© 2015. Revista Internacional de Comunicación y Desarrollo, 3, 91-105, ISSN e2386-373096ensanchar los cauces de participación de los gobiernos locales en la toma de decisiones en materias relacionadas con la inmigración, reducidos hoy en la órbita nacional al Conse - jo Superior de Política de Inmigración –con la sola presencia de diez vocales de los Ayunta - mientos frente a los diecisiete del Estado y los diecinueve de las Comunidades Autónomas- y al Foro para la Integración Social de los Inmi-grantes, donde la representación municipal se limita a dos de los ocho puestos asignados a las administraciones públicas. La necesidad de que la administración local y las demás administraciones públicas ajusten “sus relaciones recíprocas a los de - beres de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos com - petenciales respectivos” canonizada por la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo 10° sustenta la importancia de que el poder muni-cipal se implique en tareas que tengan como destinatarios a colectivos inmigrantes, y de que esas intervenciones se desarrollen en un marco de armonía y de complementariedad con las que llevan a cabo las otras adminis-traciones. Al ejemplificar algunas áreas donde esa coordinación reviste particular urgencia, re - sulta forzoso aludir en primer lugar a la ins-cripción en el padrón municipal, cuya confec - ción corre a cargo de los ayuntamientos. Ese registro concede a los extranjeros acceso a la asistencia sanitaria en las mismas condi - ciones que los españoles, y al resto de servi - cios sociales y municipales, y constituye una prueba insustituible en las certificaciones de arraigo.