También es destacable la presencia de diecinueve vocales de las Comunidades Au - tónomas en el Consejo Superior de Política de Inmigración previsto en el artículo 68 de la Ley Orgánica 4/2000 y creado por real decreto 344/2001 (modificado por real de - creto 507/2002, de 10 de junio). Este órga - no depende de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración y no es de carácter meramente consultivo, sino de coordinación y participación reales, y le compete deter - minar e informar con carácter previo de las ofertas de empleo que anualmente pueden ser cubiertas por trabajadores extranjeros. El Consejo designa a dos representantes de las administraciones de las Comunidades Autó - nomas en el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, contemplado en el artícu - lo 70 de la misma Ley Orgánica y regulado por real decreto 367/2001, modificado posterior - mente por el 1600/2004 y el 3/2006. Uno de los grandes retos del Estado espa - ñol es que, mediante la adopción de políticas sociales y laborales de igualdad de oportuni-dades, se posibilite a quienes se internan le - galmente en el país que disfruten de los mis-mos derechos y deberes que los ciudadanos de la Unión Europea (UE). No en vano el texto constitucional garantiza a los extranjeros, en su artículo 13, las mismas libertades públicas de que gozan los españoles en el ejercicio de los derechos fundamentales consignados en el Título I, con excepción de la elegibilidad y participación en los asuntos públicos y del ac-ceso a funciones y cargos públicos.