(18) En el contexto de la protección de los intereses financieros de la Unión, los controles in situ y auditorías efectuadas por los Estados miembros, la Comisión, el Tribunal de Cuentas y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude establecida en virtud de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión ( 2 ) («OLAF») pueden realizarse con o sin previo aviso a los operadores económicos, de acuerdo con la legislación aplicable. (19) La nueva estructura de la financiación en el ámbito de los asuntos de interior tiene por objeto simplificar las normas aplicables y reducir la carga administrativa para los beneficiarios. Con todo, el mecanismo de control debería seguir siendo eficiente, por lo que es importante recordar las normas aplicables en materia de protección de los intereses financieros de la Unión, que establecen controles in situ o auditorías que pueden realizarse con o sin previo aviso. (20) Los Estados miembros deberían adoptar las medidas adecuadas para garantizar el buen funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución de sus programas nacionales. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deberían atenerse todos los sistemas y las funciones que les corresponde desempeñar. (21) Deberían especificarse las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho de la Unión, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas nacionales. (22) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de los programas nacionales debería corresponder a los Estados miembros, a través de sus sistemas de gestión y control.