En todo caso, la Subd irección General de Ordenación y Asistencia Jurídica del INSS adoptó un acuerdo a partir de la aprobación de la LO 14/2003 y de las SSTS de 9 de junio y 7 de octubre de 2003 que establecía: “A partir del 21 de diciem bre de 2003, fecha de entr ada en vigor de la LO y para hechos causantes producidos desde el c itado momento, a la hora de reconocer las prestaciones que gestiona el Instituto, se considerará al extranjero que trabaja en España sin la preceptiva autorización gubernativa, como trabajador que no está dado de alta por el empresario, debiendo estarlo , con las consecuenci as legales de todo orden que tal incumplimiento comporta, de conformidad con la le gislación vigente” (Servicio de Régimen Jurídico, expediente 30/2004 citado por MORENO PUEYO, 2004, 147). Acuerdo con el cual el INSS parece hacer frente a las críticas mencionadas pero abre la polémica, de nuevo, acerca de si el régimen aplicable al extranjero sólo se reduce a las contingencias profesionales, co mo sucede en el caso de cualquier otro trabajador nacional o, como se viene interpretando, también comprende las contingencias comunes. Si bien, afirmar que el tratamiento del trabajador extranjero es el de quien no está de alta (no puede estarlo), debiendo estarlo, no es otra cosa que reconducir su situación a la de un trabajador en relaci ón con el cual no se han cumplido por el empresario las obligaciones de en cuadramiento (aunque no pudiera hacerlo, en realidad). La declaración del INSS sólo tiene el valor de equipara r situaciones y, sobre todo, de anudar a ellas (la del trabajador extranjero irregu lar que trabaja y no está dado de alta, porque no puede legalmente estarlo) consecuencias jurídicas.