144   En lo que se refiere a la normativa nacional, ni del art. 36.3 LOEx, ni del art. 42 del RD 84/1996, de 18 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas, afiliaci ón, altas, bajas y va riaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, permiten justificar que se relativice el requisito de la residencia legal; ni tan siquiera, en principio, permiten modular el requisito de contar con autorización administrativa vigente para trab ajar. Pero, además, resulta imposible desde la propia configuraci ón de la prestación por dese mpleo, interpretada de un modo sistemático con la legislación de Extranjería, entender que el extranjero en situación de irregularidad total pue da encontrarse en la situaci ón protegida del art. 203 LGSS. Sintéticamente, el extranjero en situación de irregularidad total, inicial o sobrevenida, no “puede” y no “puede querer” trabajar. El extranjero que no esté dotado de autorización de residencia no puede obtener au torización para trabaj ar. Por lo tanto se encuentra en una situación de incapacida d jurídico-técnica para poder celebrar un contrato y “poder trabajar”. A lo anterior se une que el extranjero ir regular que haya perdido su empleo (por más que su contrato no sea nulo a efectos la borales, especialmente) difícilmente podrá inscribirse como demandante de empleo; inscripción que se ex ige como condición sine qua non para acceder a la protección por dese mpleo (art. 209.