But the elevation of the Social Chapter, previously a list of good intentions, to the status of fundamental constitutional rights, threatens to encumber workers and businesses in the member states with burdensome judicial proceedings and expensive social entitlements written by judges in Luxembourg whose last word is beyond appeal.
Pero la elevación del Capítulo Social, previamente un listado de buenas intenciones, al estado de derechos constitucionales fundamentales, amenaza con cargar a los trabajadores y empresas de los estados miembros con pesados procedimientos judiciales y costosos derechos sociales prescritos en Luxemburgo por jueces cuya última palabra no tiene apelación.