Recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State, and noting with deep concern that the activities of some non-State actors pose a major threat to the security of human rights defenders,
Recordando que el deber primordial de promover y proteger los derechos humanos recae en el Estado, y observando con profunda preocupación que las actividades de algunas entidades no estatales constituyen una grave amenaza a la seguridad de los defensores de los derechos humanos,