Exministro de Defensa de El Salvador, en arresto domiciliario por negociar tregua con pandillas | Voice of America - Spanish
David Munguía Payés deberá pagar 10.000 dólares como garantía de que no saldrá de su casa ni del país.
SAN SALVADOR - Un juzgado de San Salvador ordenó el miércoles arresto domiciliario para el exministro de Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, acusado de los delitos de actos arbitrarios, agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes en torno a la tregua con pandillas ocurrida, entre 2012 y 2013, en el país centroamericano. En la primera audiencia, la Fiscalía pidió al juez que el exministro enfrentase el proceso penal en prisión, pues consideró que existía peligro de fuga dada la gravedad de los delitos, pero el juez decidió imponerle arresto domiciliar por “razones humanitarias”, dado que Munguía Payés tiene 69 años y padece de hipertensión. Entre las medidas dictadas por el tribunal, Munguía Payés deberá nombrar a una persona que garantice su permanencia en casa y tendrá que presentarse a firmar cada mes a un juzgado. Además, tiene prohibido salir del país. Además del arresto domiciliar, el exministro deberá pagar 10.000 dólares americanos como garantía de lo acordado. El abogado defensor Manuel Chacón dijo estar satisfecho con la resolución. “Esto es exactamente lo que nosotros esperábamos”, dijo. Payés fue ministro de Defensa y ministro de Justicia y Seguridad entre 2009 y 2013. En ese periodo, las dos principales pandillas, Mara Salvatrucha (MS) y Barrio 18, negociaron un pacto de no agresión que redujo la tasa de homicidios de 70 a 39 por cada 100.000 habitantes. La Fiscalía sostiene, en base al testimonio de su testigo principal, que los líderes pandilleros recibieron beneficios a cambio de reducir los homicidios, tales como el traslado de 30 reos de alta peligrosidad a penales menos rigurosos; el ingreso de objetos ilícitos como teléfonos, tabletas, chips, USB, manos libres, bluetooth y dinero para prestar a los reos; o una autorización para extorsionar y tener negocios internos, entre otros. Los delitos contra Payés también se le imputan al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien gobernó entre 2009 y 2014, con el partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Funes fue acusado en junio de 2018 de malversar 351 millones de dólares del Estado salvadoreño. Asimismo, fue declarado reo ausente luego de huir a Nicaragua, en 2016, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político y posteriormente la nacionalidad nicaragüense. "Como el expresidente es prófugo de la justicia, este será otro proceso que se acumulará en su contra”, dijo el Fiscal General, Raúl Melara. El expresidente Funes ganó la elección presidencial en 2009, con el 51.3 % de los votos. Esa era la primera vez que un partido de izquierda gobernaba el país centroamericano desde que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1992. El testigo protegido por la Fiscalía reveló que dicha victoria electoral fue el resultado de un acuerdo entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, que al final logró incidir en la reducción de la violencia homicida. Por lo que en 2012 surgió una política de gobierno que redujo los homicidios de 14 a 5 diarios y fue llamada “proceso de pacificación entre pandillas”. El testigo principal del Ministerio Público declaró que este fue un acuerdo entre las pandillas y el gobierno para "mejorar la imagen del expresidente” con fines políticos. El trato habría consistido en reducir los homicidios a cambio de beneficios económicos y carcelarios. Así como la suspensión de patrullas de la policía en los municipios con mayor presencia de maras. La Fiscalía sostiene que la tregua fortaleció a las pandillas, pues estas reorganizaron sus estructuras, adquirieron negocios y bienes, e incursionaron en la compra de drogas y armas. La tregua terminó en 2013 con la salida de Munguía Payés como ministro de Seguridad, luego que la Sala de lo Constitucional en El Salvador declarara ilegal su nombramiento por tratarse de un general en activo. La ruptura de la tregua trajo a El Salvador la mayor la tasa de homicidios desde los Acuerdos de Paz, con 61 asesinatos por cada 100.000, en 2014, y 103 en 2015. El Salvador, Guatemala y Honduras son afectados por la influencia de estas pandillas que obligan a sus habitantes a migrar dentro o fuera del país con la esperanza de salvaguardar sus vidas.