223   diciembre–) que, en última instancia, pueden ocasionar divergencias importantes en tanto los requisitos de la LGSS se refieren al conjunto del territori o nacional, mientras que las regulaciones autonómicas , como ya se ha mencionado, se refieren a su territorio específico, especialmente en lo que se refiere al empadronamiento. También es interesante tener en cuenta, a efectos de devengar otro tipo de prestaciones, que existen determinadas Comunidades que reconocen prestaciones asistenciales, muy semejantes a las prestaci ones de ingresos mínimos, para aquellos colectivos que, estando fuera del ámbito de aplicación de éstas (p or ser mayores de 65 años o por ser menores, pero teniendo un gr ado de minusvalía superior al 65 %), no pueden acceder (prioritariamente, por no tene r el período de residencia exigido por la LGSS), a las prestaciones no contributivas . Así, por ejemplo, sucede con las “ ayudas de inclusión social ”, reconocidas en los arts. 37 y ss. del Decr eto 24/2001, de 20 de abril, de Prestaciones de Inserció n Social de La Rioja, o la “ prestación por necesidades básicas ” regulada en el art. 23 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de Prestaciones Sociales de Carácter Económico de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por supuesto, en estos casos, lo fundamental va a ser el período de residencia requerido para la prestación, presentándose, de moment o y a falta de desarrollo reglamentario, regulaciones muy dispares, pues si bien la primera sólo se refiere al empadronamiento y residencia efectiva por período de un año, la segunda requiere cinco años de residencia efectiva en Cataluña, de los cual es dos deben ser inmedi atamente anteriores a la fecha de la solicitud. 4.