Un hombre acusado de abusar de la hija de su pareja, en la capital tinerfeña, ha llegado este lunes a un acuerdo con la Fiscalía por el cual ha sido condenado a dos años de prisión y a pagar 2.000 euros, así como a asumir los gastos del tratamiento psicológico de la menor, víctima de abusos sexuales.
El procesado no entrará en prisión a condición de que no cometa ningún delito durante los próximos tres años, y a lo largo de ese tiempo permanecerá en libertad vigilada, de manera que deberá personarse periódicamente en los tribunales.
También está obligado a participar en un curso de educación sexual y no podrá acercarse a menos de 500 metros ni comunicarse con la víctima de forma directa o por medio de terceros, y comunicar cambios de trabajo o de domicilio.
Los pagos lo hará de forma mensual en una cantidad que oscilará entre los 50 y los 100 euros.
En el escrito de la Fiscalía se relata que el condenado solía acudir a la vivienda de la madre de la menor, cuando los adultos eran compañeros sentimentales.
Aprovechando esas visitas le dijo a la niña que lo acompañara a la azotea del edificio y allí, a solas, procedió a hacerle tocamientos por encima de la ropa pero no llegó a más dado que en ese momento la madre, sin saber lo que ocurría, llamó a la hija.
Antes de irse advirtió a la menor de que no contara nada de lo ocurrido porque de lo contrario las consecuencias las pagaría su madre, y de hecho su temor ha sido tal que a lo largo de estos años ha guardado un silencio que no rompió hasta que, ya mayor de edad, contó lo sucedido.
Denunció los hechos en la Comisaría de la Policía Nacional acompañada de la directora del Centro de Protección de Menores en el que estaba acogida en aquellos momentos.
En presencia judicial manifestó su deseo de continuar con el procedimiento penal, dado que presenta problemas emocionales tales como depresiones y ansiedad generalizada relacionada con situaciones de tipo social y estrés emocional.
Igualmente, se le han detectado dificultades en funciones ejecutivas y alteraciones en su vida sexual que podrían estar relacionadas con el abuso sufrido.
Por ello, los profesionales aconsejan una intervención y seguimiento psicológico, tanto en las áreas de control emocional como en competencia personal y social, que deberán ser costeados por el acusado, si fuera necesario.
Inicialmente, la Fiscalía pedía cuatro años de prisión, alejamiento y libertad vigilada, y que asumiera una responsabilidad civil por valor de 10.000 euros dados los perjuicios psicológicos y los daños morales causados.