Cuando, a consecuencia de un conflicto o disturbio grave de carácter político, étnico o  religioso, se acerquen a las fronteras españolas o entren en territorio español un número  importante de personas, y resulten insuficientes las previsiones de la Ley 5/1984, de 26 de  marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, y las de su  Reglamento de aplicación, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, el  Delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, con la colaboración de las  unidades administrativas responsables en la materia, ordenará las actuaciones necesarias  para atender sus necesidades humanas inmediatas, en especial alimentación, alojamiento y  atención médica, y convocará a la Comisión Interministerial de Extranjería para dar cuenta  de la situación. 2. La Oficina de Asilo y Refugio y la Comisaría General de Extranjería y Documentación,  en cooperación con la Dirección General de Protección Civil y las instituciones públicas y  privadas que estimen pertinentes, efectuarán la inscripción de los afectados y hará una  evaluación de la situación del colectivo en función de las circunstancias personales de sus  componentes. 3. El informe que resulte de esta valoración irá acompañado de una descripción de las  necesidades de protección del colectivo. El Director General de Extranjería e Inmigración  presentará el informe a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio para su análisis y  remisión a la Comisión Interministerial de Extranjería. A la sesión de la Comisión  Interministerial de Asilo y Refugio se convocará al Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Refugiados. Artículo 9.  Procedimiento de emergencia.