En el preámbulo de la regla final , la comisión reiteró que la norma sólo se aplica a los servicios públicos y transmisores y una vez más certificó que la norma no tendría un impacto económico significativo en un número considerable de pequeñas entidades en el sentido de la ley de flexibilidad normativa .
Esto es a pesar del veneno político que propaga el miedo sobre el impacto del acto .