Venezuela: 28 sindicalistas muertos en seis meses | Voice of America - Spanish
Informe llama la atención sobre la impunidad que presentan este tipo de homicidios.
En seis meses han sido asesinados 28 trabajadores y representantes sindicales en Venezuela, según un reporte de la organización no gubernamental  Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) y ConflictoVe. El reporte del primer semestre de 2014, titulado “Venezuela: violencia en el entorno laboral-sindical e impunidad Primer semestre de 2014”, muestra que 24 de los trabajadores asesinados pertenecen al sector de la construcción. Febrero fue el mes donde se registró mayor número de asesinatos, ocho en total, seguido de enero, con seis, y mayo con cinco. Sin embargo, con relación al mismo período de 2013, se registraron nueve asesinatos menos, cuando se reportaron 37. “El sicariato es la práctica más recurrente en los asesinatos de trabajadores o dirigentes sindicales”, establece el informe. En promedio son asesinados cinco sindicalistas o trabajadores por mes. El estado Aragua, ubicado en la zona centro norte costera de Venezuela, fue el más violento con cinco asesinatos. Luego le siguen Miranda, Anzoátegui y Monagas, con tres cada uno. El informe llama la atención sobre la situación de impunidad que existe sobre estos asesinatos. “El Estado sigue ausente a la hora de investigar y sancionar estos hechos”, establece. Ambas organizaciones que suscriben el informe observan con atención el creciente avance “de mafias en ese entorno que, sin lugar a dudas, es fuente de la mayoría de los casos que reflejamos en nuestro informe”. “Muchos de estos grupos fueron entrando en las grandes industrias del Estado y en las empresas básicas muchas veces de la mano del gobierno con el fin de crear contrapesos a los sindicatos tradicionales que hacen vida en esos centros de trabajo”, agrega el reporte. Concluye el documento con un llamado de atención sobre la ausencia de acciones por parte del estado para conbatir este tipo de delitos. “Tampoco observamos la actuación del Estado para frenar y sancionar esas actividades”.