Una vez adoptada la declaración general de protección temporal por el Consejo de la  Unión Europea o por el Gobierno español, el Ministro del Interior, previa solicitud de los  interesados que será tramitada por la Oficina de Asilo y Refugio, y a propuesta de la  Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, resolverá motivada e individualmente sobre la  concesión de los beneficios del régimen de protección temporal en los términos y plazos  establecidos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, reformada por la Ley Orgánica  8/2000, de 22 de diciembre. 2. El Ministro del Interior podrá extender el disfrute del régimen de protección temporal a  otras personas desplazadas por las mismas razones y que procedan del mismo país o  región de origen que las cubiertas por la declaración general de protección de conformidad  con lo dispuesto en el apartado anterior. Artículo 12.  Denegación. 1. No se concederán los beneficios del régimen de protección temporal a las personas  comprendidas en los siguientes supuestos: a) Cuando existan motivos justificados para considerar que la persona en cuestión: 1.º Ha cometido un delito contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la  humanidad, según se definen en los instrumentos internacionales elaborados para responder  a tales crímenes. 2.º Ha cometido un grave delito común fuera del Estado español antes de su admisión en  éste como beneficiaria de protección temporal. La gravedad de la persecución que cabe  esperar debe considerarse en relación con la naturaleza del delito presuntamente cometido  por el interesado. Las acciones especialmente crueles, incluso si se han cometido con un  objetivo pretendidamente político, podrán ser calificadas como delitos comunes graves. Esto  es válido tanto para los participantes en el delito como para los instigadores de éste.