Cuatro años después de la declaración del estado de alarma por la pandemia de Covid comienzan a conocerse detalles de las contrataciones que las diferentes administraciones realizaron para conseguir mascarillas. Coincidiendo con el caso Koldo o las informaciones sobre la investigación abierta pareja de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el Consello de Contas publicó esta semana un informe que fiscaliza la actuación de los ayuntamientos gallegos. El documento resalta que el Concello de Santiago realizó 85 contratos sin que constase la justificación de emergencia. Son más de la mitad de los 161 detectados en todas las administraciones locales de Galicia.
El informe del órgano fiscalizador pone el foco en dos contratos para adquirir un total de 14.000 mascarillas. En estos casos la actividad de la empresa suministradora no tenía nada que ver con la venta de material sanitario. Uno de ellos se realizó con la Asociación Área Empresarial del Tambre, que suministró al Ayuntamiento 4.000 unidades. Su presidente, José Fernández Alborés, recuerda perfectamente la compra. En los primeros compases del estado de alarma tanto las administraciones públicas como los empresarios se lanzaron a intentar conseguir mascarillas que permitiesen mantener en funcionamiento su actividad. En Raxoi sólo los bomberos contaban con algún stock de mascarillas y ni la Policía Local ni los trabajadores del resto de servicios que presta el Concello disponían de ellas para poder seguir trabajando minimizando el riesgo de contagio de coronavirus.
"A través de la Confederación de Empresarios de Coruña conseguimos 94.000 mascarillas", relata Alborés. La compra, prosigue, se logró además a un precio que distaba mucho de lo que se estaba pagando en el mercado en esos momentos, 36 céntimos cada una. La idea de la entidad empresarial era repartirlas entre sus asociados, pero entonces "me llamó Bugallo", indica su presidente. El entonces alcalde compostelano le pidió si podían pasarle parte de la mercancía para no tener que paralizar los servicios públicos como la recogida de basura, la limpieza de calles o el servicio de ayuda en el hogar. "Prorrateamos entre las más de 80 empresas y les ofrecimos 4.000. Tardaron más de un año en pagarlas", recuerda Alborés. En total la factura ascendió a 1.446 euros más IVA.
Alborés asegura no estar preocupado por el informe del Consello de Contas. "Nosotros no estábamos para ganar dinero", subraya, "lo hicimos para ayudar". Afirma que ni se encarecieron los precios, ni nadie cobró comisiones por el pedido para el Ayuntamiento. "En esos momentos no había mascarillas, había mucha gente que las estaba pagando por encima del euro y medio o dos euros", recuerda Alborés.
Ranebe 2003 S.L.
Además de la Asociación de Empresarios del Tambre, el informe del Consello de Contas detectó otra empresa que suministró 10.000 mascarillas al Ayuntamiento de Santiago con un objeto social que "no guarda relación con el objeto del contrato". Se trata de Ranebe 2003 S.L, que en el registro mercantil figura como administración de valores mobiliarios y participaciones propiedad de la sociedad, y construcción y promoción de viviendas". Como administrador figura el inversor gallego Ramón Devesa Morandeiras, que fue uno de los empresarios que en 2012 habían inyectado dinero a Nova Galicia Banco y después lo perdió tras el rescate bancario, una operación que acabó judicializada. El CORREO GALLEGO intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con Devesa para que explicase por qué el Concello de Santiago le había comprado mascarillas.
Como el objeto social de ambas entidades no coincidía con el objeto social, el Ayuntamiento de Santiago hizo que tanto Alborés como Devesa firmasen una declaración responsable de cumplimento de los requisitos legales para contratar con las administraciones a las que ha tenido acceso este diario.
Listado abultado de contratos
El informe del Consello de Contas ha revolucionado la política local esta semana. El PP ha pedido una auditoria para aclarar la situación de los 85 contratos adjudicados por procedimiento de emergencia en 2020 de los que Contas afirmó que no consta "justificación". Lo hacía mientras la oposición reclama también que se investiguen las compras efectuadas por la Xunta durante la pandemia a nivel autonómico y los populares se niegan. El propio presidente gallego, Alfonso Rueda aseveró ayer que los contratos ya fueron "examinados suficientemente" y rechazó "meterse" en lo qué pide su formación en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela.
Desde el PSOE local, su portavoz Gonzalo Muiños defendió la legalidad de los 85 contratos que en total suman un importe de 1,35 millones de euros. Los socialistas cargan contra el actual Ejecutivo local. No entienden por qué cuando el Consello de Contas abrió un periodo de alegaciones para que se remitiese toda la documentación no se hizo. El documento sí recoge que el 9 de enero el Consello de Contas se dirigió a las administraciones implicadas para que pudieran contestar a las conclusiones de su informe y que se lo enviasen "a los anteriores responsables" de las instituciones. "Y eso no se produjo. Esto sí que es grave", lamentó Muíños.
La alcaldesa Goretti Sanmartín también ha quitado hierro al informe del órgano fiscalizador de las administraciones públicas. "Probablemente, lo que ocurre es que Contas no tiene toda la información", aseveró en declaraciones a los medios esta semana, para considerar que los contratos cumplían con los requisitos legales. Sanmartín no aclaró si se remitirá esa información que falta. Preguntadas por el asunto, fuentes de la alcaldía se limitaron ayer a responder que en el Concello "se está contrastando la información".
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