16 del Decreto 28/1999, de 23 de febrero, de la Comunidad de Extremadura, que reconoce ex presamente la incompatibilidad de la ayuda económica ordinaria y el acceso a las ayud as de inserción social (estas últimas se materializan en el acceso a Programas de In serción Social/Laboral , desarrollados con la colaboración de entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro, y con la finalidad de crear hábitos sociales y laboral es mínimos que promueven la integración). No se trata, como pudiera pensarse inicialmente, de que la percepción de la ayuda económica ordinaria no conlleve ningún tip o de obligación por parte de l beneficiario, puesto que, en la misma línea que el resto de CCAA, el acceso a esta prestación económica obliga al beneficiario a participar en un conjunto de ac tividades que tienen la finalidad de incentivar la integración social: desarrollar hábitos formativos (formación profesional, ocupacional, alfabetización), hábitos culturales, sanitarios o cualesquiera otros de tipo social, excluyendo expresamente las ac tividades de naturaleza laboral. Por último, existen otros supuestos que persiguen específicamente el objetivo contrario, esto es, vedar la prestación económ ica de garantía de recursos mínimos a aquellos colectivos que, por sus circunstancia s personales, no pueden participar en la realización de actividades de carácter prof esional. En estos casos, donde existe una fuerte vinculación entre prestación económica e integración laboral de los beneficiarios, se articulan nuevas modalidades de pres taciones económicas (ayudas de inclusión social), con características similares a la s que presenta la prestación económica de garantía de recursos mínimos (pago periódi co, devengo mensual y carácter temporal), dirigidas a personas que, sin poder acceder a los programas de inserción socio-laboral, requieren de un programa de intervención di rigido, prioritariamente, a la inserción social (arts.