la orden declara la obligación de suspender de forma inmediata la ejecución del pepri necesaria para garantizar la protección del interés público en juego en tanto en cuanto dicho plan no se adapte[]​ como respuesta a esta orden el gobierno valenciano reaccionó con un decreto-ley[]​ que pretendía dejar sin efectos la declaración de bic que protegía el barrio desde  en todos aquellos aspectos que pudieran oponerse al citado decreto-ley la ley de patrimonio cultural valenciano sin embargo exige que la desprotección de un bic se trámite por el mismo procedimiento que su protección el decreto-ley fue recurrido por la abogacía del estado ante el tribunal constitucional que destaca muchas contradicciones en el documento[]​