19 y 97 OIT, así como la Recomendación núm. 151. En el caso del Convenio citado en primer término, por no contener mención alguna al desempleo; en el segundo, porque tiene por destinatarios a los “emigrantes que se encuentren legalmente” en España; fina lmente la Recomendación porque ninguna obligación impone al Estado Español. b) Sentencias del propio Tribunal Supremo, de uso habitual en estos casos, pero que, a juicio del Alto Tr ibunal, en el presente no son de utilidad, por no resolver asunto similar. Son: a. STS de 9 de junio de 2003: se pronuncia sobre prestaciones de asistencia sanitaria e incapacidad te mporal derivada de accidentes de trabajo, en el caso de un extranje ro cuyo país no firmó el Convenio núm. 19 OIT. b. STS de 7 de octubre de 2003: re suelve un caso de invalidez permanente absoluta derivada de accidente de trabajo, respecto de un extranjero cuyo país no firm o el Convenio núm. 19 OIT. c) El R.D. 864/2001, de 11 de enero: al no contener disposición alguna referente al desempleo. d) El art. 42.2 R.D. 84/1996: alude só lo a la obtención de “determinadas prestaciones”, sin que se le pueda otor gar a la expresión legal un significado omnicompresivo de todas las prestaciones de Seguridad Social. De tal manera que, si bien el Tribuna l Supremo reconoce que “las sucesivas modificaciones de la LOEx ponen de manifiesto una clara voluntad del legislador de ir ampliando la protección de los derechos labo rales de los extranjeros” (F.J. 3º), sin embargo, “dicha normativa no permite conclu ir que el actor de este proceso tenga