207   Además de estas características, de la regulación autonómica se deducen otras igualmente significativas, tales como su configuración como un derecho prestacional público, reconocido en normas con rango legal, lo que confiere a sus titulares mayores garantías jurídicas; el carácter personalizado de la protecci ón, en el que se dispensan las prestaciones más adecuadas en función de la s características individuales de cada beneficiario (en ocasiones, con un conteni do negociado y consensuado entre las partes implicadas); la atención prioritaria de qu ienes tienen mayores dificultades para su integración; y, por último, la re alización de un tratamiento inte gral de las situaciones de exclusión, capaz de atender las distintas vert ientes o los diversos problemas a los que debe enfrentarse cada individuo. De hecho, la mayoría de estas normas consideran fundamental que las personas en situaci ón de exclusión contribuyan a superar su situación realizando activida des que fomenten su reinse rción, siendo recomendable no sólo la inserción social (r ecuperación de la autoestima, la autonomía personal y la consideración del entorno familiar), sino también la inserción laboral. Señalados los objetivos generales de tales programas, y delimitadas sus características comunes, procede ya entrar en el análisis si ngularizado de lo que constituye el objeto de este estudio, esto es , el eventual derecho a recibir estas medidas de atención social por parte de los extranje ros que se encuentren en España. Con este fin vamos a analizar las disposiciones que, en la regulación vigente de los distintos programas autonómicos, concreten las condici ones que deben reun ir los individuos o las comunidades en las que se integren para ser beneficiarios de las diversas prestaciones o ayudas. 3.2. El ámbito subjetivo de las Políticas de Inserción Social.