私は法律から来たこのテキストを理解していません。説明してもらえますか？：

市民の行政措置に対する市民の権利の法的範囲は、事業的リソースシステムまたは裁判所または裁判所によって行われた管理リソースシステムまたは管理が予防的であり、管理手続きを通じて行われた一連の機器を通じて保護されています。憲法第103条が述べているように、行政が法律と法律に完全に提出して行動するという明確な表明。

競争力のある経済には効率的で透明性のある機敏な行政を必要とするという有罪判決の一部の2013年6月に行政の改革のための委員会が作成した報告書。

同じ方針に沿って、2014年のスペイン国家改革プログラムには、執行権の機関と団体のパフォーマンスを合理化するために促進される措置の1つとして、新しい行政法の承認が含まれており、使用の効率を向上させるための措置の1つとして、公共の資源とその生産性の向上。

伝統的にスペイン政権に起因してきた欠陥はいくつかの原因に従いますが、現在のシステムは彼らにとって見知らぬ人ではありません。時には、法的不安の問題を引き起こした管理手順。これらの欠陥を克服するために、管理者がどのように組織化され、外部から、市民と企業と、そして国内の他の政権や機関と内部的に関連するかを注文および明確にすることができる包括的かつ構造的改革が必要です。

この文脈と一致して、2つの基本的な軸で明確にされた公共法制度の改革が提案されています。「AD Extra」と「Ad Ad Intra」関係の関係。このために、スペインの行政法が同時に確立される柱を構成する2つの新しい法律：共通の行政手続の法律の法律と、公共部門の法的制度の法律。

この法律は、自己供給力の行使とその美徳行政行為が発行されることに関連して、行政と管理者の間の「広告追加」関係の完全かつ体系的な規制を確立することにより、これら2つの軸のうちの最初を構成します。規制力と立法イニシアチブの行使に関連するように、それは利害関係者の法的領域に直接影響します。したがって、行政の行政法規則に関する予算規制で提供されるすべてのものを補完する必要がある参照行政法としての市民との「広告の追加」関係の規制は、特に規則を強調、強調、強調表示し、強調し、強調しなければなりません。 4月27日の有機法2/2012の規定、予算の安定性と財政的持続可能性。法律47/2003、11月26日、一般予算、および一般予算法。
No entiendo este texto que proviene de una ley. ¿Me lo puedes explicar?:

La esfera jurídica de derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas se encuentra protegida a través de una serie de instrumentos tanto de carácter reactivo, entre los que destaca el sistema de recursos administrativos o el control realizado por jueces y tribunales, como preventivo, a través del procedimiento administrativo, que es la expresión clara de que la Administración Pública actúa con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, como reza el artículo 103 de la Constitución.

El informe elaborado por la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas en junio de 2013 parte del convencimiento de que una economía competitiva exige unas Administraciones Públicas eficientes, transparentes y ágiles.

En esta misma línea, el Programa nacional de reformas de España para 2014 recoge expresamente la aprobación de nuevas leyes administrativas como una de las medidas a impulsar para racionalizar la actuación de las instituciones y entidades del poder ejecutivo, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.

Los defectos que tradicionalmente se han venido atribuyendo a las Administraciones españolas obedecen a varias causas, pero el ordenamiento vigente no es ajeno a ellas, puesto que el marco normativo en el que se ha desenvuelto la actuación pública ha propiciado la aparición de duplicidades e ineficiencias, con procedimientos administrativos demasiado complejos que, en ocasiones, han generado problemas de inseguridad jurídica. Para superar estas deficiencias es necesaria una reforma integral y estructural que permita ordenar y clarificar cómo se organizan y relacionan las Administraciones tanto externamente, con los ciudadanos y empresas, como internamente con el resto de Administraciones e instituciones del Estado.

En coherencia con este contexto, se propone una reforma del ordenamiento jurídico público articulada en dos ejes fundamentales: las relaciones «ad extra» y «ad intra» de las Administraciones Públicas. Para ello se impulsan simultáneamente dos nuevas leyes que constituirán los pilares sobre los que se asentará el Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.

Esta Ley constituye el primero de estos dos ejes, al establecer una regulación completa y sistemática de las relaciones «ad extra» entre las Administraciones y los administrados, tanto en lo referente al ejercicio de la potestad de autotutela y en cuya virtud se dictan actos administrativos que inciden directamente en la esfera jurídica de los interesados, como en lo relativo al ejercicio de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. Queda así reunido en cuerpo legislativo único la regulación de las relaciones «ad extra» de las Administraciones con los ciudadanos como ley administrativa de referencia que se ha de complementar con todo lo previsto en la normativa presupuestaria respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas, destacando especialmente lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.