"Me habéis roto la puerta, desgraciados...¡Ojalá, os entre un cáncer a todos!". Esta fue una de las lindezas que una treintena de agentes de la Guardia Civil, una secretaria judicial, cuatro técnicos y un inspector de Endesa, una servidora y un fotógrafo de EL ESPAÑOL, escucharon el pasado lunes para empezar bien la semana.
Un operativo de la Guardia Civil, con su correspondiente orden judicial, acababa de echar la puerta abajo de una vivienda del barrio de la Alfaguara, en Loja (Granada), con llamada previa al timbre sin responder. En su interior aguardaban hasta 87 plantas de marihuana indoor.
La mujer que gritó el piropo a los agentes sobre las 8,00 horas era su moradora, en pijama y con una gran pinza que agarraba su negra melena. Esta dormía en una habitación contigua a la que albergaba la plantación junto a su pareja, que respondió como poseedor, y sus tres hijos pequeños. Sus edades rondaban entre los pocos meses y los cinco años y el olor a marihuana, para quien no está acostumbrado, era inaguantable.
Los juguetes que había en la primera planta, una bañera de plástico pequeña en el baño y una pila de pañales vaticinaban que estaba habitada por menores... y por adultos. Con seguridad, estos habían visto la tele el día anterior en un plasma de varias pulgadas que ocupaba gran parte de la pared.
Su grito, a modo de mal de ojo y con acento calé, iba con doble intención. Por un lado, deseaba de verdad que nos entrara un cáncer a todos los presentes y, por otro, pretendía alertar a otros vecinos de que la Guardia Civil estaba de redada en la zona.
Esta casa fue la primera de las cuatro registradas el pasado lunes en el citado operativo con un resultado no menor: hasta 1.200 plantas en apenas cinco horas. La que albergaba mayor cuantía fue la última, donde había 532 distribuidas en tres habitaciones. Calcular el peso de la droga suele depender de su maduración y tamaño, pero su precio en el mercado suele oscilar de media sobre los 2.000 euros el kilo.
Los agentes suelen hacer este tipo de registros cada tres o cuatro meses, que es el ciclo que necesitan estas plantas distribuido en tres fases: crecimiento, floración y floración avanzada, para poder extraer sus cogollos con la maduración precisa. De hecho, dos de las viviendas registradas habían sido desmanteladas hace poco tiempo.
La zona
Esta barriada se trata de una de las zonas de esta localidad de 20.000 habitantes con más vecinos en riesgo de exclusión social, pero los vehículos de alta gama están aparcados en más de una puerta.
En una de sus entradas, muy cercana al edificio que alberga los juzgados, puede leerse escrito en la pared: "Cogollo weed" (una variedad de cannabis), al parecer con mucha potencia, que invita al acceso al barrio. Pero no para el menudeo, sino a gran escala.
Normalmente lo que se cultiva allí se lo suelen llevar narcotraficantes extranjeros para surtir a gran parte de Europa, donde se vende a un mayor precio. Loja está ubicada en un sitio estrátegico, a 56 kilómetros de Granada y a 81 de Málaga.
Los peligros de los enganches ilegales
Además de llevarse las plantas los agentes están autorizados por el juzgado para destruir todo el material eléctrico para criarlas. Es decir, varios balastros, una quincena de focos de 600 watios y un par de aparatos de aire. Los primeros son unos dispositivos que crean un pico de tensión con el que la lámpara funciona. Y todo ello, sin nigún tipo de contrato de luz, enganchándose de forma ilegal a la red pública.
El cultivo de esta droga demanda luz las 24 horas del día y los 365 días del año, lo que supone un enorme riesgo de sobrecarga de la red y, por tanto, de incendio. Pero este fraude crea también un grave perjuicio al resto de usuarios, que cumplen con la ley y cuentan con un contrato en regla.
Si este existiera, para una plantación de unas 500 plantas, son necesarios unos 170 amperios. Su coste puede ser de unos 130 euros diarios, más de 4.000 euros al mes, más todo su montaje que suele costar unos 1.500 euros por habitación.
En comparación, según uno de los técnicos in situ, dependiendo de la cantidad pueden alcanzar un consumo de unas 15 viviendas a máxima potencia las 24 horas al día.
Un transformador en la zona de la Policía Local
Además ya lo hacen casi sin impunidad. Dos bloques enteros, que albergan unas 45 viviendas de alquiler social en otra zona del mismo barrio, se han engachado al transformador de la zona en la que se encuentra la jefatura de la Policía Local de Loja, ubicada a unos 20 metros del mismo.
El alquiler de estas viviendas son 10 euros al mes, aunque son muy pocos vecinos los que lo abonan y los que tiene contadores de luz legales. De ahí que precisen luz no sólo para posibles plantaciones, sino también para el uso doméstico.
Para ello, se enganchan a dos tranformadores. Un transformador cercano a un centro público con el riesgo de incendio que conlleva, y el otro es el citado casi en el edificio contiguo de la jefatura de la Policía Local.
A este segundo lo hacen no de cualquier forma. Tiran un cable kilométrico que transcurre por una acequia, con los riesgos existentes por el alto grado de electrocutación a la hora de ser manipulado al no estar homologado ni contar con el aislamiento suficiente para entrar en contacto con el agua.
Este servicio lo hicieron esa misma mañana acompañados por la Guardia Civil bajo la atenta mirada de un buen número de vecinos que se arremolinaban en la zona.
Los técnicos de Endesa, con pasamontañas
De ahí que estos técnicos vayan con el rostro cubierto con pasamontañas, acompañados de la Guardia Civil, con coches sin matrícula para no ser reconocidos y sin llamarse por su nombre. Utilizan pseudónimos para evitar la reprimenda por parte de los narcos, que puede ser peligrosa, cuando se encargan de cortarles lo que le da vida a su negocio, la luz.
El operativo inició a las 6,30 horas, conformado por 30 agentes entre la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci), de Investigación y los pertenecientes al puesto de Loja.
También los acompañaba una secretaria judicial, para levantar acta e informar de todo lo incatutado, y los cinco operarios de Endesa que con escalera y alicates en mano pasaba a cortar todo el cableado instalado de manera ilegal en la calle. Para colmo, ese día, un matiz no menor que les dificultaba el trabajo: llovía a mares como si se fuera a acabar la sequía en Andalucía de un plumazo.
El operativo se distribuía de la siguiente manera: los agentes de la Useci se alineaban en el exterior y eran los primeros en entrar en la vivienda para comprobar la existencia de moradores y si estos estaban armados. En la jornada, no toparon con ningún inquilino que llevara armas, pero cada vez suele ser más habitual.
Una vez allanado el camino, entraban la secretaria judicial, los técnicos de la compañía eléctrica para comprobar la existencia de defraudación de fluido eléctrico y los agentes encargados de cortar las plantas y meterlas en grandes sacos transparentes. Esta se suele transportar en tráiler a Asturias, donde hay un crematorio especializado.
No obstante, antes se analiza para conocer su procedencia y su pureza. Una circunstancia cada vez más habitual de sus propietarios es acelerar el crecimiento con productos químicos especializados para este tipo de plantas. Esto propicia que lleguen a la cadena de consumo adulteradas y capaces de causar mayores efectos secundarios, la mayoría negativos, en los consumidores.
A principios de año el Ministerio de Sanidad anunció que iba a abrir del nuevo el melón de la regulación del cannabis medicinal tras decaer en la anterior legislatura por el adelanto electoral.
España es de los pocos grandes países europeos que no tiene un programa medicinal regulado al respecto, pese a que tiene un gran respaldo social. Un 84% estaba a favor de este uso la última vez que preguntó el CIS. No obstante, agentes que conformaban este operativo, en concreto, creen que el uso de estos productos en cada vez más plantaciones lo aleja de su regulación.
Endurecer las penas
Aunque los agentes realizan su trabajo, que es defender la legalidad, no ocultan cierta frustación cuando comprueban que en esa misma tarde una vivienda registrada por la mañana está operativa de nuevo para criar marihuana. O cuando se los encuentran en un centro comercial comprando artículos de alta gama y llegan a reconocerlos.
"Las penas son mínimas", alega uno de ellos. De ahí que en muchos casos, cuando el juzgado los condena acuden y pagan la multa, casi siempre en metálico. En concreto, las penas suelen oscilar entre uno y tres años de cárcel, dependiendo de la cantidad, y la multa puede variar desde los 601 a 30.000 euros.
No obstante, como dice el dicho popular, se las saben todas. Muchas veces se identifica como responsable de la plantación el otro miembro de la pareja o pagan a otras personas para que lo hagan con el fin de no ir acumulado antecedentes y no entrar en prisión. De hecho, ninguno de los responsables de estas plantaciones irá a la cárcel por las mismas si no han delinquido antes.
De las viviendas registradas en esta redada en concreto, dos estaban habitadas y otras dos eran utilizadas más bien como narcopisos, pues prácticamente todas las habitaciones estaban repletas de marihuana.
En la segunda, una pareja de jóvenes dormía plácidamente en la parte de abajo de la casa cuando la Guardia Civil les despertó. Al varón de 19 años, que reconoció que era el dueño de la plantación, le llegaron a poner las esposas por sus violentas formas cuando entraron los agentes.
La chica, agachada en el suelo y con síntomas incluso de sufrir un ataque de ansiedad que no le llegó a dar, pidió permiso hasta para tomarse el café que acababa de preparar.
Mientras tanto, el joven, más calmado y ya sin los grilletes, firmó el auto de incautación de 250 plantas que ocupaban la planta de arriba, dijo que contactaría con su abogado y justificó su tenencia: "Somos gitanos, es la única forma que tenemos de ganarnos la vida".
Todo ello, al mismo tiempo que reprendía a uno de los agentes que en el registro le había tirado al suelo uno de los frascos de perfume por valor de 100 euros.
Otra de las viviendas registradas, en la que se incautaron 300 macetas e incluso tenía alarma contratada, estaba vacía. Supuestamente el dueño vivía en otra. En este caso es el juzgado quien se pone en contacto con el propietario, a través del padrón municipal, para informarle de la incautación y requerirlo.
Desde la Guardia Civil lamentan que solucionar este problema es difícil teniendo en cuenta que las penas por su tenencia son muy bajas al estar considerada como una droga que no causa grave daño a la salud. Por tanto, creen que parte de la solución estaría en endurecerlas.
Es la misma petición que realizan desde Endesa para el delito de fraude eléctrico con el fin de que se equiparen a las impuestas en otros países europeos como Alemania, Francia o Italia. Allí son muy superiores y tienen un carácter disuasorio. Por ejemplo, en Alemania su Código Penal establece una pena de cárcel de hasta cinco años.
Sin embargo, en España el artículo 255 recoge que este delito supone una multa que va de tres a doce meses. Y di la cuantía de lo defraudado no excede los 400 euros, la misma es menor.
En los tres últimos años se han descubierto en España cerca de 190.000 casos de fraude eléctrico, lo que supone un alto coste para las empresas del sector, que estiman en 2.000 millones de euros.
No obstante, insisten en que su mayor preocupación es la manipulación que realizan estas mafias en las instalaciones generando un riesgo real para los consumidores y para la calidad del suministro.