El nuevo  Reglamento pretende optimizar en este nuevo contexto los principios de la política migratoria  reconocidos por primera vez a través de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre,  principios entre los que se encuentran la ordenación de los flujos migratorios laborales de  acuerdo con la situación nacional de empleo, la integración social de las personas  inmigrantes, la lucha contra la inmigración irregular y las relaciones con terceros países en  materia de inmigración. Por otro lado, la reforma del Reglamento de Extranjería también ofrece la oportunidad de  clarificar, simplificar y ordenar procedimientos complejos, cuya tramitación puede ser  mejorada desde la perspectiva de la agilidad y seguridad jurídica. La ubicación y  reordenación sistemática de algunos procedimientos, la distinción entre requisitos y  documentos acreditativos de los mismos, la mayor concreción de unos y otros, su  simplificación, así como una regulación más clara de la relación entre autorizaciones y  visados que evite dobles comprobaciones contribuirán, sin duda, a mejorar la gestión y la  seguridad jurídica de los procedimientos de extranjería. Mención aparte, en este mismo  sentido, merece la introducción de las nuevas tecnologías en un ámbito con un volumen de  gestión elevado y, concretamente, la utilización de una aplicación informática común que  permitirá la integración de las diversas fases procedimentales y su gestión por parte de las  diversas Administraciones con competencia en la materia, así como una mejor relación con  la ciudadanía en consonancia con la normativa de acceso electrónico a los servicios  públicos.