The new law requires the consent of 80% of a major tract’s landowners before the state can acquire it, and includes exacting provisions for the rehabilitation and resettlement of those affected.
La nueva ley requiere el consentimiento del 80% de los propietarios de tierras en tramos importantes antes de que el Estado pueda adquirirlos, e incluye disposiciones estrictas para la rehabilitación y el reasentamiento de los afectados.