Moreover, states are not legally bound to change the policies or laws that are deemed to be violating their international human-rights obligations. And a shortage of investigative resources has led to an emphasis on problematic legislation, instead of the larger issue of inadequate enforcement of laws that promote the CRC’s principles.
Además, los Estados no están obligados legalmente a cambiar las políticas y las legislaciones de las que se considere que violan sus obligaciones internacionales para con los derechos humanos y la escasez de recursos para la investigación ha propiciado que se insistiera en la legislación problemática, en lugar de en la cuestión más amplia de la insuficiente observancia de las leyes que fomentan la aplicación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño.