Independien temente de lo que diga la norma en este sentido, existen un conjunto de medidas, las medi das de apoyo a la inserción laboral, que claramente van a chocar con la situación de irregularidad en la que se encuentre el extranjero, y ello porque, en estos casos, adem ás de las medidas formativas, la mayoría de las regulaciones contemplan la inserción laboral mediante la creación de empresas o entidades colaboradoras en la inserción, de forma que, siendo el objetivo fundamental fomentar la contratación de estas persona s, es imprescindible que cuenten con una autorización administrativa que les habil ite para trabajar en nuestro país. Este dato no tendría demasiada trascendencia si los distintos Programas se centraran efectivamente en medidas de inserción social, sin darle un excesivo protagonismo, como sucede en la realidad, a las medidas de inse rción laboral. Muchas de estas normas, como ya se ha puesto de manifiesto, siguen vinc ulando la percepción de la prestación económica básica al seguimi ento de programas y medidas de inserción laboral, sin tener en cuenta que, en numerosa s circunstancias, este tipo de medidas no pueden ni deben integrar los Planes Indivi duales de Inserción. Resulta significativo a estos efectos que algunos de los Programas en los que se contempla expresamente una desvinculación circunstancial entre ambas pr estaciones sean precisamente aquellos en los no se permite participar a los extranjero s en situación de irregularidad. A pesar de ello, consideramos conveniente hacer una reflexión sobre las distintas formas de articular las prestaciones que se están desarrollando por parte de las CCAA., independientemente de los requisitos de acceso, con objeto de determinar cuál sería el modelo más adecuado para atajar las situacione s de exclusión que sufre el colectivo de extranjeros no comun itarios en general.