160   profesional ocurridos en Espa ña”; lo que se considera un reconocimiento indirecto del derecho a las prestaciones derivadas de contingencias profesionales. La cuestión es que algunos de estos argum entos han sido discutidos, y con razón, por lo que toca en estos momentos determ inar qué fundamentación jurídica, si la hubiera, justificaría el que un trabajador ex tranjero autónomo, o del mar, por ejemplo, en situación irregular, podría recabar con éx ito la protección social en relación con las contingencias profesionales. Para empezar, hay que descartar el recu rso a los Convenios núm. 19 y 97 OIT. Este último porque se trata de un Conveni o referido exclusivamente a los migrantes regulares, lo que no es el caso (ALARCÓN CARACUEL, 2005, p. 95). Y, en relación con el primero, porque, si bien es verdad que dicho Convenio rec onoce que la igualdad de trato entre nacionales y extranjeros no está supeditada a “ninguna condición de residencia”, hay que recordar que esa iguald ad viene referida a una circunstancia tan concreta como el percibo de la indemnizaci ón por accidente de trabajo por parte de los trabajadores extranjeros o sus derechohabien tes, y lo que se pr etende es que las exigencias de residencia no dificulten el percibo de la indemnización cuando los beneficiarios, por la raz ón que sea, ya no residen en España (RODRÍGUEZ CARDO, 2006, p. 236). Igualmente discutible resulta el argument o del tenor del art. 1.4 b) de la Orden de 28 de diciembre de 1966, desde el momento en que, como en algún caso ya se ha expresado (RODRIGUEZ CARDO, 2006, p.