(40) Los Estados miembros podrán disponer, dentro de los  límites establecidos por sus obligaciones internacionales,  que la concesión de beneficios en materia de empleo,  protección social, asistencia sanitaria e instrumentos de  integración requiera la expedición previa de un permiso  de residencia.   (41) Para garantizar a los beneficiarios de protección interna ­ cional el ejercicio efectivo de los derechos y las presta ­ ciones establecidos en la presente Directiva, es necesario  tener en cuenta sus necesidades específicas y los retos  particulares de integración a que se enfrentan. De ello  no debe derivarse normalmente un trato más favorable  que el dispensado a sus propios nacionales, sin perjuicio  de la posibilidad de que los Estados miembros introduz ­ can o mantengan normas más favorables.   (42) En este contexto, debe realizarse un esfuerzo para abor ­ dar los problemas que impiden a los beneficiarios de  protección internacional tener un acceso efectivo a las  oportunidades educativas relacionadas con el empleo y  la formación profesional, entre otros los relacionados con  las limitaciones económicas.   (43) La presente Directiva no se aplicará a las prestaciones  económicas de los Estados miembros concedidas para  promover la educación.   (44) Es necesario adoptar medidas especiales para abordar  eficazmente las dificultades prácticas que encuentran los  beneficiarios de protección internacional para la autenti ­ cación de sus diplomas, certificados y otras pruebas de  cualificaciones oficiales extranjeros, en especial debido a  la falta de pruebas documentales y a su incapacidad para  sufragar los costes relacionados con los procedimientos  de reconocimiento.   (45) En particular a efectos de prevenir las penalidades socia ­ les, procede disponer en el ámbito de la asistencia social,  para los beneficiarios de protección internacional, la con ­ cesión no discriminatoria de las prestaciones sociales y  los medios de subsistencia adecuados.