A los efectos previstos en el apartado 3 del artículo 22 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11  de enero, el extranjero que se hallase privado de libertad podrá manifestar su voluntad de  interponer recurso contencioso-administrativo o de ejercitar la acción correspondiente contra  la resolución que ponga fin a la vía administrativa, ante el Delegado o Subdelegado del  Gobierno competente o el Director del Centro de Internamiento de Extranjeros o el  responsable del puesto fronterizo bajo cuyo control se encuentre, que lo harán constar en  acta que se incorporará al expediente. 3. El regreso se ejecutará de forma inmediata y, en todo caso, dentro del plazo de 72  horas desde que se hubiese acordado. Si no pudiera ejecutarse dentro de dicho plazo, la  autoridad gubernativa o, por delegación de ésta, el responsable del puesto fronterizo  habilitado se dirigirá al juez de instrucción para que determine, en su caso, el lugar donde  haya de ser internado el extranjero, hasta que llegue el momento del regreso, de  conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero. 4. Al extranjero al que le sea denegada la entrada en el territorio nacional por los  funcionarios responsables del control, de conformidad con lo dispuesto en los acuerdos  internacionales suscritos por España, se le estampará en el pasaporte un sello de entrada  tachado con una cruz de tinta indeleble negra, y deberá permanecer en las instalaciones  destinadas al efecto en el puesto fronterizo hasta que, con la mayor brevedad posible,  retorne al lugar de procedencia o continúe viaje hacia otro país donde sea admitido.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Página 16