In expanding corporations’ rights to spend money on politics, the US Supreme Court relied on “the processes of corporate democracy” to ensure that such spending does not deviate from shareholder interests.
Al ampliar los derechos de las empresas a gastar dinero en política, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se basó en “los procesos de la democracia empresarial” para velar por que dicho gasto no se ajuste a los intereses de los accionistas.