La Fiscalía no está enviando correos electrónicos solicitando pagos de dinero para evitar procesos judiciales. Se trata de una estafa.
Esa entidad no atiende materia de cobros ni alerta sobre ninguna cuenta pendiente en el ámbito judicial, según explicó el departamento de Prensa de la institución.
En los últimos días, usuarios reportaron recibir correos electrónicos que aparentan ser del Ministerio Público; sin embargo, el dominio no corresponde a la institución. La dirección de correo electrónico falsa es fiscaliageneral.gob.com.
En los correos, le indican a la víctima que tiene un proceso de cobro en su contra y que debe cancelar dicho monto para evitar que el caso se eleve a los estrados judiciales.
"Esta es su última oportunidad para solucionar la misma (sic) en una etapa extrajudicial y de esta forma evitar afrontar un proceso judicial con las consecuencias mencionadas anteriormente. Este correo fue emitido por una institución gubernamental oficial", dice uno de los mensajes enviados.
En primera instancia, el remitente no solicita datos sensibles ni envía ningún enlace; no obstante, la Fiscalía presume que buscan contactar primero a la víctima para que responda el correo y, posteriormente, solicitarle información bancaria.
El Ministerio Público explicó que quienes se encargan de realizar este tipo de estafas se aseguran de utilizar elementos gráficos muy similares a los de la entidad oficial, lo que favorece que muchas personas caigan en la trampa.
La institución recomienda no abrir correos dudosos, revisar la dirección electrónica del mensaje que recibe, pues en ocasiones se usa el nombre de la entidad, pero la dirección corresponde a una cuenta de Hotmail, Gmail o Yahoo. Tampoco es recomendable ingresar a un enlace que le sugieran mediante un correo electrónico o mensaje de texto y, ante cualquier duda, llamar a su banco o entidad financiera.
De acuerdo con datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante todo el 2023, se presentaron 5.500 denuncias por fraudes informáticos en el país, 3.500 de ellas se interpusieron en San José. Las modalidades más comunes son: falso funcionario bancario, venta a través de redes sociales y falso empleador.
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