El Supremo venezolano interviene directiva de expartido de Juan Guaidó | Voice of America - Spanish
Voluntad Popular se convierte en el tercero de los cuatro principales partidos de la oposición venezolana cuyas directivas ha intervenido la justicia madurista.
MARACAIBO - El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela suspendió este martes la directiva nacional de Voluntad Popular, uno de los tres principales partidos de la oposición y en el cual militó hasta enero el presidente interino Juan Guaidó. La Sala Constitucional del máximo tribunal, integrada por magistrados leales al presidente en disputa Nicolás Maduro, decretó una medida cautelar que suspendió a la actual directiva del movimiento político fundado en 2009 por el ex preso político Leopoldo López. Esa instancia judicial hizo lo mismo a mediados del mes pasado con el partido socialdemócrata Acción Democrática, uno de los más tradicionales y el de mayor cantidad de diputaciones y gobernaciones entre los opositores, y el partido Primero Justicia. Como aquel par de sentencias de junio, el fallo 077-2020, del magistrado Luis Damiani, nombró una junta directiva ad hoc “para llevar adelante el proceso de reestructuración necesario”. Presidida por el dirigente José Gregorio Noriega, está autorizada a utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas y colores de Voluntad Popular. Designó, además, a Guillermo Luces como secretario general del partido y a Lucila Pacheco como secretaria de organización. Los habilita para designar autoridades regionales, municipales y locales del movimiento político. El periodista Roberto Deniz, del diario digital de investigación, identificó a Luces como uno de los participantes en lo que llama la “trama de favores” a Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde, África, y que Estados Unidos ha solicitado en extradición por sus presuntos nexos con negocios turbios del madurismo. Los integrantes de la antigua directiva de Voluntad Popular no podrán expulsar, excluir ni suspender a sus nuevos regentes, advierte la sentencia. Hace tres semanas, la Sala Constitucional se declaró incompetente para determinar si el partido de López era una organización terrorista. El madurismo le culpa de organizar intentonas de golpe de Estado y movimientos armados contra dirigentes del chavismo. En enero pasado, Juan Guaidó anunció su renuncia a la militancia de Voluntad Popular para dedicarse a sus ocupaciones en la presidencia interina de Venezuela. El propio López, refugiado en la embajada de España en Caracas, condenó el fallo. Acusó a “la dictadura” venezolana de siempre haber querido “robarse” su partido político. “Lo ha tratado de hacer a través de fraudes electorales, de persecuciones políticas, de cárceles injustas y ahora trata de hacerlo a través de unos traidores al pueblo venezolano apoyados por unos delincuentes con togas”, escribió en Twitter. López afirmó que Maduro no desea medirse en elecciones libres. “Eso significa su salida del poder. Hoy ratificamos claramente: Voluntad Popular no convalidará la farsa electoral que la dictadura planea hacer para generar más frustración y descrédito en el voto”. Yanet Fermín, diputada de VP por el estado oriental de Nueva Esparta, pidió aumentar la presión internacional y “cerrar todos los caminos” al gobierno en disputa de Maduro. El también legislador y miembro del partido, Luis Stefanelli, culpó al TSJ de seguir “el mismo libreto para construir una estafa constitucional que el régimen llama elecciones”. “Esto de robar partidos es la nueva modalidad para decir que en Venezuela hay una democracia, cuando lo que vemos cada día es la actuación de la dictadura delincuente y malandra de Nicolás Maduro y sus aliados”, dijo, por su parte, el diputado, politólogo y cofundador de Voluntad Popular, Lawrence Castro. La oposición venezolana ha denunciado la existencia de diputados miembros de sus partidos que han sido presuntamente sobornados por decenas de miles de dólares desde el año pasado para minar el liderazgo de Guaidó y del Parlamento. Los llama “alacranes”. Un informe de la comisión de contraloría de la Asamblea Nacional concluyó que los legisladores disidentes recibieron entre 750 mil y un millón de dólares por sus “traiciones”. La decisión de la Sala Constitucional ocurre en momentos en que la oposición está enardecida con el ministro de Defensa de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López, por haberle advertido el domingo que nunca retomarán el poder político del país. Las declaraciones del general en jefe, durante su mensaje institucional por el día de la independencia nacional, las interpretan analistas como un intento de desactivar el voto de los detractores del chavismo de cara a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. El bloque de partidos de oposición, sin embargo, ya ha aclarado que no participará en las parlamentarias convocadas por el nuevo poder electoral, designado por el TSJ en junio. "No convalidaremos ni reconoceremos ninguna farsa electoral montada por la dictadura para su propia conveniencia, ni mucho menos los resultados dados por unos supuestos rectores elegidos a dedo por el dictador a través de su legión de juristas de horror", declaró la alianza opositora en un comunicado difundido a mediados del mes pasado.