191   decir que, aunque utilicen otra denominaci ón, todas ellas regulan específica y directamente los servicios sociales. En conclusión, es claro que, bien porque los Estatutos de Autonomía lo han autorizado expresamente, bien porque, de hecho, así han actuado los legisladores autonómicos, lo cierto es que todas las CCA A han asumido y ejercido, desde hace años, competencias efectivas en la ordenación, organización y ejecución de los servicios sociales sin que, a fecha de hoy, se haya enca rgado el legislador es tatal de dictar una norma, para todo el territorio nacional, que contenga la regulación básica de los servicios sociales, y si n perjuicio de que su ejecución se hubiera dejado en manos de las administraciones autonómicas o, inclus o, locales (ALARCÓN CARACUEL, 2003). Por todo lo dicho puede decirse que, al margen del diseño constitucional (sobre todo, porque es una cuestión que, por la aceptaci ón tácita de todos los implicados, no se ha planteado ante el Tribunal Constituci onal), las CCAA han asumido y han puesto en práctica sus propias redes de servicios sociales que, de esta forma, han actuado en todo el territorio estatal como una fórmula de protección asistencial, para todos los ciudadanos que lo necesiten y ante las situaciones de necesidad más graves o perentorias, cercana a los individuos y polivalente en sus fórmulas de acción y tutela. En este aspecto, únicamente se quiere destacar cómo la asunción de competencias por parte de todas las CCAA en materia de servic ios sociales ha sido una situación tolerada por los poderes públicos esta tales, que sólo han despertado su celo competencial cuando algunas de dichas autonomías han aprobado prestaciones económicas llamadas a complementar las prestaciones del Sistem a de Seguridad Social de cuantías más bajas.