"Robo y expropiación": directivos de medios denuncian nuevas acciones de Ortega en Nicaragua | Voice of America - Spanish
A dos años del allanamiento y cierre en Nicaragua del Canal 100% Noticias y el semanario Confidencial, el gobierno del presidente Daniel Ortega orientó recientemente colocar rótulos en las fachadas de los edificios que permanecen tomados por la Policía Nacional.
MANAGUA - De “robo y expropiación”, así catalogaron los directivos de los medios s y de Nicaragua, cerrados por el gobierno en 2018, las recientes acciones de la administración de Daniel Ortega, incluyendo la orden de colocar rótulos en los exteriores de las sedes de las empresas de comunicación que permanecen tomadas por la Policía Nacional desde 2018. Todo ello en el contexto de una de las peores crisis sociopolíticas que ha vivido el país centroamericano en los últimos 30 años. Los medios tomados han sido señalados en su exterior con carteles donde se lee que los edificios pasarán a manos del Estado, pese a que legalmente no existe ningún fallo que así lo justifique. Miguel Mora, director del , y el también periodista Carlos Fernando Chamorro, propietario de  aseguraron a la  que no han recibido hasta el momento notificación alguna por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, que responda al fallo en medio de una serie de recursos legales que interpusieron meses atrás por la toma de las salas de redacción por parte de la Policía Nacional. Sin embargo, Chamorro ha denunciado que existe una orden presidencial que sobrepasa incluso a la misma justicia. “Los recursos legales que presentamos por la toma de los medios y -una empresa de mi esposa- fueron admitidos por la Corte Suprema de Justicia entre los meses de diciembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, ya transcurrieron más de 60 días que es el trámite de ley y la Corte no ha fallado. Entonces lo que vemos es una orden presidencial que se impone por encima de la justicia, por encima de la Constitución, por encima de la Ley y ahora dicen que el edificio es propiedad del Estado”, dijo Chamorro a la . El periodista señaló que desde el 2018, cuando comenzaron las protestas contra Ortega, “se desencadenó un estado policial que ha venido agravándose, endureciéndose, escalando el control de los ciudadanos y violando las libertades cada vez más”. “Hace dos semanas se cumplieron dos años de la ocupación ilegal de y. Ahora el Estado ha consumado esa ocupación al perpetrar un robo de forma definitiva al decir que es dueño de esas propiedades y redacciones confiscadas”, alertó Chamorro. Por su parte, el periodista y empresario televisivo Miguel Mora ve la medida reciente de Ortega como parte de un modelo que está copiando cada vez más los modos de hacer de gobiernos de países aliados ideológicamente como Cuba. Mora confirmó a la  que tampoco ha recibido una notificación que le informe que el edificio donde operaba el Canal de su propiedad y fundado hace 25 años, pasó a manos del Estado. “No ha habido ni siquiera una acusación, tampoco un decreto de expropiación porque la Constitución Política de Nicaragua lo prohíbe”, expuso Mora. “Lo que se está viviendo en Nicaragua es una cubanización. La dictadura sandinista encabezada por Ortega está destruyendo las instituciones democráticas, pasando por encima de la Constitución. Hoy Ortega ha iniciado una oleada en donde decenas de propiedades han pasado a ser confiscadas. La confiscación es de facto, sin ningún tipo de asidero legal. Se considera un robo a mano armada, una vez más a cargo de los sandinistas”, agregó. A pesar de la “toma de facto” de los edificios, como lo catalogan sus propietarios, los periodistas señalan que seguirán ejerciendo su labor periodística, aún en medio de adversidades y persecución del Estado. “Seguimos haciendo periodismo, seguimos fiscalizando al poder, seguimos denunciando la corrupción. Cada minuto que hacemos periodismo estamos recuperando la libertad que el régimen nos quiere imponer”, dijo Chamorro. La actual directora de, Lucía Pineda Ubau, quien estuvo encarcelada en Nicaragua durante más de seis meses por informar sobre las protestas contra el gobierno en 2018, recalcó que aunque "Ortega siga atacando la libertad de prensa, el derecho de asociación e instaure la confiscación de facto de los edificios de comunicación", seguirán ejerciendo periodismo e informando a la ciudadanía. “La redacción la hacemos los periodistas, no la hace un edificio (...) pese a la expropiación de facto, no hemos dejado de informar lo que ocurre en el país, porque ha sido una decisión nuestra de no aceptar la censura, y luchar por la libertad de prensa y otras libertades en Nicaragua. La mejor manera de resistir a la imposición de censura y robo de nuestro edificio, es seguir informando”, dijo Pineda Ubau, desde su exilio en Costa Rica. Los directores de medios consultados por la advirtieron que las “confiscaciones” a las propiedades privadas en Nicaragua deben preocupar al sector empresarial del país, y a la comunidad internacional e inversionistas extranjeros. En el caso de los empresarios, Pineda Ubau indió que estos deben estar atentos y no ceder a las presiones que el gobierno les ha impuesto a través de reformas fiscales. “Las confiscaciones son un mensaje también para los empresarios, al menos un grupo que le ha pedido diálogo para revisar reformas fiscales. Esos empresarios irán con una pistola en la cabeza a ese diálogo, y si se oponen al régimen tienen ese AK en su cabeza, esa amenaza de que un día Ortega y Murillo se metan a su casa, los encarcelen y les quiten sus viviendas, solo por elevar su voz reclamando libertad”, advirtió Pineda Ubau. Chamorro dijo por su lado que las expropiaciones tienen como fin “enviar un mensaje a todo el periodismo, a la nación, y a los empresarios a que se arrodillen y sometan al régimen en Nicaragua”. “Ortega por medio de las confiscaciones manda un mensaje de que no hay ley, no hay Constitución, no hay estado de derecho y lo que predomina es el uso de la fuerza bruta. El régimen lo que está buscando es que el país se arrodille, que los empresarios se arrodillen, que la sociedad civil se arrodille y que la iglesia se someta al régimen y que acepte que en Nicaragua no hay libertades”, afirmó Chamorro. Ante la falta de respuesta de la justicia nicaragüense, los empresarios de medios impactados por los recientes acontecimientos han dicho que acudirán a instancias internacionales para que se les brinde una respuesta a sus casos. “Ya hemos recurrido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que lleve este caso a la Corte Interamericana de Justicia. Sabemos que es un proceso que lleva tiempo, pero se hará justicia en tribunales internacionales”, explicó Chamorro. Además comentó que está a la espera de que “el gobierno publique en a, que es el diario oficial del gobierno, la legalización de este acto ilegal”. “Veremos cómo le van a trasladar al Estado, al Ministerio de Salud, una propiedad que no les pertenece, sino que se la están robando a una empresa registrada en el registro mercantil”, concluyó Chamorro. La Coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Natalie Southwick, dijo a través de un correo electrónico a la que Ortega "ha encontrado formas más creativas de restringir las capacidades de medios independientes", haciendo cada vez más difícil el panorama para el ejercicio del periodismo en Nicaragua. "Los periodistas de y llevan más de dos años sin poder acceder a sus propias oficinas. Las autoridades nicaragüenses deben dejar de perder tanto tiempo y recursos acosando a la prensa y permitir que los reporteros trabajen libremente", concluyó Southwick.