Es lo que sucede, en general, con los ex iliados, refugiados y apátridas que se hallen en territorio de alguna de nuestra s CCAA. En relación con estas personas, se puede distinguir va rias posibilidades: a) aque llas leyes autonómicas que los reconocen como titulares incondicionados del derecho a los servicios sociales; b) aquellas otras que se remiten a los requisitos dispuestos en la ordenación reglamentaria de los servicios sociales autonómicos; c) y, en fin, las leyes que los reconocen como beneficiarios de tales servicios y prestaciones en los términos previstos en la normativa estatal básica y en los tratados o convenios vi gentes y, en su defect o, según derive de la aplicación del principio de reciprocidad. En este sentido, y en relación con la s CCAA que se remiten a la normativa estatal para determinar el derecho a los se rvicios sociales de estos colectivos, es necesario tener en cuenta lo dispuesto en la Ley de Asilo (Ley 5/1984, de 26 de mayo, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo) y, en su desarrollo, en el RD 203/1995, de 10 de febrero. En este tema, la Ley r econoce expresamente a los refugiados el derecho a “ la asistencia social y económica que reglamentariamente se determine ” (art.