Las Co munidades Autónomas deben revisar las nociones que sobre el fenómen o de la inmigración acogen las diversas normas que articulan la asistencia social, con objeto de eliminar los obstáculos que encuentran los extranjeros no comunitarios en el acceso a las di stintas prestaciones y adecuar las regulaciones autonómicas a las exigencias que impone la legislación de extranjería. 51.- En términos similares, la Ley de Dependencia extiende la protección a los extranjeros que se hallen en España en la s condiciones dispuestas en la “Ley de extranjería”, en los tratados internacionale s y en los convenios que se establezcan con los países de origen. La remisión a la norma estatal permite reiterar la equiparación con los españoles de los extranjeros que se encuentr en en situación regular en el país, frente a la limitada cobertura que se dispensa de prestaciones y servicios básicos a los que estén en situación regular. La aplicación de las normas referidas exige determinar, en primera instancia, la calificación que corre sponda a las prestaciones y servicios del SAAD, si como servicios básicos o especia lizados. No se encuentra ninguna solución a este problema ni en la normativa específica sobre dependencia, ni en los Estatutos autonómicos (en los que, mayoritariamente, ni siquiera se señalan los dependientes como un colectivo digno de singular tutela), ni tampoco en las leye s reguladoras de los servicios sociales, en las que no se suelen encontrar medidas de actuación especialmente dirigidas a los dependientes (sól o se señalan, como beneficiario s de tales servicios, a los ancianos y a los discapacitados, y no todos el los pueden considerarse dependientes).