El reconocimiento de este derecho se encuentra en lo s grandes textos jurídicos internacionales, pues, como se acaba de me ncionar, no se trata de un derecho que se agote en el propio ejercicio de su contenido, si no que es pr incipio y fin del ejercicio de otros derechos, laborales y de Seguridad Soci al específicamente, ya que estos derechos se aplican teniendo como presupuesto el derech o a inmigrar. En primer lugar, el derecho a inmigrar se recoge en un texto de gran significación jurídico-política como es la DUDH, cuyo artículo13 dice: “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” . Sin embargo, la vinculabilidad jurídica de la Declaración es prácticamente nul a, ya que sus artículos expresan más bien un programa ideal para la convivencia de los pueblos y de los individuos que un conjunto normativo de obligado cumplimient o por los poderes del mundo –los Estados, en concreto- que, en definitiva conservan la posibilidad de a lterar algunos de los postulados de la Declaración. En segundo lugar, con mayor grado de ef icacia jurídica y, por tanto, con un contenido más restrictivo, el Pacto Internaci onal de los Derechos Ci viles y Políticos de de 1966, en su artículo 12.1 establece que “ toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia” . De este modo, la libertad de circulación y de residencia queda restringida a las personas que cumpla n un requisito previo, que no es otro que estar legalmente en el Estado en cuestión, lo que significa ni má s ni menos que debe