Esa clasificación de situaciones estaba ya contemplada en la LO 7/1985 (si bi en en ella la residencia permanente se consideraba una situación muy excepcional: art. 13) y se ha mantenido igual en la actual Ley de extranjería, tanto en la versión or iginal (LO 4/2000) como en la reformada (LO 8/2000 y LO 14/2003). Pero ha habido algunos cambios referidos a los requisitos exigidos para alcanzar la situación legal de residente (temporal, primero, y permanente, después), sobre todo relacionados con una ci rcunstancia, que es la que a nosotros nos interesa examinar, que es la posibilidad de l inmigrante de desa rrollar un trabajo por cuenta ajena y, en consecuencia, incorporarse al Sistema de Segurid ad Social español. Respecto a este inmigrante-tipo (persona mayor de edad que se traslada al territorio del Estado es pañol para prestar servicios pr ofesionales) nue stra legislación viene pivotando desde hace muchos años (desde antes incluso de la Ley de extranjería de1985: ya existía el mismo planteamiento en la preconstituciona l Ley 118/1969. de 30 de diciembre) sobre la exigencia de un doble requisito –autorización de residencia y permiso de trabajo- que, no siempre ha result ado eficaz a los efectos pretendidos por la norma, pues en la mayoría de las ocasiones se generaba una especie de circulo vicioso. Efectivamente, el trabajador extranjero se en contraba en la situac ión de que no se le podría conceder la autorización de residencia si no acreditaba te ner un empleo, que no podía obtener si no contaba previamente con un permiso de trabajo c uya obtención, a su vez, se subordinaba a ser residente lega l en el territorio del Estado español. Actualmente, el art.