237- 239), se trata de una norma que históricamente sólo se explica en el cont exto del tenor del art. 7.4 LGSS, en su redacción anterior a la refo rma operada del mismo por la Ley 13/1996, norma ésta que terminó con la reciprocidad en el caso de las prestaciones contribu tivas, por lo que la Orden ministerial hay que considerarla de una virtualidad jurídi ca inexistente, si no derogada tácitamente. Añádase si se quiere la circunstancia de que el tenor de la Orden Ministerial se refiere a la reciprocidad resp ecto de los extranjeros “residentes”, lo que descarta la utilidad de la norma a efectos del análisis que se está haciendo aquí (CEINOS SUÁREZ, 2006, p. 446). Dificultades también registra el recurso al principio de automaticidad del art. 125.3 LGSS, desde el momento en que se trata de una norma que parte de la base de la inclusión de los beneficiarios de dicho pr incipio en el campo de aplicación del Sistema de Seguridad Social (CEINOS SUÁREZ, 2006, p. 444-445). Siendo eso así, parece razonable considerar que dicho principio no pueda ser invocado en el caso de los trabajadores extranjeros irregu lares, al menos en los térm inos estrictos del art. 125.3 LGSS. ¿Qué queda por tanto como argument o? Pues fundamentalmente, el ya mencionado art. 36.3 párrafo 2º LOEx, en el que se puede considerar contenido el principio de automaticidad, en este caso re ferido específicamente a los trabajadores que sin autorización para trabajar, sean o no residentes legales, realicen un tr abajo efectivo.