188   sociedad (como las que tienen sobre la ac tividad económica, la sanidad, la educación, la política de empleo, la vivienda, el transpor te etc.). Por tal motivo, la actuación de los poderes públicos autonómicos no impide –ni ha impedido en ningún momento- la acción estatal, sino que normalmente la complementa (la amplía o mejora) o, en aquellos aspectos o respecto a aquellos colectivos o situaciones no atendidas, la integra, actuando, desde la perspectiva que ahora interesa, como una última red de protección del Estado del Bienestar cuya finalidad es atender aquellas situac iones, individuos o colectivos que, por una u otra razón, quedan al margen de las prestaciones básicas del Sistema de Seguridad Social, así como a aquellos que obtienen del mismo una protección insuficiente. Como se puede deducir de lo expuest o, es consustancial a esta forma de protección social la multiplicidad, rasgo que deriva tanto de la diversidad de fórmulas de atención social previstas, como de la variedad de grupos protegidos, como del número de medidas, prestaciones, ayudas, beneficios o servicios que, en unos u otros términos, se han venido reconociendo con esta finalidad. La atribución de competencias en esta materia a las Comunidades Aut ónomas es, sin duda, ot ra de las razones fundamentales de tal pluralidad, en tanto que , desde la descentraliz ación territorial del Estado, todas y cada una de sus diecisiete Au tonomías se han dedicado especialmente a la promulgación de normas y a la elaboración de planes o programas específicamente destinados al cumplimiento de tales objetivos.