Por eso no deja de resultar paradójico que, el 21 de noviembre de 2014, el tinerfeño Diario de Avisos advirtiera que, desde hacía cuatro años, Canarias carecía de recursos para la in-tegración de los inmigrantes, y que se habían ignorado las previsiones en esta materia de la Ley de Extranjería, hasta el extremo de que hubiera desaparecido la Viceconsejería de In-migración. Ciertamente se impone el cambio del re - ferente analítico de la situación, de modo que lo que hoy aparece configurado como un De - recho de extranjería pudiera reestructurarse como un Derecho de inmigración, para que la preocupación primordial del ordenamiento jurídico deje de ser la regulación y control del fenómeno de la extranjería, y se privilegie el encauzamiento y la adecuada regulación del proceso inmigratorio en su conjunto. Podría encontrarse una herramienta útil para una contextualización teórica más crea - tiva de las posibilidades de la integración me - diante la profundización en el concepto de ‘ciudadanía cívica’, inserto en una tradición ‘cívico-humanista’ que trasciende la conven - cional categorización del ciudadano como simple portador de derechos (Fernández-Lle - brez González, F., 2012, p. 33). La Comisión de las Comunidades Europeas ha reivindica-do esa propuesta, en particular para lo que atañe a la participación en la vida política en el nivel local (Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre inmigración, integración y empleo, Bruselas, 3 de junio de 2003: 32-33).