Enseguida, como una reacción del legislador para desvirtuar los efectos de la jurisprudencia y teniendo en cuenta la debilidad del der echo subterráneo que resultaba de aplicación, se procedió a introducir dos novedades normativas. De una parte, en la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medida s fiscales, administrativas y del orden social se introdujo un nuevo tipo de sanción accesoria dentro del ámbito de la potestad sancionadora del orden social, en la vertiente referida al em pleo de los extranjeros. En su art. 48 se establecía que la multa que sancionaba al empresario que empleara a extranjeros sin autorización para trabajar , se podría incrementar con una cuantía equivalente al montante de cotizaciones al Si stema que habría procedido ingresar en la TGSS, de haber contado el extranjero con dicha autorización. O, dicho de otro modo más sencillo, el legislador transmutó la naturaleza de aquella s cantidades que el Tribunal Supremo consideraba debidas -como consecuencia de haberse desarrollado una actividad lucrativa por cuenta ajena a favor del empresario infractor- y ya no serían ingresos de la Seguridad social de tipo “cotizaciones”, sino cantidades en concepto de “sanción administrativa”. Aparentemente, de esta manera, el argumento que, para justificar el derecho de los extranjeros en situación de irregularidad se apoyaba en la existencia de cotizaciones “debidas” perdía su fuerza porque esas cantidades pasaban a ser una multa complementaria, sin efectos posible s, por tanto, en el ámbito prestacional. En este ámbito, no obstant e, se siguieron planteando ciertos problemas jurídicos de carácter práctico derivados de la inactivid ad de la TGSS.