De otro lado, aunque la Recomendación sí amplía el principio de igualdad de trato a los emigrantes, al margen de su situación de (ir)regularidad, puesto que no resulta de obligado cumplimiento a los Estados, no varía, ni siquiera vía interpretativa el tenor de la legislación interna aplicable. En definitiva, no hay normativa internacional directamente aplicable a los supue stos de prestación por desempleo.