31.20 LO 9/82), y de La Rioja (art. 8.30 de la LO 3/1982); en algunos de éstos, se atribuyen también las CCAA competen cias adicionales como el anteriormente mencionado “ desarrollo comunitario ”. Los demás Estatutos de Autonomías dejan de utilizar el término “ asistencia social ” y, bien utilizan un concepto nuevo como el de “ acción social ”, que unas veces aparece indeterminado (como sucede en el ar t. 30.15 del Estatuto de las Islas Baleares en el que se señala la compet encia exclusiva en materia de “ Acción y bienestar social ”) y otras, con un contenido concreto (como ocurre en el art. 71.34 del Esta tuto de Aragón, donde expresamente se atribuye la CCAA competencia en materia de acción social que, como en el propio precepto se dice, “ comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sist ema público de servicios sociales. ”), o bien definen, sin más, la competencia de los poderes autonómicos, exclusivamente, en materia de servicios sociales. Así lo hace, si n mayor precisión, el Estatuto de Valencia (art. 49.24 de la LO 5/1982) y los Estatutos de Andalucía y Cataluña (arts. 61 de la LO 2/2007 y 166 de la LO 6/2006, re spectivamente), en estos dos últimos casos, con una prolija exposición de las actuaciones y ma terias que se incluyen dentro de la competencia autonómica. En fin, una última variedad la constituye el Estatuto de la Comunidad de Madrid, en el que no se utiliza ninguno de estos conceptos, sino que directamente se atribuye a la Comunida d competencias en materias concretas o respecto a colectivos específicos (como los ciudadanos de la tercera edad, los emigrantes, minusválidos, etc.)