Eduardo López Alonso
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado este martes de que ha presentado su quinta demanda colectiva contra el cártel de coches entre los años 2006 y 2013. La demanda afecta directamente a las marcas Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep, Dodge, y la matriz de todas ellas. Según los cálculos de los peritos contratados por la OCU, los afectados podrían recuperar el 10,61% de lo pagado entonces más intereses, lo que en términos prácticos equivale a una indemnización total de entre un 14% y un 17,5% en función de la fecha de compra.
El cártel de coches ofrece a organizaciones de consumidores y bufetes de abogados un campo importante para reclamaciones exitosas. Tras la presentación hace unos días de la mayor reclamación colectiva nunca registrada en España, un total de 13.000 afectados, ha supuesto abrir el pastel judicial que puede suponer el cártel para bufetes de abogados, asociaciones de consumidores como Facua o la OCU, pero también instrumentos de apoyo creados exprofeso para litigar con garantías.
El tamaño total del caso del cártel de coches se estima rondará los 300 millones de euros, en diferentes juzgados españoles, lo que explica en gran medida el interés de abogados y plataformas para canalizar las reclamaciones y aprovechar ese pastel de negocio procesal abierto. El 23 de julio de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de 171 millones de euros a 21 empresas de automoción y a dos empresas consultoras por prácticas anticompetitivas. El Tribunal Supremo las confirmó en 2021. Según la investigación de la CNMC, lo que hacían las marcas era intercambiar información confidencial entre ellos, los márgenes de descuento de los concesionarios se coordinaban y no había ofertas agresivas. El número de reclamaciones presentadas hasta ahora es relativamente pequeño en comparación con el volumen de compradores afectados, estimado en 7,9 millones de personas. Algunas demandas en torno al cártel de coches se han presentado de manera individual. Pero nadie conoce la cifra exacta. Dado que se canalizan a través de juicios verbales por importe menor a 3.000 euros de indemnización, que no tienen posibilidad de apelación y que no trascienden a la opinión pública.
La OCU destaca que en su demanda colectiva no es necesario que los demandantes entreguen una provisión de fondos ni asumir las costas en caso del rechazo a una eventual condena a las marcas. La quinta demanda ha sido presentada ante los Juzgados de lo Mercantil de Pontevedra.
Esta indemnización demandada pretende resarcir a los propietarios que pagaron un sobreprecio en la compra de sus vehículos debido al pacto colusorio realizado por las citadas marcas. Gracias a la legitimación especial de esta asociación, OCU ejercita una acción colectiva por intereses difusos, es decir, por los intereses de los afectados por el mencionado cártel de automóviles.
En la práctica esto quiere decir que los compradores de un vehículo de las siguientes marcas y en las siguientes fechas, son los beneficiarios de esta acción, por ser los periodos acreditados en el que los correspondientes fabricantes participaron en el pacto ilegal:
- Peugeot, Citroën y Opel: de febrero de 2006 a julio de 2013
- Fiat, Alfa Romeo y Lancia: de febrero de 2006 a agosto de 2013
- Chrysler, Jeep y Dodge: de abril de 2008 a agosto de 2013
Dos de las demandas presentadas en octubre de 2023 ya han sido admitidas a trámite. En la OCU esperan "que esta que se presenta ahora corra la misma suerte y se haga justicia para los afectados". Asimismo, OCU anuncia que presentará de manera inminente el resto de las demandas colectivas contra las restantes marcas, hasta completar el elenco de todos los fabricantes que fueron sancionados por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, por prácticas restrictivas de la competencia. La demanda de la OCU y los peritajes han sido elaborados por un equipo de economistas, abogados, estadísticos, ingenieros y editores de OCU que, en colaboración con laboratorios independientes, analizan desde 1975 los principales productos y servicios de consumo.
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