2.2. de la Ley 5/1984), concretándose en el Reglamento que, los solicitantes de asilo y quienes ya tengan la condición de refugia dos, siempre que carezcan de trabajo o de medios económicos para atender a sus necesidad es y a las de su familia, tienen derecho a beneficiarse de los servicios sociales que presten las Admi nistraciones públicas competentes para asegurarles un nivel de vida adecuado, debiéndose en este sentido prestar singular atención a las personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad (tales como menores, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, etc.) (arts. 15 y 30 del RD 203/1995). No obsta nte, la claridad de estos preceptos (que permiten atribuir directamente a los refugiados que se encuentren en España el derecho a los servicios sociales autonómicos) se ve empañada por la remisión que se hace en el propio art. 15.1 del RD 203/1995, in fine , a lo dispuesto en el art. 14 de la LO 4/2000, de 11 de enero, remisión que permite trasla dar a este colectivo los problemas de