As a default would demand a change in the currency involved in private contracts, business partners from other EU countries would surely sue, legal uncertainties would drag on and on, and an exiting country’s trade with its main trading partners would be impaired for years to come.
Puesto que un impago exigiría el cambio de la moneda utilizada en los contratos privados, los socios de otros países de la UE sin duda presentarían demandas, las incertidumbres jurídicas se alargarían interminablemente y el comercio del país saliente con sus principales socios comerciales resultaría dañado durante años.