La vinculación que pudiera existir entre ambos tipos de prestaciones, diferent e en cada Comunidad Autónoma, se ha desarrollado considerablemente en los último s años al impulso de la evolución del sistema económico, del mercado de trabajo y de la propia noción de marginación, llegando a alcanzar un grado de interdep endencia significativa que, como veremos enseguida, puede constituir un obstáculo para el acceso a este tipo de prestaciones de los extranjeros en situación de irregularidad. En cuanto a la relación que guardan este tipo de pres taciones con el sistema de protección social articulado por el Estado, las normas autonómicas insisten en señalar el carácter subsidiario y complementario de las distintas ayuda s que contemplan, de forma que, con objeto de no sustituir la acci ón prestacional del Estado, su concesión se circunscribe a las personas que, careciendo de los ingresos míni mos necesarios para vivir, no tienen derecho a prestaciones del régimen público de protección social o, aun teniéndolo, reciben una cuantía insuficiente pa ra hacer frente a sus necesidades vitales. En estas circunstancias, y siempre que lo s posibles beneficiarios hayan solicitado con carácter previo las prestaciones estatales, las ayudas autonómicas se conceden de forma complementaria, por lo que, en caso de existi r prestación estatal, la cuantía otorgada solo cubrirá la diferencia monetaria entre la cuantía de la pres tación y los ingresos reales computados mensualmente, estableciendo, en todo caso, un porcentaje o cuantía mínima que varía en cada una de las CCAA (así, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha la cuantía final que se perciba como prestación no puede ser inferior al 10% del SMI o, en el caso de la Comuni dad Cántabra, donde no podrá serlo al 25% del IPREM.