155   se refiere a los inmigrantes como “personas con especiales dificult ades de integración en el mercado de trabajo”). Si bien, eso sí , cuando se refiere a los inmigrantes lo hace añadiendo la consideración de que ello se rá así “con respeto a la legislación de extranjería”; lo que fuerza a plantearse si el legislador en este punto está pensando en los inmigrantes irregulares, que, aunque c on evidentes problemas de integración no merecería el favor del legislador, por lo menos en este caso. Claro que, como se ha advertido en algún caso (MONEREO PÉREZ, 1996, p. 159), lo que esta en juego en última instan cia es hasta donde al canza la “ciudadanía social”, en cuanto conjunto de derechos so ciales básicos a recono cer a toda persona por su vinculación directa con la dignidad humana concepto que se contrapondría a la “ciudadanía política y civil”, expresión ésta íntimamente ligada a la noción de nacionalidad. Recuérdese cómo el TC ha se ñalado tiempo atrás que los derechos que no son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana pueden ser modulados lícitamente por las leyes y tratados, en función de la nacionalidad, por ejemplo, introduciendo tratamientos desiguales entr e españoles y extranjeros (STC 94/1993; 130/1995). Recuérdese a este efecto cómo el TC ha señalado tiempo atrás que los derechos que no son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana pueden ser modulados lícitamente por las leyes y trata dos, en función de la nacionalidad, por ejemplo, introduciendo tratamientos desigua les entre españoles y extranjeros (STC 94/1993; 130/1995).