Sobre esta cuestión, que en este momento sólo se quiere subrayar, se hace remisión a lo que se dirá posteriormente. A mayor abundamiento, se puede concluir diciendo que la tendencia actual es hacer desaparecer el viejo concepto de asiste ncia social para aludir, exclusivamente, a las competencias de las CCAA en materia de servicios sociales. Buena prueba de ello es la redacción dada a los preceptos que, sobr e el tema, aparecen en los Estatutos más recientes, como son el de Andalucía y el de Cataluña, donde se elude cualquier referencia a la asistencia social para atribuir, expresa y específicamente, a sus respectivas autonomías competencias exclusiv as en materia de servicios sociales. Es más, en ambos Estatutos se pone de mani fiesto una afán expansivo de los poderes autonómicos que, expresamente en el propi o texto, incluyen como funciones de las CCAA tanto la regulación, orde nación y gestión de los serv icios sociales, como la regulación y aprobación de planes y progr amas específicos di rigidos a personas y colectivos en situación de necesidad social , como la creación y gestión de centros e instituciones de protección, tutela, rehabilita ción y reinserción de pe rsonas necesitadas. En fin, también es significativo señalar cómo, en ambos Estatutos, se contienen definiciones amplias de los se rvicios sociales en las que, no sólo se integran las prestaciones técnicas de carácter colecti vo, sino también prestaciones de contenido económico con finalidad asistencial o comple mentarias de otros sistemas de protección social. En estas condiciones, y sin insistir má s en una cuestión –compleja- que no corresponde analizar ahora, este apartado se limita a analizar el derecho a las prestaciones y servicios que se atribuyen a los extranjeros, irregulares o no, en las leyes autonómicas de servicios sociales.