Sin embargo, la escasa operatividad del Pacto se confirma por las declaraciones del secre - tario general del Partido Socialista Canario, que en noviembre de 2013 certificaba que estaba clínicamente muerto, lo cual no debe sorprender si se advierte el recelo con que el texto contempla el fenómeno migratorio, su - puesta amenaza para un “territorio fragmen - tado y frágil” (Gobierno de Canarias, 2002), con una capacidad limitada para gestionar la llegada de nuevos pobladores. Sentadas esas premisas, las pomposas declaraciones sobre “la necesidad de intensificar las actuaciones de integración en un marco de mayor diver - sidad cultural” (Gobierno de Canarias, 2002) no dejaban de ser enfáticos brindis al sol. La escasa operatividad del Foro canario de la inmigración, desde sus mismos orígenes, habla por sí sola de la inanidad de las bue - nas intenciones pregonadas en el Pacto y de la ineficacia de ese órgano de participación, asesoramiento y consulta de la Comunidad Autónoma de Canarias. El ámbito de actuación de las Comunida - des Autónomas está restringido por las pre -visiones del artículo 149, 1, 2º de la Consti-tución española, que adjudica en exclusiva al Estado atribuciones en materias de naciona - lidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Aun así, Estado y Comunida - des Autónomas están llamados a entenderse en asuntos de inmigración: el primero gestio - na los procesos de entrada, regularización y control de los flujos migratorios, mientras que las políticas de integración corresponden a las Comunidades Autónomas, aunque no de modo exclusivo.