165   empresario quien lo haga. Se discrepa, pues, de quienes abogan por la responsabilidad de las Entidades Gestoras (CAMOS VICTORIA, 2004, p. 32), en atención exclusivamente a que otra cosa supondría la desprotección de los trabajadores inmigrantes. Solución a la que también se opone la jurisprudencia más restrictiva del Tribunal Supremo en cuanto la responsabilid ad subsidiaria del INSS, en el caso de contingencias comunes, cuando los trabajadores no están en alta (STS (Sala 4ª), de 16 de febrero de 2005 (RJ. 3492). Esta solución es respetuosa no sólo con el tratamiento que se da, por ejemplo, a los trabajadores españoles que no están en alta, y que fuer a de los supuestos amparados por el art. 125.3 LGSS (contingencias profesi onales y desempleo), carecen de derecho a la protección por contingencias comunes, si no que también constituye la solución más razonable desde la perspectiv a del empresario que, recurr iendo a mano de obra ilegal, pretende beneficiarse del dumping social que genera la contratación de este tipo de personas, al ahorrarse el em presario, entre otras cosas, los costes derivados de la cotización por contingencias comunes. Pero junto al reconocimiento de este derecho a prestaciones por contingencias comunes de los trabajadores inmigrantes ir regulares – no así de los que no tengan la condición de trabajadores por cuenta ajena -, con base en el art. 36.3 párrafo 2º LOEx, hay que subrayar la escasa virtualidad que en la práctica puede llegar a tener este derecho. Y ello porque, como en algún caso se ha señalado (MARÍN MARÍN y GALLEGO MOYA, 2005, p.