acceder al sistema. En tercer lugar, se determina el procedimiento de acción concertada y  sus distintas fases. En cuarto lugar, se regula la supervisión, el pago y la financiación de la  acción concertada. En quinto lugar, se recogen cuestiones relativas a la suspensión y  revocación de la autorización de acción concertada. Por último, se establecen provisiones  generales para el establecimiento de sistemas de intercambio de información. Este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación establecidos en el  artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de  las Administraciones Públicas. Así, es respetuosa con los principios de necesidad y eficacia  en tanto que identifica claramente el fin que pretende, que no es otro que regular el sistema  de acogida de protección internacional, mediante una norma en la que se definan las  condiciones de acogida en el sistema de protección internacional, los recursos destinados  para ello y se regule su financiación mediante el sistema de acción concertada, todo ello,  utilizando el rango normativo adecuado. La norma es proporcional en la medida en que contiene la regulación imprescindible del  sistema de acogida de protección internacional. En cumplimiento del principio de seguridad jurídica, la regulación de este real decreto  resulta coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea,  generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que  facilite su conocimiento y comprensión. En cumplimiento del principio de eficiencia, la norma simplifica las cargas para el  adecuado reconocimiento de los derechos sociales generales a los que se refieren los  artículos 30 y 31 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, configurando el sistema de acogida de  protección internacional.