State governments in turn have no legal power to abrogate debt contracts vis-à-vis out-of-state creditors, and no incentive to do so (given the help they get from the federal government).
A su vez, los gobiernos estatales no tienen poder legal para abrogar contratos de deuda frente a los acreedores fuera del estado y no tienen incentivos para hacerlo (dada la ayuda que obtienen del gobierno federal).