212   Más acusadas son las diferencias que afectan al colectivo de inmigrantes en situación de irregularidad, puesto que só lo podrán acceder a las prestaciones económicas básicas en aquellas CCAA que centran sus exigencias en el empadronamiento, bien como único requisito, bien como requisit o alternativo a la residencia efectiva. En consecuencia, de c onformidad con la regu lación actual en la materia, sólo las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Extremadura y el País Vasco permiten con carácter general que este colectivo acceda a las prestaciones económicas básicas. No obstante, hay que a dvertir que de forma no muy coherente con la fijación de estos requisitos, en algunas de las Comunidades mencionadas se exige que el solicitante este inscrito como dema ndante de empleo, lo que constituye un serio obstáculo para que el colectivo de extran jeros no residentes acceda a las prestaciones (art. 17.3 Decreto 28/1999, de 23 de febrer o, de la Comunidad de Extremadura). Siendo éste el panorama general, la princi pal cuestión que hay que resolver es si este conjunto de regulaciones son conformes con los derechos reconocidos en la LOEx. Como ya se ha mencionado, la regulación le gal estatal (14.2 y 3 de la LOEx) establece un régimen jurídico diferencia do dependiendo de la situación administrativa en la que se encuentren los extranjeros no comunita rios. Así, siempre que se trate de un residente, y por tanto en situación de re gularidad, tendrá derecho a acceder, en las mismas condiciones que los ciudadanos españo les, a la generalidad de los servicios y prestaciones sociales, independientemente de su carácter básico o específico.