La norma es respetuosa con los principios de  necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que con ella se persigue el fin  pretendido, como es la previsión de mecanismos para la cobertura de las ofertas de  empleo no cubiertas por el mercado de trabajo nacional al mismo tiempo que se articulan  vías de migración segura, ordenada y regular, no tratándose de una norma restrictiva de  derechos. En aplicación del principio de transparencia, se definen claramente los  objetivos de la iniciativa normativa y, en cumplimiento del principio de eficiencia, la norma  regula las cargas imprescindibles para el adecuado reconocimiento de los derechos que  corresponden al ciudadano. Además, no supone utilización de recursos públicos. En  cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de esta orden resulta  coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea,  generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre,  que facilite su conocimiento y comprensión. En su proceso de tramitación, se ha consultado a las comunidades autónomas y se  ha recibido informe del Servicio Público de Empleo Estatal. Además, ha sido sometida a  BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. I.   Pág. 166979 cve: BOE-A-2021-21795 Verificable en https://www.boe.es