2. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo  54.1.b) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y se hubiese procedido a la aprehensión  de bienes, efectos o instrumentos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la citada  infracción, aquélla conllevará el decomiso de dichos bienes o efectos salvo cuando haya  quedado acreditado que los bienes pertenecen a un tercero de buena fe no responsable de  la infracción que los haya adquirido legalmente. Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución se  adjudicarán al Estado en los términos fijados por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del  Patrimonio de las Administraciones Públicas. 3. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo  54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la sanción de multa  acordada, podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del  establecimiento o local desde seis meses a cinco años. 4. Las resoluciones administrativas de imposición de sanción de multa dictadas en  aplicación de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, serán inmediatamente ejecutivas una  vez que hayan adquirido firmeza en vía administrativa, salvo que el órgano competente  acuerde su suspensión. 5. Las multas deberán hacerse efectivas a los órganos de recaudación de la  Administración gestora, directamente o a través de entidades de depósitos, dentro de los  quince días hábiles siguientes a la fecha de su firmeza en vía administrativa.