La decisión de Pedro Sánchez de no presentar unos presupuestos para 2024 y prorrogar los de 2023, condicionado por las elecciones catalanas, va a tener un impacto directo en las aspiraciones valencianas para resolver dos cuestiones pendientes y que forman parte de la denominada "agenda valenciana": la mejora de las inversiones del Estado y las fórmulas para mejorar la financiación autonómica.
Así lo reconocen fuentes empresariales y también desde la Generalitat Valenciana, cuya consellera de Hacienda, Ruth Merino, subrayó ayer que, además, las comunidades autónomas van a recibir las mismas entregas a cuenta del sistema de financiación que en 2023.
Las autonomías van a recibir las mismas entregas a cuenta del sistema de financiación que en 2023
La Administración valenciana, y los sectores económicos de esta autonomía, esperaban que unos nuevos presupuestos del Estado permitieran mantener la senda de crecimiento de las inversiones del Gobierno que ya se percibieron en 2023, a pesar de que no alcanzaban las aspiraciones valencianas y que relegaban a Alicante a una de las últimas posiciones.
Pero más aún se ansiaba que el Gobierno afrontara un cambio en el modelo de financiación o que activara medidas paliativas, como un fondo de nivelación, hasta disponer de un nuevo modelo, como también defiende FEDEA. Esta última posibilidad había sido descartada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a pesar de ser una demanda de la mayoría de partidos valencianos y de la sociedad civil.
La renuncia a presentar un proyecto de presupuestos a causa de la falta de apoyo de los partidos independentistas fue ayer duramente criticado por el ejecutivo de Carlos Mazón. Ruth Merino, que es también consellera portavoz, denunció la "debilidad" del Gobierno porque "compromete la estabilidad de la legislatura al depender del apoyo de los partidos separatistas catalanes". Y exigió a Pedro Sánchez "que no eluda su responsabilidad y continúe con la elaboración de los presupuestos para 2024".
La Generalitat Valenciana denuncia la "debilidad" del Gobierno por "depender de los independendistas"
La consellera valoró que "es una obligación constitucional del Gobierno presentar PGE y no es algo que dependa de la voluntad del Gobierno y mucho menos del tacticismo político. El riesgo de no poder sacar adelante las cuentas no puede servir al gobierno de excusa para eludir su mandato constitucional". Manifestó que la decisión de Sánchez supone que el Gobierno no vaya a cumplir con la exigencia "de habilitar un fondo transitorio de nivelación que permita a las comunidades infrafinanciadas disponer de los mismos recursos que la media mientras se aborda la reforma del sistema de financiación".
Respecto de las entregas a cuenta del sistema de financiación actual, comentó que al prorrogarse las cuentas de 2023 "los recursos que las autonomías reciben mensualmente para financiar la sanidad la educación y los servicios sociales no se han actualizado según la subida comunicada por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas el pasado diciembre con varios meses de retraso en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera".
Horas antes, el president valenciano comentó en les Corts la necesidad de que Pedro Sánchez convoque la conferencia de presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y lamentó que el presidente del Gobierno "renuncie a presentar presupuestos" cuando "hay provincias como Alicante que siguen estando maltratadas".
Además de los temas señalados, el ciclo electoral va a dificultar, también, la voluntad del president Carlos Mazón, a la que se comprometió la ministra Teresa Ribera, de activar grupos de trabajo con las autonomías implicadas para abordar el reglamento del trasvase Tajo-Segura. Esta es otra de las prioridades de la denominada "agenda valenciana".