El mismo año en que se firmó la Consti- tución, un documento de la Comisión de las Comunidades Europeas, titulado Estrechar la asociación con las regiones ultraperiféricas (Comisión de las Comunidades Europeas, 2004), proclamaba que los intercambios y movimientos de personas en las regiones ul - traperiféricas debían enmarcarse en el con - texto de la problemática de la lucha contra la inmigración clandestina. Ese texto, que contempla el fenómeno in- migratorio desde la particular perspectiva de las regiones ultraperiféricas, recuerda la obli-gación contraída en el artículo 63, 3 del Trata - do Constitutivo de la Comunidad Europea de que el Consejo adoptara medidas en política de inmigración dentro de un plazo de cinco años desde la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam. En concreto, esas actuaciones han de versar sobre los siguientes ámbitos: a) condiciones de entrada y de residencia, y normas sobre procedimientos de expedición por los Estados miembros de visados de larga duración y de permisos de residencia, inclui-dos los destinados a la reagrupación familiar, b) la inmigración y la residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales. La persecución del tráfico ilegal de inmi - grantes, propiciada desde Bruselas, no puede incurrir en la omisión de un dato de referen - cia obligado, expresado en julio de 2002 por la Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española, en su dic-tamen acerca del Libro Verde de la Comisión Europea sobre Política comunitaria de retorno de los residentes ilegales , de 10 de abril de 2002: el residente ilegal existe. El planteamiento, algo obvio, no lo es si se plantea desde la Normativa de la Unión Europea y legislación española sobre inmigración y extranjería.