De conformidad con lo previsto en los artículos 55 y 61 de la Ley Orgánica 4/2000, de  11 de enero, el instructor podrá adoptar en cualquier momento mediante acuerdo motivado  las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la  resolución que pudiera recaer. En caso de que el procedimiento tramitado fuera de carácter ordinario no podrá  adoptarse la medida cautelar de internamiento. 2. En iguales términos que los establecidos en el artículo 221 de este Reglamento, el  instructor podrá mantener la aprehensión de los bienes, efectos o instrumentos que hayan  servido para la comisión de la infracción prevista en el artículo 54.1.b) de la Ley Orgánica  4/2000, de 11 de enero. Artículo 245.  Contenido y efectos de la resolución del procedimiento de expulsión. 1. La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada, con indicación de  los recursos que contra ella puedan interponerse, órgano ante el que hubiera de presentarse  y plazo para su presentación, de conformidad con lo establecido en el artículo 222. 2. La resolución que acuerde la expulsión llevará consigo la prohibición de entrada al  territorio español. Dicha prohibición de entrada se hará extensiva a los territorios de los  Estados con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido. La duración de la prohibición se determinará en consideración a las circunstancias que  concurran en cada caso y su vigencia no excederá de cinco años. Excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden  público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública, podrá imponerse  un periodo de prohibición de entrada de hasta diez años, previo informe de la Comisaría  General de Extranjería y Fronteras.