El texto proviene de una ley que establece las relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones Públicas en España. La ley se basa en la idea de que los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas están protegidos por una serie de instrumentos, tanto de carácter reactivo (como el sistema de recursos administrativos o el control por jueces y tribunales) como preventivo (a través del procedimiento administrativo). La ley también se enfoca en la reforma integral y estructural del ordenamiento jurídico público español para mejorar la eficiencia y transparencia de las Administraciones Públicas.

La ley propone la creación de dos nuevas leyes que serán los pilares del Derecho administrativo español: la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Esta primera ley, que es la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece una regulación completa y sistemática de las relaciones entre las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Incluye la regulación del ejercicio de la potestad de autotutela y de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa. La ley se complementa con la normativa presupuestaria y financiera respecto de las actuaciones de las Administraciones Públicas
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