El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre del tramo de costa de Mogán, de unos 4.945 metros de longitud, comprendido entre la Punta de la Mesa de Tauro hasta el acantilado de Taurito, según se define «en los planos suscritos en febrero de 2024 por el Jefe de la Demarcación de Costas en Canarias» y tras desestimar las alegaciones del Ayuntamiento de Mogán y de empresas turísticas ubicadas en ese litoral, en el que se encuentran también las playas de Los Frailes, Medio Almud o Tiritaña.
El anuncio de la Dirección General de la Costa y el Mar, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ordena a la Demarcación de Costas de Canarias que «inicie las actuaciones conducentes a rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde aprobado».
También se otorga el plazo de un año para solicitar la correspondiente concesión a aquellos titulares de terrenos incluidos en el dominio público marítimo-terrestre que pudieran acreditar su inclusión en alguno de los supuestos contemplados en la actual normativa, en concreto la disposición transitoria primera de la Ley de Costas de 1988.
La resolución del Ministerio desestima alegaciones del Ayuntamiento de Mogán y de las mercantiles Unimadoc, Katanga Inversiones y Abidemi, coincidentes en reclamar que la anchura de protección se estableciera en los 20 metros de la normativa del año 1969, no en los 100 metros fijados por la Demarcación de Costas en las Islas. Por distintos motivos también se opusieron y pidieron la nulidad las empresas Aldiana Fuerteventura, Suite Taurito, South Paradise, Hoteles Archipiélago Canario, Mar Abierto, Juan del Sur y Cresurve.
Por su parte, el Cabildo de Gran Canaria emitió un informe favorable a la propuesta de deslinde, ya que «resulta compatible con los objetivos y criterios estratégicos de ordenación del planeamiento insular para dicha franja costera». El Registro de la Propiedad no respondió.
El actual expediente de deslinde se incoó el 24 de febrero de 2022 después de que la Audiencia Nacional anulara el que se había aprobado en el año 2009 por un recurso contencioso administrativo interpuesto por la empresa Hermanos Santana Cazorla.
El 28 de marzo de 2022 se solicitaron informes a la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, al Cabildo y al Ayuntamiento de Mogán. A este último también se le pidió la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en el ámbito afectado por el deslinde.
El Gobierno autónomo, señala la resolución, «indicó esencialmente que el planeamiento vigente en el año 1988 son las Normas Subsidiarias de Planeamiento del término municipal de Mogán, aprobada el 17 de noviembre de 1987, y que según dicho documento, los terrenos comprendidos entre los vértices 3 y 139 estaban clasificados como suelo urbanizable, por lo que, a su juicio, la servidumbre de protección ha de ser de 20 metros. Asimismo indican en su informe que la cartografía utilizada no está actualizada».
El informe del Ayuntamiento de Mogán enumeró los antecedentes urbanísticos del tramo afectado por el deslinde, indicando, en relación con la anchura de la servidumbre de protección, que a la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, de 28 de julio, en el ámbito del deslinde, el suelo ostentaba la clasificación de suelo urbanizable y contaba con Plan Parcial aprobado (Centro de Interés Turístico Nacional el Complejo «Costa Tauritos»), por lo que resultaría de aplicación lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera de dicha Ley.
Luego, en el plazo de alegaciones, el Ayuntamiento sureño reiteró «en esencia sus anteriores manifestaciones en relación con la anchura de la servidumbre de protección, añadiendo que el hecho de que el suelo no se encuentre totalmente urbanizado no es por causa imputable a los propietarios, sino fruto de antecedentes urbanísticos, siendo varios los actos imputables a la administración los que han imposibilitado y alargado en el tiempo el desarrollo del ámbito afectado, siendo por tanto de aplicación la disposición transitoria tercera.
La resolución publicada ayer en el BOE que pone fin a la vía administrativa y los interesados en el expediente que no sean Administraciones Públicas podrán interponer con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes ante la Ministra para la Transición Ecológica o, directamente, un recurso contencioso en la Audiencia Nacional.
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