se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras  (Código de fronteras Schengen), al regular en su artículo 5 y anexo I, entre las condiciones  de entrada para los nacionales de terceros países, la relativa a estar en posesión de  documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista. España, como Estado miembro de la Unión Europea y como signatario del Convenio de  aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, y del citado Código de  fronteras Schengen ejerce determinadas competencias en aplicación de la normativa  comunitaria asumiendo, también, las obligaciones de control contenidas en la misma frente a  los demás Estados firmantes. La enumeración de los presupuestos que se contienen en las normas citadas ha de  entenderse como de mínimos, de tal forma que, si concurrieran todos y cada uno de esos  condicionantes, no se generaría un derecho automático para que la entrada quedara  franqueada, pues, en última instancia, corresponde a cada Estado miembro la  responsabilidad de admitir o no a extranjeros para viajes de presumible corta duración, lo  que implica o conlleva que, en defensa del principio de solidaridad con los demás Estados  miembros de la Unión Europea y sin merma alguna de la soberanía nacional, se cuiden con  esmero las condiciones para el acceso al Espacio común europeo.