En el reino del conflicto de interés
La dificultad del presidente de la República para separar los temas públicos de los privados es un debate que el país evade
No se trata solamente del volumen de sus negocios, que es enorme; o de sus intereses comerciales, que son globales; o de sus obligaciones tributarias, que lo colocan a la cabeza de la lista de los principales deudores del Estado. Es su propia personalidad y su dificultad para establecer límites claros entre los aspectos privados y públicos de su vida lo que ha hecho de Daniel Noboa el presidente más comprometido y enredado en conflictos de intereses que recuerde el Ecuador en mucho tiempo. Este es un hecho innegable que se puede corroborar con multitud de ejemplos.
Sin embargo, el país entero parece empeñado en eludir el tema: más dispuesto a tolerarlo que a denunciarlo; a trivializarlo que a remediarlo. Cosa grave, porque el conflicto de interés conduce inevitablemente a la arbitrariedad en el ejercicio del poder, cuando no, directamente, a formas más graves de abuso. En esta página se analizan algunos de esos casos.
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1.¿Política exterior o vender banano?
Noboa agradece al alcalde de Nueva York por los 500.000 ecuatorianos que viven allí
En 2022, Ecuador fue el primer país de América Latina que condenó la invasión de Ucrania. Pero el asambleísta Daniel Noboa quería mantener sus ventas de banano a Rusia. Armó una misión parlamentaria para fortalecer las relaciones con Moscú y partió hacia allá, en plena guerra, llevando consigo a otros seis legisladores: eran los integrantes del llamado Grupo Interparlamentario de Amistad entre la República del Ecuador y la Federación Rusa, una de esas asociaciones que los miembros de la Asamblea forman libremente para viajar gratis al país que les interese. La mayoría, en este caso, eran correístas que se treparon en la agenda comercial del organizador del viaje con la expectativa de posicionar la suya, ideológica.
Al canciller de entonces, Juan Carlos Holguín, semejante manera de comprometer la posición geopolítica del país y contradecir la política exterior del Estado (que no la fija la Asamblea sino el Ejecutivo) le pareció que sería causal suficiente de destitución si hubiera un legislativo que se tomara estas cosas más en serio. Fue entonces cuando los viajeros, con la intención de atenuar el carácter oficial de su aventura, terminaron por embarrarla: que al país no le costó un centavo, dijo uno de ellos, el socialcristiano Jorge Abedrabbo: que Noboa corrió con todos los gastos. Como si el problema fuera de plata.
La explicación oficial vino, para completar el espectáculo, no del despacho del asambleísta aludido sino de su empresa: en un comunicado público emitido en su propio papel membretado, Corporación Noboa zanjó la cuestión asumiéndolo todo: la iniciativa del viaje, las invitaciones, el financiamiento y la agenda. Toda una movida parlamentaria, pues, para vender banano. Estaba claro que para Daniel Noboa, la línea que separa sus actividades comerciales privadas de su condición de servidor público no era tenue: era, simplemente, inexistente.
Dos años después, con Noboa como presidente de la República, no resulta extraño para nadie que la política de Estado de rechazo a la invasión de Ucrania haya cedido terreno (si es que no ha desaparecido totalmente) ante la prioridad de vender banano a Rusia. Tratándose de un país miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidos, este conflicto de interés del presidente ecuatoriano es un problema global en toda regla.
2.¿Política fiscal o eludir impuestos?
Amnistía tributaria: el gobierno concede la condonación de intereses, recargos y multas a los deudores del Servicio de Rentas Internas que accedan a pagar el capital de sus deudas en un plazo determinado. Considerada como una medida parche en política fiscal, la amnistía o remisión tributaria se ha convertido en el recurso más socorrido de los gobiernos ecuatorianos para obtener dinero de emergencia. La que Daniel Noboa incluyó en su primera ley económica urgente (la denominada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo) es la séptima de los últimos 15 años (Rafael Correa dictó cuatro): una regularidad que ha convertido el no pago de impuestos es un excelente negocio para los grandes contribuyentes. El caso es que no se trata de nada nuevo.
Lo que no había ocurrido antes es que el promotor de la amnistía tributaria, es decir el presidente que toma la iniciativa, sea al mismo tiempo el máximo deudor del SRI y, por tanto, el principal beneficiario de la medida: de los 89 millones de dólares que adeudaba la exportadora bananera Noboa cuando se aprobó la ley, hace dos meses, aproximadamente 59 correspondían a intereses y multas. Estamos probablemente ante el caso más clamoroso de conflicto de intereses que se haya producido en el Ecuador en mucho tiempo y el hecho de que no ocasionara un escándalo deja mucho que desear con respecto al valor del debate público en el país.
La disposición incluida en la ley según la cual no se podrán beneficiar de esta amnistía ni el presidente ni los asambleístas ni sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad no pasa de ser una cortina de humo: ninguna excepción establece la ley, en cambio, con respecto a las personas jurídicas relacionadas con todos ellos. Y las personas jurídicas, no las naturales, son la madre del cordero en este asunto.
El mismo presidente, por ejemplo, a juzgar por la declaración patrimonial que presentó ante la Contraloría cuando asumió su mandato, no tiene ni tarjetas de crédito, ni inversiones, ni cuentas por cobrar; apenas dos cuentas bancarias con 2.500 dólares, acciones en dos empresas diminutas por 1.200, su casa de Olón, avaluada en millón y medio pero sin un mueble, y una deuda por crédito hipotecario por 800 mil. Eso es lo que declaró el presidente: 662 mil dólares. Si bananera Noboa debe 89 millones al SRI (y aspira a que le perdonen 59) es algo que no tiene nada que ver con él.
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3.¿Control político o resentimiento?
El caso más reciente y, por sus derivaciones, probablemente el más oscuro y complejo, fue el que se reveló esta semana a propósito del juicio político al vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo. El jueves por la noche, luego de escuchados los alegatos, las réplicas y la parte sustantiva del debate, había decidido la bancada oficialista en la Asamblea votar en contra de la censura y destitución del funcionario. Por un momento, el país se ilusionó con la idea de contar con un gobierno dispuesto a impedir los caprichos de los políticos en el sistema de justicia aun a riesgo de perder la relación con sus aliados. Sin embargo, de un momento a otro la postura del oficialismo dio un giro de 180 grados.
No influyeron en este cambio consideraciones relacionadas con las pruebas del juicio político, con la condición de inocencia o culpabilidad del acusado, ni siquiera con la situación política de la Judicatura. Lo que determinó la nueva postura del gobierno fue, insólitamente, la renuncia de la vocal alterna de Fausto Murillo, Elsy Celi. Con ella fuera del juego, el oficialismo, que la víspera hablaba de la inocencia de Murillo y parecía dispuesto a romper con sus aliados, votó por la censura y los recuperó. Quedó claro que el único interés de Daniel Noboa en este juicio era impedir que Celi reemplazara a Murillo y se convirtiera en vocal titular del Consejo de la Judicatura. ¿Pero por qué? ¿Quién es Elsy Celi?
¿Tiene que ver esta historia con el escabroso y sonado divorcio de Daniel Noboa y su primera esposa, Gabriela Goldbaum? En ese proceso pródigo en interminables capítulos judiciales y con multitud de abogados (entre ellos la actual ministra de Gobierno, Mónica Palencia, para que el conflicto de intereses sea perfecto), Elsy Celi respaldó, como activista por los derechos de las mujeres de toda la vida, a la exesposa del hoy presidente, aparte de que había servido como abogada a su familia en algún momento.
Todo lo cual no pasaría de ser una cuestión estrictamente privada de no ser porque (y esta es, precisamente, la definición del conflicto de intereses) el presidente Daniel Noboa es incapaz de establecer un límite entre sus cuestiones personales y la dimensión pública de sus acciones. Así resulta que las implicaciones empresariales y políticas de esta disputa, cuyos detalles comparte como secretos a voces toda la élite guayaquileña, son enormes. ¿No es hora de que los conflictos de interés del presidente de la República se conviertan en un tema de debate público?
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