Nicaragua: Ortega prepara terreno electoral con presiones fiscales y leyes para castigar a opositores | Voice of America - Spanish
Las elecciones presidenciales en Nicaragua están programadas para noviembre de 2021. Los preparativos se producen en un clima cada vez más complejo entre el actual gobierno de Daniel Ortega y sus opositores.
MANAGUA - El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se prepara para los comicios generales programados para noviembre de 2021, con propuestas de leyes y presiones fiscales a empresas dirigidas por opositores en el país. En pleno año electoral el fin es generar miedo e incertidumbre entre los adversarios del mandatario sandinista que gobierna el país desde hace más de 13 años, según fuentes y expertos consultado por la . En menos de un mes, Ortega ha anunciado reformas a la Constitución para establecer la pena de cadena perpetua contra quienes “cometan crímenes de odio”. El anuncio es visto como una clara advertencia a los opositores que fueron beneficiados con la amnistía tras las encarcelaciones por participar en las protestas de abril de 2018. “Se sienten intocables porque se les dio una amnistía, fíjense bien, bueno ya se les dio la oportunidad de una amnistía, pero ya no habrá otra amnistía”, dijo Ortega en cadena nacional el pasado 15 de septiembre. Empleados del Estado hasta el momento han recolectado al menos un millón de firmas para la aceleración de la ley, según la vocera gubernamental y vicepresidenta Rosario Murillo. “Así que ya son casi un millón 200 mil firmas las que respaldan esta iniciativa ante la corte y la asamblea”, dijo Murillo este lunes. Por otro lado, los diputados oficialistas han anunciado dos leyes, una que pretende controlar las donaciones a oenegés y fiscalizar a corresponsales internacionales, llamada Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y otra llamada Ley Especial de Ciberdelito, que según detractores son “un bozal a quienes emitan comentarios críticos en las redes sociales”. Con respecto a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, las consultas iniciaron esta semana para posteriormente pasar al plenario donde sería aprobada, pero únicamente con la participación de las instituciones públicas del Estado que son controladas por Ortega. “Cuando hablan de consultas pareciera que es democrático, pero realmente todo es hablado entre ellos. Este martes iniciaron las consultas con las mismas instituciones y ninguna se opuso o emitió comentario, sino se mostraron alabadas y contentas”, dijo la diputada opositora Azucena Castillo a la . Castillo dice que esta Ley persigue claramente vetar a organizaciones opositoras que puedan recibir fondos de organizaciones no gubernamentales para estar en desventaja con Ortega en los comicios de 2021. También el mandatario sandinista ha utilizado instituciones como la Dirección General de Ingresos (DGI) para presionar al sector privado que se le opone desde abril de 2018 cuando se interrumpió el llamado “modelo de diálogo y consenso”. Hasta la fecha se contabilizan al menos 200 empresas que enfrentan lo que los empresarios han llamado “terrorismo fiscal”. Medios televisivos como , el confiscado , y empresarios opositores han denunciado persecución fiscal por parte del gobierno de Ortega. Una de las afectadas es Victoria Cárdenas Lacayo, empresaria y esposa del director de la organización Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Juan Sebastián Chamorro. El excanciller nicaragüense y analista político Francisco Aguirre Sacasa sostiene que “pareciera que el gobierno está pretendiendo apretarle las tuercas a la oposición, aunque ninguna de estas medidas tenga que ver con temas electorales propiamente”. Sacasa cree que Ortega está montando un “juego de ajedrez político” en donde se prepara para tomar negociaciones. “Yo creo que él está motivado por las elecciones norteamericanas y al conocerse los resultados verá qué hará”. También Ortega ha comenzado a realizar algunos cambios, de cara a las elecciones de 2021, por medio del Consejo Supremo Electoral que controla. En julio pasdo ordenó que se ampliara el plazo para que partidos obtengan la personalidad jurídica en un máximo de cincos meses antes del día en que se celebren las próximos comicios.