Se refuerza la coordinación entre Adif y los operadores tras la polémica de los trenes a Asturias
El Ministerio de Transportes ha acordado reforzar la coordinación entre Adif y los operadores para garantizar el funcionamiento del sistema ferroviario tras la polémica del contrato para el suministro de 31 trenes de ancho métrico para Asturias y Cantabria que no cabían en los túneles.
Así se recoge en las recomendaciones incluidas en la auditoría realizada al contrato, en el que analiza las causas que produjeron el retraso en la ejecución del mismo, provocando una demora en la entrega del material rodante destinado a renovar y modernizar la flota actual de ancho métrico.
A finales de febrero arrancó la fabricación del nuevo material rodante, que está previsto que empiecen a circular en 2026. Además, ya se ha autorizado la adquisición de los siete trenes adicionales, incluidos en el contrato original, y se trabaja para licitar cuanto antes la compra de las 18 nuevas unidades, según ha indicado el Ministerio.
Intercambio de información en procesos de contratación
La auditoría también hace hincapié en que todas las entidades que participen en los procesos de contratación, diseño y fabricación de trenes implementen medidas para mejorar la coordinación y el intercambio de información, así como que realicen análisis preliminares de compatibilidad vía-tren.
Teniendo en cuenta la liberalización progresiva del transporte ferroviario, la auditoría considera que es previsible que esta necesidad de coordinación se vea incrementada.
León
Redacción
Durante las actuaciones llevadas a cabo en la auditoria del suministro de los trenes de ancho métrico suscrito por Renfe Viajeros se constató la existencia de procedimientos en los que parece adecuado una revisión y coordinación de los actores implicados, pues tal y como ahora están definidos pueden ocasionar graves problemas.
En la auditoría realizada, se comprueba como Adif suministró información a la empresa adjudicataria del contrato donde ya se evidenciaba que había una serie de puntos en que la infraestructura podría no cumplir los gálibos, antes de la firma del contrato. Sin embargo, no trasladó la información a posibles terceras partes, como es el caso de Renfe.
La actual separación de responsabilidades entre administrador de infraestructuras y prestadores del servicio ferroviario hace necesaria que esta coordinación se extienda a todas aquellas actuaciones o procedimientos en los que participe Adif y los operadores.
Para ello, la dirección general del Sector Ferroviario desarrollará los instrumentos y mecanismos necesarios para reforzar la coordinación entre los actores.
Así, Renfe, Adif y los diferentes actores que intervienen en estos procesos deben implementar las recomendaciones recogidas en la auditoría, en el marco de la coordinación que pilotará la dirección general bajo la supervisión de la Secretaría de Estado.