Como agente principal, el Consejo debía asociar a la Comisión a su labor e informar al Parlamento sobre sus iniciativas en materia de asilo; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) carecía de competencia en este ámbito. En 1999, el Tratado de Ámsterdam concedió a las instituciones de la Unión nuevas competencias para elaborar legislación en materia de asilo por medio de [1]Principio fundamental de la legislación internacional sobre refugiados y derechos humanos que prohíbe a los Estados devolver personas a un país en el que exista un riesgo real de ser objeto de persecución, tortura, tratos inhumanos o degradantes o cualquier otra violación de los derechos humanos.