76), no puede olvidarse que, por lo que respecta a las contingencias comunes, el disfrute de la s prestaciones pasa por la acreditación de períodos mínimos de cotización, que sobre t odo en el caso de algunas prestaciones tipo incapacidad permanente o jubilación suponen la rgos períodos de carencia, difíciles de reunir por un trabajador irregular. Otro problema también será la sucesión de empleadores para los que ha trabajado el in migrante irregular y la demostración de los períodos en que dicho trabajo se ha produci do, cuando no la carencia en estos casos de aportaciones (cotizaciones) que son responsabilidad del propio trabajador, como la cuota obrera del REA (art. 42 R.D. 2123/1971, de 23 de julio), o la cotización que esta obligada a efectuar la empleada de hogar en los casos de pluriempleo (art. 46 R.D. 2064/1995) y que este caso no ha podido realizar por razone s obvias; entre las que cabe citar la situación de ilegalidad que le impide al trabajador efect uar por si mismo la cotización de forma regular, por no hablar de la imposibilidad de efectuar esa cotización cuando el empresario, como es el caso, no da de alta, por ilegal, al trabajador en el censo agrario, en el caso del REA. Finalmente, y por lo que respecta a los trabajadores inmigrantes irregulares por cuenta propia, los problemas para hacer efectivo el derecho a la protección por contingencias comunes son aún mayores, desde el momento en que, normalmente no existirá cotización efectiva, por lo que, ante la imposibilidad de hacer responsable a Entidad Gestora alguna del pago de las prestaciones, finalmente el inmigrante irregular, sea o no residente, se encontrará desprote gido.