En estos términos, parece que los servicios sociales formarían parte del Sistema de Se guridad Social (y, por ello, según el art. 149.1.17 CE, sería el Estado el único competente para promulgar la legislación básica, correspondiendo a las CCAA la legislación no básica y la ejecución de sus servicios), mientras que, por el contra rio, la asistencia social quedaría en el ámbito de las competencias autonómicas, tanto porque s on ayudas que se sitúan fuera del Sistema (según se ha visto, son beneficios dirigi dos, en exclusiva, a complementar las prestaciones de Seguridad Social), como porque se la atribuye expresamente, como competencia potencialmente asumible por la s CCAA, el art. 148.1.20 de la propia CE. Sin embargo, ni el cuestión es tan clara como parece deducirse de lo dispuesto en la ley estatal, ni está definitivamente re suelta en el ordenamiento actual; desde el punto de vista que ahora interesa, porque durante años las CCAA se han hecho cargo de los servicios sociales que han operado en sus respectivos territorios, disponiendo no sólo la ejecución de sus servicios sino tamb ién la legislación que los ha regulado. Pero no es el único problema que se suscita en el análisis de este sect or del ordenamiento jurídico: asimismo, la mera lectura de los Estatutos de Autonomía y de las Leyes autonómicas muestra tanto una cierta conf usión entre ambos conceptos, como la asunción, por parte de las CCAA, de competen cias exclusivas en materia de servicios sociales (las mismas que, de acuerdo con el anterior esquema, corre spondían al Estado). Con todo, la situación dive rge de un Texto a otro. Efectivamente, el análisis de los Estatutos de Autonomía de las diecisiete CCAA muestra sobre este extremo un panoram a notablemente confuso, ante el cual es necesario sistematizar en varios grupos su contenido.