Asimismo, se introducen sendos capítulos destinados a la transposición de la  Directiva de investigadores, así como la Directiva de profesionales altamente cualificados o  Tarjeta azul. Finalmente, se incluye un capítulo dedicado a regular los efectos del retorno  voluntario de la persona extranjera en el supuesto de que decidiera volver a España. En este título se despliega con plena visualización el papel de las Comunidades  Autónomas de cara a la gestión colaborativa de la inmigración, dedicándose una  consideración central a la elaboración y efectos del informe de esfuerzo de integración y al  informe sobre la vivienda para la reagrupación familiar. Esta consideración, derivada de la  reforma legal, contempla igualmente el papel de los Ayuntamientos en el supuesto de que la  Comunidad Autónoma delegue sobre ellos sus competencias. El título V, referido a la residencia por circunstancias excepcionales, mantiene inalterada  la configuración del arraigo, con dos importantes matizaciones. Por una parte, se reduce el  periodo de relación laboral a acreditar en el denominado arraigo laboral; por otra parte, en  consonancia con la doctrina de nuestros Tribunales y del Tribunal de Justicia de la Unión  Europea, se introduce la figura del arraigo familiar para progenitores de menores españoles.  Sí se introduce, como novedad, un capítulo destinado a regular la figura de la víctima de  violencia de género, en el que opera con profusión la figura de la autorización provisional de  residencia y trabajo. También se incorpora como situación especialmente regulada la figura  de la víctima de trata de seres humanos, tanto en su vertiente de trata con fines de  explotación sexual como en su vertiente de fines de explotación laboral. En el título VI se recoge la residencia de larga duración en sus dos modalidades: larga  duración y larga duración UE, facilitando la movilidad del residente en otros Estados  miembros.