El cumplimiento de ese compromiso asumido por nuestro país requiere la adopción de  los medios precisos para que, la cada vez mayor proliferación de invitaciones realizadas por  particulares, tanto las que efectúan los nacionales españoles como los extranjeros  residentes en España, sea objeto de un control efectivo, no sólo respecto de la declaración  del particular invitante, en donde se contengan datos relativos a su identidad, relación o  vínculo que mantiene con el extranjero, disponibilidad de medios económicos para sufragar  los gastos de alojamiento derivados de esa invitación y de las responsabilidades en que  pudiera llegar a incurrir ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones, sino también,  de la propia carta de invitación, mediante la confección de un documento específico,  establecido al efecto, que reúna determinadas medidas de seguridad que impidan su  falsificación o el uso fraudulento del mismo, en formato similar al que determinados Estados  miembros de la Unión Europea ya tienen implantado. El desarrollo que, mediante la presente norma, se realiza de las previsiones contenidas  en los artículos 7.2.b).1.º y 28.3 del Reglamento aprobado por el Real Decreto 2393/2004,  de 30 de diciembre, se circunscribe, por una parte, al procedimiento que habrá de seguirse  para la expedición de la carta de invitación y, por otra, a la forma que ha de revestir el propio  documento de la carta de invitación. La extensión de los efectos de esta carta de invitación queda limitada a justificar el  requisito relativo al hospedaje, por lo que, cuando se trate de viajes de carácter turístico o  privado, el hecho de que el extranjero invitado disponga de este documento no implica que  no pueda serle exigido el cumplimiento de las demás condiciones establecidas para  autorizarle la entrada.