Gobierno interino sobre oro venezolano en Inglaterra: “Sigue el proceso” | Voice of America - Spanish
Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, aseguró en rueda de prensa que el gobierno en disputa "le teme a esta decisión".
CARACAS / MARACAIBO, VENEZUELA. - El gobierno interino de Venezuela aseguró que la decisión del Tribunal de Apelación británico sobre el oro venezolano de regresar el caso al Tribunal Superior para que determine con exactitud a quién reconoce como autoridad es un “punto técnico” y simplemente significa que “sigue el proceso”. Una experta consultada por la concuerda. Vanessa Neumann, embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante el Reino Unido e Irlanda, expresó este lunes su confianza de que Inglaterra no entregará la custodia del oro venezolano al madurismo. “Maduro le teme a esta decisión. Va a volver a la misma corte donde había perdido. Queda claro que la corte de Reino Unido no le va a entregar el oro”, aseguró en una conferencia de prensa tras conocerse el fallo del tribunal de apelaciones. El Banco Central de Venezuela (BCV), bajo órdenes del gobierno en disputa, demandó en mayo de este año al Banco de Inglaterra por 1.000 millones de dólares en oro venezolano que tienen bajo su custodia, argumentando que usaría los fondos para apoyar el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su luchar contra la pandemia en el país. En julio de este mismo año la corte en Londres dictaminó que el gobierno británico "ha reconocido de manera inequívoca a Guaidó como presidente de Venezuela. Lo que necesariamente implica que ya no reconoce a Nicolás Maduro”. La decisión fue apelada por el BCV. Neumann puntualizó que el gobierno en disputa de Venezuela no consiguió revertir la decisión original sobre la custodia del oro. “Sigue el proceso. Lo que se ha pedido es volver a ir a la corte donde perdieron. El caso está en un punto técnico. Cuán largo pueda durar depende de cuánto tiempo Maduro piense pelear por lo mismo”, manifestó. Consideró que los resultados de las elecciones legislativas del 6 de diciembre no perjudicarán el reconocimiento británico de Guaidó como presidente. Por su parte, el  en el que asegura que el fallo “desestimó la insólita decisión proferida por el juez de instancia el pasado 2 de julio de 2020, que pretendió desconocer a las legítimas autoridades del Banco Central”. Esta acción, indicaron, “permitirá restablecer la legalidad quebrantada a raíz de la negativa del Banco de Inglaterra a ejecutar las instrucciones giradas por el BCV sobre la transferencia de recursos”. El texto apuntó que continuarán “ejerciendo todas las acciones y recursos necesarios para salvaguardar las reservas internacionales”. Adolfo Salgueiro, abogado venezolano y profesor de derecho internacional, explica que la decisión judicial conocida este lunes ordena la consulta al poder ejecutivo británico sobre a quién reconoce como presidente legítimo de Venezuela y, por lo tanto, como administrador del oro. “Esta instancia no dijo lo contrario [del fallo anterior, es decir, que Guaidó era el administrador del oro], ni mucho menos. Decidió reenviar el caso al juzgado original con la orden de que averigüe con el gobierno del Reino Unido quién es reconocido como representante de Venezuela”, detalla a la . Estima que una respuesta del gobierno inglés sobre este asunto no tomará mucho tiempo, si bien el exhorto judicial del lunes no está sujeto a plazos. “Pudiera ser un revés. Si el gobierno dice que reconoce a Maduro, se fregó [estropeó] la cosa, pero si le dice ‘reconozco a Guaidó’, entonces confirma el fallo original”, precisa. Subraya que la clave del embrollo legal yace en el reconocimiento británico. Resalta, entonces, que Inglaterra ha admitido a la embajadora de Guaidó. “Tengo la impresión de que la cosa va a ser reafirmada en los términos que está ahora. Es un tema que se debatirá en el ámbito del derecho internacional”, dice. Salgueiro resalta que, en Inglaterra, tanto como en Estados Unidos, existe la doctrina conocida como Acto de Estado, que incluye la potestad del poder ejecutivo de que su política exterior no se vea afectada por fallos judiciales. “Cuando un fallo judicial afecta a las relaciones exteriores de la República o, en este caso, del Reino de Gran Bretaña, el ejecutivo tiene el poder de decir: ‘no se meta’”, argumenta.