El Govern de la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, admitió que pagó los 3,7 millones por las mascarillas fake «independientemente del resultado de los análisis» sobre su calidad, su estado, o si cumplían o no con la normativa sanitaria. Un extremo éste que se demostró que no se daba, una vez adquiridas a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Koldo García, mano derecha del ex ministro socialista José Luis Ábalos.
«Se nos planteó tener un stock de mascarillas para su posible distribución a la población civil y dichas mascarillas podían cumplir ese objetivo independientemente del resultado del análisis». Así se indica en el informe del subdirector de la Central de Compras y Logística, Antonio Mascaró, fechado el 6 de julio de 2023 (último día de Francina Armengol al frente del Govern balear) reclamando tres años después a la compañía, una indemnización de 2,6 millones, y no de 3,7 que era lo pagado. Un total de 1,1 millones menos que lo pagado y que era la diferencia de valor entre las mascarillas FFP2 ofrecidas y las quirúrgicas enviadas.
Aunque la compañía Soluciones y Gestión de Apoyo a Empresas S.L. no había suministrado al IB-Salut jamás con anterioridad a la declaración del estado de alarma, material de protección sanitaria, bastó una llamada telefónica y un correo electrónico el 25 de abril de 2020 de la citada sociedad, para que Armengol dijera sí y las adquiriera «independientemente» del resultado de los análisis sobre su calidad y estado.
Al no disponer de muestras físicas de dicho material, «se decidió aceptar dicho ofrecimiento y enviar las mascarillas a analizar posteriormente», recoge el informe de Mascaró en el que relata lo sucedido.
De hecho, no fue hasta 43 días después de su llegada a Palma, una vez pagado el contrato millonario por el Govern, cuando el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Centro Nacional de Medios de Protección(CNMP) remiten el análisis de las mascarillas que había comprado Armengol a la empresa clave de la trama del caso Koldo.
El resultado fue concluyente: no cumplen con los requisitos de una mascarilla FFP2, y en consecuencia, de su equivalencia KN 95, que fue el tipo ofrecido por la empresa. «Dichas mascarillas no estaban pensadas para distribuirse dentro del ámbito hospitalario», recoge el documento, pese a que se había pagado por mascarillas FFP2.
La reacción del Ejecutivo de Armengol ante este quebranto a las arcas públicas fue no reclamar un solo euro a la empresa de la trama del caso Koldo, si bien, según los artículos 211 a 213 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017, es causa de resolución el defecto de calidad de las mascarillas, en tanto que eran el objeto principal del contrato.
En vez de iniciar los trámites para reclamar la indemnización tres años después, Armengol optó por esconder el muerto y comunicó «a los centros logísticos sanitarios la retirada de su distribución y almacenamiento». Las mascarillas fake fueron almacenadas en las antiguas dependencias del clausurado Hospital de Son Dureta y, desde entonces, han estado apiladas (ahora ya caducadas) en dependencias del Servicio de Salud, hasta del día de hoy.
Desde el primer momento, las mascarillas adquiridas por el Govern de Armengol a la empresa del caso Koldo fueron codificadas internamente de forma diferente al resto.
Según justifica Mascaro en su informe, dicha diferenciación obedecía a que no estaban pensadas para distribuirse dentro del ámbito hospitalario sino en el ámbito civil. Pero, en el mes de junio, tras el concluyente resultado de los análisis sanitarios que certificaron que eran inservibles, el Govern decidió ocultarlas.
Pese a ello, el 12 de agosto de 2020, a instancias de la empresa que le había suministrado el porte de mascarillas fraudulentas, el Servicio de Salud de Baleares emitió un certificado de conformidad con el pedido a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis, constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. Con esa certificación en la mano, la empresa continuó recibiendo contratos públicos durante la pandemia.