Violencia e incertidumbre imperan en proceso electoral en Honduras
La campaña electoral en Honduras transcurrió entre altercados de militantes, extrema polarización políticas y temores de manifestaciones violentas.
WASHINGTON — Los hondureños para elegir al sustituto del presidente Juan Orlando Hernández, además de 128 diputados del Congreso Nacional y 296 alcaldes y sus concejos municipales, en unos comicios marcados por la violencia. Observadores en Honduras y Estados Unidos aseguran que la antesala de los comicios mostró un entorno de extrema polarización política y desconfianza de la población en el proceso. Algunos aseguran que no están creadas las condiciones para los hondureños en la diáspora ejercer el sufragio. En la contienda por la presidencia están la candidata de izquierda Xiomara Castro, esposa del depuesto presidente Manuel Zelaya y favorita en los sondeos, y el candidato del partido conservador en el gobierno, Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa. Castro alcanza a la fecha un 38% de apoyo popular, según sondeos de opinión, luego de consumar la alianza con la coalición socialdemócrata de Salvador Nasralla, presentador de televisión que corría en tercera posición y quien ya salió del ruedo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó la existencia de 5.755 centros de votación para los 5.182.436 de hondureños del padrón electoral. También anunció que todo marchaba según el cronograma de trabajo en las imprentas, así como en la adquisición de otros suministros para el sufragio y posterior conteo de votos. La periodista Iolany Pérez, de Radio Progreso, quien sigue la cobertura electoral desde el terreno, comentó a la  que una de las principales preocupaciones en la ciudadanía es la polarización política. “Hace unos días vimos a candidatos, tanto de la oposición como oficialistas, dándose golpes. Es el mensaje que están dando a la ciudadanía, y esa confrontación y esas agresiones que se están dando en el proceso electoral van desde los principales líderes políticos de este país a estructuras departamentales y municipales”, enfatizó. Esa preocupación la comparte Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que trabaja desde Honduras en el Combate a la corrupción e impunidad. Hernández asegura que "es una situación muy compleja" que se agudiza porque se prevé que "los márgenes del conteo de votos van a ser muy ajustados", lo que atiza la incertidumbre y temores de violencia electoral. En un foro sobre polarización política en la región, realizado recientemente en la , la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Claudia Paz y Paz, dijo que la población de Honduras está presionada de cara a las elecciones por la influencia del que controlan amplias franjas del territorio. “Ya son las elecciones más violentas en la historia reciente en Honduras, con el asesinato de candidatos en distintas posiciones. Una violencia (...) que está vinculada al narcotráfico y al control territorial y alianzas con las pandillas, como la MS-13. Eso nos lleva a otro de los retos, que podría ser el abstencionismo en las elecciones frente a la desconfianza en el gobierno y los partidos políticos”, opinó Paz y Paz. La analista considera que aunque persiste desconfianza en la ciudadanía en todo el aparato de estado, que incluye al gobierno y las instituciones, un signo alentador para este proceso es que el gobierno central no tiene control sobre el CNE, y que eso marca una diferencia con relación a las cuestionadas elecciones del año 2017. En aquel proceso, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) se sumó a las peticiones de recuento de votos mientras en las calles de las principales ciudades de Honduras imperaban el caos y las protestas violentas. El CNE confía en tener listas las urnas para que los hondureños residentes en EE. UU. y otros países centroamericanos participen en la elección. Según el CNE, todo está listo para instalar juntas electorales en 14 consulados en EE. UU.: Houston, Los Ángeles, Miami, New Orleans, New York, Washington, Atlanta, Chicago, Dallas, McAllen, Seattle, Boston, San Francisco y Charlotte. Pero Juan Flores, de la Fundación 15 de Septiembre, que desde EE. UU. ofrece asistencia migratoria y apoyo para repatriación a los hondureños, dijo que “del dicho al hecho, hay mucho trecho” y que el montaje de esos centros está lejos de cubrir la cantidad de hondureños que deberían votar en este país. Flores afirmó que la autoridad gubernamental y electoral no han hecho el trabajo de enrolamiento, actualización del padrón de votantes en el exterior, ni proporcionado suficiente información para que la población migrante participe en los comicios. Con los cambios realizados a la Ley Electoral, aprobados por el Congreso Nacional el 25 de mayo de este año, se buscó subsanar una serie de recomendaciones hechas por los observadores internacionales después de los cuestionados comicios de 2017. Se aprobaron cambios a cientos de artículos entre 2020 y este año con el objetivo de cumplir las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Entre los cambios generales aprobados figura un nuevo enrolamiento de votantes tanto dentro como fuera del país. Pero el proceso se ha dado de manera apresurada y ha sido insuficiente para cubrir la demanda, según denunciaron observadores. El censo electoral hondureño en EE. UU. tiene registrados 12.867 votantes, y para Centroamérica, Panamá y Belice hay otros 2.464 inscritos, según el CNE. Mardoel Hernández, un activista hondureño de la Alianza Nacional TPS, radicado en Washington, considera que en EE. UU. hay muchos más hondureños que los que reflejan las cifras oficiales. "Se calcula que hay solo unas 12.000 personas aptas para votar desde el exterior", dijo Hernández, a razón del enrolamiento llevado a cabo por el CNE y la cancillería. A su criterio, una cifra muy baja. El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Fernando García, dijo que en el sector privado persiste el interés porque la población participe en los comicios más allá de sólo emitir el voto, sino también como observadores, para que haya confianza en el escrutinio y evitar así actos de violencia por el resultado. “Tenemos un deber y un derecho de votar, pero también podemos extender eso a la noche de la elección observando el conteo en cada uno de nuestras respectivas mesas. Entre mayor número de personas participen de manera pacífica y ordenada en el proceso de observación, mayor va a ser la tranquilidad”, dijo García. El dirigente patronal asegura que tanto ANDI como su par, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se han unido a un grupo de organizaciones de la sociedad civil y centros académicos para conformar la Red de Equidad Democrática. “Estamos contribuyendo desde las diferentes trincheras a que el proceso se lleve de la mejor manera”, dijo. .