En virtud de esta cláusula, es perfectamente posible que las CCAA incrementen el número de funciones asignadas a los servicios sociales del primer nivel, por expresa disposición normativa e incluso, por la vía de los hechos (cuando, en la actuación cotidia na de los servicios sociales, se haga necesario re alizar otro tipo de tareas para cumplir sus funciones). Igualmente hay que considerar, sobre este extremo, que algunas leyes autonómicas son excesivamente parcas en la delimitación de competencias asignadas a los servicios generales, y por ello puede ser bastante ha bitual e incluso necesaria, la ampliación de competencias (así, por ejemplo, la Ley de Se rvicios Sociales de Ca stilla-La Mancha, le asigna a los servicios generales, escuetamente, cuatro funciones: a) De información, valoración y orientación; b) De promoci ón y cooperación social; c) De ayuda a domicilio; y d) De convivencia). En es te sentido, puede ser deseable que los responsables autonómicos sigan el ejemplo de las leyes autonómicas de servicios sociales más modernas, que suelen contener un listado amplio y prol ijo de las funciones que se les asigna a este primer nivel de atención que, no olvidemos, es el más cercano al ciudadano y, por ello, el que puede conced er una respuesta inmediata y polivalente a las necesidades que se planteen. Desde el punto de vista que ahora interesa, lógicamente, la posibilidad de que se amp líen las funciones asignadas a los servicios sociales del primer nivel, permite que se vayan modificando en el tiempo las prestaciones y servicios que se pueden reconoc er a los extranjeros que se encuentren irregularmente en el te rritorio de alguna CCAA. De otro lado, también se deduce del análisis normativo cómo, en un significativo número de leyes autonómicas, se prevé expresamente la colaboración de los servicios sociales básicos con los específi cos.