Madrid, 6 mar (EFE).- Dos excargos de la Comunidad de Madrid han testificado en el juicio que los contratos relacionados con el fallido proyecto del Campus de Justicia madrileño impulsado por el Gobierno de Esperanza Aguirre los decidió entre 2005 y 2008 el entonces consejero Alfredo Prada, acusado de prevaricación y malversación en esta causa.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles el juicio en el que el fiscal pide ocho años de prisión por dichos delitos para Prada, que era vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, para quien la acusación ejercida por la Abogacía de la Comunidad de Madrid solicita trece años de cárcel además de reclamarle 40,4 millones de euros por los contratos supuestamente adjudicados de forma ilegal.
También se sientan en el banquillo otros cinco acusados, que ocupaban diversos cargos dentro de la estructura directiva de la sociedad pública Campus de la Justicia, creada por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 23 de diciembre de 2004 para ejecutar el proyecto de la Ciudad de la Justicia.
El fiscal pide seis años de prisión para estos cinco acusados, entre los que se encuentra el que fuera director de Seguridad de Campus de la Justicia, el policía Andrés Gómez Gordo, asesor de María Dolores de Cospedal cuando presidía el Gobierno de Castilla-La Mancha y acusado en el caso Kitchen de supuesto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas.
La primera testigo en declarar ha sido la entonces secretaria general técnica de la Vicepresidencia Segunda y de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid, Lourdes M.L., que ha recordado que participó en cinco reuniones del Consejo de Administración de la sociedad Campus de la Justicia.
"En relación con las contrataciones en las reuniones del Consejo de Administración no se participaba de los expedientes sino de los meros resultados de los contratos y de las adjudicaciones y no se podía fiscalizar nada porque Alfredo Prada tenía todas las facultades de tal forma que el órgano de contratación era él", ha manifestado Lourdes M.L..
Lourdes M.L. ha dicho que le comentó a Prada que los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid deberían informar previamente a los pliegos que llegaban a las mesas de contratación de Campus de la Justicia y estar presentes en las reuniones de las mismas, al igual que se realizaba en otros departamentos.
Y ha añadido que, sin embargo, el consejero le aseguró que no era necesario y luego ella se enteró de que había contratado al acusado Félix José G.C. como asesor jurídico externo de la sociedad pública.
La testigo ha señalado que algunas actas de reuniones de mesas de contratación están firmadas por el acusado Isabelino B.F. como presidente de las mismas por delegación de ella, pero ha asegurado: "Yo jamás hice ninguna delegación".
Ha indicado que en las dos reuniones de mesas de contratación a las que recuerda haber asistido se realizaron propuestas de adjudicación en función del informe de Isabelino B.F., un arquitecto que fue contratado en Campus de Justicia como director técnico.
La testigo ha asegurado que entonces no sabía que Isabelino B.F. había trabajado en una de las empresas adjudicatarias y ha asegurado que si hubiera tenido conocimiento de ello en ese momento se habría opuesto a la propuesta realizada por la mesa de contratación por una cuestión de ética.
"De todas formas el órgano de contratación era Prada y era el que tenía que firmar y decidir en última instancia si era legal o no", ha insistido.
También ha testificado Paloma M.M., que era asesora adjunta a la Vicepresidencia Segunda de la Comunidad de Madrid, que ha coincidido en que el Consejo de Administración de la sociedad Campus de la Justicia ya en su primera reunión delegó todas las funciones de contratación en Alfredo Prada como presidente del mismo.
Según ha relatado esta testigo, en las reuniones del Consejo de Administración Alfredo Prada daba cuenta de expedientes una vez que ya estaban adjudicados los contratos. EFE
cng/jlg