La ley establece una serie de mecanismos para garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. Estos mecanismos son tanto reactivos como preventivos, y abarcan desde el ejercicio de la potestad de autotutela hasta el procedimiento administrativo.

Por ejemplo, el procedimiento administrativo garantiza que todas las actuaciones de la Administración Pública estén de acuerdo con la ley y el derecho. Esto implica que los procedimientos se lleven a cabo de manera adecuada, justa y transparente, y que sean suficientemente ágiles para evitar dilaciones indebidas. Para garantizar esto, se propone una reforma integral y estructural que contemple la regulación y ordenación de las relaciones entre la Administración y los administrados, así como la creación de un marco normativo presupuestario adecuado.
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