La Comisión y los planificadores dedicaron el 10 % de la consignación estatal a los servicios jurídicos civiles para financiar proyectos innovadores que prestan servicios a los proveedores de servicios jurídicos y los tribunales para ayudar a los litigantes de bajos ingresos .
El 10 por ciento de la financiación del servicio jurídico del estado se dirige a proyectos que ayudan a los litigantes a sí mismos .