El Tribunal estima que sólo se pueden considerar extranjeros residentes las personas amparadas por un pe rmiso de residencia concedido por las autoridades del Ministerio del Interior, que es el documento que reconoce y otorga la condición de residente legal. Resulta interesante la sentencia si se tiene en cuenta que la parte demandante estaba casada con un ciudadano español, tení a tres hijos y acreditaba un número de años superior a cinco de perm anencia en España (que son los exigidos para poder acceder a la prestación de invalidez no contributiva). Pero lo que desde la LOEx se está imponiendo (de manera semejante a lo que establece la LGSS) es una exigencia de residencia legal, algo que sólo procede entender que se ha conseguido con el oportuno permis o de residencia; lo contrario, supondría dotar de una elevada dosis de insegurid ad jurídica el reconocimiento de unas prestaciones asentadas sobre un principio de solidaridad pr escindiendo de un requisito que es predicable igualmente para los españoles. Así se expresa la citada sentencia, fundamento jurídico cuarto, cuando señala que “las prestaciones no contributivas constituyen una manifestación de la solidar idad nacional, lo que determina que estén previstas para quienes demuestran tener un cierto arraigo en España, una vinculación que sea la contrapartida al hecho de sufr agarse, vía presupuestos generales del Estado, con cargo a los impuestos que se satisfacen por quienes en ella viven y tienen sus actividades.