Resultan en extremo discutibles algunas previsiones con - templadas por el artículo 57, 1, 2 y 7, de la Ley Orgánica 4/2000, reformado por la 8/2000: — que los infractores extranjeros que incu- rran en conductas muy graves o graves (se-gún algunas de las tipificaciones del artículo 53) puedan ser expulsados del territorio espa - ñol con la sola tramitación de un expediente administrativo; — que constituya causa de expulsión la circunstancia de que el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en nues - tro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, — y que, “cuando el extranjero se encuen - tre procesado o inculpado en un procedimien - to judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturale - za, y conste este hecho acreditado en el expe - diente administrativo de expulsión, la autori-dad gubernativa someterá al Juez que, previa audiencia del Ministerio Fiscal, autorice, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres días, su expulsión, salvo que, de forma motivada, aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación” (LO 4/2000 y LO 8/2000). La Ley Orgánica 11/2003, de 29 de sep - tiembre, endureció algunos aspectos de la LO 4/2000, ya modificada por la 8/2000, a fin de mejorar la regulación actual en mate - ria de expulsión y “lograr una coordinación adecuada cuando se produce la tramitación simultánea de procedimientos administrativo y penal” (LO 11/2003).