206   culturales y sociales son tan precarios que quedan excluidos de formas de vida mínimamente aceptables. Por ello, se dice, pa ra actuar frente a tales situaciones debe ponerse en práctica un conjunto de medidas sectoriales, que tengan en cuenta los factores presentes en cada situación, que posean efectos no solamente paliativos, sino también educativos y preventivos, y que conduzcan a la integración social de los individuos. Desde esta nueva perspectiva, que incide en designar la pobreza y la marginación como fenómenos distintos (aunqu e íntimamente relacionados en cuanto tienen su origen en la falta de participaci ón del individuo en el sistema productivo), la evolución sufrida por las distintas norma s autonómicas acoge, siguiendo el modelo francés (Ley 88/1088, de 1 de diciembre sobre el Revenu Minimum d’Insertion , modificada posteriormente por las Leyes 92/722, de 22 de julio y 2003/1200, de 18 de diciembre), los dos objetivos fundamentales de las políticas públicas de inserción: por un lado, garantizar unos ingresos mínimos a la ciudadanía sin recursos o con recursos insuficientes (dimensión económica); por otro , integrar en todos los ámbitos de la sociedad a los colectivos que se encuentran en situación de exclusión o marginación social (dimensión social). Efectivamente, la mayoría de los programas vigentes en nuestro ordenamiento, en consonancia con es te doble objeto, contemplan dos tipos de medidas: prestaciones económicas para si tuaciones de urgencia o de necesidad económica y acciones de apoyo que favorezcan la inserción social y laboral de los individuos (programas individualizados de inserción canalizados por los servicios sociales y los servicios públicos de empleo ).