205   reduccionista, se consideraba que la única cau sa de la marginación era la carencia de rentas. Sobre esta premisa, la mayoría de las CCAA empezaron a reconocer y regular prestaciones económicas de garantía de r ecursos mínimos, con objeto de que las familias más desfavorecidas radicadas en su territorio pudieran satisfacer las necesidades alimenticias que, tal como prescr ibe el art. 142 del CC, quedan referidas a todos aquellos bienes y servicios que se c onsideran indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistenc ia médica (gastos de parto y embarazo) y educación e instrucción de los menores de edad. El pl anteamiento privativo que conlleva este enfoque determinará entonces y para el futu ro la estructura de esta prestación, que adopta como sujeto beneficiario la unida d familiar y como titular al progenitor responsable de la prestación del deber de alimentos. Siendo una obligación privada que sólo en caso de imposibilidad y con carácter transitorio asume la Administración Autonómica, debía existir una contraprestación por parte del principa l beneficiario, esto es, el obligado a prestar la ob ligación de alimento, y que en la mayoría de los supuestos consistía, con mayor o menor vinculación al recibo de la prestación económica, en la disponibilidad para reali zar cualquier tipo de trab ajo que pudiera surgir.