¿Qué hay detrás de las protestas en Latinoamérica? | Voice of America - Spanish
El último año ha estado marcado por decenas de protestas en toda la región, las más recientes en Perú y Colombia. Los motivos son diversos, como demandas sociales, enmiendas constitucionales o rechazo al gobierno, pero el objetivo es siempre el mismo: un cambio.
Desde mediados del 2019, la región atraviesa un período de convulsión social que tiene diferentes aristas en cada país. ¿Por qué protestan los latinoamericanos?. La explica. El analista boliviano Álvaro del Pozo conversó con la VOA sobre las recientes crisis y protestas en la región: "Es vital que los gobernantes en Latinoamérica no olviden que el gobierno es un articulador de demandas en la sociedad". Francisco Sagasti Hochhausler convirtiéndose en el tercer mandatario del país andino en algo de menos de una semana, como resultado de la crisis institucional que envuelve a la nación. La subida al poder de Sagasti fue precedida por protestas masivas en varias ciudades. Las manifestaciones comenzaronpor parte del legislativo del entonces presidente, Martín Vizcarra. Vizcarra, un presidente muy popular, fue destituido al aplicársele una vaga cláusula de la Carta Magna del siglo XIX que, según expertos, puede usarse al antojo de quien la invoque. En el siglo XIX significaba “locura”, pero ahora muchos lo relacionan con una mancha de corrupción. Vizcarra fue acusado de recibir sobornos cuando era gobernador del estado de Moquegua, acusaciones que ha negado. La sustitución de Vizcarra por el portavoz del Congreso, Manuel Merino, fue rechazada por parte de la poblaciónque se tornaron violentas y dejaron por lo menos dos jóvenes muertos. Merino renunció, dando paso al nombramiento de Sagasti, quien asume como presidente interino hasta que se realicen los próximos comicios, en abril del 2021. Las protestas que sacuden a Perú son diferentes a las que se han visto en los últimos años, impulsadas en gran parte por jóvenes típicamente apáticos ante la política errática del país. En esta ocasión, los manifestantes están molestos con el Congreso por organizar lo que consideran una toma de poder ilegal. La mitad de los miembros del Congreso están siendo investigados por presuntos delitos, incluidos el blanqueo de capitales y homicidio. Las encuestas muestran que la mayoría de la población quería que Vizcarra cumpliera el resto de su mandato presidencial, que vence en julio. Cuando los peruanos salieron a las calles, la policía respondió con porras, balas de goma y gases lacrimógenos. Luis Arce, candidato del partido del expresidente Evo Morales,  el pasado 8 de noviembre, devolviendo el poder a los socialistas después de un año de presidencia interina y fuertes protestas. Una semana antes de la toma de posesión de Arce, , alentadas por denuncias de un supuesto fraude, que recordó lo sucedido un año atrás, cuando la ex presidenta interina, Jeanine Áñez, asumió el poder. Las tensiones continúan en Bolivia, en especial frente a cambios legislativos introducidos por el partido de Arce, que disminuyeron la mayoría necesaria para aprobar nuevas leyes, y por el retorno de Morales desde Argentina, donde pasó en exilio un año. Evo Morales, quien dirigió el país durante casi 14 años como el primer presidente indígena, provocó una reacción violenta generalizada el año pasado cuando se postuló para un cuarto mandato pese a los límites que establece la constitución y a un referéndum nacional que rechazó la idea. Después de reclamar victoria en las elecciones, Morales se vio obligado a renunciar, en medio de protestas airadas, cuando la Policía y el Ejército le abandonaron. Seguidamentey un gobierno interino conservador con Jeanine Áñez a la cabeza, se hizo cargo. Unsobre los resultados de las elecciones de 2019, que concluyó que hubo “manipulación y parcialidad”,  dio la estocada final a las denuncias de fraude por parte de la oposición, desencadenando un periodo marcado por disturbios, violencia y asesinatos que se prolongaron incluso después de la eventual subida de Áñez al poder. Más de dos tercios de los chilenos votaron a finales de octubreinstaurada hace 40 años por la dictadura militar, en un histórico plebiscito al que fueron convocados 15 millones de ciudadanos. El proceso ocurre en un contexto en el que la mayoría muestra cansancio por lo que catalogan como desigualdades sociales y económicas en la nación sudamericana. El plebiscito tuvo lugar a un año del violento estallido social y las gigantescas protestas subsiguientes contra las profundas desigualdades sociales en Chile que empujaron a un acuerdo político que convocó al referéndum. Las surgieron del sector estudiantil luego de que el gobierno anunciara un incremento del 3% a las tarifas del transporte. Pero, según analistas, el incremento al transporte fue sólo la chispa que desató una revuelta que venía preparándose a fuego lento por el descontento de la población con temas de fondo como las limitaciones para acceder a la educación y la salud, así como lo que se perciben como históricas desigualdades sociales y económicas que no parecen estar siendo atendidas. Las manifestaciones, en donde hubo destrozos contra la propiedad pública, también llevaron a fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden de la ley y los ciudadanos. Varias organizaciones de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por parte del Estado, incluyendo violaciones y torturas. El país ha visto varias olas de protestas desde finales del año pasado. Las más recientes, motivadas por la muerte, a manos de la policía, de un abogado en Bogotá. Las manifestaciones dejaron más de una decena de muertos y fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden público y los ciudadanos. En noviembre del 2019, miles de personas se tomaron las calles  en un movimiento conocido como Paro Nacional, que se ha ido prolongado con varios repuntes hasta este año. Las manifestaciones buscan en materia de salud, educación, derechos humanos y paz. Para el analista político Jorge Iván Cuervo, docente de la la Universidad Externado de Colombia e investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE), las protestas hay que leerlas como “un descontento de la democracia”. “Cuando se hizo la transición de la democracia en Latinoamérica, en los 80, se empezaron a generar una serie de expectativas de crecimiento económico, mayor igualdad, menor pobreza, mayor acceso a bienes y servicios, pero digamos que el proceso de globalización aumentó la desigualdad”, lo que ha generado inconformismo en la sociedad, agrega, debido a que los gobiernos en los últimos años no han tomado medidas para contrarrestar este tema. El acuerdo de paz con las FARC es un ingrediente adicional, dice Cuervo, ya que, durante el conflicto armado, “las demandas sociales estaban represadas porque el reclamo social inmediatamente era asociado a la izquierda, por miedo o donde la agenda pública estaba marcada por este tema”. Después del acuerdo, hay un punto de inflexión y, según dice el analista a la , el actual gobierno “no está verdaderamente comprometido con el acuerdo”. A esto se suman los asesinatos de líderes sociales, las muertes generadas por el abuso de la fuerza pública y policial y la crisis desatada por la pandemia, “donde el manejo no fue el mejor”, según Cuervo. La principal oleada de protestas en Nicaragua comenzó en el 2018, por parte del gobierno de Daniel Ortega. El mandatario revocó el decreto después de varios días de violentas manifestaciones, sin embargo el descontento social y la crisis política continúa, con una creciente oposición ante la ilegalización de las manifestaciones por parte del gobierno. Varios medios de comunicación fueron amenazados por parte del gobierno de Nicaragua y decenas de periodistas fueron obligados a exiliarse, junto con cientos de nicaragüenses que salieron del país en vista de la crisis. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, como la CIHD, han  y a los derechos humanos por parte del gobierno. Desde el 2017, Venezuela ha visto varias olas de protestas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Las también llamadas La Primavera Venezolana, fueron las más multitudinarias, iniciadas por la disolución de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, por parte del Tribunal Supremo de Justicia. El gobierno en disputa llevó a cabo unas elecciones especiales, condenadas por gran parte de la comunidad internacional, donde se creó Desde entonces, el país se ha visto sumido en un deterioro de la institucionalidad, una grave crisis económica y política y una disputa por el poder. En enero del 2019, la Asamblea Nacional opositora nombró al entonces jefe del parlamento, Juan Guaidó, Desde entonces, ha habido varias jornadas de protesta convocadas por la oposición al igual que un por parte de Guaidó. Numerosos organismos internacionales han denunciado ataques a la libertad de expresión y represión contra las disidencias por parte del gobierno en disputa de Maduro. En diciembre de este año se han convocado nuevos comicios parlamentarios, en donde no participará la mayor parte de la oposición, para renovar la Asamblea Nacional y el Consejo Nacional Electoral. La organización Freedom House colocó a Venezuela, Cuba y Nicaragua como países más negativos de la región en cuanto al índice de Libertad Global 2020; la represión a las protestas públicas fue uno de los renglones señalados.