En 1998 , dos años después de que Washington recorte la financiación de la asistencia letrada por un tercio o 122 millones de dólares , los programas estatales comenzaron a hacer frente a requisitos más rigurosos para las renovaciones de subvenciones , incluido el logro de una configuración óptima de las zonas de servicio .
Tras el recorte de la financiación federal de la asistencia jurídica , se puso más presión sobre los programas estatales para limitar las renovaciones de subvenciones .