La respuesta es, pues triple : a) todos los extranjeros podrán, en principio, disfrutar de los derechos y libertades consagrados en el Títu lo I de la Constitución; b) sin embargo, dado que se trata de derechos de configuraci ón legal, el ejercicio de algunos de esos derechos –pero sólo si no son derechos i nherentes a la personalidad- podrá ser limitado o condicionado al cumplimiento de ciertos re quisitos: por ejemplo, tener autorización de residencia o permiso de trabajo; c) pero dichas limitaciones y condicionamientos no escapan al control constitucional: el legislador no tiene una carta en blanco. Este planteamiento se reafirmará en la STC 115/ 1987, de 7 de julio, y en otras posteriores. 1.1.2. La configuración legal del de recho a inmigrar: la situación regular. Igualmente, son tres las cuestiones esenci ales a las que cualquier ordenamiento jurídico debe dar respuesta en relación con el tema de la inmigración: a) las condiciones para poder residir y desarrollar una actividad profesional, po r cuenta ajena o por cuenta propia, en el país al que corresponde dicho or denamiento jurídico; b) el tratamiento que se debe dispensar a los inmigrantes regulares –es decir, a los que han cumplido aquellas condiciones- sobre todo desd e el punto de vista de los derechos laborales y de Seguridad Social; c) los de rechos que, en todo caso, de ben ser reconocidos a los inmigrantes aunque s ean irregulares. La primera regla general de nuestro or denamiento jurídico –similar, por lo demás, a la de casi todos los países- es que, para entrar en territorio español, al extranjero no le bastará el pasaporte emitido por el Estado a que pertenece sino que necesitará además el visado expedido por la s autoridades españolas.