162   caso hay una aplicación efectiva de lo que se ha dado en llamar el “principio de universalidad limitada o restringida”, y que, en definitiva, supone el establecimiento de diferencias en el contenido y posibilidades de ejercicio del derecho a la protección social en función de la situación admi nistrativa del trabajador extranjero. En este sentido, recuérdese que, en su momento, el art. 48 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, admini strativas y del orden so cial, estableció el incremento de la multa impuesta al empresar io por utilizar trabaja dores extranjeros sin autorización para trabajar “en la cuantí a que resulte de calcular lo que hubiera correspondido ingresar por cuotas de Se guridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta”, y su correspondiente ingreso en la TGSS, dejando nítido y claro – una rareza en esta materia– la naturaleza sancionatoria de ese incremento en función de las cuotas no satisfechas, y su no consid eración como cotización efectiva. A fin de cuentas, y como en alguna ocasión se ha indicado (MERC ADER UGUINA, 2004, p. 126), de lo que se trata es de evitar que se entienda qu e la sanción complementaria “generaría contraprestaciones de los órga nos de Seguridad Social en forma de prestaciones para el extranjero ilegalmente contratado”. Por tanto, aunque el INSS o la Mutua deban asumir inicialmente el pago de la prestación correspondiente – con independencia de su repercusión posterior al em presario -, el empleador finalmente es el responsable del pago de la prestación, por lo que deberá ingresar el correspondiente capital-coste conforme a la legislaci ón vigente de Seguridad Social. De todas formas, conviene ser conscientes de que la tibieza – por no hablar de indeterminación – con que el mencionado art.