En efecto, el concepto “sujeto protegido” como sujeto que se encuentra dentro del campo de aplicación del Sistema (y que ex ige residencia legal y realización de una actividad profesional también en régimen de legalidad), qu eda disociado respecto de otro concepto, en abstracto y lógicamente vinc ulado al anterior, como es el de “sujeto beneficiario” de una prestación; concepto este que se mueve en el ámbito, ya no subjetivo del sistema (campo de aplicación), sino objetivo (acción protectora). De este modo, a partir de la doctrina ju risprudencial, es posible que un trabajador que no está en el campo de aplicación (que delimita qué su jetos están dentro del Sistema), sí podría recibir prestaciones del Sistem a, en igualdad de condicion es que los sujetos que están dentro del campo de aplicación por cumplir los requisitos legales establecidos (art. 7 LGSS). Parece que esta ruptura se produce porque, como un subtipo del principio de equidad aplicado a la Seguridad Social, aflora el “principio de prot ección”. Junto a él, también emerge el principio de prohibición del enriquecimiento injusto. En este sentido, no se puede perjudicar al trabajador como c onsecuencia de un uso abusivo de la fuerza de trabajo, de ahí que se haya de deriva r la responsabilidad empresarial (CABEZA, 2008). La aplicación de la automaticidad y las consiguientes obligaciones de anticipo de las entidades gestoras y colaboradoras serían el resultado de una subrepticia transferencia de esa lógica equitativa de reequilibrio entre privados (empresario y trabajador inmigrante irre gular) hacia una entidad ge stora de Derecho público; transferencia que ha sido negada por algunas posturas doctrinales, que entienden que en el art. 36.3º no se recoge la responsabilidad del art.