This culminated a process of electoral fraud that began five months earlier with the suspension of the legal standing of the opposition Conservative Party and the Sandinista Renewal Movement, a rival to President Daniel Ortega’s FSLN.
A pesar de los reclamos encabezados por la Conferencia Episcopal de la iglesia católica, las cámaras empresariales, y los partidos políticos, el CSE se negó a admitir un recuento de las actas de escrutinio ante observadores imparciales.