San José, 9 mar (EFE).- El Gobierno de Nicaragua condenó ese sábado las sanciones impuestas por parte de Estados Unidos contra el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, otros diez individuos y tres entidades por corrupción y abusos de derechos humanos.
El Gobierno que desde 2007 preside Daniel Ortega "condena enérgicamente la continuidad de la política agresiva, injerencista e intervencionista de los Estados Unidos de Norteamérica contra los pueblos dignos del mundo, y en particular, contra la República de Zimbabue", señaló la Cancillería de Nicaragua en una nota enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Zimbabue.
En el documento, suscrito por el canciller Denis Moncada Colindres, Managua denunció que continúan "presenciando la ideología de dominación imperialista y neocolonialista de Occidente al intentar subyugar y amedrentar con prácticas unipolares, racistas y excluyentes el desarrollo de nuestros pueblos y sus esfuerzos en la lucha contra la pobreza, que optan por un camino de independencia política y autodeterminación".
Según el Ejecutivo sandinista, esas medidas en contra de la economía y el pueblo de Zimbabue se dan en violación de su soberanía como nación africana independiente de pleno derecho en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, así como los propósitos y principios consagrados en dicha Carta y las normas básicas del derecho internacional.
"En este contexto, reafirmamos nuestra inquebrantable solidaridad con la República de Zimbabue y su heroico pueblo, que ha soportado las dificultades ocasionadas por las ilegales medidas coercitivas unilaterales durante más de dos decenios", indicó el Gobierno nicaragüense.
Asimismo, Managua reiteró su "condena a estas agresiones" y exigió "el fin inmediato e incondicional de todas las medidas atroces dirigidas contra la República de Zimbabue y de todos los pueblos y naciones afectados de forma similar por dichas sanciones ilegales desde cualquier ámbito".
En su decisión anunciada el lunes pasado, el Tesoro estadounidense revisó el programa de sanciones impuesto en 2003, retirando la "emergencia nacional" declarada sobre Zimbabue y las restricciones económicas impuestas contra el país en general.
"Los cambios que estamos haciendo hoy tienen el objetivo de dejar claro lo que siempre ha sido cierto: nuestras sanciones no están dirigidas contra el pueblo de Zimbabue. Hoy estamos reenfocando nuestras sanciones contra objetivos claros y específicos", señaló entonces en un comunicado el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo.
Washington centrará ahora las medidas, además de contra Mnangagwa, contra su mujer, Auxillia; el vicepresidente, Constantino Chiwenga; y varios altos cargos de los servicios de seguridad y empresarios del país.
El Tesoro acusa al presidente de actividades corruptas, como ofrecer protección a contrabandistas de oro y diamantes y facilitar su venta en mercados ilícitos a cambio de sobornos, así como de supervisar a las fuerzas de seguridad que reprimen violentamente a la oposición y a la sociedad civil, de lo que organismos humanitarios también señalan al Gobierno de Ortega.
Estas sanciones bloquean cualquier activo que los afectados tengan en EE.UU. y les impiden visitar ese país en viajes no oficiales, además de prohibir a ciudadanos estadounidenses hacer negocios con ellos.
A principios de este mes, la UE renovó por un año, hasta febrero de 2025, sus sanciones, que consisten ahora en un embargo de armas y equipos que puedan usarse para la represión interior y un bloqueo selectivo de activos de una empresa estatal de fabricación y adquisición de armas, Zimbabwe Defence Industries (ZDI). EFE
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