The growing calls of some state officials to deal with economic crime are viewed by the business community as both a mockery of the legal code and a veiled threat that the prosecutors want their cut of Russia's riches.
La comunidad empresarial considera las peticiones en aumento de algunos funcionarios estatales de que se aborde la delincuencia económica una burla del Código Penal y una amenaza velada, en el sentido de que los fiscales quieren su parte de las riquezas de Rusia.