title: Explicaciones sobre la ley de Reclutamiento y reemplazo del ejercito de 21 de Octubre de 1896
creator: Carreras y Farell, Enrique  //
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EXPLICACIONES SOBRE LA LEY DE RIFELAZOS DEL EJERCITO EXPLICACIONES SOBRE LA LEY DE RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO DE 21 DE OCTUBRE DE 1896, REFORMULACIÓN DE LAS DE 11 DE JULIO DE 1888 Y 21 DE AGOSTO DE 1896; SU CUMPLIMIENTO EN LOS REEMPLAZOS DE 1897 Y 1898 EN ESTA PROVINCIA; ESTADOS RELATIVOS A LAS OPERACIONES PRÁCTICADAS EN LOS EXPRESADOS AÑOS Y JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA DESDE SU PUBLICACIÓN Por DON ENRIQUE CARRERAS Y FARELL, OFICIAL DE LA SECRETARIA DE ESTA EXNA. CAPITAN PROVINCIAL y Oficial designado para prestar sus servicios en la Secretaría de la Comisión mixta de reclutamiento, con arreglo a lo dispuesto por la Ley LÉRIDA TIPOGRAFÍA PROVINCIAL C. DE MISERICORDIA IMPRESIONALAJA, calle Gil Cadell 1898 ADVERTENCIA En tres partes distribuimos el contenido de este trabajo. PRIMERA PARTE. En ella damos algunas explicaciones que nos ha sugerido la lectura y aplicación de la nueva ley; adiciones y modificaciones que ésta ha introducido en la anterior; su cumplimiento en esta provincia en los dos años que ha tenido aplicación; y una reseña detallada de la prueba en los expedientes de excepción legal, especialmente de la documental. SEGUNDA PARTE. En veinte estados, comprendemos el resultado de las operaciones practicadas en los años de 1897 y 1898. TERCERA PARTE. Contiene la ley de 21 de Agosto de 1896; jurisprudencia establecida desde la promulgación de aquélla hasta fin del mes de Septiembre del presente año; un sumario alfabético por conceptos, de la jurisprudencia; y detallados Índices por materias y cronológico de las disposiciones publicadas. PRIMER A PARTE EXPLICACIÓN Y INSTRUCCIONES INTRODUCCIÓN PRINCIPIAREMOS por dar una breve noticia de las principales leyes de quintas, denominadas en los tiempos modernos de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, que han regido en España. Desde la de 1837, se ha hallado publicada las de 1850, 1856, 1869, 1870, 1873, 1875, (en este año se volvió a la de 1870), 10 de Enero de 1877, 28 de Agosto de 1878, reformada pocos años después por las de 8 de Enero y 8 de Julio de 1882 y, por último, la de 11 de Julio de 1885, reformada también por la de 21 de Agosto de 1896 y refundida con ésta en 21 de Octubre del propio año; refundición que es la base de las operaciones practicadas en los años de 1897 y 1898. IMPLICACIONES LAS En el preámbulo del proyecto de la ley de 21 de Agosto de 1896, proponiendo la modificación de la citada de 1885, sometida a la deliberación y aprobación de las Cortes, se pueden ver las razones que aconsejaron la indicada modificación. Se hacen notar las deficiencias de que adolece la ley anterior, advertidas en la práctica desde lejano tiempo; y que han resultado más evidentes durante los últimos años en que ha regido, haciéndose sentir, por la gravedad de las circunstancias, la imperiosa necesidad de poner remedio a ciertos abusos denunciados por las familias, las sociedades y la prensa, que no podían evitarse a pesar del celo que ha querido demostrar el Gobierno y los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley, porque los abusos y inmoralidades que se prestaban, tenían su origen en algunos preceptos de la misma. Se propusieron, pues, aquellas modificaciones que la moral y la opinión pública reclamaban de conjunto, adoptando desde luego algunas de las disposiciones contenidas en el proyecto mencionado; y en su consecuencia, se encomienda por la nueva ley a las nuevas Juntas, creadas con el nombre de Comisiones mixtas de reclutamiento, las facultades conferidas por la anterior a los Comisionados provinciales, sin otras alteraciones que las que son consecuencia lógica de la restricción que se da a los Ayuntamientos; y para robustecer la acción de aquéllas dentro de la amplia esfera en que se las coloca, se les conceden mayores y más directos medios de una escrupulosa investigación, encaminados a hacer que desaparezcan los males denunciados, sin obstáculos ni entorpecimientos alguno. Sin embargo, en la forma que se han organizado las referidas Comisiones mixtas, se han venido a militarizar casi por completo las operaciones del reclutamiento y reemplazo del Ejército, sin ninguna clase de duda, con marcada preferencia en favor de una clase privilegiada; pues se introduce la fiscalización del elemento militar en todos, absolutamente todos los asuntos, incidencias y diversidad de operaciones propias del reemplazo, sin sujeción a plazos y demás formalidades a las que se obliga a las demás clases; operaciones que, antes de la nueva ley, eran de la exclusiva competencia y potestad de la representación del pueblo en el orden político: con estos radicales cambios potestativos, no se sabe por qué decir ni puntéan. que se ha deprimido, menoscabado y puesto en mal lugar, la mayoría de las corporaciones, tanto municipales como provinciales -que, celosas de sus más sagrados deberes y buen nombre, aplicaban con estricta justicia los preceptos legales. También advertimos en el estudio de las radicales reformas de la ley de Reemplazos que nos ocupa, que, dada la desconfianza infundada, se entiende de un modo general y absoluto, es decir, sin hacer distinciones y sin corregir los abusos denunciados en contra del procedimiento seguido por alguna Comisión provincial, se ha llegado al extremo de hacer formar parte de las Comisiones mixtas de reclutamiento, como vocales de las mismas, a los coroneles de las zonas militares de reclutamiento, y a sus segundos jefes; resultando que, con la introducción de este personal, tan competente e imparcial como se le quiera suponer, se viola el principio general de derecho de que, en una misma persona o entidad, por razones que estén al alcance de cualquier individuo medianamente ilustrado, no le es permitido ser parte y juez en una misma causa o cuestión. Aún con el firme propósito de ser imparciales y de estar decididos a ocuparse sin preferencias de todos los expedientes, asuntos y demás cuestiones en que están obligadas a entender las Comisiones mixtas de reclutamiento, olvidando acaso tales propósitos los Jefes de las zonas, mientras estén ejerciendo simultáneamente los cargos de vocales de aquéllas, y los de primeros y segundos Jefes de las citadas zonas de reclutamiento, a nadie se pueden ocultar las probabilidades que puede haber de que flaqueen en aquellos propósitos formados, para demostrar algún interés, siquiera en el preferente y pronto despacho de aquellos asuntos, que más directamente estén relacionados con las zonas de reclutamiento; y dado el caso de que todos los vocales de esta Junta, no estén de común acuerdo, siempre les queda a los vocales militares, el medio seguro de conseguir sus deseos por mayoría de votos, pues el elemento militar es siempre el más fuerte. Lo justo y razonable, pues, sería que los dos elementos estuviesen representados por mitad; y de este modo, no habría motivos para que el más escrupuloso sospechara, ni remotamente, de ninguno de los actos de estas Juntas. Desde luego, convencidos estamos que se ha obrado con toda imparcialidad y justicia, y si de esto nos hemos ocupado, ha sido con objeto de llamar la atención sobre la conveniencia de que desaparezcan las más remotas sospechas, igualando al efecto el número de vocales entre los elementos civil y militar; y que los miembros pertenecientes a la última clase, no estuvieran tan directamente relacionados con las zonas de reclutamiento, para de este modo poder obrar no solamente con más independencia, sino también para que fuera respetado el principio de derecho antes indicado. Los antagonismos que acaso hayan existido o puedan existir entre los vocales de distintas procedencias de las Comisiones mixtas de reclutamiento, hay probabilidades para creer que se extienden, aún con mayor motivo, entre el personal heterogéneo de las Secretarías de dichas Comisiones. Hemos tenido ocasión de leer algunos artículos publicados en varios periódicos, en los que se hacen resaltar y patentizan con vivos colores, las antipatías creadas en algunas provincias, entre el personal nombrado por el elemento civil, con destino a dichas Secretarías y los Oficiales mayores, de la clase de Jefes del Ejército, que, como Jefes a la vez del personal de la Oficina mixta y revestidos de un cargo de confianza que la ley les concede, con depresión y mengua manifiestos de los probos y antiguos empleados de las Diputaciones provinciales, si no se han impuesto o mostrado severos en el comienzo del ejercicio de sus nuevas funciones, por necesitar del auxilio del personal puesto a sus órdenes, aún suponiéndoles con una ilustración esmerada, es de suponer que en las provincias aludidas habrán hecho sentir más tarde la presión consiguiente a la autoridad de que se les ha revestido; y no nos causaría extrañeza ni impresión ninguna que obedezcan tal vez a esta causa, los cambios de Oficiales mayores que han tenido lugar en algunas Comisiones mixtas de reclutamiento; con lo cual tampoco ganan nada el servicio público, ni todos los interesados en el pronto despacho de los asuntos encomendados a estas Oficinas. Hemos de hacer constar, sin embargo, con objeto de no herir susceptibilidades, que en esta y otras provincias, no se ha notado esa tirantez extrema entre el personal a que hemos aludido. más sagrados deberes. 16 EXPLICACIONES SOBRE LA Apoyados en estas consideraciones, sugeridas de la experiencia continuada de los hechos, abogamos por que las actuales instituciones -conocidas con el nombre de «Comisiones mixtas de reclutamiento» sean reformadas en el sentido que dejamos indicado. Pero, lo que resulta acertado, según nuestro criterio, fuera que el elemento civil se encargase de estas operaciones, Como antes de la nueva ley de 21 de Agosto de 1896; aunque corrigiendo con mano fuerte los abusos que alguna otra corporación cometiese, y de esta manera se encareciera el orden y moralidad que deben ser garantía para todos; por que esa mezcolanza de entidades, generalmente no es más que origen de un foco constante de rencillas y antipatías, sobre todo cuando uno de los elementos componentes tiene declarada en su favor como ya hemos dicho, la protección oficial. No falta quien ha tratado, pero no convenido, de probar que, con la creación de esos nuevos organismos intitulados «Comisiones mixtas de reclutamiento» se ha obtenido mejor resultado en el contingente de hombres declarados soldados para el Ejército; esta especie afirmada, si bien puede concederse por ser un hecho, ha sido perjudicando el derecho de muchos, pues patentes están los clamores de multitud de familias interesadas; los artículos de los periódicos de todos matices sin distinción, que, un día y otro día, no han cesado de poner el grito en el cielo contra las arbitrariedades cometidas; y sobre todo, ahí está esa LEY DE REEMPLAZOS DEL EJERCITO 17 colección de Reales órdenes, concediendo plazos, licencias y medios, dictados para subsanar los grandes perjuicios que, con el nuevo procedimiento, se han originado; llenando de consternación, dolor y luto a innumerables familias, para quienes no han servido las quejas, recursos y razones expuestas en demanda de justicia; y cuando se ha intentado poner remedio a ese clamor tan general, ha sido ya tarde para muchos desgraciados e infelices que, a sus familias en el estado más afligido y desesperante; sin provecho ninguno además para la Nación, siendo con tal triste motivo, doblemente sensible tanto sacrificio hecho. Preguntamos ahora ¿que se deduce de lo expuesto? Pues que la doctrina establecida y procedimiento puesto en práctica, no han sido los más acertados. Pero dejemos para otro trabajo que estamos escribiendo, más propio de cuestiones polémicas que el presente, el tratar con más pormenores y otros detalles los conceptos apuntados. Sancionada y en todo su vigor está la nueva ley; y a ella, por consiguiente, debemos ajustarnos y someternos a sus preceptos; así pues, a ocuparnos de las. II 18 EXPLICACIONES SOBRE LA Adiciones y modificaciones más importantes, Introducidas en la ley de 11 de Julio de 1885 por la de 21 de Agosto de 1896. En primer lugar y como medio de fiscalización y una escrupulosa investigación, a partir de las primeras operaciones que se efectúan en todos los Ayuntamientos de los pueblos de España, se faculta a la Autoridad militar, de acuerdo con la civil, para el nombramiento de Oficiales del Ejército que, en clase de delegados de dicha Autoridad militar, puedan, concurrir a la formación del alistamiento, a los actos sucesivos de la declaración y clasificación de soldados y consiguiente sorteo de mozos, sujetando a aquellos a las mismas responsabilidades a que siempre estaban y han estado sujetos los concejales y individuos del Ayuntamiento; se alteran las fechas en todas las operaciones del reemplazo; se introduce el sorteo por los Ayuntamientos en los pueblos, en lugar de celebrarse en la capitalidad de la Zona de reclutamiento, como antes se hacía; repartimiento del contingente, del total de mozos declarados soldados en cada zona, con arreglo a los preceptos de la ley de 1878, considerando soldados para el repartimiento a todos los reclutas que, en el día señalado para la distribución del contingente, tengan recurso pendiente de resolución ante el Gobierno, o no se hayan fallado los expedientes por falta de los certificados de existencia de los hermanos que sirven en las filas del Ejército por su suerte; distribución del cupé para Ultramar; reconocimiento de todos los MOZOS ante los Ayuntamientos en el acto de su clasificación y declaración, aunque no aleguen enfermedad ni detecto físico; auto- Ley de Reemplazos del Ejército. Surgición y los mozos para poder ser tallados y reconocidos en el punto de su residencia, si bien quedando obligados a presentarse ante la Comisión mixta, si resultasen cortos de talla inútiles para el servicio militar, bastando, en caso de alegar excepción por causa de familia, con ser representados en debida forma en el pueblo de su alistamiento; derogación de los artículos 31 y 100 de la ley de 11 de Julio de 1885, referente a prófugos, denunciados o presos. que, aunque sin ninguna duda fueron inspirados en el recto y laudable sentido de moralizar el cumplimiento de la ley, eran un semillero continuo o permanente de negocios y tratos desmoralizadores, produciendo en consecuencia resultados contraproducentes, por que estudiada y bien comprendida por los especuladores de oficio, la manera de obtener ilegalmente ciertas ventajas, encontraban un recurso constante para lesionar los intereses del Estado, de tal modo, que se producían con harta frecuencia justificadas quejas de las Autoridades militares de los distritos, de las Corporaciones civiles de la prensa de todos los matices y hasta de los mismos particulares, afectados de ellos víctimas de las componendas y engaños, resueltos de aparente legalidad por los timadores o especuladores, a los que antes hemos aludido, en esta clase de negocios; revisión, por el Ministerio de Fomento, de los expedientes de fincas rurales beneficiadas por la ley de 3 de Junio de 1868, exceptuando las confirmadas por el Ministerio de Hacienda a la promulgación de la ley, a virtud de lo mandado en la de diez y ocho de Junio de 1885 y reglamento de 30 de Septiembre del propio año, declarando caducadas aquellas que no se ajusten extrictamente a los términos legales, y no alcanzando el beneficio otorgado a los colonos si no está confirmada la concesión por el Ministerio de Fomento, con posterioridad a la ley de 21 de Agosto de 1896; revisión de todos los expedientes de excepción legal de los Mozanos, lo mismo del reemplazo corriente que de los tres anteriores, así como, imponiendo la obligación de presentarse ante las Comisiones mixtas, para ser tallados y reconocidos, los mozos que, en el acto de la clasificación y declaración de soldados, hayan sido considerados por los Ayuntamientos, excluidos total o temporalmente del servicio militar, obligando también a los padres, hermanos y demás personas causantes de la excepción de los mozos, a su presentación ante la misma Junta, para comprobarse las alegaciones formuladas con respecto a su impedimento para el trabajo; reducción a 45 días, con máximo, el plazo de tres meses antes señalado para la declaración de excepciones del servicio por causa de inutilidad física; facultad para elegir las excepciones que ocurran a los reclutas y soldados que presten el servicio activo en las filas del Ejército; devolución por el Ministerio de la Guerra, del importe de las redenciones en metálico del servicio de guarnición en los cuerpos armados; amortización al Gobierno para el nombramiento de Comisarios regios, para la inspección de todas las operaciones relativas al reclutamiento y reemplazo, así las encomendadas a las corporaciones municipales y provinciales, como a las Comisiones mixtas de reclutamiento; y disponiendo la asistencia de un consejero del Supremo de Guerra y Marina, con voz y voto, al Consejo de Estado, para las vistas de los recursos entablados contra las propias Comisiones mixtas. Por fin, con arreglo a los nuevos preceptos de la ley, se publicó el. Estas son las adiciones y modificaciones más culminantes que, según nuestro modo de ver, se han introducido en la nueva legislación de Reclutamiento y reemplazo del Ejército, tratadas en términos generales; creyéndonos dispensados de entrar en otros pormenores y detalles que pueden leerse en el texto legal y reglamento para su ejecución, completándolas, las disposiciones oficiales publicadas hasta la fecha, las que forman un conjunto de doctrina legal bastante completo para hacer una exacta y regular aplicación de la ley. Observaciones y cumplimiento de la ley en esta provincia, en los años de 1897 y 1898. En esta provincia se ha notado, como de suponer es, con fundamento, se habrían también experimentado en las demás provincias de España, diversidad de pareceres encontrados e interpretaciones erróneas, como es natural en toda obra nueva, por parte de los Ayuntamientos y sus Secretarios y hasta de las Comisiones mixtas de reclutamiento; entre cuyas corporaciones y Juntas, ha habido grande disparidad de criterios en muchos puntos de los que trata la ley de reformas y sobre todo la reformada, siendo una prueba evidente de este aserto, lo dado en la falta de previsión y cumplimiento de los preceptos legales, la multitud de disposiciones ministeriales que ha habido necesidad de publicar para el esclarecimiento de los puntos dudosos, desde la promulgación de la primera, las cuales, forman la sección de jurisprudencia, introducida en la tercera parte del presente trabajo: no es esto de extrañar, en los dos primeros años que ha regido y tenido aplicación la ley; habiendo estas dudas muy fundadas en su interpretación, y originadas en las contradicciones y deficiencias notadas, sido causa del entorpecimiento de la buena marcha que en otro caso se hubiera seguido; de esto es también prueba evidente, como cualquiera puede de ello convencerse, y ya hemos apuntado, al enterarse de las muchas disposiciones que acabamos de señalar, dictadas precisamente para dejar aclarado el texto legal; sin embargo, puede tenerse la convicción, sin temer de equivocarnos, que se ha obrado de buena fe, y con el firme propósito de corregir en adelante los yerros involuntarios e interpretaciones equivocadas en que se haya incurrido. Dice el texto legal en su art. 93 que los mozos, en el acto de la clasificación y declaración de saldados, serán llamados por el orden de los números del alistamiento, del sorteo, tal vez se habrá querido decir, puesto que habiéndose ya practicado éste en el mes anterior, y siendo el número obtenido en el sorteo el que fija definitivamente en su origen la situación en que deben quedar los MOZOS, es el que tiene mayor y verdadera importancia, sin que del número del alistamiento se derive consecuencia ninguna que pueda afectar a los MOZOS. Necesario es, pues, que en las copias certificadas de las actos de clasificación y declaración de soldados se consigne el número correlativo del sorteo y no el del alistamiento. Sin embargo, aunque hemos hecho la salvedad de que el art. 93 de la ley, habría tal vez querido decir que los mozos sean llamados, por el orden de los números del sorteo, reconemos que puede en este punto tener exacta aplicación lo previsto en el texto legal; aunque esta formalidad, según nuestro criterio, no tenga capital importancia; porque, aunque aquéllos sean llamados por el número de orden del alistamiento, ha de procurarse sin faltar tampoco a la ley, dar toda clase de facilidades a las operaciones subsiguientes que han de practicarse en las Comisiones mixtas de reclutamiento, en provecho de los mismos Ayuntamientos y de los interesados en el reemplazo: por esto hemos manifestado, que en las actas de clasificación y declaración de soldados y sus copias certificadas, que se remiten a las Comisiones mixtas de reclutamiento, se mencione a los mozos por el número de Orden que hayan obtenido en el sorteo anual. Se parte de un grave error al declarar pendientes de reconocimiento a los mozos que, según el art. 97 de la ley, deben ser declarados excluidos total o temporalmente del servicio militar, por tener algún defecto físico o enfermedad, comprendidos en el cuadro de exenciones por causa de inutilidad para el servicio en el Ejército y en la Armada; en este caso, el Ayuntamiento es el responsable por la mala clasificación hecha, de los perjuicios que se ocasionan a los mozos, perjuicios que pueden ser hasta irremediables o al menos de difícil reparación, en el caso de que se declare a dichos mozos soldados; y que, por la confianza o creencia equivocada de que han de ser reconocidos ante la Comisión mixta, no apelan del fallo declarándoles tales soldados; deben tener, pues, muy presente los Ayuntamientos que los mozos que alegan padecer algún defecto o enfermedad y resulten tenerla en el acto de reconocimiento practicado por los médicos titulares de los pueblos, deben ser declarados excluidos total o temporalmente. pues en otro caso el Ayuntamiento es el obligado a pagar a los médicos de la Comisión mixta los honorarios que le da la ley; esto, aparte de la responsabilidad en que puede incurrir por infringir los preceptos de la propia ley. Una cosa parecida sucede con los expedientes justificativos de excepciones legales. La ley, en sus artículos 91 y 97 y el Reglamento para su ejecución, en el 83 y 136, están redactados de forma muy terminante y clara, con respecto a la obligación que se impone a los Ayuntamientos de que el día 31 de Marzo, a más tarde, tengan fallados sin dejar el punto de la decisión de la Comisión mixta, todos los expedientes de los municipales que hayan alegado algún motivo de exclusión o excepción del servicio militar, incurriendo en el máximo de la multa que determina la ley Municipal, a aquellos Ayuntamientos que, por cualquier causa, hubiesen dejado de resolver los expedientes en el expresado día, sin perjuicio de las demás responsabilidades que proceda exigirles. Sin embargo, de esta claridad y apercibimiento, por la falta en cumplir los preceptos legales, son en buen número los Ayuntamientos que fallan los expedientes instruidos y fundados en causas de familia, en forma condicional y poco precisa, reservando la resolución de los mismos a la Comisión mixta; cuando no aperciben de cierta oscuridad y conlusiones que hace resaltar de una manera lamentable la ignorancia o el poco celo y cuidado de los obligados a intervenir en un asunto de tan alta importancia y trascendencia, origen de graves perjuicios y responsabilidades, que la Ley ordena se exijan por los superiores jerárquicos. Precisa pues, que las Corporaciones municipales y sus Secretarios se penetren bien de sus deberes y sean incansables en estudiar este ramo de la legislación que afecta tan intimamente a todas las clases de la sociedad. No menos censurable es la actitud y demora demostrada por algunos Ayuntamientos, en la remisión de dichos expedientes a la Secretaría de la Comisión mixta para la revisión obligada que prescribe la ley; habiendo este descuido, no creyendo que haya existido mala fe, ocasionado males de consideración a algunos interesados que, reuniendo en las fechas fijadas por los preceptos de la misma ley, las circunstancias necesarias para poder ser exceptuados del servicio de las armas; y habiéndose en todas las condiciones legales, no han podido ser resueltos sus expedientes por la Comisión mixta, a pesar de los esfuerzos hechos en salvar estos inconvenientes notados, la cual, a su vez, debe imprescindiblemente fijar la situación definitiva de los mozos del reemplazo corriente y los procedentes de los tres anteriores de revisión, lo más tarde, el día 30 de Junio de cada año, en que termina el juicio de exenciones ante la misma, conforme dispone el ya citado art. 136 del Reglamento para la ejecución de la mencionada ley. Hemos dicho, que la nueva ley de reemplazos obliga a que las excepciones llamadas legales, o sea las concedidas a los mozos en beneficio de sus familias, de las cuales trata el capítulo 87 de la ley en sus once casos diferentes, se revisen en los tres años siguientes al del reemplazo a que los mozos pertenecen; y como se previene que la tramitación que se ha de seguir en los años de revisión ha de ser la misma que se establece para los mozos del reemplazo corriente, las Comisiones mixtas de reclutamiento se han atemperado en el particular, a un criterio tan cerrado y riguroso que, según tenemos entendido, se ha sujetado la prueba del impedimento para trabajar, de los padres y hermanos de los mozos exceptuados de años anteriores, a las mismas formalidades y procedimientos que han de someterse los sorteados que, por primera vez, tienen necesidad de justificar dicha circunstancia. Con respecto a este punto se consultó oportunamente a la superioridad, según luego hemos sabido, si podrían prescindirse de obligar al reconocimiento en los años posteriores al del reemplazo de los mozos declarados soldados condicionales, a las personas conceptuadas impedidas causantes de aquellas excepciones, haciéndole notar que convendría que se fijase un criterio claro y fijo que sirviese de punto de partida; pero como no fueron oportunamente resueltas las consultas formuladas, se dio y se ha seguido dando la ley y su reglamento una aplicación en extremo restrictiva, que más tarde ha sido confirmada por varias reales órdenes, contraria a los intereses de las personas que lo tenían en justificación el derecho de los excepcionantes, así como de las corporaciones obligadas a satisfacer los gastos consiguientes; esto, aparte del impróvido trabajo de los llamados a intervenir directa o indirectamente en las operaciones propias del reemplazo. Según nuestro modo de ver, el legislador en este particular, para salvar las dificultades que ha creído ver y hasta para corregir algunos abusos descubiertos, cometidos por alguna que otra Corporación, no corregidos con escrupulosa rectitud por parte de los Gobiernos anteriores, que al fin y al cabo, esto hubiera sido lo más acertado y racional, sin herir el amor propio de ninguna entidad o persona determinada, ni menoscabar el derecho de la mayoría de las personas y centros que entendían en este ramo de la Administración; y cumplían con toda rectitud y conciencia sus respectivos deberes, sin apartarse de los derroteros marcados por la ley, como decimos, el legislador para cortar los abusos cometidos, ha dado en el extremo puesto, consiguiendo con el procedimiento seguido un resultado contraproducente, puesto que, al obligar a los padres y hermanos reconocidos de los mozos, declarados impedidos para el trabajo en el primer año, a sufrir nuevo reconocimiento en los años sucesivos de revisión, se ha dado el caso extravagante y chocante en extremo, que aquellos mismos padres y hermanos conceptuados aptos para trabajar hayan sido, precisamente por los mismos médicos que los reconocieron en años anteriores, cuando aún funcionaban las Comisiones provinciales, conceptuados aptos o viceversa. Que algunas enfermedades o defectos físicos sean susceptibles de curación, no lo negamos, aún sin pertenecer a la distinguida clase médica, ni habernos tan siquiera dedicado como aficionados al estudio de la Medicina; pero que se sujete a este procedimiento de una manera tan absoluta, sin distinción de ningún género, a todos en general, no lo comprendemos, ni atinamos el porqué de tanto rigorismo y formalidades, que no conducen a otro fin que ocasionar molestias y perjuicios de gran consideración, aparte de los gastos que representan ese sinnúmero de reconocimientos. Cuando se trata de una enfermedad crónica y que, aún sin este carácter no haya oposición de la parte contraria, una vez declarado el impedimento de la persona causante de la excepción alegada, no debería aquella ser sometida a reconocimiento posterior en los años sucesivos de revisión, evitándose de este modo, aparte de las molestias consiguientes, los gastos de consideración no sólo a los mismos, sino también a las corporaciones provinciales; sobre todo teniendo en cuenta que si el impedimento tuviese existir, no habría de faltar quién apelase del fallo dictado por el Ayuntamiento en el expediente respectivo: creemos, pues, que huelga este lujo de tramitación y formalidades, cuando el derecho de fiscalización por parte de las autoridades, y el de apelación por lo que respecta a los interesados, está reconocido, expedido y apoyado por los mismos preceptos de la ley. Escrito las precedentes líneas, hemos visto en la GACETA del día 19 de Agosto último, la real orden del Ministerio de la Gobernación, de fecha once del propio mes, dictada a consecuencia de las observaciones formuladas por la Comisión mixta de reclutamiento de Zaragoza, relativas a la tramitación de expedientes en solicitud de exención del servicio militar motivada por imposibilidad física de los padres, abuelos o personas de los mozos sorteados. Remitido el informe de la Sección de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, el oficio de aquella Comisión mixta, la Sección de aquel alto Cuerpo ha encontrado atinadas las consideraciones de la propia Comisión, encaminadas a evidenciar la necesidad de que se dicte una resolución de carácter general, para la mejor interpretación de los arts. 32 EXPLICACIONES SOBRE LA -Chicles un número tan reducido, que pocas, muy pocas serän las personas que, por tener la desgracia de tenerlos ó padecerlas, se hallen exceptuadas de compnrecer ä reconocimiento. en los anos sucesivos de revisión que la ley y su reglamento prescriben, ante las Comisiones mixtas de reclutamiento. Sin embargo, se ha dado ya el primer paso, -y no sera tan difícil convencerse mäs tarde, • de la necesidad de ampliar estas concesiones •en favor de otras personas desgraciadamente atacadas de otros defectos ó enfermedades que, • sin estar comprendidos en los cuatro números citHdos, sean objeto de la excepción estableci-da por la mencionada real órden, ä causa de las indicaciones que hemos hecho anterior'mente; y esto, sin perjuicio ninguno para los intereses del Ejército, los cuales, asi como los -de los mismos interesados, pueden quedar plenamente garantizados. • * Algunos casos se han presentado entre todos lbs pueblos de la provincia de mozcs que, yä Por estar sirviendo como voluntarios en las filas del Ejercita, ya por haber sido sentencia-dos ä sufrir condena en algún establecimiento penal, no pueden presentarse al acto de la elasificoción y declaración de soldados. En los mencionados casos, la mayor parte de los Ayuntamientos se limitan ä consignar .en el acta correspondiente que aquelios mozos, según indicación hecha por sus padres, parientes (5 encargados, etc., están en el caso -éxpresado, sin cuidarse aquellas corporiteio- LEY DE REEMPLAZOS DEL EJERCITO 33 nes de practicar las diligencias nesesarias para la comprobazión de las manifestaciones hechas, creyéndose que por no tener facultades, compete sola y exclusivamente ä la Comisión mixta el esclarecimiento de dichas indicaciones. No están en esto acertados los Ayuntamientos porque, no solamente es de la exclusiva competencia de la Comisión mixta, el averiguar si son o no verdaderas las manifestaciones que se hagan con respecto al estado de los mozos, en el acto de la clasificación y declaración de soldados; sino que las Corporaciones municipales pueden y deben, con arreglo a los preceptos de la ley, a fin de fijar la verdadera situación que corresponde a los mozos en cuestión, dirigirse a los Jefes de los Cuerpos del Ejército en donde presten sus servicios los voluntarios; o a los directores del penal respectivo, donde sufran condena los sentenciados por alguno de los delitos marcados en la ley, con objeto de cerciorarse de la exactitud de las indicaciones expuestas y aplicar, o hacer en vista del contenido de los certificados que se reciban, las declaraciones consiguientes, sin dejar el punto a la decisión de la Comisión mixta, haciendo constar, cuando por falta de tiempo haya precisión de fallar sin aquellos documentos, que se han practicado las debidas diligencias, sin dejar tampoco de consignar cuantos detalles se hayan podido adquirir, o sea el Arma y Cuerpo del Ejército, unidad; de su residencia, fecha desde la cual sirve en el mismo como voluntario; el establecimiento penal y fecha en que en él tuvo ingreso como condenado, delito cometido y años porque fue sentenciado; y cuantos pormenores y circunstancias sea posible precisar para resolver con todo acierto y extricta justicia, acerca de la verdadera situación que corresponde a los mozos que se encuentren en alguno de los casos de que nos estamos ocupando. Tienen también los Alcaldes el deber de remitir certificaciones, expedidas en forma legal, a la Comisión mixta, en las que se haga constar que han sido notificados los acuerdos tomados por la misma y todos los interesados; pues de lo contrario, incurren los Ayuntamientos y los Alcaldes respectivos, en el máximo de la multa que autoriza la ley municipal. Preciso es pues, que se cumpla este precepto de la ley de Beneficios en su art. 127, si no quiere la autoridad local, que al mismo faltan, verse expuesta a sufrir las consiguientes consecuencias. De paso hemos de advertir, que tanto estas certificaciones, como las demás que han de remitirse a la Comisión mixta respectiva, ya con referencia al alistamiento, su rectificación declaración de soldados; ó al fallo recaldo en los expedientes de prófugos, lo mismo que: los expedientes justificativos de las excepciones legales de los mozos, deben reintegrarse en papel de oficio con los recargos recientemente dispuestos por el Gobierno, sin perjuicio de mayor reintegro en los casos en que así proceda conforme a los preceptos legales. Necesario ha sido también insistir uno y otro día, por medio de circulares y especiales avisos y advertencias, para llamar la atención de los Ayuntamientos y Alcaldes acerca de la incuria de algunos de estas autoridades, en la remisión de certificados comprensivos de la declaración dictada en los expedientes de prófugos, instruidos ó que debieron instruirse oportunamente a los mozos que, sin causa justificada ó excuso legal, dejaron de presentarse en el acto de la clasificación y declaración de soldados, con el fin de evitar a los individuos de las Corporaciones municipales y a sus Secretarios, la responsabilidad a la que se refiere el art. 110 de la ley, pues por cada caso de omisión en la instrucción y fallo de dichos expedientes, debe la Comisión mixta imponer una multa de 50 a 200 pesetas, cuya cuarta parte corresponde satisfacer al Secretario. Claro es que, aun instruidos los oportunos expedientes dentro del plazo legal, si los acuerdos recaídos en los mismos no se comunican a la Comisión mixta, no teniendo ésta conocimiento de tales resoluciones, no puede por menos que aplicar aquel precepto de la ley; y una vez impuesta la multa, no dejarán de presentarse dificultades para relevar de ella a los que incurran en esta sanción penal. En esto la nueva ley ha sido muy fecunda y rigurosa, por cuyo motivo debe ponerse un especializado cuidado, en no incurrir en esta y otras responsabilidades, aun de más trascendencia, puesto que con respecto a multas impuestas, necesariamente han de ser hechas efectivas; pues de lo contrario, la responsabilidad recae sobre la Autoridad llamada y obligada a exigirla. En honor de la verdad sea dicho, han sido muy pocos los casos en que ha habido precisión de aplicar la sanción penal de la ley, para que sus preceptos hayan tenido puntual y debido cumplimiento; y en estos contados casos, más bien ha sido por temeridad manifiesta, que por negligencia ó erróneas interpretaciones punibles. Acerca de otro punto debemos también ocuparnos, con el laudable propósito encaminado a que los Ayuntamientos no incurran en responsabilidad; y no sean al propio tiempo causantes de perjuicios de consideración a los interesados que, por las prescripciones de la ley, vienen obligados a comparecer ante la Comisión mixta. El deber de las Corporaciones municipales en este particular, según los preceptos de la propia ley y su reglamento, es el de nombrar comisionados en debida forma, que sean precisamente vecinos del pueblo y no tengan interés en el reemplazo, para la presentación de los interesados ante la Comisión mixta y la consiguiente identificación de sus personas; pues, de lo contrario, no pueden ser aquellos admitidos para practicar en ellos las operaciones a que deben sujetarse con perjuicio de los mismos, por tener que esperar en la capital otro día habil para efectuar dichas operaciones, si es que no se deciden por regresar a sus casas y volver con el comisionado que ha de acompañarles y presentarlos indispensablemente otro día, si tienen interés en comprobar las alegaciones hechas. Ténganlo, pues, muy presente los Ayuntamientos, a fin de evitarse responsabilidades y reclamaciones muy atendibles y fundadas de los perjudicados. En los dos años transcurridos, y de cuyas operaciones tratarnos, han sido innumerables las consultas formuladas y sometidas por los alcaldes y demás autoridades a la resolución de la Comisión mixta. Las dudas consultadas, aunque pocas, han tenido algún fundamento legal y justificado; pero las más de las veces no obedecen a otra causa que al descuido o negligencia por parte de algunas autoridades locales, en leer con atención y enterarse con cuidado de los preceptos legales; y aun a la confianza de que la Superioridad ya dará instrucciones para facilitar el cumplimiento de la ley. En efecto, la Comisión mixta no ha sido perezosa en esta parte, ni ha perdonado medio alguno para que los Ayuntamientos pudiesen con cuantas seguridades sean apetecibles, obrar con aplomo y confianza, dictando para ello un buen número de circulares, publicadas en el Boletín Oficial de la provincia; pero son muchas las cuestiones y asuntos consultados, acerca de los cuales ya fija la ley y disposiciones ministeriales, el camino y tramite que se ha de seguir y que, siendo de la exclusiva competencia de los Ayuntamientos, como tribuna a las que son de primera instancia en esta materia, no procede legalmente formularse la consulta, sin perjuicio de los mismos interesados a quienes, con tal procedimiento, se les anula la segunda instancia, por cuanto, resolviendo el superior jerárquico el punto sometido a consulta, se prejuzga la cuestión objeto de la misma, la cual debe resolver el Ayuntamiento legalmente facultado para ello; esto, aparte de que, las consultas a la Superioridad están prohibidas por lo general, como queda establecido por la jurisprudencia sentada, y como se comprende perfectamente por la simple razón natural y teniendo además presente las consideraciones que se acaban de exponer. Otros detalles podríamos continuar exponiendo, aclarándolos convenientemente; pero como al final de este trabajo, darnos un extracto suficientemente detallado de todas las disposiciones oficiales publicadas por los Ministerios de la Guerra y Gobernación y otros centros, nos excusamos de hacerlo y al lugar indicado nos referimos. No queremos, sin embargo, terminar esta primera parte, sin hacer saber a conocer uno de los asuntos más capitales que forma, digamoslo así, el nervio más importante de la ley de Reemplazos y reglamento para su ejecución, por lo que respecta al interés de las familias en exceptuar del servicio militar activo a los mozos, por hallarse comprendidos en alguno de los casos que comprende el art. 87 de la citada ley, con el cual están más directamente relacionados los artículos 88 y siguientes del capítulo IX de la misma; y el 62 y los que le siguen, en el capítulo V del reglamento para la ejecución de aquella. Al efecto; y con el propósito de facilitar a los interesados, autoridades locales y sus Secretaría, 40 EXPLICACIÓN SOBRE LA Respecto al extremo 1°, la ley señala taxativemente las circunstancias que han de concurrir para que el hijo sea considerado único. Existe esta condición cuando al padre no se le conoce otros hijos por no tenerlos, pero también concurre, si, teniendo, se encuentran comprendidos en alguna de las siguientes reglas: PRIMERA. Que sean menores de 17 años cumplidos. Esta circunstancia puede y debe acreditarse con certificaciones de nacimiento de los menores, expedidas por el Juzgado municipal con referencia al Registro civil; y además por medio de afirmación testifical practicada ante el Alcalde en la forma establecida en los artículos 62 y 63 del reglamento para la ejecución de la ley. SEGUNDA. Que se encuentren impedidos para trabajar. Este particular se acreditará con certificación facultativa o mediante reconocimiento que practique el médico titular del Ayuntamiento en el acto de la clasificación y declaración de soldados, consignándose en acta su dictamen y uniéndose al expediente la certificación original. Si el impedimento fuese público y en el convienen todos los interesados y también el Ayuntamiento, parece innecesaria esta justificación; pero en este caso ha de hacerse constar en acta por si juzgase la Comisión mixta sujeto a reconocimiento ante la misma, que es precisamente lo que prevén la ley. TERCERA. Que sean soldados que en los Cuerpos armados del Ejército cubran plaza que les haya tocado en suerte. Por lo que respecta a esta prueba, véase lo que decimos en la excepción décima y aplíquese a este particular. CUARTA. Que los demás hijos, sean penados que extinguen una condena de cadena reclusión o la de presidio o prisión que no pueda de seis años. Como se comprende, este particular se acredita mediante certificación expedida por el Director del Establecimiento penal, en que se encuentre el encarcelado, justificando su existencia y la duración de la pena que le fue impuesta. QUINTA. Que sean viudos con uno o más hijos, o casados que no puedan mantener al padre. Quedan justificados estos extremos, acompañando la certificación de viudez o de matrimonio: en el primer caso hay que acreditar también, por medio del oportuno certificado, que el viudo tiene uno o más hijos. En la información testimonial debe demostrarse además el estado de fortuna de los hermanos del mozo casado o viudo, uniendo no obstante certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento, en la que conste la contribución que por todos conceptos satisfacen al Tesoro. SEXTA. Que sea reputado muerto el hijo por haberse ausentado por espacio de más de diez años consecutivos y cuyo paradero se ignora desde entonces, a juicio del Ayuntamiento o de la Comisión mixta. Aquí no cabe otra prueba que la de testigos imparciales que declaren a tenor del interrorizador que se formule al efecto, debiéndose acreditar además, que se han practicado las posibles diligencias en averiguación del paradero del ausente, pues de omitirse este importante y indispensable extremo, la excepción no es probable que prospere. SÉPTIMA. Religiosos profesos. Por R. O. de 30 de Noviembre de 1897 se declaran comprendidos, a los efectos de la unicidad, en la regla 1. del art. 88 de la Ley, los hermanos de los exclucentes, que pertenezcan a alguna orden autorizada, como religiosos profesos, y hayan hecho voto de pobreza. Este extremo quedará plenamente justificado mediante certificación librada por el Superior de la Congregación u orden religiosa a la que pertenezca el hermano del mozo que trate de exceptuarse. Hemos examinado los casos que pueden presentarse para acreditar, cuando reunan los requisitos la calidad de únicos a los efectos de la ley, pasando a examinar los requisitos esenciales que deben probarse por lo que respecta al extremo 2.° Se ha indicado que el padre sea pobre y además impedido o sexagenario. Será este considerado pobre, aún cuando posea algunos bienes, si privado del auxilio del hijo que deba ingresar en las filas del Ejército, no pueda proporcionarse con el producto de dichos bienes los medios necesarios para su subsistencia y la de los hijos y nietos menores de 17 años cumplido que de él dependan. No puede fijarse de un modo absoluto e invariable la renta para calificar la pobreza, pues depende de muy diferentes circunstancias especiales de las personas y localidades; y porque son distintos en cada provincia, y a veces en cada pueblo, los precios de los artículos de primera necesidad, base indispensable para el señalado. Agregado de aquella: su apreciación queda por tanto confiada al prudente arbitrio de las Corporaciones que han de fallar en cada caso particular. Sin embargo, la tramitación para la ejecución de la ley establece como regla general para que sirva de norma, que se considere pobre a toda persona que gane un jornal de 75 céntimos de peseta diarios, debiendo añadirse 25 céntimos más para cada una de las personas de su familia. La prueba referente a este extremo que ha de aportarse al expediente estará reducida a acompañar certificación del amillaramiento expedida por el Secretario, o en otro caso, a la tasación pericial. La ley y su reglamento conceden preferencia a la prueba documental sobre la de testigos y tiene esto su explicación racional, por ello creemos que la primera es más fehaciente que la segunda; pero no dejamos de comprender que, interviniendo en esta los interesados en el reemplazo, a veces puede ser más eficaz y sobre todo, parece han de quedar estos más satisfechos, si se practica instancia de las partes y si a juicio de la Corporación que haya de resolver la considerase indispensable para dictar su fallo. Ademas de la valuación de utilidades, debe también hacerse constar en la certificación que se libre, la contribución que por las fincas amillaradas satisface el interesado, y siendo otras las rentas, el líquido que tengan reconocido. Por lo que toca a la condición relativa al impedimento del padre, se justificará por certificación que expida el Médico Cautivo, que se unirá al expediente, sin perjuicio de la obligación que impone la ley a los padres, hermanos y demás personas causantes de la excepción, de que comparezcan al juicio de exenciones ante la Comisión mixta para ser reconocido por los Médicos vocales de la misma. El undécimo requisito del extremo de que nos estamos ocupando es el referente a la edad y género del padre. Fácil es de comprender que estará justificado de un modo concluyente, uniendo al expediente una certificación de la partida de bautismo o nacimiento del interesado. El extremo 3.° que debe probarse es el de que el hijo mantiene a su padre. SEGUNDA EXCEPCIÓN Se refiere al hijo único que mantenga a su madre pobre, siendo esta viuda, o casada con persona también pobre y sexagenaria o impedida. EXPLICACIONES SOBRE LA Dos son las excepciones que aquí aparecen: 1.º Que la madre sea viuda. 2.º Que la misma esté casada con persona pobre y sexagenaria o impedida. Justificación en el primer caso. 1.º La condición de viuda de la madre, con certificación del Juzgado municipal. 2.º Que es pobre. Dicho estado ha de acreditarse. 3.º Que el hijo es único. También queda expuesto, si bien se ha de advertir que no concurrirá esta condición, si tiene hijos ilegitimos mayores de 17 años, no impedidos para trabajar. 4.º Que el hijo ayuda a mantener a la madre. Se acreditará en la forma anteriormente manifestada. Justificación en el segundo caso. Los particulares 2.º, 3.º y 4.º antes expuestos y además, la edad sexagenaria o impedimento y pobreza de la persona casada con la madre del mozo. La cualidad de hijo único no desaparecerá por cuanto el marido tenga hijos solteros mayores de 17 años procedentes de otro matrimonio. TERCERA EXCEPCIÓN Trata del hijo único que mantenga a su madre pobre, si el marido de ésta, pobre también, y se hallase sufriendo una condena que no haya de cumplir dentro de un año. Lo prueba es la misma que refieren los números 2.º, 3.º y 4.º de la segunda excepción y además la pobreza del marido de la madre, y que aquel sufre condena que no ha de extinguir dentro de un año. Esta última circunstancia ha de acreditarse con certificación del Director del penal en que esté el condenado. LEY DE REEMPLAZOS DEL EJERCITO 47 CUARTA EXCEPCIÓN Consiste en que el hijo sea uno solo y mantenga a su madre pobre, si su marido se halla ausente por más de diez años y ignore absolutamente su paradero durante ese tiempo, juicio del Ayuntamiento o de la Comisión mixta respectivamente. Prueba al caso referente. La señalada en el primer caso de la segunda excepción con los números 2, 3 y 4 y además información de testigos para acreditar la ausencia del marido por más de diez años y que se han practicado las posibles diligencias en averiguación de su paradero, teniendo muy presente la R. O. de 18 de Septiembre de 1897 y orden circular del Director general de Administración en el Ministerio de la Gobernación de fecha 25 de Febrero de 1898. 48 EXPLICACIONES SOBRE LA QUINTA EXCEPCIÓN Se refiere al expuesto que mantuvo a la persona que lo crió y educó, habiéndole conservado en su compañía desde la edad de tres años sin retribución alguna, siempre que en el concurran las circunstancias determinadas en los párrafos 1.° al 4.° del art. 87. Esta prueba puede variar según el caso en que se halle comprendida la excepción. Nos remitimos pues a los casos citados para que se justifiquen las circunstancias allí mencionadas. Hay que tener presente que también ha de acreditarse por medio de información de testigos, que el expuesto ha sido conservado en compañía de la persona que intente eximirle, desde la edad de tres años y que no ha recibido por ello retribución de ninguna clase: esta última circunstancia se ha de probar con certificación expedida por el Director del Establecimiento de que proceda el expuesto. SEXTA. EXCEPCION Se otorgará al hijo natural, reconocido en legal forma, que mantiene a su madre pobre que fuese soltera o viuda, habiéndole esta criado y educado como tal hijo. Asimismo, siendo casa-... LEY DE REEMPLAZOS DEL EJERCITO 49 da, el marido, también pobre, fuese sexagenario o impedido. Veamos lo que dice el Código civil con respecto a hijos naturales. El art. 119 del mismo los define, manifestando que son los nacidos fuera de matrimonio, de padres que al tiempo de la concepción de aquellos pudieran casarse con dispensa o sin ella; y añaden los artículos 129 al 132 que «el hijo natural puede ser reconocido por el padre y la madre conjuntamente, o por uno solo de ellos». Esta doctrina interpretada por la Real orden de 1.º de Febrero de 1892, ha venido a derogar la jurisprudencia seguida anteriormente, según la cual era necesario para los efectos de la ley de Reemplazos, que el reconocimiento de los hijos naturales se hiciera por ambos padres y no por uno sólo de ellos solamente, circunstancia que no podía acreditarse en muchos casos. Para que la excepción produzca, es ahora indispensable que se acredite en el expediente el reconocimiento del padre y de la madre, o de uno de ellos, ya sea en la acta de nacimiento, en testamento o en otro documento público ya notarial o bien judicial; debiendo presumirse que el hijo es natural si el que lo reconoce tiene capacidad legal para contraer matrimonio al tiempo de la concepción. También habrá de acreditarse que el hijo es único, que mantiene a la madre, que esta es pobre y que le ha criado y educado como tal hijo. Si fuese casada, se justificará así mismo la edad sexageneraria o el impedimento para el trabajo del marido, como que es pobre. SEPTIMA. EXCEPCION Es la que ha de aplicarse al nieto único que mantiene a su abuelo y abuela pobres, siendo aquel sexagenario o impedido y esta viuda. Esta excepción puede prosperar, si además de comprobarse las circunstancias expresadas, se justifica que el nieto sea huérfano de padre y madre, y haya sido criado y educado por el abuelo o abuela indicados. De lamentar es que la ley no sea lo suficientemente explícita respecto al último particular, pero la Orden de 12 de Marzo de 1886 le ha aclarado en sentido que debe resolverse por analogía con lo dispuesto respecto a la persona que cría y educa al expósito, esto es, que debe haberle conservado en su compañía desde la edad de tres años sin retribución alguna. Para que concurra la cualidad de nieto único es requisito indispensable que el abuelo y abuela no tengan otro hijo o nieto, o que teniendo alguno, reunan algunas de las circunstancias siguientes: 1.° Que mantienen a su padre pobre, siendo éste impedido o sexagenario. 2.° Que mantienen a su madre pobre, siendo esta viuda o casada con persona también sexagenaria o impedida. 3.° Que mantienen a su madre pobre, si el marido de ésta, pobre también se halla sufriendo una condena que no ha de cumplir dentro de un año. 4.° Que mantienen a su madre pobre, si el marido se halla ausente por más de diez años. 5.° Que sean menores de 17 años cumplidos. 6.° Impedidos para trabajar. 7.° Soldados que en los cuerpos armados cubren plaza que les ha tocado en suerte. 8.° Penados que extinguen una condena de cadena o reclusión en la de presidio a prisión que no baje de seis años. 9.° Viudos con uno o más hijos a casados que no puedan mantener a su abuelo o abuela. 10. Que sea reputado muerto algún otro nieto que se halla ausente, por espacio de más de diez años consecutivos. 11. Religiosos profesos que tengan hecho voto de pobreza. Creemos innecesario explicar el modo de probar esta excepción, porque de su contexto y de las explicaciones dadas se deduce con toda claridad. 