Por una parte, si el riesgo es derivado  de una situación general y conocida, las autoridades deben llevar a cabo una eva - luación del riesgo de oficio. Por otra parte, en las situaciones de solicitudes de asilo  basadas en un riesgo individual, «debe ser la persona que solicita el asilo la que se  base en ese riesgo y lo justifique» (180). Así pues, en este último caso, corresponde al  solicitante presentar pruebas de la existencia de motivos fundados para considerar  que su expulsión de un Estado miembro puede conllevar un riesgo real de sufrir tra - tos prohibidos por los artículos 2 o 3 del CEDH. Una vez presentadas tales pruebas,  corresponde al Gobierno aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto (181).  El TEDH ha reconocido que los solicitantes de asilo se encuentran a menudo en una  situación especial que con frecuencia hace necesario concederles el beneficio de la  (180) TEDH, F.G. contra Suecia  [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016, párrs. 126 a 127; TEDH, J.K. y otros  contra Suecia  [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016, párr. 98. (181) TEDH, Saadi contra Italia  [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008, párr. 129.