2. Sin perjuicio de las auditorías realizadas por los Estados miembros, los funcionarios o representantes autorizados de la Comisión podrán realizar auditorías o controles in situ a condición de que avisen de ello con 12 días hábiles de antelación como mínimo, excepto en los casos urgentes, a la autoridad competente nacional. La Comisión respetará el principio de proporcionalidad, teniendo en cuenta la necesidad de evitar la duplicación injustificada de las auditorías o controles realizados por los Estados miembros, el nivel de riesgo para el presupuesto de la Unión y la necesidad de reducir al mínimo las cargas administrativas de los beneficiarios. Los funcionarios o los representantes autorizados del Estado miembro podrán participar en dichas auditorías o controles. 3. Las auditorías o controles podrán incluir, en particular: a) la verificación del funcionamiento efectivo de los sistemas de gestión y control en un programa nacional o en una parte del mismo; b) la conformidad de las prácticas administrativas con las normas de la Unión; c) la existencia de los documentos justificativos requeridos y su correlación con las acciones apoyadas por los programas nacionales; d) las condiciones en que las acciones se han emprendido y controlado; e) una evaluación de la buena gestión financiera de las acciones o del programa nacional. 4. Los funcionarios o representantes autorizados de la Comisión, debidamente habilitados para realizar auditorías o controles in situ , tendrán acceso a todos los registros, documentos y metadatos necesarios, con independencia del medio en que se almacenen, relacionados con los proyectos y la asistencia técnica o con los sistemas de gestión y control. Los Estados miembros facilitarán copias de dichos registros, documentos y metadatos a la Comisión cuando así se les solicite. La habilitación a que se refiere el presente apartado no afectará a la aplicación de las disposiciones nacionales que reserven determinados actos a agentes específicamente designados por la legislación nacional.