El ex president catalán Carles Puigdemont será el candidato de Junts en las elecciones autonómicas convocadas para el próximo 12 de mayo, una vez decidiera adelantarlas Pere Aragonés al no poder aprobar los presupuestos, tras el No de los comunes. Así lo anunció el propio president desde su retiro dorado en Waterloo, aunque el molt honorable sigue considerándose un president en el exilio al estilo de Josep Tarradellas, solo que Tarradellas se exilió porque en España había una dictadura. Un matiz importante.
Las encuestas sitúan al partido de Puigdemont como la tercera fuerza política al otorgarle entre 19 y 24 escaños por detrás de ERC y el PSC que volvería a ganar las elecciones con una horquilla de entre 39 y 45 escaños, mientras la suma de los partidos independentistas está lejos de la mayoría absoluta. Descartado un pacto entre Junts y ERC, la opción que cobra más fuerza es una alianza entre el PSC de Salvador Illa y ERC, lo que daría a los republicanos más peso en el Gobierno de la nación.
La duda que me suscita el anuncio de Carles Puigdemont es si puede regresar a España, sin ser detenido, dado que la Ley de Amnistía aun está en la fase final para su aprobación y, por tanto, no ha entrado en vigor.
La orden de detención que existe contra el ex presidente catalán sigue vigente, a pesar de su condición de aforado como eurodiputado. Por tanto, legalmente, se darían las condiciones para poder ser detenido, una vez pise territorio español.
Aunque quizá el ex president opte por regresar a España en plena campaña electoral para acaparar los focos mediáticos y presentarse nuevamente como un mártir del Estado opresor español. La retahíla que siempre repite el independentismo catalán.
Desde el Gobierno hablan de normalidad democrática que el ex president catalán, que huyó escondido en el maletero de un coche para no ser juzgado, como sí lo fueron el resto de políticos catalanes condenados por el "procés", pueda presentarse a estas elecciones en igualdad de condiciones que el resto de candidatos. No es, desde luego, la misma opinión que mantenía el presidente del Gobierno Pedro Sánchez antes de las elecciones del 23-J cuando se comprometió a traer a España a Carles Puigdemont para ser juzgado ante los tribunales de Justicia españoles. O cuando calificó los sucesos del 1-O de rebelión.
Los siete votos de Junts que necesitaba Sánchez para sacar adelante su investidura han cambiado el panorama político hasta el punto de conceder el perdón a los que subvirtieron el orden constitucional y cometieron un golpe de Estado mediante una Ley de Amnistía hecha a medida de los políticos catalanes.
No es admisible hablar de normalidad democrática cuando el Gobierno se ha vendido por siete votos, eliminando la sedición, concediendo indultos, rebajando la malversación y elaborando una ley de Amnistía que es desde todos los puntos de vista inconstitucional, como así la calificaba el propio presidente del Gobierno, y con la vista puesta en el referéndum de independencia que será el próximo paso, si Sánchez quiere agotar la legislatura. Normalidad democrática en un Estado de Derecho es cumplir la Ley.