According to the Court, the law’s legitimate purpose is to adapt teaching to the difficulties of a specific category of pupils, and psychological tests seem to be objective enough not to be suspected of racial bias.
Según el Tribunal, la finalidad legítima de la ley es adaptar la enseñanza a las dificultades de una categoría específica de alumnos, y las pruebas sicológicas parecen ser lo suficientemente objetivas como para no sospechar la existencia de un sesgo racial.