85   Así pues, en principio, la Constituci ón no contiene precepto alguno para garantizar el derecho a inmigr ar de quienes no son ciudada nos del Estado español y, por consiguiente, cualquier decisión que adopte el legislador ordinario será conforme al texto constitucional pues éste guarda silencio al respecto. Eso es lo que parece decir claramente el artículo 13 de la CE al util izar la expresión “en España”. Sin embargo, esta respuesta –expresada únicamente en tales términos y pese a que, en esencia, pueda ser correcta- parece demasiado simplista. Y es que el citado artículo 13 tiene una redacción que es susceptible de alguna lect ura algo más compleja. Piénsese solamente en esto: al decir “en España” y no “leg almente en España” podría interpretarse – literalmente- que bastaría con que un extranje ro consiguiese entrar en nuestro país, por el procedimiento que fuera, pa ra que se convirtiera en tit ular de todos los derechos constitucionales. Si, para evitar semejante c onsecuencia absurda, se interpreta que, en realidad, lo que quiere decir el precepto es “legalmente en España”, la conclusión sería exactamente la contraria: que quien ha entr ado ilegalmente no es titular de ninguno de los derechos constitucionales: lo cual enci erra una aberración mayor que la anterior. Procede, por consiguiente, examinar lo que ha dicho el Tribunal Constitucional al respecto, para aclarar el al cance del artículo 13 de la CE. Tres son los problemas interpretativos que plantea el artícul o 13.1 de la CE. El primero consiste en determinar a qué se re fiere cuando habla de “libertades públicas”. El segundo, si la remisión a los tratados y a la ley significa una desconstitucionalización de los “derechos constitucionales” –valga la pa radoja- de los extranjeros.