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The so-called Social Spending Redistribution Law, promoted by the president, determines an increase in the state bonus that around 1.9 million poor people in Ecuador receive monthly, from the current US$35 to US$50 for each beneficiary.

To finance this increase, the legal text proposes obtaining resources not only from the general budget of the State. 54% of the amount required for the increase in the state bonus would arise from administrative and tax measures that impact banking. And there comes the controversy.

“Before, the losses of the financial system were socialized, now the profits will be socialized,” said President Correa, who this weekend, during a meeting with Ecuadorian emigrants in Spain, insisted on remembering the impact it had on the population in Ecuador. the banking crisis of the late 1990s.

Rafael Correa has indicated that what his initiative seeks is to “transfer the banking surpluses to the poorest”… The article continues.<end_of_turn>
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Y en su habitual programa sabatino, a mediados de octubre pasado en Ecuador, llegó a advertir: “banquero que no quiera, no se preocupe, le compramos el banco y nacionalizamos la banca” 
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“Al margen de la actividad política”

Frente a ello, la Asociación de Bancos Privados del Ecuador no ha tardado en mostrar su preocupación.

“Solicitamos mantener a la banca privada al margen de la actividad política en la que nada tiene que ver, en beneficio de la tranquilidad y confianza de sus siete millones de clientes, quienes mantienen depósitos por más de US$20.000 millones”, dijo la Asociación en un comunicado.

En el mismo sentido, la semana pasada en un hecho inusual, varios bancos enviaron un correo electrónico a sus clientes en el que señalaron el riesgo de pretender que las entidades financieras “no se manejen con criterio técnico sino político”.

Y es que el factor político ha estado presente en la discusión del incremento del llamado Bono de Desarrollo Humano, ahora que se ha iniciado en Ecuador el proceso electoral con miras a los comicios presidenciales de febrero de 2013.

De hecho, todo empezó cuando el exbanquero Guillermo Lasso, al proclamar oficialmente su candidatura presidencial a nombre del movimiento CREO, lanzó la propuesta de incrementar el bono a US$50, señalando que financiaría aquello con la reducción del gasto estatal en propaganda gubernamental.

Acto seguido,por otros candidatos también ofrecieron alzas en el bono, hasta que Rafael Correa, quien busca la reelección presidencial, anunció el envío a la Asamblea del proyecto de Ley de Redistribución del Gasto Social.

Relación Correa-banca

El exbanquero Guillermo Lasso, ahora candidato presidencial, prometió un bono para pobres financiado con dinero que se ahorre de propaganda gubernamental.

La relación de Correa con la banca ecuatoriana ha tenido su propia historia. El analista Jorge León recuerda que el mandatario llegó al poder en 2006 con un discurso de regulación a las entidades financieras. <end_of_turn><eos>