5 A. INTRODUCCIÓN La Ley 12/2009 de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, reconoce a las personas solicitantes de protección internacional, cuando carezcan de recursos económicos, el derecho a acceder a los servicios sociales y de acogida necesarios para asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. Asimismo, prevé la posibilidad de extender estas prestaciones a personas a las que se hubiera reconocido el estatuto de refugiad o o la protección subsidiaria en aquellos casos en que circunstancias especiales así lo requieran. Sobre esta base, el Sistema Nacional de Acogida de protección internacional ha sido desarrollado y consolidado desde la década de los 80 por el Gobierno de España, en cumplimiento del mandato establecido en ese sentido por la Constitución Española (art. 149.1.2: competencias exclusiva del Estado en materia de n acionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo ). Por otra parte y de acuerd o con sus Estatutos de Autonomía, las Comunidades Autónomas, tienen reconocidas competencias en políticas sociales - educación, sanidad, infancia, servicios sociales, políticas activas de empleo, cultura, deporte… -, que han resultado y resultan claves para lograr la plena integración de los extranjeros en general, y de los solicitantes/beneficiarios de protección internacional en particular. Las entidad es Locales, como Administración más cercana al ciudadano, deben responder a las demandas más inmediatas de los vecinos y su función es esencial para garantizar, por su parte, una buena cohesión social.