En la sociedad contemporánea, el fenómeno migratorio –al cual hace referencia el derecho que estamos considerando- tiene su base en las enormes diferencias de desarrollo económico y soci al que existen entre diversas zonas del mundo, lo que impulsa a las pe rsonas que viven en los pa íses menos desarrollados a intentar establecerse en los pa íses más desarrollados para te ner una existencia mejor. Y, paralelamente, el control que se ejer ce sobre dicho fenómeno por los países desarrollados tiene su razón úl tima en la protección de ese nivel de bienestar y en el propósito de mantener bajo control el prop io mercado de trabajo. Así, el fenómeno migratorio en sentido estricto se refiere a lo que a veces se denomina “migración económica” para distinguirla de la “migración política”, que obedece a razones diferentes -guerras, dictaduras, etc.- y que da lugar a otros tipos de derecho: asilo, refugio, etc., aunque ambos fenómenos se tr aten con frecuencia conjuntamente en las denominadas leyes de extranjería y tengan sim ilar repercusión en los derechos laborales y de Seguridad Social. Así pues, se puede decir que el derecho a inmigrar existe, aunque se encuentra aún en un momento de su e volución bastante prematuro. Ex iste porque hay millones de personas que lo conciben y que lo ejerc itan contra viento y marea y porque, como veremos, hay normas que lo reconocen a unque sometiendo su ejercicio a fuertes condicionamientos. Estos condicionamientos obedecen a que el derecho a inmigrar entra en contradicción con el derecho de lo s Estados a determinar quien puede o no