Quince puntos determinantes de los tres años del gobierno interino de Guaidó en Venezuela
Este domingo, se cumple el tercer aniversario de la juramentación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Sus retos de este año son el regreso a la negociación de México y la idea de revocar a Nicolás Maduro.
MARACAIBO — Hace tres años, el joven diputado venezolano entre acusaciones de que Nicolás Maduro había usurpado ese cargo, días antes. Demasiada agua ha fluido bajo el puente de la política venezolana desde entonces. La destaca 15 puntos clave para entender el complejo proceso político que ha transitado la oposición en esos 36 meses. El 10 de enero de 2019 es la piedra fundacional del interinato de Guaidó. Esa fecha marcó el inicio del segundo período de gobierno de Nicolás Maduro como presidente y definió, a su vez, su desconocimiento como mandatario por parte de la oposición venezolana, que dominaba entonces la Asamblea Nacional. Guaidó, electo presidente de la Asamblea Nacional días antes, se autojuramentó el 23 de enero como presidente encargado del país en un cabildo abierto en Caracas, entre apoyo de los diputados y de masivas manifestaciones en el país. Sus objetivos políticos eran el cese de la usurpación de la presidencia, la conformación de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres. Al menos 52 gobiernos del mundo, especialmente de América y Europa, de Venezuela. Estados Unidos, presidido entonces por Donald Trump, fue el primero en emitir un comunicado formal en ese sentido. La administración del hoy exmandatario republicano fue clave en las estrategias políticas globales, así como en los apoyos públicos y financieros a la oposición liderada por Guaidó. El respaldo estadounidense ha incluido esfuerzos diplomáticos, la aprobación de licencias de protección de activos venezolanos en el país norteamericano y la asignación de centenares de millones de dólares en ayuda humanitaria. El sistema financiero federal de Estados Unidos ha apoyado a la oposición venezolana mediante el congelamiento de fondos decomisados en operativos anticorrupción contra el gobierno madurista y el uso de esos recursos para un fondo de promoción de la democracia en Venezuela, así como el funcionamiento de la presidencia encargada de Guaidó y la Asamblea Nacional de 2015. El nuevo presidente estadounidense, Joe Biden,y a la oposición venezolana en el último año. Otros países, como China, Rusia, Turquía, Cuba e Irán, han ratificado su apoyo a Maduro y demandan que no haya intervención de otros Estados en Venezuela. La oposición liderada por Juan Guaidó anunció que por los cruces fronterizos de Colombia y Brasil, pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas venezolanas. Maduro, aún al frente del poder ejecutivo en Caracas, ordenó cerrar los límites con el país vecino y calificó esas intenciones de Guaidó y sus aliados de “show”. El chavismo y sus aliados consideraban que ese operativo era parte de una estrategia para forzar el ingreso de tropas extranjeras a Venezuela. Aquellos intentos terminaron en enfrentamientos entre manifestantes a favor Guaidó y colectivos y militares oficialistas. Hubo al menos cinco muertos. Un grupo de uniformados desertó y pidió refugio en Colombia. La ayuda no entró. La oposición venezolana, junto a un grupo de oficiales, militares y funcionarios de inteligencia, anunció el 30 de abril de 2019 el inicio de una intentona contra el gobierno de Nicolás Maduro. Juan Guaidó la llamó Operación Libertad. Entre los disidentes del oficialismo, se encontraba el hasta entonces director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Manuel Cristopher Figuera. Maduro y sus aliados más cercanos se apertrecharon en el Palacio de Miraflores. Marchas opositoras fueron reprimidas en varias partes del país. Maduro anunció la noche del 30 de abril que había derrotado “un intento de golpe de Estado” y se refirió a los militares disidentes como “un pequeño grupo”. Un grupo de diputados antichavistas se aliaron en enero de 2020 con los parlamentarios del Partido Socialista para elegir una nueva directiva de la Asamblea Nacional y desplazar de su presidencia a Juan Guaidó. Mientras fuerzas militares y policiales impedían que Guaidó y el resto de sus legisladores ingresaran al Palacio Federal Legislativo, ese bloque eligió a Luis Parra, del partido opositor Primero Justicia, como presidente del Parlamento. La oposición desconoció ese nombramiento y se reunió luego en una locación privada, fuera del hemiciclo, para reelegir a Guaidó como máximo líder de la AN. Los antimaduristas acusaron al chavismo de sobornar a los diputados que nombraron la directiva paralela, a quienes llamaron “traidores” y “alacranes”. Analistas advertían que el fenómeno Guaidó corría el peligro de agotarse cuando, en febrero de 2020, , en Washington. Guaidó, quien se encontraba en una gira internacional para afianzar apoyos globales en su lucha contra Maduro, acudió al evento. Trump lo llamó “muy valiente” y “el verdadero y legítimo presidente de Venezuela”, poco luego de que el político venezolano recibiera una ovación bipartidista en el Congreso. Revestido por un renovado reconocimiento de actores internacionales clave, como Estados Unidos, Juan Guaidó regresó a Venezuela en febrero de 2020 y, de inmediato, convocó a manifestaciones de calle contra el gobierno de Maduro. Analistas lo interpretaron como un intento de aprovechar su refrescado respaldo global para atizar de nuevo la agenda de cambio político en Venezuela. Pero, apenas cinco días luego de que participara en una marcha con centenares de jóvenes en Caracas, el oficialismo venezolano respondió ante la incipiente pandemia del COVID-19 con una cuarentena obligatoria y restricciones varias. Aquella decisión estatal enfrió el subidón de la estrategia opositora tras la gira de Guaidó, consideraron expertos en entrevista con la Voz de América. Analistas, como Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis, advirtió que Maduro demostró con su manejo de la pandemia que era quien realmente presidía de facto el país y mantenía el control del territorio nacional. Los diputados y partidos que integran  acordaron extender por un año, desde principios de 2021, su período de vigencia institucional y, por ende, el del gobierno interino de Juan Guaidó. La oposición consideró necesario aprobar la “continuidad constitucional” de la que consideraban como la única institución legítima del país hasta que se garantizase el retorno de unas elecciones justas para reinstitucionalizar el país. Con el voto salvado del tradicional partido Acción Democrática, los legisladores leales a Guaidó aprobaron un Estatuto que rige la Transición hacia la Democracia en Venezuela que contempló la vigencia de la presidencia de Guaidó y del Parlamento de 2015 mediante una comisión delegada. Ese estatuto se reformó en diciembre de 2021 para prolongar por un año más, hasta enero de 2023, la continuidad del interinato de Guaidó y de la misma AN. El manejo de activos venezolanos en el extranjero por parte de directivos seleccionados por el gobierno interino de Guaidó y sus diputados aliados se convirtió en un punto crítico de las gestiones de la plataforma opositora cuando, en septiembre de 2021, El gobierno colombiano advirtió que la compañía, fabricante de fertilizantes y uno de los principales activos venezolanos bajo control opositor, estaba en riesgo de liquidez e insolvencia. Surgieron denuncias de corrupción en el caso. Mientras Nicolás Maduro fustigaba públicamente el “robo” de esos activos, Guaidó enfrentaba una crisis interna por señalamientos del partido Primero Justicia, uno de los cuatro principales de la coalición que le respalda. El manejo de activos se convirtió, sin embargo, en uno de los principales argumentos de Guaidó y quienes lo apoyan para renovar su continuidad como presidente interino a fin de salvaguardar esas compañías del chavismo. El interinato de Guaidó experimentó su crisis más significativa a finales de 2021 cuando, en medio de las denuncias de manejos irregulares de los activos de Venezuela en el extranjero, renunció a su cargo su canciller Julio Borges. Borges, directivo nacional de Primero Justicia, acusó a Guaidó de “pasivo” y criticó que el manejo de empresas hubiese “desenfocado” a su gobierno interino de las estrategias necesarias para lograr un cambio político en Venezuela. Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial, del mismo partido, opinó entonces que el interinato de Guaidó estaba “muerto”. El presidente encargado opositor se defendió reivindicando la urgencia de proteger los activos y apuntando que la selección de sus directivos se hizo en consenso. Según el llamado gobierno interino, la gestión de los activos venezolanos sigue “un riguroso proceso de control previo y posterior”, del que destacó auditorías externas y controles de la comisión parlamentaria de contraloría. Esas diferencias intestinas conllevaron a que la oposición incluyera en su estatuto de “continuidad constitucional” controles más férreos de parte del poder legislativo de 2015 sobre la presidencia encargada de Guaidó. Juan Guaidó propuso en mayo de 2021 un “acuerdo de salvación nacional” que incluía negociaciones directas con el gobierno de Maduro con facilitación internacional, donde se mostró dispuesto al levantamiento progresivo de sanciones económicas extranjeras a cambio de elecciones libres en el país. Esa propuesta arrojó frutos en agosto pasado con la firma de un memorando de entendimiento para un proceso formal de diálogo político sobre Venezuela en Ciudad de México. La agenda incluía debates sobre “derechos políticos para todos” y la suspensión de las restricciones económicas contra el chavismo. El oficialismo suspendió su participación en ese proceso dos meses luego, tras solo dos rondas oficiales de negociación, sin embargo. La delegación madurista se levantó de la mesa molesta por el “secuestro” (extradición) del empresario colombiano que designó como miembro de su delegación en México, Alex Saab. Este mes, Guaidó y actores internacionales como Estados Unidos insistieron en la necesidad de volver al diálogo de México. Maduro, entretanto, ha dejado claro que solo volverá cuando se libere a Saab y se regrese el dinero “robado” al país. Esa nueva estrategia de diálogo incluyó un nuevo mantra para la oposición: negociaciones y elecciones libres, ya sin la exigencia del cese de la usurpación de la presidencia por parte de Maduro ni de un gobierno de transición. Partidos aliados de Juan Guaidó anunciaron en 2021 que participarían en las elecciones regionales de noviembre de 2021, mientras el presidente encargado expresaba públicamente sus dudas sobre el regreso a las urnas sin condiciones. El chavismo ganó 19 de 23 gobernaciones en esas votaciones y más de 200 de las 335 alcaldías del país. Algunos dirigentes de oposición y analistas independientes advirtieron que, habiendo logrado más votos totales que el oficialismo en toda Venezuela, pudieron haber ganado hasta 14 gobernaciones si no hubiese existido multiplicidad de candidatos y divisiones internas. El chavismo inició el Año Nuevo pidiendo “justicia” para Guaidó y sus aliados, según el discurso del 5 de enero del presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020 y jefe de la delegación oficialista, Jorge Rodríguez. La Fiscalía General, a cargo del exgobernador chavista Tarek William Saab, abrió al menos 25 causas contra Guaidó. Lo investigan por los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada. De acuerdo con un reportaje del diario venezolano Tal Cual, no menos de 10 veces la justicia afín a Maduro ha amenazado a Guaidó con encarcelarlo. El futuro inmediato de la oposición en Venezuela pasa por dos procesos políticos: el regreso a las negociaciones con el oficialismo en México y la posibilidad de convocar un referendo revocatorio contra Nicolás Maduro. Guaidó no ha expresado un apoyo claro a la Ha compartido sus dudas sobre su factibilidad, por el contrario. El Consejo Nacional Electoral acaba de fijar el 26 de febrero como la fecha de recolección de voluntades para convocar la consulta sobre la gestión de Maduro. Sus promotores, los dirigentes opositores del Movimiento Venezolano por el Revocatorio, calificaron de “bufonada” ese cronograma y lo denunció como una violación de los derechos humanos de los electores.