El gobierno nacional anunció esta semana la eliminación del Potenciar Trabajo y su reconversión en otros dos programas, uno que apunta a la inclusión laboral y otro que mantiene la asistencia para los hogares "con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social". Se trata del programa que brindaba a los beneficiarios la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil, y exigía como contraprestación la participación en procesos socioproductivos y comunitarios. A nivel nacional el programa cuenta con más de 1.600.000 beneficiarios, de los cuales unos 25 mil corresponden a Rosario, y que cobran unos 78 mil pesos, cifra que no se actualiza desde noviembre. La medida busca eliminar la "intermediación" de las organizaciones sociales que, paradójicamente, oficiaban de garantes de esas contraprestaciones a pedido del Estado. Para los movimientos locales, se trata de un nuevo intento del gobierno nacional por romper la organización colectiva construida durante años y advirtieron que las organizaciones son "el último dique de contención de una situación social que está al borde de la explosión".
La noticia se conoció el pasado jueves, luego de la publicación del decreto 198/2024 en el Boletín Oficial. Allí se estableció reemplazar el Potenciar Trabajo por otras dos líneas. Una denominada Volver al Trabajo, destinada a personas de entre 18 y 49 años, que busca impulsar la inserción de los beneficiarios en el mercado laboral formal con "prácticas formativas en ambientes de trabajo y asistencia al desarrollo de emprendimientos productivos individuales o asociativos". La otra línea, denominada Acompañamiento Social, está dirigida a personas mayores de 50 años y madres de 4 o más hijos, que apunta a "la mejora de las condiciones de vida de los hogares con mayor grado de exclusión y vulnerabilidad social". Según informaron, el beneficio del Potenciar Trabajo se mantendrá hasta que todos los beneficiarios sean traspasados a uno de los dos nuevos programas.
En la ciudad son alrededor de 25 mil los beneficiarios de este plan. Para los movimientos sociales locales, el anuncio del gobierno va en contra de su propio discurso: si las organizaciones son las garantes de que los beneficiarios cumplan con los trabajos a modo de contraprestación y el gobierno quiere quitarlas de su rol como intermediarias, ¿quién audita que los trabajos se realicen? En diálogo con Rosario/12 distintos dirigentes sociales analizaron la medida y consideraron que se trata de un nuevo intento por romper con la organización colectiva, en medio de un contexto de crisis social.
"Se inscribe en la línea que tiene el gobierno de desactivar las organizaciones sociales y cortar el vínculo que tiene con la población más empobrecida de la Argentina, que se fue construyendo a lo largo de décadas", evaluó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario. "Pero con una medida administrativa no va a poder cortar un vínculo que también es una herramienta para pelear por los derechos que el Estado niega. Nosotros no tenemos ninguna ilusión de que esto aborde el problema del trabajo ni de que sea algo que mejore el panorama", agregó.
Para el dirigente social, la iniciativa del gobierno está más cercana a cerrar oportunidades que abrirlas. "La tendencia va a ser generar más bajas, porque la idea del volver al trabajo no se corresponde en absoluto con la realidad. Hay una recesión brutal donde ya ni siquiera se consiguen changas, entonces qué trabajo formal puede haber", evaluó y añadió: "Las organizaciones fuimos contención para darle un sentido de la vida a una parte importantísima de la población que viene siendo negada en el mercado laboral".
Según Delmonte, el anuncio del gobierno tiene una intención política marcada que es ir debilitando el vínculo entre las organizaciones sociales y los sectores más vulnerables de la población: "De esa manera intentar sacar de la calle a los sectores de trabajadores que son los más golpeados por las sucesivas crisis. Y que han sido un factor fundamental en cada lucha popular. Y creo que el gobierno, con el ajuste que tiene en curso y el que va a profundizar, está tratando de desactivar los posibles focos de conflicto. Pero la Argentina tiene mucha tradición de lucha".
Por su parte, Hernán Sorrequieta, integrante del Movimiento Evita, consideró que los gobiernos mantienen una visión sesgada respecto a su intención por incluir laboralmente a los sectores populares. "Lo que nosotros decimos es que hay trabajo. Los cartoneros, los feriantes, los que trabajan en pequeñas unidades productivas, las cooperativas, el trabajo sociocomunitario en los comedores y merenderos, son un trabajo que debe ser reconocido", indicó. Hasta el momento ese trabajo –por el que los beneficiarios reciben un dinero que ayuda a engrosar sus ingresos– es certificado por las organizaciones sociales.
"Lo que está haciendo el gobierno con este verso de eliminar los intermediarios, es eliminar esa certificación de servicios de contraprestación. Por lo tanto, el gobierno que tiene un discurso que estigmatiza el trabajo de los sectores populares diciendo que son todos vagos, ahora busca eliminar el control que había sobre esos trabajos. Es decir que lejos de fomentar que eso se realice y que haya una contraprestación, directamente lo que están haciendo es eliminarla", evaluó Sorrequieta.
Para el referente del Movimiento Evita, la medida es "un ataque más" a las organizaciones sociales que hoy ofician como "el último dique de contención de una situación social que está al borde de la explosión" a partir de una crisis profundizada por el gobierno. "Es un avance más intentando estigmatizar a los movimientos populares, con el objetivo de desviar la atención sobre la profunda crisis que existe", expresó y agregó: "Lo que no entiende el gobierno es que en medio de la crisis las organizaciones crecen más, y lo hacen con o sin Potenciar Trabajo, con o sin envío de alimentos, porque es la última herramienta que tiene alguien que la está pasando mal en un barrio. Y lo sabemos porque ya lo vivimos".
En una misma línea, Victoria Clérici, integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) aclaró que las organizaciones son intermediarias porque los sucesivos gobiernos así lo dispusieron ante la dificultad que representar atender la situación de miles de personas. "Esa tarea el Estado nunca la quiso hacer. Las organizaciones no manejan ni la plata, ni las tarjetas, ni las cuentas de los beneficiarios. Eso nunca fue así. Lo único que hacen es formar parte de la discusión con el gobierno respecto a los alcances del programa. Y asumimos la responsabilidad del cumplimiento del Potenciar Trabajo, sea en horas, o garantizando que se finalicen los estudios, como se propuso en algún momento. Esto es lo mismo", manifestó.
Para la dirigente, lo que se desprende del decreto es "una nueva estrategia para desmovilizar y romper con la acción colectiva de las organizaciones". No obstante, Clérici aseguró que como organización buscan conocer los detalles de la implementación del programa, para evaluar los pasos a seguir: "Discutiremos, llegado el caso, como lo hemos hecho durante el macrismo cuando impusieron el tema de las capacitaciones. Nosotros nos preguntamos quién le puede enseñar algo a un cartonero que, de recolectar en las calles durante años pasó a manejar una planta de reciclado y conoce toda la circularidad del producto. ¿En qué quieren formar a esas personas que se crearon su propio trabajo de la nada en medio de la crisis? Creo que hay mucho desconocimiento y también se subestima a los propios trabajadores".