If EU environmental directives, for instance, call for the closure of a heavily polluting plant in Britain, the Constitution would give labor unions the right to judicial appeals against the resulting redundancies.
Si, por ejemplo, las directivas ambientales de la UE determinan el cierre de una planta muy contaminante en Inglaterra, la Constitución daría a los sindicatos el derecho a entablar apelaciones judiciales contra los despidos resultantes.