The repeated rejection by the US Congress of a much more limited set of reforms – which was approved by most other countries in 2010-12, imposes no incremental financial obligations on the US, and implies no reduction in America’s voting power or influence – is a case in point.
Los repetidos rechazos por parte del Congreso de Estados Unidos de un conjunto de reformas mucho más limitado -que fue aprobado por la mayoría de los otros países en 2010-2012, que no impone ninguna obligación financiera progresiva a Estados Unidos y que no implica ninguna reducción del poder de voto o influencia de Estados Unidos- es un buen ejemplo.