Artículo 14.  Medidas cautelares. Si el solicitante careciere de la documentación exigida para residir en España, el  Ministerio de Justicia e Interior podrá acordar la fijación de residencia obligatoria al  interesado hasta la resolución definitiva del expediente, siéndole notificado dicho acuerdo  por el Gobernador civil de la provincia en que se encuentra. Asimismo, por razones de  seguridad pública, el Ministro de Justicia e Interior podrá adoptar cualquiera de las medidas  previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y  Libertades de los Extranjeros en España. Artículo 15.  Prestaciones sociales y trabajo de los solicitantes. 1. Los solicitantes de asilo, siempre que carezcan de medios económicos, podrán  beneficiarse de servicios sociales, educativos y sanitarios que presten las Administraciones  públicas competentes, dentro de sus medios y disponibilidades presupuestarias, para  asegurar un nivel de vida adecuado que les permita subsistir. Las prestaciones otorgadas  podrán modularse cuando la solicitud de asilo se encuentre pendiente de admisión a trámite,  y se garantizará, en todo caso, la cobertura de las necesidades básicas de los solicitantes de  asilo. Con carácter general, el acceso a la educación, a la atención sanitaria, a la Seguridad  Social y a los servicios sociales se regirán por lo dispuesto, respectivamente, en los artículos  9, 12 y 14 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los  extranjeros en España y su integración social. 2. El solicitante de asilo podrá ser autorizado a trabajar por la autoridad competente, de  acuerdo con lo previsto en la normativa vigente de extranjería, en función de las  circunstancias del expediente y la situación del interesado. 3.