Organizaciones sociales tratan de sobrevivir en Nicaragua tras Ley de Agentes Extranjeros  | Voice of America - Spanish
Algunas organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones, cumpliendo con la Ley de Agentes Extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional.
MANAGUA - La cuenta regresiva para las organizaciones sociales terminó en Nicaragua al vencerse el plazo para inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación, lo que ha impactado seriamente a las Organizaciones No Gubernamentales provocando el cierre de varias instituciones que decidieron negarse a cumplir con lo que consideran una medida “arbitraria” del Gobierno. La filial nicaragüense de la organización de escritores PEN Internacional y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro son solo algunas organizaciones que decidieron no ceder ante la medida del Estado. La Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha trabajado por más de 20 años en la promoción de la libertad de expresión, el acceso a la información pública y la libertad de prensa en Nicaragua. Durante el anuncio de la suspensión, Cristiana Chamorro, expresidenta y fundadora de la Fundación, dijo que Nicaragua está “de luto cívico”, y señaló que la imposición de registrarse como “agente extranjero” es prácticamente “renunciar a nuestra ciudadanía nicaragüense”. La socióloga María Teresa Blandón dijo a la  que la presión ejercida por el gobierno sandinista sobre las organizaciones sociales tiene un impacto severo en la sociedad nicaragüense. “La mayor parte de estas organizaciones de la sociedad civil están en el ámbito de la defensa de los derechos humanos en un país donde hay una situación de violación sistemática de los derechos humanos. Los más afectados, los más perseguidos van a quedarse con un mayor nivel de indefensión”, argumentó. Sin embargo, otras organizaciones han decidido dar la batalla y mantenerse activas en sus funciones cumpliendo con la Ley de Agentes Extranjeros o simplemente renunciando a la cooperación internacional. Ese es el caso de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la única organización social en su ámbito que aún cuenta con personería jurídica en el país y que ha denunciado las trabas impuestas por el Ministerio de Gobernación para su inscripción. “Sabemos que esta es una ley nefasta, una ley nociva, una ley antidemocrática, pero vamos a cumplir para no estar al margen de la ley. Si bien en cierto tenemos más de dos semanas constantes de estar visitando el Ministerio de Gobernación y cada día piden información adicional de la que estamos presentando y lo peor del caso es que ni siquiera nos están recibiendo la documentación”, dijo Marcos Carmona, secretario ejecutivo de esta organización. Carmona advirtió que existe “una mala intención'' del Ministerio de Gobernación de no querer que inicien el proceso de inscripción como agentes extranjeros y valoró que el cambio diario de los requisitos “son técnicas para señalar ante la opinión pública que no estamos cumpliendo” con la ley. Mientras, el grupo cívico Ética y Transparencia aseguró textualmente que “en aras de conservar el derecho a observar el proceso electoral que se avecina en Nicaragua no aceptará cooperación financiera internacional, sin exclusión alguna”. De esta manera evita la obligación de registrarse como agentes extranjeros como manda la ley, que está vigente desde el 19 de octubre de 2020, y cuya normativa, publicada a finales de enero, establece multas de hasta de medio millón de dólares para los organismos que incurran en faltas “muy graves”. Para observar las elecciones generales en noviembre 2021, “contamos como recurso fundamental: las enormes donaciones de tiempo y esfuerzo de la red de voluntarios, todos nacionales y una recaudación entre los miembros de la asamblea y amigos por 15.000 dólares, suficientes para acometer la tarea de observación bajo las actuales condiciones”, refirió el organismo. La socióloga Blandón considera que aun siguiendo la ley o renunciando a la cooperación internacional el panorama futuro será muy difícil para las organizaciones que aún pretendan continuar trabajando en Nicaragua, debido a la política anti organizaciones sociales que según ella implementa el gobierno sandinista.