A estas razones, ha de sumarse la re levancia social de la nueva medida protectora, tanto por el significativo número de personas que se encuentran en situación de dependencia (téngase en cuenta que, según la Resolución de 23 de mayo de 2007, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, publicada en el BOE de 2 de junio de 2007, la población dependiente estimada asci ende, durante el año 2007, a 1.173.764 personas en España, de un total de 45.116.894; es decir, constituye el 2,60% de la población), como por la repercusión que los deberes de atención y cuidado de las personas dependientes tiene sobre la or ganización familiar (fundament almente, sobre el reparto de tareas y funciones entre sus miembros), como por las consecuencias que, sobre el mercado de trabajo, derivan de la oferta y demanda (pr ogresivamente creciente) de servicios de asistencia y cuidado de este colectivo (desde este punto de vista se ha apuntado, de un lado y en relación con la tr adicional atribución a las mujeres de esa tarea de atención y cuidado de los dependientes, cómo el cumplimiento de esta obligación ha sido una de las causas princi pales de inactividad productiva de las mujeres y, al contrario, cómo la continuidad del cuidado familiar se pone en cuestión dada su incorporación masiva, sobre todo a pa rtir de ciertas edades, al mercado laboral; en el mismo ámbito, de otro lado, también se ha puesto de manifiesto el importante número de puestos de trabajo que se necesitan para la organización y funcionamiento de los servicios del SAAD, así como la cualific ación y formación que ha de ofrecerse a las personas que van a ocupar esos puestos de trabajo o se van a dedicar, de manera informal, al cuidado de los dependientes). A todas estas razones puede incluso sumarse el impacto mediático de esta nu eva medida de atención social.