Igualmente, las Oficinas de Extranjería y los servicios policiales comunicarán a la  Dirección General de Inmigración y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o en su  caso el órgano autonómico con competencia sobre la materia, los hechos que conozcan y  que pudieran constituir infracciones laborales contra lo dispuesto en este Reglamento. Cuando la expulsión hubiera sido autorizada judicialmente, las Oficinas de Extranjería y  los servicios policiales comunicarán de modo inmediato la salida en el plazo de cumplimiento  voluntario, la práctica de la expulsión o las razones que en su caso imposibilitan su  realización a la autoridad judicial que la hubiese autorizado y al Ministerio Fiscal. 3. Cuando el Ministerio Fiscal conozca que un extranjero se encuentra imputado en un  procedimiento por delito menos grave y pudiera estar incurso en alguna de las causas de  expulsión previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sin que hubiera sido incoado  el correspondiente expediente administrativo sancionador, informará sobre tal imputación a  la Delegación o Subdelegación del Gobierno competente para que ésta compruebe si  procede o no la incoación de expediente de expulsión. A los mismos efectos, el Ministerio  Fiscal comunicará a la autoridad gubernativa las condenas impuestas a extranjeros por delito  doloso castigado con pena privativa de libertad superior a un año. 4.