Aunque la materia  relativa a la adquisición y perdida de la nacionalidad  se ubica, por lo general, en el derecho interno, los  Estados deben cumplir con las normas de derecho  internacional relacionadas con la nacionalidad. El  Artículo 1  (2) de la Declaración Universal de los  Derechos Humanos, de 1948, señala que “A nadie  se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del  derecho a cambiar de nacionalidad.”  Ver también apátrida, nacionalidad