El acceso a las distintas prestaciones r econocidas por las CCAA suele regirse por una serie de criterios regulados de forma más o menos uniforme en todas las disposiciones existentes. Estos requisitos hacen referencia, sobre todo, a que el beneficiario se encuentre incluido en una dete rminada franja de de edad (debe tratarse de personas que se encuen tren entre los 25 y los 65 años, con algunas excepciones dirigidas a incluir a personas que se encuentren fuera de esta franja, bien por tener a su cargo menores o incapacitados, bien por pad ecer una discapacidad superior al 33% e inferior al 65%), a la carencia de recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de la vida (lo que se suele identificar con tener unos ingresos inferiores a la cuantía anua l de la prestación económica básica) y, finalmente, a la existencia de una unidad de convivencia independiente, constituida con una antelación mínima a la presentación de la solicitud que , con carácter general, suele abarcar desde los seis hasta los doce meses. La diversidad entre las distintas regulaciones comienza a la hora de establecer los requisitos que permiten el acceso a los extranjeros no comunitarios, especialmente por lo que se refiere a las prestaciones ec onómicas. No obstante, antes de entrar a analizar el ámbito subjetivo de estos Programas, hemos de a dvertir que, a pesar de que la mayoría de las CCAA exigen requisito s comunes para reconocer las distintas prestaciones, bien a través de una re gulación conjunta o de una regulación independiente, se ha optado por hacer una tr atamiento separado en función del tipo de prestación, y ello no sólo porque algunas re gulaciones autonómicas experimentan