La legislación española, que arranca con la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del Derecho de asilo y de la condición de refu- giado, y la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y libertades de los extranje- ros en España, se orienta por las normas emanadas desde Naciones Unidas y desde el Consejo de Europa, y se propone como aspira-ción última la asunción por los inmigrantes de la identidad política de la sociedad de acogi-da, articulada según sus valores constitucio - nales. Sin embargo, España no ha firmado ni rati - ficado todavía la Convención de las Naciones Unidas para la Protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y los miem-bros de sus familias (1990), que se ocupa extensamente de la situación de los inmigran - tes indocumentados; y la Ley Orgánica de Ex- Normativa de la Unión Europea y legislación española sobre inmigración y extranjería. Su aplicación en la Comunidad Autónoma Canaria