Considera la Comisión que un elemen - to fundamental del proceso de integración es “el acceso de inmigrantes y refugiados al mercado laboral de la UE” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003), que ya había sido objeto de atención en una conferencia celebrada en Copenhague en julio de 2002, durante la Presidencia danesa. Habría que incluir también en este apresu - rado recorrido por textos comunitarios de par - ticular relevancia la importante Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2013, sobre la integración de los inmigrantes, el impacto sobre el mercado de trabajo y la dimensión externa de la coordinación de los sistemas de seguridad social en la UE. La regulación de los derechos de protec - ción social de los extranjeros en España, con - cebida desde la perspectiva de lucha contra la marginación y en favor de la integración, se contempla desde una variedad de preceptos que establecen un escalonamiento en la am-plitud de las prestaciones reconocidas: máxi-mas para los que cuentan con autorización de trabajo, y mínimas (las prestaciones sociales básicas) para los que se encuentran, sin más, en España. Entre unos y otros se configuran dos niveles intermedios: el de los extranjeros que poseen permiso de residencia y, en la es - cala descendente, el horizonte de los que se hallan inscritos en el padrón municipal. La Ley Orgánica 4/2000 -no afectada en este aspecto por la 8/2000, ni por la 14/2003- no contiene una ordenación en profundidad de esta materia sino que, par - tiendo de un reconocimiento general de los derechos, remite a otras normas: la consi-guiente dispersión propicia confusiones y pro-blemas interpretativos.