142   autorización administrativa, había un despido, es decir una pérdida de empleo, y, por lo tanto, habría una situación legal de desemp leo. En suma, los pronunciamientos en el ámbito laboral, se irradiaban al ámbito de la Seguridad Social y permitían valorar la posible generación de prestaci ones de desempleo. Pero, por ot ro lado, el debate en torno a la (im)posibilidad de que un trabajador extranjero generase prestaciones por desempleo tuvo un ámbito autónomo, desligado de la existencia o no de extinciones contractuales a instancia de l empresario. Por cuanto había otras eventuales causas extintivas (conclusión del periodo convenido, por ejemplo) que podrían plantear el interrogante acerca de si constituyen situación legal de desempleo para un trabajador, inicial o sobrevenidamente en situación de irregularidad. En este espacio, de nuevo, hubo posicion es encontradas. Por simplificar, un sector judicial (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (S ala 4ª) de 25 de septiembre de 1995) y doctrinal (CEINOS, 2006 y CABEZA , 2008) apegados al tenor literal de la LGSS, entendían que, al margen de las ca lificaciones de la relación jurídica entre empresario y trabajador irregular, no era pos ible que dicho extran jero en situación irregular pudiera cumplir los requisitos de la prestación de desempleo: ni había situación legal de desempleo, ni había días co tizados, ni el eventual beneficiario podía acreditar ni la capacidad ni la voluntad de trabajar porque se le negaba la posibilidad de inscribirse como demandante de empleo. Esta doctrina general se exceptuaba para los supuestos en que el trabajador tuviera permiso de residencia, aunque le hubiera caducado el permiso de trabajo ( situacion 2 ).