La expulsión del refugiado únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud de una decisión tomada  conforme a los procedimientos legales vigentes. A no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se deberá permitir al refugiado presentar pruebas exculpatorias, formular recurso de apelación y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o ante una o  varias personas especialmente designadas por la autoridad competente.  3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al refugiado un plazo razonable dentro del cual  pueda gestionar su admisión legal en otro país. Los Estados Contratantes se reservan el derecho a  aplicar durante ese plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias.  Artículo 33. -- Prohibición de expulsión y de devolución ("refoulement")  1. Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza,  religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas.  2. Sin embargo, no podrá invocar los beneficios de la presente disposición el refugiado que sea  considerado, por razones fundadas, como un peligro para la seguridad del país donde se encuentra,  o que, habiendo sido objeto de una condena definitiva por un delito particularmente grave, constituya una amenaza para la comunidad de tal país.  Artículo 34. -- Naturalización  Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la naturalización de los refugiados. Se esforzarán, en especial, por acelerar los trámites de naturalización y por reducir en  todo lo posible derechos y gastos de tales trámites.