En España, la liberalización forzada y la sobrecapacidad han penalizado especialmente a las energías renovables e innovadoras en la reducción de emisiones de carbono, creando una grave inseguridad jurídica en el sector, donde el Gobierno acumula múltiples demandas.
en espˈaɲa, la lˌiβeɾˌaliθaθjˈom foɾθˈaða i la sˌoβɾekˌapaθiðˈað ˈam pˌenaliθˈaðo ˌespeθjˈalmˈente a las ˌeneɾxˈias ɾɾˌenoβˈaβles e ˌinnoβaðˈoɾas en la ɾɾˌeðukθjˈon de ˌemisjˈones ðe kaɾβˈono, kɾeˈando ˈuna ɣɾˈaβe ˌinseɣˌuɾiðˈad xuɾˈiðika en el sektˈoɾ, dˌonde el ɣoβjˈeɾno ˌakumˈula mˈultiples ðemˈandas.