But investment agreements like those backed by the US demand that developing countries waive this presumption and permit the adjudication of suits according to procedures that fall far short of those expected in twenty-first-century democracies.
Sin embargo, los acuerdos de inversión, como los respaldados por los Estados Unidos, exigen que los países en desarrollo renuncien a esta presunción y permitan que se dicten sentencias en juicios, aplicando procedimientos que se encuentran muy por debajo de los que se espera que se aplique en las democracias del siglo 21.