La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la apertura de un sumario contra el juez Daniel Urrutia Labreaux, del Séptimo Juzgado de Garantía, para indagar presuntas irregularidades en su cuestionada decisión de permitir videollamadas y visitas íntimas en las Cárcel de Alta Seguridad, que ya fue revocada.
La semana pasada, la Séptima Sala del tribunal de alzada acogió un recurso interpuesto por Gendarmería y dejó sin efecto la resolución dictada en enero por Urrutia, y de oficio hizo lo mismo sobre otras autorizaciones que no eran objeto de la apelación, pero respecto de las cuales concurrían las mismas razones para ello.
En el fallo, que fue unánime, los ministros establecieron la actuación del juez de Garantía estuvo "teñida de ilicitud, en cuanto no fue dictada por el tribunal que para ello determina el ordenamiento jurídico, sino que por uno distinto de aquel, que carecía de facultades", y además "adoptó medidas frente a supuestos de hecho no previstos" en el Código Orgánico de Tribunales, "lo que reafirma la ilegalidad de su proceder".
En ese sentido, concluyó que Urrutia dictó la resolución impugnada "con total desapego al ordenamiento jurídico procesal penal y a las normas administrativas que reglan la materia".
Por ello, la Séptima Sala instruyó remitir los antecedentes al Tribunal Pleno de la Corte, "atendidas las irregularidades evidenciadas".
El Pleno se reunió este lunes y resolvió abrir una investigación sumaria administrativa respecto del juez Urrutia, "con el objetivo de indagar y esclarecer algunos hechos que requieren ser precisados acerca del procedimiento observado en la materia y la conducta ministerial del magistrado, con relación a los hechos antes aludidos".
El magistrado se arriesga a sanciones que pueden ir desde una amonestación hasta la expulsión del Poder Judicial.
El sumario quedará en manos de un fiscal judicial de la Corte santiaguina, que será designado por sorteo.
Se trata de un nuevo revés judicial para Urrutia, pues el año pasado fue sancionado por la Corte Suprema por "autoasignarse" una causa y liberar a 13 imputados por participar en la denominada "primera línea" durante el estallido social; e incluso debió dar un paso al costado en el caso del Puente Pio Nono por faltar a la imparcialidad tras haber criticado a Carabineros previamente a través de sus redes sociales, en la que llamó a la disolución de la institución policial.
Su última actuación recibió críticas desde el mundo político y también del Gobierno, que la consideró "al margen del derecho". La oposición ha ido más allá y ha planteado que el Poder Judicial lo expulse.