Los Estados generalmente reconocen el de recho a emigrar, en cambio, no afirman ni niegan el derecho a inmigrar, sino que direct amente lo regulan, sometiendo su ejercicio a la autorización estatal, lo que implica precisamente su reconocimiento. Por el contrario, si lo reconocen e xpresamente las normas intern acionales, concibiéndolo como un derecho universal ejercitable por toda pe rsona. Se trata, en consecuencia, de un derecho configurado en los tres planos norma tivos: internacional, constitucional y legal, del que dependen, a su vez, el ejercicio de ot ros derechos, como el derecho al trabajo y el derecho a la Seguridad Social. 12. En el plano internacional se recoge explíc itamente en los grandes textos jurídicos, con mayor o menor vinculabilidad jurídica, pe ro su aplicación está en función de las normas nacionales que lo regulan. 13. La Constitución Española, en cambio, aunque se refiere a las facultades de los extranjeros en España, no recoge expresam ente el derecho a inmigrar, por lo que cualquier decisión adoptada por el legislador ordinario se ría, en principio, adecuada constitucionalmente. Sin embargo, el Tribuna l Constitucional ha precisado el alcance de estas facultades. En primer lugar, incluyen el ejercicio de todos los derechos y libertades contenidos en el Título I, entre los que se encuentra el derecho a la Seguridad Social y a la Salud. En segundo lugar, son derechos cons titucionales y, por tanto, dotados, dentro de su específica regulación, de la protecci ón constitucional, por lo que el legislador podrá configurarlos, pero no restringirlos, ga rantizándolos en la más completa igualdad