ET), retrocede a las viej as teorías sobre las relaciones laborales de hecho y hace tabla rasa de la distinción entre trabajador regular e irregular, contraviniendo además abiertamente lo dispue sto por el art. 41 CE (que reserva a los ciudadanos la protección de la Seguridad Social)” (MONTOYA MELGAR, 2007, p. 129). No obstante, ello no quiere decir que el tr abajador extranjero irregular esté en condiciones de poder ingresar en el Sistema, y por tanto, ser afiliado y dado de alta, de la misma manera que de producirse la c ontingencia profesiona l correspondiente no surgiría obligación de cotizar alguna. Aunque es importante no perder la perspectiva de que la normativa sobre Extranjería a lo que aspi ra es a controlar los flujos migratorios, y desde esa perspectiva resulta inevitable la diferenciación entre regul ares e irregulares a la hora de reconocer derechos (en este sentido, GARCÍA MURCIA, 2002, p. 30-31). El ordenamiento español claramente no aborda el derecho a la Seguridad Social (art. 41 CE) como una suerte de de recho universal de las pers onas, aunque reconozca su condición de derecho propio de los inmigran tes. En ese sentido hay que compartir la opinión de quienes (SÁNCHEZ-URÁN, 2006, p. 279) han expresado que en el presente