CPJ: Propuesta que permite el cierre de ONG’s en Guatemala amenaza la libertad de prensa | Voice of America - Spanish
La coordinadora del programa del Comité para la Protección de los Periodistas en América Central y del Sur, Natalie Southwick, dijo que el presidente Giammattei debería rechazar la ley y "asegurarse de que el Gobierno guatemalteco no busca silenciar las voces encargadas de hacer que rinda cuentas".
SAN FRANCISCO, EE. UU. - El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) se pronunció ante el dictamen que. Según el CPJ, la resolución, dada por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, permitiría al Ministerio del Interior dar de baja “unilateralmente” a cualquier organización no gubernamental que determine que ha "violado el orden público". Natalie Southwick, coordinadora del Programa del CPJ en América Central y del Sur explicó que la acción limitaría la labor independiente de organismos y medios de comunicación, fuentes vitales de “información sobre la corrupción y la mala gestión del Gobierno”. Southwick señaló que "el presidente Giammattei debería rechazar la Ley de ONG y asegurarse de que el Gobierno guatemalteco no busca silenciar las voces encargadas de hacer que rinda cuentas". El CPJ ampara sus declaraciones en un análisis hecho por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA). WOLA apunta en su estudio que la ley requeriría que las organizaciones divulguen toda la financiación extranjera. Además, también podría ser aplicada a las organizaciones de derechos humanos y libertad de prensa que están registradas como entidades sin fines de lucro. El 12 de mayo, los miembros recién elegidos de la Corte Constitucional de Guatemala anularon un fallo de marzo de 2020 de los ex miembros de la corte que había detenido la implementación de la llamada Ley de ONG, un conjunto de enmiendas a las leyes del país que cubren a las organizaciones no gubernamentales. Dichas enmiendas fueron sancionadas el 27 de febrero de 2020 por el presidente Alejandro Giammattei. Desde el punto de vista de organizaciones como CPJ y WOLA, las medidas van en contra de los “estándares internacionales sobre derechos humanos y obligaciones internacionales del Estado de Guatemala”. En una  WOLA afirma que “las reformas duplican los mecanismos de fiscalización para las organizaciones, promueven procesos de criminalización de sus integrantes y limitan derechos como la libertad de asociación, la libertad de expresión, el debido proceso y el derecho de defensa, entre otros”. Después de conocer el fallo de la Corte de Constitucionalidad, la Asociación de Periodistas de Guatemala, un grupo de defensa de la prensa local, emitió un comunicado señalando que la ley afectará a “asociaciones de prensa (...) que pueden ser intimidadas o canceladas por lo que las autoridades competentes consideran arbitrariamente actos que alteran el orden público". Además, cerca de 200 organizaciones guatemaltecas firmaron un enunciado pidiendo al gobierno que detenga la legislación, diciendo que “otorga al Ejecutivo un poder casi absoluto para decidir quién puede y quién no puede expresarse y organizarse”. También funcionarios estadounidenses manifestaron su preocupación por la medida, como la vicepresidenta Kamala Harris y la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung. “La sociedad civil y las ONG son socios importantes para abordar los desafíos de la desigualdad, el estado de derecho, la inseguridad, los abusos de los derechos humanos y la pobreza en Guatemala”, la funcionaria de Estado en su cuenta de Twitter. El CPJ dio a conocer que contactó con Patricia Letona, portavoz de la oficina del presidente Giammattei, y que ésta dijo que la presidencia no podía comentar sobre el tema hasta que la oficina fuera notificada oficialmente del fallo judicial, indicando que “la única información que tenemos es [el anuncio de la corte] en los medios." En marzo de 2020, el y exhortó a Giammattei a revertir las tendencias de acoso legal, amenazas y persecución de periodistas. Desde entonces ha denunciado que la Administración Giammattei no ha logrado fortalecer las protecciones para los periodistas ni garantizar el acceso a la información.