Carlo Ancelotti vuelve a estar en el foco de atención. Esta vez, no por los logros conseguidos con el Real Madrid: la Fiscalía española solicitó este miércoles cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador italiano por un presunto fraude fiscal de más de un millón de euros.
Así lo confirmó en un comunicado oficial el fisco de la ciudad de Madrid, que "solicita cuatro años y nueve meses de prisión" para el técnico, acusado de haber defraudado al erario público español 1,06 millones de euros en los ejercicios de 2014 y 2015 por eludir declarar sus ingresos procedentes de derechos de imagen.
Todo este conflicto se produjo en la previa del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League, donde el Real Madrid, después de ganar 1 a 0 la ida en Alemania, se enfrentará este miércoles desde las 17 (hora argentina) al RB Leipzig con el fin de acceder a los cuartos de la tan ansiada Orejona.
Sin embargo, esta investigación lleva más de tres años. Tal es así que en julio del año pasado, la justicia de Madrid ya había anunciado que llevaría a juicio al entrenador del Real Madrid. Y a pesar de que el proceso todavía no tiene una fecha fijada, el curso continúa. Lento, pero seguro.
Los detalles del comunicado oficial de la Fiscalía española
Según el Ministerio Público y la administración fiscal, el entrenador italiano declaró sus ingresos como entrenador del Real Madrid en 2014 y 2015, pero se salteó los procedentes de derechos de imagen y otras fuentes, como las inmobiliarias.
"A pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid", explicó la Fiscalía en su comunicado.
Conforme al fisco, esta omisión fue voluntaria, ya que Ancelotti recurrió a un "complejo" y "confuso" entramado de sociedades "para canalizar el cobro de los derechos de imagen", subrayó el erario en el informe.
De esta forma "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real" domiciliadas fuera de España "persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española", culminó.