Así, era posible entender que la existencia de un alta (indebida en realidad, cuando se re fiere a un trabajador extranjero en situación de irregularidad), pondr ía de manifiesto la inexistencia de un animus de ocultación o de fraude del empresario. De manera que, si el servicio común no depuraba situaciones de irregularidad y se seguían ingresando cuotas, el “principio de confianza legítima”, inhibiría la posibilid ad de sancionar al empresario (Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 28 de marzo de 2003)