182   citado precepto habilita a los Estados Miem bros para que introduzcan cláusulas de residencia referidas a eventual es beneficiarios de prestaciones denominadas especiales, de carácter no contributivo, siempre que ha yan sido incluidas por cada Estado Miembro en el Anexo II bis del Reglamento de refere ncia (algo que hizo Es paña respecto de las prestaciones familiares por hijo a cargo y que le legitimaba para condicionar el acceso a las mismas a que el sujeto beneficiario tuvi ese que residir en Espa ña). Pero si bien no parece haber duda de que esto es así respecto del sujeto beneficiario, no queda tan claro cuando se trata del sujeto causante, para el que el Reglamento no habilita el establecimiento de la cláusula de territori alidad; antes al contrario, en el capítulo específicamente dedicado a las prestaciones familiares se fija un criterio de convalidación de la residencia. Esta clara contradicción entre la norm ativa interna y la comunitaria ha sido resuelta en el sentido de considerar cump lida la exigencia de residencia del sujeto causante cuando el mismo resida en cualquiera de los Estados de la Unión (Criterio 7.1º del INSS de aplicación de determinados preceptos en materia de prestaciones económicas de la Seguridad Social, conteni dos en diferentes disposiciones aprobadas con efectos de 1º de enero de 2004). Así pues, si esta soluci ón, sin duda más flexible, es la que se viene aplicando cuando se trata de extranjeros comunitarios, nada parece impedir que la misma sea proyectada en el caso de los extranjeros extracomunitarios que residen en España, aunque el hijo “a car go” no lo haga; algo que, dicho sea de paso, resulta ser lo habitual entre los extranjero s que prestan servicios en nuestro país.