La Comisión de Venecia, el órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, aprobará hoy viernes su dictamen sobre la ley de Amnistía después de tres meses de estudio como respuesta a una petición del Senado, controlado por el PP, y tras conocerse un primer borrador hace dos semanas que tuvo diferentes lecturas por parte del Gobierno y sus socios y la oposición.
La respuesta de la Comisión de Venecia se centrará en dos aspectos concretos. Por un lado, se referirá en términos generales a los requisitos que deben tener las leyes de amnistía para cumplir con los estándares internacionales y el Estado derecho. Por otra, dará respuesta a las seis preguntas concretas que trasladó el Senado al organismo. En ellas, la Cámara Alta quería despejar dudas sobre si la eliminación de responsabilidades penales -por actos cometidos contra la integridad territorial o por delitos de terrorismo- eran compatibles con el Estado de derecho y los criterios de la Comisión. Al mismo tiempo, el Senado preguntó si las medidas fijadas en la ley de Amnistía condicionan a los jueces españoles -y, por tanto, se ajustan al Estado de derecho- y si se pone en peligro la separación de poderes.
Según indican fuentes del Consejo de Europa, el texto definitivo de la opinión de la Comisión de Venecia no se publicará hasta el lunes 18 de marzo por motivos "técnicos", pero hoy mismo se facilitará un primer resumen y está previsto que miembros del organismo comparezcan ante los medios.
Los miembros de la plenaria en la que se adoptará el informe definitivo escucharán, antes de su pronunciamiento, al presidente del Senado, Pedro Rollán (PP), y a la secretaria segunda del Congreso, Isaura Leal (PSOE).
Hasta Venecia viajarán también el vicepresidente primero de la Cámara Baja, Javier Maroto, y la senadora socialista, Ángeles Luna, así como el senador socialista Antonio Gutiérrez Limones, como representante del comité de asuntos legales y derechos humanos del Consejo de Europa (APCE).
La decisión de este órgano se produce apenas 24 horas después de que el Congreso de los Diputados aprobara ayer la ley, que ahora deberá continuar su tramitación en el Senado, donde previsiblemente estará dos meses antes de ser devuelta al Congreso para su validación definitiva.
Respecto al borrador de la Comisión que se conoció hace dos semanas, el Gobierno y el PSOE destacaron que avalaba una norma "impecable y positiva" y que "cumple con los estándares internacionales", mientras que el PP consideró que la comisión cuestionaba varios puntos como la tramitación de la ley a través de una proposición de ley, al tiempo que aboga por una reforma constitucional.