The report finds that the host government agreements place a price tag on protecting human rights by imposing large financial penalties if the operation of the oil fields or the pipeline is interrupted – even to enforce valid laws.
El informe dice que los acuerdos de los países anfitriones ponen un precio a la protección de los derechos humanos al imponer grandes penas financieras en caso de que las operaciones de los campos petroleros o del oleoducto se interrumpan -incluso cuando se trate de hacer cumplir leyes válidas.