Como cada marzo, está por iniciarse una nueva legislatura en el Congreso –la segunda del periodo 2023-2024–, luego del receso usual durante enero y febrero. La idea detrás de estos intermedios no es, naturalmente, que los legisladores descansen, sino que puedan dedicar más tiempo a actividades en las que el ajetreo del día a día no les permite concentrarse cuando deben acudir regularmente al Pleno.
Por ejemplo, se espera que los legisladores se concentren más en trabajar sus proyectos de ley, negociar acuerdos entre bancadas o dedicarse al trabajo de representación; siempre teniendo como norte el interés nacional, no el beneficio de agendas políticas o particulares. Lamentablemente, las agendas que los distintos Congresos suelen terminar ejecutando muchas veces revelan prioridades que rara vez se alinean con las del país.
¿A qué asuntos debería darse más prioridad? Si se piensa en el interés público –y como ya lo hemos planteado–, deberían instalarse grupos de trabajo que planteen reformas en temas como lucha contra la inseguridad, la corrupción, la anemia y la trata de personas; así como el destrabe de proyectos de inversión y el cierre de la brecha en infraestructura. Estos asuntos requieren de evaluaciones minuciosas, participación de técnicos y una mirada de mediano y largo plazo, así como de los aportes otros organismos del Estado.
¿Cuál ha sido en realidad la agenda que el Congreso ha priorizado durante el verano? Estamos por averiguarlo (la agenda oficial suele cambiar mucho en la práctica frente a las prioridades del día a día), pero lamentablemente hasta el momento no se han visto señales que sugieran que se haya puesto suficiente energía en los temas antes mencionados.
Lo que sabemos hasta ahora es que uno de los temas que se verían primero es la posible destitución de la JNJ, sobre cuyos peligros advertimos en esta página el último martes. Además, se sabe también que en las últimas semanas se han seguido negociando varios proyectos de corte populista, como el que plantea un nuevo retiro de 4 UIT de las AFP , o el que crea el nuevo delito de 'terrorismo urbano' (cuando ni siquiera las penas que ya existen hoy se aplican).
Por el lado positivo, un asunto que podría ayudar a mejorar en algo la situación política actual es la aprobación de la bicameralidad en una segunda votación. Dicho esto, para que cualquier reforma política tenga un impacto verdaderamente significativo, debería aprobarse un paquete coherente con varios cambios en una misma dirección, antes de cambios aislados. E idealmente haber ganado antes un mínimo de respaldo popular (lo que se logra con trabajo político), algo que no se ha hecho en este caso.
Más que con discursos, los congresistas deberán probarnos con sus votos cuáles son sus verdaderas prioridades.