Juez federal en California anula ley que prohibía venta de armas de asalto | Voice of America - Spanish
Un juez federal ordenó la anulación de una ley que prohibía la venta de armas de asalto. El fallo, sólo días después de un sangriento tiroteo en San José, ha causado indignación entre algunos en California.
LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, EE.UU. - , en el que un hombre asesinó a nueve personas, la decisión de un juez federal en San Diego de revocar una ley de California que prohibía la venta de armas de asalto semiautomáticas, como el rifle AR-15, está causando furor. La ley que prohibía las armas de asalto en California, en vigor desde 1989, fue revocada por un juez federal en San Diego, quien la declaró inconstitucional. En la primera línea de una decisión de 94 páginas, el juez George Benitez, compara el rifle estilo militar, AR-15, con navajas suizas, generando reacciones de indignación. Como la del gobernador Gavin Newson, publicada en su cuenta de Twitter. “Comparar un AR-15 con una navaja suiza es una bofetada repugnante para quienes han perdido a sus seres queridos por la violencia armada. Esta es una amenaza directa para la seguridad pública y ... no lo toleraremos”, tuiteó Newson. En un comunicado, el Procurador General Rob Bonta, dijo que apelarán la decisión, catalogándola de “defectuosa” y  “sin una base sólida en la ley, en hechos o en el sentido común”. Kris Brown, presidenta del Centro Brady para prevenir la violencia armada, concuerda. “Creo que este juez no merece estar en el cargo. Es una gran caracterización errónea de los hechos”, afirmó Brown. El juez Benitez, originario de Cuba, y nominado por el expresidente George W. Bush, ha escrito varias decisiones que apoyan el uso de armas, algo que celebran los defensores de la segunda enmienda de la constitución. "La mejor parte de la decisión es que se trata de un arma de fuego como cualquier otra ... y el derecho a la autodefensa", dijo Michael Schwartz, director ejecutivo de la Asociación de Dueños de Armas de San Diego. El juez emitió una orden suspendiendo por 30 días la anulación de la ley para darle al estado tiempo de apelar.