Así, la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de  refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, establece en su artículo 17.2 que al  extranjero cuya solicitud de asilo le haya sido inadmitida a trámite o denegada se le podrá  autorizar por razones humanitarias o de interés público, en el marco de la legislación general  de extranjería, la permanencia en España, en particular cuando se trate de personas que,  como consecuencia de conflictos o disturbios graves de carácter político, étnico o religioso,  se hayan visto obligadas a abandonar su país. Este precepto ha sido desarrollado en el  artículo 31.3 y en la disposición adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley  5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado,  modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, aprobado por el Real Decreto 203/1995, de 10  de febrero. Este desarrollo reglamentario ha dado lugar a dos situaciones jurídicas diferentes: una,  para atender razones humanitarias vinculadas al principio de no devolución y a la situación  del país de origen; y la segunda, dirigida a los desplazados, bien cuando el Consejo de  Ministros decide acoger en España a personas necesitadas de protección, bien cuando de  forma individual y por las mismas circunstancias accedan al territorio español, recogidas en  el artículo 31.3 y en la disposición adicional primera del Reglamento de aplicación de la Ley  reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado, respectivamente. Al mismo tiempo, la disposición adicional segunda del citado reglamento recoge unas  mínimas normas de actuación para el caso de que flujos de desplazados lleguen de forma  masiva a las fronteras españolas.