Sí cabe que la Comunidad Autónoma de Canarias acomode sus acciones en materia de inmigración –a través del Estado español- a lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 20 del reglamento 1612/68 de la Comunidad Europea, relativo a la libre circu - lación de los trabajadores dentro de la Comu - nidad: cuando un Estado miembro experimente o prevea perturbaciones en su mercado de trabajo que pueden ocasionar riesgos gra- ves para el nivel de vida y de empleo en una región o profesión, comunicará este hecho a la Comisión y a los demás Estados miembros proporcionándoles todas las in-dicaciones apropiadas. Los Estados miembros y la Comisión adop - tarán cuantas medidas sean apropiadas en materia de información, con el fin de que los trabajadores de la Comunidad no soli- citen empleo en dicha región o profesión. (Comunidad Económica Europea, 1968). Una vía sugerida desde instancias cerca- nas a Estrasburgo pasaría por el recurso a las excepciones para la libre circulación de traba - jadores que se contemplan en el apartado 3º del artículo III-133 del Tratado de la Comuni-dad Europea: “razones de orden público, se - guridad y salud públicas”. 5. CONVERGENCIA COMUNITARIA EN LAS ÁREAS DE LA COOPERACIÓN Y LA REAGRU-PACIÓN FAMILIAR La promoción de los derechos de los resi - dentes de terceros países y la vigilancia fron-teriza se han visto facilitadas por el refuerzo en el intercambio de información en materia inmigratoria observado desde que así lo soli-citara el Consejo Europeo de Laeken. Resulta indudable que la cooperación internacional y el cruce sistemático de información posibili - tan el desarrollo de las políticas nacionales Normativa de la Unión Europea y legislación española sobre inmigración y extranjería. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Canaria