Clandestinidad o exilio: opciones de los defensores de DD.HH. en Nicaragua | Voice of America - Spanish
A unos les han confiscado sus oficinas, computadoras, automóviles y todo lo que usaban para hacer su trabajo de defensa de los derechos humanos. También les han quitado su personería jurídica, sin lo cual, legalmente, no existen. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no han cesado de hacer su trabajo. Aún cuando tienen que trabajar casi en la clandestinidad o trasladarse al exilio.
MANAGUA, NICARAGUA - Las oficinas del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cumplieron este 14 de diciembre dos años de operar de manera casi clandestina, mudándose continuamente de local por razones de seguridad, tras haber sido allanadas por la policía del gobierno de Nicaragua. Además del allanamiento, ocurrido en diciembre del año 2018, el gobierno de Daniel Ortega ordenó retirarle su personalidad jurídica, junto a otras ocho organizaciones que promovían la defensa del medio ambiente y la democracia en el país centroamericano, que vive una de las peores crisis sociopolíticas del continente, según Amnistía Internacional. El allanamiento del Cenidh en Managua, fue ejecutado por al menos sesenta agentes antidisturbios de la Policía Nacional, quienes se tomaron el edificio y amordazaron por más de 24 horas a un trabajador de seguridad de local, recordó la directora del organismo de derechos humanos, Vilma Núñez de Escorcia. De las nueve organizaciones a las que se les retiró su personalidad jurídica, solo tres continúan trabajando, aunque con dificultades: El Centro Nicaraguense para Los Derechos Humanos (CENIDH), el Centro de la Investigación de la Comunicación (Cinco) y Fundación del Río. Esta última organización trabaja desde el exilio en Costa Rica. “Llevamos dos años de la ilegal cancelación de la personería jurídica y del despojo y robo vulgar de nuestras instalaciones, ejecutado por la Policía, con orden del Ministerio de Gobernación. Esta situación nos ha llevado a condiciones precarias (...) aún así no hemos dejado de trabajar en ningún momento impulsando y defendiendo los derechos humanos”, señaló Núñez de Escorcia a la Núñez indica que han interpuesto al menos cuatro recursos legales para intentar salvar la personería jurídica del Cenidh y recuperar sus instalaciones, que a la fecha se encuentran tomadas por la fuerza policial, sin embargo, no ha habido una respuesta. Aún así, la defensora de derechos humanos comparte que el Cenidh continúa realizando sus esfuerzos para continuar documentando una de las peores crisis que vive el país desde 2018, aún en medio de las complicaciones a las que ella tilda como “terrorismo de Estado”. “Nosotros no hemos dejado de trabajar en ningún momento, atendiendo las demandas de la gente, sorteando los riesgos que eso significa. Sin oficina, sin carros, se nos robaron los cinco carros que teníamos. Se robaron todo. Quedamos a punta de teléfonos y encontrarnos en ciertos lados con los denunciantes. Ha sido una situación difícil, compartiendo y enfrentando los miedos que el terrorismo de Estado, ha desarrollado en el país”, relató. El lunes pasado, Núñez de Escorcia acompañó al periodista Carlos Fernando Chamorro a lo que fueron las oficinas y sala de redacción del periodista que también fueron ocupadas, sin orden judicial alguna, por efectivos de la Policía Nacional en diciembre de 2018. La Policía se presentó al lugar y dispersó a las personas que acompañaban a Chamorro y Núñez. Según Núñez, en dos ocasiones han tenido que cambiar sus oficinas por temor a ser allanados nuevamente. También enfrentan lo que considera la estigmatización del Estado, por lo que muchas personas temen hacer públicas sus denuncias de violaciones a derechos humanos. “Mucha gente tiene miedo de hablar y eso dificulta nuestro trabajo. Hacen denuncias de manera anónima y es frustrante. Eso es el resultado de que nos han satanizado como organización”, indica Núñez y señala al gobierno del presidente Ortega como el responsable de ello. Núñez dice que siguen recibiendo denuncias que luego son trasladadas a los organismos de protección internacional como Naciones Unidas. “Podemos decir que somos una fuente confiable para verificar cualquier noticia o información que estas organizaciones reciben”, indica Núñez. La organización Fundación del Río, es otra de las oenegés cuya personalidad jurídica fue retirada en el mismo mes que el Cenidh. Su director Amaru Ruiz comenta a la que tuvo que salir del país debido a que temía ser encarcelado por la policía de Ortega. Fundación del Río es una organización constituida hace más de 30 años con el fin de velar por los recursos naturales en el país. “En 2013 fuimos segregados por la posición de no respaldar el proyecto de un Canal Interoceánico y luego denunciamos la negligencia del gobierno de un incendio forestal en la reserva natural Indio Maíz, en Nicaragua. El régimen no atendió el llamado para sofocar el incendio e implicó que aumentaran los procesos de ampliación del incendio, y eso nos volvió a ubicar en la mira del régimen”, considera Amaru. Desde el exilio, la Fundación del Río continúa ejerciendo mecanismos legales contra la cancelación de su personería, pero igual que el Cenidh, su caso ha sido engavetado por la Corte Suprema de Justicia, señalada de estar controlada por el presidente Ortega. “A pesar de los recursos legales para detener procesos de expropiación, el gobierno se ha tomado más de 22 propiedades en donde veníamos trabajando”, lamenta. Entre las propiedades que, según Amaru el gobierno se ha apropiado, se encuentran dos radios comunitarias, y más de seis áreas de conservación de bosques. “A dos años continuamos trabajando, hemos logrado trabajar desde el exilio y con presencia en los territorios debido a la alianza que tenemos con la gente de la comunidad, lo cual nos ha permitido continuar trabajando por el desarrollo de nuestra misión y visión que se basa en el desarrollo del sureste de Nicaragua”, indica. Los trabajadores de Fundación del Río ahora son voluntarios y se vieron reducidos drásticamente, al igual que los del Cenidh, de los que algunos tuvieron que huir a Costa Rica por temor a ser encarcelados, como el abogado de derechos humanos Gonzalo Carrión. De acuerdo con expertos consultados por la el gobierno de Ortega quiere desarticular cualquier organización de la sociedad civil y oenegé que le adverse. En 2018, según valoran los analistas, Ortega dio un golpe a nueve organizaciones que fueron clausuradas, pero ahora en un contexto en donde el mandatario se encuentra en la mira de la comunidad internacional no le conviene hacer esto nuevamente. La socióloga y directora de La Corriente, María Teresa Blandón, señala que ahora Ortega intenta controlar o asfixiar a las organizaciones civiles a través de leyes como la Ley de Agentes Extranjeros. “La Ley de Agentes Extranjeros busca cómo destruir la red de organizaciones de la sociedad civil que durante estos catorce años (que Ortega gobierna) han venido haciendo un trabajo importante en defensa de derechos humanos, derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, ambientales, de las y los jóvenes”, afirma Blandón. Además, considera que Ortega siempre vio en las organizaciones de la sociedad civil un peligro y un obstáculo para la hegemonía que el gobernante Frente Sandinista siempre quiso tener. “Es clarísimo que Ortega necesita deshacerse de las organizaciones de la sociedad civil y darle un barniz de legalidad a cómo hará esto, porque lo que Ortega hizo con las oenegés en 2018, resulta bárbaro a estas alturas, pero por otro lado necesita impedir cualquier forma de organización en este año que se habla de las elecciones”, explica Blandón. Amaru Ruiz, de Fundación considera que la Ley pone en riesgo la cooperación para el desarrollo, la cual es manejada por oenegés y organizaciones de sociedad civil. Según él, al aplicarse la Ley, viene a limitar o trabar a las organizaciones. “Eso implica que las organizaciones cierren o se van, se están deteniendo los procesos de cooperación. Las organizaciones son ejecutoras de proyectos, y esa estructura es la que quieren desaparecer”, asevera Ruiz. La visión del gobierno de Nicaragua es diferente. El diputado sandinista y presidente de la Comisión de Producción de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, señala que la Ley de Agentes Extranjeros, es una “deuda histórica”, que tenían los legisladores con el “pueblo de Nicaragua”, pues a su juicio defiende la soberanía del país. Gutiérrez alega que, a través de organizaciones no gubernamentales se canalizaron y hasta compraron votos de la ciudadanía para supuestamente vencer al mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien gobierna desde hace más de 13 años consecutivos."No puede seguir sucediendo que un millón de dólares valgan más que un millón de votos ", argumentó Gutiérrez, quien sostuvo que organizaciones extranjeras financian a entidades locales para hacer campaña contra la administración sandinista. Mientras tanto el presidente del parlamento nicaragüense Gustavo Porras, sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos,señaló que la Ley de Agentes Extranjeros ha sido aprobada en otros países y que no se les criticaba como ocurre en Managua.