Únicamente, las leyes de Servic ios Sociales de las CCAA, al definir la estructura del sistema, califican de forma desigual ciertos servicios como “ servicios de atención primaria ” (Cantabria, Galicia, Madrid y Murcia), servicios “ comunitarios ” (Andalucía, Aragón y La Rioja), “ generales ” (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y Valencia), “ de base ” (Extremadura, Navarra y País Vasco) o “ básicos ” (Castilla y León, Cataluña ), y a otros como “ servicios de atención especializada ” (Cantabria, Galicia y Madrid), servicios “ especializados ” (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extr emadura, La Rioja, Murcia, Navarra País Vasco y Valencia) o “ específicos ” (Baleares, Castilla y León). En estos términos (de coincidencia o, al menos, similitud de conceptos) parece lógico concluir señalando que, la referencia de la LOEx a las prestaciones y servicios gene rales y básicos se refiere a los que las leyes autonó micas de servicios sociales calific an como servicios de atención primaria, comunitarios, generales, de base o básicos, mientras que los que la Ley estatal denomina como específicos se corresponden co n los que, con esta denominación o una similar (como servicios especializados) ap arecen en las leyes de las CCAA. En