La reforma constitucional de 2008 reconoció por fin esa posibilidad, pero se estableció un doble filtro de salvaguardias: la jurisdicción ante la cual se presente el asunto y el Tribunal Supremo competente –ya sea el Consejo de Estado [Conseil d’État] o el Tribunal de Apelación de última instancia–, que dispone de tres meses para decidir si remitir un asunto al Tribunal Constitucional.
2008年的宪政改革最终承认了这种可能性。但也为此设置了双重保障性过滤：提交合宪调查的司法辖区，和具备管辖权的最高法院——国务委员会[行政法院]或终审法院——它们有三个月时间决定是否向宪政委员会提交相关案例。