Un tratamiento, que dicho sea de paso, no resu lta coincidente cuando se trata de prestaciones por muerte y superviv encia en las que también se aprecia la doble condición de sujeto beneficiario/sujeto causa nte; pues bien, respec to de estas resulta factible que los extranjeros que se encuentren en nuestro pa ís de forma irregular puedan tener derecho a las mismas, siempre que el causante pueda generar el derecho correspondiente (art.1 y 17.2 a) del C onvenio 157 OIT de 1982) (ALVAREZ DEL CUBILLO, A, 2008, p. 117-118). La naturaleza contributiva de es tas prestaciones puede justificar la diferencia. De todas formas, en aquellas prestaciones familiares consistentes en una cantidad a tanto alzado por nacimiento o a dopción de hijo, sólo se requiere que el nacimiento se haya producido en España o que la adopción se haya constituido o reconocido por las au toridad española (arts. 185.1 y 187 LGSS y art. 2.1 de la Ley 35/2007). Sin embargo, si bien puede entenderse que se trata de un requisito que encuentra justificación en la lógica fina nciera de facilitar recursos hacia situaciones de necesidad localizadas en territorio español, esta exig encia, en último término puede llegar a ser contraria al Derecho Comunitario. En efecto, en el marco de las normas comunitarias originarias, los Estados Miembros podían exig ir requisitos relativos a la residencia en los casos previstos en el art. 10 del Re glamento CEE 1408/1971, de 14 de enero; el