Ése es el contexto legal autonómico en que se aplicó la disposición adicional decimocuar - ta del Reglamento de Extranjería aprobado por real decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, que facultaba a las administraciones educa - tivas, en el ejercicio de sus competencias en materia de educación, para que facilitaran “el acceso de los extranjeros menores de edad que se hallen empadronados en un municipio a los niveles de enseñanza posobligatoria no universitarios y a la obtención de la titulación académica correspondiente”: una disposición que obvió el nuevo Reglamento de Extranjería de 20 de abril de 2011 La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciem- bre, abrió a las Comunidades Autónomas una modesta vía de participación en la política in-migratoria nacional, al preverse la posibilidad de que elevaran propuestas al gobierno sobre el número de ofertas de empleo y las carac - terísticas profesionales de los trabajadores requeridos. Las restricciones de ese marco le - gal impidieron incorporar grandes novedades en el Reglamento de Extranjería de diciembre de 2004, que confió a las Comunidades Au - tónomas la elaboración de propuestas para el contingente, tras haber recibido las solici-tudes de las organizaciones empresariales de ámbito provincial y, en su caso, las consi-deraciones que les hubieran trasladado las organizaciones sindicales de ese mismo ám-bito (artículo 79, 1). El posterior reglamento, de abril de 2011, que optó por el término de “gestión colectiva de contrataciones en ori-gen” en lugar de la tradicional denominación de ‘contingente’, no introdujo ningún cambio en el papel asignado en esta materia a las Co-munidades Autónomas (artículo 168, 1).