Imputado, con serias acusaciones en su contra y actualmente en México. Ese es el presente del exmandatario argentino Alberto Fernández, quien volvió a la palestra pública luego de que el periódico Clarín revelara lo que llamó una nueva "caja negra de la política", y que salpica directamente hasta la administración pasada.
Gracias a un decreto firmado en diciembre de 2021, supuestamente para "proteger los bienes del Estado", se ordenó que todos los seguros estatales debían pasar por las manos de Nación Seguros, proceso de compra obligado y sin licitación que, según el citado medio, servía como cubierta para el "nuevo negocio de la política". Allí, un entramado de funcionarios y brókers relacionados con el expresidente transandino se hicieron con un millonario pozo de dinero gracias al subcontrato de seguros. Según el medio, la operación daba réditos de 20.000 millones de pesos argentinos anuales, además de 300 millones obtenidos en comisiones mensuales gracias a seguros institucionalizados por un decreto de Alberto Fernández en 2021.
La última de las consecuencias del escándalo, bautizado como la "Causa Seguros", llegó este lunes, cuando, luego de una criticada pasividad, el gobierno de Javier Milei decidiera denunciar ante la justicia a los anteriores responsables de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni.
"El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra los responsables de la anterior gestión de Anses por los siguientes cargos: fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos", dijo a la prensa local.
Puntualmente, la denuncia recae contra Federico Alejandro D'Angelo Campos, antiguo director general de operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. Sin embargo, el escándalo se arrastra desde mucho antes, e involucra tanto a amigos de años de Alberto Fernández como a funcionarios cercanos.
Todo se inició el domingo anterior, cuando Clarín publicó un reportaje en el que se desvelaba que Osvaldo Giordano, un exfuncionario que Milei puso a cargo de la ANSES, pero que se mantuvo en el cargo solo por dos meses y siete días, notó gastos inmensos. El organismo estatal, diría luego a La Voz y el Doce TV, pagaba $1.700 millones por mes a Nación Seguros, y en menos de 60 días ordenó la no renovación del contrato porque otros sistemas permitían ahorrarse el 40% del presupuesto.
Giordano no duraría mucho en el gobierno libertario. Su esposa, la diputada cordobesa Alejandra Torres, votó en línea con sus coprovincianos en contra de la Ley Ómnibus, y el fugaz funcionario estaba en el cargo como moneda de cambio entre el excandidato presidencial Juan Schiaretti y la Casa Rosada. Pero su descubrimiento abrió una caja de Pandora.
Es necesario volver al pasado. El periódico La Nación describió la transición del siguiente modo. Los organismos del Estado deben asegurar sus riesgos como todo particular. En la época del expresidente Mauricio Macri, esto se realizaba mediante licitaciones, pero la mayoría de las pólizas públicas se hacían en forma directa con Nación Seguros.
Tras el vencimiento de los contratos, y con la llegada de Alberto Fernández al poder, se pasó desde la contratación directa a la intermediación de terceros, lo que generó la aparición de comisiones que antes no existían. Esas nuevas pólizas ya generaban millonarias comisiones, y ahí llegaría un decreto clave, firmado en diciembre de 2021.
En esa fecha, el entonces Presidente, Alberto Fernández, anunció un sorpresivo cambio. Todos los entes públicos debían contratar seguros mediante Nación Seguros, que depende del Banco Nación. Esto, en línea con lo que el peronista denominó una política destinada a "proteger los bienes del Estado".
Se trataba del decreto 823/2021, y en su artículo 4 estipula que Nación Seguros podría contratar "a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguros", mientras que el artículo 2 anuncia que esto se realizará mediante "un convenio interadministrativo", detalló Clarín.
Tres meses después de la resolución, Lisandro Cleri, hombre de Sergio Massa en la Anses, puso en práctica lo resuelto por Fernández con Alberto Pagliano, cercano al entonces mandatario, quien dirigía Nación Seguros. La lista de involucrados se amplía hasta otros dos nombres: Carlos Soria y Gustavo García Argibay, quienes, junto a Pagliano, aseguró Clarín, distribuyen los negocios entre productores y compañías amigas.
No son los únicos. El medio La Nación aseguró que, con la obligatoriedad de contratar Nación Seguros, estos se intermediaban y gran parte de ellos caían en manos o de Héctor Martínez Sosa, marido de la histórica secretaria de Fernández y extitular del organismo, o de brókers cercanos al mandatario. Pero, además, el ente liderado por Sosa volvía a "coasegurar" la póliza, dividiendo el contrato y entregándolo a otras compañías. El resultado era una segunda operación con otra comisión para el productor.
Una aseguradora de Martínez Sosa también cobró más de 800 millones de pesos durante el 2022 y el 2023, detalló Clarín, luego de ser designada como intermediaria para subcontratar seguros del Ministerio de Seguridad de la Nación.
A cargo de la investigación está el juez Julián Ercolini, quien, además de Fernández, tiene en la mira a Martínez Sosa, Alberto Pagliano y el bróker Pablo Torres García. Mientras, el expresidente viajó este domingo a México para dar charlas en instituciones educativas, en un compromiso que tenía pactado desde antes que el caso estallara y, más aun, que fuera imputado.