De acuerdo con el preámbulo , la norma no obliga a los gastos de 100 millones de dólares o más por ningún estado , gobierno local o tribal o el sector privado y , por lo tanto , una declaración con arreglo al artículo 202 de la ley de mandatos no financiados de 1995 no es necesario .
Antes de esta ley , no se habían realizado controles para reducir el gasto público significativo .