4. En todo caso, cuando el extranjero no se encuentre en España, podrá cursar los  recursos procedentes, tanto en vía administrativa como jurisdiccional, a través de las  representaciones diplomáticas o consulares correspondientes, que los remitirán al organismo  competente. Artículo 225.  Caducidad y prescripción. 1. El plazo máximo en que debe dictarse y notificarse la resolución que resuelva el  procedimiento será de seis meses desde que se acordó su iniciación, sin perjuicio de lo  dispuesto para el procedimiento simplificado en el artículo 238. Transcurrido dicho plazo sin haberse resuelto y notificado la expresada resolución se  producirá la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo de las actuaciones a  solicitud de cualquier interesado o de oficio por el órgano competente para dictar la  resolución, excepto en los casos en que el procedimiento se hubiera paralizado por causa  imputable a los interesados o en aquellos supuestos en que se hubiese acordado su  suspensión. 2. La acción para sancionar las infracciones previstas en la Ley Orgánica 4/2000, de 11  de enero, prescribe a los tres años si la infracción es muy grave; a los dos años si es grave,  y a los seis meses si es leve, contados a partir del día en que los hechos se hubiesen  cometido. La prescripción se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que  tenga conocimiento el denunciado. El plazo de prescripción se reanudará si el procedimiento estuviera paralizado durante  más de un mes por causa no imputable al expedientado. 3. El plazo de prescripción de la sanción será de cinco años si la sanción impuesta lo  fuera por infracción muy grave; de dos años si lo fuera por infracción grave, y de un año si lo  fuera por infracción de carácter leve.