259Retornos forzosos y modalidades de expulsión  arbitrariedad, el abuso y la pérdida de vidas, incluidos los accidentes evitables. La  estructura del personal, los canales de comunicación y las directrices sobre el uso  de la fuerza han de quedar clara y adecuadamente recogidos en dicho marco (481).  Si los agentes estatales utilizan más fuerza de la que están razonablemente autori - zados a utilizar y a consecuencia de ello se producen daños, o incluso la muerte, el  Estado miembro puede ser considerado responsable. Llegado el caso, será necesario  realizar una investigación eficaz de lo sucedido que pueda desembocar en un pro - cedimiento penal (482), y las autoridades competentes deben aplicar un escrutinio  riguroso a la investigación (483). El TEDH ha sostenido que los Estados miembros no solo tienen obligaciones «nega - tivas» de no causar daño a los individuos, sino también obligaciones «positivas» de  protegerlos contra la pérdida de la vida o contra heridas graves, tanto infligidas por  ellos mismos como por terceras personas, así como de facilitarles el acceso a los ser - vicios médicos. La obligación del Estado miembro de proteger comprende asimismo  el deber de establecer disposiciones legales y procedimientos apropiados, incluidas  las disposiciones penales necesarias para evitar delitos contra una persona, junto  con sanciones disuasorias para evitar que tales delitos se cometan (484). La cuestión  es si las autoridades han hecho todo lo que razonablemente cabe esperar de ellas  para evitar un riesgo real e inmediato para la vida que ellas conociesen o debiesen  haber conocido (485).