Asimismo, toda devolución acordada en aplicación del párrafo b) del artículo 58.3 de la  Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, llevará consigo la prohibición de entrada en territorio  español por un plazo máximo de tres años. 6. Aun cuando se haya adoptado una resolución de devolución, ésta no podrá llevarse a  cabo y quedará en suspenso su ejecución cuando: a) Se trate de mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la  gestación o para la salud de la madre; o se trate de personas enfermas y la medida pueda  suponer un riesgo para su salud. b) Se formalice una solicitud de protección internacional, hasta que se resuelva sobre la  solicitud o ésta no sea admitida conforme con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley  12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. La admisión a trámite de la solicitud de protección internacional llevará aparejada la  autorización de entrada y la permanencia provisional del solicitante. 7. El plazo de prescripción de la resolución de devolución será de cinco años si se  hubiera acordado en aplicación del apartado a) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000,  de 11 de enero; y de dos años si se hubiera acordado en aplicación del apartado b) del  artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. La prescripción se aplicará de oficio  por los órganos competentes. El plazo de prescripción de la resolución de devolución acordada en aplicación del  apartado a) del artículo 58.3 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, no empezará a  contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada reiniciado.