One of the hardest lessons for senior government officials to learn –­ including for me, when I was Australian Attorney General and Foreign Minister – is the futility, in all but a tiny minority of cases, of trying to prosecute and punish those responsible for leaks.
Una de las lecciones más difíciles de aprender para los altos funcionarios del gobierno -incluso para mí, cuando me desempeñé como fiscal general y ministro de Relaciones Exteriores de Australia- es la inutilidad, en todos los casos excepto una pequeña minoría, de querer procesar y castigar a los responsables de las filtraciones.