Komisijas paziņojums par valsts atbalsta tiesību normu piemērošanu valstu tiesās
(30)  Esto no se aplica si el propio régimen establece un requisito de notificación individual para determinados tipos de ayuda. En lo que respecta al concepto de ayuda existente, véase también el asunto C-44/93, Namur-Les assurances du crédit/Office national du ducroire y Estado belga, Rec. 1994, p. I-3829, apartados 28 a 34. (31)  Véase el apartado 20. (32)  Véase el asunto C-119/05, Lucchini, Rec. 2007, p. I-6199, apartado 53. (33)  Asunto T-330/94, Salt Union/Comisión, Rec. 1996, p. II-1475, apartado 39. (34)  Asunto C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf/Alemania, Rec. 1994, p. I-833, apartados 17, 25 y 26; véanse también los asuntos acumulados C-346/03 y C-529/03, Atzeni y otros, Rec. 2000, p. I-1875, apartado 31, y asunto C-232/05, Comisión/Francia, Rec. 2006, p. I-10071, apartado 59. (35)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 37; asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, Rec. 2003, p. I-12249, apartado 74, y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 41. (36)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, Rec. 2008, p. I-469 apartado 38; asunto C-17/91, Lornoy y otros/Estado belga, Rec. 1992, p. I-6523, apartado 30; y asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 8, apartado 14. (37)  Se incluyen aquí las autoridades a nivel nacional, regional y local. (38)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartados 38 y 44; asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, citados en la nota a pie de página 35, apartado 75; y asunto C-295/97, Piaggio, citado en la nota a pie de página 9, apartado 31. (39)  DO L 83 de 27. 3. 1999, p. 1. (40)  Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartados 11 y 12; y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 39 y 40. (41)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 48. (42)  Asunto C-301/87 Francia/Comisión («Boussac»), Rec. 2002, p. I-307. (43)  Asunto C-142/87 Bélgica/Comisión («Tubemeuse»), Rec. 1990, p. I-959.  (44)  Asunto C-301/87, Francia/Comisión, («Boussac»), citado en la nota a pie de página 42, apartados 17 a 23; asunto C-142/87, Bélgica/Comisión, («Tubemeuse»), citado en la nota a pie de página 43, apartados 15 a 19; asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 14; y asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 38. (45)  Véase el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de procedimiento, que exige que no existan dudas sobre el carácter de ayuda de la medida de que se trate, que sea urgente actuar y que exista un grave riesgo de causar un perjuicio considerable e irreparable a un competidor. (46)  Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 40; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 47; y asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 41. (47)  Véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 38. (48)  Por lo que respecta a la invalidez del acto de concesión en caso de que el Estado miembro haya infringido el artículo 88, apartado 3, del Tratado, véase el asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12; véase también, a modo de ilustración, el Tribunal federal de Justicia alemán («Bundesgerichtshof»), sentencia de 4 de abril de 2003, V ZR 314/02, VIZ 2003, 340, y sentencia de 20 de enero de 2004, XI ZR 53/03, NVwZ 2004, 636. (49)  Asunto C-71/04, Xunta de Galicia, Rec. 2005, p. I-7419, apartado 49; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 40 y 68; y asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12. (50)  Que debe analizar la compatibilidad antes de ordenar la recuperación, véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 44.  (51)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 70 y 71, en referencia a las conclusiones del Abogado General Jacobs en este asunto, apartados 73 a 75; véase también el asunto 223/85, RSV/Comisión, Rec. 1987, p. 4617, apartado 17; y asunto C-5/89, Comisión/Alemania, Rec. 1990, I-3437, apartado 16. (52)  Con respecto al criterio aplicado en este sentido, véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto C-39/94, SFEI y otros, citadas en la nota a pie de página 8, apartado 75. (53)  El artículo 14 solamente establece una exención de la obligación de recuperación de la Comisión cuando una recuperación infrinja los principios generales del Derecho comunitario. El único caso en que un Estado miembro puede abstenerse de ejecutar una decisión de recuperación de la Comisión es cuando tal recuperación sea objetivamente imposible, véase el asunto C-177/06, Comisión/España, Rec. 2007, p. I-7689, apartado 46. Véase también al apartado 17 de la Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles (DO C 272 de 15. 11. 2007, p. 4). (54)  Asunto C-5/89, Comisión/Alemania, citado en la nota a pie de página 51, apartado 14; asunto C-169/95 España/Comisión, Rec. 1991, p. I-135, apartado 51; y asunto C-148/04, Unicredito Italiano, Rec. p. I-11137, apartado 104. (55)  Asunto C-5/89, Comisión/Alemania, citado en la nota a pie de página 51, apartado 14; asunto C-24/95, Alcan Deutschland, Rec. 1997, p. I-1591, apartado 25; y asuntos acumulados C-346/03 y C-529/03, Atzeni y otros, citados en la nota a pie de página 34, apartado 64. (56)  Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 73; y el asunto 223/85, RSV/Comisión, citado en la nota a pie de página 51, apartado 17. (57)  Asuntos acumulados C-182/03 y C-217/03, Bélgica y Forum 187/Comisión, Rec. 2006, p. I-5479, apartado 147. (58)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 45, 46 y 55; y Asunto C-384/07, Wienstrom, sentencia de 11 de diciembre de 2008, pendiente de publicación, apartado 28.  (59)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 49. (60)  La sentencia confirma explícitamente la obligación de recuperación impuesta por el TJCE en su jurisprudencia anterior, véase el asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 41. (61)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 53 y 55. (62)  Artículo 9 del Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 140 de 30. 4. 2004, p. 1) (el «Reglamento de aplicación»). Por lo que se refiere al método para fijar los tipos de referencia y actualización, véase la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización (DO C 14 de 19. 1. 2008, p. 6) (la «Comunicación sobre el índice de referencia»). (63)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 50 a 52 y 55. (64)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 52 y 55. (65)  Véase el apartado 36. los impuestos abonados sobre el importe nominal de la ayuda pueden deducirse al calcular la recuperación, véase el asunto T-459/93, Siemens/Comisión, Rec. 1995, p. II-1675, apartado 83. (66)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 52 y 55. (67)  Véase el capítulo V del Reglamento de aplicación. (68)  Véase la nota a pie de página 62. (69)  C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 69.  (70)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 53 y 55; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 56; y asunto C-334/07 P, Comisión/Freistaat Sachsen, sentencia de 11 de diciembre de 2008, pendiente de publicación, apartado 54. (71)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 53 y 55; asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 56; y asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 75. (72)  Asunto 6/64, Costa/E. N. E. L. , Rec. 1964, p. 1141; asunto 120/73, Lorenz GmbH/Bundesrepublik Deutschland y otros, Rec. 1973, p. 1471, apartado 8; y asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 8, apartado 11. (73)  Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y Bonifaci/Italia, Rec. 1991, p. I-5357. (74)  Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, Rec. 1996, p. I-1029. (75)  El hecho de que las infracciones de las normas sobre ayudas estatales pueden originar una responsabilidad del Estado basada directamente en el Derecho comunitario ha sido confirmado en el asunto C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Italia, Rec. 2006, p. I-5177, apartado 41. (76)  Asuntos acumulados C-6/90 y C-9/90, Francovich y Bonifaci/Italia, citados en la nota a pie de página 74, apartados 31 a 37; y asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, apartado 31. (77)  Véase Asunto C-173/03, Traghetti del Mediterraneo/Italy, citado en la nota a pie de página 75, apartado 45. (78)  Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartados 12 a 14; asuntos acumulados C-261/01 y C-262/01, Van Calster y Cleeren, citados en la nota a pie de página 35, apartado 53; y asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartado 38. (79)  Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, apartado 55.  (80)  Asunto C-278/05, Robins y otros, Rec. 2007, p. I-1053, apartado 71; asunto C-424/97, Haim, Rec. 2000, p. I-5123, apartado 38; y asunto C-5/94, Hedley Lomas, Rec. 1996, p. I-2553, apartado 28. (81)  Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, apartado 56. (82)  Aunque las infracciones del artículo 88, apartado 3, del Tratado deban por lo tanto considerarse en general suficientemente graves, pueden existir circunstancias excepcionales que obstaculicen una demanda de reparación de daños y perjuicios. En tales circunstancias, no puede cumplirse el requisito de una infracción suficientemente grave. Véanse apartados 32 y 33. (83)  Véase la sección 2. 4. 1. (84)  Asuntos acumulados C-46/93 y C-48/93, Brasserie du Pêcheur y Factortame, citados en la nota a pie de página 74, apartados 87 y 90. (85)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 44. (86)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 53 y 55. (87)  Véase la sección 2. 4. 1. (88)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartados 72 a 74. (89)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 75. Cuando exista un conflicto de leyes, la norma aplicable se determina de conformidad con el Reglamento (CE) no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II) (DO L 199 de 31. 7. 2007, p. 40). (90)  Asunto C-354/90, Fédération Nationale du Commerce Extérieur des Produits Alimentaires y otros/Francia, citado en la nota a pie de página 36, apartado 12; asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 52; y el asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 46. (91)  Véase la sección 2. 2. 1. (92)  Véase la sección 2. 4. 1. (93)  Véase también el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 52; y asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 46. (94)  Véase la sección 2. 4. 1. (95)  Véase la sección 2. 3.  1 que contiene más orientaciones sobre las medidas cautelares en casos de recuperación. (96)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 44. (97)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 46 y 55. (98)  Véase el apartado 35. (99)  Asunto C-199/06, CELF y Ministre de la Culture et de la Communication, citado en la nota a pie de página 36, apartados 52 y 55. (100)  Asunto C-232/05, Comisión/Francia («Scott»), citado en la nota a pie de página 34, apartados 49 a 53. (101)  Comunicación de la Comisión — Hacia una aplicación efectiva de las decisiones de la Comisión por las que se ordena a los Estados miembros que recuperen las ayudas estatales ilegales e incompatibles, citada en la nota a pie de página 52, apartados 55 a 59. (102)  Véanse las referencias citadas en la nota a pie de página 34. (103)  Asunto C-232/05, Comisión/Francia («Scott»), citado en la nota a pie de página 34, apartados 59 y 60. (104)  Véase el asunto C-119/05, Lucchini, citado en la nota a pie de página 32, apartado 53. (105)  Asuntos acumulados C-143/88 y C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen y Zuckerfabrik Soest/Hauptzollamt Itzehoe y Hauptzollamt Paderborn, Rec. 1991, p. I-415, apartado 33. (106)  Asunto C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft y otros/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Rec. 1995, p. I-3761, apartado 51. (107)  Para más información véase la Comunicación sobre recuperación de 2007, apartado 59. (108)  Vea las referencias citadas en la nota a pie de página 76. (109)  Véase la sección 2. 2. 4. (110)  Véanse los puntos 48 y 51. (111)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asunto T-526/04, Laboratoires Boiron, Rec. 2006, p. II-7529, apartado 51. (112)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asuntos acumulados C-392/04 P y C-422/04 P, i-21 Alemania, Rec. 2006, p. I-8559, apartado 57, y asunto 33/76, Rewe, Rec. 1976, p. 1989, apartado 5. (113)  Asunto C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich, citado en la nota a pie de página 8, apartado 45; asunto C-174/02, Streekgewest, Rec. 2005, p. I-85, apartado 18, y asunto 33/76, Rewe, citado en la nota a pie de página 112, apartado 5. (114)  Asunto 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato/Simmenthal, Rec.  1978, p. 629, apartados 21 y 24. (115)  Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 18. (116)  Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartados 14 a 21. (117)  Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 19. (118)  Véanse las estadísticas en el apartado 3. La imposición de un gravamen excepcional a determinados sectores o productores también puede equivaler a una ayuda estatal a favor de otras empresas, véase el asunto C-487/06 P, British Aggregates Association/Comisión, sentencia de 22 de diciembre de 2008, pendiente de publicación, apartados 81 a 86. (119)  Asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 19. (120)  Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 46; asuntos acumulados C-266/04 a C-270/04, C-276/04 y C-321/04 a C-325/04, Casino France y otros, Rec. 2005, p. I-9481, apartado 40; y asunto C-174/02, Streekgewest, citado en la nota a pie de página 113, apartado 26. (121)  Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 48; y asuntos acumulados C-266/04 a C-270/04, C-276/04 y C-321/04 a C-325/04, Casino France y otros, citados en la nota a pie de página 120, apartados 43 y 44. (122)  Asuntos acumulados C-393/04 y C-41/05, Air Liquide, citados en la nota a pie de página 13, apartado 45. (123)  Asunto C-526/04, Laboratoires Boiron, citado en la nota a pie de página 111, apartados 55 y 57. (124)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50; auto de 13 de julio de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, Rec. 1990, p. I-3365, apartados 16 a 22; asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, Rec. 1991, p. I-935, apartado 53. (125)  Asunto C-94/00, Roquette Frères, Rec. 2002, p. I-9011, apartado 31. (126)  Comunicación de la Comisión relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado (DO C 101 de 27. 4. 2004, p. 54), apartados 15 a 30. (127)  Auto de 6 de diciembre de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, Rec. 1990, p. I-4405, apartados 10 y 11; asunto C-353/94, Postbank/Comisión, Rec.  1996, p. II-921, apartado 93. (128)  Basándose en el artículo 234 del Tratado CE, un órgano jurisdiccional nacional cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial está obligado a iniciar una remisión prejudicial al TJCE en determinadas circunstancias. (129)  Asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50; auto de 13 de julio de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 124, apartados 17 a 22; Asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, citado en la nota a pie de página 124, apartado 53; y asunto T-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartados 64 y 65. (130)  Cuando reciba esta información, el órgano jurisdiccional nacional podrá solicitar actualizaciones periódicas sobre el estado del asunto. (131)  Asunto C-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 91. (132)  Asunto C-234/89, Delimitis/Henninger Bräu, citado en la nota a pie de página 124, apartado 53; y asunto T-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 90. (133)  Asunto C-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 64, y auto de 13 de julio de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 124, apartados 16 a 22. (134)  Asunto C-353/94 Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 126, apartado 93, y auto de 6 de diciembre de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 127, apartados 10 y 11. (135)  Auto de 6 de diciembre de 1990 en el asunto C-2/88 Imm. , Zwartveld y otros, citado en la nota a pie de página 127, apartado 11; asunto C-275/00 First y Franex, Rec. 2002, p. I-10943, apartado 49 y asunto T-353/94, Postbank/Comisión, citado en la nota a pie de página 127, apartado 93. (136)  Véase el asunto C-39/94, SFEI y otros, citado en la nota a pie de página 8, apartado 50. (137)  Sin embargo, téngase en cuenta el apartado 92.  C_2009085NL. 01000101. xml 9. 4. 2009    NL Publicatieblad van de Europese Unie C 85/1 Mededeling van de Commissie over de handhaving van de staatssteunregels door de nationale rechterlijke instanties 2009/C 85/01 1. INLEIDING 1. In 2005 heeft de Commissie een routekaart voor de hervorming van het staatssteunbeleid, het Actieplan staatssteun (1), vastgesteld om de doeltreffendheid, doorzichtigheid, geloofwaardigheid en voorspelbaarheid van de staatssteunregels op grond van het Verdrag te verbeteren. De centrale doelstelling van het actieplan staatssteun, dat is gebaseerd op het beginsel „minder en beter gerichte staatssteun”, is de lidstaten ertoe aan te zetten hun totale steun te verminderen en de middelen die aan staatssteun worden besteed te richten op horizontale doelstellingen die een gemeenschappelijk belang dienen. In dit verband heeft de Commissie zich er andermaal toe verbonden een strenge aanpak toe te passen op onwettige steun of steun die onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. In het actieplan staatssteun wordt de noodzaak onderstreept van beter gerichte handhaving en toezicht ten aanzien van door de lidstaten verleende steun en wordt er met nadruk op gewezen dat particuliere procesvoering voor de nationale rechter hiertoe kan bijdragen, omdat deze voor meer discipline op het gebied van staatssteun kan zorgen (2). 2. Voordat het actieplan staatssteun werd vastgesteld, had de Commissie de rol van de nationale rechter al aan de orde gesteld in de in 1995 gepubliceerde bekendmaking van de Commissie betreffende samenwerking tussen nationale rechterlijke instanties en de Commissie op het gebied van steunmaatregelen van de Staten (3) („de bekendmaking inzake samenwerking van 1995”). In die bekendmaking van 1995 werden mechanismen ingevoerd voor samenwerking en de uitwisseling van informatie tussen de Commissie en de nationale rechterlijke instanties. 3. In 2006 heeft de Commissie opdracht gegeven tot een studie betreffende de handhaving van de staatssteunregels op nationaal niveau (4) („de studie”). Met deze studie werd beoogd een gedetailleerde analyse te verschaffen van de handhaving van de staatssteunregels door middel van beroepen van particulieren in de verschillende lidstaten. In de studie werd geconcludeerd dat het aantal rechtszaken op het gebied van staatssteun op het niveau van de lidstaten tussen 1999 en 2006 sterk was toegenomen (5). 4. Uit de studie bleek echter ook dat een groot aantal van de gerechtelijke procedures in de lidstaten niet op vermindering van het mededingingsbeperkende effect van de onderliggende steunmaatregelen was gericht.  Bijna twee derde van de onderzochte uitspraken had namelijk betrekking op zaken die door belastingplichtigen waren aangespannen wegens het opleggen van een vermeende discriminerende (belasting)plicht (6) en zaken die door begunstigden waren aangespannen wegens de terugvordering van onwettige en onverenigbare staatssteun (7). Het aantal rechtszaken waarmee werd beoogd de handhaving van de staatssteunregels af te dwingen was betrekkelijk gering: slechts 19 % van de onderzochte uitspraken betrof door concurrenten tegen een autoriteit van een lidstaat ingestelde vorderingen wegens schadevergoeding, terugvordering en/of voorzieningen op basis van artikel 88, lid 3, van het Verdrag, terwijl slechts 6 % van de uitspraken betrekking had op door concurrenten rechtstreeks tegen begunstigden ingestelde beroepen. 5. Ondanks het feit dat, zoals in de studie werd onderstreept, particuliere handhavingszaken voor de nationale rechter tot nog toe op staatssteungebied een betrekkelijk geringe rol hebben gespeeld, is de Commissie van mening dat dergelijke zaken voor het staatssteunbeleid veel voordelen kunnen hebben. Procedures voor de nationale rechter geven derden de gelegenheid veel problemen in verband met staatssteun rechtstreeks op nationaal niveau aan te pakken en op te lossen. Daarnaast kan de nationale rechter, overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, bij inbreuken op de staatssteunregels de eiser zeer doeltreffende rechtsbescherming bieden. Dit kan op zijn beurt bijdragen tot een sterkere algehele discipline inzake staatsteun. 6. Met deze mededeling wordt dan ook voornamelijk beoogd de nationale rechterlijke instanties en derden in te lichten over de rechtsmiddelen die hun in het geval van een inbreuk op de staatssteunregels ter beschikking staan en hun aanwijzingen over de praktische toepassing van deze regels te verschaffen. Daarnaast wil de Commissie haar samenwerking met de nationale rechterlijke instanties versterken door de invoering van praktijkgerichte hulpmiddelen om de nationale rechters in hun dagelijks werk bij te staan. 7. Deze mededeling vervangt de bekendmaking inzake samenwerking van 1995 en doet geen afbreuk aan de uitlegging van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag en het afgeleide gemeenschapsrecht door de gemeenschapsrechters. Verdere informatie ten behoeve van nationale rechters zal via de website van de Commissie beschikbaar worden gesteld. 2. DE ROL VAN DE NATIONALE RECHTER BIJ DE HANDHAVING VAN DE STAATSSTEUNREGELS 2. 1. Algemene vraagstukken 2. 1. 1. De vraag of er sprake is van staatssteun 8.  De eerste vraag waarmee nationale rechterlijke instanties en potentiële eisers bij de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag te maken krijgen, is of de betrokken maatregel daadwerkelijk staatsteun in de zin van het Verdrag is. 9. Artikel 87, lid 1, van het Verdrag heeft betrekking op „steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt”. 10. Het Hof van Justitie heeft uitdrukkelijk verklaard dat de nationale rechterlijke instanties net als de Commissie bevoegd zijn om het begrip staatssteun uit te leggen (8). 11. Het begrip staatssteun is niet beperkt tot subsidies (9). Het omvat, onder andere, belastingverminderingen en investeringen uit publieke middelen die worden gedaan onder omstandigheden waarin een particuliere investeerder deze steun niet zou hebben verleend (10). Of de steun rechtstreeks door de staat wordt verleend dan wel door van overheidswege ingestelde of aangewezen, publiek- of privaatrechtelijke beheersorganen, doet in dit verband niet terzake (11). Niettemin moet steun van de overheid, om als staatssteun te worden aangemerkt, bepaalde ondernemingen of bepaalde producties begunstigen („selectiviteit”), in tegenstelling tot algemene maatregelen waarop artikel 87, lid 1, van het Verdrag niet van toepassing is (12). Daarnaast moet de steun de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden (13). 12. In de rechtspraak van de gemeenschapsrechters (14) en de beschikkingen van de Commissie is dikwijls de vraag aan de orde gekomen of bepaalde maatregelen als staatssteun kunnen worden aangemerkt. Daarnaast heeft de Commissie gedetailleerde richtsnoeren gepubliceerd over een reeks complexe vraagstukken, zoals de toepassing van het beginsel van de particuliere investeerder (15) en van het criterium van de particuliere schuldeiser (16), de omstandigheden waaronder overheidsgaranties als staatssteun moeten worden beschouwd (17), de wijze waarop de verkoop van gronden door de overheid moet worden behandeld (18), privatisering en aanverwante maatregelen van de staat (19), steun onder de de-minimisdrempel (20), exportkredietverzekering (21), directe belastingen op ondernemingen (22), risicokapitaalinvesteringen (23) en staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (24). De rechtspraak en de richtsnoeren en beschikkingspraktijk van de Commissie kunnen de nationale rechterlijke instanties en potentiële eisers houvast bieden ten aanzien van het begrip staatssteun. 13.  In geval van twijfel over de vraag of er sprake is van staatssteun, kunnen de nationale rechterlijke instanties uit hoofde van deel 3 van deze mededeling de Commissie om advies vragen. Dit doet geen afbreuk aan de mogelijkheid en/of de verplichting van een nationale rechter om de zaak overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag voor een prejudiciële beslissing naar het Hof van Justitie te verwijzen. 2. 1. 2. De opschortingsverplichting 14. Overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag mogen de lidstaten geen steunmaatregelen ten uitvoer leggen zonder de voorafgaande goedkeuring van de Commissie (opschortingsverplichting): „De Commissie wordt van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte gebracht, om haar opmerkingen te kunnen maken. Indien zij meent dat zulk een voornemen volgens artikel 87 onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, vangt zij onverwijld de in het vorige lid bedoelde procedure aan. De betrokken lidstaat kan de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoering brengen voordat die procedure tot een eindbeslissing heeft geleid”. (25) 15. Onder bepaalde omstandigheden mag staatssteun echter ook zonder toestemming van de Commissie wettig ten uitvoer worden gelegd: a) wanneer op de maatregel een groepsvrijstellingsverordening van toepassing is uit hoofde van Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale steunmaatregelen (26) (hierna: „de machtigingsverordening”). Wanneer een maatregel aan alle vereisten van een groepsvrijstellingsverordening voldoet, is de lidstaat ontheven van zijn verplichting de voorgenomen steunmaatregel aan te melden en is de opschortingsverplichting niet van toepassing. Op grond van de machtigingsverordening heeft de Commissie verscheidene groepsvrijstellingsverordeningen vastgesteld (27), waarvan enkele inmiddels door zijn vervangen door Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellings verordening) (28); b) ook voor bestaande steun (29) geldt de opschortingsverplichting niet. Daaronder valt onder andere steun die wordt verleend in het kader van een regeling die vóór de toetreding van de lidstaat tot de Europese Unie bestond of in het kader van een regeling die eerder door de Commissie was goedgekeurd (30). 16.  Nationale rechtszaken op het gebied van staatssteun kunnen soms betrekking hebben op de toepasselijkheid van een groepsvrijstellingsverordening of op een bestaande of goedgekeurde steunregeling, dan wel op beide. Wanneer de toepasselijkheid van een dergelijke verordening of regeling aan de orde is, moet de nationale rechterlijke instantie zich ertoe beperken na te gaan of aan alle in de verordening of regeling genoemde voorwaarden is voldaan. Is dat niet het geval, dan kan zij de verenigbaarheid van een steunmaatregel niet beoordelen, aangezien voor de beoordeling van deze vraag uitsluitend de Commissie bevoegd is (31). 17. Ingeval de nationale rechterlijke instantie moet vaststellen of de maatregel onder een goedgekeurde steunregeling valt, kan zij alleen nagaan of is voldaan aan alle voorwaarden van de beschikking waarin de regeling oorspronkelijk werd goedgekeurd. Wanneer de op nationaal niveau aan de orde gestelde vraagstukken de geldigheid van een beschikking van de Commissie betreffen, is de nationale rechterlijke instantie zelf niet bevoegd om de ongeldigheid van handelingen van de gemeenschapsinstellingen vast te stellen (32). Indien de geldigheid in het geding is, kan, of in sommige gevallen, moet de nationale rechter de zaak voor een prejudiciële beslissing naar het Hof van Justitie verwijzen (33). Overeenkomstig het beginsel van rechtszekerheid zoals dit door het Hof van Justitie wordt uitgelegd, valt de mogelijkheid om de geldigheid van de beschikking van de Commissie in het kader van een prejudiciële beslissing in twijfel te trekken weg wanneer de eiser de beschikking zeker op grond van artikel 230 van het Verdrag bij de gemeenschapsrechters had kunnen aanvechten, doch heeft nagelaten dit te doen (34). 18. Niettemin kan de nationale rechterlijke instantie uit hoofde van deel 3 van deze mededeling de Commissie om advies verzoeken indien zij twijfels heeft over de toepasselijkheid van een groepsvrijstellingsverordening of een bestaande of goedgekeurde steunregeling. 2. 1. 3. Rol van de Commissie enerzijds en de nationale rechterlijke instanties anderzijds 19. Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk bevestigd dat de nationale rechter en de Commissie een belangrijke doch verschillende rol spelen bij de handhaving van de staatssteunregels (35). 20. De rol van de Commissie bestaat er hoofdzakelijk in de verenigbaarheid van voorgenomen steunmaatregelen met de gemeenschappelijke markt te onderzoeken op basis van de in artikel 87, leden 2 en 3, van het Verdrag vastgelegde criteria. Deze beoordeling van de verenigbaarheid is de uitsluitende bevoegdheid van de Commissie en is onderworpen aan toetsing door de gemeenschapsrechters.  Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie zijn de nationale rechterlijke instanties niet bevoegd om een steunmaatregel verenigbaar met artikel 87, lid 2 of lid 3, van het Verdrag te verklaren (36). 21. De rol van de nationale rechter hangt af van de betrokken steunmaatregel en ook van de vraag of deze naar behoren bij de Commissie is aangemeld en door haar is goedgekeurd: a) nationale rechterlijke instanties moeten dikwijls uitspraak doen wanneer een nationale autoriteit (37) steun heeft verleend zonder de opschortingsverplichting in acht te nemen. Een dergelijke situatie kan zich voordoen hetzij omdat de steun niet is aangemeld, hetzij omdat de autoriteit de steun vóór de goedkeuring door de Commissie heeft uitgevoerd. In dat geval is het de taak van de nationale rechter de rechten van de justitiabelen te beschermen die door de onwettige uitvoering van de steunmaatregel worden geschaad (38); b) nationale rechterlijke instanties hebben tevens een belangrijke rol in de handhaving van terugvorderingsbeschikkingen die zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag (39) (hierna: de procedureverordening), wanneer de Commissie concludeert dat de onwettig verleende steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt is en de betrokken lidstaat gelast de onverenigbare steun van de begunstigde terug te vorderen. Doorgaans raakt de nationale rechter bij dit soort gevallen betrokken naar aanleiding van een vordering van begunstigden om zich uit te spreken over de wettigheid van een vordering tot terugbetaling van de nationale autoriteiten. Niettemin kunnen, afhankelijk van het nationale procesrecht, andere soorten gerechtelijke stappen mogelijk zijn (zoals een rechtsvordering van de autoriteiten van een lidstaat tegen de begunstigde gericht op de volledige tenuitvoerlegging van een terugvorderingsbeschikking van de Commissie). 22. Wanneer de nationale rechterlijke instanties toezien op de bescherming van de belangen van de justitiabelen, moeten zij ten volle rekening houden met het nuttig effect en de rechtstreekse werking (40) van artikel 88, lid 3, van het Verdrag en met de belangen van de Gemeenschap (41). 23. De rol van de nationale rechter in dergelijke omstandigheden wordt in de punten 2. 2 en 2. 3 nader beschreven. 2. 2. Rol van de nationale rechterlijke instanties bij de toepassing van artikel 88, lid 3, van het Verdrag — onwettige staatssteun 24.  Net als de artikelen 81 en 82 van het Verdrag, verleent de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag vervatte opschortingsverplichting de betrokkenen (zoals de concurrenten van de begunstigde) individuele rechten die rechtstreekse werking hebben. De betrokkenen kunnen hun rechten uitoefenen door tegen de lidstaat die de steun heeft verleend een zaak aanhangig te maken bij de bevoegde nationale rechterlijke instanties. Dergelijke zaken behandelen en aldus de rechten van de concurrenten beschermen uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag is één van de belangrijkste taken van de nationale rechterlijke instanties op het gebied van staatssteun. 25. De essentiële rol die de nationale rechter in deze context vervult, is ook een gevolg van het feit dat de Commissie zelf slechts over beperkte bevoegdheden beschikt om concurrenten en andere derden tegen onwettige steun te beschermen. Van groot belang hierbij is, zoals het Hof van Justitie in zijn arresten in de zaken „Boussac” (42) en „Tubemeuse” (43) heeft geoordeeld, dat de Commissie geen eindbeschikking kan vaststellen waarin terugvordering wordt gelast enkel omdat de steun niet overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag is aangemeld. De Commissie moet daarom, los van de vraag of de opschortingsverplichting al dan niet is nagekomen, een volledige beoordeling van de verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt maken (44). Deze beoordeling kan tijdrovend zijn en de bevoegdheid waarover de Commissie beschikt om een voorlopig terugvorderingsbevel uit te vaardigen is aan zeer strikte juridische vereisten gebonden (45). 26. Het instellen van beroep bij de nationale rechter vormt dan ook een belangrijk rechtsmiddel voor concurrenten en andere derden die door onwettige steun worden benadeeld. De maatregelen die door de nationale rechter kunnen worden gelast, omvatten: a) voorkomen dat onwettige steun wordt uitgekeerd; b) terugvordering van onwettige steun (ongeacht of deze verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt); c) betaling van rente; d) toekenning van schadevergoeding aan concurrerende bedrijven en andere derden; en e) voorlopige maatregelen tegen onwettige steun. 27. Deze maatregelen worden in de punten 2. 2. 1 tot en met 2. 2. 6 nader beschreven. 2. 2. 1. Voorkomen dat onwettige steun wordt uitgekeerd 28. De nationale rechterlijke instanties zijn verplicht de rechten van personen die door de niet-nakoming van de opschortingsverplichting worden benadeeld, te beschermen. In geval van een inbreuk op artikel 88, lid 3, van het Verdrag moeten zij derhalve, in overeenstemming met het nationaal recht, alle gepaste juridische consequenties trekken (46).  De verplichtingen van de nationale rechter blijven echter niet beperkt tot reeds uitgekeerde onwettige steun. Zij strekken zich ook uit tot gevallen waarin onwettige steun op het punt staat te worden uitgekeerd. In het kader van hun verplichtingen uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag moeten de nationale rechterlijke instanties de rechten van personen beschermen tegen het mogelijk niet-eerbiedigen van die rechten (47). Wanneer onwettige steun op het punt staat te worden uitgekeerd, moet de nationale rechter derhalve verhinderen dat deze betaling plaatsvindt. 29. De verplichting van de nationale rechterlijke instanties om de uitkering van onwettige steun te verhinderen kan zich in allerlei procedurele omstandigheden voordoen, afhankelijk van de verschillende soorten rechtsmiddelen die de nationale wetgeving biedt. Zeer dikwijls zal de eiser trachten de rechtsgeldigheid van het nationale besluit waarbij de onwettige steun wordt verleend, aan te vechten. In dit soort gevallen is voorkomen dat de onwettige steun wordt uitgekeerd gewoonlijk het logische gevolg van de vaststelling dat het steunverleningsbesluit niet rechtsgeldig is omdat de lidstaat inbreuk heeft gemaakt op artikel 88, lid 3, van het Verdrag (48). 2. 2. 2. Terugvordering van onwettige steun 30. Wanneer bij een nationale rechter beroep wordt ingesteld wegens onwettig verleende steun, moet deze op grond van het nationale recht alle juridische consequenties uit deze onwettigheid trekken. De nationale rechter moet daarom in beginsel de volledige terugvordering van de onwettige staatssteun van de begunstigde gelasten (49). Het gelasten van de volledige terugvordering van de onwettige steun maakt deel uit van de verplichting van de nationale rechter om de individuele rechten van de eiser (zoals een concurrent) uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te beschermen. Deze terugvorderingsverplichting van de nationale rechter staat dus los van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met artikel 87, lid 2 of lid 3, van het Verdrag. 31. Aangezien de nationale rechter de volledige terugvordering van onwettige steun moet gelasten, ongeacht de verenigbaarheid ervan, is het mogelijk dat een procedure voor een nationale rechter sneller verloopt dan een procedure naar aanleiding van een bij de Commissie ingediende klacht. In tegenstelling tot de Commissie (50) kan en moet de nationale rechter zich er namelijk toe beperken vast te stellen of een maatregel staatssteun is en of de opschortingsverplichting erop van toepassing is. 32. De verplichting van de nationale rechter om terugvordering te gelasten is echter niet absoluut.  Volgens het „SFEI”-arrest (51), kunnen zich buitengewone omstandigheden voordoen waarin het niet gepast zou zijn terugvordering van onwettige steun te gelasten. In dit soort gevallen moet een soortgelijke wettelijke norm worden gehanteerd als die welke in de artikelen 14 en 15 van de procedureverordening is vastgelegd (52). Met andere woorden: omstandigheden die geen belemmering zouden vormen voor een terugvorderingsbevel van de Commissie kunnen niet rechtvaardigen dat een nationale rechter geen volledige terugvordering gelast uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag. De criteria die de gemeenschapsrechters in dit opzicht toepassen, zijn zeer strikt (53). In het bijzonder kan de ontvanger van onwettige steun volgens de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie in beginsel geen gewettigd vertrouwen doen gelden tegen een terugvorderingsbevel van de Commissie (54). Een behoedzame ondernemer had immers kunnen nagaan of de door hem ontvangen steun was aangemeld of niet (55). 33. Dat een nationale rechter geen terugvordering op grond van artikel 88, lid 3, van het Verdrag gelast, is derhalve slechts gerechtvaardigd wanneer een specifieke en concrete omstandigheid bij de ontvanger gewettigd vertrouwen heeft gewekt (56). Dit kan het geval zijn wanneer de Commissie zelf duidelijk heeft aangegeven dat de betrokken maatregel geen staatssteun is en dat hij niet onder de opschortingsverplichting valt (57). 34. In zijn arrest in de zaak-CELF (58) heeft het Hof van Justitie verklaard dat de op de nationale rechter rustende verplichting om volledige terugvordering van onwettige steun te gelasten ophoudt te bestaan indien de Commissie, op het ogenblik waarop de nationale rechter uitspraak doet, al heeft besloten dat de steun verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt. Omdat met de opschortingsverplichting wordt beoogd ervoor te zorgen dat alleen met de gemeenschappelijke markt verenigbare steun wordt verleend, loopt die doelstelling niet langer gevaar wanneer de Commissie de verenigbaarheid van de steun al heeft bevestigd (59). De verplichting van de nationale rechter om de rechten van de justitiabelen uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te beschermen, blijft dan ook onveranderd wanneer de Commissie nog geen besluit heeft genomen, los van de vraag of de Commissie de procedure al dan niet heeft ingeleid (60). 35. Hoewel de nationale rechter na een positieve beschikking van de Commissie krachtens het gemeenschapsrecht niet meer verplicht is om volledige terugvordering te gelasten, erkent het Hof van Justitie uitdrukkelijk dat de rechter op grond van het nationale recht hiertoe verplicht kan zijn (61).  Wanneer een dergelijke verplichting bestaat, doet deze echter geen afbreuk aan het recht van de lidstaat om de steun vervolgens wederom ten uitvoer te leggen. 36. Is de nationale rechter eenmaal tot de bevinding gekomen dat onwettige steun is verleend in strijd met artikel 88, lid 3, van het Verdrag, dan moet hij de steun kwantificeren om het terug te vorderen bedrag vast te stellen. Daarbij kan de rechter steunen op de rechtspraak van de gemeenschapsrechters betreffende de toepassing van artikel 87, lid 1, van het Verdrag en de richtsnoeren en beschikkingspraktijk van de Commissie. Indien de nationale rechter bij de berekening van het steunbedrag moeilijkheden ondervindt, kan hij de Commissie om bijstand verzoeken, zoals in deel 3 van deze mededeling wordt uiteengezet. 2. 2. 3. Betaling van rente 37. Het economische voordeel van onwettige steun is niet beperkt tot het nominale steunbedrag. De begunstigde verkrijgt namelijk tevens een financieel voordeel als gevolg van de voortijdige uitvoering van de steunmaatregel. Indien de steun immers bij de Commissie was aangemeld, zou de uitkering ervan — zo deze al plaatsvond — op een later tijdstip hebben plaatsgevonden. De steunontvanger had dan de nodige middelen op de kapitaalmarkten moeten lenen en marktconforme rente moeten betalen. 38. Wegens dit onrechtmatige tijdsvoordeel moet, ingeval van een terugvorderingsbevel van de Commissie overeenkomstig artikel 14, lid 2, van de procedureverordening, niet alleen het nominale steunbedrag worden teruggevorderd, maar ook de rente vanaf de datum waarop de onwettige steun voor de begunstigde beschikbaar was tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling van de steun. Welk rentepercentage daarbij moet worden toegepast, is vastgelegd in Artikel 9 van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel [93] van het Verdrag (62) (hierna: „de uitvoeringsverordening”). 39. In zijn arrest in de zaak-CELF heeft het Hof van Justitie verklaard dat de noodzaak het uit de voortijdige tenuitvoerlegging van de steun voortvloeiende financiële voordeel terug te vorderen (hierna: „onrechtmatigheidsrente”) deel uitmaakt van de verplichting die uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag op de nationale rechter rust.  De reden hiervan is dat de voortijdige uitvoering van de onwettige steun ten minste tot gevolg heeft dat concurrenten, naar gelang van de omstandigheden, de nadelige gevolgen van de steun eerder ondervinden dan dit, in termen van mededinging, had moeten gebeuren. De begunstigde heeft daarmee een onrechtmatig voordeel verkregen (63). 40. De verplichting van de nationale rechter om betaling van de onrechtmatigheidsrente te gelasten, kan zich in twee soorten omstandigheden voordoen: a) zoals hierboven is uiteengezet, moeten de nationale rechterlijke instanties in beginsel overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag de volledige terugvordering van de onwettige steun gelasten. In dat geval moet de onrechtmatigheidsrente bij het oorspronkelijke steunbedrag worden opgeteld wanneer het totale terug te vorderen bedrag wordt vastgesteld; b) de nationale rechter moet echter ook betaling van de onrechtmatigheidsrente gelasten wanneer er in uitzonderlijke gevallen geen verplichting is om volledige terugvordering te gelasten. Zoals in het arrest-CELF is bevestigd, blijft de verplichting voor de nationale rechter om betaling van de onrechtmatigheidsrente te gelasten ook na een positieve beschikking van de Commissie bestaan (64). Dit kan voor potentiële eisers van doorslaggevend belang zijn, omdat het betekent dat zij, ook in gevallen waarin de Commissie de steun al verenigbaar met de gemeenschappelijke markt heeft verklaard, genoegdoening kunnen krijgen. 41. Om te voldoen aan de verplichting om betaling van de onrechtmatigheidsrente te gelasten, moeten de nationale rechterlijke instanties het bedrag van de te vorderen rente vaststellen. Daarbij gelden de volgende beginselen: a) er wordt uitgegaan van het nominale steunbedrag (65); b) bij de vaststelling van de toe te passen rente en berekeningsmethode moet de nationale rechter rekening houden met het feit dat met de betaling van de onrechtmatigheidsrente op last van een nationale rechter hetzelfde doel wordt nagestreefd als de vordering van rente door de Commissie uit hoofde van artikel 14 van de procedureverordening. Daarnaast zijn verzoeken tot betaling van de onrechtmatigheidsrente op het Gemeenschapsrecht gebaseerd, en wel rechtstreeks op artikel 88, lid 3, van het Verdrag (66). De beginselen van gelijkwaardigheid en doeltreffendheid die in punt 2. 4. 1. van deze mededeling worden beschreven zijn derhalve op die verzoeken van toepassing; c) om de samenhang met artikel 14 van de procedureverordening en de inachtneming van het doeltreffendheidsbeginsel te waarborgen, moet de door de nationale rechter te hanteren renteberekeningsmethode naar het oordeel van de Commissie niet minder strikt zijn dan de in de uitvoeringsverordening vastgelegde methode (67).  Daarom moet de onrechtmatigheidsrente op een samengestelde grondslag worden berekend en mag het toegepaste rentepercentage niet lager dan de referentierente zijn (68); d) daarnaast vloeit volgens de Commissie uit het gelijkwaardigheidsbeginsel voort dat, wanneer de in het nationale recht vastgelegde renteberekeningsmethode strikter is dan die welke in de uitvoeringsverordening is vastgelegd, de nationale rechter ook striktere nationale regels moet toepassen op vorderingen die op artikel 88, lid 3, van het Verdrag zijn gebaseerd; e) de begindatum voor de berekening van de rente is steeds de datum waarop de onwettige steun aan de begunstigde ter beschikking is gesteld. Welke datum als einddatum wordt bepaald, hangt af van de omstandigheden op het tijdstip waarop de nationale rechter uitspraak doet. Indien de Commissie, zoals het geval was in de zaak-CELF, de steun al heeft goedgekeurd, is de einddatum de datum van de beschikking van de Commissie. In de overige gevallen wordt de onrechtmatigheidsrente berekend over de gehele periode van onrechtmatiogheid tot de datum waarop de steun daadwerkelijk door de begunstigde wordt terugbetaald. Zoals in het arrest in de zaak-CELF werd bevestigd, dient tevens onrechtmatigheidsrente te worden berekend over de periode tussen de vaststelling van een positieve beschikking door de Commissie en de vernietiging van die beschikking door de gemeenschapsrechters (69). 42. In geval van twijfel kan de nationale rechter de Commissie uit hoofde van deel 3 van deze mededeling om bijstand verzoeken. 2. 2. 4. Schadevergoeding 43. In het kader van hun rol uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag kunnen nationale rechters ook aanleding zien om vorderingen tot schadevergoeding toe te wijzen wegens schade die concurrenten van de begunstigde of andere derden door de onwettige staatssteun hebben geleden (70). Die vorderingen zijn doorgaans gericht tegen de steunverlenende autoriteit. Zij kunnen bijzonder belangrijk zijn voor de eiser omdat, in tegenstelling tot verzoeken waarmee alleen terugvordering wordt beoogd, een toegewezen vordering tot schadevergoeding de eiser rechtstreekse financiële compensatie voor de geleden schade verschaft. 44. Het Hof van Justitie heeft herhaaldelijk bevestigd dat derden die schade hebben ondervonden dit soort vorderingen tot schadevergoeding krachtens het nationale recht kunnen instellen (71). Deze beroepsmogelijkheden worden uiteraard in de nationale wetgeving geregeld. Derhalve lopen de rechtsgrondslagen waarop eisers zich in het verleden hebben gebaseerd, in de Gemeenschap sterk uiteen. 45.  Ongeacht de mogelijkheid om een vordering tot schadevergoeding krachtens het nationale recht in te stellen, heeft schending van de opschortingsverplichting rechtstreekse en bindende gevolgen krachtens het Gemeenschapsrecht. De in artikel 88, lid 3, van het Verdrag vervatte opschortingsverplichting is namelijk een rechtstreeks toepasselijke bepaling van het Gemeenschapsrecht die verbindend is voor alle autoriteiten van de lidstaten (72). Schendingen van de opschortingsverplichting kunnen daarom in beginsel aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding ingevolge de arresten in de zaak Francovich (73) en de zaak-Brasserie du Pêcheur (74) van het Hof van Justitie (75). De rechtspraak bevestigt dat de lidstaten verplicht zijn tot vergoeding van de schade die personen lijden als gevolg van schendingen van het gemeenschapsrecht die hun kunnen worden toegerekend (76). Van deze aansprakelijkheid van een lidstaat is sprake wanneer: i) de geschonden rechtsregel ertoe strekt particulieren rechten toe te kennen; ii) er sprake is van een voldoende gekwalificeerde schending; en iii) er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen de schending van de op de staat rustende verplichting en de door de benadeelde personen geleden schade (77). 46. Aan de eerste voorwaarde (verplichting uit hoofde van het gemeenschapsrecht tot bescherming van rechten van particulieren) wordt voldaan wanneer er sprake is van inbreuken op artikel 88, lid 3, van het Verdrag. Het Hof van Justitie heeft niet alleen herhaaldelijk bevestigd dat door artikel 88, lid 3, van het Verdrag aan particulieren rechten worden verleend, maar heeft ook duidelijk gesteld dat het de taak van de nationale rechter is deze rechten van particulieren te beschermen (78). 47. Aan de voorwaarde van een voldoende gekwalificeerde schending van het gemeenschapsrecht wordt doorgaans eveneens voldaan bij miskenning van artikel 88, lid 3, van het Verdrag. Bij de vaststelling of een schending van het gemeenschapsrecht voldoende gekwalificeerd is, speelt naar het oordeel van het Hof van Justitie de omvang van de discretionaire bevoegdheid van de betrokken autoriteiten een beslissende rol (79). Indien de betrokken autoriteit niet over een discretionaire bevoegdheid beschikt, kan een loutere schending van het gemeenschapsrecht volstaan om het bestaan van een voldoende gekwalificeerde inbreuk vast te stellen (80). Niettemin staat het, wat artikel 88, lid 3, van het Verdrag betreft, de autoriteiten van de lidstaten niet vrij steunmaatregelen niet aan te melden. Zij hebben in beginsel de absolute verplichting alle maatregelen van deze aard aan te melden alvorens deze ten uitvoer te leggen.  Alhoewel het Hof van Justitie in sommige gevallen met de verschoonbaarheid van de betrokken inbreuk op het gemeenschapsrecht rekening houdt (81), kunnen de autoriteiten van lidstaten, wanneer er sprake is van staatssteun, normaal gesproken niet stellen dat zij niet van de opschortingsverplichting op de hoogte waren. Over de toepassing van artikel 87, lid 1, en artikel 88, lid 3, van het Verdrag bestaan namelijk uitvoerige rechtspraak en richtsnoeren van de Commissie. In geval van twijfel hebben de lidstaten altijd de mogelijkheid om de maatregel om redenen van rechtszekerheid bij de Commissie aan te melden (82). 48. Aan de derde voorwaarde dat de eiser feitelijke en zekere financiële schade moet zijn toegebracht als gevolg van de schending van het gemeenschapsrecht, kan op verschillende wijzen worden voldaan. 49. De eiser zal dikwijls aanvoeren dat de winstderving die hij heeft geleden rechtstreeks aan de steun te wijten was. Wanneer de nationale rechter met een dergelijk argument wordt geconfronteerd, moet hij de volgende overwegingen in aanmerking nemen: a) uit hoofde van de vereisten van het gemeenschapsrecht inzake gelijkwaardigheid en doeltreffendheid (83) mag de aansprakelijkheid van een lidstaat voor winstderving niet door nationale voorschriften worden uitgesloten (84). Volgens het gemeenschapsrecht kan sprake zijn van schade, ongeacht of de eiser als gevolg van de schending vermogen heeft verloren of zijn vermogenspositie niet heeft kunnen verbeteren. Indien het nationale recht een dergelijke uitsluiting bevat, zou de nationale rechter die bepaling buiten toepassing moeten laten bij vorderingen tot schadevergoeding op grond van artikel 88, lid 3, van het Verdrag; b) het zal gemakkelijker zijn het feitelijke bedrag van de winstderving vast te stellen wanneer de onwettige steun de ontvanger in staat heeft gesteld een opdracht in de wacht te slepen of een specifieke zakelijke transactie te verrichten ten koste van de eiser. De nationale rechterlijke instantie kan in dat geval de inkomsten berekenen die de eiser waarschijnlijk dankzij deze opdracht zou hebben gegenereerd. In gevallen waarin de opdracht reeds door de ontvanger van de steun is uitgevoerd, dient de nationale rechter tevens rekening te houden met de daadwerkelijk geboekte winst; c) een meer gecompliceerde beoordeling van de schade is noodzakelijk wanneer de steun leidt tot een algeheel verlies van marktaandeel.  In dergelijke gevallen zou de huidige inkomenssituatie van de eiser (op basis van de winst- en verliesrekening) kunnen worden vergeleken met zijn hypothetische inkomenssituatie indien de onwettige steun niet was verleend; d) er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de door de eiser geleden schade groter is dan de gederfde winst. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wanneer de eiser als gevolg van de onwettige steun failliet gaat (bijvoorbeeld doordat hij insolvent wordt). 50. De mogelijkheid om schadevergoeding te eisen staat in beginsel los van een eventueel gelijktijdig door de Commissie ingesteld onderzoek naar dezelfde steunmaatregel. Het instellen van een dergelijk onderzoek ontheft de nationale rechter niet van zijn verplichting om de rechten van particulieren uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te beschermen (85). Aangezien de eiser wellicht kan aantonen dat hij schade heeft geleden door de voortijdige tenuitvoerlegging van de steun, en meer in het bijzonder als gevolg van het onrechtmatig verkregen tijdvoordeel van de steunontvanger, is het niet uitgesloten dat zijn eis wordt toegewezen, zelfs indien de Commissie de steun reeds heeft goedgekeurd op het moment dat de nationale rechter uitspraak doet (86). 51. In sommige gevallen zullen nationale rechterlijke instanties overeenkomstig het nationale procesrecht gebruik kunnen maken van oordeelkundige ramingen om het aan de eiser toe te wijzen schadevergoedingsbedrag te bepalen. Mits het doeltreffendheidsbeginsel (87) in acht wordt genomen, is het gebruik van dergelijke ramingen eveneens mogelijk met betrekking tot vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag. Dit kan een bruikbaar instrument zijn wanneer nationale rechterlijke instanties moeite hebben met de berekening van de schade. 52. Met betrekking tot de juridische vereisten inzake vorderingen tot schadevergoeding ingevolge het gemeenschapsrecht en vraagstukken op het gebied van de berekening van schade bestaat verder de mogelijkheid om de Commissie om bijstand te verzoeken overeenkomstig deel 3 van deze mededeling. 2. 2. 5. Vorderingen tot schadevergoeding tegen de steunontvanger 53. Zoals hierboven is uiteengezet, hebben potentiële eisers het recht om vorderingen tot schadevergoeding in te stellen tegen de autoriteit die de staatssteun heeft verleend. Onder bepaalde omstandigheden kan de eiser er evenwel de voorkeur aan geven rechtstreeks van de steunontvanger schadevergoeding te eisen. 54. In het „SFEI”-arrest heeft het Hof van Justitie zich expliciet gebogen over de vraag of ingevolge het gemeenschapsrecht rechtstreekse vorderingen tot schadevergoeding tegen de ontvanger kunnen worden ingesteld.  Het kwam tot de conclusie dat het Gemeenschapsrecht geen toereikende rechtsgrondslag voor dergelijke vorderingen biedt omdat artikel 88, lid 3, van het Verdrag de steunontvanger geen rechtstreekse verplichtingen oplegt (88). 55. Dit staat evenwel niet in de weg aan de mogelijkheid om op basis van het materiële recht van de lidstaten met succes een vordering tot schadevergoeding tegen de steunontvanger in te stellen. In dit verband heeft het Hof van Justitie specifiek gewezen op de mogelijkheid voor potentiële eisers om een beroep te doen op de nationale voorschriften inzake niet-contractuele aansprakelijkheid (89). 2. 2. 6. Voorlopige maatregelen 56. De op de nationale rechterlijke instanties rustende verplichting om de noodzakelijke juridische consequenties te trekken uit schendingen van de opschortingsverplichting beperkt zich niet tot hun eindvonnis. In het kader van hun rol ingevolge artikel 88, lid 3, van het Verdrag zijn zij tevens verplicht voorlopige maatregelen te nemen wanneer dit passend is om de rechten van particulieren (90) en de doeltreffendheid van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te waarborgen. 57. De bevoegdheid van de nationale rechterlijke instanties om voorlopige maatregelen te nemen kan van cruciaal belang zijn voor belanghebbenden wanneer een snelle genoegdoening vereist is. Doordat nationale rechterlijke instanties snel tegen onwettige steun kunnen optreden, door hun nabijheid en door de grote verscheidenheid aan maatregelen die hun ter beschikking staan, zijn nationale rechterlijke instanties zeer goed in staat om voorlopige maatregelen te nemen wanneer onwettige steun reeds is uitbetaald of op korte termijn zal worden uitbetaald. 58. De duidelijkste gevallen zijn die waarbij de onwettige steun nog niet is uitgekeerd, maar het gevaar bestaat dat dit gedurende de behandeling van de zaak door de nationale rechter zal gebeuren. In dergelijke gevallen kan de nationale rechter uit hoofde van zijn verplichting om schendingen van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te voorkomen (91), gehouden zijn in kort geding de onwettige uitkering van de steun te verhinderen tot ten gronde over de zaak is beslist. 59. Wanneer de betaling van de onwettige steun reeds heeft plaatsgevonden, zijn de nationale rechterlijke instanties in het kader van hun rol ingevolge artikel 88, lid 3, van het Verdrag gewoonlijk verplicht terugvordering van het volledige bedrag te gelasten (inclusief de onrechtmatigheidsrente). Vanwege het doeltreffendheidsbeginsel (92) mag de nationale rechter dat terugvorderingsbevel niet uitstellen door de procedure al te zeer te vertragen.  Een dergelijke vertraging zou namelijk niet alleen de rechten van particulieren aantasten welke door artikel 88, lid 3, van het Verdrag worden beschermd, maar ook de uit de onwettigheid van de steun voortvloeiende concurrentieschade rechtstreeks doen toenemen. 60. Ondanks deze algemene verplichting kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij de einduitspraak van de nationale rechter wordt vertraagd. In dergelijke gevallen moet hij uit hoofde van zijn verplichting ingevolge artikel 88, lid 3, van het Verdrag om de rechten van particulieren te beschermen, met alle voorlopige maatregelen die hem op grond van de toepasselijke bepalingen van het nationale procesrecht ter beschikking staan, ten minste voorlopig een einde maken aan de mededingingsbeperkende gevolgen van de steun („voorlopige terugvordering”) (93). De toepassing van de nationale procesrechtelijke bepalingen in dit verband is onderworpen aan de vereisten inzake gelijkwaardigheid en doeltreffendheid (94). 61. Wanneer de nationale rechter op basis van de rechtspraak van de gemeenschapsrechters en de praktijk van de Commissie op redelijke gronden vooralsnog oordeelt dat de betrokken maatregel staatssteun inhoudt, is het volgens de Commissie en behoudens het nationale procesrecht, de meest gerede oplossing om te gelasten de onwettige steun en de onrechtmatigheidsrente op een geblokkeerde rekening te storten tot ten gronde over de zaak is beslist. In zijn einduitspraak zou de nationale rechter vervolgens moeten gelasten dat de gelden van de geblokkeerde rekening worden terugbetaald aan de autoriteit die de staatssteun heeft verleend indien de onwettigheid van de steun is komen vast te staan, ofwel dat deze gelden aan de steunontvanger ter beschikking worden gesteld. 62. Voorlopige terugvordering kan eveneens een zeer doeltreffend middel zijn in gevallen waarin de procedure voor de nationale rechter gelijktijdig met een Commissieonderzoek plaatsvindt (95). Een lopend onderzoek van de Commissie ontheft de nationale rechter niet van zijn verplichting om de rechten van particulieren uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag te beschermen (96). De nationale rechter mag derhalve zijn eigen procedure niet eenvoudigweg opschorten tot de Commissie een besluit heeft genomen en de rechten van de eiser ingevolge artikel 88, lid 3, van het Verdrag in de tussentijd onbeschermd laten. Wanneer de nationale rechter de uitkomst van de verenigbaarheidsbeoordeling van de Commissie wenst af te wachten alvorens een definitief en onherroepelijk terugvorderingsbevel te geven, moet hij derhalve passende voorlopige maatregelen nemen. Ook hier lijkt de storting van de gelden op een geblokkeerde rekening een geschikte oplossing.  Wanneer: a) de Commissie de steun onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaart, zou de nationale rechter moeten gelasten dat de gelden van de geblokkeerde rekening worden terugbetaald aan de autoriteit die de staatssteun heeft verleend (plus de onrechtmatigheidsrente); b) de Commissie de steun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt verklaart, zou dit de nationale rechter ontheffen van zijn verplichting, ingevolge het gemeenschapsrecht, om volledige terugvordering te gelasten (97). Derhalve mag de rechter, onverminderd het nationale recht (98), gelasten dat het feitelijke steunbedrag aan de ontvanger wordt uitgekeerd. Zoals in punt 2. 2. 3 wordt uiteengezet, blijft de nationale rechter echter op grond van het gemeenschapsrecht verplicht de betaling van onrechtmatigheidsrente te gelasten (99). Deze rente zal derhalve moeten worden betaald aan de autoriteit die de staatssteun heeft verleend. 2. 3. De rol van nationale rechterlijke instanties bij de tenuitvoerlegging van negatieve beschikkingen van de Commissie waarbij terugvordering wordt gelast 63. Nationale rechterlijke instanties kunnen ook met staatssteunzaken te maken krijgen wanneer de Commissie reeds terugvordering heeft gelast. Hoewel het hierbij meestal om beroepsprocedures ter vernietiging van een nationaal terugvorderingsbevel zal gaan, kunnen ook derden schadevergoeding eisen van nationale autoriteiten omdat deze een terugvorderingsbeschikking van de Commissie niet ten uitvoer hebben gelegd. 2. 3. 1. Betwisting van de geldigheid van een nationaal terugvorderingsbevel 64. Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de procedureverordening moeten lidstaten terugvorderingsbeschikkingen onverwijld en in overeenstemming met de nationaalrechtelijke procedures ten uitvoer leggen voor zover die procedures een onverwijlde en daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de beschikking toelaten. Indien een nationale procesrechtelijke bepaling onverwijlde en/of daadwerkelijke terugvordering in de weg staat, moet de nationale recher die bepaling buiten toepassing laten (100). 65. De geldigheid van terugvorderingsbevelen van nationale autoriteiten met het oog op de tenuitvoerlegging van een terugvorderingsbeschikking van de Commissie wordt soms voor een nationale rechter aangevochten. De regels die bij een dergelijke procedure van toepassing zijn, worden in de bekendmaking inzake terugvordering van de Commissie van 2007 uiteengezet (101); de hoofdbeginselen van die bekendmaking worden in dit punt samengevat. 66. De geldigheid van de onderliggende beschikking van de Commissie kan niet voor de nationale rechter worden aangevochten indien de eiser rechtstreeks bij de gemeenschapsrechters tegen die beschikking had kunnen opkomen (102).  Dit betekent ook dat, indien aanvechting op grond van artikel 230 van het Verdrag mogelijk was geweest, de nationale rechter de uitvoering van de terugvorderingsbeschikking niet mag opschorten om redenen die verband houden met de geldigheid van de beschikking van de Commissie (103). 67. Wanneer niet duidelijk is of de eiser op grond van artikel 230 van het Verdrag een beroep tot nietigverklaring kan instellen (bijvoorbeeld wanneer de maatregel een steunregeling betreft met een groot bereik waarbij de eiser wellicht niet kan aantonen dat hij individueel wordt geraakt), moet de nationale rechter in beginsel rechtsbescherming bieden. Zelfs onder die omstandigheden moet de nationale rechter echter een verzoek om een prejudiciële beslissing indienen overeenkomstig artikel 234 van het Verdrag wanneer het beroep de geldigheid en wettigheid van de beschikking van de Commissie betreft (104). 68. De toewijzing van voorlopige maatregelen is in dergelijke omstandigheden onderworpen aan de zeer strikte juridische vereisten die in de zaak-Zuckerfabrik (105) en de zaak-Atlanta (106) zijn vastgelegd: een nationale rechter mag enkel onder de volgende voorwaarden een terugvorderingsbevel opschorten: i) hij koestert ernstige twijfels omtrent de geldigheid van het communautaire besluit. Indien de vraag betreffende de geldigheid van het bestreden besluit nog niet aan het Hof is voorgelegd, dient hij zich zelf met deze vraag tot het Hof van Justitie te wenden; ii) er moet sprake zijn van spoedeisendheid in die zin dat de voorlopige maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat de partij die hierom heeft verzocht ernstige en onherstelbare schade lijdt; en iii) de rechter dient naar behoren met het belang van de Gemeenschap rekening te houden. Bij zijn beoordeling van al deze voorwaarden moet de nationale rechter iedere uitspraak van de gemeenschapsrechters over de wettigheid van de beschikking van de Commissie of inzake een verzoek om voorlopige maatregelen op communautair niveau, eerbiedigen (107). 2. 3. 2. Schadevergoeding wegens niet-tenuitvoerlegging van een terugvorderingsbeschikking 69. Evenals schendingen van de opschortingsverplichting kan de niet-naleving door de autoriteiten van een lidstaat van een terugvorderingsbeschikking van de Commissie op grond van artikel 14 van de procedureverordening, aanleiding geven tot vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van de arresten in de zaak-Francovich en de zaak-Brasserie du Pêcheur (108).  De Commissie is van oordeel dat bij de behandeling van dergelijke vorderingen dezelfde beginselen van toepassing als met betrekking tot schendingen van de opschortingsverplichting (109): i) de terugvorderingsverplichting van de lidstaat beoogt immers dezelfde rechten van particulieren te beschermen als de opschortingsverplichting, en ii) de terugvorderingsbeschikkingen van de Commissie laten de nationale autoriteiten geen enkele discretionaire bevoegdheid; schendingen van de terugvorderingsverplichting moeten derhalve in beginsel als voldoende ernstig worden beschouwd. Derhalve zal het slagen van een vordering tot schadevergoeding wegens niet-tenuitvoerlegging van een terugvorderingsbeschikking van de Commissie andermaal afhangen van de vraag of de eiser kan aantonen dat hij rechtstreeks schade heeft geleden als gevolg van de vertraagde terugvordering (110). 2. 4. Procesrechtelijke bepalingen en procesbevoegdheid voor nationale rechterlijke instanties 2. 4. 1. Algemene beginselen 70. Nationale rechterlijke instanties zijn verplicht de opschortingsverplichting ten uitvoer te leggen en de rechten van particulieren te beschermen tegen onwettige staatssteun. In beginsel zijn hierbij de nationale procesrechtelijke bepalingen van toepassing (111). Op grond van de algemene beginselen van het gemeenschapsrecht is de toepassing van het nationale recht in deze omstandigheden gebonden aan twee belangrijke voorwaarden: a) de nationale procesrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op vorderingen tot schadevergoeding uit hoofde van artikel 88, lid 3, van het Verdrag mogen niet ongunstiger zijn dan die welke gelden voor vorderingen die op de interne rechtsorde zijn gebaseerd (gelijkwaardigheidsbeginsel) (112); en b) de nationale procesrechtelijke bepalingen mogen niet van dien aard zijn dat zij de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk onmogelijk of uiterst moeilijk maken (doeltreffendheidsbeginsel) (113). 71. Omdat het gemeenschapsrecht van een hogere rang is, moet de nationale rechter de nationale procesrechtelijke bepalingen buiten toepassing laten indien de in punt 70 genoemde beginselen anders zouden worden geschonden (114). 2. 4. 2. Procesbevoegdheid 72. Het doeltreffendheidsbeginsel heeft een rechtstreeks effect op de procesbevoegdheid van eventuele eisers die op grond van artikel 88, lid 3, van het Verdrag een procedure aanhangig maken bij een nationale rechterlijke instantie. In dit verband vereist het gemeenschapsrecht dat de nationale bepalingen inzake procesbevoegdheid het recht op een doeltreffende rechterlijke bescherming niet mogen ondermijnen (115). Nationale bepalingen kunnen derhalve de procesbevoegdheid niet beperken tot de concurrenten van de begunstigde (116).  Derden die niet worden geraakt door de concurrentievervalsing die het gevolg is van de steunmaatregel kunnen eveneens een voldoende groot procesbelang van een andere aard (zoals in belastingzaken is erkend) hebben bij het instellen van een beroep voor een nationale rechter (117). 2. 4. 3. Procesbevoegdheid in belastingzaken 73. De in punt 72 aangehaalde rechtspraak is met name relevant voor staatssteun die wordt verleend in de vorm van vrijstelling van belastingen en andere financiële verplichtingen. In dergelijke gevallen is het niet ongewoon dat personen op wie deze vrijstelling niet van toepassing is, hun eigen belastingplicht aanvechten op grond van artikel 88, lid 3, van het Verdrag (118). 74. Ingevolge de rechtspraak van de gemeenschapsrechters kunnen derden zich echter slechts op de opschortingsverplichting beroepen wanneer de belasting waaraan zij zijn onderworpen een integrerend deel uitmaakt van de onwettige staatssteunmaatregel (119). Dit is het geval wanneer, krachtens de toepasselijke nationale regeling, de opbrengst van de belasting uitsluitend voor de financiering van de onwettige staatssteun bestemd is en rechtstreeks van invloed is op de omvang van de in strijd met artikel 88, lid 3, van het Verdrag verleende staatssteun (120). 75. Wanneer vrijstellingen van algemene belastingen zijn verleend, wordt gewoonlijk niet aan die criteria voldaan. Een onderneming die deze belastingen verschuldigd is, kan derhalve in de regel niet stellen dat andermans belastingvrijstelling onrechtmatig is op grond van artikel 88, lid 3, van het Verdrag (121). Voorts is het vaste rechtspraak dat een uitbreiding van de onwettige belastingvrijstelling tot de eiser geen geschikte remedie vormt tegen schendingen van artikel 88, lid 3, van het Verdrag; met een dergelijke maatregel zouden de mededingingsverstorende effecten van de onwettige steun niet worden weggenomen, maar juist worden versterkt (122). 2. 4. 4. Het verzamelen van bewijsmateriaal 76. Het doeltreffendheidsbeginsel kan tevens van invloed zijn op het verzamelen van bewijsmateriaal. Wanneer de bewijslast met betrekking tot een specifieke vordering het een eiser onmogelijk of uiterst moeilijk maakt om dit bewijs te leveren (bijvoorbeeld wanneer de noodzakelijke bewijsstukken niet in zijn bezit zijn), moet de nationale rechter gebruik maken van alle procedurele middelen die hem ingevolge het nationale recht ter beschikking staan om de eiser toegang tot deze bewijsstukken te verlenen. Dit kan ook de verplichting inhouden, wanneer het nationale recht hierin voorziet, dat de nationale rechter de verweerder of een derde gelast de noodzakelijke documenten aan de eiser over te leggen (123). 3. 