Unsurprisingly, based on the evidence and the opinions presented at the Law Commission’s hearings, there was a general consensus that the courts are unable to adopt a fair and non-discriminatory approach to the death penalty, and support for its abolition was overwhelming.
No debe sorprender que, basándose en la documentación y los dictámenes presentados en las audiencias de la Comisión de Derecho, hubiera un consenso general en el sentido de que los tribunales no pueden adoptar un planteamiento justo y no discriminatorio de la pena de muerte y el apoyo a su abolición fue abrumador.