En concreto, según dispone el citado artículo, mientras que los extranjeros que re sidan legalmente en España tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales, “ tanto a los generales y básicos como a los específicos ”, en las mismas condici ones que los españoles, “ los extranjeros, cualquiera que sea su situac ión administrativa ” (ha de entenderse que, en este segundo supuesto, por exclusión, se refiere el legislador a quienes vivan irregularmente en España, en tanto que la situación de los regulares ya ha quedado definida en el párrafo anterior), sólo tienen derecho “ a los servicios y prestaciones básicas ”. La aplicación de tales preceptos no pl antearía problema alguno si dichos conceptos se correspondieran con una cl asificación normativa expresa de las prestaciones y servicios sociales, esto es, si en alguna norma se dijera cuáles han de considerarse generales y básicos, y cuáles se califican como específicos. Pero no es así, ni la LGSS, ni la propia Ley de Extranjerí a –en cualquiera de su s versiones-, ni su desarrollo reglamentario, ni ninguna otra nor ma de carácter general, contiene tales definiciones.