Llegó al fin ese bendito aguacero blando para esponjar la tierra tan sedienta y las esperanzas de los payeses. Aun cuando los tractores del malestar han regresado a sus cobertizos, y en las ciudades volvemos a creer que acelgas y lechugas brotan por generación espontánea en los lineales del supermercado, a buen seguro que la protesta arreciará por toda Europa de cara a las elecciones del 9 de junio. Un debate muy embarrado en el que la extrema derecha se está despachando con el cucharón.
Los pequeños y medianos agricultores han dicho basta. Tienen miedo existencial. Temen que el mercado global acabe por arrasar el modelo de explotación familiar. Las grandes cadenas alimentarias –léase Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, DIA– conculcan sus derechos, imponiendo tarifas que nada tienen que ver con los precios en origen; es decir, las distribuidoras amasan beneficios a costa del consumidor, mientras le niegan su dinero al campesino. A este factor se suma el incremento de cerca del 50% de los costes de producción (fertilizantes, electricidad, gasóleo) por el impacto inflacionario. Así no salen las cuentas. La escasa rentabilidad repercute en el declive del relevo generacional, en territorios despoblados donde a duras penas se mantienen los servicios públicos (¿a qué escuelas llevan a sus hijos?). En ese vacío se cuelan los grandes fondos de inversión, los nuevos terratenientes del campo, que, desde el ladrillo, están buscando un refugio para su dinero en cultivos bastante seguros, como el olivo o la almendra. Megaexplotaciones dedicadas a la exportación que acaparan el suelo y el agua, sin que les importe un comino la sostenibilidad, sino el mero rédito. El pez gordo está expulsando del campo a la morralla chica. Al mismo tiempo, los agricultores deben hacer frente a la entrada de productos de terceros países, con unos estándares de calidad y fitosanitarios bastante más laxos. El papeleo los ahoga, y pasan más tiempo rellenando formularios que dándole al azadón. Es en este punto donde se ha infiltrado una tergiversación, la idea de que el campesinado está en contra del Pacto Verde europeo y la salvaguarda de la naturaleza. Falso.
Lo que sucede es que las reglamentaciones de la UE, la política "de la granja a la mesa" y el respeto por la biodiversidad, han desbordado al pequeño labriego, cuando deberían poner la lupa en las explotaciones intensivas y extensivas del complejo agroindustrial. El diseño de la transición agroecológica se ha hecho apresuradamente, tarde y mal, con ideas de despacho y objetivos inalcanzables, sin pedagogía ni análisis de factibilidad. Tomás García Azcárate, investigador de CSIC, habla incluso del "despotismo científico ilustrado" del arrogante Frans Timmermans, responsable del Pacto Verde. En ese desasosiego la ultraderecha ha encontrado una fisura para cargar contra la Agenda 2030 de Naciones Unidas y lo que ellos llaman el "fanatismo climático".
No sé si estamos a tiempo de revertir el rumbo. Tampoco qué se comerá en el año 2050. Quien llegue.