Sobre esta base, desde la década de los ochenta se ha desarrollado y consolidado el  Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional que, en la actualidad está  compuesto por centros propios de carácter estatal, titularidad del Ministerio de Inclusión,  Seguridad Social y Migraciones, que realiza una gestión directa e indirecta de los mismos y,  fundamentalmente, por los centros cuya gestión se realiza por entidades sin ánimo de lucro  financiados a través de subvenciones públicas. Este sistema, pensado para la atención a un número limitado de personas, se ha visto  desbordado por el aumento exponencial de las solicitudes de protección internacional,  configurándose a través de una serie de protocolos, manuales e instrucciones, así como de  las distintas normas reguladoras de las subvenciones, lo que ha generado la necesidad de  armonizar la regulación mediante esta norma de rango reglamentario con la finalidad de  establecer las condiciones generales básicas del sistema de acogida, recoger las  características de los centros y recursos de acogida y regular un sistema de financiación y  gestión de los recursos de acogida que garantice su estabilidad en el tiempo y una mejor  previsión de las necesidades y recursos, fomentando el abordaje plurianual e incentivando la  innovación y la reducción de costes. En este sentido, la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del  Estado para 2022, disposición final decimoséptima, modificó el artículo 31.1 de la Ley  12/2009, de 30 de octubre, al objeto de adaptar el sistema de atención y acogida de  personas migrantes y solicitantes de protección internacional a los retos actuales, y  establecer un nuevo modelo de colaboración con entidades.