¿Cómo marcha el plan de Biden para frenar la inmigración desde  América Latina?  | Voice of America - Spanish
La Casa Blanca ha impulsado un plan para fortalecer las instituciones y combatir la inseguridad en Centroamérica, con el objetivo de frenar las olas de inmigrantes hacia Estados Unidos.
MIAMI, FLORIDA - La administración estadounidense se enfrenta a uno de los retos más ambiciosos en materia inmigratoria. El presidente Joe Biden se comprometió a impulsar una reforma para dar una salida legal a más de 11 millones de indocumentados que ya están en el país. Pero ya avisó: “Esto no es una llamada a la inmigración ilegal”. Lo dijo para calmar las preocupaciones de sus adversarios republicanos que critican que el “ambicioso” proyecto de ley que se ha presentado podría “dar vía libre a la inmigración ilegal”. Aunque Biden ya ha insistido en más de una ocasión que sus planes pasan por evitar una crisis migratoria como la que se ha vivido en el pasado, con caravanas de centroamericanos que han hecho una travesía por la región hasta llegar a la frontera sur de Estados Unidos, sí se ha mostrado dispuesto a profundizar en las razones por las cuales muchos tienen que abandonar sus países. Pese a sus intenciones, muchos se preguntan si, en efecto, las políticas inmigratorias de la Casa Blanca abordan los problemas reales de la migración en América Latina. El presidente Biden se ha comprometido a destinar un paquete de 4.000 millones de dólares a Centroamérica con un objetivo: frenar la inmigración ilegal. Su plan pasa por fortalecer las instituciones, combatir el tráfico de drogas y de personas, reforzar las economías e impulsar un escenario mucho más próspero. La Casa Blanca, en un comunicado enviado a principios de febrero, decía lo siguiente: “La Administración (estadounidense) abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inseguridad, la violencia y la inestabilidad económica que actualmente expulsa a los migrantes de sus hogares”. De llevarse a cabo un proyecto exitoso, consideran fuentes del entorno del presidente, “la gente de Centroamérica tendrá motivos para emigrar y no iniciar una peligrosa travesía”. Eso es lo mismo que dijo el senador demócrata, Bob Menéndez, encargado de redactar la propuesta de reforma migratoria, que tiene que pasar el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos. “Esas personas no emigran por gusto, lo hacen por necesidad, así que tenemos que cooperar para que vivan en lugares mucho más prósperos de lo que son ahora”, dijo el representante de la Cámara Alta durante una conferencia pocos días después de que Biden asumió el control del gobierno. Juan Flores, presidente de la fundación “15 de Septiembre”, una entidad nacional enfocada en la ayuda a los hondureños y otros centroamericanos en Estados Unidos, confía en que el programa diseñado por la administración estadounidense “dé sus frutos” y “tenga un impacto positivo en la comunidad”. “Confiamos en lo que tiene preparado el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en el tema migratorio, él fue el que lideró las políticas en la región durante el gobierno de Barack Obama y sabe muy bien cómo actuar al respecto”, dijo Flores durante una entrevista con la . Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) señala que “las detenciones (de inmigrantes) en la frontera sur de Estados Unidos han ido en aumento desde abril de 2020 y ahora suman casi 80.000 por mes”. “Si bien el aumento es significativo, es solo la mitad de los niveles máximos de 2019”, aclara el documento al que ha tenido acceso la . El CFR sostiene las mismas razones que la Casa Blanca al señalar las razones por las cuales se registran oleadas inmigrantes desde México y otros países de la región, especialmente de Centroamérica. “Estos migrantes, ya sean de México o de la región del Triángulo Norte, se van por muchas razones. Algunos huyen de la violencia: El Salvador, Guatemala, Honduras y partes de México se han convertido en los lugares más peligrosos del mundo”, reza el escrito. Pero también apunta a razones económicas en muchos de los casos. “Otros son empujados por la desesperación económica nacida de economías débiles con pocas oportunidades laborales, agravada por los cierres relacionados con la pandemia”, agrega al respecto. Con todo hay que tener en cuenta los huracanes Eta e Iota que dejaron un panorama devastador en Centroamérica. Por eso, organizaciones como la que lidera Juan Flores piden “más acción” al gobierno de Joe Biden e instan al presidente que firme una orden ejecutiva que permita a los hondureños acogerse al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS en inglés) para que puedan quedarse en Estados Unidos con un estatus legal y trabajar en condiciones. Aunque Biden sí se ha pronunciado al respecto otorgando el TPS a los venezolanos, no ha hecho lo mismo con otras comunidades latinoamericanas que también le han pedido que mueva al respecto y “se solidarice con su causa”, como apunta el portavoz de la fundación “15 de septiembre” en declaraciones a la . El gobierno de Donald Trump basó sus políticas inmigratorias en evitar la entrada de la entrada de los migrantes a Estados Unidos. Por eso, firmó los acuerdos del “tercer país seguro” con naciones centroamericanas para que los solicitantes de asilo buscaran refugio en otros países antes de hacerlo en Estados Unidos. También impulsó la medida de “Quedarse en México” a través de Programa de Protección para Migrantes (MPP en inglés) que obligaba a los solicitantes de asilo a quedarse en el país vecino mientras una corte estadounidense decidía por su caso. Desde el primer momento, el presidente Biden ha querido desmarcarse de las políticas de Trump. “En sus primeras semanas en el cargo, puso fin a la construcción del muro a lo largo de la frontera sur de Estados unidos y canceló los acuerdos de ‘tercer país seguro’ con los países del Triángulo Norte, además de permitir que 25.000 solicitantes de asilo que están con el programa MPP puedan ingresar al país”, expone el documento de la CFR. Sin embargo, la organización señala que el gobierno “ha heredado un sistema migratorio en crisis” y esa situación requerirá mucho más tiempo de lo planteado en un principio. “La capacidad institucional de los tribunales de inmigración y otras partes de la burocracia para gestionar con humanidad el número de casos se ha erosionado. Se necesitará tiempo y dinero para eliminar la carga de más de 1,2 millones de casos de inmigración pendientes y volver a poner en marcha procesos de asilo en funcionamiento”, recuerda el organismo con base en Washington DC. Algunas organizaciones proinmigrantes consideran que “Joe Biden no está haciendo lo suficiente” en materia migratoria y piden más movimientos al respecto. “Pedimos al gobierno de Joe Biden que tenga más compasión de los inmigrantes y que se impulse una reforma migratoria integral para todos, es lo que se necesita ahora”, expresó Melissa Taveras, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC, por sus siglas en inglés). Pero también hay muchas voces críticas al respecto. Por ejemplo, el Centro de Investigaciones Económicas y Políticas (CEPR, por sus siglas en inglés) firmó un escrito junto a otras organizaciones mostrando su preocupación por que “los planes de la administración Biden no vayan lo suficientemente lejos”. En ese sentido, el director de comunicaciones internacionales de la CEPR, Dan Beeton, criticó en un texto al que ha tenido acceso la  que “con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha sido una fuerza importante detrás de las políticas que han empobrecido a la mayoría de la población” en Centroamérica, por lo que instan a buscar soluciones integrales a esta situación. Parece que el tiempo acabará determinando si realmente las políticas de la Casa Blanca abordarán los problemas reales de la inmigración en la región latinoamericana. El presidente de Diálogo Interamericano, Michael Shifter, ya daba cuenta de ello en una entrevista con la  sobre esta cuestión: “No debemos subestimar las dificultades para impulsar una reforma migratoria integral”.