156   establece que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones soci ales básicas” – norma confusa donde las haya, aunque desde luego no parece que el legisl ador cuando se refi ere a “servicios y prestaciones sociales básicas” esté pensando en prestaciones de la Seguridad Social como las derivadas de accidente de trabajo o las de enfermedad común (GARCÍA MURCIA, 2002, p. 29). Será, pues, el apartado 3 párrafo 2º del art. 36 L.O. 4/2000, en su nueva redacción dada por la L.O. 14/2003, el que fina lmente se constituya en precepto clave a la hora de argumentar el derecho de los trabajadores extranjeros irregulares a prestaciones de la Seguridad Social, y en lo que aquí interesa, a prestaciones de alguno de los Regímenes Especiales, al afirmar, como es conocido, que: “ La carencia de la correspondiente autorización por parte de l empresario, sin perjuicio de las responsabilidades a que dé lugar , incluidas aquellas en ma teria de Seguridad Social, no invalidará el contrato de trabajo respecto a los derec hos del trabajador extranjero, ni será obstáculo para la obtención de las prestaciones que pudieran corresponderle ”. Aunque, como se ha señalado (LOUSA DA AROCHENA y CABEZA PEREIRO, 2004, p. 7-8), se aprecia una clara antinomia entre el art. 14.1 y el art.