2 del Decreto 2/1999, de 12 de enero), si bien en este caso se ve da a los extranjeros no comunitarios la posibilidad de constituir unidades unipersona les, puesto que para ello es necesario que la persona, mayor de 25 años y que viva sola, sea ciudadano de la Unión Europea (art. 3 del Decreto 2/1999, de 12 de enero). Es común que, de forma alternativa al empadronamiento, se exija acreditación de re sidencia efectiva y continuada por el mismo tiempo. Así ocurre, por ejemplo, con el Principado de Asturias que requiere un período mínimo e ininterrumpido de residenc ia de dos años (arts. 9 y 10 de la Ley 4/2005, de 28 de octubre), o con la Comunida d Autónoma de Extremadura, que permite sustituir el empadronamiento por cualquier otro medio de prueba que acredite fehacientemente la residencia en la Comunida d durante el año anteri or a la presentación de la solicitud [art. 4.2 ap. a) Decreto 28/1999, de 23 de Febrero]. Algo más concisa, en cuanto se refiere al concepto de residencia legal, se presenta la regulación de la Comunidad Autónoma del País Vasco que, de forma alternativa al empadronamiento por período de un año, exige a los extranjeros no comunitarios acreditar un total de tres años de residencia legal, de los cuales do ce meses han de ser inmediatamente anteriores a la presentación de la so licitud (art. 18. ap. b. Ley 12/199 8, de 22 de Mayo, y art. 3.2 Decreto 198/1999, de 20 de abril).