72). En todo caso, no puede ignorarse que el hecho del alto volumen de inmigración irre gular obliga a “conciliar la realidad social con la jurídica obligando a do tar a los irregulares de un estatus jurídico, siquiera sea mínimo (RODRÍGUEZ INIESTA, 2005). De lo anterior han surgido diversas teorías que abogan por la sustitución del criterio de la nacionalidad por el de la ciudadanía (DE LUCAS, 2005) o incluso por un sistema universalista (TARABINI-C ASTELLANI AZNAR, 2006, pág. 226). El primero de ellos defiende la utilización de l criterio de ciudadanía como elemento determinante para el tratamiento de los ex tranjeros. De esta forma, afirma que el reconocimiento de derechos se fundamenta en la residencia estable, aunque sin precisar si se refiere a la residenc ia legal o no (RUIZ DE HUI DOBRO, 2006, pág. 83), elemento fundamental en la Seguridad Social, por ejem plo, para el acceso a prestaciones de nivel no contributivo. En todo caso, esta teoría ha sido criticada ya que, en definitiva, no hace sino complicar el panorama actual al no elim inar la utilización de los criterios de nacionalidad (RUIZ DE HUIDOBRO, 2006, pág. 85). En cambio, la segunda opción va más allá valorando la posible tendencia, propiciada por la globalización mundial y la imparable inmigración, hacia una universalidad, guiándose más por criterios morales y de solidaridad que por los de nacionalidad.