; a esa conclusión llegamos luego de escuchar a Francia Márquez decir que ella no sería vicepresidenta, si no hubiese sido por la trayectoria de Córdoba; y es que si hoy la clase política muestra vergonzosos racismos, hace treinta años el mundillo político era un círculo cerrado de privilegio masculino blanco, por lo cual no bastó con su irrupción; fue necesaria su resistencia.
Que debamos repetir lo que hizo da cuenta del racismo estructural que cuestiona y exige pergaminos académicos, trayectorias y resultados. Racismo es también la lupa permanente con que se vigila cada acto de una mujer afro en política. Su presencia en puestos de poder parece tener que justificarse porque se les exige más de lo que se le pide a un hombre blanco que pretende la misma posición. A esta barrera se deben sumar las condiciones de pobreza multidimensional de las comunidades afrocolombianas, el difícil acceso a la educación y los recursos para financiar campañas, la hostilidad del medio político y la falta de garantías y el hostigamiento para que desistan de sus liderazgos.
Según la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA), en 2017 la participación política de mujeres afros en Colombia era de 0,1 % en el Congreso y las gobernaciones, y un 7,8 % en asambleas departamentales. Si bien las cifras están cambiando, estamos lejos de la igualdad. Basta ver el asombro con que aún se menciona que una mujer afro ocupa una posición de poder: la primera senadora afro, la primera vicepresidenta afro, la primera ministra afro...
A Piedad Córdoba le hicieron honras fúnebres en Chocó, donde días antes ocurrió la tragedia por la caída de un alud sobre la vía Quibdó-Medellín. Por eso se convocó allá una cumbre de mandatarios. En la comisión fue la actual ministra de educación, la doctora Aurora Vergara Figueroa, quien abrió diciendo: "Hace muchos años, cuando ustedes, maestras, me dijeron: 'Mi muchacha, usted se va de aquí y vuelve hecha toda una doctora', no creo que se imaginaban que iba a venir ministra de Educación, con presidente a bordo, vicepresidenta aterrizando y todo un gabinete de gobierno".
Córdoba, Márquez, Vergara (ojalá miles más) invitan a pensarnos la política en otros términos, otras miradas y otras agendas que indiscutiblemente retan la tradición patriarcal hegemónica en la política. La mujer afrocolombiana como sujeto y actriz política suscita la reflexión sobre el devenir político de liderazgos en situaciones de conflicto, a reconocer los lugares y los cuerpos de la adversidad que pasó por el reconocimiento y la toma de conciencia sobre condiciones de desigualdad que recaen (especialmente) sobre ellas y nos habla de la representatividad de poblaciones históricamente olvidadas.