Mujeres salvadoreñas suman fuerzas para ayudar durante la pandemia  | Voice of America - Spanish
Janeth, Wendy y Ana no se conocen, pero tienen muchas cosas en común,  las tres desde sus trincheras trabajan por un El Salvador justo y donde los derechos de las minorías sean visibilizados.
CALIFORNIA - La pandemia de COVID -19 ha puesto nuevamente de manifiesto la importancia del rol de las mujeres en la sociedad y ha visibilizado la importancia del trabajo que éstas realizan en las crisis sanitarias. ONU Mujeres en su último informe especifica que todos los días, las mujeres hacen aportes fundamentales para contener el brote. Asimismo, la mayoría de quienes prestan cuidados en los hogares y en las comunidades son mujeres. Mujeres de todas partes del mundo, sin distingo de su condición física, económica y lugar de residencia están aportando su fuerza de trabajo e intelectual para solventar y dar un equilibrio al tema de los derechos de los más vulnerables y la seguridad en momentos en que gran parte de la población ha visto suspendidos sus derechos constitucionales en pro de controlar el coronavirus. Un claro ejemplo de ello son tres salvadoreñas que conversaron con  la sobre lo que están haciendo por mantener a salvo y preservar los derechos de las minorías. Janeth Marlene Chávez Magaña es licenciada en Administración de Empresas y tiene otras especialidades, labora en el Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL), y en su condición de mujer con discapacidad es una reconocida activista de los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad. Janeth funge como coordinadora de proyectos de la Asociación Pro Vida y de Personas con Discapacidad de El Salvador (APROVIPDES), actualmente en plena pandemia sigue trabajando con algunas de sus propuestas como la Escuela de Empoderamiento para Mujeres, la que se está desarrollando como un plan piloto a través de la plataforma de Zoom con 13 mujeres con discapacidad física y usuarias de silla de ruedas, el objetivo es empoderarlas y que se vuelvan agentes de cambio. Janeth ha realizado algunos Webinars a través de , Discapacidad antes y después del COVID-19 una perspectiva latinoamericana. Hay otros programas que se han detenido por falta de presupuesto como el Programa de Microemprendimiento para Personas con Discapacidad y sus familias, éste dependía de donaciones y en este momento el dinero no está llegando porque en su gran mayoría se ha volcado en contener la pandemia. Janeth tampoco ha cesado de trabajar en BANDESAL, todo lo contrario, desde su hogar, por medio del teletrabajo da continuidad a sus labores, pero no puede dejar de lado su otro rol en momentos que su país, El Salvador, tiene tanta necesidad. Cuenta que jamás imaginó que en plena pandemia El Salvador tuviese que enfrentar una catástrofe natural que complicó una situación de por sí insostenible, “nunca me imaginé que con el COVID-19 también tendríamos que enfrentar las tormentas Amanda y Cristóbal, esto solo empeoró la vida de muchos salvadoreños”, dejándolos  aislados sin la protección de las instituciones del Estado, empresa privada u onegés, afirma. De acuerdo con Janeth y hablando desde su experiencia, uno de los sectores que quedó más vulnerable y sin visibilidad alguna ante esta situación en El Salvador, fue el sector con discapacidad, ya que muchos no fueron beneficiados con las distintas ayudas que el gobierno ofreció por no cumplir con los requisitos o porque el dinero no alcanzó. Luego, la mayoría de los padres o cuidadores de ellos no podían salir a trabajar por las restricciones de movilidad, “la mayoría de estos padres/cuidadores trabajan de manera informal vendiendo productos de cualquier tipo para subsistir”, lo que les generó mayor pobreza y por ende incapacidad para comprar alimentos especiales para que su familiar con discapacidad se alimentara y se vieron imposibilitados para “poder comprar insumos médicos y de uso personal (como pañales y medicamentos)” cita Janeth. Los datos más recientes sobre la cifra de personas con alguna discapacidad que viven en El Salvador datan de 2015, cuando el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD), en coordinación con la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y la Oficina de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron una encuesta nacional. Los datos señalaron que la tasa de prevalencia a esa fecha de personas con discapacidad era del 6.4% del total de la población -que para entonces era de 6 millones 460 mil 336- indicando que 410 mil 798 personas tienen algún tipo de discapacidad y se encuentran en edades de 25 a 65 años. De acuerdo con lo anterior, sería muy difícil en este momento para el estado salvadoreño determinar cuántas personas con discapacidad están sufriendo los efectos colaterales del coronavirus. Lo que si se puede interpretar, desde el punto de vista de Janeth, es que las edades donde hay mayor riesgo de contagio es justo en las que se encuentra este sector. Wendy Lisseth Morales Gálvez, trabajadora social y actual directora de Asociación Azul Originario (AZO), comenta que ella junto con los miembros de esta entidad (que en su mayoría esta compuesta por mujeres jóvenes) no han parado su labor por reivindicar los derechos de los más vulnerables. Entre algunas de estas acciones, está la labor de apoyo y acompañamiento en el tema de denuncias en tema de derechos humanos para lo que cuentan con un grupo de expertos que van desde abogados, trabajadores sociales, profesionales en comunicación y psicólogas; además durante la pandemia y la crisis de las tormentas se han volcado a la recolección de víveres para llevar a las comunidades más necesitadas. Para este trabajo y por ser zonas de alto riesgo los lugares donde van, han estado realizando una labor coordinada con la Policía Nacional Civil, con el fin de poder llegar hasta los más necesitados. Gálvez afirma que su trabajo en materia de derechos humanos busca respuestas en el estado y las instituciones de gobierno que “no sean solo asistencialistas [...]. “Marcos jurídicos para la defensa existen, pero no están siendo efectivos como deberían”, opina cuando hace referencia al trato de muchas mujeres durante la pandemia. Por ejemplo, cita que las medidas preventivas que el gobierno implementó para detener el COVID-19 vulneraron los derechos de muchos sectores y en especial de muchas mujeres. “No estaban apegadas a derechos” opina. En su opinión, faltó un trabajo coordinado con los actores locales o comunitarios de las diferentes zonas del país para tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de éstas y evitar algunos atropellos. Wendy dice que a raíz de esas medidas, como asociación, han acompañado a algunos sectores de la población femenina a presentar denuncias por arrestos y en otros casos han presentado hábeas corpus (Procedimiento jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede comparecer inmediatamente ante el juez para que este determine sobre la legalidad del arresto). Estos últimos casos se dieron en mujeres “jefas de hogar” que no recibieron ningún tipo de ayuda del gobierno por no calificar, pero no tenían trabajo o medios para subsistir, muchas eran del sector informal (algunas vendían ropa) y al verse sin su medio de subsistencia hicieron máscaras o buscaron otros productos de primera necesidad y salieron a venderlos “porque eran jefas de hogar, el sustento de su familia“ y fueron arrestadas por salir a la calle y en muchos casos ellas estaban presas por infringir la cuarentena y sus hijos solos y sin alimento en casa. “Las medidas eran demasiado punitivas y no tenían un protocolo médico sanitario. Llegó un punto en que había personas retenidas (hacinadas) y bajo riesgo de contagiarse” explica. El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer (ISDEMU) maneja entre sus estadísticas que la jefas de hogar en El Salvador  representan un 51.6% de la población (252 mil 824 mujeres ). En El Salvador hay muchas mujeres que necesitan trabajar y sus trabajos no son ejecutivos, no pueden trabajar de casa, tienen que salir a la calle arriesgándose a enfermarse, pero “necesitan llevar el alimento, porque el paquete de ayuda del gobierno nunca llegó y se están arriesgando por sostener a sus hijos”, dice. Según la activista esta es una realidad que golpea a las mujeres y las pone en vulnerabilidad económica, social y de seguridad, lo que afirma, es un efecto colateral brutal. ONU mujeres también ha hecho un análisis profundo de dicha situación y reconoce que las mujeres, como las que describe Wendy, son las primeras en riesgo de contagio del COVID-19 y pérdida de sus medios de vida. Además, tienen más riesgo de quedar aisladas de las personas y los recursos que pueden ayudarlas. Ana Mercedes Cea Cañas, es una mujer multifacética, bombero profesional, ella cerró una brecha de género existente en El Salvador en una profesión que hasta hace algunos años era dominada solo por hombres, al convertirse en 2011 en la primera mujer que alcanzó el grado de Cabo del Cuerpo de Bomberos de su país. Después vinieron otros logros y otras especializaciones en Gestión Medioambiental, Higiene y Seguridad Industrial. Actualmente da su aporte a la sociedad en temas de riesgo desde una agencia de cooperación internacional. El trabajo de Cea no se limita a El Salvador, ya que ella colabora con la gestión y diseño de cursos relacionados a emergencias y desastres para la región. La oficina para la que trabaja, y la cual no se ha detenido durante la crisis, atiende a cerca de 27 países desde México hasta países del Caribe. Entre los cursos que ésta profesional ha ayudado a elaborar están aquellos relacionados (a primera respuesta) a primeros auxilios, incendios forestales, manejo de materiales peligrosos y área de gestión de desastres. Prácticamente, dice, son “Las bases administrativas del manejo de una emergencia. También ayudamos a la gente con metodologías de la enseñanza para potenciar sus capacidades”. Esta especialista dice que como parte del diseño de los cursos también incluye la supervisión de campo. Desde su óptica profesional el coronavirus es una emergencia similar a la de un desastre natural, aunque aclara que las dimensiones del alcance de la pandemia están siendo más amplias, dice que la planificación y organización debería seguir protocolos similares. En el caso de El Salvador ella considera “no debería haber sido una sorpresa la vulnerabilidad”, en especial porque en ese país no se ha invertido ni apostado al sistema de protección civil, “todo lo contrario se ha desarticulado”. Cea explica que durante la pandemia se ha visto el casi inexistente rol de los gobernadores de los diferentes departamentos, y la llegada de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal en medio de la pandemia solo evidenció más el problema y la falta de comunicación entre los gobiernos locales y central. Según datos proporcionados por la jefa del gabinete de ministros de El Salvador, Carolina Recinos, las tormentas dejaron unas 2.000 viviendas "completamente destrozadas", además de 120 inundaciones y 164 derrumbes en carreteras y otros puntos; así como cortes de electricidad y de agua potable. Adicionalmente, cerca de 7.886 salvadoreños tuvieron que ir a 179 albergues habilitados por las autoridades. Lo anterior, para Cea, es preocupante porque en el país la temporada de lluvias apenas comienza y el coronavirus no cede. Cree que el manejo de la pandemia debe adaptarse a las características de cada territorio.