Los Estados Contratantes concederán a los refugiados que se encuentren legalmente en el  territorio de tales Estados el mismo trato que a los nacionales en lo concerniente a las materias  siguientes:  a) Remuneración, incluso subsidios familiares cuando formen parte de la remuneración, horas de  trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de  mujeres y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de trabajo, en la  medida en que estas materias estén regidas por leyes o reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas;  b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del trabajo, maternidad,  enfermedad, invalidez, ancianidad, fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y  cualquier otra contingencia que, conforme a las leyes o los reglamentos nacionales, esté prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones siguientes:  i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los derechos adquiridos y de  los derechos en vías de adquisición;  ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de residencia prescriban  disposiciones especiales concernientes a los beneficios o a la participación en los beneficios pagaderos totalmente con fondos públicos, o a subsidios pagados a personas que no reúnan las  condiciones de aportación prescritas para la concesión de una pensión normal.  2. El derecho a indemnización por la muerte de un refugiado, a resultas de accidentes del trabajo o  enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por el hecho de que el derechohabiente resida fuera  del territorio del Estado Contratante.  3.