Amnistía Internacional: “Nicaragua vive una de las peores crisis de DD.HH. del continente” | Voice of America - Spanish
Más de un centenar de personas se encuentran en condiciones inhumanas en Nicaragua por su postura crítica al presidente Daniel Ortega, aseguran organizaciones de derechos humanos.
MANAGUA - Alimentación inadecuada, tratos inhumanos, torturas y hasta violaciones sexuales padecen más de 100 manifestantes retenidos en diferentes prisiones de Nicaragua a raíz de las protestas surgidas contra el presidente Daniel Ortega en 2018, según denuncian organizaciones de derechos humanos. Por ello, la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas, considera que Nicaragua “vive una de las peores crisis de derechos humanos del continente”, a la par de Cuba y Venezuela. Guevara-Rosas enfatiza que si bien es cierto que antes que comenzaran las protestas antigubernamentales de 2018 ya existían algunas denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos, las manifestaciones contra la administración sandinista vinieron agudizar esas prácticas. Por su parte, Gerardo Berthin, director de programas para América Latina y el Caribe de Freedom House, indica que no es una sorpresa que Nicaragua siga siendo un país donde los derechos humanos sean un desafío y añade que la pandemia por el nuevo coronavirus agravó aún más el deterioro a las libertades. El líder opositor Félix Maradiaga, quien coincide con las apreciaciones de Guevara-Rosas y Berthin, considera que, el presidente Daniel Ortega ve a los “presos políticos” como “un mecanismo de puerta giratoria”, el cual utiliza para negociar con diferentes actores nacionales e internacionales. “Ortega ha secuestrado personas en condición de presos políticos, y en algunas instancias ha excarcelado a otros grupos. Aunque hay que señalar que estas personas no obtienen plena libertad, son sujetas a un acoso permanente. Esto es un acto inhumano. La utilización de presos políticos como una especie de ficha de cambio”, comenta Maradiaga. Y es que, en 2019, el gobierno liberó al menos a 90 manifestantes bajo una polémica Ley de Amnistía aprobada por el oficialismo, según datos del Ministerio de Gobernación de Nicaragua. Los informes de derechos humanos indican que actualmente hay una nueva agrupación de reos. Desde estudiantes hasta ancianos que pasaron a ser considerados reos de alta peligrosidad por su forma de pensar. En algunos casos, las condiciones inhumanas que denuncian las organizaciones de la sociedad civil han obligado a algunos reclusos a protestar, al punto de zurcirse los labios y los párpados, exigiendo el respeto a su integridad. Sin embargo, Ortega lo negó en un acto público transmitido en cadena nacional de radio y televisión el pasado 8 de noviembre. En su discurso, además retó a organismos de derechos humanos a comprobar las denuncias, consideradas por su administración como una “falsedad”. Un grupo de defensores de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), encabezado por la abogada María Oviedo, tomaron la palabra del mandatario sandinista y se dirigieron al Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro, mejor conocido como “La Modelo”. No obstante, la solicitud de ingreso a la cárcel fue negada. “Nosotros nos presentamos un día después que el presidente diera un discurso invitando a organizaciones de derechos humanos a los penales y ver las condiciones de privados de libertad, pero no nos recibieron la carta”, denunció Oviedo. John Cerna fue uno de los estudiantes detenidos a finales de febrero de 2019, mientras se dirigía a la Universidad Centroamericana (UCA), en Managua. Su familia denunció en ese entonces que, sujetos de civil lo golpearon, provocándole una fractura en la costilla. Posteriormente lo arrojaron a una camioneta. Horas después apareció en una estación policial en donde fue acusado de supuesto tráfico de drogas. Cerna estudiaba Ingeniería Civil y desde 2018 estuvo activo en las protestas estudiantiles, razón por la que, según su familia, fue expulsado de la estatal Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). “Un mes antes de estallar la crisis política de 2018 estaba cursando quinto año de ingeniera civil en la UNI, en Managua. Le faltaban pocas clases para recibirse y lo expulsaron arbitrariamente por pensar diferente. Además, le borraron sus datos académicos”, denunció a la , su hermana Alba Sarahí Cerna. Sarahí relata que John siguió protestando hasta que fue detenido por las autoridades nicaragüenses. Desde la cárcel, Cerna envió cartas denunciando graves violaciones a los derechos humanos en el penal. Incluso, en enfatizó que su salud se ha deteriorado debido a los malos tratos. “Desde que se secuestró a John sabíamos que era por oponerse al gobierno. De un momento a otro lo trasladaron a una celda de máxima seguridad. Desde ahí no tenemos ninguna comunicación, no sabemos qué está pasando con él”, explica. “La última vez que vimos a John fue el 26 de noviembre y nos manifestó que tuvo dos convulsiones y los oficiales no lo llevaron a ningún centro médico, solo le dieron dos (tabletas de) acetaminofen. Aparte, está teniendo cuadros de esquizofrenia como consecuencia del aislamiento”, dijo su hermana a la . Organizaciones no gubernamentales que han intentado apoyar a algunos familiares de “presos políticos” con paquetes alimenticios explican que las autoridades nicaragüenses lo han tratado de impedir a toda costa. “Una de las características más indignantes de la represión en Nicaragua es la forma en la que el régimen de Ortega ha querido bloquear la solidaridad de la ciudadanía hacia los presos políticos a través de distintas leyes”, expone Maradiaga, también representante de la Coalición Nacional. El opositor se refiere a tres leyes aprobadas este año por la Asamblea Nacional, controlada por el gobernante partido Frente Sandinista. La de mayor atención es la Ley de Agentes Extranjeros, la cual establece la suspensión de personalidades jurídicas a quienes el gobierno considere que “se entrometan en asuntos internos del país”. “Persiguen a muchas de estas organizaciones, incluso religiosas. Han tenido que salir del país, razón por la cual hoy Nicaragua ha sido colocada en (la lista de) los países violadores (de) las libertades religiosas”, enfatiza Maradiaga. El politólogo sostiene que Ortega incluso ha instrumentalizado otras instituciones, como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) para tener un mayor control de las remesas, una de las vías por la cual algunas personas intentan enviar ayuda a los familiares de los reos. También se aprobó la Ley Especial de Ciberdelitos, la cual busca acallar a ciudadanos y periodistas que critiquen la administración de Ortega en redes sociales, según interpretan organizaciones de derechos humanos. Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional ve con preocupación estas nuevas leyes, porque considera que “en la medida que no existan mecanismos de monitoreo y observancia de los derechos humanos dentro del propio país, se va limitando el acceso a la información”. “La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, limita y pone muchos candados para el ejercicio de la defensa de derechos humanos de organizaciones de sociedad civil nicaragüense y algunas otras internacionales. Es muy preocupante, al igual que la Ley de Ciberdelitos que, bajo el pretexto de evitar la propagación de noticias falsas, define un marco legal que puede ser utilizado para castigar penalmente a quienes expresen opiniones, que a ojo de las autoridades puedan producir alarma temor o zozobra”, sostuvo Guevara-Rosas. A pesar de las legislaciones consideradas “represivas” y la persecución que denuncian organizaciones de derechos humanos, algunos grupos de la sociedad civil han formado redes de apoyo para los familiares de los manifestantes detenidos. Linette Méndez, portavoz del denominado Comité de Secuestrados Políticos, enfatiza que el trauma y las carencias económicas que vivió cuando su hijo estuvo encarcelado durante varios meses, la empujaron para ofrecer su vivienda en Managua para colectar ayuda para familiares de opositores bajo arresto. Cada mes, Méndez recibe los paquetes de ayuda de varias organizaciones, en algunos casos “de forma clandestina”, para ser entregados a los opositores durante las visitas a los penales. “En el 2018 desde que detienen a mi hijo, empecé a trabajar con el Comité de Secuestrados Políticos. Me motiva la experiencia de ver la situación económica, el sufrimiento de las madres. Yo fui víctima directa de este régimen y hoy me toca apoyar”, afirma Méndez a la . “Nosotros somos amenazados, sé que en cualquier momento me podrían detener, pero somos valientes y tenemos la disposición y obligación de apoyar como pueblo opositor a este régimen”, concluyó Méndez.