Llegamos a la conclusión de que una decisión de la comisión de derechos humanos en relación con determinadas prácticas de cabildeo por parte de los beneficiarios de subvenciones no estaba sujeta a revisión judicial en una acción de un prestamista que alegando un perjuicio como resultado de esos grupos de presión .
El Tribunal Supremo ya emitió varias opiniones relativas a la jurisdicción .