Es claro que los Estados tendrán en cuenta lo s flujos migratorios que se producen entre ellos, de tal manera que la mayor o menor protección a los trabajadores migrantes, o incluso la propia existencia de estos convenios bilaterales, vendrá condicionada por el grado de intensidad de los flujos migratorios. Pero, además, hay otro condicionante y es la distinta configuración de los sistemas de Seguridad Social de cada uno de los Estados y la forma cómo dicha configuración (sujetos protegidos, financia ción, encuadramiento, requisitos para obtener el derecho a las prestaciones, prestaciones en sí mismas consideradas, dinámica del derecho) se establezcan en las legislaciones nacionales; lo que conlleva, como no puede ser de otra manera, una desigual dificultad a la hora de suscribir los convenios y de y establecer los niveles de protección. De es ta forma, cuando se hace referencia a convenios más generales, estos suelen ser más flexibles y lo que hacen es regular suelos o estándares mínimos de protección adaptables a las peculiaridades y matices de los distintos sistemas de Seguridad Social que pueden relacionarse en el marco del convenio. Sin embargo, cuando se trata de c onvenios bilaterales, los acuerdos son más cerrados y eficaces ya que se establecen reglas directamente aplicables de garantía del surgimiento y del disf rute del derecho.