Potenciar Trabajo: ¿Cómo sigue el programa después del pago de marzo 2024?
El Ministerio de Capital Humano pagará este martes 5 de marzo el Salario Social Complementario correspondiente al programa Potenciar Trabajo.
La suma que ascenderá a $ 78.000 devenida de febrero, no absorberá las actualizaciones dictaminadas mediante la resolución 4/2024 por la Secretaría de Trabajo sobre el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) para el primer bimestre de 2024.
"Efectivamente los planes van a ser descalzados del salario mínimo", repasó semanas atrás el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa.
¿Qué va a pasar con el programa Potenciar Trabajo desde abril 2024?
La cartera conducida por Sandra Pettovello oficializó a fines de febrero la creación de dos programas sociales (Volver al Trabajo y Acompañamiento Social) que reemplazarán a Potenciar Trabajo.
Según el Decreto 198/2024, ambas iniciativas apuntarán a "promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo", siempre "con la mira puesta en los hogares con un alto grado de exclusión y vulnerabilidad social"
En relación con sus montos, se mantendrán bajo la doctrina actual: mitad del Salario Mínimo de enero 2024 sin perspectiva de actualización.
Además, de acuerdo con el Decreto 125/2023 publicado en el Boletín Oficial en enero, la nómina de beneficiarios pasará a depender de la Secretaría de Trabajo. "Transfiérese, a partir del 1° de abril de 2024, a la totalidad de las y los titulares del Programa Nacional de Inclusión Socio - Productivo y Desarrollo Local Potenciar Trabajo creado por la Resolución del ex-Ministerio de Desarrollo Social N° 121 del 18 de marzo de 2020 y sus modificatorias, al Programa de Inclusión Laboral, en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano", dispuso el artículo 1° de la normativa oficial.
En esta línea, el Ministerio de Capital Humano disolvió el lunes 300 Unidades de Gestión que funcionaban como intermediarias.
Según fuentes oficiales, estos organismos representaban al Estado un desembolso de alrededor de u$s 34 millones al año para controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplan con las contraprestaciones necesarias para recibir los planes sociales.