Una Bolivia conmocionada por la violencia machista exige justicia
La administración de justicia en Bolivia está en la mira luego de que un caso destapara hechos de extrema violencia contra las mujeres y una presunta red de corrupción en los juzgados.
COCHABAMBA, BOLIVIA — Al gritos de “cuántas más tenemos que morir”, una multitudinaria marcha recorrió el lunes las calles de la ciudad de El Alto, en La Paz, donde se destapó el caso de Richard Choque, un asesino convicto que confesó recientemente el feminicidio de dos jóvenes y que es investigado por múltiples violaciones. La Policía logró su captura luego de un y al percatarse de que este delincuente usaba las redes sociales para captar a sus víctimas con falsas ofertas de trabajo o haciéndose pasar por policía. La mayoría de ellas eran menores de edad. Lo llamativo del caso es que Choque ya estaba en la cárcel en 2013 con una sentencia por la muerte de Blanca Rubí Limachi, de 20 años de edad, pero fue beneficiado con libertad domiciliaria en 2019. Desde ese entonces siguió cometiendo delitos impunemente, informaron las autoridades policiales, de acuerdo a las investigaciones. En la marcha de este lunes, no solo machista, sino también para que se elimine lo que consideran una “justicia corrupta”, porque numerosas familias siguen buscando a sus hijas desaparecidas o esperando sentencia para los autores de los crímenes. “La justicia es para los que tienen plata, para los pobres no hay justicia. Sigo buscando a mi hija, tengo esperanza, aunque sea que me la entreguen para que le dé sepultura”, dijo afligida a los reporterosuna madre que participó en la movilización. Choque, aprehendido la anterior semana, fue enviado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro con detención preventiva, pero aún continúan las investigaciones pues se encontraron más pistas en su vivienda en la ciudad de El Alto, como uniformes escolares, anillos de promoción, diplomas y demás objetos que podrían pertenecer a otras víctimas, reveló la Policía, anticipando también que se ampliará la investigación a la familia de este sujeto. El juez Rafael Alcón, que favoreció con libertad domiciliaria a Richard Choque, fue enviado a la cárcel con detención preventiva por seis meses, pero de acuerdo con los cargos que pesan en su contra, podría recibir una pena de cuatro a ocho años. Está acusado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y supresión o destrucción de documentos. Al respecto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que “estamos ante un iceberg de corrupción” y anunció una evaluación a más de 1.000 jueces. “Es definitivamente una organización criminal que hay que ir desmantelándola y destruyéndola porque no hay otra manera de ir cambiando la Justicia”, concluyó. Por otro lado, la activista María Galindo, de la organización Mujeres Creando, que lideró la movilización en La Paz, tomó la palabra durante la marcha y mostró una lista con “nombres de jueces, fiscales, violadores y feminicidas beneficiados con libertad” que -anunció- dará a conocer a las autoridades. “Vamos a dar a conocer estos casos y vamos a pedir una comisión de alto nivel que haga una revisión en un plazo de 180 días (…) porque este es un fenómeno estructural”, explicó. Mientras tanto, el senador opositor de Creemos, Erick Morón ha presentado un anteproyecto de ley para endurecer las sanciones del Código Penal con castración química y cadena perpetua en delitos de asesinato, parricidio, violación y estupro. “He presentado nuevamente el anteproyecto de ley de cadena perpetua y castración química para que entre al debate. Pido a mis colegas parlamentarios y a la ciudadanía en general el apoyo”, dijo Morón el pasado jueves en declaraciones a la prensa, luego de presentar ante la Cámara de Sensores la solicitud de reposición de este proyecto de ley. Actualmente, la pena máxima que permite la legislación boliviana es de 30 años de privación de libertad sin derecho a indulto. En otras ciudades de Bolivia también se realizan marchan para rechazar la violencia machista y pedir una reestructuración de la justicia.