En síntesis puede concluirse que, al ampa- ro del encuadre constitucional, la legislación española sanciona la igualdad de nacionales y extranjeros, una vez que éstos se hallen em - pleados, en las condiciones de trabajo y de Seguridad Social; y, al mismo tiempo, estable - ce una desigualdad en la fase de búsqueda de empleo, al exigirse a los extranjeros la ob-tención previa de autorización para trabajar en España y al concederse prioridad al mer - cado nacional de trabajo. El Informe sobre la inmigración y el merca- do de trabajo en España, aprobado en sesión del Pleno de 28 de abril de 2004 por el Con-sejo Económico y Social de España, lamenta la práctica ausencia en nuestro país de me - canismos de regularización que permitan so -lucionar situaciones individuales específicas, en las que existe una vinculación real y efecti - va al mercado de trabajo En ese informe se propone consolidar y agilizar los instrumentos ya existentes para la ordenación de los flujos migratorios laborales (básicamente, régimen general, contingente y procedimiento específico para trabajadores temporales); se recomienda la vía del arraigo, después de tres años de residencia efectiva en España, para la obtención de la autoriza-ción de residencia temporal; se insta la pues - ta en marcha de una unidad o ventanilla única que “concentre, coordine y simplifique todos los trámites”, y se aconseja que se refuercen los mecanismos de control de las infraccio - nes relacionadas con la contratación irregular de extranjeros: uno de esos posibles ajustes para la más eficaz erradicación de conductas delictivas en el ámbito laboral podría consis-tir, según los redactores del informe, en que se faciliten documentos a quienes colaboren con las autoridades en la denuncia de tramas de explotación.