Las palabras pronunciadas por el enton - ces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales en su comparecencia ante una Comisión del Con-greso de Diputados, en septiembre de 2004, pudieron inducir a pensar que las entidades locales asumirían un mayor protagonismo en política de inmigración durante la nueva eta - pa abierta tras las elecciones legislativas que dieron la victoria al Partido Socialista: no es posible que se siga ignorando a quien desempeña el primer papel en la atención humanitaria y en labores de acogida a la población inmigrante. El Gobierno, sensible a esta realidad, quiere apoyar a los ayunta - mientos tanto para atender a la población inmigrante como para que los servicios pú-blicos no pierdan cuota de calidad a causa de los incrementos de población (Congreso de Diputados, 2004). A pesar del desencanto que siguió al in- cumplimiento de esas expectativas, justifica- do como casi todo lo tocante a políticas mi-gratorias con el fetiche de la crisis económica, cabe augurar un cambio de tendencia tras el espectacular giro que las elecciones munici-pales de mayo de 2015 dieron a la compo-sición de los ayuntamientos, muchos de los cuales han quedado en manos de formacio -Normativa de la Unión Europea y legislación española sobre inmigración y extranjería. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Canaria