En el marco del Día de la Inclusión Social y la Cero Discriminación, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) destaca los resultados del Informe Anual 2023 en el 11º aniversario de la Ley Antidiscriminación, también conocida como Ley Zamudio. El informe se enfocó en la aplicación de esta ley en relación con los derechos sociales y económicos de mujeres, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+.
El informe revela que a pesar de avances normativos, persisten brechas significativas para las mujeres en trabajo, salud y pensiones, con una reincorporación laboral post-pandemia marcada por bajas salariales. En el ámbito de la salud, se detectan disparidades en el acceso y costos de atención en el sistema privado.
En cuanto a las pensiones, la situación que enfrentan las mujeres al jubilarse refleja en gran medida sus trayectorias laborales. Estas suelen estar marcadas por interrupciones debido a sus roles como madres, esposas y responsables de las labores domésticas. Además, es común que trabajen en el mercado laboral informal, lo que resulta en una falta de cotizaciones previsionales.
Por otro lado, las personas con discapacidad presentan tasas más bajas de finalización de la educación media en comparación con quienes no tienen discapacidad. Según el informe, desde hace más de dos décadas, el Estado se ha comprometido a promover la educación inclusiva, reflejado en leyes, decretos y recomendaciones destinadas a eliminar la discriminación. Sin embargo, la evidencia sugiere que los niños, niñas y adolescentes siguen enfrentando discriminación y violencia en las escuelas.
Personas LGBTIQ+
En lo que se refiere al acceso a la salud, el informe del INDH expone algunos elementos del estudio publicado en 2020 en la Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología. Éste muestra falta de información sobre temáticas de género y diversidad sexual entre el personal, lo que se traduce en la invisibilización de la población LGBTIQ+ y en un tratamiento inadecuado.
Desde 2011 a la fecha el Ministerio de Salud dictó varias circulares. Pero como dice en el Informe la abogada de Organizando Trans Diversidades Ignacia Oyarzún, estas circulares no se respetan siempre. En general, el nombre social lo consideran auxiliares y enfermeras, pero no los médicos.
El Informe Anual también indica que pese a la existencia de normativas como la Ley 20.609 que a partir de 2015 incorporó el concepto de "discriminación arbitraria" o la circular de 2017 de la Superintendencia de Educación para incluir estudiantes trans en el sistema, la discriminación hacia la población LGBTIQ+ sigue existiendo, particularmente en el caso de niñas, niños y adolescentes.