Hoy, en febrero de 2017, Guatemala está en plena reforma constitucional y tiene una oportunidad histórica para dar marco legal y garantía a la independencia de la justicia, a la lucha contra la impunidad, al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, al establecimiento de un mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos, y a que los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos se apliquen completamente.
ˈoɪ, em feβɾˈeɾo ðe ðˈos mˈil ðjˌɛθisjˈete, ɡwˌatemˈala estˈa em plˈena ɾɾefˈoɾma kˌonstitˌuθjonˈal i tjˈene ˈuna ˌopoɾtˌuniðˈað istˈoɾika pˌaɾa ðˈaɾ mˈaɾko leɣˈal i ɣˌaɾantˈia a la ˌindependˈɛnθja ðe la xustˈiθja, a la lˈutʃa kˈontɾa la ˌimpuniðˈad, al ðeɾˈetʃo ðe los pwˈeβlos indˈixenas a la konsˈulta pɾˈeβja, al ˌestaβlˌeθimjˈɛnto ðe ˈun mˌekanˈismo ðe pɾˌotekθjˈon de ðˌefensˈoɾes ðe los ðeɾˈetʃos umˈanos, i a ke los pɾinθˈipjos ɾɾektˈoɾes ðe las naθjˈones unˈiðas sˌoβɾe las empɾˈesas i los ðeɾˈetʃos umˈanos se aplˈiken komplˈetamˈente.