Bolivia: Arrestan a la expresidenta interina Jeanine Áñez  | Voice of America - Spanish
El arresto de Áñez ha profundizado la polarización entre el oficialismo y la oposición, y también desatado reacciones en el exterior. La exmandataria ha acudido a la UE y a la OEA en busca de una evaluación "imparcial".
COCHABAMBA, BOLIVIA - El ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, anunció en la madrugada de este sábado que la expresidenta interina Jeanine Áñez fue aprehendida en el departamento de Beni, por el caso del supuesto “golpe deEstado” contra el exmandatario Evo Morales, en 2019. “Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la Policía”, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Jeanine Áñez ya está en manos de la Policía Boliviana. La exautoridad fue aprehendida en  por el . En las primeras imágenes que circularon, compartidas por el propio Gobierno, se observa a Áñez en ropa deportiva y visiblemente afectada, tras la detención. La expresidenta dijo, también por Twitter, que se trata de un “acto de abuso y persecución política” del gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), del expresidente Morales. Denuncio ante Bolivia y el mundo, que en un acto de abuso y persecución política el gobierno del MAS me ha mandado arrestar. Me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolvianos. Tras el allanamiento a su domicilio ubicado en Trinidad, Beni, algunas versiones apuntaban a que Áñez habría abandonado el país, situación que fue descartada tras el anuncio del Gobierno. Horas antes, la expresidenta había dado a conocer la orden de aprehensión en su contra, así como en contra de algunos de sus ex miembros de su gabinete, acusados de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración durante la crisis poselectoral de 2019. La denuncia fue presentada por la exdiputada del MAS, Lidia Patty. Ya entrada la tarde del sábado, Áñez dirigió sendas cartas enviadas a la UE y a la Organización de los Estados Americanos (OEA) denunciando la "sistemática vulneración de los Derechos Humanos" por parte del Gobierno del presidente Luis Arce y solicitando una evaluación "objetiva e imparcial" de la situación. La exmandataria firma las misivas, como: Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia y perseguida política. Las órdenes de aprehensión también son para los exministros de Justicia, Álvaro Coímbra y de Energía, Rodrigo Guzmán, quienes ya fueron detenidos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, respectivamente y trasladados a la ciudad de La Paz para sus audiencias. Arturo Murillo (exministro de Gobierno), Luis Fernando López (Defensa) y Yerko Núñez (Presidencia) están incluidos en esta lista, que también alcanza a exjefes militares y policiales. Ambos detenidos aseguran que no se actuó de acuerdo con la ley, porque no hubo notificaciones previas y que se trata de una “persecución política”. “Creo que esto es un abuso al que está acostumbrado al MAS, yo estaba por la calle circulando y me detienen”, dijo a los medios el exministro Guzmán. Estamos completamente seguros de que esta es una cortina de humo por el pésimo manejo que ha habido en el tema de la pandemia" Tras audiencia cautelar, la primera detención preventiva ya fue dictada para el excomandante de la Armada Boliviana y exjefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas (FFAA), el almirante Flavio Gustavo Arce San Martin, que se encuentra bajo arresto en la cárcel de San Pedro de La Paz. Desde una celda en las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, los exministros Coímbra, de Justicia, y Guzmán, De Energía, grabaron un vídeo denunciando su encarcelamiento. “Estamos completamente seguros de que esta es una cortina de humo por el pésimo manejo que ha habido en el tema de la pandemia y, por supuesto, también por los pésimos resultados subnacionales que ha tenido el partido de gobierno”, declaró Guzman en una grabación divulgada por el equipo de prensa de Áñez. Por su parte, Coimbra aseguró que los cargos de terrorismo y sedición se deben solo al hecho de que aceptaron "ser ministros”. “El Gobierno está actuando con causas que no tiene asidero legal”. “Justicia” o “persecución política”, estos dos argumentos se polarizan con más fuerza en Bolivia, tras las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía, lo que ha dado lugar a varias reacciones, tanto de representantes del oficialismo como de la oposición y también de organismos internacionales. Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019" El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, aseguró que se trata de un “acto de justicia”. "Los que hoy dicen ser víctimas de persecución política debieron pensar mil veces antes de romper el orden constitucional en noviembre 2019", escribió Rodríguez. El expresidente y líder de la oposición, Carlos Mesa, considera que se está viviendo un “proceso de persecución política peor que en las dictaduras” basado en la invención de un “caso de sedición y golpe de Estado”, y emitió una declaración como jefe de partido de Comunidad Ciudadana (CC). CC denuncia el comienzo de un proceso de persecución política, basado en la invención de un “caso de sedición y golpe de Estado” Mesa aseguró que permanecerá en el departamento de La Paz, en caso de que sea requerido por la justicia y “enfrentará la realidad defendiendo la democracia”. Luis Fernando Camacho, líder opositor y virtual gobernador del departamento de Santa Cruz, que participó activamente de las movilizaciones de 2019, le pidió al presidente Luis Arce que “deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”. Líderes y parlamentarios de la oposición señalan que la justicia en Bolivia está actuando de manera selectiva y respondiendo al mandato del poder Ejecutivo; mientras que partidarios y militantes del MAS insisten en recalcar que es un acto de justicia para reparar el “golpe a la democracia y las masacres en Senkata y Sacaba” de 2019, donde varias personas perdieron la vida. El propio expresidente Morales -considerado el mentor de Arce, - aseguró vía Twitter que se trata de una acto de "justicia y verdad" para las "víctimas fatales" sufridas durante "el golpe de Estado" que, en última instancia, . En este contexto de tensión, resurgen nuevamente las versiones de “fraude electoral” y “golpe de Estado”, que enfrentaron a los bolivianos, en una de las peores crisis en la historia del país. y en un momento de fuerte tensión política que derivó en la salida del entonces mandatario Evo Morales. Tras su renuncia también dimitió el vicepresidente Álvaro García Linera, la presidenta Adriana Salvatierra, el presidente de Diputados, Víctor Borda, y el primer vicepresidente del Senado, Rubén Medinaceli. Áñez subió al poder porque era la segunda vicepresidenta del Senado. A través de su cuenta de Twitter, Julie Chung, subsecretaria de Estado adjunta para Latinoamérica del Gobierno de Estados Unidos, instó a los " amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana". Su mensaje fue divulgado en castellano por la embajada de EE. UU. en Bolivia. (2/2) Animamos a nuestros amigos y vecinos de Bolivia a  sustentar todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre DDHH y los principios de la Carta Democrática Interamericana. Por su parte, José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, cuestionó las órdenes de aprehensión emitidas por el caso del supuesto “golpe de Estado” al considerar que las órdenes contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de “terrorismo”. Vivanco argumentó en  de Twitter que hay “importantes irregularidades” que generan dudas de estar frente a un “proceso basado en móviles políticos”. “Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia”, finalizó el director de la ONG defensora de los derechos humanos.