La Cámara Federal confirmó el procesamiento del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de haber lavado de dinero con la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares, supuestamente originados en un depósito para el pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña Odebrecht para realizar obras de Aysa.
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La Cámara Federal confirmó el procesamiento del empresario Jorge "Corcho" Rodríguez, acusado de haber lavado de dinero con la compra de un helicóptero por 1.415.000 dólares, supuestamente originados en un depósito para el pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar contratos de la constructora brasileña Odebrecht para realizar obras de Aysa.
Confirmaron el procesamiento los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con la disidencia de su colega Mariano Llorens, que entendió que se debía seguir investigando la operación y que tenía que disponerse la falta de mérito de los acusados.
Rodríguez recurrirá esta decisión. Allegados a la defensa del empresario, exnovio de Susana Giménez, señalaron a La Nación que "no existió lavado de dinero, que el origen del dinero usado para la compra era lícito, que las sumas se encontraban en el mercado financiero y que no hubo operaciones irregulares ni los fondos provenían de cohecho a funcionarios públicos". Y señalaron que la Cámara resolvió sin haber tenido en cuenta estos puntos.
La acusación se basa en que Rodríguez enfrenta una causa por intermediar en el pago de coimas de Odebrecht para funcionarios del Ministerio de Planificación. El caso, que fue investigado por el juez Sebastián Casanello, está elevado a juicio. Ahora, este es un tramo conectado con el anterior.
La operación de 2012, según la acusación, consistió en realizar operaciones para que Helicopter Corporation SA -cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez- comprara el helicóptero matrícula LV-CFO Eurocopter EC 130 B4. La fiscalía señaló que la operación se financió contra préstamos por US$1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez. La acusación mencionó que los derechos de cobro de los préstamos fueron cedidos cuatro años después a la firma nacional Fusion Blue Servicios Aéreos S.A., que acordó con Helicopter Corporation SA la transferencia del helicóptero como medio de cancelar dicha deuda.
"Se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading.
Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini", dijeron los jueces a través de la Cámara.
Los camaristas dijeron que entre abril de 2012 y septiembre de 2014 hubo más de treinta transferencias de las cinco sociedades offshore utilizadas por Odebrecht.