221   desarrollo de este tipo de iniciativas (art. 61.1 del Estatuto de Autonomía Andaluz; art. 27.1. b. de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de Cantabria). En cuanto a la forma en que se articulan las prestaciones, hay que tener en cuenta que la mayoría de las CCAA las c onfigurarán [siguie ndo las directrices establecidas en la STC 239/2002, de 11 de diciembre (F. J. 8º), que delimita asistencia social externa e interna al si stema de Seguridad Social] como ayudas extraordinarias, de pago único, y de vigencia anual, diferenc iándose convenientemente de los rasgos que presentan las prestaciones no contributivas. De sde esta perspectiva, lo fundamental, de acuerdo con el pronunciamiento mencionado, es que las pres taciones autonómicas no se caractericen “ por su integración en un sistema unitari o y permanente, ni en el tiempo ni en el espacio ”, circunstancia que, desde nuestro punto de vista, más que delimitar las prestaciones asistenciales es tatales y autonómicas, impide que se generen derechos consolidados por parte de los beneficiarios y, en lo que ahora nos interesa, dificulta ostensiblemente un análisis homogéneo y pormenorizado de esta materia. Con las características menc ionadas se regulan los co mplementos de pensiones en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que, salvo menciones expresas en algunas leyes de tipo sectorial ,y, recientemente, en su Estatuto de Autonom ía (art. 40 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las Pe rsonas con Discapacidad en Andalucía; art. 40 de la Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección de las Personas Mayores, y art.