أكدت الجمعية العامة، في دورتها الحادية والخمسين)١٩١( أن حرية الفكر والضمير والدين والمعتقد حق من حقوق اﻹنسان مستمد من الكرامة اﻷصيلة لشخص اﻹنسان ومكفول للجميع دون تمييز؛ وحثت الدول على أن تكفل في أنظمتها الدستورية والقانونية ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد، بما في ذلك توفير وسائل اﻻنتصاف الفعالة في الحاﻻت التي تنتهك فيها حرية الدين أو المعتقد وأن تعمل على ضمان أن يبدي أعضاء الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو الخدمة المدنية والتربويون وغيرهم من الموظفين العامين، أثناء تأديتهم لواجباتهم الرسمية اﻻحترام لمختلف اﻷديان والمعتقدات وأﻻ يميزوا ضد اﻷشخاص الذين يعتنقون ديانات أو معتقدات مغايرة.
En su quincuagésimo primer período de sesiones191, la Asamblea General reafirmó que la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias era un derecho humano que dimanaba de la dignidad inherente al ser humano y que se debía garantizar a todos sin discriminación; instó a los Estados a que velasen por que sus regímenes constitucionales y jurídicos proporcionaran garantías adecuadas y efectivas de libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias, incluido el establecimiento de recursos eficaces en los casos en que se conculcara que la libertad de religión o de creencias, así como a que velasen por que, en el desempeño de sus funciones oficiales, los funcionarios de los órganos encargados de hacer cumplir la ley y la administración pública, los educadores y demás funcionarios públicos respetaran las diferentes religiones y creencias y no discriminaran contra las personas que profesaran otras religiones o creencias; exhortó a todos los Estados a que, de conformidad con lo establecido en la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, reconocieran el derecho de todas las personas a practicar su culto o a reunirse en relación con su religión o sus convicciones y a fundar y mantener lugares para esos fines; expresó su profunda preocupación por todo ataque contra santuarios y lugares sagrados, y exhortó a todos los Estados a que, con arreglo a su legislación nacional y conforme a las normas internacionales de derechos humanos, hicieran todo lo que estuviese a su alcance por garantizar el pleno respeto y protección de dichos santuarios y lugares sagrados; y pidió al Relator Especial de la Comisión de Derechos Humanos que presentase un informe provisional a la Asamblea en su quincuagésimo segundo período de sesiones (resolución 51/93).