Gobernar es, sobre todo, educar
Garantizar el derecho a una educación de calidad debe ser una prioridad que exige dejar atrás espurios pactos con gremios y el adoctrinamiento en las aulas
Uno de los más de 300 artículos del megadecreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei declara que la educación se considerará un servicio esencial, algo que en rigor debería definirse en los términos que la legislación laboral describe como "servicio de importancia trascendental". Si bien aún no se conocen detalles de la medida, está claro que apunta a asegurar el dictado de clases para que los alumnos dejen de ser rehenes de los paros docentes. La controversia acerca de la prestación de un servicio de importancia trascendental y el derecho a huelga sigue en pie.
Desde la activa asociación civil Padres Organizados se celebró este anticipo y se destacó la importancia de que todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires se sumen al objetivo de cumplir con la cantidad de días de clase mínimos establecida en las normas.
Lo cierto es que urge modificar la realidad educativa a la luz de los incumplimientos a muchas de las disposiciones legales en la materia y de los resultados de distintas pruebas que confirman que nuestros chicos no alcanzan los rendimientos esperados. Las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que se realizan cada tres años, mostraron el año pasado que casi el 73% de los estudiantes secundarios no alcanzaron el nivel mínimo de matemática, que más del 54% tiene un pobre desempeño en lectura y el 55% no puede identificar la idea principal en un texto. El "apagón educativo" sufrido durante la pandemia tuvo, evidentemente, sus consecuencias en toda la región, pero los resultados previos (PISA 2018 y Aprender 2019) mostraban que los malos resultados vienen de años atrás. En este marco de situación los resultados de PISA 2021 muestran que nuestro país decayó respecto de 2018, ubicándose en el puesto 66 sobre un total de 81 evaluados. Asistimos a una ausencia de variaciones en los últimos 20 años, un triste estancamiento de nefastos efectos. Surge también de la evaluación que el 22% de los chicos se siente solo en la escuela y el 26% "como un extraño"; por lo que confirmamos que algo estamos haciendo muy mal.
En las pruebas Aprender de septiembre pasado, que evaluaron a más de 600 mil alumnos de sexto grado, mayormente de escuelas de gestión estatal, el 48% de los alumnos no alcanzó un nivel satisfactorio en matemáticas. La cifra trepa al 60% para los estratos socioeconómicos más bajos. Un niño que no comprende lo que lee en tercer grado, en sexto no podrá entender un problema matemático, señalan especialistas al referirse a la importancia de alcanzar la comprensión lectora, circunstancia que se ve confirmada con las pruebas Aprender 2022 que evaluó a estudiantes secundarios del último año: el 82,4 % no podía resolver un ejercicio simple de matemática.
El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ha sido sin duda uno de los más crueles con la educación. Un tremendo daño ha sido el resultado de burdas complicidades y ensordecedores silencios que, lejos de priorizar la educación, cerraron escuelas con ridículos argumentos, redujeron presupuestos, pactaron con los sindicatos, adoctrinaron en las aulas, bajaron y flexibilizaron las exigencias y eyectaron del sistema a miles de niños y jóvenes que ya perdieron la oportunidad de tener un mejor futuro. En consonancia con un cuestionable proyecto político, entendieron que la ignorancia de sus votantes seguía siendo su mejor reaseguro.
La situación en las provincias alcanzó situaciones escandalosas y abismales diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos. La flexibilización extrema que habilitó el pase automático al secundario con decenas de materias adeudadas ya quedó atrás en Santa Fe y, más recientemente, en Santa Cruz, una provincia atravesada por huelgas docentes con 261 días perdidos entre 2013 y 2018.
Lejos de acotarse a la cuestión económica, el desafío que enfrenta el gobierno de Milei debería poner a la educación entre sus principales prioridades. Cumplir los preceptos legales que regulan la enseñanza y el aprendizaje debe ser un deber moral. Para empezar, cumplir con las pautas vigentes que incluyen un calendario escolar de 190 días efectivos de clases, con recupero de días perdidos, horas de jornadas extendidas para la primaria y la obligatoriedad de cursar el secundario, algo que hoy apenas la mitad de los que ingresan a primer grado logran, sería un piso innegociable. Cumplir efectiva y eficientemente con la asignación del 6% del PBI destinado al financiamiento educativo debe ser un objetivo que se traduzca, con un plan meticuloso, en mejoras de la calidad para lograr superar las tremendas desigualdades existentes. Nuestro país debe volver a ocupar posiciones de vanguardia. La ciencia y la tecnología adquieren cada día mayor impacto y poner al conocimiento al servicio de la inserción laboral es clave. Pensar en mejorar la infraestructura, actualizar currículas y capacitar a docentes, por solo mencionar algunas impostergables medidas, es entender que cualquier proceso en este terreno involucrará a varias generaciones de argentinos.
La más importante de las libertades es la que nos permite ser mejores, aprender y desarrollarnos en un terreno de igualdad, sin excluidos. Garantizar el derecho a una educación de calidad debe ser una prioridad porque solo así estaremos construyendo el futuro de crecimiento y equidad que la Argentina merece. El gobierno de Milei debe asumir esta obligación. Gobernar es educar. Sin esta meta como principal motor del país al que aspiramos, no habrá futuro.