Sólo existirá una solución definitiva, cuando el legislador aclare los términos de la disposición estatal y señale qué servicios sociales han de extenderse a todos los extranjeros, sea cual sea su situación administrativa, y cuáles han de limitarse a los que residan legalmente en España; o, en su defecto, cuando en el desarrollo reglamen tario de las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Depe ndencia se concrete, defini tivamente, el derecho a las prestaciones y servicios que eventualmente asis te a los trabajadores extranjeros que se encuentren irregularmente en territorio español. En tanto se regula específicamente esta cuestión, si se hace, una solución de compromiso que resulte respetuosa con la ordenación vigente y, al mismo tiempo, dé respuesta adecuada a las situaciones que, hoy por hoy, puedan plantearse podría ser la skiguiente. La extensión que se hace en algunas leyes autonómicas de los servicios sociales a “ quienes se encuentren en reconocido estado de necesidad ”, así como la referencia que se hace en el apartado 3º del art. 14 de la LOEx a las prestaciones y servicios básicos, permiten demostrar que en la ordenación de los servicios sociales hay un lugar para los extranjeros que se encuentr en irregularmente en territorio español. Y ello es así aunque los preceptos referidos utilic en una perspectiva distinta para extender la protección, esto es, aunque las Leyes de servicios sociales utilicen un criterio subjetivo (esto es, excepcionan el supuesto ge neral para incluir en la protección a los sujetos que se hallen en una situación extrema) y la LOEx otro de carácter estrictamente objetivo (es decir, referida al contenido de la protección).