285Derechos económicos y sociales  permiso de residencia permanente, las autoridades no formularon ninguna  objeción sustantiva a que permanecieran en Bulgaria y, al parecer, nunca se  plantearon seriamente expulsarlos. Estaba claro que las consideraciones rela - tivas a la necesidad de bloquear o invertir el flujo de inmigración ilegal no eran  aplicables a los solicitantes. Ejemplo: en el caso  Karus contra Italia  (543), la Comisión Europea de Derechos  Humanos consideró que cobrar tasas más elevadas a los estudiantes universi - tarios extranjeros no vulneraba su derecho a la educación, pues la diferencia de  trato estaba razonablemente justificada por la voluntad del Gobierno italiano de  que los efectos positivos de la enseñanza superior permaneciesen en la econo - mía nacional. En cuanto a la CSE , su artículo 17 rige el derecho a la educación y está sujeto a las  disposiciones de los artículos 18 y 19 en relación con los migrantes. El CEDS ha reali - zado la siguiente declaración interpretativa en relación con el artículo 17.2: «En cuanto a la inclusión de los niños en situación ilegal en el Estado parte en el  ámbito de aplicación personal de la Carta en el sentido de su apéndice, el Comité  se remite al razonamiento que ha aplicado en su Decisión sobre el fondo de  20 de octubre en la queja n.º 47/2008, Defence for Children International (DCI)  contra los Países Bajos  (véanse, entre otros, los párrafos 47 y 48) y sostiene que  el acceso a la educación es crucial para la vida y el desarrollo de todos los niños.  La denegación de acceso a la educación aumentará la vulnerabilidad de los niños  en situación irregular.