Los bienes, efectos e instrumentos definitivamente decomisados por resolución  administrativa o judicial firme se adjudicarán al Estado en los términos fijados por la Ley  33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. 5. Si la resolución se adoptase en aplicación de la infracción prevista en el artículo  54.1.d) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, y sin perjuicio de la expulsión acordada,  podrá contener pronunciamiento por el que se adopte la clausura del establecimiento o local  desde seis meses a cinco años. Artículo 246.  Ejecución de la resolución en el procedimiento de expulsión. 1. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos  de tramitación preferente se ejecutarán de forma inmediata de acuerdo con las normas  específicas previstas en este Reglamento y en el artículo 63 la Ley Orgánica 4/2000, de 11  de enero. 2. Las resoluciones de expulsión del territorio nacional que se dicten en procedimientos  de tramitación ordinaria contendrán el plazo de cumplimiento voluntario para que el  extranjero abandone el territorio nacional. La duración de dicho plazo oscilará entre siete y treinta días y comenzará a transcurrir  desde el momento de la notificación de la citada resolución. La imposición de un plazo  inferior a quince días tendrá carácter excepcional y habrá de estar debidamente motivada en  el escrito por el que se comunique su duración. Con carácter previo a su finalización, el plazo de cumplimiento voluntario de la orden de  expulsión podrá prorrogarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso  concreto, tales como la duración de la estancia, tener a cargo menores escolarizados o la  existencia de otros vínculos familiares y sociales.