Dice el refrán que "a río revuelto, ganancia de pescadores". Y si la mayoría de los que se acercan al escenario de un accidente lo hacen con intención de ayudar a los heridos, no podemos obviar que también hay quienes buscan apropiarse del reloj del que yace en plena agonía. Todos sospechábamos que durante la pandemia, amén del heroísmo de tantos que arriesgaron su vida en mayor o menor medida –personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, agricultores, transportistas, etc.– mientras la mayoría vivíamos confinados, pululaban por los despachos hermanos, primos, amigos, colaboradores y demás facilitadores que se ofrecían como intermediarios y cooperadores con la intención de sacar tajada de la desgracia general. No era difícil intuirlo en plena emergencia y con los controles administrativos relajados.
El profesor Robert Klitgaard, que ha dedicado su carrera a estudiar cómo combatir la corrupción, la definió en su libro Controlling Corruption (1988), como el resultado de restar la rendición de cuentas a la suma de monopolio y discrecionalidad. La pandemia fue un momento en el que monopolio y discrecionalidad se presentaron en plena conjunción. Y entonces, lo que hizo aguas fue la ética de los gobernantes y la de quienes aparecieron de la nada para convertir el dolor ajeno en modo de enriquecerse. Sin olvidar a algún funcionario público que optó por satisfacer al gobierno de turno, traicionando su debida lealtad al estado. Porque los gobiernos pasan pero el estado permanece. Y este, se debe a los ciudadanos.
Lo que resulta inadmisible es que una vez superada la pandemia no se exigiera una pormenorizada y pública rendición de cuentas de todos y cada uno de los contratos realizados por las administraciones públicas. No bastaba con seguir los procedimientos habituales pues la situación fue absolutamente extraordinaria. La corrupción, y lo hemos sufrido muchas veces, provoca devastadoras consecuencias para los gobiernos, socava su crédito e impide el cumplimiento de los fines asignados por la sociedad. Mucho más en este caso donde lo que se ponía en peligro, no era sólo la hacienda, sino la vida y la salud de los ciudadanos. Muy especialmente, la de los más vulnerables.
Es en los momentos graves donde se demuestra la calidad moral de las personas. Es triste comprobar que han sido demasiados los que demostraron su miseria moral. Al menos, pidamos cuentas y exijamos responsabilidades.