¿Cómo la política contra la propiedad privada impactó la soberanía alimentaria en Venezuela?
Desde el 2005 diversos sectores han denunciado que el Estado instauró una política que atenta contra el derecho a la propiedad consagrado en la Constitución. Dueños de tierras, el sector agroindustrial y distintas trasnacionales han resultado afectadas.
CARACAS — Durante los últimos 23 años el Gobierno de Venezuela ha implementado una política que ha minado los derechos de la propiedad privada incidiendo sobre el derecho a la alimentación y la pobreza, de acuerdo distintas organizaciones, entre ellas el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (CEDICE). Elías Tovar, investigador del Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, una asociación que trabaja en favor de la iniciativa privada y el respecto a los derechos de propiedad, explica a la  cómo “invasores de oficio” de tierras productivas ha contribuido con el crecimiento de la “Se afecta el nivel de disponibilidad de los alimentos, existe menos producción, entonces existen menos alimentos para que podamos acceder a ellos”, expone. En alianza con la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), el Observatorio identificó 50 casos de , una situación que, explica Tovar, en la mayoría de los casos, ocurre de manera progresiva y pasa por un proceso de hostigamiento contra propietarios y trabajadores. Añade que, a las invasiones, se suman las fiscalizaciones gubernamentales que, en algunos comercios, bajan los precios, “a veces a perdida”, propiciando que “difícilmente tenga para reponer el stock de productos”, afectando la “disponibilidad de alimentos y la accesibilidad a ellos”. Miembros de Fedenaga señalan que en los últimos 20 años la propiedad en el campo se ha visto “seriamente afectada”, a partir de “decisiones” que en la mayoría de los casos van en contra de la legislación vigente. “Esto llevo a la afectación de más de 10 millones de hectáreas según cifras del propio gobierno (…) estaban en proceso de producción, muchas de ellas consolidadas en su producción y pasaron a no producir absolutamente nada”, sostienen. Sin embargo, Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga, destaca que tras un proceso de diálogo con el gobierno, las situaciones irregulares “están siendo revisadas”. De acuerdo a la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), la situación “se sigue deteriorando” y, entre 2020 y 2021, registró un aumento de la Inseguridad Alimentaria Severa que se ubica en 24,5%. Aunque para algunos sectores la reciente devolución a sus dueños de un centro comercial en el centro de Caracas que fue tomado forzosamente por el gobierno poco antes de ser inaugurado en el 2008 podría marcar el inicio de un proceso de “liberalización”, a juicio de Tovar, persiste la opacidad y no existen garantías. “Todo el entramado legal e institucional que afecta a los derechos de propiedad sigue allí (…) qué impide que el día de mañana, en un mes, los mismos que están devolviendo hoy el Sambil lo vuelvan a tomar, no existe nada porque las leyes o son injustas o no se aplican”, precisó. Además, resalta que el patrón de violaciones a los derechos a la propiedad privada, durante los últimos años, “pareciera haber mutado”. “Ahora son más soterradas para tratar de disimularlo”, dice al precisar que en 2021 documentaron más de 1300 violaciones a los derechos de propiedad. Venezuela ocupa, por encima de Haití, el puesto 128 del Índice Internacional del Derecho de Propiedad 2021 que evaluó la calidad del Estado de derecho y la independencia judicial en 129 países. Ser trata del segundo país de la región que “menos respeta” el derecho. A inicios del año pasado, la primera vicepresidenta del Parlamento de mayoría chavista, Iris Varela, dijo al diario Últimas Noticias que presentaría una propuesta para decretar la confiscación de bienes en desuso por venezolanos que estén fuera del país, una propuesta considerada inconstitucional por juristas expertos en la materia.