“Tendríamos que reinventarnos”: Periodistas temen perder sus empleos tras embargo a canal en Nicaragua | Voice of America - Spanish
El director de Canal 12 asegura que, de ejecutarse el embargo, continuará informando a través de redes sociales, como han hecho otros medios que han tenido que cerrar por mandato del gobierno.
MANAGUA - Más de 20 trabajadores de  podrían quedar desempleados tras efectuarse el embargo dictado por un juez de Managua el pasado viernes, por un reparo fiscal que supera el medio millón de dólares en relación con sus declaraciones de impuestos. Marcos Medina, jefe de prensa de, dijo a la que hasta el momento hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar con la empresa. El Juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, Luden Martín Quiroz, notificó a los propietarios que en tres días se tomarían las medidas correspondientes, a menos que éstos recurran a una última instancia legal de apelación. Martín Quiroz también ordenó el embargo de "la totalidad de los bienes personales" del administrador del canal, Mariano Valle, "actuando de manera excesiva e ilegal", según reclamó la empresa, que aún continúa con su programación normal. “El gobierno va a pretender silenciar los pocos espacios que quedamos transmitiendo las noticias que a ellos les incomodan. Igual se presionó a, igual se presionó a hasta casi ahogarla, igual pasa con . Resulta que hacemos un periodismo incómodo para ellos, sobre todo desde abril de 2018”, dijo Medina a la En enero de 2020, el magistrado Francisco Rosales, de la sala Constitucional de la Corte Suprema de  dijo que pronto habría un fallo sobre los medios 100%Noticias y Confidencial que actualmente están confiscados, sin embargo han pasado varios meses sin conocerse nada. El periodista señala que el gobierno “busca cualquier alternativa o excusa para sellar espacios donde la gente pueda hacer denuncias”. “Nosotros le damos voces a quienes el gobierno no quiere escuchar y por eso el gobierno nos cree enemigos de su administración”, recalcó. De ejecutarse el embargo, Medina asegura que harían lo mismo que otros medios de comunicación, como  que pese a que fue clausurado en diciembre de 2018, continuó informando en las redes sociales. “Aquí no se ha comprendido que pese a que han intentado callar otros medios de comunicación, estos han seguido informando en sus plataformas digitales y se han reinventado”, señala Medina. “Esto ha sido un duro golpe para el equipo de prensa, pero estamos convencidos que la labor como periodistas no termina con un cierre, confiscación o embargo, sino vamos a buscar las alternativas y morir con las botas puestas”. Miguel Mora, director de , es otro empresario de medios que ha denunciado que es víctima de lo que considera “terrorismo fiscal” en Nicaragua. Según Mora, a través de las instituciones públicas como la Dirección General de Impuestos (DGI), el gobierno pretende apropiarse de medios críticos a la gestión de Daniel Ortega. "Hay un plan de confiscar y cerrar medios por medio del terrorismo fiscal. La dictadura tenía orquestado este plan desde junio de 2018, pero con la confiscación y encarcelamiento de nosotros [Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau] en diciembre de 2018 detuvieron ese plan al ver la presión de la comunidad internacional”, valoró Mora el lunes en entrevista con la . Mora recuerda la retención a la materia prima que se mantuvo por más de un año a los dos únicos periódicos en Nicaragua: y. Éste último cerró en septiembre de 2019 denunciando “circunstancias económicas, técnicas y logísticas”. “Ellos [el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo] ya tenían ese plan porque consideran a los medios independientes como sus enemigos mediáticos. El plan es claro: confiscar por medio de embargos”, insiste el periodista. A este empresario la Dirección General de Ingresos aún le exige una deuda que asciende los 230.000 dólares, pese a que fue confiscado en 2018. “A mí me da risa lo que nos cobran, cuando la empresa está confiscada. Cuando Primicias S.A. la mandaron a cerrar y confiscaron sus activos, prácticamente la mataron. Es como que alguien se muera y el banco vaya a cobrarle a la tumba”, compara Mora. Tanto Mora -de - como Medina-de - no esperan resultados positivos por parte de la Justicia de Nicaragua pues denuncian que hay una falta de institucionalidad en el país. “Esperamos que en los próximos días puedan haber resultados, aunque es importante destacar que en nuestro país hace falta la institucionalidad”, señala Medina,  quien asegura que apelarán como última instancia ante el embargo dictado por el juez. Sobre el caso de y , cuyos edificios permanecen bajo custodia de la Policía Nacional, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Francisco Rosales dijo a la en enero de este año que existía un proyecto de sentencia sobre los medios de comunicación confiscados. No obstante, ocho meses después la Corte Suprema de Justicia no ha dado respuesta o fallo al respecto. “No hay falla, no hay nada. Ellos [los magistrados] están en contra de toda ley. Esa Corte es sandinista, hay esbirros de la justicia, lo lógico es que vayan contra el derecho constitucional, pero que se atengan a las consecuencias porque vienen sanciones contra ellos”, advierte Mora. Pero estos no son los únicos medios que manifiestan su zozobra por la política fiscal del gobierno de Ortega. , el de mayor audiencia en Nicaragua, también enfrenta una situación similar. Mauricio Madrigal, jefe de prensa de dicho medio, señala que hay presiones fiscales contra esta otra empresa. “No deja de dar temor, incertidumbre, este tipo de acciones administrativas contra los medios independientes. Es preocupante. Hacemos un llamado a las autoridades para que eviten medidas fiscales, judiciales y administrativas o de cualquier tipo para censurar los medios de comunicación”, dice Madrigal. En dicha empresa laboran al menos 300 personas, entre periodistas, camarógrafos, conductores y personal administrativo. “El trabajo de informar incomoda al poder y evidentemente hay una molestia, es lo que percibo, pero igual tenemos que aprender a convivir en democracia y darle cobertura a las distintas voces. Esto no debe considerarse un crimen, sino aporte a un proceso democrático del país”, valora el periodista. El gobierno del presidente Daniel Ortega no ofrece su versión oficial al respecto, sin embargo, algunas fuentes allegadas al oficialismo han justificado dichas decisiones.