211   bastante obvio que los criterios utilizados, además de resultar poco adecuados para definir la situación de extrema necesida d, no precisan suficientemente cuándo se produce esta circunstancia, por lo que más que a concretar la situación que debe generar el acceso a la prestación se di rige a restringir considerable mente el ámbito subjetivo de los posibles beneficiarios. En otros casos ni siquiera se produce es te intento de concreción reglamentaria o, si se produce, la situación de pobreza severa se aplica para justificar la relajación en el cumplimiento de requisitos distintos a la ex igencia de residencia legal (Art. 4 Decreto 339/2006, de 5 de septiembre por el que se de sarrolla la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Cataluña). Lógicamente, la indeterminación de este tipo de regulaciones aumenta la discrecionalidad a la hora de conceder las prestaciones, circunstancia que no va a favorecer precisament e su obtención por parte de la población extranjera en situación de irregularidad. Por tanto, el problema adicional que presenta la normativa de estas CCAA es que no se han regulado (o se ha hecho de forma inadecuada) los supuestos de urgente necesidad o las situaciones de emergencia social. Esta falta de regulación, que también es predicable de aquellas Comunidades que han quedado clasificadas como de régimen flexible (aluden a un reconocido estado de necesidad o a situaciones de emergencia social el art. 7 ap. a y b de la de la Ley 4/2005, de 28 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Asturias, y el art.