Fijando, aunque sea de manera breve, cuál es la posic ión en relación con el posible derecho de los inmigrantes irregulares a la protección so cial otorgada por determinados Regímenes de la Seguridad Social; cuestión que en definitiva remite al conflictivo asunto de hasta qué punto los trabajadores extranjeros en situación irregular pueden pretender su inclusión en alguno de los Regímenes Especiales de Seguridad Social. Por principio, conocido es que el art. 13 CE establece que los “extranjeros” en nuestro país “gozarán en España de las lib ertades públicas que garantiza el presente Título [I] en los términos que establezcan los tratados y la ley”, lo que atinadamente se ha interpretado como que puede haber un reco nocimiento legal limitado de derechos a los extranjeros respecto de los españoles, pue s sólo respecto de estos el art. 14 CE reconoce el principio de igualdad y no discriminación (SÁNCHEZ-URÁN, 2006, p. 249). De manera que, del texto constitucional, no se puede extraer, de una forma clara una suerte de “derecho a la integración social”, pese a que, entre los principios rectores de la política social y económica, la CE reconoce derechos como el de Seguridad Social.Y es que como refirió en su mo mento la STC 72/2005, “el art. 13.1 CE no se refiere a la totalidad de los derechos de lo s extranjeros en España, sino sólo a derechos fundamentales”, entre los que de sde luego no está el derecho a la Seguridad Social. Otra cosa es que el legislador haya considerado en un momento determinado a los inmigrantes como colectivo “con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo”(por ejemplo, la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en su art. 26,