Los empleadores que han excluido con éxito a los representantes de los servicios jurídicos de sus campos de trabajo o han intimidado a los trabajadores para no ponerse en contacto con los servicios jurídicos durante el empleo pueden garantizar una fuerza de trabajo sin acceso a la representación legal .
Los empleadores podrían intimidar a su fuerza de trabajo con amenazas ilegales de retención o despido improcedente , y huir con el acto sin represalias .