Fue relativamente pronto cuando la doctrina judicial muy restrictiva, sustentada en la ilegalidad del contrato celebrado entr e un empresario y un extranjero en situación de irregularidad, giró bruscam ente hacia el lado opuesto ante situaciones referidas a las consecuencias derivadas de accidentes de trab ajo de esos trabajador es irregulares. Y así, desde la doctrina judicial, se estableció que los extranjeros que, sin permiso de trabajo, realizaran una efectiva y real prestación de servicios, y sufrieran un accidente de trabajo, habrían de quedar protegidos, equipará ndoles a los trabajadores extranjeros en situación de regularidad admini strativa. Y, así, cuando el a lta en Seguridad Social no era posible respecto de los trabajadores extranje ros sin permiso de trabajo, esto no excluía la responsabilidad empresarial en orden a la cobertura ante accidentes laborales. Doctrina esta que ya se fraguó por el Tribunal Central de Trabajo durante la vigencia de la LO 7/1985 (MARIN Y GALLEGO, 2005, 65). Esta línea extensiva de derechos se incorporaba tímidamente, no un modo no expreso, en el art. 33 LOEx, en su redacci ón de 2000. Y, fue la doctrina del Tribunal Supremo la que, explícitamente, diseñó lo s contornos de la protección desde la Seguridad Social de los trabajadores ex tranjeros en situación de irregularidad administrativa cuando sufrieran un accidente de trabajo. Doctrina que se resumiría en que el campo de aplicación de la Seguridad So cial en materia de accidentes de trabajo se extiende a los trabajadores que se encuentran ilegalmente en territorio español, mediante la aplicación del pr incipio de automaticidad de las prestacione s (art. 125.3 LGSS), algo que es inherente a la existencia de la relación laboral (por todas, Sentencia