Esta condición ha tenido, entre otras, una consecuencia fundamental en la ordenación del Sistema en tanto que, lógi camente, existe una importante variedad normativa; todas las CCAA han dictado sus propias normas, legales y reglamentarias, y han llevado a cabo en estos años las refo rmas que han considerado oportunas. Esta circunstancia permite hacer una primera valoración, en este momento, sobre la ordenación de los servicios sociales en nuestro país. La coexistencia de normas dictadas en diferentes fechas (hay leyes de finales de los setent a y principios de los ochenta que permanecen en vigor, junto a otras mucho más recientes –hasta del año 2007-) permite configurar un pa norama notablemente dispar, sobre todo, porque frente a las normas más antiguas, las dictadas en los últimos años se presentan como una ordenación más clara y perfila da (donde se contienen defi niciones explicativas de conceptos legales que en las normas anteri ores pueden resultar confusos), donde se resuelven dudas y problemas de interpretación o aplicación plantea dos en estos años, y donde el legislador tiene en cuenta las nuevas realidades sociales y familiares, así como reformas normativas fundamentales de estos últimos años, para configurar la protección del sistema (por ejemplo, porque se con cede una tutela especial a las familias monoparentales o a las personas que se encuen tren en situación de dependencia, porque se atiende al fenómeno de la inmigración, porque se consideran las nuevas causas de marginación, pobreza y exclusión social, etc.). Por este motivo, resulta necesario dedica r una especial atención a las normas más recientes, de un lado, porque contienen unas nociones más clar as y elaboradas de los servicios sociales (de lo que son y de cómo actúan) que, entendemos, pueden ser