Alcaldesa de Bogotá: Migración venezolana es un “desafío difícil de enfrentar” | Voice of America - Spanish
Durante un encuentro con medios internacionales, Claudia López también habló de las actuales diferencias que tiene con el Gobierno Nacional, en medio de las protestas ciudadanas recientes, y de cómo Bogotá se ha preparado para enfrentar la pandemia.
BOGOTÁ  - La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que actualmente los venezolanos que se encuentran en Colombia enfrentan una situación “difícil y precaria”, lo que genera un “aprieto” en el mercado laboral local y representa “un desafío difícil de enfrentar”. Según Migración Colombia, el país alberga 1,7 millones de migrantes venezolanos. La mayoría de ellos (343.169), se encuentran en Bogotá. Desalojos de sus viviendas y pérdidas de empleo han sido el común denominador de esta población, en la pandemia. Durante una charla con medios internacionales, la mandataria de la capital colombiana aseguró que, en la coyuntura, se les ha “rogado” a los venezolanos que no regresen a su país. “Hemos hecho todos los esfuerzos para que no tengan que hacer una travesía en condiciones tan riesgosas”, aseguró López. Aunque manifestó que no tiene a cargo el manejo de la política migratoria en el país, le ha sugerido al Gobierno Nacional tener prudencia en la apertura de la frontera. Así mismo, aseguró que, a lo largo de estos meses, los migrantes han recibido ayudas en especie y atención en salud. “A pesar de no tener seguro, el sistema público de Bogotá ha asumido el costo del nacimiento del tratamiento en primera infancia y de madres gestantes, de cualquier mujer, cualquier nacionalidad, que llega a los hospitales públicos colombianos. ¿Nos cuesta? Sí. Lo hacemos con profundo y con profunda humanidad”, manifestó, sin señalar los costos exactos de esta atención. Aunque señaló que hay un incremento de venezolanos que incursionan en delitos, “no es mayor a la proporción en la que ha crecido la población venezolana en Colombia” y enfatizó en que Bogotá ya tiene suficientes problemas, como para alentar uno más: la xenofobia. Desde el 2019, los colombianos han salido a las calles a protestar para pedirles a las autoridades garantías relacionadas con educación, salud, derechos humanos y paz. Recientemente, el 9 y 10 de septiembre, Bogotá fue protagonista de . Las reacciones y propuestas, ante estos hechos, han sido las causas de los choques más recientes entre la alcaldesa de Bogotá y el gobierno de Iván Duque. Lopez señaló que la posición de la Alcaldía ha sido trabajar en el “reconocimiento a la gravedad de los hechos, compromiso con la verdad, con la justicia. Y pedimos reformas porque nos parece que es la garantía de no repetición elemental”, pero afirma que el Gobierno ha negado “la gravedad de lo ocurrido” y ha respondido que la reforma no es necesaria. La ministra del interior, Alicia Arango, señaló a mediados de septiembre que "no se negó a una reforma a la Policía sino que dijo que estaba en camino a una reforma". “El presidente fue muy claro con la alcaldesa y quiero decirles a los ciudadanos que no es verdad que se haya negado, si no que estamos implementando ya una transformación a la Policía Nacional”, agregó Arango. Según explicó López, lo que se debe hacer en “es reconocer que la demanda de inclusión y de atención que hay en las calles es legítima y que está agravada por las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y que esa demanda de inclusión necesita una respuesta distinta a la policía y el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios)”. Lo segundo, dice, es hacer una reforma de “la calidad de vinculación, de formación y de bienestar de la Policía” y, para evitar el abuso policial, cree que se debe “garantizar la gradualidad en el uso de armas letales”. Finalmente, señala, es necesario tener un mecanismo de investigación y judicialización de los casos de abuso para evitar la impunidad. Incluso, la Alcaldesa manifestó que se ha pedido reporte de uso de armas de fuego, pero que no ha sido entregado por “una decisión política, de no facilitar sino obstruir la investigación”. En este escenario, manifiesta que “se necesita una acción estatal y judicial mucho más eficaz para prevenir y sancionar la infiltración violenta en las protestas”, pues según ella, Bogotá es la única ciudad de Colombia que en el transcurso de este año ha investigado, identificado y judicializado a 11 personas que entraron violentamente las marchas. En este sentido, el Ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que los enfrentamientos entre la Policía y civiles, que dejaron 13 muertos entre Bogotá y Soacha en septiembre, “fue una manifestación de violencia y de vandalismo, articulado, sistemático y organizado” y que hubo infiltraciones de las disidencias de las FARC y el ELN. Para López, el ministro “ha hecho un intento deliberado por 'guerrellerizar' el fenómeno de protesta violenta que hubo el 9 y 10. Y no ha mostrado una sola prueba”. “Eso ha sido un esfuerzo de distracción y de negación del ministro de defensa que no tiene ningún fundamento y que no tiene ningún rigor”, agregó. Sin embargo, López sentenció que de los 11 capturados, seis (en febrero) tienen vínculos con disidencias de las FARC. Y hay indicios que los cinco recientemente capturados podrían tenerlos. “Lo que está claro y firme es que son grupos radicales que usan medios violentos en las protestas y que, en efecto, coordinaron la asistencia de jóvenes radicales para hacer vandalismo”, explicó la funcionaria. Pero no comparte la idea de que sea necesaria la presencia del ELN o disidencias de las FARC para que se presenten los hechos: “En Estados Unidos, la estación de policía de Minneapolis quedó en cenizas... Hubo incendios y disturbios en cien ciudades de Estados Unidos, a propósito del caso del George Floyd y, que yo sepa, allá no hay ELN ni disidencias de las FARC”. “Cuando estos hechos sistemáticos de abuso policial producen una reacción social, no se necesita FARC y ELN para que haya una reacción, desafortunadamente masiva y desafortunadamente violenta”, agregó. Por último, dice que “Bogotá necesita más y mejor policía”, pues según explicó, la noche del 9 de septiembre, la ciudad -de ocho millones de personas- tenía en turno a 750 policías de vigilancia y a 300 policías antidisturbios. “Eso es inadmisible. Bogotá sistemáticamente tiene un tercio de la policía que necesita”, añadió. Aunque, según ella, hay desacuerdos con el gobierno, seguirá insistiendo con las propuestas en un ambiente actual, dice López, donde permanece una relación meramente institucional con la presidencia. Según autoridades locales, en Bogotá han fallecidos cerca de 7.000 personas, a causa de la COVID-19. Entre los efectos de la crisis generada por la pandemia, se encuentra un porcentaje de desempleo del 20%, en el mes de agosto. A pesar de ello, López se siente optimista, pues dice que la pandemia también generó oportunidades, como la posibilidad de agilizar los procesos de la entrega de la renta básica, la disminución de la brecha digital, entre otros. La alcaldesa informó que, hacia noviembre y diciembre, se podría presentar una segunda ola mucho menor que la primera. En primer lugar, porque “en la medida en que la pandemia va creciendo, pues va afectando a unos, va ganando un nivel de inmunidad colectiva” y porque se han adelantado una serie de medidas. Entre estas, se encuentran la promoción del cuidado individual. La detección de síntomas, el asilamiento y el reporte de contacto para los cual se han hecho, dijo, convenios con las EPS, además, para hacerle seguimiento y control a mayores de 60 años, que pueden tener cualquiera de las comorbilidades. “Bogotá debe estar hoy por encima de los 6.000 rastreadores” de casos de COVID-19, informó López. A esto se le suma las estrategias de cultura ciudadana la implementación de los protocolos de bioseguridad de cada actividad. Dijo que es incierto saber si es necesario aún hacer algún tipo de cierre parcial, a pesar de las medidas, peo que se espera no tomar esa decisión. La tercera ola de contagios, agregó, podría presentarse, al final del primer trimestre del año entrante.