Pese a las mismas declaraciones del abogado de Alberto Fujimori, quien reconoció que se solicitó el incremento del personal de seguridad y vigilancia para el expresidente, la Policía Nacional del Perú (PNP) indicó que, en este caso, "se mantuvo la escolta asignada". Ello, sin reconocer que el número de efectivos pasó de tres a cinco por día.
"En algunos casos han sido disminuidas o completadas de acuerdo al nivel de riesgo que representa cada funcionario del estado. En el caso del expresidente Alberto Fujimori mantiene la escolta que se le ha asignado y solo se le ha completado los efectivos que salieron de vacaciones", mencionó el representante de la institución al ser consultado por los medios de comunicación.
Sin embargo, de acuerdo al pedido de información solicitado a Transparencia por diario El Comercio, el incremento del resguardo policial se dispuso desde el pasado 28 de febrero; es decir, hace poco más de una semana.
Desde que salió del penal de Barbadillo, gracias a un indulto cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comandancia general de la PNP estableció que el servicio de seguridad y protección a Fujimori se incremente a un oficial superior y 10 suboficiales.
"Lo propusimos como elemento de vigilancia"
La defensa del exdictador, Elio Riera, explicó que se solicitó la medida como elemento de vigilancia, al declararse infundada la detención domiciliaria que demandaba el Ministerio Público.
La solicitud de resguardo realizada para demostrar que no existe peligro de fuga se amparó en la Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST PNP, "Lineamientos para brindar servicio de seguridad y protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades, en sus diferentes modalidades, la seguridad de instalaciones públicas y seguridad domiciliaria".
"Nosotros propusimos [el incremento del personal policial] como un elemento de vigilancia, que era lo que finalmente quería fiscalía. En atención a la directiva N° 007-2022 es que se solicitó el incremento de personal de seguridad para custodia vigilancia del expresidente. Esto data de hace aproximadamente un mes", explicó en una entrevista con Canal N.
Cabe mencionar que, en enero, mes en el que el expresidente ya estaba en libertad y contaba con seis suboficiales asignados (tres por día), el gasto de seguridad generado por los agentes de la PNP fue de S/ 4.392.
Estado tiene hasta el 2 de abril para responder por indulto
Entre sus primeras entrevistas, el flamante presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, ratificó que, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de excarcelar al expresidente, la posición del Estado es su liberación. Detalló los panoramas ante las explicaciones que desde el gobierno se darán a la Corte IDH.
"El escenario más óptimo es que la Corte se dé por satisfecha con las explicaciones que estamos brindando. En eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería están trabajando arduamente. El informe, confío yo, va a ser sumamente contundente y espero que satisfaga plenamente a la Corte", declaró el jefe del gabinete ministerial en entrevista con RPP Noticias.
"Un escenario poco favorable, pero también probable, es que como consecuencia de la audiencia la Corte decida que el Estado peruano está en desacato. Si este desacato es así declarado, la Corte podrá informarlo en la próxima Asamblea General de la OEA. Lo que dice la Corte Interamericana en sede internacional y lo que dice nuestro supremo tribunal de justicia, la Corte Suprema o el propio Tribunal Constitucional, no siempre es coincidente. El estado peruano ha adoptado aquí una posición y esa vamos a llevar a San José de Costa Rica", agregó el sucesor de Alberto Otárola.