Adicionalmente cabría preguntarse, sobr e todo en aquellos casos en que este tipo de ayudas se destina a sa tisfacer las necesida des primarias del individuo, el sentido que tiene regular prestaciones económicas mínimas para situaciones de necesidad económica, estableciendo unos determinados requisitos subjetivos (empadronamiento y residencia) para después exceptuarlos en situaciones de emergencia social. Quizá fuese mucho más razonable, dado que se está en el terreno de la asistencia social de carácter básico, que la situación de n ecesidad o emergencia social se utilice como referencia no sólo para determinar la procedencia de es tas ayudas extraordinar ias sino como punto de partida para reconocer la pres tación ordinaria de ingreso mí nimo. A estos efectos habría que señalar la coherencia que presenta el Decreto 28/1999, de 23 de febrero, de la Comunidad de Extremadura, donde se regul an una serie de prestaciones para la generalidad de las personas, se trate de nacionales o extr anjeros, estableciendo como presupuesto básico para reconocer las di stintas prestaciones encontrarse en esa situación de emergencia social. La situación de emergencia social se define como una situación de extrema gravedad económica, que resulta entendida cuando la persona o la unidad familiar disponen de unos ingres os mensuales inferiores al 75% SMI, incrementado en el 8% por cada miembro de la unidad familiar. Para paliar la exclusión de los colectivos que se encuentran en esta situación, además de las ayudas extraordinarias mencionadas, la normativ a recoge una prestación económica de pago periódico y devengo mensual a la que tienen derecho las personas y familias que se encuentren en estado de grave necesi dad y siempre que no puedan acceder a los Programas de Inserción Laboral, que es el tercer nivel de intervención.