Asimismo, las Convenciones de las Naciones Unidas de 1984 contra la tortura imponen a los Estados la obligación de establecer su propia jurisdicción para procesar a los responsables de los actos de tortura si el delincuente está dentro de sus fronteras y no es extraditado para ser procesado en el país donde cometió los crímenes.
De même, la Convention contre la torture de 1984 engage les États parties à établir une juridiction pour poursuivre les auteurs de torture présents sur leur territoire, s’il n’est pas prévu qu’ils soient extradés pour être jugés là où le crime a été commis.