Not only do the US administration and its federal agencies have to accept that a safety standard established and tested in Frankfurt or Athens is equivalent to its US counterpart; congressional committees must agree.
Por eso, no basta que la administración estadounidense y sus agencias federales acepten la equivalencia entre una norma de seguridad establecida y probada en Frankfurt o en Atenas y su contrapartida estadounidense, sino que también deben hacerlo las comisiones legislativas.