Why are clear suspicions of corruption, asset-stripping and outright theft not investigated and punished, even though both companies are majority-owned by the Government and most of the board membership is state appointed?
¿Por qué no se investigan y castigan esas sospechas claras de corrupción, desmantelamiento de activos y robo abierto aun cuando el gobierno es el socio mayoritario en ambas compañías y la mayoría de los miembros de los consejos son nombrados por el Estado?