But the Court ruled that, absent a showing of actual racial bias in the minds of testers and administrators – virtually impossible to prove – the pervasive reality of racial disadvantage was not unlawful.
Sin embargo, la Corte dictaminó que, en ausencia de pruebas de un sesgo racista real en las intenciones de los examinadores y administradores -algo prácticamente imposible de demostrar- la extendida realidad de la desventaja racial no era ilegal.