En el argumento oral y en sus informes , el lsc nos aconsejó que los abogados financiados en el programa del gobierno no se emprender en demandas de prestaciones si deben aconsejar a los clientes que respeten la dudosa validez de un estatuto que define la elegibilidad de los beneficios y la estructura de pago .
No se permite a los abogados actuar en contra de la validez de algunos estatutos de los gobiernos si están siendo financiados por el gobierno .