Como el derecho de la Seguridad Social es un derecho económico o prestacional, las obligaciones que impone su observancia so n obligaciones de conducta, es decir, requieren de una actividad razonable y adecuada de los Estados para que el derecho pueda tener virtualidad práctica. As í, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que se ha hablado antes impone obligaciones a los Estados para lograr los objetivos establ ecidos en el mismo, también en relación con el derecho a la Seguridad Social. De mane ra que los Estados gozan de una relativa flexibilidad para aplicar el Pacto, pero al mismo tiempo están obligados a implantar progresivamente el derecho, adoptando las medidas necesarias para que sea real y eficaz. Además, los derechos, incluido el de Seguridad Social, vienen configurados por el Pacto con un contenido mínimo o esenci al, por debajo del cual los Estados no estarían cumpliendo sus obligaciones derivadas del Pacto. En cuanto al derecho a la Seguridad Social, debido a su especial trascendencia y repercusión en el ámbito de la dignidad humana, debe dársele prioridad en la s políticas sociales y en las legislaciones de los Estados. De esta forma se hace necesario para éstos el aplicar todos los recursos necesarios que hagan real el contenido de l derecho. En efecto, la OIT ha venido exigiendo a los Estados ese contenido mínimo del derecho de la Seguridad Social, pero configurándolo como una obligación de resu ltado, es decir, una obligación dirigida a conseguir y garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos; materia esta innegociable. Se trata, como se ha dic ho, de una “base social ” irrenunciable y no cuestionable económicamente (Úrsula Kulke, 2007, pag.151).