Por lo tanto, la legislación especial no da solución al tema y, por ello, hay que recurrir a la orde nación autonómica de los servicios sociales; también ahora, partiendo de una breve refe rencia a los Estatutos de Autonomía, para concluir analizando, con mayor pr ofundidad, las leye s autonómicas. En el primer aspecto es fácil compr obar cómo, en la mayor parte de los Estatutos autonómicos, o bien no dicen nada sobre la protección de los dependientes (ni tan siquiera de los colectivos que pueden encontrarse en esa s ituación), limitándose a señalar las competencias de las CCAA en ma teria de asistencia, acción o servicios sociales (así lo hacen los Estatutos de Asturias, Canarias, Valencia, Extremadura, Galicia, el País Vasco y La Ri oja), con más o menos extensi ón (es el caso del Estatuto de Cataluña y de Andalucía que, a pesar de la amplia definición de las funciones de los servicios sociales, no hacen expresa referenc ia a la protección de la dependencia), o bien desarrollan la competencia autonóm ica señalando expresamente, tanto el contenido de su actuación (el ejercicio de f unciones sobre la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios so ciales), como los colectivos de los que han de encargarse ese sistema de servicio s sociales, señalándose expresamente, entre los sujetos a los que se dirige su atención, las personas mayores y discapacitadas (es el modelo que se sigue en los Estatutos de Aragón, Castilla-La Manc ha, Madrid, Murcia, Cantabria y Navarra). Sólo en dos Estatutos, el de Castilla-León y el de las Islas Baleares (ambos reformados en 2007) se menciona expresamente, como sujetos merecedores de una especial prot ección, a las personas dependientes.