Estrategia de EE. UU. contra corrupción en Centroamérica será clave para política inmigratoria | Voice of America - Spanish
Los expertos coinciden al señalar que la Casa Blanca debe poner en marcha un plan para luchar contra los gobiernos corruptos de la región y conseguir unos países más prósperos para que así disminuyan los flujos inmigratorios.
MIAMI, FLORIDA - El gobierno de Honduras está en la mira de la opinión pública local y regional debido a la investigación abierta, por un tribunal de Nueva York, acerca del presidente hondureño Juan Orlando Hernández por un supuesto caso de narcotráfico. La corrupción en los países centroamericanos no es algo nuevo y la nueva administración de Estados Unidos también ha alertado de esa situación. Por eso, el presidente Joe Biden se ha comprometido a ahondar en los problemas de la región, que pasan por la inseguridad, la situación económica, el poder de las bandas de crimen organizado y también la corrupción. ¿Con qué objetivo? Para frenar los flujos inmigratorios hacia la nación norteamericana. En su opinión, si se atienden estas cuestiones se conseguirá “unos países (centroamericanos) más seguros y prósperos”, lo que hará que muchos decidan quedarse y no emprender una peligrosa travesía hasta la frontera de Estados Unidos. Para ello, Biden ya firmó una orden ejecutiva para otorgar 4.000 millones de dólares para combatir la pobreza y la violencia en esa zona del continente. Pero, ¿realmente servirá de algo? Varios expertos consultados por la han dado la voz de alarma al señalar que la situación en países como Honduras ha empeorado en los últimos tiempos y que “los corruptos actúan en el país con total impunidad”, lo que está provocando la inestabilidad económica y una profunda brecha entre las instituciones del gobierno y la ciudadanía. Juan Flores, presidente de la organización hondureña 15 de Septiembre en Estados Unidos, ha criticado en entrevista con la  la “incompetencia, la incapacidad y la irresponsabilidad” del ejecutivo de Hernández a la hora de gestionar el país, lo que puede dejar un escenario irreversible en el plano financiero. También Leticia Casildo, directora ejecutiva de Familias Unidas en Acción, dice que el panorama en la región es desolador. “El crimen es grande, el desempleo ni qué digamos, nuestra gente ya no tiene ni para comer y por eso salen en caravanas: para poder encontrar oportunidades y sobrevivir con sus familias”, opina. El crimen es grande, el desempleo ni qué digamos, nuestra gente ya no tiene ni para comer y por eso salen en caravanas” Casildo, que lleva dos décadas en Estados Unidos, defiende que el dinero enviado por el gobierno estadounidense en forma de ayuda humanitaria “no va a servir de nada porque luego acaba quedándose en los funcionarios del gobierno y no en el pueblo”. Es la misma opinión que comparte Iván Velásquez, exmagistrado colombiano que lideró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la Cicig. Explica que ese dinero “no va a cambiar la realidad” a menos que los gobiernos de turno se comprometan a “respetar el Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia”. A su juicio, esa medida acabará siendo clave para definir las futuras relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y los distintos países de Centroamérica, además de definir la política que quiere impulsar el nuevo gobierno estadounidense para frenar las olas de inmigrantes hacia la frontera sur del país. Por eso, dice Eric Olson, director de Iniciativas Políticas y Estratégicas de la Fundación Internacional de Seattle, enfocada en temas centroamericanos, la nueva administración en Washington DC ya ha empezado a trabajar en esa línea. “Los esfuerzos para ampliar la revisión de las solicitudes de asilo de manera oportuna y justa son un primer paso. También es fundamental para ampliar las vías legales para la migración”, expone en un informe publicado recientemente al que ha tenido acceso la . Los esfuerzos para ampliar la revisión de las solicitudes de asilo de manera oportuna y justa son un primer paso” Ante esa postura, subraya, “la mayoría (de los inmigrantes) optará por eso (opciones legales para la inmigración) antes que arriesgarse a ser explotados por traficantes o funcionarios corruptos”, dijo. “Plantear mejores opciones de procesamiento de asilo en la región también reducirá los picos que causan retrasos en la frontera”, añadió. Olson expuso que esas propuestas, que han sido muy bien recibidas por organizaciones proinmigrantes y la comunidad inmigrante en general, podrían quedar en nada si no se afronta “la verdadera crisis en Centroamérica, con años de gobiernos fallidos, pobreza extrema, una desigualdad cada vez mayor y una violencia récord” que ha provocado un estado de “desesperanza” entre la población. A eso se tiene que sumar el paso de los huracanes Eta e Iota, que arrasaron con una buena parte de la región y miles de personas se quedaron sin hogar. Pero “años de negligencia, corrupción e inacción” han llevado a una situación insostenible en el Triángulo Norte y Nicaragua, por lo que muchos, como Olson, consideran que la administración Biden tiene que hacer frente a esta situación. “Detrás de estas sombrías realidades se encuentran gobiernos fallidos profundamente corrompidos por élites codiciosas que prefieren proteger sus privilegios que trabajar para mejorar sus países: Honduras es un caso particularmente triste, aunque Guatemala, El Salvador y Nicaragua sufren problemas similares de corrupción e impunidad”, sostiene Olson, analista que también forman parte del Centro Wilson. Con todo, el experto, autor del estudio , apremia a Washington a tomar partido en este asunto para “redefinir” su plan para combatir la corrupción en la región. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Casa Blanca ante este escenario? “Primero, la lucha contra la corrupción y la reconstrucción de la confianza pública en las instituciones democráticas tiene que ser el punto de partida”, aclara Olson. Además, advierte que mensajes como “la frontera está cerrada” o “no vengas porque es peligroso” no son eficaces para la población centroamericana que está viviendo con casos de “violencia, pobreza y corrupción”. “Esos mensajes son ineficaces”, sostiene.