Jurisp rudencia que con el tiempo se ha visto superada por la existencia de un conjunto de fallos (STSJ Castilla y León, de 17 de noviembre de 2005. En sentido parecido SSTSJ Castilla y León, de 14 de marzo de 2006 (AS. 1468) y de 21 de marzo de 2006 (A S. 829), que en un esfuerzo por ir más allá han reconocido, por ejemplo, el derec ho del trabajador inmigrante, que no tenía residencia legal en España, ni permiso de trabajo, y que no estaba en alta en la Seguridad Social, a la prestación contri butiva de desempleo, al tiempo que la responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones. Esta última corriente de pensamiento maneja habitualmente muchos de los argumentos que se han mencionado anterior mente en el caso de las contingencias profesionales (Convenio núm. 97 OIT, Reco mendación núm. 125 OIT, etc.), y que se han desechado. De manera que lo que se plan tea es la viabilidad de considerar a los trabajadores inmigrantes irregulares como tr abajadores en alta de pleno derecho – con base en el art. 36.3 párrafo 2º LOEx -, pudie ndo reclamarse al empres ario el coste de la prestación, y a la Entidad Gestora el antici po de misma en virt ud del principio de automaticidad (art. 125.3 LGSS). Incluso se ha calificado a esa doctrina como un avance “hacia una sociedad más justa, ha cia una ciudadanía social superadora de nacionalismos farisaicos”, pese a que se reconozca que se trata de una doctrina con “puntos negros” (OLARTE ENCABO, 2006, p. 9). El tema desde luego no es fácil.