a) Mediante cumplimentación en los servicios policiales responsables del control  fronterizo del impreso previsto para dejar constancia de la salida del extranjero de territorio  español. b) Mediante personación en la misión diplomática u oficina consular española en el país  de origen o de residencia en la que conste documentación acreditativa de que la salida de  territorio español se produjo antes de la resolución del procedimiento sancionador o durante  el plazo dado para el cumplimiento voluntario de la sanción impuesta. La autoridad fronteriza o consular a la que se haya comunicado la salida de territorio  español de acuerdo con lo establecido en este apartado dará traslado, a través de la  Comisaría General de Extranjería y Fronteras, de dicha información al órgano que haya  impuesto la sanción de expulsión o que sea competente para su imposición, a los efectos,  respectivamente, de la revocación o no imposición de la prohibición de entrada. 3. La resolución conllevará, en todo caso, la extinción de cualquier autorización para  permanecer en España de la que fuese titular el extranjero expulsado, así como el archivo  de cualquier procedimiento que tuviera por objeto la autorización para residir o trabajar en  España. 4. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo  54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión  de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada  infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo cuando haya  quedado acreditado que los bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de  la infracción que los haya adquirido legalmente.