While it is legitimate to demand that the Brotherhood become a regular legal organization, rather than a shadowy network fronted by the Freedom and Justice Party, criminalization of political activity has no place in a constitutional democracy.
Si bien es legítimo pedir que los Hermanos Musulmanes pasen a ser una organización legal normal, en lugar de una obscura red encabezada por el partido Libertad y Justicia, la criminalización de la actividad política está fuera de lugar en una democracia constitucional.