Otra dificultad que se presenta en el si stema actual para determinar el derecho que corresponde a los extranjeros, se produce como consecuencia de la normal organización de los servicios sociales por funciones o competencias y no por prestaciones y servicios (esto es, en la orde nación de los servicio s sociales las leyes autonómicas suelen especificar las funcione s que competen a los servicios de uno y otro nivel, en lugar de seña lar las prestaciones concretas que se incluyen en cada uno de éstos). En estas condiciones, para conocer los derechos que les corresponden a los extranjeros irregulares que se encuentren en España hay que deducir, de ese listado de funciones, las que hayan de materializarse en prestaciones y servicios fácilmente reconocibles o atribuibles a las personas. El lo permite concluir diciendo que, en la mayoría de las CCAA, los extranjeros irre gulares pueden acceder a los servicios del primer nivel para: obtener información, orient ación y asesoramiento, para que se valore su situación de necesidad, para que se les incluyan en programas que prevengan o traten de poner remedio a las situaciones de exclusión social, así como para poder participar en actuaciones de promoción co munitaria. Por otra parte, respecto al conjunto de prestaciones materiales que se dispensan desde los servicios sociales autonómicos, sólo tendrían derecho a acceder a los servicios de ayuda a domicilio o similares (esto es, los que tratan de favorece r la atención del sujeto en su propio medio), que son los únicos que, en el conjunto de leyes, se sitúan entre las prestaciones y servicios del nivel básico de atención. Si se quiere mantener esta distribución de los derechos sociales atribuidos a los extranjeros según sea la situación en la que se encuentren en España serían necesarias dos operaciones: por una parte, de homogene ización de la normativa nacional a efectos de conceder unos niveles de protección eq uivalentes en las distintas partes del territorio.