Asserting proprietary rights over academic research, opponents charge, amounts to a conflict of interest, very similar to that of a public official who uses her office for private gain, or an attorney who represents clients on both sides of a legal case.
Hacer valer los derechos de patente de la investigación académica, acusan los opositores, equivale a un conflicto de intereses muy similar al del funcionario público que utiliza su oficina para obtener ganancias personales, o al de un abogado que representa a los clientes de ambos lados de un caso legal.