ELECCIONES EN VENEZUELA Y EL GOBIERNO FEDERAL DEJÓ FUERA A CHIHUAHUA OTRA VEZ
La reciente firma del convenio "Vuelta a la Patria" entre los gobiernos de México y Venezuela, a cuatro meses que sean las elecciones de este país, genera una expectativa y duda sobre el destinado de los recursos que se buscan facilitar el retorno de venezolanos, para brindarles apoyo económico y laboral para su reintegración, ha generado controversia. Este acuerdo, que prevé la deportación de migrantes venezolanos con el fin de integrarlos en programas de apoyo social financiados por México, incluye un apoyo financiero mediante una tarjeta con un depósito de 110 dólares mensuales durante seis meses, equivalente a 1 mil 845 pesos mexicanos mensuales, por 6 meses, que representan poco más de 11 mil pesos. Además, empresas como Polar (venezolana), PDVSA (venezolana), Bimbo, y FEMSA (mexicanas) se han comprometido a emplear a los migrantes deportados, con un acuerdo con 50 empresas mexicanas para ofrecer 10,000 empleos a migrantes.
A primera vista, este acuerdo podría parecer un esfuerzo humanitario loable; sin embargo, una mirada más crítica revela preocupaciones significativas sobre la priorización de los recursos y la atención del gobierno federal mexicano. Chihuahua ha sido castigado una y otra vez por el Gobierno Federal, que ahora prefiere destinar recursos directamente a los migrantes, dejando de lado las urgentes necesidades de los chihuahuenses en carreteras, seguridad o salud. La falta de obras federales en Chihuahua contrasta con la disposición a quedar bien con Venezuela.
El uso de fondos públicos mexicanos, destinados originalmente a programas sociales para ciudadanos mexicanos, en iniciativas de repatriación de migrantes venezolanos, plantea serias dudas sobre la transparencia y la justificación de estas decisiones. La falta de claridad sobre la fuente de estos fondos, el número de beneficiarios, y el número de migrantes localizados —entre el 1 y el 14 de marzo se localizaron 6 mil 667 migrantes de diversas nacionalidades en la frontera entre México y Estados Unidos, siendo las nacionalidades más recurrentes Ecuador, Venezuela, Colombia, Honduras y Cuba— hace que sea imposible evaluar la eficacia y la justicia de lo que a todas luces parece un desvío de recursos. Además, el hecho de que estos recursos se estén utilizando para abordar cuestiones migratorias con Venezuela, mientras se descuidan necesidades urgentes dentro de México, como la atención a los tramos carreteros federales en Chihuahua y la crisis en el sector salud evidenciada por la falta de medicamentos y médicos en instituciones como el ISSSTE e IMSS, es alarmante.
Este enfoque en la migración internacional también parece desviar la atención de asuntos internos críticos. La demanda de senadores de oposición por el esclarecimiento del "crimen de Estado" en Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, y la renuncia de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), es un recordatorio de los desafíos sin resolver en la política migratoria y de derechos humanos de México. La tragedia de Ciudad Juárez y la respuesta gubernamental subsecuente reflejan una negligencia inexcusable que no debe quedar sin respuesta.
La implicación de autoridades migratorias en prácticas corruptas y posiblemente en complicidad con grupos criminales, como sugiere la detención de un funcionario en Tijuana con evidencia de pagos y cobros a migrantes, es otro asunto grave que demanda atención inmediata y medidas correctivas. Estos incidentes, junto con la falta de una política migratoria clara y humanitaria, socavan la credibilidad y la eficacia del gobierno en un tema tan sensible como la migración.
El convenio "Vuelta a la Patria" y la gestión de la migración en México requieren una revisión crítica. Es urgente que el gobierno federal mexicano priorice la transparencia en el uso de recursos públicos, atienda de manera urgente las necesidades internas desatendidas y adopte un enfoque más justo y eficaz hacia la migración y los derechos humanos. La solidaridad internacional no debe ser excusa para descuidar las responsabilidades nacionales ni para comprometer los principios de justicia y equidad. El bienestar de los ciudadanos mexicanos y el respeto a los derechos de todos los migrantes deben ser la piedra angular de cualquier política migratoria.
La atención prioritaria a temas como la atención a tramos carreteros federales en Chihuahua, que requiere una inversión de 9 mil millones de pesos, y la crisis en el sector de la salud, evidenciada por la falta de medicamentos y médicos en instituciones como el ISSSTE, no debe ser eclipsada por esfuerzos internacionales que, aunque importantes, no deberían comprometer la atención a las necesidades fundamentales del país. La gestión de los recursos del Estado debe ser equitativa y transparente, asegurando que los beneficios de los programas sociales lleguen a quienes realmente los necesitan dentro de México, antes de extenderlos más allá de sus fronteras.
Además, la exigencia de esclarecimiento y justicia en casos de negligencia y violación de derechos humanos, como el "crimen de Estado" en Ciudad Juárez, debe ser atendida con la misma seriedad y urgencia con que se buscan establecer acuerdos internacionales. La falta de respuesta adecuada y transparente en estos casos no solo daña la imagen del gobierno, sino que profundiza la desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.
Por otro lado, la relación con los migrantes y la gestión de su integración o repatriación debe ser manejada con un enfoque humano y de respeto a sus derechos, evitando caer en prácticas que puedan ser percibidas como forzamiento o explotación. La colaboración con empresas para la inserción laboral de migrantes repatriados es un paso positivo, pero debe ser acompañado de garantías de condiciones laborales dignas y de mecanismos de seguimiento que aseguren el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Finalmente, es fundamental que el gobierno mexicano establezca canales de diálogo y colaboración con todas las partes interesadas, incluidos los estados afectados por decisiones de política migratoria como Chihuahua, las organizaciones de la sociedad civil, y los propios migrantes, para construir políticas inclusivas y sostenibles que respondan efectivamente a las complejidades del fenómeno migratorio. Solo a través de un enfoque integral, transparente y respetuoso de los derechos humanos, México podrá enfrentar eficazmente los retos migratorios, garantizando al mismo tiempo el bienestar de sus ciudadanos y el respeto a los migrantes.