In signing the Bucharest Declaration, governments have committed to stopping new admissions to institutions by developing community-based services. Empirical evidence supports this transition, and international human-rights obligations compel such a move.
En última instancia, es responsabilidad del gobierno el respetar, proteger y hacer respetar los derechos humanos. Con la firma de la Declaración de Bucarest, los gobiernos se han comprometido a dejar de internar en instituciones a personas con deficiencias físicas y mentales, mediante el desarrollo de servicios basados en la comunidad. La evidencia empírica apoya esta transición y las obligaciones internacionales de derechos humanos obligan a esa medida.