Esta afir mación se sustenta en dos consideraciones: por un lado, porque las propia s leyes de servicios sociales, cuando delimitan el contenido de esta prestación, expresamente la definen como un conjunto de atenciones de carácter doméstico y de apoyo directo a in dividuos y familias cuyo fin es facilitar la autonomía de las personas en su medio habitual de vida; es , por lo tanto, una prestación de especial utilidad cuando se pretende ejecutar una política que no sólo trata de prestar atención a los dependientes, sino también de promocionar su autonomía personal (véase a este respecto cual es el objetivo de la LD, sintéticamente resumido en su primer artículo). Y, por otro lado, por la coincidenc ia evidente entre esta prestación del sistema de servicios sociales y la prevista, con id éntica denominación y contenido, en el art. 23 de la LD (como prueba de esta identidad ha de señalarse la nueva regulación del servicio de ayuda a domicilio de la CCAA de Andalucía, aprobada por la Orden de 15 de noviembre de 2007, en la que expresamente se señala la unificación de esta ayuda como prestación básica de los servicios sociales y como una de las medidas de atención de los dependientes dispuesta en la LD).En estos términos , los extranjeros irregulares que se encuentren en situación de dependencia podrían acceder, en su caso, al servicio de ayuda a domicilio. Por lo demás, cualquier otro tipo de pr estaciones y servicio s del primer nivel tienen un carácter general y polivalente y, po r esa razón, podrían se r útiles a ciertos efectos (por ejemplo, cuando se trate de realizar servicio s de valoración, actuaciones de prevención o integración de s ituaciones o de grupos con neces idades especiales), pero inadecuados para cubrir las necesidades de atención y cuidado especializado que puedan requerir los sujetos dependientes.