Con estas condiciones, la protección por desempleo se extendía durante todo el tiempo que le correspondiera según las cotizaciones acreditadas. Protección ésta que impedía su expulsión (art. 57.5 d) LOEx) y le habilitaba para recuperar la situación de regularidad y renovar la autorización para trabajar (art, 38.2º b) LOEx). Contrariamente a la postura anterior, desd e otros sectores judi ciales (Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cas tilla-León Valladolid de 17 y 21 de noviembre de 2005, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Pa ís Vasco, de 13 de febrero de 2007, por poner algunos ejemplos) y doctr inales (CHARRO, 2005), se consideraba que el trabajador extranjero irregular, que perdiera su empleo, tendría derecho a prestación por desempleo. Derivadamente, el empresario sería responsable de la prestación, sin perjuicio de la obligación de an ticipo de la entidad gestora. Si se observa, en suma, para el trabajador irregular no se de rivarían efectos presta cionales ante la falta de autorización administrativa para trabajar . Esta postura se justificaba argumentado que en el art. 36.3 LOEx no se distinguía entre prestacion es, ni entre causas de las mismas (profesionales o comunes); a lo que se unía que la normativa interna a partir de la normativa internacional (convenio 97 OI T y Recomendación 151 OIT) reconoce el derecho a la protección frente a las con tingencias profesionales. Pero, quizás, el argumento más potente era el de la equidad.