¿Qué pasará con la licitación de los pasaportes en Cancillería?
Se podría invocar una acción de lesividad contra la adjudicación para anularla. Murillo, sin embargo, habría devuelto a Salazar las facultades para contratar.
Hay incertidumbre en torno a qué sucederá en el próximo capítulo del novelón de la licitación del servicio de expedición de pasaportes en el país: si se adjudicará el contrato de la licitación 001 de 2023, como lo dispuso la semana pasada el ex secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, a Thomas Greg & Sons, o si se seguirá adelante con el proceso de licitación 003 de 2023, abierto luego de que fuese declarada desierta la 001, como lo anu nció el canciller (e) Luis Gilberto Murillo.
Una de las posibles salidas, según se ha ventilado en medios de comunicación nacionales, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores invoque una acción de lesividad contra un acto administrativo, mecanismo jurídico por el cual la administración pública actúa como demandante contra uno de sus propios actos administrativos, dirigido a la persona que se ve afectada por los efectos jurídicos de dicho acto, con el objetivo de obtener su nulidad.
Según el reporte de la emisora La FM, esta acción se ejerce cuando la administración considera que el acto fue creado o modificado por medios ilegales o fraudulentos, o cuando es contrario a la Constitución o a la ley.
"Esa sería la salida para no cumplir con lo que dice la ley, que es que deben firmar el contrato", indica el informe.
Entre tanto, de acuerdo con la revista Semana, el canciller (e) Murillo, de manera indirecta, le devolvió al exsecretario Salazar todas las facultades para contratar, luego de que en septiembre de 2023, el suspendido canciller Álvaro Leyva se las hubiera retirado.
Se trata de la resolución 1344, del 22 de febrero de 2024, que le dio los dientes jurídicos a Salazar para adjudicar la controvertida licitación, aunque de conformidad con el régimen institucional de la Cancillería, lo que se decidió es que la Secretaría General retomaría el trámite del proceso licitatorio 003 de 2023.
Por su parte, Murillo advirtió la semana pasada que "el 23 de febrero se suspendió, y se mantiene suspendido el proceso (el 003) con el fin de evaluar las más de 550 observaciones de 19 interesados y definir condiciones de competencia y transparencia".
Por lo tanto, aseveró, "el secretario general no tenía competencia para revocar el acto administrativo proferido por su superior jerárquico, el canciller Leyva, quien declaró desierto el proceso licitatorio 001 de 2023".
Añadió que el 26 de febrero el secretario general fue removido del cargo y desde el 22 de febrero sabía de su retiro.
"No es cierto, como se afirmó en la resolución que pretendió la adjudicación, que exista el certificado de disponibilidad presupuestal, CDP, número 74-923 para el proceso contractual antes referido. Estos recursos fueron reasignados desde el 2 de octubre del año pasado para garantizar la prestación del servicio en la actual vigencia fiscal", concluyó el canciller (e).
A su vez, el presidente Gustavo Petro, afirmó que "el CDP que existe hoy es para el proceso licitatorio que se está presentando y sobre el que también recaen dudas de configurar sus claúsulas de la forma de un pliego sastre, es decir con ganador predeterminado".
Pero el exsecretario Salazar ha asegurado que sí estaban los recursos. "Yo dispuse el mismo lunes, apenas expedí estos actos administrativos, y la dirección administrativa empezó a hacer las actuaciones necesarias para establecer las reservas presupuestales".
Y añadió: "El ministro me restableció en esa representación legal y me reforzó las funciones que me delegó en la resolución. Él dijo que allí incluía la capacidad de resolver todos los temas jurídicos y contractuales con ese contrato en específico".
De otro lado, la Procuraduría accedió a reprogramar el juicio disciplinario contra Leyva por este mismo caso de los pasaportes, previsto inicialmente para el pasado 29 de febrero, fijando ahora la audiencia para el próximo miércoles.
El ente de control dice que Leyva no tenía el sustento para declarar desierta la licitación 001 y que no había causales para declarar la urgencia manifiesta.
Petro y Leyva han hecho eco de denuncias de corrupción y violación de la libre competencia en este proceso licitatorio.