que se deba hacer efectiva la expulsión. Si la expulsión no se pudiera ejecutar en el plazo de  setenta y dos horas, podrá solicitarse la medida de internamiento regulada en los artículos  anteriores, que no podrá exceder del período establecido en el artículo 62 de esta Ley. 2. Tanto en los supuestos de prórroga del plazo de cumplimiento voluntario como de  aplazamiento o suspensión de la ejecución de la expulsión, lo que se acreditará en  documento debidamente notificado al interesado, se tendrá en cuenta la garantía para el  extranjero afectado de: a) El mantenimiento de la unidad familiar con los miembros que se hallen en territorio  español. b) La prestación de atención sanitaria de urgencia y tratamiento básico de  enfermedades. c) El acceso para los menores, en función de la duración de su estancia, al sistema de  enseñanza básica. d) Las necesidades especiales de personas vulnerables. 3. La ejecución de la resolución de expulsión se efectuará, en su caso, a costa del  empleador que hubiera sido sancionado por las infracciones previstas en el artículo 53.2 a) o  54.1.d) de esta Ley o, en el resto de los supuestos, a costa del extranjero si tuviere medios  económicos para ello. De no darse ninguna de dichas condiciones, se comunicará al  representante diplomático o consular de su país, a los efectos oportunos. 4. Cuando un extranjero sea detenido en territorio español y se constate que contra él se  ha dictado una resolución de expulsión por un Estado miembro de la Unión Europea, se  procederá a ejecutar inmediatamente la resolución, sin necesidad de incoar nuevo  expediente de expulsión.