El Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, aparte de confirmar el derecho de petición al Parlamento Europeo como uno de los pilares de la ciudadanía europea, ha establecido también las bases necesarias para aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea,
el tɾatˈaðo ðe lisβˈoa, ke entɾˈo em biɣˈoɾ el ˈuno ðe ðiθjˈembɾe ðe ðˈos mˈil nwˈeβe, apˈaɾte ðe kˌomfiɾmˈaɾ el ðeɾˈetʃo ðe pˌetiθjˈon al pˌaɾlamˈɛnto ˌeʊɾopˈeo kˌomo ˈuno ðe los pilˈaɾes ðe la θjˌuðaðanˈia ˌeʊɾopˈea, ˈa ˌestaβleθˈiðo tambjˈen las βˈases nˌeθesˈaɾjas pˌaɾa ˌaʊmentˈaɾ la pˌaɾtiθˌipaθjˈon de los θjˌuðaðˈanos en el pɾoθˈeso ðe tˈoma ðe ðˌeθisjˈones ðe la unjˈon ˌeʊɾopˈea,