In 1992, the State Council, seeking to stop mass privatization, ruled that two-thirds of the equity capital of restructured state-owned enterprises (SOEs) had to be issued to state organs and could not be traded.
En 1992 el Consejo de Estado, tratando de detener la privatización masiva, determinó que dos tercios del capital accionario de las empresas de propiedad del estado (EPE) reestructuradas debían ser emitidos por órganos del estado y no se podían negociar.