el  de enero de  el subdirector general de protección del patrimonio histórico tras la tramitación correspondiente comunicó a la entidad denunciante que el pepri era competencia exclusiva de la administración local y autonómica y que no cabía esperar tutela superior por parte del estado contra esta decisión se interpuso recurso ante la sala del tribunal superior de justicia de madrid en el  este recurso fue admitido y se dictó sentencia el  de septiembre de []​ siendo la protección del patrimonio histórico español competencia exclusiva del estado se instaba a que se dictara resolución acerca de la cuestión de expolio