Paso a paso: ¿En qué consiste el plan legislativo de Maduro para 2021? | Voice of America - Spanish
Más de 30 nuevas leyes y reformas a normas existentes es la meta del oficialismo en Venezuela para este año. El madurismo buscaría vigilar las redes sociales e impulsar un modelo comunal.
MARACAIBO, VENEZUELA - El presidente venezolano, Nicolás Maduro, lanzó una ofensiva política para aprobar este año en la Asamblea Nacional no menos de 34 leyes nuevas o reformas de normas vigentes y seguir adaptando las reglas del país a su modelo de gobierno e ideología. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional elegida en diciembre pasado en medio del rechazo a esas votaciones de la oposición nacional, la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, anunció hace días la aprobación unánime del Plan Legislativo 2021 en Venezuela. Maduro dio públicamente su visto bueno al proyecto e incluso confirmó que las gestiones parlamentarias de los próximos meses significarán la aprobación de al menos nueve leyes promovidas o recomendadas por su poder ejecutivo. La  explica en  de la nueva estrategia del madurismo para seguir afianzando su control político de facto en Venezuela. El oficialismo ganó 253 de las 277 diputaciones a la Asamblea Nacional votadas el 6 de diciembre pasado. Esos resultados significaron que políticos leales a Maduro controlan el 91 por ciento del Parlamento hasta 2025. Esa correlación de fuerzas permite al Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados tener el control del voto de las dos terceras partes del poder legislativo. Con ello, puede fácilmente aprobar y reformar leyes orgánicas, modificar la Constitución, certificar votos de censura a ministros, nombrar funcionarios del poder público nacional, refrendar convenios internacionales y amnistías, o autorizar al ejecutivo de Maduro para enajenar bienes del país. Sin resistencia de sus opositores, también podrá certificar el presupuesto nacional, autorizar al Poder Ejecutivo de Maduro a pactar contratos “de interés”, aprobar misiones militares en el exterior o de otros países en Venezuela, así como dar permiso al presidente para viajar fuera de la nación. El Parlamento elegido en diciembre aprobó la semana pasada de manera unánime el Plan Legislativo Nacional para los próximos 10 meses. El mismo está compuesto por una treintena de leyes de “interés prioritario”, según Rodríguez, el líder de la Asamblea. El número definitivo de leyes a aprobar está poco claro. Rodríguez mencionó 35 normas, Maduro, 34, y, al mencionarlas, el presidente solo nombró 33. Las propuestas legislativas provinieron de sus 15 comisiones permanentes, el propio Maduro y de los “requerimientos” de otros poderes públicos, dijo. El plan tiene fundamento en el artículo 68 del Reglamento de Interior y de Debate del Parlamento. Su certificación por parte de la plenaria de la AN no impide que se añadan nuevos proyectos de ley en el transcurso del año. Las leyes orgánicas que contempla aprobar el chavismo son las de Drogas, propuesta por Maduro, del Parlamento Comunal Nacional, sobre los Derechos de la Madre Tierra, para la Planificación Territorial y del Consejo de Gobierno, que es un organismo donde coinciden el poder ejecutivo nacional, sus ministros y representantes de las gobernaciones y alcaldías del país. El oficialismo también prevé dar curso a las leyes de Cooperación Internacional, del Código Penal -impulsada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y figura cercana a Maduro, Maikel Moreno-, del Poder Popular para las Contralorías Regionales y Locales, de Nuevos Emprendimientos y de la Gran Chamba Juvenil -el programa oficialista que da empleos a venezolanos simpatizantes de su gestión. El plan incluye también las leyes de Participación Política de pueblos indígenas; de Desarrollo Económico de esas comunidades, para el Uso y Disfrute del Tiempo Libre y la Recreación, de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Viviente e Inmaterial; de Servicios Sociales, del Gas Doméstico, de Timbres Fiscales, del Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios, de “Ciberespacio” y de Ciudades Comunales. Se promoverán reformas a las leyes Contra la Corrupción, de Zonas Económicas Especiales, de Minas, de Fronteras, del Código Orgánico de Justicia Militar, sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, y de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Otras leyes orgánicas sufrirán modificaciones, como las de Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, de Protección de la Familia, de Protección de Adultos y Adultas Mayores, de Aguas y del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela. Se creará, además, un nuevo Código de Comercio para Venezuela. Rodríguez, uno de los más cercanos colaboradores de Maduro, dijo que la lista de leyes era “una meta mínima” y anticipó que se pueda ampliar. La Asamblea Nacional elegida en diciembre de 2020 está teñida de un manto de ilegitimidad en un sector amplio de la población venezolana que critica al oficialismo y, especialmente, en buena parte de la comunidad internacional. La oposición alega que esa elección parlamentaria la convocó un poder electoral designado, no por el poder legislativo elegido en 2015, de mayoría opositora, sino por una sala del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por magistrados cercanos al poder ejecutivo de Maduro. Ese Consejo Nacional Electoral organizó unos comicios que no fueron considerados como libres, justos, democráticos, ni representativos de la voluntad del pueblo venezolano, según el juicio de decenas de gobiernos. Bloques de países, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, rechazaron esas votaciones y su resultado. Por ende, dicen no reconocer la institución ni sus decisiones como válidas. A lo interno del país, sin embargo, el chavismo ejerce un “poder de facto”, como lo califican analistas como Luis Vicente León, director de la firma Datanálisis. Si bien la oposición argumenta que el diputado opositor Juan Guaidó es presidente interino de Venezuela, su control de los poderes públicos es nulo y los ciudadanos tendrán que acatar pragmáticamente las leyes aprobadas por un Parlamento considerado ilegítimo, advierten expertos en ciencias políticas. El oficialismo enumeró las leyes a aprobar este año sin aportar mayores detalles. Apenas algunas de ellas, como la de Drogas o la de los Derechos de la Mujer, tuvieron comentarios de Maduro o del líder del Parlamento. El presidente venezolano sí mencionó que la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos introducirá un capítulo referido al uso de las redes sociales dentro del territorio venezolano. Esa normativa, aprobada en 2004 cuando el chavismo también gozaba de mayoría legislativa, contempla la regulación del contenido de los medios de comunicación venezolanos, que no pueden incluir “violencia”, ni “terrorismo”. Sirvió desde entonces para regular las concesiones de televisoras y emisoras, cerrar medios de prensa, y despertó preocupaciones en organismos multilaterales e internacionales que defienden las libertades de expresión y de prensa. Sus críticos la valoran como una ley “mordaza”. La vigilancia y sanción del uso de redes sociales ha sido una frecuente preocupación pública de Maduro. El chavismo utilizó la Ley del Odio, aprobada en la ya extinta Asamblea Nacional Constituyente, para judicializar a políticos y a ciudadanos que ofendían a funcionarios públicos en sus publicaciones. También, resalta la intención del oficialismo de impulsar el poder y legalidad de las comunas en varias de las leyes propuestas. Esa figura, de corte socialista, no está contemplada en la Constitución como forma de organización política, social y económica, autosustentable y autónoma, advierten sus críticos. Cuenta, sin embargo, con un ministerio y una ley orgánica que regula su funcionamiento. Otra reforma que destaca en el plan legislativo es la pensada para el Código Penal y el Código de Justicia Militar. El anuncio se conoce dos meses después de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia prometió sanciones “ejemplarizantes” para los llamados “traidores de la patria”, en referencia a Guaidó y sus diputados aliados, y que propusiera al nuevo Parlamento reformas a la ley para vencer la “impunidad” de ese grupo de políticos venezolanos. El oficialismo ha promovido en los últimos años juicios militares a civiles vinculados a presuntos delitos políticos, lo que viola la Constitución y las leyes penales vigentes, de acuerdo con expertos en derecho y representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El oficialismo aspira a aprobar un promedio de tres a cuatro leyes por mes antes de enero de 2022. La Constitución venezolana precisa que un proyecto de ley debe discutirse, aprobarse o rechazarse en dos sesiones celebradas en días distintos, con un interín de estudios de las normas por parte de las comisiones permanentes del Parlamento con competencia en esas materias. Es competencia del presidente de la República sancionar o vetar las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En este caso, la alianza entre Maduro y el Parlamento de 2020 hace escasamente probable que haya desarmonías en la aprobación y sanción de las leyes propuestas, y parece indicar, en cambio, que habrá vía libre para una discusión expedita de todas las normativas. En los últimos 22 años, el oficialismo ha aprobado leyes en apenas días cuando así se lo ha propuesto. En diciembre de 2015, luego de la victoria electoral de la oposición que le permitiría controlar el Parlamento en los siguiente cinco años, el oficialismo aprobó leyes y designó funcionarios de otros poderes prontamente, sin contar con la mayoría calificada o las dos terceras partes. El presidente de Venezuela tiene 10 días para promulgar las leyes después de haber recibido sus contenidos de parte de la Asamblea Nacional. En ese lapso, puede solicitar al Poder Legislativo la modificación de algunos artículos. La Constitución también determina que “los estados” de Venezuela deben consultarse si hay proyectos de ley que les atañan. También, se establece la necesidad de oír la opinión de otros órganos del estado y los ciudadanos. En el caso de la aprobación o reformas de leyes orgánicas, existe un paso adicional: los proyectos deben considerarse en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuyas decisiones son favorables a Maduro.