El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Antonio de La Haza, continuará en su cargo. El Pleno del Congreso rechazó el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomendaba acusarlo e inhabilitarlo en el ejercicio de la función pública por el plazo de 10 años. En consecuencia, dicho documento fue mandando al archivo.
Se necesitaban 67 votos para aprobar la sanción contra el magistrado. En el Pleno solo se obtuvieron 42 adhesiones a favor, 37 en contra y se registraron 10 abstenciones.
Las bancadas que apoyaron la remoción de De la Haza fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Somos Perú y Podemos Perú. En tanto, Cambio Democrático-Juntos por el Perú y Alianza para el Progreso (APP) opusieron.
Los grupos de Avanza País, Bloque Magisterial y Acción Popular se dividieron al momento de la votación.
El último jueves, el Pleno aprobó, con 73 votos a favor, el pedido para reconsiderar la decisión inicial de rechazar la sanción contra este magistrado. En la votación inicial solo se registraron 51 adhesiones para destituirlo en el cargo, de las 67 que se requerían como mínimo.
Ese mismo día, el Parlamento aprobó destituir e inhabilitar, por 10 años, al vicepresidente de la institución, Aldo Vásquez, y la magistrada Inés Tello. En tanto, Imelda Tumialán, Guillermo Thornberry, María Zavala y José Ávila, quien renunció tras conocerse sus vínculos con Jaime Villanueva, se salvaron de ser sancionados.
¿De qué se les acusa a los miembros de la JNJ?
Tanto Vásquez como Tumialán, Zavala, Thornberry, De la Haza y Ávila fueron acusados por la presunta infracción de los artículos 156, inciso 3, y 139, inciso 3, de la Constitución.
En el caso de Tello, se le acusa de haber infringido el artículo 156, inciso 3, de la Constitución, que regula los requisitos para ser miembro de la JNJ.
Los magistrados de la JNJ fueron denunciados constitucionalmente por permitir que Tello permanezca en el cargo, pese a que superó el límite de edad (75 años) para ser miembro de la institución.