In fact, Bush pursued his policy despite a 1978 law – adopted in response to the Nixon-era abuses – that specifically requires judicial approval, and in contradiction to his public assurance that no such eavesdropping takes place without a court order.
De hecho, Bush aplicó su política, pese a la existencia de una ley de 1978 –aprobada como reacción ante los abusos de la época de Nixon– que requiere explícitamente la aprobación judicial y en contradicción con su afirmación pública de que no se hacen esas escuchas sin un mandato judicial.