El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, al tratar sobre la li-bertad de circulación y de residencia, incluyó una referencia explícita a ese grupo de per - sonas: “podrá concederse libertad de circula - ción y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro” (artículo II-105). El artículo I-14, 2, a) del Tratado de la Co- munidad Europea (Consejo de las Comunida - des Europeas, 1992) refuerza las restriccio - nes en esta esfera, al constituir el mercado interior como ámbito de competencia com - partida de la UE con los Estados miembros. De ahí derivan las disposiciones contenidas en el Título III, Capítulo I, sobre el mercado in-terior, cuyo primer artículo (III-130) determina: “la Unión adoptará las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Constitución”. Esas referencias resultan ineludibles y limitan las posibilidades del Estado español para dar satisfacción a las demandas que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda plantear en el ejercicio de la facultad reco - nocida en el artículo 37, 1 de su Estatuto de Autonomía, para “elevar al Gobierno las pro-puestas que estime pertinentes sobre la resi - dencia y trabajo de extranjeros en Canarias”.