Si bien existen ligeras diferencias entre los fundamentos jurídicos de los sistemas  informáticos de la UE, en general establecen que las APD nacionales y el SEPD deben  cooperar, cada uno actuando en el ámbito de sus propios poderes. Forman grupos  de coordinación de la supervisión para cada sistema informático de gran magnitud  de la UE para garantizar una supervisión coordinada y eficaz de su funcionamiento.