La expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no  devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo  para la gestación o la salud de la madre. 7. a) Cuando el extranjero se encuentre procesado o imputado en un procedimiento  judicial por delito o falta para el que la Ley prevea una pena privativa de libertad inferior a  seis años o una pena de distinta naturaleza, y conste este hecho acreditado en el expediente  administrativo de expulsión, en el plazo más breve posible y en todo caso no superior a tres  días, el Juez, previa audiencia del Ministerio Fiscal, la autorizará salvo que, de forma  motivada, aprecie la existencia de circunstancias que justifiquen su denegación. En el caso de que el extranjero se encuentre sujeto a varios procesos penales tramitados  en diversos juzgados, y consten estos hechos acreditados en el expediente administrativo de  expulsión, la autoridad gubernativa instará de todos ellos la autorización a que se refiere el  párrafo anterior. b) No obstante lo señalado en el párrafo a) anterior, el juez podrá autorizar, a instancias  del interesado y previa audiencia del Ministerio Fiscal, la salida del extranjero del territorio  español en la forma que determina la Ley de Enjuiciamiento Criminal. c) No serán de aplicación las previsiones contenidas en los párrafos anteriores cuando  se trate de delitos tipificados en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal. 8. Cuando los extranjeros, residentes o no, hayan sido condenados por conductas  tipificadas como delitos en los artículos 312.1, 313.1 y 318 bis del Código Penal, la expulsión  se llevará a efecto una vez cumplida la pena privativa de libertad. 9.