Durante algún tiempo, antes de la reforma de la legislación de extranjería, es decir, antes de que quedara establecida la no-nulidad del contrato celebrado sin contar con la preceptiva autorización administrativa pa ra trabajar, la doctri na judicial osciló entre: a) entender que la extinción a instan cia de la parte empresarial de un negocio jurídico entre un extranjero irregular y un em presario, cuyo objeto era el intercambio de servicios y de remuneración, equivalía a un despido, y, b) entender que no había despido, porque a un contrato nulo no podría aplicársele el régimen jurídico de esa institución, por lo que el proceso quedaba sin objeto. En el primer caso, una vez conceptualiz ada la extinción contractual a instancia del empresario como despido, es te recibía distintas calificac iones. En aquellos casos en que había vulneración de derechos fundament ales (especialmente relevante eran los casos referidos a extinciones contractuales de trabajadoras extranjeras irregulares en estado de embarazo), la extinción contr actual se calificó como despido nulo. En algunas resoluciones judiciales se reconocía el derecho de la trabajadora a la readmisión, sin embargo, más habitual fue ente nder que el contrato, aunque no era nulo, se había celebrado sin cumplir la legislación administrativa vi gente, de suerte que no era posible restablecer situación legalmente jurídica alguna, y esa readmisión se mutaba en el derecho a indemnización y en la extinci ón efectiva del vinculo laboral. En otros supuestos, atendiendo a las ci rcunstancias del caso, se calif icaron las extinciones como despidos improcedentes.