The legislation currently before the UK Parliament does not require any judicial or public proof even of the weaker claim that someone’s presence in the country is not conducive to the public good.
La legislación que el Parlamento del Reino Unido tiene actualmente ante sí no requiere prueba judicial ni pública alguna, ni siquiera la alegación menos grave de que la presencia de una persona en el país es perjudicial para el bien público.