En definitiva, es necesar io tener en cuenta que el tratamiento de las situaciones de exclusión social requiere de un proceso complejo y dilatado que, en la mayoría de los supuestos, se habrá de es tructurar en varias et apas, aplicando en cada una de ellas el conjunto de medidas que requiera las nece sidades del sujeto, y esta circunstancia, que es fundamental para la integración de los inmigrantes no comunitarios, sólo excepcionalmente se encuentra reflejada en la normativa autonómica. El análisis de las prestaciones y serv icios de inserción contenidos en los distintos Programas que se viene analizando pone de manifiesto una gran variedad de prestaciones de esta naturaleza sin que, en la mayoría de los casos, respondan a un orden sistemático previamente definido respec to de lo que ha de ser un proceso de inserción. A estos efectos es de destacar la parquedad que presentan las regulaciones más antiguas y la relativa coherencia y riqueza de aquellas que se han producido o modificado en los últimos años, destacando un aspecto común: la preponderancia que se les otorga a las medidas de inserción la boral y su todavía férrea vinculación a las prestaciones económicas básicas o de i ngresos mínimos (en este sentido, es significativo el Decreto 24/2001, de 20 de abril, sobre Presta ciones de Inserción Social de la Rioja). Esta circunstancia constituye, co mo se verá ahora, un serio obstáculo a la inserción social del colectivo de extranje ros no comunitarios, sobre todo de aquellos que se encuentran en situación de irregular idad, y ello independientemente de que la normativa autonómica en virtud del criterio de empadronamiento les facilite el acceso a estos servicios.