65   miembro en cuestión a conceder a los naci onales de los demás Estados miembros las mismas ventajas que las que disfrutan su s propios nacionales en virtud de dicho convenio, a menos que pueda justific ar objetivamente su denegación. A este respecto, el Tribunal señaló que su interpretación del concepto de "legislación" recogido en la letra j) del artículo 1 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 no puede llevar al menoscabo de la obligaci ón de todo Estado miem bro de respetar el principio de igualdad de trato previsto en el artículo 39 del Tratado CE. Dictamino, asimismo, que cuestionar el equilibrio y la reciprocidad de un convenio internacional bilateral celebrado entre un Estado miem bro y un tercer Esta do no puede ser una justificación objetiva para que el Estado miembro parte en dicho convenio se niegue a extender a los nacionales de los demás Estados miembros las ventajas que dicho convenio concede a sus propios nacionales. Tampoco admitió las objeciones que se refieren al eventual aumento de las ca rgas financieras ni a las dificultades administrativas ligadas a la colaboración c on las autoridades competentes del tercer Estado en cuestión para justificar la inobser vancia por parte del Estado firmante del convenio bilateral de las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado. Dada la relevancia del pronunciamiento expuesto, la Recomendación n° 22, de 18 de junio de 2003, relativa a dicha ju risprudencia Gottardo (DO L 326 de 13/12/2003) , establece que: 1.