6 del Decreto 24/2001, de 20 de abril, sobre Prestaciones de Inserc ión Social de la Rioja, y art. 6 del Decreto 126/2004, de 30 de diciembr e, de la Comunidad de Castilla y León). Al margen de estos requisitos, no se su ele hacer mención expresa a la situación de los extranjeros no comunitarios en el acceso a estas prestaciones, circunstancia que va a tener mayor o menor relevancia depe ndiendo de que se trate de Comunidades Autónomas con régimen flexible (centradas en el empadronamiento) o riguroso (con exigencia adicional de residencia legal). La s posibles exoneraciones en el cumplimiento de los requisitos que se puedan articular por esta vía sólo van a ser analizadas en el ámbito de las CCAA que exigen la residencia legal y ello porque sólo en estos casos la regulación puede tener trascendencia a efectos de proteger al colectivo que se presenta mayor vulnerabilidad: los extr anjeros no comunitarios en situación de irregularidad. Desde esta perspectiva, una vez establ ecida la obligación de residencia legal para que los extranjeros puedan acceder a la prestación, se suelen regular determinadas excepciones que, o bien se refieren a colecti vos de extranjeros dete rminados (refugiados y exiliados fundamentalmente), o bien, con cará cter general, se refi eren a personas que se encuentran en situaciones de extrema necesidad o de pobreza severa. La cuestión va a estar, sobre todo en el segundo caso, en que la regulación, desarrollo y concreción de estos supuestos se remite a la vía reglamentaria y que, en caso de que esta concreción se produzca, se utilizan criterios de definición que no resultan adecuados para determinar las situaciones de necesidad que ge neran el derecho a la prestación.