(44) Los Estados miembros no deben estar obligados a evaluar  el fondo de una solicitud de protección internacional en  la cual el solicitante, debido a una conexión suficiente  con un tercer país tal como se define en el Derecho  nacional, podría razonablemente buscar protección en  dicho tercer país, y hay razones para considerar que el  solicitante será admitido o readmitido en dido país. Los  Estados miembros deben proceder sobre esa base única ­ mente cuando dicho solicitante en concreto estuviera  seguro en el tercer país de que se trate. A fin de evitar  movimientos secundarios por parte de los solicitantes,  deben establecerse principios comunes para la considera ­ ción o designación por los Estados miembros de terceros  países como seguros.   (45) Además, en lo que se refiere a determinados terceros  países europeos, que mantienen criterios especialmente  altos con respecto a los derechos humanos y a la pro ­ tección de los refugiados, los Estados miembros deben  estar autorizados a no realizar examen o no llevarlo  plenamente a cabo de las solicitudes de protección inter ­ nacional relativas a los solicitantes que entren en su te ­ rritorio a partir de dichos terceros países europeos.  (46) En caso de que los Estados miembros apliquen los con ­ ceptos de país seguro en casos individuales o de países  designados como seguros mediante la elaboración de  listas a tal efecto, deben tener en cuenta, entre otros,  las directrices y manuales operativos y la información  sobre los países de origen y las actividades, con inclusión  de la metodología de informes de información de país de  origen de la EASO a que se refiere el Reglamento (UE) n  o  439/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de  19 de mayo de 2010, por el que se crea una Oficina  Europea de Apoyo al Asilo (  1 ), y las correspondientes  directrices del ACNUR.