Las soluciones normativas a la problemá tica relativa a la adjudicación o no de derechos de Seguridad Social a los extran jeros en situación irregular que reúnen los elementos materiales de las situaciones protegidas por el Sistema español se caracterizan por un movimiento oscilato rio, que han dibujado una “regulación de vaivén”. En un primer momento, en la medida en que la LO 7/1985 nada decía, y resultaban de aplicación las reglas genera les de los contratos (art. 1275 CCiv.), la cuestión acerca de la validez o nulidad de lo s contratos celebrados por extranjeros en situación irregular se dilucidó en sede judicial . Y la jurisprudencia negaba la validez del contrato suscrito por un extranjero que carecía de permiso de trabajo, sobre la base de que una de las partes no tenía capacidad pa ra contratar (por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1987). No obstante, por la doctrina de suplicación (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 4 de octubre de 1999), y por algún sector doctrinal (CHARRO, 1999), ya se había comenzado a argumentar en sentido contrario. Al margen de esas cuestiones de índole la boral, en el ámbito de la Seguridad Social, las situaciones de irregularidad susc itaban interrogantes de tipo prestacional, y se dudaba de si los trabajadores extranje ros en situación de irregularidad podían devengar prestaciones de Seguridad Social deri vadas de la actividad laboral desarrollada en esa situación de ilegalidad-irregularidad. Hasta fechas muy recientes, desde la