Early criticism came from France, which vigorously objected to the 2004 and 2006 editions’ endorsement of the “legal origins” theory, which suggests that common-law countries benefit from greater regulatory efficiency than civil-law countries.
Las más tempranas procedían de Francia, que se opuso enérgicamente al respaldo de las ediciones de 2004 y 2006 sobre la teoría de los «orígenes jurídicos», sugiriendo que los países con derecho consuetudinario gozan de una mayor eficacia reguladora que los países con ordenamientos de tradición romanista.