Las disposiciones sobre derechos humanos y las normas sociales, laborales, medioambientales deben ser jurídicamente vinculantes y los servicios públicos quedar excluidos de las negociaciones.
las ðˌisposiθjˈones sˌoβɾe ðeɾˈetʃos umˈanos i las nˈoɾmas soθjˈales, lˌaβoɾˈales, mˌeðjoˌambjentˈales ðˈeβen sˈer xuɾˈiðikamˈente βˌinkulˈantes i los seɾβˈiθjos pˈuβlikos keðˈaɾ ˌekskluˈiðos ðe las nˌeɣoθjaθjˈones.