194   comprobarse cómo en ellos se define a la s personas que poseen dicha condición como los ciudadanos españoles que tengan vecinda d administrativa en cualquiera de los municipios de esa CCAA (así sucede, por ejempl o, en la Ley de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, que señala como titulares del derecho a los valencianos y las valencianas, teniendo que acudir, para la deli mitación del ámbito subjetivo de la Ley, al Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad que, en su art. 3.1, ad judica la condición política de valenciano a todos los ciuda danos españoles que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualqu iera de los municipios de la Comunidad Valenciana). Coinciden algunas leyes autonómicas, en se gundo lugar, en atribuir el derecho a los nacionales de cualquiera de los países de la Unión Europea que residan en territorio autonómico. Sobre este extremo, y aunque no todas las leyes de servicios sociales extienden expresamente el derecho a los ci udadanos comunitarios, es claro que la aplicación de las normas europeas obligan a la plena asimilación de éstos a los españoles, sea cual sea el lugar de la península en el que se encuentren (por todas, véase la Directiva 2004/38/CE, del Parlamento Eur opeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territori o de los Estados miembros, y aquellas otras concordantes). En tercer lugar, las normas en vigor suelen extender el derecho a aquellos individuos que se encuentren en situaciones singulares que también les confieren un estatuto particular.