Este texto proviene de una ley que tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos frente a la actuación de las Administraciones Públicas. Esta protección está asegurada por diferentes instrumentos, tanto reactivos (como los sistemas de recursos administrativos y el control por parte de jueces y tribunales) como preventivos (como el procedimiento administrativo). Este procedimiento administrativo se entiende como una muestra de que la Administración Pública actúa conforme a la Ley y al Derecho.

El texto también hace referencia a la necesidad de reformas en las Administraciones Públicas para mejorar su eficiencia, transparencia y agilidad. Se reconocen problemas tradicionales en las Administraciones Públicas españolas que obedecen a varias causas, incluido el marco normativo actual, que ha llevado a la aparición de ineficiencias y procedimientos administrativos demasiado complejos.

Por lo tanto, se propone una reforma integral y estructural que permita organizar y clarificar las relaciones de las Administraciones tanto con los ciudadanos y empresas como con el resto de Administraciones e instituciones del Estado. La ley establece una regulación completa y sistemática de las relaciones "ad extra" entre las Administraciones y los administrados, incluyendo el ejercicio de la potestad de autotutela, reglamentaria e iniciativa legislativa. La ley se complementará con la normativa presupuestaria y con otras leyes relevantes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley General Presupuestaria y la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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