TIENE el PSOE una abyecta relación con el 14 de marzo. Hace veinte años no tuvo escrúpulos, ni con más de 190 muertos aún sin enterrar, para usar en provecho propio las viles mentiras de José María Aznar y hacerse con el poder –legítimo y democrático, no lo pongo en duda– de una forma manifiestamente inmoral. Tanto como Aznar. Pásalo.
Hace cuatro años, Pedro Sánchez declaró en esa misma fecha un estado de alarma que vulneró la Constitución, según sentencia firme, para confinar a todo el país porque ni se tomó en serio la amenaza del coronavirus ni había preparado al Estado para contar con el material sanitario para protegernos de la pandemia de Covid-19. Hoy sabemos que mientras nos decían en sus homilías televisadas que las mascarillas no estaba probado que contuvieran el contagio, en el corazón del Gobierno no sólo se afanaban en buscarlas a cualquier precio, sino que, según investiga la justicia, los gigantes de la militancia socialista se enriquecían cometiendo presuntamente un delito reservado sólo a empleados públicos: el cohecho.
La tríada que convierte el 14 de marzo en el día de la infamia para el PSOE es el que vivimos ayer. El partido de Pedro Sánchez hizo realidad la rendición del Estado ante los sediciosos que subvirtieron el orden constitucional en septiembre y octubre de 2017, con las leyes de desconexión, el referendo ilegal y la declaración unilateral de independencia. Lo hizo mediante una proposición de ley de amnistía que presentó como resultado de la transacción corrupta de trocar los siete votos clave para la investidura de noviembre pasado a cambio de impunidad penal –incluso para delitos de terrorismo y alta traición–, asumiendo vergonzantemente el relato falso del independentismo. Una norma redactada al dictado de los beneficiarios de la ley, que han ido modificando para intentar asegurar el blindaje para borrar cualquier delito cometido por el líder de los sediciosos, Carles Puigdemont, y sus correligionarios y que han votado los partidos de los amnistiados. Jueces y parte.
La infamia del 14 de marzo está consumada. Una mancha que el PSOE no podrá borrar nunca y que nadie dentro de ese partido histórico y hasta ahora sistémico en la democracia española supo parar. Incluso aunque la Justicia española o europea –la única esperanza que queda– logre desactivarla, aunque su aplicación se torne inviable por antijurídica, al socialismo español le queda desde ayer la mácula de la corrupción más execrable: vender por siete votos la dignidad del Estado para seguir en el poder.