Governments in Russia and Ukraine allocate the bulk of their drug-related resources to law enforcement in a misguided attempt to comply with the UN drug treaties.
Los gobiernos de Rusia y Ucrania dedican la mayor parte de los recursos que tienen para atender el problema de los estupefacientes a la aplicación de las leyes, en un intento mal concebido por cumplir con los tratados sobre narcóticos de la ONU.