En última instancia, es responsabilidad del gobierno el respetar, proteger y hacer respetar los derechos humanos. Con la firma de la Declaración de Bucarest, los gobiernos se han comprometido a dejar de internar en instituciones a personas con deficiencias físicas y mentales, mediante el desarrollo de servicios basados en la comunidad. La evidencia empírica apoya esta transición y las obligaciones internacionales de derechos humanos obligan a esa medida.
En signant la Déclaration de Bucarest, les gouvernements se sont engagés à mettre fin au placement dans leurs institutions par le développement de services de soins communautaires. Des preuves empiriques soutiennent cette transition et les obligations internationales dues aux droits de l’homme intiment d’agir en ce sens.