En un planteamiento que, como resulta sobradamente conocido, también se ha visto expuesto a voluntades legi slativas de signo diverso, pues si bien la LO 4/2000 reconoció el derecho al trabajo y a la Segur idad Social (art. 10) “a los extranjeros” – término que en principio podría albergar a todo inmigrante, le gal o no -, bien es verdad que “en los términos previstos en esta Le y Orgánica y en las di sposiciones que la desarrollen” (art. 10.1), con posterioridad, a lo s pocos meses, la LO 8/2000 altera el reconocimiento de derechos de Seguridad Social, estableciéndolo en términos más restrictivos, pues ya sólo será n titulares de estos derechos los “extranjeros que reúnan los requisitos previstos en esta Ley Orgánica y en las disposiciones que la desarrollen”, tenor que parece excluir con ello a los inmi grantes irregulares. Situación que vuelve a registrar novedades con la mencionada LO 14/2003, en los términos que se han indicado. Lógicamente, por lo que se ha comentado hasta ahora, la cuestión pendiente es cómo hacer frente a la protecc ión social de los inmigrantes irregulares. Pero desde ahora conviene advertir que el proces o de equiparación de derechos de protección social entre nacionales e inmigrantes legales lógicamente no resulta ajeno a los inmigrantes irregulares, y que precisamente dicho proceso genera en unos casos unas sinergias, en otros unas corrientes de pensamiento a favor del reconocimiento de derechos de protección social a los inmigrantes irregulares, si no en los mismos términos que a los trabajadores extranjeros legales, sí en términos parecidos o próximos.