(21) Siempre que un solicitante pueda alegar una causa justi ­ ficada, la falta de documentos a la entrada o el uso de  documentos falsos no debe entrañar  per se  el recurso  automático a un procedimiento fronterizo o acelerado.   (22) Redunda igualmente en interés tanto de los Estados  miembros como de los solicitantes garantizar un correcto  reconocimiento de las necesidades en materia de protec ­ ción internacional desde la primera instancia. A tal fin, se  debe poner a disposición de los solicitantes, desde la  primera instancia y de forma gratuita, información jurí ­ dica y procedimental, teniendo en cuenta sus circunstan ­ cias particulares. La puesta a disposición de dicha infor ­ mación debe, entre otras cosas, permitir a los solicitantes  comprender mejor el procedimiento, ayudándoles así a  cumplir las obligaciones que les incumben. Sería despro ­ porcionado exigir a los Estados miembros que faciliten  dicha información únicamente a través de los servicios de  juristas cualificados. Por consiguiente, los Estados miem ­ bros deben tener la posibilidad de utilizar los medios más  adecuados para facilitar dicha información, por ejemplo a  través de organizaciones no gubernamentales, de profe ­ sionales de la Administración Pública o de servicios es ­ pecializados del Estado.   (23) En el marco de los procedimientos de recurso, se debe  prestar a los solicitantes, con ciertas condiciones, asisten ­ cia y representación jurídica gratuitas por parte de per ­ sonas competentes para prestarlas con arreglo a la legis ­ lación nacional. Además, en todas las fases del procedi ­ miento, los solicitantes deben tener derecho a consultar,  a su costa, a asesores jurídicos o a abogados autorizados  a ejercer como tales conforme a su Derecho nacional.   (24) El concepto de orden público podrá incluir,  inter alia  una  condena por haber cometido un delito grave.