197   consecuencia, se ha de volver a las leyes de las CCAA para integrar la normativa estatal. Llegados a este punto, resulta necesari o intentar delimitar, con apoyo en las leyes autonómicas, las características de una y otra modalidad (los servicios pertenecientes al primer y segundo grupo, sea cu al sea la denominación que se les haya dado en los diferentes territo rios) con objeto de aclarar, en última instancia, cuáles corresponden en la actualidad o deben reconocer se en el futuro a los extranjeros, según sea su situación en España (de residencia legal o ilegal). Igualmente, se ha de determinar qué tipo de prestaciones o serv icios se incluyen en uno u otro nivel de protección para concluir señalando si es oportuno que ciertas ayudas se extiendan a toda la población extranjera, y ot ras se limiten a ciertos grupos. En el primer aspecto, es posible deducir de las leyes autonómicas que regulan los servicios sociales, las características prin cipales de unos y otros. En concreto, del análisis normativo se deduce, de un lado, que los servic ios sociales (que, para simplificar y utilizando la terminología de la Ley estatal, podemos llamar generales o básicos) constituyen la puerta de entrada al sistema, esto es, la estructura a la que los ciudadanos deben acudir para presentar su solicitud y obtener la atención que se dispensa desde las redes de servicios social es.